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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00652-00

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00652-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER que, si aún no lo ha hecho, dentro del término de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de esta providencia, ordene la expedición de copias auténticas solicitadas por la actora y, en caso de haber declinado en la búsqueda del expediente contentivo de la sentencia de la cual la accionante requiere la copia auténtica, lo indique de manera inequívoca y determine en un término máximo de treinta (30) días si es procedente la reconstrucción del expediente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-00652-00 ACTORA: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00652-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00652-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA

TESIS: SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA ACTORA,
POR CUANTO, HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO AÑOS SIN QUE SE LE
INFORME SÍ ES POSIBLE EXPEDIR LAS COPIAS AUTÉNTICAS SOLICITADAS.

DERECHO FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la

actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER1.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante el Tribunal

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-00652-00
ACTORA: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA

I.1.- La Solicitud

La señora MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA, actuando en

nombre propio, promovió acción de tutela contra el TRIBUNAL,

debido a que, a su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus

derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y

al debido proceso, por presunta mora judicial, por cuanto no se le

ha dado trámite a las solicitudes que presentó el 19 de enero de

2018, 27 de mayo de 2019, 24 de septiembre de 2020, 16 de

febrero, 19 de abril, 17 de junio, 11 de agosto y 9 de noviembre de

2021, en las que pidió el desarchivo y expedición de copias

auténticas con constancia de ejecutoria de la sentencia proferida el

21 de noviembre de 2016, así como de la totalidad del expediente

contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 68001-23-33-000-

2015-00132-00.

I.2.- Hechos

Señaló que el 4 de febrero de 2015, por intermedio de apoderado

judicial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del

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ACTORA: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA

derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL, mediante la cual solicitó la reliquidación de su pensión,

proceso al cual le fue asignado el número único de radicación

68001-23-33-000-2015-00132-00 y le correspondió por reparto al

Tribunal.

Manifestó que, mediante sentencia proferida el 21 de noviembre de

2016, el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y

condenó a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a

reliquidar a partir del año 1997, en adelante, su asignación de

retiro, así como las sumas canceladas por concepto del incremento

anual de su pensión causadas a partir del 31 de mayo de 2009 y las

que se generen a futuro como consecuencia de la reliquidación de

la base pensional.

Indicó que presentó escritos el 19 de enero de 2018, 27 de mayo

de 2019, 24 de septiembre de 2020, 16 de febrero, 19 de abril, 17

de junio, 11 de agosto y 9 de noviembre de 2021, en los que

solicitó al Tribunal el desarchivo y expedición de copias auténticas

con constancia de ejecutoria de la sentencia, así como de la

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totalidad del expediente contentivo del mencionado proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho.

Anotó que la Secretaría del Tribunal le informó que los días 24 de

agosto de 2018, 9 de noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019,

mediante oficios núms. 1047, 1082 y 146, respectivamente, le

solicitó a la oficina de archivo el desarchivo del expediente para la

posterior expedición de las copias auténticas, sin embargo, pese a

que las mismas constituyen el título ejecutivo para hacer exigible

ante la entidad demandada el derecho que le fue reconocido

mediante sentencia judicial, nunca le fueron entregadas.

I.3.- Pretensiones

La actora solicitó la protección de su derecho fundamental al debido

proceso invocado como violado y, en consecuencia:

“[…] disponga lo pertinente, a fin de que el precitado TRIBUNAL
disponga el desarchivo del expediente con numero de radicado
68-001-2333-000-2015-00132-00 y realice la entrega de:

• Copias auténticas de la sentencia de fecha 21 de noviembre de
2016.
• Constancia de ejecutoria con vigencia de poder […]”.

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I.4.- Intervenciones

I.4.1.- El Tribunal, por intermedio de la Secretaria, informó que

no ha sido posible ubicar el expediente físico solicitado, el cual

conforme a las anotaciones del aplicativo justicia siglo XXI se

encontraba en la oficina de archivo de esa Corporación, por lo cual

se le corrió traslado a esa dependencia, que afirmó que no hubo

resultado positivo en las labores de búsqueda, la cual también se

efectuó en la Secretaría sin arrojar resultados.

Afirmó que puso en conocimiento de dicha situación al Magistrado

ponente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,

doctor Iván Fernando Prada Macías, por lo cual el 9 de febrero del

año en curso, pasaron las diligencias de búsqueda al despacho y

también allegaron una copia de la sentencia digitalizada, que fue

allegada por la relatoría del Tribunal, con el objeto, de si es

considerado procedente por el togado, se ordene la reconstrucción

del expediente.

I. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

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se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

En el presente caso, la señora MARTHA LUCÍA BLANCO DE

CORREA, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con

el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al

acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que

considera vulnerados porque, a su juicio, el Tribunal accionado

incurrió en mora judicial por la omisión de dar trámite a las

diferentes solicitudes de copias auténticas de la sentencia y de la

totalidad del expediente que ha presentado dentro del proceso de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2015-00132-00.

Aclarado lo anterior, la Sala entrará a estudiar el problema jurídico

que plantea el caso concreto, consistente en determinar si la

autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales al acceso

a la administración de justicia y al debido proceso invocados por la

actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada por la

omisión de dar trámite a las diferentes solicitudes de copias

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auténticas de la sentencia y de la totalidad del expediente que ha

presentado dentro del citado proceso.

De la mora judicial

Sobre este tema, la Corte Constitucional2 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica automáticamente la vulneración del derecho fundamental al

acceso a la administración de justicia, habida cuenta que pese a

que es obligación de la autoridad judicial acatar los tiempos

establecidos por la normativa aplicable, también lo es que debe dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

Por ello, es necesario analizar las causas de la mora, para

determinar si esta es justificada o no, debido a que en muchos de

los casos tal situación obedece a temas como la complejidad del

asunto en estudio, la carga laboral y congestión judicial, la

naturaleza de los hechos investigados, la interposición de recursos,

2 Sentencia SU - 901 de 1° de septiembre de 2005.

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entre otros3.

En relación con los criterios a analizar para determinar si en un

evento particular, la mora judicial conlleva la vulneración de

derechos fundamentales, como el debido proceso y, por ende, al

acceso a la administración de justicia, la Corte constitucional4 ha

señalado:

“[…] existe una relación de conexidad necesaria entre la
noción del plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben
analizar para determinar si acontece o no una afectación o
amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la
administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se
justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable
del juez que los atiende,

• Se constata la existencia de problemas estructurales,
de exceso de carga laboral u otras circunstancias que
pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es
injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una
omisión sistemática de sus deberes […]”. (Destacado fuera

3 Dicha posición ha sido adoptada por esta Sección en providencia de 10 de diciembre de

2018, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación: 11001-
03-15-000-2018-03028-00.
4 Sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P María Victoria Calle Correa.

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de texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto

particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como

el debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la

dilación acaecida es justificada o no, pero particularmente si tal

situación es atribuible a la falta de diligencia del funcionario

encargado de la resolución del litigio.

Descendiendo al caso concreto, se observa que la inconformidad de

la actora radica en que no se le ha dado trámite a las solicitudes

que presentó el 19 de enero de 2018, 27 de mayo de 2019, 24 de

septiembre de 2020, 16 de febrero, 19 de abril, 17 de junio, 11 de

agosto y 9 de noviembre de 2021, en las que les pidió el desarchivo

y expedición de copias auténticas de la sentencia y de la totalidad

del expediente identificado con el número único de radicación 2015-

00132-00, sin que a la fecha de radiación de la presente solicitud

de amparo la misma haya sido resuelta.

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Al respecto, la Sala encuentra que la Corte Constitucional en

relación con la solicitud de copias de actuaciones surtidas al interior

de un proceso judicial, en sentencia T-192 de 15 de marzo de

20075, precisó que dicho trámite está regulado por el ordenamiento

procesal y, por ende, no se reduce a cuestiones meramente

administrativas, de suerte que sobre tales cuestiones resulta

procedente el amparo del derecho al debido proceso y al acceso de

la administración de justicia, en la medida en que dicha conducta,

al desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable,

implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial 6. Al

efecto señaló:

“[…] Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con
claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el
juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que
rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la
materia bajo análisis, las establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”

Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro
del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las
partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de
pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito,

5 Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente

María Elizabeth García González.

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etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por
los respectivos ordenamientos procesales.

En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes
formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la
actividad jurisdiccional, no configura una violación del
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al
acceso de la administración de justicia, en la medida en que
dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo
probado y razonable, implica una dilación injustificada al
interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).

[…]

Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de
copias en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo
115 del C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán
auto que las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la
decisión de expedir las copias al estar regulada por el
ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a aquellas en
las cuales su resolución se contrae a la aplicación de las
normas propias de los actos de la administración.

Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia
pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que
ponga fin al proceso […] o imponga condenas, se ordenará de oficio
agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.”

Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de
petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los
funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición de
copias que formuló la accionante se debió tramitar de
conformidad con las normas antes citadas, por ser un trámite
específicamente regulado, para garantizar el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia de la demandante.
[…]” (Resalta la Sala).

Conforme con lo anterior y, comoquiera que la solicitud de las

copias que requiere la actora se encuentra sometida al

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ordenamiento procesal, esto es, a lo dispuesto en los artículos 114

y 115 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20127, y así lo ha reconocido

en anteriores oportunidades esta Sección8, la Sala determinará si la

parte accionada incurrió en una mora injustificada en la entrega de

las copias solicitadas.

Sobre el particular, es preciso indicar que esta Sala de Sección,

mediante sentencia de 18 de febrero de 20219, en un caso con

presupuestos fácticos similares, consideró:

“[…] La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de
actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia
T-192 de 15 de marzo de 200710, precisó que dicho trámite se
encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento
Civil -CPC-, lo que indica que la decisión de expedir copias está
regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce a
cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre tales
cuestiones no resulta procedente el amparo del derecho de
petición11. […].

Por las consideraciones expuestas en precedencia y,
comoquiera que la solicitud de las copias que requiere la
actora se encuentra sometida al ordenamiento procesal, esto
es, a lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del

7 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

22 de marzo de 2018, identificado con el número único de radicación
110010315000201800601-00, M.P. María Elizabeth García González.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 18

de febrero de 2021, (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), Acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202005037-00.
10 Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
11 Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente

María Elizabeth García González.

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Proceso12 -CGP-, antes artículo 115 del CPC, la Sala
determinará si la parte accionada incurrió en una mora
judicial injustificada en la entrega de las copias solicitadas.
[…]”.

Conforme con lo anterior, resulta pertinente examinar las

actuaciones realizadas por la autoridad judicial accionada, con

ocasión de la solicitud de copias dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2015-00132-00, con el fin de determinar si en

el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran la

mora judicial injustificada, por lo cual se procede a verificar el

historial de actuaciones de la página web de la Rama Judicial en el

módulo de consulta nacional de procesos, así:

12 “ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del

expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia
de las reglas siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las
autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo
requerirán constancia de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo
pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un
recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si
careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so
pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas
de oficio o a solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).

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Lo anterior pone de manifiesto que desde el año 2018, la aquí

tutelante ha solicitado en ocho oportunidades al Tribunal que se le

expida copia auténtica de la sentencia que reconoció a su favor la

reliquidación de su asignación de retiro, por lo cual, las copias

auténticas solicitadas constituyen el título ejecutivo para hacer

exigible ante la entidad demandada el derecho que le fue

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reconocido mediante sentencia judicial.

Así mismo, de la revisión del informe de tutela rendido por la

Secretaria del Tribunal, la Sala advierte que a la fecha las

precitadas copias no han sido expedidas, toda vez que no ha sido

posible ubicar el expediente físico pese a las labores de búsqueda

que se han efectuado en las diferentes dependencias de esa

Corporación.

Igualmente, el Tribunal manifestó que el 9 de febrero del año en

curso, puso en conocimiento de dicha situación al Magistrado

ponente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,

doctor Iván Fernando Prada Macías, por lo cual pasaron las

diligencias de búsqueda al despacho junto con una copia de la

sentencia digitalizada, que fue allegada por la relatoría del Tribunal,

con el objeto, de si es considerado procedente por el togado, se

ordene la reconstrucción del expediente.

Ahora bien, la solicitud de la actora ha sido formulada durante un

lapso de cuatro años, un mes y una semana, en ocho

oportunidades, esto es, el 19 de enero de 2018, el 27 de mayo de

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2019, el 24 de septiembre de 2020, el 16 de febrero, el 19 de abril,

el 17 de junio, el 11 de agosto y el 9 de noviembre de 2021, en las

que solicitó el desarchivo y expedición de copias auténticas de la

sentencia y de la totalidad del expediente identificado con el

número único de radicación 2015-00132-00, por lo tanto, la

respuesta del Tribunal, que no podría ser otra que la orden

mediante auto de expedir las copias, no se dio. La respuesta que se

le suministró fue que los días 24 de agosto de 2018, 9 de

noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019, mediante oficios

núms. 1047, 1082 y 146, respectivamente, se le solicitó a la oficina

de archivo el desarchivo del expediente para la posterior expedición

de las copias auténticas, sin embargo, nunca le fueron entregadas.

Aunado a lo anterior, en el informe allegado al presente trámite

tutelar, la accionada manifestó no haber encontrado el expediente,

por lo cual remitió copia simple de la sentencia al despacho del

Magistrado ponente de la decisión para continuar con la búsqueda

del mismo o para que provea sobre la reconstrucción del proceso.

En esas condiciones, la Sala advierte que, aunque al parecer, por

un error involuntario el expediente se extravió y es un hecho ajeno

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a la voluntad del Tribunal, lo cierto es que no puede desconocerse

que la actora no debe soportar esa carga, pues resulta vulnerador

de sus derechos al acceso a la administración de justicia y al

debido proceso, por cuanto durante más de cuatro años no se le ha

dado una solución a su situación, ni una respuesta pronta y

oportuna, que era la expedición de las copias y su autenticación,

así como tampoco se hizo dentro de los términos legalmente

establecidos para el efecto, sino que guardó silencio ante la

solicitud y únicamente en los años 2018 y 2019 le manifestó que se

había solicitado el desarchivo del expediente, lo cual es a todas

luces violatorio de los mencionados derechos de la accionante.

Así mismo, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada

aún no se ha pronunciado sobre la materia propia de la solicitud y

de manera clara y congruente, pues lo cierto es que aún no se

tiene certeza alguna frente al trámite que se le impartirá al

requerimiento de expedición de la copia auténtica de la sentencia

proferida por el mismo Tribunal accionado y de la totalidad del

expediente, pues lo cierto es que las fotocopias solicitadas por la

accionante no han sido expedidas y para tal omisión se han

antepuesto argumentos por parte del Tribunal que no son oponibles

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a la accionante, a quien se está causando un perjuicio, en la

medida que la necesidad de la copia solicitada es el interés de

hacer exigibles los derechos que le fueron reconocidos mediante

sentencia judicial.

En ese orden de ideas, esta Sala concederá el amparo de los

derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de

justicia de la accionante.

En consecuencia, se ordenará al Tribunal que, si aún no lo ha

hecho, dentro del término de diez (10) días hábiles a partir de la

notificación de esta providencia, ordene la expedición de las copias

auténticas solicitadas por la señora MARTHA LUCÍA BLANCO DE

CORREA y, en caso de haber declinado en la búsqueda del

expediente contentivo de la sentencia de la cual la accionante

requiere la fotocopia auténtica, lo indique de manera inequívoca y,

determine en un término máximo de treinta (30) días si es

procedente la reconstrucción del expediente, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora

MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER que, si aún no lo ha hecho, dentro del término de

diez (10) días hábiles a partir de la notificación de esta providencia,

ordene la expedición de copias auténticas solicitadas por la actora

y, en caso de haber declinado en la búsqueda del expediente

contentivo de la sentencia de la cual la accionante requiere la copia

auténtica, lo indique de manera inequívoca y determine en un

término máximo de treinta (30) días si es procedente la

reconstrucción del expediente, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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