Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00638-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00638-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-00638-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00638-01
Demandante: HELIO FABIO ZULUAGA OROZCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
24 de febrero de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
negó las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 25 de enero de 2022, el señor Helio Fabio Zuluaga Orozco, a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Formuló
las siguientes pretensiones:
[S]e tutelen los derechos fundamentales invocados como vulnerados al señor
HELIO FABIO ZULUAGA OROZCO al debido proceso, a la igualdad, acceso
efectivo a la administración de justicia y derechos adquiridos, en relación con la
vejez en condiciones de dignidad y se disponga:
1. Se deje sin valor o efecto jurídico la decisión de segunda instancia adoptada
mayoritariamente por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca el 31 de agosto de 2021
mediante la cual se revoca la emitida por el Juzgado Primero Administrativo de
1 Se advierte que, el 31 de marzo de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00638-01
Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Descongestión del Circuito de Cartago el 30 de enero de 2015 para que en su
lugar emita una nueva confirmando esta integralmente.
2. Ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen procedentes o
necesarios para garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales
de quien acciona y el cese en su vulneración.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y el expediente digital se extraen los siguientes hechos que,
a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta
sentencia:
Manifiesta el actor que, mediante Resolución N° 358 del 5 de marzo de 1993, la Caja
Nacional de Previsión Social reconoció su pensión de jubilación a partir del 6 de
enero de 1991, condicionada al retiro definitivo del servicio, lo cual ocurrió hasta el
31 de enero de 2002, por lo que su pensión se le empezó a pagar desde el 1° de
febrero de esa misma anualidad.
Ante el incremento en la cotización del aporte en salud del 5% al 12%, el 13 de julio
de 2012, el señor Zuluaga Orozco le solicitó a la UGPP el reajuste de su pensión, lo
cual fue negado mediante Resolución Nos. RDP 003724 del 29 de enero de 2013,
confirmada en su totalidad por la N° RDP 016706 del 15 de abril de la misma
anualidad.
Inconforme con lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el señor Helio Fabio Zuluaga Orozco demandó a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones Nos. RDP 003724 del 29 de enero y RDP 016706 del 15 de abril de
2013, mediante las cuales la entidad entonces demandada le negó el reajuste de la
pensión de jubilación en cuantía del 7% por elevación en la cotización que para el
sistema de salud dispuso la Ley 100 de 1993.
En providencia del 30 de enero de 2015, el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Descongestión del Circuito de Cartago accedió a las pretensiones de la demanda y,
a título de restablecimiento del derecho, le ordenó a la UGPP que procediera a
realizar el reajuste de la pensión de jubilación del señor Zuluaga Orozco, a partir del
13 de julio de 2008.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00638-01
Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que, en sentencia del 31 de agosto de 2021,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora considera que, al revocar el fallo de primera instancia y, en
consecuencia, negársele su la pretensión de reajuste de pensión por incremento del
aporte en salud, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la decisión del 31
de agosto de 2021, incurrió defecto sustantivo por indebida aplicación de los
artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, pues, a su juicio,
el tribunal accionado consideró erróneamente que la compensación por la elevación
en la cotización en salud debía reconocerse a favor de la entidad promotora de
salud, sin que representara un incremento del ingreso del pensionado.
Según el señor Zuluaga Orozco, de los artículos en mención resultaba claro que «el
incremento de la mesada pensional para aquellos pensionados que hubieren
cumplidos (sic) los requisitos para status de pensionado o se les hubiere reconocido
la pensión antes del 1° de enero de 1994 es del 7%, aspectos fácticos, ambos
demostrados en el proceso, de lo que se deduce que era necesario que la entidad
demandada realizada (sic) el reajuste solicitado y pretendido a través del medio de
control incoado y obviamente una vez se le comenzara a pagar la pensión».
Asimismo, indicó que se había incurrido en violación directa de la Constitución,
por desconocimiento de los artículos 1, 2, 4 a 6, 48 y 49, por vulnerar el derecho
fundamental a la igualdad y a la seguridad social.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 31 de enero de 2022, se admitió la presente acción de tutela
y se ordenó que aquel se notificara a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y, como terceros con interés, al Juzgado Primero Administrativo
Oral de Descongestión del Circuito de Cartago, o el despacho que lo haya
reemplazado y a la UGPP. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
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Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de un abogado
de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal, manifestó que, en el
caso bajo estudio, no concurren los requisitos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, aunado al hecho de que no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable, por lo que se evidencia que el actor se encuentra
simplemente inconforme con la providencia que no accedió a sus pretensiones, sin
acreditar las irregularidades en las que presuntamente incurrió el despacho
accionado.
Por otra parte, señaló que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, dio un alcance
probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso ordinario e
interpretó de forma razonable la normativa y los criterios aplicables al caso concreto,
por lo que no se demostró la configuración de un vicio que haga procedente la tutela.
Finalmente, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto a esa entidad, toda vez que los derechos alegados por la parte actora
como vulnerados, no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó que se negaran las
pretensiones de la tutela, para lo cual manifestó que, luego de efectuar un recuento
jurisprudencial sobre la materia, en la providencia atacada se resolvió el asunto de
fondo conforme a la interpretación sistemática que han efectuado las Altas Cortes de
los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, sin que esto
represente la configuración de un defecto que haga procedente la tutela o vulnere
los derechos fundamentales del accionante.
Señaló que, contrario a lo indicado por la parte accionante, ese Tribunal realizó un
estudio minucioso de la normatividad que sustentaba las pretensiones de la
demanda y concluyó que al señor Zuluaga Orozco no le asistía el derecho al
reajuste del valor de la pensión, al no representar dicho reajuste un incremento del
ingreso del pensionado, sino una compensación destinada a la correspondiente
entidad promotora de salud.
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Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
2.4. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de
Cartago, la UGPP y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardaron
silencio.
3. Fallo impugnado
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 24 de febrero de
2022, negó las pretensiones de la demanda, para lo cual estimó que no se
encontraba configurado el defecto sustantivo alegado, ni tampoco la violación de las
normas constitucionales señaladas por la parte actora, por cuanto la interpretación
que realizó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 31 de
agosto de 2021, se encuentra conforme al criterio expuesto por la Corte
Constitucional, en el sentido de que ellas consagran una compensación y no un
mayor valor a pagar al pensionado, lo que implicaba negar la solicitud de protección.
Señaló que, en efecto, el artículo 143 de la Ley 1993 fue declarado exequible por la
Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 1996, decisión que fijó la única
interpretación posible de dicha disposición, consistente en que «en esos casos
opera una “compensación”, entre el reajuste ordenado por el primer inciso de la
norma citada y el incremento que los pensionados antes del 1º de enero de 1994
deberá cotizar para salud, con ocasión de la aplicación de la ley», contrario a lo
afirmado por el accionante.
4. Impugnación
El señor Helio Fabio Zuluaga Orozco impugnó la anterior decisión, para lo cual
reiteró los argumentos de la demanda y señaló que, contrario a lo expuesto por el a
quo, la norma era clara en establecer que las personas que cumplieron los requisitos
para pensionarse o que se encontraban pensionados antes del 1 de abril de 1994,
no estaban obligados a pagar el 12% del incremento del aporte en salud ordenado
en la Ley 100 de 1993, sino que se debía mantener dicho aporte en el 5%, por lo
que solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y que, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la tutela.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
2012 2 , cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.
Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.
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en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
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configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional3».
2. Problema jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 24 de febrero de 2022, proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la tutela.
3. Análisis de la Sala
3.1. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora
3.1.1 Del defecto sustantivo
Lo primero que conviene decir es que, en general, el defecto sustantivo es una
forma auténtica de violación directa de la ley (norma), que, a su vez, ocurre por falta
de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea.
Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador ignora
su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución del caso.
También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta la existencia ineficaz
de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el
espacio.
En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree,
equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento
típico de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de
que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en
la parte resolutiva de la sentencia.
La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto jurídico, que se hace
valer, se aplica, a pesar de no ser pertinente para resolver el asunto que es objeto
de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se
encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.
3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando la norma que se aplica es la
que regula el asunto por resolver, pero el juzgador le da un alcance errado y así, la
aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido que no le
corresponde.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional considera que el defecto sustantivo se
presenta cuando: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso
concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le
reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de
la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que
han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin
tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está
vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.
3.2. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el caso particular, se observa que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el señor Helio Fabio Zuluaga Orozco demandó a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones Nos. RDP 003724 del 29 de enero y RDP 016706 del 15 de abril de
2013, mediante las cuales la entidad demandada le negó el reajuste de la pensión
de jubilación en cuantía del 7% por elevación en la cotización que para el sistema de
salud dispuso la Ley 100 de 1993, controversia que culminó con la sentencia del 31
de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la
cual es objeto de la tutela de la referencia.
Sobre el particular, en la sentencia cuestionada se consideró lo siguiente:
9.1.- Sea lo primero señalar que los recursos del Sistema de Seguridad Social en
Salud son rentas parafiscales, debido a que son contribuciones que tienen como
sujeto pasivo un sector específico de la población y se destina para su beneficio,
y conforme al principio de solidaridad, se establecen para aumentar la cobertura
en la prestación del servicio de salud.
Para los pensionados con antelación a la Ley 100 de 1993, la referida
contribución parafiscal en salud fue prevista desde el artículo 207 de la Ley 4ª de
1966, el artículo 90 del Decreto reglamentario 1848 de 1969, y el artículo 16 de
la Ley 4ª de 1976, normas que establecían que la Caja Nacional de Previsión
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Social se encontraba autorizada para descontar el 5% de cada mesada
pensional que pagara como aporte para salud.
9.2.- Sin embargo, posteriormente el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 aumentó
el porcentaje de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud al 12%, y
con las modificaciones introducidas por el artículo 10 de la Ley 1122 de 9 de
enero de 2007 se estableció que la cotización al Régimen Contributivo de Salud
sería, a partir del 1° de enero del año 2007, del 12.5% del ingreso o salario base
de cotización, sin que pudiera ser inferior al salario mínimo, y finalmente, por
virtud del artículo 1° de la Ley 1250 de 2008, es del 12% del ingreso de la
respectiva mesada pensional.
9.3.- Ante el evidente aumento de la base de cotización en salud, que fue del 5%
al 12%, la Ley 100 de 1993 estableció en su artículo 143 que a quienes con
anterioridad al 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de dicha
codificación, se les hubiera reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez
o muerte, tendrían derecho, a partir de dicha fecha, "a un reajuste mensual
equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación
de la presente ley".
Esta norma se encuentra reglamentada en el artículo 42 del Decreto 692 de
1994, en virtud del cual se fija el porcentaje en que deberán ser ajustadas las
pensiones anteriores al 1° de abril de 1994, de cara al aumento de los
descuentos obligatorios para el Sistema de Salud, así:
"Artículo 42. Reajuste pensiona/ por incremento de aportes a salud. A
quienes con anterioridad al 1° de enero de 1994 se les hubiere reconocido
la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin
haberles efectuado el reconocimiento tuvieran causada la correspondiente
pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de
dicha fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste
equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley
100 de 1993.
En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a
efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la
cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización
del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija
la cobertura familiar, sin exceder del 12% (…)”
De la normatividad referida se colige que quienes consolidaron su derecho
pensional con antelación al 1° de abril de 1994, tienen derecho a que sus
mesadas pensionales sean reajustadas en el equivalente a la elevación de la
cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993, esto es, en el 7%, habida
cuenta que se pasó de efectuarse una cotización del 5% al 12%.
9.4.- La Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del el artículo 143
de la ley 100 de 1993, en sentencia C-111 de 1996 consideró que el reajuste por
incremento de la cotización en salud del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 tiene
por objeto preservar el principio de igualdad, al reconocer que los pensionados
con anterioridad al 1° de enero de 1994, se encuentran en una situación
diferente a la de quienes se pensionen con posterioridad a esa fecha, debido a
que aquellas personas han tenido un régimen de obligaciones, montos de
pensión y demás derechos o beneficios distinto al previsto en el sistema
contributivo instaurado por la Ley 100, en el cual, la cotización por salud pasa a
estar a cargo del pensionado.
Adicionalmente, la Corte señaló que el reajuste previsto en el artículo 143 de la
Ley 100 de 1993 tiene naturaleza puramente compensatoria y difiere de los
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
ajustes o incrementos anuales que se ordenan a favor de todos los pensionados.
Al respecto indicó lo siguiente:
"La Corte estima que en el caso que se examina con el inciso 1°. de la
norma acusada, se trata de compensar a los pensionados con anterioridad
al 1°. de enero de 1994, a quienes se les hubiere reconocido la pensión, en
el sentido de otorgarles un reajuste que sea equivalente al incremento de
la cotización para la salud, que resulte de la aplicación de la Ley 100 de
1993 y de las disposiciones legales que señalen el monto de la cotización.
Este reajuste de la pensión es específico para quienes se les hubiere
reconocido la pensión con anterioridad al 1° de enero de 1994 y rige a
partir de dicha fecha, como lo señala la norma cuyos apartes se acusan;
no ampara ninguna desigualdad, sino que, por el contrario acata dicho
principio consagrado en el artículo 13 de la C.P., y es evidente que es
distinto al reajuste anual ordenado para todos los pensionados a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 100 de 1993."
9.5.- Esta tesis fue ratificada por la Corte Constitucional en la sentencia T-677 de
2003, al expresar “que el referido ajuste ordenado por la citada norma no
representa un aumento en el monto de la mesada pensional luego de deducida
la cotización que el pensionado debe realizar al sistema de seguridad social en
salud, sino que ella tiene como finalidad compensar el incremento del porcentaje
de la cotización para salud que deben realizar los pensionados antes del 1° de
enero de 1994, como resultado de la aplicación de la Ley 100 de 1993”.
9.6.- Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 14 de agosto de
2002, igualmente precisó que el reajuste especial de pensiones ordenado en el
artículo 143 de la Ley 100 de 1993 "no comportaba una revalorización en el
ingreso real del pensionado, sino una compensación por la depreciación a que
se vería abocado el beneficiario de una pensión como consecuencia del
incremento en el monto de cotización para salud, con destino a cubrir la
medicina familiar, y por ese mecanismo extender la cobertura ciertamente
precaria en esta materia antes de la Ley 100".
Adicionalmente, la referida Corporación precisó que:
"El valor de la pensión así incrementado no va a engrosar definitivamente
el peculio del pensionado, sino que debe destinarse a la correspondiente
entidad promotora de salud para los fines explicados, por lo que si bien se
puede hablar de un verdadero reajuste en el monto nominal de la citada
prestación social, esa cifra adicional debe ponerse a disposición de las
respectivas empresas recaudadoras, mediante descuento efectuado por el
responsable de la cotización, la entidad pagadora de la pensión o por la
entrega directa que haga el pensionado de ese porcentaje en el evento de
que se le hubiere cancelado directamente a él la totalidad de la mesada...
No de otra forma es dable entender que la Ley haya atado el aumento de
la cotización (e impuesto esta carga a los pensionados), a la revalorización
especial, al señalar claramente que los pensionados antes del primero de
enero de 1994, a partir del momento del incremento de la cotización en
salud tienen derecho a un reajuste mensual equivalente a la elevación de
la cotización para salud que resulte de la aplicación de dicha Ley, lo que
evidencia que el objetivo fue que no se aminorara el monto de la pensión
como consecuencia de la nueva carga.
9.7.- En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado al estudiar la
legalidad del artículo 42 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, en la cual
indicó que el objeto del reajuste no es otro que el de procurar que los
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00638-01
Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
pensionados no soporten una desmejora en sus ingresos o que los mismos vean
disminuidos, en razón del aumento de la cotización en salud; así lo expresó:
“De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra entonces que existe una
posición uniforme en la jurisprudencia en relación con el alcance de la
norma objeto de estudio, en cuanto a que su finalidad es "compensar" el
efecto negativo del incremento de la cotización en salud de los
pensionados ordenada por la Ley 100 de 1993, para evitar que ésta
"aminore", "reduzca", "deprecie" o se refleje negativamente en la
asignación mensual de las personas a quienes con anterioridad al 1° de
enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación,
invalidez, o sobrevivientes y de aquellas a quienes sin haberles efectuado
dicho reconocimiento tuvieran causada la correspondiente prestación.
En ese sentido, el reajuste del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no
representa como tal un incremento o revalorización en términos reales del
ingreso del pensionado, lo que, en todo caso, no implica que no se deba
asegurar su pago completo, pues, como se ha visto, el ingreso real de
quienes se pensionaron o causaron su derecho antes del 1° de enero de
1994, no debe sufrir ninguna disminución por causa de la elevación de las
cotizaciones en salud (garantía de efecto neutro)."
La anterior transcripción evidencia que, en el fallo atacado, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca realizó un minucioso estudio de los artículos 143 de la Ley 100
de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, en armonía con los artículos 10 de la Ley
1122 de 2007 y 1° de la Ley 1250 de 2008, teniendo en cuenta, además, lo señalado
en las sentencias (i) C-111 de 1996 y T- 677 de 2003 de la Corte Constitucional; (ii)
sentencia del 14 de agosto de 2002 de la Corte Suprema de Justicia y; (iii) sentencia
del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 19 de mayo de 2005, rad. 11001-03-
25-000-2002-00162-01(3165-02), M.P. Alberto Arango Mantilla, normativa y
jurisprudencia de las que concluyó que quienes consolidaron su derecho pensional
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 1° de abril
de 1994, tienen derecho a que sus mesadas pensionales se reajusten a modo de
compensación para evitar la depreciación de su pensión como consecuencia del
incremento en el monto de cotización para salud, sin que este reajuste comporte un
aumento en el peculio del pensionado, sino que debe ser destinado a la respectiva
EPS.
En vista de lo anterior, contrario a lo expuesto por la parte accionante, en el sentido
de que el Tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo, se tiene que lo que
hizo la autoridad judicial accionada fue acogerse a la jurisprudencia de las altas
cortes, que han interpretado uniformemente los artículos 143 de la Ley 100 de 1993
y 42 del Decreto 692 de 1994.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00638-01
Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
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A juicio de la Sala, no le asiste razón al actor cuando afirma que de los artículos 143
de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, se entendía que debía hacerse
un incremento de la mesada pensional, pues, como se expuso, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, lejos de desconocer las normas sobre la
compensación por la elevación en la cotización en salud, para quienes adquirieron
su derecho antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que hizo fue
acogerse a la norma y a la interpretación unánime que las altas cortes han realizado
sobre la misma.
De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 24 de febrero de
2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no se demostró que la autoridad
judicial accionada hubiera incurrido en defecto sustantivo o vulnerado los derechos
fundamentales del accionante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 24 de febrero de 2022, proferida por la
Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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Demandante: Helio Fabio Zuluaga Orozco
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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