RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-00663-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00663-00

Fecha
6 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00663-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la sentencia del 16 de octubre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio de Educación Nacional, en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo de Estado. TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto de gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados y de condenar en costas en favor del Departamento de Risaralda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00663-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

6 de septiembre de 2022

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00663-00
Demandante: MARÍA BEATRIZ GUERRERO RAMÍREZ
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -
DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Temas: Análisis de la causal 5ª de revisión - Nulidad originada en la
sentencia – Requisitos para su configuración – Análisis de la
incongruencia externa.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO

OBJETO DE LA DECISIÓN

No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Beatriz
Guerrero Ramírez, por intermedio de apoderado judicial1, con el cual pretende
que se infirme la sentencia dictada el 16 de octubre de 2020, por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por la recurrente en
contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de
Risaralda – Secretaría de Educación Departamental.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La señora María Beatriz Guerrero Ramírez presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda
– Secretaría de Educación Departamental en la que solicitó la declaratoria de
invalidez de la Resolución N.o 23657 del 18 de diciembre de 2015, por medio del
cual se le negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios que –a
juicio de la demandante– se causaron “por el pago tardío de la homologación y

1 El recurso fue interpuesto por el abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, quien cuenta con poder especial
conferido con los requisitos legales.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de Educación del
Departamento de Risaralda.”

1.2. Sentencia de primera instancia

2. Surtido el trámite procesal, el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala
Primera de Decisión dictó sentencia de primera instancia –el 14 de marzo de
2018– en la que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte vencida en el juicio.

3. El a quo del proceso ordinario realizó un recuento del procedimiento que
se adelantó para reconocer y reajustar prestaciones económicas a la
demandante, como consecuencia de la homologación y nivelación salarial
autorizada por el Ministerio de Educación Nacional.

4. Del examen de las etapas administrativas surtidas en el mismo, concluyó
que “de modo alguno puede observarse que el Ministerio de Educación o el
Departamento de Risaralda -en este caso- incurrieron en una situación injustificada del
pago, ante la evidencia de las múltiples etapas que fueron superadas y que resultaban
necesarias para efectuar el pago adeudado a la aquí demandante.”2

5. Agregó que las sumas de dinero se pagaron debidamente indexadas sin
que, en consecuencia, fuera procedente el reconocimiento adicional de intereses
moratorios, toda vez que estos dos conceptos son incompatibles.

1.3. Sentencia de segunda instancia

6. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en
contra del fallo de primer grado, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “B”, en sentencia dictada el 16 de octubre de
2020, que confirmó la decisión de negar las súplicas de la demanda, pero revocó
la condena en costas.

7. El ad quem valoró en su conjunto las pruebas allegadas a la actuación de
las cuales se concluyó que “comoquiera que el pago de los dineros reconocidos a la
actora el 31 de diciembre de 2012 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación) se
realizó en enero de 2013, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que
esa *tardanza” implica que se generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando
en ninguno de los actos administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que
se cobre como sanción por el simple retardo o incumplimiento de él, y, además, ello
debe tener su previsión legal”.

8. La Sección resolvió el caso con fundamento en los antecedentes
contenidos en sentencias que resolvieron casos con identidad fáctica y jurídica.

2 El Tribunal sustentó esta decisión en la Sentencia del 28.09.2017 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “B”, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 73001233300020140024401
(2077-2015), cuyos principales apartes transcribió ampliamente.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

9. El fallo se notificó el 25 de enero de 2021, de tal manera que la sentencia
cobró ejecutoria el 1º de febrero de la citada anualidad.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

2.1. Demanda

10. Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría General del
Consejo de Estado el 25 de enero de 2022, la señora María Beatriz Guerrero
Ramírez, por intermedio de apoderado, interpuso recurso extraordinario de
revisión, en el que incluyó las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. – Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de
Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda -
Subsección B, del 13 de noviembre de 2019, bajo el número referenciado,
que confirma la decisión adoptada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda.

SEGUNDO. – En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la
sentencia viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho
de origen, es decir, Subsección B, conformada por los consejeros de
Estado Carmelo Perdomo Cuéter, Sandra Lisset Ibarra Vélez y César
Palomino Cortés, para que se resuelva en debida forma, es decir,
profiriendo un fallo favorable.

TERCERO. - Las demás que este Honorable Despacho considere
necesarias.”

11. La parte recurrente precisó las etapas del procedimiento administrativo de
homologación y nivelación salarial y reseñó el trámite judicial que se dio en sede
de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Causal de revisión invocada y sustento

12. Como causal de revisión la parte recurrente invocó la consagrada en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como
supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso.

13. Argumentó que la sentencia es invalida porque incurrió en incongruencia,
que sustentó en la consideración expuesta en la sentencia, según la cual “(…) si
bien es cierto el pago efectuado a la parte que hoy demanda, fue realizado con
posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, ello no significa per se la
configuración de la mora (…)”.

14. Argumentó que el Ministerio de Educación Nacional dispuso que la
homologación se cumpliera en seis (6) meses y no en catorce (14) años. Advirtió
que no comparte la conclusión según la cual los intereses moratorios reclamados
no están consagrados en alguna disposición normativa, señalando que, según

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

ello, se deberían expedir normas diversas que ordenen su reconocimiento para
sustentar según cada materia y especialidad.

15. Consideró que se faltó al deber de congruencia porque “a través de la
sentencia objeto de revisión, reconoce que el pago de la homologación, en efecto fue
realizado de manera posterior al momento de su exigibilidad, pero de una manera
totalmente diferente a la expuesta en la demanda. La autoridad judicial entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 31 de diciembre
de 2012, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente retroactivo, y el mes
de enero de 2013, cuando se efectuó el pago correspondiente, por lo que tal lapso fue
razonable, según la comprensión del despacho.”

16. Aseveró que, contrario a ello, en la demanda se solicitó el reconocimiento
de intereses de mora desde el año 1996, cuando la demandante pasó a
pertenecer a la planta de personal territorial y hasta el año 2013, fecha en la cual
se concretó el pago del retroactivo.

17. Precisó que, en ese orden, el sentido que se le dio al período reclamado
difiere con el relacionado en la demanda, con lo cual se desconoció el debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución y el principio de
congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso3, toda
vez que no existen en el plenario elementos que hubieran llevado al juez a
concluir que lo pretendido era el reconocimiento de intereses moratorios por un
mes y no por todo el tiempo que se tardó el procedimiento administrativo.

18. Agregó que en la decisión censurada no se analizaron las normas
jurídicas en que debió sustentarse y tampoco se indicaron las razones por las
cuales no procede el reconocimiento de los intereses moratorios reclamados, por
lo que advierte que no se motivó debidamente la decisión y que esta es “contra
legem” y perjudicial para los intereses de los usuarios de la administración de
justicia.

2.3. Actuaciones procesales relevantes

2.3.1. Auto por medio del cual se inadmitió la demanda

19. El 15 de febrero de 2022, por auto de ponente, se inadmitió la demanda,
por no concurrir los requisitos legales exigidos para su admisión, concediéndole
plazo a la parte actora para que: i) identificara la providencia contra la cual se

3 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y
que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.”
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

dirige la censura, con indicación de encontrarse debidamente ejecutoriada, y de
la autoridad judicial que la dictó; ii) indicara las partes y sus apoderados en forma
clara, así como con los canales físicos y digitales en los cuales recibirían
notificaciones; y iii) remitiera copia de la demanda nuevamente integrada y de
sus anexos a los correos de las entidades demandadas.

2.3.2. Notificación del auto inadmisorio y escrito de subsanación

20. El auto por medio del cual se inadmitió la demanda se notificó por estado
a la parte demandante el 17 de febrero de 2022 y el 22 del mismo mes y año,
esto es, dentro del término de cinco (5) días concedido, esta subsanó en debida
forma el libelo.

2.3.3. Auto admisorio de la demanda

21. Corregidas las irregularidades advertidas, el 14 de marzo de 2022 se
admitió la demanda, auto que se notificó a las partes, integrándose en debida
forma el contradictorio.

22. También se surtió la notificación al representante del Ministerio Público y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a esta última en los
términos y para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

2.3.4. Contestación de la demanda

2.3.4.1. Ministerio de Educación Nacional

23. Esta cartera, por intermedio de apoderada judicial4, se opuso a las
pretensiones de la demanda por considerar que, los argumentos expuestos por
la parte recurrente no corresponden a la causal prevista en el numeral 5º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, sino la pretensión del recurrente de reabrir
el debate jurídico que se surtió en las instancias del proceso.

24. Señaló que los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 5 establecieron el
procedimiento a seguir para incorporar a los docentes, directivos docentes y
administrativos a las plantas de personal financiadas con recursos del Sistema
General de Participaciones, antes Situado Fiscal, el cual se debía llevar a cabo a
más tardar el 21 de diciembre de 2003.

25. Para ello, se requería un estudio técnico previo, toda vez que se tenían
que fijar las plantas de personal docente, directivo docente y administrativos de

4 El jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional le confirió poder especial a la profesional

del derecho Rocío Ballesteros Pinzón, con el lleno de los requisitos legales.
5 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151,288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

los planteles educativos y luego proveer dichos cargos en las entidades
territoriales, para la prestación del servicio educativo, incorporándolos a las
mismas.

26. Agregó que, la “municipalización de la educación igualmente se cumplió
mediante un proceso de incorporación y homologación de cargos”, que, para el caso
del personal administrativo del servicio educativo, generó costos derivados del
estudio técnico que involucraba el grado de remuneración que correspondía a las
funciones que debían cumplir, los requisitos exigidos para el cargo conforme a
las necesidades del servicio y a los elementos estructurales del empleo,
amparados en criterios de igualdad y equivalencia, frente al personal que
laboraba en las plantas de las entidades municipales.

27. Señaló que el Ministerio de Educación, mediante la Directiva Ministerial 10
del 30 de junio de 2005, estableció las directrices para llevar a cabo este proceso
que les correspondió adelantar a los entes territoriales.

28. A continuación, se refirió ampliamente a la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión, a la causal de nulidad originada en la sentencia, al
principio de congruencia e indicó el problema jurídico planteado en la sentencia,
que correspondió al siguiente: “¿De acuerdo con el recurso de apelación,
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste
derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor
correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Risaralda?”.

29. Lo anterior, para concluir que el planteamiento efectuado en la sentencia
que resolvió el proceso guarda total congruencia con las pretensiones de la
demanda y que las motivaciones y el debate surtido en esta estuvieron
orientados a darle respuesta al referido interrogante, por lo que no se configura la
causal de nulidad alegada por la parte recurrente.

30. Finalmente, precisó la evolución normativa y jurisprudencial de la
homologación y nivelación salarial dispuesta para los empleados incorporados en
las plantas de personal de los municipios e indicó los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado que han determinado con carácter
vinculante la incompatibilidad de condenar concomitantemente al pago de
intereses moratorios e indexación, toda vez que los dos conceptos obedecen a la
misma causa que es evitar la devaluación del dinero.

31. Como excepción de mérito, propuso la legalidad de la sentencia
censurada, por considerar que es congruente con lo pedido, lo debatido y lo
probado en el proceso y que se encuentra debidamente motivada, contiene un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, así como la
decisión de las excepciones propuestas.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

2.3.4.2. Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación
Departamental

32. La entidad territorial no contestó la demanda, pese a estar debidamente
notificada del auto admisorio6.

2.3.4.3. Concepto del Ministerio Público

33. El representante del Ministerio Público no rindió concepto en el presente
asunto.

2.5. Etapa probatoria

34. Por auto dictado el 21 de abril de 2022 se decretó la prueba consistente
en la incorporación al proceso del expediente contentivo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, prueba de la cual se dio traslado a las partes en los
términos del artículo 110 del Código General del Proceso el 15 de mayo de la
presente anualidad.

2.2.8. Manifestación de impedimento y trámite impartido

35. En escrito del 8 de julio de 2022, la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez
manifestó su impedimento, el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1º y 2º del artículo 141 del
Código General del Proceso, que tienen como supuestos de hecho: i) tener
interés directo o indirecto en el proceso; y ii) “haber conocido del proceso o realizado
cualquier actuación en instancia anterior”, respectivamente.

36. Para sustentar las causales alegadas, la Magistrada manifestó, en primer
lugar, que le asiste el interés indirecto consistente en que predomine la decisión
objetada, porque está convencida del criterio jurídico que la fundamentó ya que
fue proferida con sujeción a las normas legales y a la jurisprudencia aplicable al
caso.

37. Advirtió que en el presente medio extraordinario se controvierte la
sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda -Subsección B el 16 de octubre de 2020 que
confirmó la decisión de negar las súplicas de la demanda y revocó la condena en
costas a la parte vencida en el juicio y que, al hacer parte de la misma
conllevaría a examinar la postura o criterio fijado por la sala de decisión en la
cual participó.

38. Señaló que, “si bien el recurso extraordinario de revisión es un asunto que se
surte en única instancia y bajo tal condición, el criterio pacífico de esta corporación es

6 Ver índice 16 del SAMAI.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

que se trata de un nuevo proceso distinto de aquel en el cual derivó la providencia que
se cuestiona, lo cierto es que, la suscrita magistrada integró la Sala de decisión de la
subsección B de la sección segunda de donde emanó la providencia ahora recurrida a
través del presente mecanismo extraordinario…”. A juicio de la Magistrada al
referirse el recurso extraordinario de revisión a los mismos temas que fueron
resueltos por la Sala de la cual hizo parte y en la que expresó las razones
jurídicas por las cuales se debía despachar en forma desfavorable las
pretensiones del demandante afectan el principio de imparcialidad el cual le
corresponde salvaguardar

39. El impedimento manifestado por la Magistrada Ibarra Vélez fue resuelto a
través de auto del 18 de julio de 2022, en el cual de una parte: i) se declaró
infundada la configuración de la causal contenida en el numeral 2° del artículo
141 del Código General del Proceso y en lo atinente a la argumentación referida
a la existencia de pruebas recobradas y ii) declaró fundada la manifestación
respecto de la causal contemplada en el artículo 141 numeral 1º del Código
General del Proceso en torno a la causal de nulidad originada en la providencia
que puso fin al proceso e hizo tránsito a cosa juzgada, razón suficiente para
apartarla del conocimiento del asunto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL

3.1. Normatividad aplicable

40. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos
que deben cumplirse para su admisión y procedencia, en los artículos 248 a
2557, modificados parcialmente por la Ley 2080 de 2021.

3.2. Presupuestos procesales de la acción

3.2.1. Competencia

La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Beatriz Guerrero Ramírez, con el cual pretende
que se infirme la sentencia dictada el 16 de octubre de 2020, por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por la recurrente en
contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de
Risaralda – Secretaría de Educación Departamental.

41. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en

7 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

virtud del cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión8.

42. Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de
Decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente
les encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo
321 de 2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia,
asignándoles, entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos
contra las sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado,
competencia que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo
080 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente
vigente.

3.2.2. Oportunidad

43. En el sub examine se encuentra acreditado que la demanda se dirige
contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2020, notificada el 25 de enero
de 2021, la cual cobró ejecutoria el 1º de febrero de 2021 y el recurso fue
interpuesto el 25 de enero de 2022, lo que significa que no alcanzó a transcurrir
el año al cual se refiere la norma aplicable al caso.

3.2.3. Legitimación en la causa

44. En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, debe
expresarse que María Beatriz Guerrero Ramírez está habilitada por activa y el
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda – Secretaría
de Educación Departamental por pasiva, respectivamente, porque fueron las
partes del juicio en el que se dictó la sentencia, objeto de la petición de revisión
del vocativo de la referencia.

3.3. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el fallo dictado el 16
de octubre de 2020, por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección
“B”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la
actora en contra del Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de
Risaralda, con el que se pretendía el reconocimiento y pago de los intereses

8 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta
sentencia se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede excluir de plano
a todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite concluir que no deba
decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento, por lo cual es claro que no se
afectan los principios de imparcialidad e independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no
vulnera el principio de imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de
uno de los magistrados que aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible
excluir a todos los consejeros que participaron de la decisión impugnada.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

moratorios que –a juicio de la accionante– se causaron como consecuencia de la
dilación del procedimiento administrativo de homologación y nivelación salarial
que se llevó a cabo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 38 de
la Ley 715 de 2001 y en la Directiva Ministerial 10 de 2005.

46. En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica señalada por la
parte actora, el material probatorio recaudado y los argumentos expuestos en el
libelo introductorio y en la contestación que realizó el Ministerio de Educación
Nacional, el problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
establecer si se configura en el sub examine la causal 5ª de revisión, consagrada
en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, referida a existir nulidad en la
providencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso alguno.

47. Como subproblema jurídico, corresponde establecer si en la sentencia se
incurrió en desconocimiento del principio de congruencia, de tal entidad, que
conlleve a invalidar la decisión.

48. Para resolver el problema y el subproblema planteados, la Sala abordará
los siguientes ejes temáticos: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión; ii) causal de nulidad originada en la sentencia; iii) principio de
congruencia y violación de este como causal de invalidez; y iv) análisis del caso
concreto.

3.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

49. Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, amparadas por la intangibilidad de
la cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley9.

50. Las providencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales
Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces
Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso.”10

9 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características esenciales que

se indican ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes sentencias: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2.03.2010, Rad. REV-2001-00091,
6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-
02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad. REV-070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad.
REV-037; Sección Tercera, sentencia del 22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de
15.07.2010, Rad. 2007- 00267.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

51. Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de las
demandas ordinarias, indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011,
especialmente, el recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de
plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en
el artículo 250 ejusdem en que se funda el recurso.

52. Constituye un presupuesto de especial trascendencia que la parte actora
aporte las pruebas necesarias, pertinentes e idóneas, encaminadas a acreditar la
causal de nulidad que alega.

53. En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones
expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

54. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor de la Sala no puede
exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de
revisión, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo11.

55. Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada
por el juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de apreciación de los
hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el
fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de

11 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo
examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido,
en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que
con el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)". Sobre la naturaleza taxativa del recurso
extraordinario de revisión ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Sentencia del 29.04.2015, M.P. Danilo Rojas Betancourt; 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239); Sección
Primera, Sentencia de 26.11.2018, radicado 11001-03-24-000-2009- 00616-00(REV), M.P. Nubia Margot
Peña Garzón Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia del 13.10.2020, M.P. Alberto Montaña Plata,
Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV). Esta última sentencia cuenta con la siguiente cita original “Al
respecto consultar sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de: 17 de julio de 2013, rad.
11001- 03-15-000-2009-00062(REV); 26 de febrero de 2013, rad. 11001-03-15-000-2008- 00638-00(REV) y
de 18 de octubre de 2005, rads. 11001-03-15-000-1998-00173- 00(REV) y 11001-03-15-000-1999-00226-
00(REV).”
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su
validez.”12

56. En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores
judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de
hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de
esta (error de derecho)13.

3.5. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso

57. Este supuesto corresponde a la causal consagrada en el numeral 5º del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en virtud de la cual “Son causales de revisión: “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”14.

58. La causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que
buscan circunscribir su alcance, para evitar que ella se emplee con la única
finalidad de que el juez de la revisión se convierta en uno de instancia. Por ello,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha delimitado las circunstancias
que pueden configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada
uno de los supuestos consagrados en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil -hoy 133 del Código General del Proceso-, e incluyó aquellas
que, no obstante, no estar consagradas en esa normatividad, igualmente,
permiten interponer el medio de impugnación, por constituir violaciones al debido
proceso.

59. En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de
revisión, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201615,
explicó:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del

3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E); Sala Veintisiete (27) Especial de Revisión, Sentencia del
3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV);
13 De cualquier forma, será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con

el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de
justificación o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede de lo
contencioso administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 14.08.2008, Rad. 16.594
14 En cuanto al alcance de esta causal, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, Sentencia del

7.04.2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad 110010315000201300358-00; Sala Décima Especial de
Decisión, Sentencia del 1.11.2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. Sala Veintisiete (27) Especial de
Revisión, Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV);
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, Sentencia del 1º.03.2018, M.P. Cesar Palomino
Cortés; Rad. 11001-03-15-000-2012-00230- 00(REV); Sala Veintisiete Especial de Decisión, Sentencia del
3.03.2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-03970-00(REV).
15 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. Radicación:

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

“9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave
o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la
sentencia16:
…
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.
… (…).”17

60. Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que
surgen de la vulneración directa del artículo 29 constitucional, evento en el cual
corresponderá al juez determinar si el hecho que se considera vulnerador del
debido proceso, puede configurar la causal de revisión en comento, circunstancia
que se deriva de la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de
convencionalidad en garantía de los derechos fundamentales de quienes
intervienen en un proceso judicial.18

61. Así lo entendió la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta
Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del
mismo [hoy 133] y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29”19.

62. Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una
causal diferente de las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad
originada en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional,
en donde el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega
tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que

110010315000 2008 00320 00.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 11.05.1998, rad. REV-

093; de 18.10,2005 rad. 2000-00239, de 20.10.2009, rad.REV-2003-00133; y de 7.04.2015, M.P. Jorge
Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11.06.2009, rad. 836-06; y Sección
Primera, sentencia del 14.12.2009, rad. 2006-00123.
17 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene

plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en
el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad
originada en la sentencia.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del

8.05.2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), unificó el criterio sobre el alcance de
la causal, precisando que puede configurarse por evidenciarse una violación del artículo 29 Constitucional –
debido proceso.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Melida Valle

de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos decisiones
en igual sentido.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en la medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar
el núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al
debido proceso.

63. Cabe destacar que el legislador, en el artículo 255 de la Ley 1437 de
2011, previó que en aquellos eventos en que se llegare a encontrar acreditada
esta causal se debe declarar la nulidad de la sentencia o de la actuación
afectada con la circunstancia que originó la revisión, y se devolverá el proceso a
la autoridad judicial que dictó la sentencia, para que rehaga lo actuado o dicte
sentencia de nuevo, según corresponda.

64. Bajo el anterior marco normativo y conceptual se analizarán los
argumentos del recurso en el presente asunto, reiterando que se tendrá en
cuenta el carácter sustancial de la irregularidad alegada, esto es, aquél que
resulte determinante para el sentido de la decisión.

3.6. Principio de congruencia

65. La congruencia procesal se ha definido como, “el principio normativo que
delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con
el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y
contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra
el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del
denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas
oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para
separarse de ellas”.23

66. En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está
delimitado por las pretensiones de la demanda y por los argumentos expuestos
en las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta y los
hechos que se esgrimen en la demanda.

67. Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso,
norma aplicable por remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.20

68. En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la
congruencia debe ser interna y externa21. La primera obedece a la

20 Las citadas normas procesales establecen que “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos

y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. (…)”
21 Consejo de Estado, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P Rocío Araújo Oñate,

11001-03-15-000-2019-03970-00(REV). En esa sentencia se infirmó el fallo por el haberse incurrido en
contradicción entre la parte motiva y la resolutiva del fallo de segunda instancia, por falta de comprobación
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la
sentencia; y la segunda, esto es la externa, a que la decisión contenida en la
parte resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda y en
su contestación.

69. En relación con este aspecto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, expresó:

“El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en
los artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con
el 305 del C.P.C., [hoy 281 del C.P.G.] que señala que el juez en la sentencia
debe analizar ‘los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las
normas jurídicas pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones.”22

70. Conforme con lo expuesto, este principio tiene como finalidad que la
providencia tenga concordancia y armonía entre lo pretendido, lo pedido por las
partes y lo decidido por el juez23, en ausencia de lo cual la providencia no es
válida, porque el fallador excede su competencia, la que -se reitera- está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda, lo cual ratifica que
constituye un elemento de validez de esta24.

71. Efectuadas las anteriores consideraciones sobre la causal de nulidad
alegada, se analizarán las razones expuestas en la demanda, con el fin de
establecer si encuadran en el supuesto de hecho de la causal invocada y los
lineamientos que al respecto ha señalado la Sala Plena de esta Corporación, que

de la coincidencia de las reglas y subreglas contenidas en la sentencia de unificación de jurisprudencia del
28 de agosto de 2018, aplicables al caso concreto, con lo resuelto en los actos administrativos demandados.
También se consideró que se incurrió en incongruencia externa porque no se examinaron las pretensiones
de la demanda y se les dio a las mismas un alcance y finalidad que no tenían.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16.08.2002, M.P. Juan

Ángel Palacio Hincapié, Rad. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B,
Sentencia del 28.05.2020, M.P. Cesar Palomino Cortés, Rad. Rad. 11001-03-25-000-2013-00838-00,
Sección Cuarta, Sentencia del 26.07.2013, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Rad. 25000-23-27-000-
2008-00228-02(18380); Sentencia del 22.03.2013, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Rad. 63001-23-
31-000-2010-00110-01(19136); Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia del 26.10.2017, M.P. Cesar
Palomino Cortés, Rad: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15); Sala Veintisiete (27) Especial de
Revisión, Sentencia del 3.04.2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV);
Sala Veintisiete Especial de Decisión, Sentencia del 3.03.2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2019-03970-00 (REV).
23 Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2000, reiterada en la T-079 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido
24 Corte Constitucional, Sentencia T-455 del 25.10.2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. En esta sentencia

la Corte precisó que “El juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y
excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se
pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo
pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo
contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento.
El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por
parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley
para ello.” En esa medida es parte del núcleo esencial del debido proceso.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

tienen carácter vinculante para las Salas Especiales y las Secciones al momento
de resolver un recurso de esta naturaleza.

3.7. Análisis del caso concreto con fundamento en la causal de revisión
alegada y los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta

72. Cabe destacar que la parte actora argumentó que la sentencia debe ser
invalidada, por desconocimiento del principio de congruencia, principalmente
porque en la demanda pidió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
correspondientes a la duración completa del procedimiento administrativo de
homologación y nivelación de los cargos y (desde la incorporación de la
demandante al cargo en la planta de personal del municipio) y, contrario a ello,
en la sentencia se interpretó que el reconocimiento se circunscribía al mes que
transcurrió entre la expedición del acto administrativo y el pago efectivamente
realizado que correspondió a un mes y no a catorce años.

73. Tal alegación impone examinar las pretensiones de la demanda, las
excepciones propuestas por la parte demandada, la sentencia de primera
instancia, el recurso de apelación y la decisión de segunda instancia, con el fin
de determinar si existe correspondencia entre unos y otros, como lo exige el
artículo 281 del C.G.P.

Demanda de Pretensiones:
nulidad y
restablecimiento 1.- Se solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución 26657 del
del derecho 18 de diciembre de 2015, que negó el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios generados con ocasión del pago tardío del
retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

2.- Como consecuencia de lo anterior, solicitó que le reconocieran
“los intereses moratorios efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30)
días posteriores a su causación hasta el día en que fue efectivo el pago
total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, enero
de 2013.”

3.- Los intereses moratorios “desde la fecha de causación hasta la fecha
efectiva de pago; en consideración a que el pago de la nivelación salarial
debe hacerse al igual que el salario, por períodos de treinta (30) días, por lo
tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago genera
automáticamente la obligación de pagar los intereses aludidos.”

4.- Se ordenen pagar los intereses reclamados “con base en el capital
neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que por concepto de indexación
salarial se reconoció.”
Excepciones La parte demandada formuló las excepciones de inepta demanda y
de prescripción de los derechos laborales en torno a las
reclamaciones con respecto a las cuales hubiera transcurrido un
término superior de tres (3) años.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

Audiencia inicial En esta oportunidad se declaró no probada la excepción de inepta
y fijación del demanda que, según las entidades demandadas, se había
litigio configurado por no haberse aportado al proceso los actos
administrativos proferidos con ocasión del proceso de homologación
y nivelación salarial, en consideración a que lo pretendido es el pago
de los intereses moratorios producto del reconocimiento del
retroactivo que se ordenó en el citado trámite y no la validez de las
resoluciones referidas por las entidades demandadas.

Sobre la excepción de prescripción, decidió que se resolvería en la
sentencia, en el evento de prosperar las pretensiones de la
demanda.

Se fijó el litigio señalando que se circunscribía a “determinar la
legalidad de los actos acusados, conforme a las causales y argumentos de
nulidad planteados en la demanda, a efectos de establecer si le asiste el
derecho a la demandante al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y
nivelación salarial del personal administrativo de la Secretaría de
Educación Departamental de Risaralda.”

Las partes guardaron silencio sobre la fijación del litigio.
Sentencia de Reiteró el objeto del litigio y precisó el trámite de la homologación,
primera señalando que el reconocimiento de las diferencias salariales en
instancia favor de la demandante se realizó por medio de la Resolución 1853
del 31 de diciembre de 2012, modificada y adicionada por la N.o
1384 del 5 de septiembre de 2013, disponiendo el pago del
retroactivo debidamente indexado.

Precisó que no se incurrió en dilación injustificada en el pago, por
cuanto se tuvieron que surtir múltiples etapas que resultaban
necesarias para efectuarlo y este se dispuso indexado, lo cual
resulta incompatible con el reconocimiento adicional de intereses
moratorios.

El a quo decidió: “…el reconocimiento y pago del retroactivo se realizó a
partir del año 1996 y hasta el año 2009, valores que fueron cancelados
efectivamente en el mes de enero de 2013, tal como lo certificó el ente
territorial demandado a través de la Secretaría de Educación del
Departamento de Risaralda, sin embargo no puede perderse de vista que
aunque los pagos fueron realizados de manera posterior, no significa per
se la configuración de la mora, aunado a que estos fueron indexados, lo
que hace inviable el reconocimiento de esta clase de intereses, dada la
incompatibilidad que se causa con su concurrencia, esto es, resarcir el
retardo en el pago de una obligación.” (Subrayas incluidas en el texto
original)
Recurso de Se sustentó en los siguientes argumentos: i) no es cierto que el
apelación mayor porcentaje del pago realizado a su favor fuera por concepto
de indexación; y ii) si bien el a quo acogió la posición adoptada por
el Consejo de Estado en asuntos similares al presente, allí se
encubre “el desgreño administrativo del Estado, la dispensa de
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

tramitología […] para con ello blindar la irresponsabilidad estatal de
cancelar sus acreencias laborales en tiempo, pues sencillamente conforme
manda la ley, cuando las obligaciones no se pagan oportunamente incurren
en sanción moratoria.”

Argumentó que el debate jurídico no versa sobre la solicitud de pago
de intereses moratorios adicionales a los valores indexados sino
sobre el reconocimiento de los primeros, por haberse causado por la
dilación injustificada en que incurrió la administración al realizar la
homologación y nivelación salarial años después de haberse
causado.
Sentencia de Previo recuento de cada una de las etapas del procedimiento
segundo grado administrativo de homologación, la autoridad que resolvió el recurso
(ratio decidendi) de apelación advirtiendo que los dineros fueron reconocidos a la
actora el 31 de diciembre de 2012.

Aclaró que esta es la fecha en la cual se hizo exigible la obligación y
que el pago se realizó en el mes de enero de 2013, por lo que la
administración no incurrió en mora.

También tuvo en cuenta que en las resoluciones administrativas que
reconocieron la obligación se ordenó que los valores se pagaran
debidamente indexados, sin que se ordenara el pago de intereses
moratorios adicionales ni los mismos fueran solicitados en esa
oportunidad.

La conclusión quedó expuesta en la sentencia en los siguientes
términos:

“…la accionante, servidora administrativa al servicio de la educación oficial,
que por cuenta de la descentralización del sector fue homologada y
nivelada salarialmente en la planta de personal de la secretaría de
educación de Risaralda, no puede reclamar intereses moratorios por el
pago tardío a su favor de los dineros por concepto del correspondiente
retroactivo, pues esa obligación que se hizo exigible el 31 de diciembre de
2012 (cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los valores
causados entre 1996 y 2009), fue pagada en enero de 2013, plazo que no
resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que deben
surtirse, cuando más si dicha sanción económica no quedó plasmada
dentro del referido trámite o en alguna disposición legal

74. El recuento procesal realizado por la Sala permite evidenciar que el
problema jurídico que se resolvió en la sentencia de segunda instancia y la ratio
de la decisión guardan absoluta correspondencia con las pretensiones de la
demanda y encuentran su fundamento en los supuestos fácticos que se
acreditaron, en la apreciación en su conjunto de las pruebas, en especial las que
dan cuenta del trámite administrativo adelantado, así como en los argumentos
expuestos por las partes.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

75. Asunto diferente es que la parte actora haya solicitado el reconocimiento
de los intereses moratorios desde la “causación” del derecho, entendiendo como
tal cada uno de los meses que fueron objeto de homologación y nivelación
salarial posterior, y el operador jurídico le haya aclarado que estos solo
procederían desde la exigibilidad de la obligación, en el evento de dilatarse el
pago, situación que no acaeció en el sub examine.

76. También se le precisó a la parte demandante que la obligación tan solo se
hizo exigible el 31 de diciembre de 2012, con ocasión del proferimiento del acto
administrativo definitivo25 que reconoció el derecho y, en consideración a que el
pago se realizó en el mes de enero de 2013, esto es, solo un mes después no se
puede predicar la existencia de mora por cuanto no se presentó una dilación
injustificada de la que se originara el deber de indemnizar a la beneficiaria de la
prestación económica.

77. En efecto, la obligación de pagar las sumas de dinero que fueron
reconocidas en forma retroactiva e indexada se hizo exigible cuando se expidió
el acto administrativo definitivo que finalizó el trámite de homologación y
nivelación26 el cual quedó ejecutoriado y, como lo aclaró el Consejo de Estado en
la sentencia cuestionada en el mismo no se ordenó el pago de suma alguna por
el concepto pretendido y la beneficiaria tampoco lo solicitó en esa oportunidad.

78. Se destaca que la demandante solicitó el pago de un valor al que no tenía
derecho, por cuanto con antelación a la ejecutoría de la resolución de
reconocimiento de las prestaciones la obligación no era exigible, en
consideración a que no se había determinado que la beneficiaria cumpliera con
los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para tener el derecho a la
homologación y nivelación ni se habían liquidado los valores que le
correspondían, como consecuencia de la aplicación de las normas al caso
concreto.

79. Cabe resaltar que una obligación es exigible cuando se puede demandar
ejecutivamente y en este caso el mérito ejecutivo solo surgió con la ejecutoria de
la Resolución N.o 1858 del 31 de diciembre de 2012. Por idéntica razón, no tenía
la posibilidad de generar alguna sanción por su incumplimiento y los intereses
moratorios tienen naturaleza indemnizatoria27.

25 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo los actos definitivos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto y los que hacen imposible continuar la actuación.
26 La Corte Constitucional ha diferenciado entre causación del derecho y exigibilidad en materia de

reconocimiento de prestaciones laborales, entre otras en la Sentencia SU-138 del 14.05.2021, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado. Lo anterior al establecer que el requisito de la edad para tener derecho al
reconocimiento de la pensión sanción es una condición de exigibilidad y no de causación, señalando que los
dos fenómenos ocurren en momentos distintos.
27 Corte Constitucional, Sentencia C-604 del 1.08.2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta

sentencia se aclaró que los intereses moratorios “son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad
debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados
moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.”
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

80. Lo anterior surge de la redacción del artículo 297 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual,
constituyen título ejecutivo las copias auténticas de los actos administrativos con
constancia de ejecutoria en los cuales conste el reconocimiento de un derecho.

81. No puede entenderse el principio de congruencia como la obligación del
operador jurídico de conceder las pretensiones de la demanda en los términos
precisos en los que estas son formuladas, sino que el mismo consiste en fijar el
litigio de acuerdo con lo pedido y, finalmente, establecer si le asiste el derecho a
la parte actora para acceder o no a ello, con fundamento en argumentos claros y
precisos y eso fue lo que se hizo en la sentencia cuya infirmación se pretende.

82. Efectivamente, se pidió el pago de intereses moratorios derivados de
procedimiento administrativo de homologación y nivelación y sobre ello se
resolvió, solo que fijando los extremos temporales de causación y exigibilidad de
acuerdo con la naturaleza jurídica de la obligación laboral objeto de
reconocimiento.

83. Tampoco puede considerarse que la motivación es insuficiente o
defectuosa, como lo afirma la parte recurrente, porque en el fallo se explicó bajo
el principio de razón suficiente y con fundamento en la línea jurisprudencial clara
y univoca de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque no procedía el
pago de intereses moratorios con ocasión del procedimiento de homologación y
nivelación salarial, con fundamento en la exigibilidad de la obligación a partir del
reconocimiento.

84. Tal línea jurisprudencial está consignada en las sentencias que se citaron
en el fallo que corresponden a las dictadas por la Sección Segunda del Consejo
de Estado el 28 de septiembre de 2017, el 7 de diciembre de la misma anualidad,
el 23 de agosto de 2018 y el 25 de abril de 2019 28, cuyas principales
consideraciones se transcribieron ampliamente.

85. En esas sentencias se resolvieron casos con idéntica situación fáctica y en
ellas se expresó que “transcurrió tan solo un mes entre el acto administrativo que
reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo,
prudente y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y
administrativos para terminar el proceso de homologación y nivelación salarial.”

86. Adicionalmente, para que la falta de motivación dé lugar a declarar la
nulidad de la sentencia tiene que ser evidente, pues si se dejó de resolver algún
extremo de la litis situación que aquí no ocurrió se cuenta con la figura jurídica de
la adición del fallo. Así lo ha considerado esta Corporación, al precisar:

28 Consejo de Estado, Sentencia del 25.04.2919, César Palomino Cortés, Rad. 66001233300020160047100

(1731-18)
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

“10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones
de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de
revisión bajo la causal sexta [corresponde a la causal 5ª de la Ley 1437 de
2011]. De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal,
alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas,
por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por
parte del juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas
aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial (…).”29

87. Finalmente, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, en la sentencia
sí se aplicaron las normas jurídicas que fijaron los lineamientos para el
procedimiento de homologación y nivelación y se estableció el tiempo que tardó
el trámite hasta la decisión definitiva, solo que de ellas no podía derivarse el
reconocimiento automático de intereses moratorios como lo pretendía la parte
demandante.

88. En virtud de lo expuesto, tal como lo afirmó el Ministerio de Educación
Nacional lo pretendido por la parte actora es que se revise nuevamente lo
decidido por la autoridad judicial que resolvió el caso en segundo grado, como si
se tratara de una tercera instancia pues no se puede predicar que el fallo sea
incongruente por el solo hecho de no haber accedido a las pretensiones de la
demanda.

89. Las razones anteriores son suficientes para declarar infundado el recurso
por la causal descrita en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que la sentencia no incurrió en irregularidad alguna que pueda
invalidarla ni vulnera el principio de congruencia externa, en la medida en que se
pronunció sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones y explicó bajo
el principio de razón suficiente por qué no estaban llamadas a prosperar.

3.7. Conclusiones y decisión

90. En el sub examine la parte actora no logró acreditar que se presentó una
nulidad originada en la sentencia, pues lo alegado no corresponde a una
circunstancia capaz de invalidar la providencia sino a la interpretación razonable
de las normas sustanciales y a la valoración adecuada de las pruebas allegadas.

91. Lo anterior, por cuanto el ad quem del proceso ordinario aplicó al caso las
reglas normativas y jurisprudenciales que regulan la materia, dictó la providencia
con pleno respeto de estas y en armonía con las pretensiones de la demanda,
los argumentos del recurso de apelación.

29 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene

plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en
el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad
originada en la sentencia.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

3.8. Costas y perjuicios

92. Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, según cual “si se
declara infundado el recurso se condenará en costas y perjuicios al recurrente”, es
aplicable al sub examine, por haberse presentado el recurso en vigencia de la
referida disposición.

93. Sin embargo, dicha norma no consagra los parámetros para su
procedencia y liquidación, por lo que corresponde realizar la integración
normativa con el Código General del Proceso, que lo regula en el artículo 365,
canon que en el numeral 8º establece que “Sólo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”

94. Por su parte, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados, causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, en virtud del numeral 4º del artículo 366 de la misma normativa, se deben
fijar con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura en el artículo 6º del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de
2016.

95. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la
condena en costas se soporta en un criterio netamente objetivo valorativo; en
este caso, frente a la parte a la que se le declara infundado el recurso
extraordinario de revisión y resultan procedentes, “siempre que exista prueba de su
existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”30.

96. Si bien no aparece en el expediente prueba de gastos y expensas si
resulta de las agencias en derecho, por cuanto una de las entidades integrantes
de la parte demandada –Ministerio de Educación Nacional– tuvo que contestar la
demanda por intermedio de apoderada judicial. No se causan agencias en
derecho en favor del departamento de Risaralda por cuanto no intervino en el
presente trámite.

97. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, dado que por virtud del artículo 253 del CPACA, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 365 del CGP, opera en contra de la parte vencida en el

30 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala

fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso
que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa
que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte
beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad
y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni
tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni
pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

recurso.

98. Se fija como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente la suma
equivalente a un (1) salarios mínimos legales vigentes (SMLMV), a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, a favor del Ministerio de Educación Nacional, que
serán liquidados por la Secretaría General del Consejo de Estado.

99. Lo anterior en aplicación de los criterios contenidos en el artículo 2º del
acuerdo previamente citado que hacen referencia a la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte que venció en el
juicio. La cuantía en este caso no está determinada, pero sería determinable a
partir del monto del reconocimiento por concepto de nivelación salarial.

100. Al respecto, se encuentra acreditado que el Ministerio de Educación
Nacional compareció al presente proceso por intermedio de apoderado judicial
constituido desde el momento en que fijó el proceso en lista (17 de mayo de
2022), habiendo intervenido en la contestación de la demanda, extendiéndose su
gestión durante el trámite del proceso que, por su naturaleza de recurso
extraordinario, constituye un mecanismo célere.

101. Se trata en consecuencia de una gestión que, en cuanto a su duración, no
supera los tres (3) meses y en la que, por el diseño procesal, la intervención se
limita a la contestación de la demanda y, eventualmente, al debate probatorio sin
que resulte necesario alegar de conclusión o interponer recurso alguno al ser el
trámite de única instancia.

102. Con respecto a la calidad de la actuación profesional, se evidencia que la
apoderada de la cartera ministerial presentó argumentos jurídicos serios
encaminados a desvirtuar la configuración de la causal de revisión alegada, por
lo que la suma fijada en esta oportunidad –que es igual al monto mínimo
permitido-responde a criterios de idoneidad, razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad, según se analizó en precedencia31.

103. No se condena por concepto de gastos y expensas ni por perjuicios por no
haberse comprobado su causación.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión No 27, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

31 El monto de las agencias en derecho se realizó con la aplicación de un test leve de proporcionalidad con

la utilización de los criterios de razonabilidad expuestos.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Beatriz Guerrero Ramírez
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional
y Departamento de Risaralda – Secretaría de Educación Departamental
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00663-00

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión en lo
relacionado con la causal 5ª de revisión, referida a la nulidad originada en la
sentencia del 16 de octubre de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “B”, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del Ministerio
de Educación Nacional, en la modalidad de agencias en derecho, por la cantidad
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia, las que serán liquidadas por la Secretaría
General del Consejo de Estado.

TERCERO: ABSTENERSE DE CONDENAR a la parte recurrente por concepto
de gastos, expensas y perjuicios, por no aparecer causados y de condenar en
costas en favor del Departamento de Risaralda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Salvamento parcial de voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MARÍA ADRIANA MARÍN

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.