Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00652-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00652-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00652-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00652-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA
TESIS: SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA ACTORA,
POR CUANTO, HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO AÑOS SIN QUE SE LE
INFORME SÍ ES POSIBLE EXPEDIR LAS COPIAS AUTÉNTICAS SOLICITADAS.
DERECHO FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER1.
I. ANTECEDENTES
1
En adelante el Tribunal
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-00652-00
ACTORA: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA
I.1.- La Solicitud
La señora MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA, actuando en
nombre propio, promovió acción de tutela contra el TRIBUNAL,
debido a que, a su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, por presunta mora judicial, por cuanto no se le
ha dado trámite a las solicitudes que presentó el 19 de enero de
2018, 27 de mayo de 2019, 24 de septiembre de 2020, 16 de
febrero, 19 de abril, 17 de junio, 11 de agosto y 9 de noviembre de
2021, en las que pidió el desarchivo y expedición de copias
auténticas con constancia de ejecutoria de la sentencia proferida el
21 de noviembre de 2016, así como de la totalidad del expediente
contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 68001-23-33-000-
2015-00132-00.
I.2.- Hechos
Señaló que el 4 de febrero de 2015, por intermedio de apoderado
judicial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-00652-00
ACTORA: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA
derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, mediante la cual solicitó la reliquidación de su pensión,
proceso al cual le fue asignado el número único de radicación
68001-23-33-000-2015-00132-00 y le correspondió por reparto al
Tribunal.
Manifestó que, mediante sentencia proferida el 21 de noviembre de
2016, el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a
reliquidar a partir del año 1997, en adelante, su asignación de
retiro, así como las sumas canceladas por concepto del incremento
anual de su pensión causadas a partir del 31 de mayo de 2009 y las
que se generen a futuro como consecuencia de la reliquidación de
la base pensional.
Indicó que presentó escritos el 19 de enero de 2018, 27 de mayo
de 2019, 24 de septiembre de 2020, 16 de febrero, 19 de abril, 17
de junio, 11 de agosto y 9 de noviembre de 2021, en los que
solicitó al Tribunal el desarchivo y expedición de copias auténticas
con constancia de ejecutoria de la sentencia, así como de la
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ACTORA: MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA
totalidad del expediente contentivo del mencionado proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Anotó que la Secretaría del Tribunal le informó que los días 24 de
agosto de 2018, 9 de noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019,
mediante oficios núms. 1047, 1082 y 146, respectivamente, le
solicitó a la oficina de archivo el desarchivo del expediente para la
posterior expedición de las copias auténticas, sin embargo, pese a
que las mismas constituyen el título ejecutivo para hacer exigible
ante la entidad demandada el derecho que le fue reconocido
mediante sentencia judicial, nunca le fueron entregadas.
I.3.- Pretensiones
La actora solicitó la protección de su derecho fundamental al debido
proceso invocado como violado y, en consecuencia:
“[…] disponga lo pertinente, a fin de que el precitado TRIBUNAL
disponga el desarchivo del expediente con numero de radicado
68-001-2333-000-2015-00132-00 y realice la entrega de:
• Copias auténticas de la sentencia de fecha 21 de noviembre de
2016.
• Constancia de ejecutoria con vigencia de poder […]”.
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I.4.- Intervenciones
I.4.1.- El Tribunal, por intermedio de la Secretaria, informó que
no ha sido posible ubicar el expediente físico solicitado, el cual
conforme a las anotaciones del aplicativo justicia siglo XXI se
encontraba en la oficina de archivo de esa Corporación, por lo cual
se le corrió traslado a esa dependencia, que afirmó que no hubo
resultado positivo en las labores de búsqueda, la cual también se
efectuó en la Secretaría sin arrojar resultados.
Afirmó que puso en conocimiento de dicha situación al Magistrado
ponente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
doctor Iván Fernando Prada Macías, por lo cual el 9 de febrero del
año en curso, pasaron las diligencias de búsqueda al despacho y
también allegaron una copia de la sentencia digitalizada, que fue
allegada por la relatoría del Tribunal, con el objeto, de si es
considerado procedente por el togado, se ordene la reconstrucción
del expediente.
I. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Caso concreto
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que
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se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
En el presente caso, la señora MARTHA LUCÍA BLANCO DE
CORREA, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que
considera vulnerados porque, a su juicio, el Tribunal accionado
incurrió en mora judicial por la omisión de dar trámite a las
diferentes solicitudes de copias auténticas de la sentencia y de la
totalidad del expediente que ha presentado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2015-00132-00.
Aclarado lo anterior, la Sala entrará a estudiar el problema jurídico
que plantea el caso concreto, consistente en determinar si la
autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia y al debido proceso invocados por la
actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada por la
omisión de dar trámite a las diferentes solicitudes de copias
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auténticas de la sentencia y de la totalidad del expediente que ha
presentado dentro del citado proceso.
De la mora judicial
Sobre este tema, la Corte Constitucional2 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica automáticamente la vulneración del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia, habida cuenta que pese a
que es obligación de la autoridad judicial acatar los tiempos
establecidos por la normativa aplicable, también lo es que debe dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
Por ello, es necesario analizar las causas de la mora, para
determinar si esta es justificada o no, debido a que en muchos de
los casos tal situación obedece a temas como la complejidad del
asunto en estudio, la carga laboral y congestión judicial, la
naturaleza de los hechos investigados, la interposición de recursos,
2 Sentencia SU - 901 de 1° de septiembre de 2005.
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entre otros3.
En relación con los criterios a analizar para determinar si en un
evento particular, la mora judicial conlleva la vulneración de
derechos fundamentales, como el debido proceso y, por ende, al
acceso a la administración de justicia, la Corte constitucional4 ha
señalado:
“[…] existe una relación de conexidad necesaria entre la
noción del plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben
analizar para determinar si acontece o no una afectación o
amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la
administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se
justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable
del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales,
de exceso de carga laboral u otras circunstancias que
pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es
injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una
omisión sistemática de sus deberes […]”. (Destacado fuera
3 Dicha posición ha sido adoptada por esta Sección en providencia de 10 de diciembre de
2018, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación: 11001-
03-15-000-2018-03028-00.
4 Sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P María Victoria Calle Correa.
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de texto).
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto
particular, conlleva la vulneración de derechos fundamentales como
el debido proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la
dilación acaecida es justificada o no, pero particularmente si tal
situación es atribuible a la falta de diligencia del funcionario
encargado de la resolución del litigio.
Descendiendo al caso concreto, se observa que la inconformidad de
la actora radica en que no se le ha dado trámite a las solicitudes
que presentó el 19 de enero de 2018, 27 de mayo de 2019, 24 de
septiembre de 2020, 16 de febrero, 19 de abril, 17 de junio, 11 de
agosto y 9 de noviembre de 2021, en las que les pidió el desarchivo
y expedición de copias auténticas de la sentencia y de la totalidad
del expediente identificado con el número único de radicación 2015-
00132-00, sin que a la fecha de radiación de la presente solicitud
de amparo la misma haya sido resuelta.
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Al respecto, la Sala encuentra que la Corte Constitucional en
relación con la solicitud de copias de actuaciones surtidas al interior
de un proceso judicial, en sentencia T-192 de 15 de marzo de
20075, precisó que dicho trámite está regulado por el ordenamiento
procesal y, por ende, no se reduce a cuestiones meramente
administrativas, de suerte que sobre tales cuestiones resulta
procedente el amparo del derecho al debido proceso y al acceso de
la administración de justicia, en la medida en que dicha conducta,
al desconocer los términos de ley sin motivo probado y razonable,
implica una dilación injustificada al interior del proceso judicial 6. Al
efecto señaló:
“[…] Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con
claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el
juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que
rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la
materia bajo análisis, las establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).”
Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro
del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las
partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de
pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito,
5 Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente
María Elizabeth García González.
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etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas por
los respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes
formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la
actividad jurisdiccional, no configura una violación del
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al
acceso de la administración de justicia, en la medida en que
dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo
probado y razonable, implica una dilación injustificada al
interior del proceso judicial, la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).
[…]
Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de
copias en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo
115 del C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán
auto que las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la
decisión de expedir las copias al estar regulada por el
ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a aquellas en
las cuales su resolución se contrae a la aplicación de las
normas propias de los actos de la administración.
Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia
pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada que
ponga fin al proceso […] o imponga condenas, se ordenará de oficio
agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo hubiere.”
Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de
petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los
funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición de
copias que formuló la accionante se debió tramitar de
conformidad con las normas antes citadas, por ser un trámite
específicamente regulado, para garantizar el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia de la demandante.
[…]” (Resalta la Sala).
Conforme con lo anterior y, comoquiera que la solicitud de las
copias que requiere la actora se encuentra sometida al
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ordenamiento procesal, esto es, a lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20127, y así lo ha reconocido
en anteriores oportunidades esta Sección8, la Sala determinará si la
parte accionada incurrió en una mora injustificada en la entrega de
las copias solicitadas.
Sobre el particular, es preciso indicar que esta Sala de Sección,
mediante sentencia de 18 de febrero de 20219, en un caso con
presupuestos fácticos similares, consideró:
“[…] La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de
actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia
T-192 de 15 de marzo de 200710, precisó que dicho trámite se
encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento
Civil -CPC-, lo que indica que la decisión de expedir copias está
regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce a
cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre tales
cuestiones no resulta procedente el amparo del derecho de
petición11. […].
Por las consideraciones expuestas en precedencia y,
comoquiera que la solicitud de las copias que requiere la
actora se encuentra sometida al ordenamiento procesal, esto
es, a lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del
7 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
22 de marzo de 2018, identificado con el número único de radicación
110010315000201800601-00, M.P. María Elizabeth García González.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 18
de febrero de 2021, (C.P. Nubia Margoth Peña Garzón), Acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202005037-00.
10 Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
11 Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente nro. 2015-01196-00, Consejera ponente
María Elizabeth García González.
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Proceso12 -CGP-, antes artículo 115 del CPC, la Sala
determinará si la parte accionada incurrió en una mora
judicial injustificada en la entrega de las copias solicitadas.
[…]”.
Conforme con lo anterior, resulta pertinente examinar las
actuaciones realizadas por la autoridad judicial accionada, con
ocasión de la solicitud de copias dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2015-00132-00, con el fin de determinar si en
el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran la
mora judicial injustificada, por lo cual se procede a verificar el
historial de actuaciones de la página web de la Rama Judicial en el
módulo de consulta nacional de procesos, así:
12 “ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del
expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia
de las reglas siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las
autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo
requerirán constancia de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo
pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un
recurso o de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si
careciere de ellos, será de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so
pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas
de oficio o a solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).
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Lo anterior pone de manifiesto que desde el año 2018, la aquí
tutelante ha solicitado en ocho oportunidades al Tribunal que se le
expida copia auténtica de la sentencia que reconoció a su favor la
reliquidación de su asignación de retiro, por lo cual, las copias
auténticas solicitadas constituyen el título ejecutivo para hacer
exigible ante la entidad demandada el derecho que le fue
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reconocido mediante sentencia judicial.
Así mismo, de la revisión del informe de tutela rendido por la
Secretaria del Tribunal, la Sala advierte que a la fecha las
precitadas copias no han sido expedidas, toda vez que no ha sido
posible ubicar el expediente físico pese a las labores de búsqueda
que se han efectuado en las diferentes dependencias de esa
Corporación.
Igualmente, el Tribunal manifestó que el 9 de febrero del año en
curso, puso en conocimiento de dicha situación al Magistrado
ponente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
doctor Iván Fernando Prada Macías, por lo cual pasaron las
diligencias de búsqueda al despacho junto con una copia de la
sentencia digitalizada, que fue allegada por la relatoría del Tribunal,
con el objeto, de si es considerado procedente por el togado, se
ordene la reconstrucción del expediente.
Ahora bien, la solicitud de la actora ha sido formulada durante un
lapso de cuatro años, un mes y una semana, en ocho
oportunidades, esto es, el 19 de enero de 2018, el 27 de mayo de
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2019, el 24 de septiembre de 2020, el 16 de febrero, el 19 de abril,
el 17 de junio, el 11 de agosto y el 9 de noviembre de 2021, en las
que solicitó el desarchivo y expedición de copias auténticas de la
sentencia y de la totalidad del expediente identificado con el
número único de radicación 2015-00132-00, por lo tanto, la
respuesta del Tribunal, que no podría ser otra que la orden
mediante auto de expedir las copias, no se dio. La respuesta que se
le suministró fue que los días 24 de agosto de 2018, 9 de
noviembre de 2018 y 15 de febrero de 2019, mediante oficios
núms. 1047, 1082 y 146, respectivamente, se le solicitó a la oficina
de archivo el desarchivo del expediente para la posterior expedición
de las copias auténticas, sin embargo, nunca le fueron entregadas.
Aunado a lo anterior, en el informe allegado al presente trámite
tutelar, la accionada manifestó no haber encontrado el expediente,
por lo cual remitió copia simple de la sentencia al despacho del
Magistrado ponente de la decisión para continuar con la búsqueda
del mismo o para que provea sobre la reconstrucción del proceso.
En esas condiciones, la Sala advierte que, aunque al parecer, por
un error involuntario el expediente se extravió y es un hecho ajeno
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a la voluntad del Tribunal, lo cierto es que no puede desconocerse
que la actora no debe soportar esa carga, pues resulta vulnerador
de sus derechos al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, por cuanto durante más de cuatro años no se le ha
dado una solución a su situación, ni una respuesta pronta y
oportuna, que era la expedición de las copias y su autenticación,
así como tampoco se hizo dentro de los términos legalmente
establecidos para el efecto, sino que guardó silencio ante la
solicitud y únicamente en los años 2018 y 2019 le manifestó que se
había solicitado el desarchivo del expediente, lo cual es a todas
luces violatorio de los mencionados derechos de la accionante.
Así mismo, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada
aún no se ha pronunciado sobre la materia propia de la solicitud y
de manera clara y congruente, pues lo cierto es que aún no se
tiene certeza alguna frente al trámite que se le impartirá al
requerimiento de expedición de la copia auténtica de la sentencia
proferida por el mismo Tribunal accionado y de la totalidad del
expediente, pues lo cierto es que las fotocopias solicitadas por la
accionante no han sido expedidas y para tal omisión se han
antepuesto argumentos por parte del Tribunal que no son oponibles
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a la accionante, a quien se está causando un perjuicio, en la
medida que la necesidad de la copia solicitada es el interés de
hacer exigibles los derechos que le fueron reconocidos mediante
sentencia judicial.
En ese orden de ideas, esta Sala concederá el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de
justicia de la accionante.
En consecuencia, se ordenará al Tribunal que, si aún no lo ha
hecho, dentro del término de diez (10) días hábiles a partir de la
notificación de esta providencia, ordene la expedición de las copias
auténticas solicitadas por la señora MARTHA LUCÍA BLANCO DE
CORREA y, en caso de haber declinado en la búsqueda del
expediente contentivo de la sentencia de la cual la accionante
requiere la fotocopia auténtica, lo indique de manera inequívoca y,
determine en un término máximo de treinta (30) días si es
procedente la reconstrucción del expediente, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora
MARTHA LUCÍA BLANCO DE CORREA, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER que, si aún no lo ha hecho, dentro del término de
diez (10) días hábiles a partir de la notificación de esta providencia,
ordene la expedición de copias auténticas solicitadas por la actora
y, en caso de haber declinado en la búsqueda del expediente
contentivo de la sentencia de la cual la accionante requiere la copia
auténtica, lo indique de manera inequívoca y determine en un
término máximo de treinta (30) días si es procedente la
reconstrucción del expediente, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero
de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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