Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00655-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00655-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00655-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora pretende reabrir
un debate jurídico ya surtido y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo
con lo decidido en el proceso.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Nelyony Alonso
Vásquez Santiago contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 25 de enero de 2022, el señor Nelyony Alonso Vásquez Santiago, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad
social, así como los principios de favorabilidad, irrenunciabilidad, progresividad y no
regresividad pensional, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial
demandada, al proferir el fallo de 14 de octubre de 2021 2 , dentro del recurso
extraordinario de revisión 3 que promovió la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP) en su contra.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 Decisión que fue notificada el 3 de diciembre de 2021.
3 Identificado con número de radicado: 11001-03-25-000-2016-01027- 00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<<1.- Tutelar los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la Administración
de Justicia (arts. 29 y 229 de la C.N.) violación directa de la Constitución; iv) violación del
derecho a la seguridad social, favorabilidad, irrenunciabilidad, progresividad y no
regresividad pensional (art. 48 de la C.N.) en virtud del i) Defecto Sustantivo violación al
Debido Proceso (art. 29 de la C.N.); ii) defecto sustantivo por aplicación indebida del
precedente jurisprudencial proferido por el H. Consejo de Estado (sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2.018) y precedentes constitucionales previos (C 258/13 y SU 230-
2015).
2. Dejar sin efectos la sentencia del 14 de Octubre de 2.021 proferida por el H. CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B”, de fecha 14 de Octubre de 2.021, siendo Consejero Ponente el Dr.
CARMELO PERDOMO CUETER, por medio de la cual se declaró fundada la acción de
revisión presentada por la UGPP.
3.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al H. Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda-Subsección “B” C.P. CARMELO PERDOMO
CUETER, que en un termino perentorio profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta la
norma aplicable y el aparte del precedente jurisprudencial de esa Corporación que ordena:
“(…) que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”
(…)
“…de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia
ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio
decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las
causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.” >>4
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con
base en el artículo 86 Superior, de las pruebas allegadas y de lo expuesto por la
parte actora se tiene, que:
3.1.- El señor Nelyony Alonso Vásquez Santiago prestó sus servicios por más de 20
años a la Rama Judicial, por lo que, a través de la Resolución de 13 de mayo de
2005, la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL (hoy UGPP) le
reconoció la pensión de jubilación, prestación que fue reliquidada, mediante la
Resolución 56693 de 18 de noviembre de 2008. Contra dicha decisión se interpuso
recurso de reposición, frente al cual la referida entidad pensional guardó silencio.
3.2.- Inconforme con lo anterior, el accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de CAJANAL, con el fin de que se declarara
la nulidad de los citados actos y, en consecuencia, se ordenará a la entidad
demandada acceder al reajuste de la pensión de jubilación, con la inclusión de la
totalidad de los factores salariales devengados con la asignación más alta percibida
durante el último año de servicios, incluido el 100% de la bonificación por servicios
prestados, de conformidad con lo establecido en el Decreto 546 de 1971 5.
4 Expediente digital, folio 14 del escrito de demanda.
5 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.3.- El asunto le correspondió, en primera instancia, al Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito de Bogotá, despacho que, mediante fallo de 9 de
septiembre de 2011, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
decisión que fue confirmada por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 12 de abril de 2012.
3.4.- Para tal efecto, ambas autoridades judiciales estimaron que al actor le asiste el
derecho a que su pensión de jubilación sea liquidada de conformidad con el régimen
especial de pensiones previsto en el Decreto 546 de 1971, esto es, con base en el
75% de la asignación mensual más alta devengada durante el último año de
servicios, comoquiera que el demandante es beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 19936 y laboró por más de 24 años en
la Rama Judicial, acogiendo con ello el criterio establecido en la sentencia de 4 de
agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado.
3.5.- En desacuerdo con lo anterior, la UGPP interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, invocando la
causal de revisión prevista en el literal b del artículo 207 de la Ley 797 de 20038, al
considerar que: i) el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, solo aplica en relación con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la
prestación, por lo que se excluye el Ingreso Base de Liquidación (IBL), según lo
previsto en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 proferidas por la Corte
Constitucional y, ii) no resultaba procedente incluir en el cómputo de la mencionada
prestación el valor correspondiente a la bonificación por actividad judicial, toda vez
que no comportaba el carácter de factor salarial.
3.6.- Dicho asunto le correspondió para su conocimiento a la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, corporación que, a través del fallo de 14 de
octubre de 2021, declaró fundado el recurso extraordinario de revisión y, en
consecuencia, dictó sentencia de remplazo, mediante la cual revocó la sentencia de
9 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de
6 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
7 “Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia (…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código
y además:
(…)
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables (…)”. (se resalta)
8 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Bogotá, al interior del aludido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
3.7.- Estimó el Consejo de Estado que se configuraba la causal prevista en el literal
b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que al ordenar reliquidar la pensión
del demandante se autorizó un pago que excede al que aquel tenía derecho,
situación que perjudica injustificadamente el erario público.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, la parte actora aduce que la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y seguridad social, así como los principios de
favorabilidad, irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad pensional, al incurrir
en un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
4.1- Respecto al defecto sustantivo, sostuvo que se interpretó indebidamente la
causal invocada en el recurso extraordinario de revisión, el cual, a su juicio, resultaba
improcedente, pues el fallo recurrido fue proferido con la suficiente carga
argumentativa legal y jurisprudencial vigente para el momento de su expedición, sin
que se advierta un fraude a la ley o abuso del derecho.
4.1.1.- En ese sentido, señaló que la procedencia del recurso extraordinario de
revisión requería un análisis teleológico, según el cual teniendo en cuenta el criterio
de motivación del legislador, el propósito de consagrar las causales de revisión
consistía en afrontar graves casos de corrupción en materia de reconocimiento
pensional y evitar perjuicios que por esa causa pudiese sufrir el erario público.
4.2.- Por su parte, señaló que la autoridad judicial accionada se apartó de la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, dictada por esta Corporación,
mediante la cual se estableció que: “los casos respecto de los cuales ya ha operado
la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables
(…) las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo
de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a
la ley”.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 2 de febrero de 2022, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y a la UGPP,
como tercero interesado en las resultas del proceso. Adicionalmente, comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B9
6.- La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado manifestó que se
atiene a las razones que fueron expuestas en la providencia objeto de reproche
constitucional.
(ii) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP10
7.- La UGPP afirmó que en el presente asunto no existe vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados, pues la decisión cuestionada se ajusta al
ordenamiento jurídico y al precedente jurisprudencial sentado sobre la materia.
Además, señaló que la parte actora acude al juez constitucional en busca de una
tercera instancia, al pretender revivir un debate jurídico que ya fue resuelto por el
juez natural de la causa, por lo que pidió se declare improcedente el amparo
deprecado, máxime cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable
o afectación alguna a la seguridad social, pues el accionante se encuentra afiliado a
la Caja de Compensación COMPENSAR desde el 1 de marzo de 2014.
II. CONSIDERACIONES
C. De la acción de tutela contra providencias judiciales
8.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales11.
8.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior12.
8.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes13:
9 Intervención digital contenida en 2 folios.
10 Intervención digital contenida en 15 folios.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
8.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional14.
En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
8.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional15 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 16 ; (ii)
14 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
15 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo
siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión
de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo
intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso
concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia”.
16 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a
la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la
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Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales17; e (iii)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales18.
8.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales19: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
8.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no
tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés
constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-
1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512
de 2012, T-543 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
17 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
18 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.
19 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para
comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún
llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía
de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de
la Corte Constitucional.
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Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”20.
8.7.- De cuanto hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
adecuadamente formulados por el interesado21.
D. Análisis del caso concreto
9.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará, en lo que sigue, de verificar
si las circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el
requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en -el fallo de 14 de octubre de 2021-
, incurrió en los yerros o vicios alegados por la parte accionante y si se justifica la
adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.
E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
10.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional es necesario
entrar a examinar dos elementos, a saber22:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
20 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
21 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de
noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte
Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016.
22 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
11.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
recurso extraordinario de revisión y el contenido en sí mismo considerado de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B,
no encuentra esta Sala que dicha autoridad judicial haya transgredido los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, así como tampoco que hubiere
incurrido en ninguno de los defectos específicos que se le atribuyen. Ciertamente,
una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela permite
advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una
instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y
concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el juez natural de la causa
por no estar de acuerdo con la decisión de declarar fundado el recurso extraordinario
de revisión.
12.- En el caso objeto de estudio, el accionante alegó que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo al interpretar en forma indebida la causal
invocada en el recurso extraordinario de revisión, pues, a su juicio, el mismo no era
procedente, así como desconoció la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, proferida por el Consejo de Estado, particularmente, el numeral 2 y 3 de la
decisión, por los cuales se resolvió que: “los casos respecto de los cuales ya ha
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables. (…) Las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda
del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho
o fraude a la ley.”
13.- En relación con el supuesto desconocimiento del precedente judicial, se advierte
que la autoridad judicial demandada sustentó la providencia acusada en la
jurisprudencia vigente relacionada con el ingreso base de liquidación en el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993, incluso fue objeto de estudio la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, dictada por esta Corporación. Por
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
interesar al asunto, la Sala traerá a colación el análisis efectuado en la sentencia
enjuiciada:
<< (...) se abordará, en primer lugar, el tema del régimen de transición y la interpretación que
de este han planteado tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado (…)
la sala contencioso-administrativa del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el
28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero
ponente César Palomino Cortés, en la que al estudiar un caso en el que se reclamaba el
reajuste de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, asumió una nueva
posición y precisó que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador
excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de
obtener su pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen previo al
que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella; por ende, según el principio de
favorabilidad, la correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación
pensional, debe determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más benéfico al
pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar por el promedio de lo
cotizado durante (i) el lapso que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1o
de abril de 1994) y la adquisición del estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) todo
el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de precios al
consumidor (IPC); o (iii) los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.
(…)
En el asunto sub judice, la UGPP asevera que en el fallo objeto de revisión se desconoció el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto de la transición prevista en la
Ley 100 de 1993, particularmente en que esta solo permite la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el interesado frente a los requisitos de edad,
tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, mas no el IBL.
En tal sentido, se encuentra que, aunque la posición actual del máximo tribunal de lo
contencioso-administrativo coincide con la adoptada en el 2013 por la Corte Constitucional,
lo cierto es que para el 12 de abril de 2012, fecha en que fue dictada la decisión acusada en
sede de revisión, la tesis vigente, imperante y pacífica era la fijada por la sección segunda
del Consejo de Estado desde inicios de siglo (año 2000).
Entonces, con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda) confirmó la providencia de primera
instancia, en cuanto ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor Velásquez Santiago
con base en el 75% «[...] de la asignación básica mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicios, de acuerdo al régimen especial que le asiste [...]»,
por estar acreditado que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y,
en esa medida, sujeto en su integridad a las previsiones de los Decretos 546 de 1971 y 717
de 1978.
(...)
Asimismo, cabe recordar que en los aludidos fallos de 28 de agosto de 2018 y 11 de junio
de 2020 esta Corporación precisó que «No puede entenderse, en principio, que por virtud
de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en
el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se
llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que
haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la prosperidad o no de la causal invocada»; y, por ende, determinó que «[...] los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables».
(...) Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que la sala mayoritaria de esta subsección, al
desatar recursos extraordinarios de revisión interpuestos por la UGPP con el ánimo de
cuestionar providencias proferidas por tribunales administrativos como la que aquí nos
convoca, ha dicho que aunque estas hayan acogido el precedente de 4 de agosto de 2010,
«[...] lo cierto es que a partir del Acto Legislativo No. 1 de 2005, es decir, con antelación a la
prenotada sentencia, el principio de sostenibilidad financiera se tornaba de obligatorio
acatamiento para el Consejo de Estado como intérprete de la ley [...]. De tal manera que [...]
no podía soslayarse lo dispuesto en Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente, lo
dispuesto en su inciso 6, en el sentido que para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrían en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994»23 (sic). En suma, la postura
adoptada por la sala de decisión aquí integrada se contrae a que a partir de la expedición
del Acto legislativo 1 de 2005 quedó proscrita la posibilidad de reconocer pensiones a
beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión
de factores salariales sobre los cuales no se hayan realizado aportes y no figuren en el
Decreto 1158 de 1994.
(…) el consejero ponente aplicará en este asunto la postura dominante de esta subsección
B24 (que como se vio, varió de la que traía con antelación), en el sentido de que en «[...] lo
atinente a la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición y los
factores salariales a incluir, la interpretación correcta es aquella que se encuentra no solo
acorde con la naturaleza y características del régimen de transición, sino con las del Sistema
General de Pensiones, que, por tener una especial connotación contributiva, determina y
concibe el monto de sus prestaciones en función de las cotizaciones efectuadas. De manera
que, atendiendo los precitados postulados, la liquidación de las pensiones de las personas
beneficiarias de la transición debe hacerse con base en los ingresos recibidos por el afiliado
que, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, sirven de base para
el cálculo de las cotizaciones que deben realizarse al Sistema General de Pensiones»25>>
(se resalta).
13.1.- De lo expuesto, se observa que si bien la providencia recurrida acogió el
criterio jurisprudencial fijado por esta Corporación en el fallo del 4 de agosto de 2010,
pues para la fecha en que fue proferida -12 de abril de 2012- no se habían expedido
la sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, ni el fallo unificador del 8 de agosto
de 2018, lo cierto es que, acorde con la posición mayoritaria de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, a partir de la expedición del Acto Legislativo 1
de 2005, se dispuso que para la liquidación de las pensiones únicamente se tendrían
23 Cita original: “Ver, por ejemplo, fallo de 22 de abril de 2021, expediente 11001-03-25-000-2018-
01161-00 (4037-2018), entre otros”.
24 Cita original: “De la cual se había apartado en fallos de (i) 25 de febrero, expediente 11001-03-25-
000-2018-01081-00 (3854-2018); (ii) 18 de marzo, expediente 11001-03-25-000-2019-00142-00 (841-
2019); y (iii) 22 de abril, expediente 11001-03-25-000-2018-01161-00 (4037-2018), todos de 2021,
entre otros, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.”
25 Cita original: “Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda,
subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, providencia de 22 de abril de 2021, acción de revisión
11001-03-25-000-2018-01161-00 (4037-2018).”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere cotizado, así como
hizo remisión a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994, respecto al régimen de transición del IBL.
13.2.- Así pues, la decisión cuestionada no desconoce lo dispuesto en la parte
resolutiva de la sentencia unificación del 28 de agosto de 2018, pues si bien allí se
estableció que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada
resultan inmodificables, también se dijo que si contra estas se adelantaba el recurso
extraordinario de revisión sería el juez, en cada caso, el que definiera la prosperidad
o no de la causal invocada.
13.3.- En ese orden de ideas, el ordenamiento jurídico ha permitido que, bajo ciertas
causales, las providencias judiciales puedan ser objeto de revisión, pues, dada su
naturaleza, el recurso extraordinario de revisión es “un medio de impugnación y una
excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada porque, a través de este, se abre la posibilidad de controvertir fallos
ejecutoriados”26.
13.4.- En ese sentido, el legislador contempló expresamente ciertas situaciones que,
por su gravedad, habilitan romper el principio de cosa juzgada de las decisiones
ejecutoriadas, de ahí que, únicamente pueden ser revisadas las sentencias que
abarquen el supuesto de hecho de la causal de revisión.
14.- En esa línea, tampoco se advierte que la autoridad judicial accionada haya
interpretado indebidamente la causal de revisión prevista en literal b del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, pues, en el caso objeto de estudio, la providencia recurrida
le reconoció al señor Nelyony Alonso Vázquez Santiago, el reajuste de su pensión
de jubilación, excediendo el derecho pensional que legalmente le asistía, tal como lo
prevé la normatividad citada y la jurisprudencia anteriormente descrita. Al respecto,
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que:
<< El recurso extraordinario de revisión, en la hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
es un medio de impugnación sui generis, por su creación y al prever la revisión del
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública,
por causales definidas en forma precisa, lo cual implica que las facultades del juez que lo
conoce se reducen al estudio de los planteamientos aducidos por el recurrente, que deben
estar dirigidos a configurar la causal alegada como sustento de la pretensión bajo examen.
(…)
En el asunto sub judice, la UGPP invocó la causal contenida en la letra b del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», al
considerar que el fallo acusado (i) no solo interpretó de manera equivocada los artículos 21
26 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00, CP.
Alberto Montaña Plata.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
y 36 de la Ley 100 de 1993, sino que desconoció el precedente obligatorio y vinculante
sentado por la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, que
aluden que el concepto «monto» solo hace referencia a la tasa de reemplazo y no incluye el
IBL; y (ii) ordenó incorporar en la liquidación pensional la bonificación por actividad judicial
recibida por el demandado durante el último año de servicio, sin prestar mientes en que para
la fecha de desvinculación (año 2005) no constituía factor salarial.
(…)
Así las cosas, es claro que en el asunto sub judice se configura la causal contenida en la
letra b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puesto que al ordenar reliquidar la pensión del
demandante se autorizó un pago que sobrepasa al que este tenía derecho, circunstancia
que sin duda perjudica injustificadamente el erario, por lo que debe ser enmendado.>>
14.1.- De la lectura total del fallo acusado se observa que se citaron las normas y la
jurisprudencia que el juez consideró aplicables al caso concreto, así mismo, que
estudió los hechos y las pruebas aportadas y, con base en ese análisis determinó
válidamente que la sentencia que ordenó reliquidar la pensión del señor Nelyony
Alonso Vásquez Santiago, con base en el 75% de la asignación básica mensual
percibida durante el último año de servicios con inclusión de todos los factores
salariales devengados, desconoció la correcta interpretación y aplicación del IBL de
acuerdo con lo expresamente establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
el Acto Legislativo 1 de 2005.
15.- Visto lo anterior, esta Sala considera que las circunstancias fácticas que dieron
paso a la decisión sometida a estudio, y de los fundamentos jurídicos y
jurisprudenciales que expuso la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una indebida
aplicación legal o desconocido el precedente judicial. Por el contrario, la decisión
cuestionada en esta sede encuentra claro sustento en el principio de libre valoración
judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el
resultado de una interpretación razonable del material probatorio aportado al
proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo delimitan y que
resultaban aplicables al caso.
16.- En definitiva, la Sala estima que la determinación de declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión estuvo fundada en la sana crítica, con una carga
argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente
a la apreciación de las pruebas de manera conjunta y la normatividad aplicables al
caso, sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la
parte actora.
17.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de revisión, responden, en realidad, a una discrepancia valorativa
sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como
una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00655-00
Accionante: Nelyony Alonso Vásquez Santiago
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.
18.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por lo cual, esta Sala declarará improcedente
el amparo impetrado por el señor Nelyony Alonso Vásquez Santiago.
19.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE27
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
27 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
14
Sigue leyendo
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