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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00638-00

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00638-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la petición de amparo constitucional invocada por el señor Helio Fabio Zuluaga Orozco, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: DAR CUMPLIMIENTO al acápite de “otras determinaciones”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00638-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

24 de febrero de 2022

Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00638-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00638-00
Demandante: HELIO FABIO ZULUAGA OROZCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Análisis del defecto
sustantivo por indebida interpretación de normas que
consagran el reajuste pensional por incremento de la cotización
en salud de pensionados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor
Helio Fabio Zuluaga Orozco, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 25 de enero de 2022 en la Ventanilla de Atención Virtual
de esta Corporación, el señor Helio Fabio Zuluaga Orozco, actuando a través de
apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. La vulneración de las referidas garantías constitucionales la atribuyó a la
providencia dictada el 31 de agosto de 2021, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión que adoptó el Juzgado
Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Cartago, en
la sentencia del 30 de enero de 2015, que había accedido a las pretensiones de la
demanda para, en su lugar, negarlas, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que instauró contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, identificado con el radicado N.º 76147-33-31-001-2013-00831- 00/01.

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Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00638-00

1.2. Pretensiones

3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó que:

“(…) se tutelen los derechos fundamentales invocados como vulnerados al
señor HELIO FABIO ZULUAGA OROZCO al debido proceso, a la igualdad,
acceso efectivo a la administración de justicia y derechos adquiridos, en
relación con la vejez en condiciones de dignidad y se disponga:

1. Se deje sin valor o efecto jurídico la decisión de segunda instancia
adoptada mayoritariamente por la Sala Segunda de Decisión Oral del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 31 de agosto de
2021 mediante la cual se revoca la emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartago el 30 de enero de
2015 para que en su lugar emita una nueva confirmando esta integralmente.

2. Ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen procedentes
o necesarios para garantizar el restablecimiento de los derechos
fundamentales de quien acciona y el cese en su vulneración”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Helio Fabio Zuluaga Orozco presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones RDP003724 del 29 de enero de 2013 y RDP 016706 del 15 de abril
de 2013, por medio de las cuales la entidad demandada le negó al actor el
reajuste de la pensión de jubilación en cuantía del 7% “por elevación de la cuantía en
la cotización que para el sistema de salud dispuso la Ley 100 de 1993”.

5. La parte actora alegó en el proceso que consolidó los requisitos para pensión el
6 de enero de 1991 por lo que le fue reconocida por la extinta CAJANAL. Precisó
que “antes de la Ley 100 de 1993, la cotización para salud, correspondía al cinco por
ciento 5% de su mesada y que con la entrada en vigencia de esta, dicho descuento se
incrementó al 12% sin embargo, la misma disposición previó que aquellos pensionados o
aquellos que hubieran cumplido los requisitos para la pensión antes del 01 de enero de
1994 tendrían derecho a que con la mesada pensional se le incluya el reajuste por el
mayor valor en la cotización.”

6. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Descongestión de
Cartago, en sentencia dictada el 30 de enero de 2015, accedió a las pretensiones
de la demanda.

7. Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia dictada el

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31 de agosto de 2021 en la que revocó la decisión.

8. Para arribar a la citada resolutiva, el ad quem del proceso ordinario precisó que
el reajuste solicitado por el demandante no era procedente, por cuanto los valores
adicionales consagrados en los artículos 143 de la Ley 100 de 19931 y 42 del
Decreto 692 de 19942 no representan un aumento en el monto de la mesada
pensional, luego de deducida la cotización que el pensionado debe realizar al
Sistema de Seguridad Social en Salud, sino que ella tiene como finalidad
compensar el incremento del porcentaje del aporte que deben realizar quienes se
pensionaron antes del 1º de enero de 1994.

9. Concluyó aseverando que “al no representar dicho ajuste un incremento del ingreso
del pensionado, sino una compensación destinada a la correspondiente entidad
promotora de salud, forzoso resulta concluir que el demandante no tiene derecho al
pretendido reajuste del valor de la pensión.”

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte actora señaló que, en el presente caso concurren los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, incluido el de relevancia
constitucional, por cuanto se reclaman los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.

1 “ARTÍCULO 143. REAJUSTE PENSIONAL PARA LOS ACTUALES PENSIONADOS. A
quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o
jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual
equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente
Ley.
La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en
su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria
durante su período de vinculación laboral.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá reducir el monto de la cotización de los
pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y para pensiones cuyo monto no
exceda de tres (3) salarios mínimos legales.”
2 “ARTICULO 42. REAJUSTE PENSIONAL POR INCREMENTO DE APORTES EN SALUD. A

quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o
jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento
tuvieran causada la correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán
derecho a partir de esa fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la
elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, las
entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por
la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del
8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin
exceder del 12%. En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los
pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando los
pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura familiar. Las entidades pagadoras deberán
descontar la cotización para salud y transferido a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el
pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de
solidaridad y garantía en salud.
PARAGRAFO. Lo previsto en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de que el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 de la
Ley 100 de 1993, reduzca la cotización en salud de los pensionados en relación con el número de
beneficiarios, caso en el cual el reajuste de la mesada se hará por la diferencia entre lo que se
venía cotizando y el valor señalado por el Consejo.”

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11. Señaló que la posición adoptada en la providencia cuestionada incurre en
violación directa de la Constitución, por desconocimiento de los artículos 1, 2, 4, 5,
6, 48 y 49. Así mismo, argumentó que las conclusiones propician una desigualdad,
contraria a los principios de la justicia, de favorabilidad y seguridad social.

12. Se refirió a la forma como venía reconociéndose la pensión y los descuentos
realizados para salud y las normas que regularon la materia, de las cuales
concluyó que “una sencilla operación aritmética nos permite deducir, sin mayor esfuerzo
jurídico, que el incremento de la mesada pensional para aquellos pensionados que
hubieran cumplido los requisitos para status de pensionado o se les hubiere reconocido la
pensión antes del 1º de enero de 1994 es del 7%, aspectos fácticos, ambos demostrados
en el proceso, de lo que se deduce que era necesario que la entidad demandada realizara
el ajuste solicitado y pretendido a través del medio de control incoado…”

13. El accionante afirmó que se desconoció el principio de favorabilidad, el cual
desarrolló ampliamente con fundamento en las normas constitucionales y en
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Lo anterior, por
cuanto -a su juicio- se le dio una aplicación indebida a las normas jurídicas que
regulan la materia, consagradas en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42
del Decreto 692 de 1994, porque no se le reajustó la pensión en el porcentaje
equivalente al 7% y se le dio a este concepto un carácter exclusivamente
compensatorio.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

14. Mediante auto de ponente, dictado el 31 de enero de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad judicial accionada.

15. En la misma providencia se ordenó vincular como tercero con interés jurídico
en el resultado del proceso al despacho que asumió la carga laboral del Juzgado
Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de Cartago y a
la UGPP, como terceros con interés en el resultado del proceso. En la misma
providencia se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en los términos y para los efectos del artículo 610 del Código General del
Proceso.

1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados

1.5.2.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

16. El magistrado ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda. Se refirió a la procedencia excepcional de la

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acción de tutela cuando se dirige contra providencia judicial y señaló que en este
caso no existe ningún defecto atribuible a la misma.

17. Resaltó que la sentencia cuestionada contiene un recuento jurisprudencial
sobre la materia, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 143 de la
Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, que el reajuste ordenado no
representó un aumento en el monto de la mesada pensional luego de deducida la
cotización que el pensionado debía realizar al sistema de seguridad social en
salud, sino que ella tenía como finalidad compensar el incremento del porcentaje
de la cotización para salud que debían realizar los pensionados antes del 1° de
enero de 1994, como resultado de la aplicación de la Ley 100 de 1993.

18. Transcribió las consideraciones expuestas en la providencia censurada, para
concluir que son respetuosas de las normas jurídicas y de las sentencias que han
fijado el alcance de las citadas disposiciones.

1.5.2.2. Las autoridades judicial y administrativa que fueron vinculadas como
terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

19. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Helio Fabio Zuluaga Orozco, con fundamento en los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

20. Lo anterior, por cuanto la acción se dirige contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y, por ende, le corresponde el conocimiento al superior funcional,
en virtud de lo consagrado en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015.

2.2. Problemas jurídicos

21. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y el cargo presentado en la demanda de tutela, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencia judicial.

22. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si la
autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, con ocasión

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de la decisión de negar las pretensiones de la demanda, encaminadas a obtener
el reajuste de su pensión de jubilación en un porcentaje del 7% referido a la
diferencia del aporte a salud.

23. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) análisis del caso concreto, con
fundamento en los argumentos expuestos en el libelo introductorio y las
intervenciones de la parte accionada y la tercera interesada.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20123 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia.5

25. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iv) de
relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno
de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

26. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

27. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

3 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:

Nery Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Tutela contra tutela

28. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la sentencia
censurada fue dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
ejerció el accionante en contra de la UGPP.6

2.3.2.2. Inmediatez

29. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable7, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues
de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo8.

30. De acuerdo con lo anterior, esta Sección9, con fundamento en la posición
fijada por la Sala Plena del Consejo de Estado, ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud

6 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del

27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
7 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
8 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
9 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.

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de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

31. En el caso concreto la sentencia de segunda instancia fue dictada el 31 de
agosto de 2021, de tal manera que sin necesidad de verificar la fecha en la que
quedó ejecutoriada, se evidencia que fue ejercida oportunamente, en
consideración a que la demanda de tutela se presentó el 25 de enero de 2022,
plazo que la Sala considera razonable.

2.3.2.3. Subsidiariedad

32. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia fue dictada en segunda instancia, sin
que contra tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales, habiendo puesto
la providencia fin al proceso.

33. En el presente caso no es posible tener como mecanismo idóneo de defensa
judicial en relación con la sentencia dictada por la autoridad accionada el 31 de
agosto de 2021, el recurso extraordinario de revisión y el de unificación de
jurisprudencia, porque los argumentos expuestos no encuadran en alguna de las
causales taxativas consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

2.3.2.4. Relevancia constitucional

34. La Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de
procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda y
las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita la garantía del derecho al
debido proceso que considera vulnerado con la providencia que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho10.

35. El tutelante alegó la vulneración del derecho al debido proceso, desde la
perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta, lo que implica
que la misma trascienda el ámbito meramente legal. Adicionalmente, se involucra
el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 ejusdem y el derecho de
acceso a la administración de justicia, desde una óptica ius fundamental, al
advertir que se desconocieron principios rectores del derecho laboral.

10 Según el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas

situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de
2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones
expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que “involucre garantías superiores y no sea de
competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).

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Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00638-00

36. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante
el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía la
obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el
rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al
juez de tutela, quien deberá analizar el caso de acuerdo con los postulados del
Estado Social de Derecho.

37. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.

38. Adicionalmente, este presupuesto implica que el asunto de la acción de tutela
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para
su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.11

39. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva,
corresponde a la Sala analizar el fondo del asunto, con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda.12

2.3.3. Examen del caso concreto

2.3.3.1. Perspectiva de análisis del cargo

40. La parte actora alegó en su escrito introductorio el desconocimiento de las
disposiciones que consagran principios constitucionales en materia laboral y la
indebida aplicación al caso concreto de las normas jurídicas consagradas en los
artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, que
consagraron un reajuste pensional, con destino a “quienes con anterioridad
preceptos al 1o. de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o
jubilación, invalidez o muerte, tendrán, derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste
mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación
de la presente ley.”

11 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del

27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
12 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias

sentencias de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04724-00.

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41. En virtud de la primera de las disposiciones citadas “La cotización para salud
establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a
cargo de éstos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria
durante su período de vinculación laboral.”

42. Esta alegación impone a la Sala el examen desde la perspectiva del defecto
sustantivo, teniendo en cuenta la interpretación efectuada por la Corte
Constitucional, de acuerdo con los principios y valores consagrados en la
Constitución de 1991, a los cuales igualmente se refirió el accionante.

2.3.3.2. Interpretación de las normas cuya indebida aplicación fue alegada
por la parte actora

43. Cabe destacar que, en la sentencia censurada se consideró que el reajuste
solicitado por el demandante no era procedente, por cuanto los valores adicionales
consagrados en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de
1994 no representan un aumento en el monto de la mesada pensional, luego de
deducida la cotización que el pensionado debe realizar al Sistema de Seguridad
Social en Salud, sino que ella tiene como finalidad compensar el incremento del
porcentaje del aporte que deben realizar quienes se pensionaron antes del 1º de
enero de 1994, lo cual sustentó en la posición fijada por la Corte Constitucional.

44. Lo anterior quedó consignado en los siguientes términos:

“Sin embargo, teniendo en cuenta que las Altas Cortes al interpretar los
artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, son claras
en señalar que el reajuste pensional ordenados en dichas normas para
aquellas personas a quienes se les hubiera reconocido la pensión con
anterioridad a su entrada en vigencia, es de carácter netamente
compensatoria y no es una retribución que deba recibir directamente el
pensionado, en la medida que lo que se busca es compensar y/o sopesar el
efecto negativo del valor de la mesada pensional, por la depreciación a que se
vería abocado el beneficiario de una pensión como consecuencia del
incremento en el monto de cotización para salud; concluye la Sala que el
reajuste pretendido se torna improcedente.

En efecto, conforme a la interpretación sistemática que de los preceptos en
cita se ha efectuado, resulta dable concluir que el referido ajuste ordenado por
las mismas, no representa un aumento en el monto de la mesada pensional
luego de deducida la cotización que el pensionado debe realizar al sistema de
seguridad social en salud, sino que ella tiene como finalidad compensar el
incremento del porcentaje de la cotización para salud que deben realizar los
pensionados antes del 1° de enero de 1994, como resultado de la aplicación
de la Ley 100 de 1993.

Así entonces, al no representar dicho reajuste un incremento del ingreso del
pensionado, sino una compensación destinada a la correspondiente entidad
promotora de salud, forzoso resulta concluir que el demandante no tiene
derecho al pretendido reajuste del valor de la pensión. Las anteriores
consideraciones son suficientes para desestimar las súplicas de la demanda,

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razón por la cual se impone revocar la sentencia recurrida.”

45. Las sentencias citadas por la autoridad accionada para sustentar lo anterior
fueron: i) la C-111 de 1996; ii) la T.677 de 2003, las dos de la Corte Constitucional;
y iii) la providencia del 14 de agosto de 2002, dictada por la Corte Suprema de
Justicia.

46. En consecuencia, para efectos de establecer si la providencia censurada
incurrió en el defecto sustantivo alegado, al haber negado la pretensión de
reajuste, por tratarse de una compensación, con fundamento en la sentencia de
constitucionalidad dictada en sede constitucional, la Sala destaca que,
efectivamente, el artículo 143 de la Ley 1993 fue declarado exequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-111 de 199613, en el entendido de que la finalidad
del legislador consistió en colocar en igualdad de condiciones a los dos grupos de
personas, esto es, quienes se encontraban pensionados antes de la Ley 100 de
1993 y quienes adquirieron tal estatus con posterioridad a su entrada en vigor.

47. En la citada sentencia, que constituyó el sustento de la decisión censurada, la
Corte fijó el alcance del reajuste, en los siguientes términos:

“Como se ha visto, bajo el nuevo régimen legal de las cotizaciones para
salud, establecido entre otras disposiciones en el artículo 143 inciso segundo
de la Ley 100 de 1993 y que se refiere sin salvedad alguna a los
pensionados, la cotización para salud está a cargo de todos éstos, sin
distinguirse en ningún caso, si se trata de pensionados con anterioridad al
1o. de enero de 1994 o después de esta fecha, lo cual, sí podría generar una
modalidad inconstitucional de desigualdad a no ser por lo dispuesto en el
inciso primero del mismo artículo de la norma demandada, en el que se
ordena aumentar el monto de las pensiones para los pensionados con
anterioridad a la fecha de puesta en operancia del nuevo sistema de
seguridad social, en la misma proporción en la que aumenta la cotización
para salud, lo cual se ajusta a la Carta Política.

“La Corte estima que en el caso que se examina con el inciso 1o. de la
norma acusada, se trata de compensar a los pensionados con anterioridad al
1o. de enero de 1994, a quienes se les hubiere reconocido la pensión, en el
sentido de otorgarles un reajuste que sea equivalente al incremento de la
cotización para la salud, que resulte de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y
de las disposiciones legales que señalen el monto de la cotización”.

48. En la sentencia de constitucionalidad, cuyos principales apartes se
transcribieron, se fijó la única interpretación posible de la disposición y así lo
consignó la referida Corporación, en otras, en la sentencia T-677 de 200314, al
resolver un caso que guarda identidad fáctica con el del vocativo de la referencia,
en el que señaló que “no resulta aplicable al presente caso el principio pro
operario, pues éste exige como mínimo dos interpretaciones posibles, para de ellas

13 Corte Constitucional, Sentencia C-111 del 21.03.1996, M.P. Fabio Moron Díaz
14 Corte Constitucional, Sentencia T.677 del 6.08.2003, M.P. Jaime Araújo Rentería

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escoger la más favorable al trabajador y quedó visto que la norma citada sólo admite una
única interpretación, por tanto no es apropiado, desde el punto de vista lógico, hablar de
la interpretación más favorable, cuando de la norma se desprende un único sentido o
interpretación.”

49. La Corte precisó que en esos casos opera una “compensación”, entre el
reajuste ordenado por el primer inciso de la norma citada y el incremento que los
pensionados antes del 1º de enero de 1994 deberá cotizar para salud, con ocasión
de la aplicación de la ley.15

50. La anterior es la razón por la cual, contrario a lo afirmado por el accionante,
aun cuando el reajuste ordenado “representa un incremento nominal de la mesada
pensional, no se traduce en un aumento en el pago efectivo de la mesada, puesto que
ese incremento estuvo dirigido a cubrir el aumento en la cotización para salud, producto
de la aplicación de la Ley 100 de 1993, y que bajo su vigencia y de su Decreto
Reglamentario 1919 de 1994, pasó a estar a cargo en su totalidad de los pensionados.”

51. Con posterioridad a esta sentencia, la Corte profirió el Auto 206 de 2003 en el
que ratificó que “el reajuste pensional ordenado por el primer inciso del artículo 143 de la
Ley 100 de 1993 no significa un incremento en el valor de la mesada que deben recibir los
pensionados, luego de deducida la cotización en salud, sino que ese incremento se hizo
con el fin de compensar el mayor valor (4% a 12%) de la cotización que bajo la Ley 100
de 1993, tendrían que hacer los pensionados con anterioridad al primero de enero de
1994”.

52. La Sala destaca que esa interpretación, contenida en una sentencia de
constitucionalidad que es de obligatorio acatamiento por los jueces, por constituir
precedente vinculante, en los términos del artículo 243 de la Constitución Política y
en sentencias de tutela que constituyen un criterio auxiliar de interpretación pero
que fijan el alcance del derecho fundamental, fue acogida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el fallo dictado el 31 de agosto de 2021, por
medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Helio
Fabio Zuluaga Orozco.

53. En efecto, en la providencia censurada se concluyó, con fundamento en la
sentencia de constitucionalidad que se explicó, que el mayor valor que se debe
liquidar se encuentra destinado al pago de los aportes por concepto de salud,
todos los cuales están a cargo del pensionado, de tal manera que no implican un
pago directo al pensionado y, por ende, no procede el reajuste solicitado.

54. En consecuencia, ante una decisión que es respetuosa de las normas legales
cuya interpretación y alcance fue determinado por la Corte Constitucional
incluyendo una ratio de obligatorio cumplimiento, no solo no se configura el
defecto sustantivo, sino que tampoco se desconocen las normas constitucionales
citadas por el actor ni el principio de favorabilidad en materia laboral.

15 Ob.Cit.

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55. Lo anterior, por cuanto el operador jurídico no se enfrentó a dos posibles
interpretaciones sino a la única viable, frente a la redacción de la norma y a la
finalidad del legislador, que quedó expuesta en los debates del Congreso en los
siguientes términos:

“11. Jubilados y pensionados actuales. Con respecto al universo de los
actuales jubilados y pensionados se han presentado las siguientes
proposiciones: Que a todos aquellos cuyas pensiones reconocidas con
anterioridad a la aplicación de la ley 71 de 1988, se les reconozca una prima
de medio año como mecanismo de compensación de la pérdida de la
capacidad adquisitiva de sus pensiones, originada en las normas anteriores
que consagraban fórmulas de reajuste pensional inferiores al incremento del
salario mínimo y a la variación del costo de vida; que a quienes se
encuentren pensionados al momento de entrar en vigencia la nueva ley, se
les reconozca un reajuste igual al valor total de la mayor cotización para
gastos de salud que deba pagar”.16

2.4. Conclusiones

56. No se encuentra configurado en el caso concreto el defecto sustantivo
alegado, como tampoco la violación de las normas constitucionales señaladas por
la parte actora, por cuanto los preceptos que la parte actora consideró
indebidamente aplicadas al caso concreto fueron interpretadas conforme al criterio
expuesto por la Corte Constitucional, en el sentido de que ellas consagran una
“compensación” y no un mayor valor a pagar al pensionado, lo que implica negar la
solicitud de protección.

2.5. Otras determinaciones

57. Al revisar el expediente, se advirtió que se incorporó a la actuación una
intervención que se encontraba dirigida a la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-2022-00169-00, que corresponde a la instaurada por el señor Jorge Antonio
Caviedes Vanegas y que se tramita en el despacho del magistrado Guillermo
Sánchez Luque, en la Sección Tercera del Consejo de Estado.

58. En ese orden, la Secretaría General deberá realizar los ajustes
correspondientes en el registro del aplicativo SAMAI (índice 11) para que las
actuaciones sean retiradas de este proceso y anotadas en el que corresponde.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

16 Cita y transcripción contenida en la sentencia T.677 del 6.08.2003, M.P. Jaime Araújo Rentería,

dictada por la Corte Constitucional.

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FALLA:

PRIMERO: NEGAR la petición de amparo constitucional invocada por el señor
Helio Fabio Zuluaga Orozco, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: DAR CUMPLIMIENTO al acápite de “otras determinaciones”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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