Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00667-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00667-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00667-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
31 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE (11) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
Tema: Causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011. Intereses moratorios causados por el pago
tardío de la homologación y nivelación salarial
FALLO
La Sala Once (11) Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Ángel María Giraldo Orrego, contra la sentencia proferida el
23 de octubre de 2020 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado1, mediante la cual se confirmó parcialmente el fallo del 30 de noviembre de
2018 del Tribunal Administrativo de Caldas, por el que se negaron las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, CPACA), el señor Ángel María Giraldo Orrego presentó
demanda en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría
de Educación del Departamento de Caldas2, en la que solicitó:
«Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 3150-6 del 16 de Abril de 2016 notificada
el día 26 de abril de 2016, por medio de la cual desconocieron y negaron los intereses
moratorios generados con ocasión al pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación
salarial, así como el ajuste de la indexación.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor tiene pleno derecho a que LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y/o LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar, los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación
(11 de Febrero de 1997), hasta el día en que fue efectivo el pago total del retroactivo por
homologación y nivelación salarial, esto es, el día 15 de abril de 2013.
1
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_H028ANGELMARIAG NroActua 2.pdf».
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Índice 22 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0060(.zip) NroActua 22». Archivo: «C01Principal.pdf».
Págs. 4 a 19.
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Actor: Ángel María Giraldo Orrego
Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar al actor los
intereses moratorios a que tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente
desde la fecha de causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración a que, el pago
de la nivelación salarial debe hacerse al igual que el salario, por periodos de treinta (30) días,
por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago genera automáticamente la
obligación de cancelar los intereses aludidos.
Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a
favor del actor, los intereses reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir
el valor que por concepto de indexación salarial se reconoció.
Quinta.- Igualmente se declare que el actor tiene pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y/o LA NACIÓN – MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozca y ordenen pagar, el ajuste a la indexación a que tiene
derecho, aplicando para ello la última tabla emitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia esto es la “Base 100 año 2008”, desde el 11 de Febrero de 1997 hasta el 16 de
Diciembre de 2014.
Sexta.- Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y
LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, dar cumplimiento al fallo dentro del
término previsto en el inciso segundo del artículo 192 del CPACA, igualmente que en virtud de
la voluntad contemplada en el poder conferido se haga entrega de los dineros al apoderado.
Séptima.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
CALDAS y LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pagar a favor de mi
mandante los intereses moratorios, conforme lo ordena el inciso 3º del artículo 192 del CPACA.
Octava.- Se condene en costas a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE CALDAS y a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en caso de que se
opongan a las pretensiones de esta demanda.
Novena.- En el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene expedir al
suscrito apoderado, primera copia que preste mérito ejecutivo, así como copia auténtica con
constancia de ejecutoria.
Décima.- Una vez quede en firme el fallo que acceda a las pretensiones de la demanda, solicito
muy comedidamente, que al momento de comunicar a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-
se les remita copia auténtica con la fecha exacta de la constancia de ejecutoria».
Invocó como normas violadas3 los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350
de la Constitución Política (CP); 1608 (numerales 1 y 2), 1617 y 1649 del Código Civil
(CC); 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA) y 12 del Convenio 95 de
1949 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sostuvo que el señor Ángel María Giraldo Orrego prestó sus servicios en la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y que mediante el Decreto 021
de 1997 esa entidad territorial incorporó en su planta al personal administrativo
adscrito al servicio público educativo del orden nacional con los mismos cargos,
códigos y salarios con los que venían, esto es, sin que fueran homologados y
nivelados salarialmente a aquellos similares de la planta central del citado
departamento.
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Índice 22 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0060(.zip) NroActua 22». Archivo: «C01Principal.pdf».
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Actor: Ángel María Giraldo Orrego
Precisó que con sustento en la Directiva Ministerial 10 de 2005 y en la Resolución
nro. 2171 de 2006 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría
de Educación del Departamento de Caldas, esta última elaboró y presentó el estudio
técnico para la homologación y nivelación salarial ante el citado ministerio, quien lo
aprobó con el oficio del 30 de marzo de 2007. Posteriormente, por medio del Decreto
399 del 20 de abril del 2007, modificado por el Decreto 337 del 2 de diciembre de
2010, el departamento homologó y niveló los cargos administrativos de su planta de
personal.
Mediante el Decreto 353 del 15 de diciembre de 2010, el departamento de Caldas
incorporó por homologación y nivelación salarial el personal administrativo nacional a
su planta.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional certificó la deuda por ese concepto
-homologación y nivelación salarial- de los periodos 1997 a 2009, que sería pagada con
recursos del Sistema General de Participaciones.
La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas expidió la Resolución nro.
1788-6 del 22 de marzo de 20134, aclarada por la Resolución nro. 4052-6 del 19 de
junio del mismo año, por la que se reconoció la suma de $136.854.499 a favor del
demandante, por concepto de retroactivo por homologación y nivelación salarial del
periodo comprendido entre el 11 de febrero de 1997 hasta el año 2009. El pago se
realizó de manera extemporánea el 15 de abril de 2013, debiéndose los intereses
moratorios.
Los anteriores actos administrativos fueron modificados por la Resolución nro. 8954-
6 del 11 de diciembre de 2014, que ordenó el reajuste de la indexación de
$136.854.499, por la suma de $20.197.997, pagada el 16 de diciembre de 2014.
Indexación que no fue aplicada en debida forma, toda vez que la liquidación no tuvo
como soporte la tabla de la Superintendencia Financiera «base 100 año 2008», lo que
arrojó un valor inferior al que tenía derecho.
Destacó que la obligación de reconocer el pago de la homologación de cargos y
nivelación salarial debe ser a partir del momento en el que el demandante fue
trasladado a la planta de personal de la entidad territorial -10 de febrero de 1997-,
razón por la cual, el pago tardío del retroactivo, realizado el 15 de abril de 2013, da
lugar a los intereses moratorios en los términos de los artículos 1608, 1617 y 1649
del Código Civil, los cuales fueron solicitados mediante derecho de petición
presentado el 28 de marzo de 2016.
Por medio de la Resolución nro. 3150-6 del 19 de abril de 2016 la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas negó el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios reclamados, porque de acuerdo con el reporte remitido por el
Ministerio de Educación Nacional no hay lugar a su exigencia, toda vez que no existe
mora en el pago de las obligaciones laborales.
Afirmó que la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas tenía que
liquidar los intereses moratorios desde el 11 de febrero de 1997, en la cuantía de 1.5
veces el interés bancario corriente, mes a mes desde el día siguiente a la fecha de
su causación y hasta el día efectivo del pago total, pese a lo cual, no lo hizo.
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«Por la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de homologación y nivelación salarial del personal administrativo de
la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas».
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Actor: Ángel María Giraldo Orrego
Indicó que del pago total de la deuda [$136.854.499], la citada entidad reconoció
como valor neto sin indexación la suma de $85.868.927, de modo que los intereses
reclamados deben reconocerse y calcularse con base en esta última.
2. Contestación de la demanda
El Ministerio de Educación Nacional5 afirmó que no expidió el acto administrativo
demandado, por lo que no es posible que se le impute responsabilidad por el hecho
de un tercero.
Explicó que la función ministerial en casos como el presente consiste en: (i) impartir
directrices a las entidades territoriales en relación con el proceso de homologación y
nivelación salarial, (ii) generar la política sectorial y la reglamentación pertinente para
la organización de las diferentes modalidades de prestación del servicio público
educativo y (iii) definir la metodología, distribuir, girar y hacer seguimiento a los
recursos que provienen del Sistema General de Participaciones.
Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
(ii) prescripción, (iii) inepta demanda y (iv) la genérica.
La Secretaría de Educación del Departamento de Caldas6 se opuso a las
pretensiones de la demanda, porque en virtud de las Resoluciones nros. 4052-6 del
19 de junio de 2013 y 8954-6 del 11 de diciembre de 2014, el actor recibió el pago de
$136.854.499, por concepto de homologación del cargo, junto con la indexación,
actos administrativos que no fueron demandados.
Aclaró que como esa suma fue indexada, el demadante no tiene derecho a reclamar
los intereses moratorios, toda vez que se estaría pretendiendo que el departamento
realice un doble pago.
Propuso las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, (ii)
buena fe, (iii) inexistencia de la obligación con fundamento en la ley e (iv)
inaplicabilidad de los intereses moratorios.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia proferida el 30 de
noviembre de 2018, resolvió7:
«PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADA la excepción de “prescripción” formulada por la
Nación- Ministerio de Educación.
SEGUNDO: DECLÁRANSE PROBADAS las excepciones de “buena fe”, “inexistencia de
la obligación con fundamento en la ley”, “inaplicabilidad de los intereses moratorios” y no
probada la excepción de “prescripción” formuladas por el Departamento de Caldas.
TERCERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
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Índice 22 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0060(.zip) NroActua 22». Archivo: «C01Principal.pdf».
Págs. 78 a 96.
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Índice 22 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0060(.zip) NroActua 22». Archivo: «C01Principal.pdf».
Págs. 100 a 104.
7
Índice 22 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0060(.zip) NroActua 22». Archivo: «C01Principal.pdf».
Págs. 280 a 295.
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Actor: Ángel María Giraldo Orrego
CUARTO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte actora, cuya liquidación y ejecución se
hará en la forma dispuesta en el Código General del Proceso. Se fijan agencias en derecho
por el equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda.
QUINTO: EJECUTORIADA esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso,
DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere. ARCHÍVENSE las diligencias, previas las
anotaciones respectivas en el programa Justicia Siglo XXI».
Encontró acreditado que al demandante le fueron indexadas las sumas reconocidas
por nivelación salarial por el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 al
31 de diciembre de 2009, razón por la cual no procede la solicitud de intereses
moratorios.
Explicó que tanto la indexación como los intereses moratorios tienen la finalidad de
mitigar los efectos adversos que devienen de la mora del deudor en el cumplimiento
de sus obligaciones, de manera que no son acumulables, por lo que reconocer
ambos emolumentos implica condenar a la entidad a un doble pago por la misma
causa.
El proceso de nivelación tuvo como fundamento la necesidad de incorporar los
cargos del orden nacional a la planta de la entidad territorial, y dada la diferencia
salarial y prestacional entre uno y otro, había lugar al reconocimiento de los mayores
valores resultantes de la homologación actualizados al momento del pago, sin que
tuviera la connotación de pago tardío de la obligación.
Mediante la Resolución nro. 8954-6 del 11 de diciembre de 2014, se reconoció el
valor de la actualización del retroactivo por el periodo del 10 de febrero de 1997 al 31
de diciembre de 2012, y su pago tuvo lugar el 23 de diciembre de 2014.
Como la petición que originó el acto enjuiciado se realizó el 28 de marzo de 2016, no
operó la prescripción alegada por el Ministerio de Educación, toda vez que no habían
transcurrido tres años desde la fecha en la que se pagó el retroactivo por
homologación salarial [15 de abril de 2013].
Finalmente, se impuso condena en costas al actor, en razón a que las entidades
demandadas asumieron su defensa judicial y sufragaron los gastos procesales.
4. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación8 contra la decisión de primera
instancia, con fundamento en lo siguiente:
Afirmó que es contradictorio que en la sentencia se concluya que la indexación y los
intereses moratorios tienen la misma finalidad, porque la ley dispone un objeto y una
causa distinta para cada concepto.
La inconformidad se presenta por el pago inoportuno de una obligación que se
originó por ministerio de la Constitución y de la Ley, que debía pagarse cuando el
servidor fue trasladado a la nueva planta de personal, y no luego de que
8
Índice 22 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0060(.zip) NroActua 22». Archivo:
«C01AApelacionSentencia.pdf». Págs. 3 a 31.
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transcurrieran 16 años, por lo que esa tardanza justifica el reconocimiento de
intereses moratorios.
Discrepó del argumento según el cual no es posible reconocer intereses de mora
sobre las sumas indexadas y consideró que el tribunal debía aplicar los principios de
analogía y equidad, teniendo en consideración las normas que regulan las
indemnizaciones por el incumplimiento en el pago de las obligaciones, que deben
interpretarse según la protección especial al trabajador, prevista en el artículo 53 de
la Constitución Política.
Las entidades demandadas omitieron la obligación de efectuar las gestiones
administrativas y presupuestales en el tiempo oportuno con el fin de salvaguardar la
equidad e igualdad laboral entre los empleados de una y otra planta, para que así los
que fueron trasladados gozaran de un salario en igualdad de condiciones respecto al
personal del nivel territorial.
La homologación salarial no era una mera expectativa puesto que, según el Consejo
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil9, en ese proceso no debía existir una
disminución salarial y, por el contrario, sería un mejoramiento de la asignación, con
cargo al situado fiscal -hoy Sistema General de Participaciones-.
De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte
Constitucional11, el reconocimiento de la indexación de los valores adeudados no es
excluyente ni incompatible con los intereses de mora.
Solicitó que no se le condene en costas, toda vez que no se demostró la temeridad o
mala fe en su actuación.
5. Sentencia de segunda instancia
Mediante providencia del 23 de octubre de 2020, la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió12:
«1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 30 de noviembre de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el
señor Ángel María Giraldo Orrego contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el
departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º. Revócase la condena en costas impuesta al demandante, que incluye las agencias en
derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones que fueren menester».
Esa determinación se fundamentó en que el pago de las sumas reconocidas el 22 de
marzo de 2013 -fecha en la cual se hizo exigible la obligación-, fue realizado el 15 de abril
del mismo año, por lo que no había lugar a la causación de los intereses de mora en
tanto que: (i) la suma a favor del demandante fue objeto de indexación, lo cual
resulta incompatible con los intereses moratorios reclamados, (ii) no se presentó
tardanza que implique la causación de intereses de mora y (iii) en los actos
9
Concepto nro. 1609 del 9 de diciembre de 2004.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, exp. 21120, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
11
Sentencia T-418 de 1996.
12
Índice 22 de SAMAI. Carpeta: «RECIBEPRUEBAS_1700123330002016 0060(.zip) NroActua 22». Archivo:
«C01AApelacionSentencia.pdf». Págs. 68 a 80.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
administrativos que reconocieron las sumas a pagar no se estableció plazo cuyo
incumplimiento dé lugar a una sanción, lo que, además, debe contar con previsión
legal.
Explicó que el transcurso de un (1) mes para el pago es un tiempo prudencial que no
resulta irracional, dados los trámites administrativos que deben surtirse.
Destacó que pese a que el demandante fue incorporado a la planta de la Secretaría
de Educación de Caldas a partir de 1997 y que era desde esa fecha que se debían
sufragar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, lo cierto es que la
administración, con el fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que se
dejó de devengar, indexó las sumas, lo que resulta incompatible con el pago de
intereses moratorios.
Por último, indicó que el simple hecho de que las resultas del proceso le sean
desfavorables al actor, no da lugar a que se imponga la condena en costas, por lo
que revocó la decisión del a quo al respecto.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 26 de enero de 202213, el señor Ángel María Giraldo Orrego, mediante apoderado
y con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 23 de octubre de
2020, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Formuló las siguientes pretensiones14:
«PRIMERO.- Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de Estado - Sección
Segunda - Subsección B, del 23 de octubre de 2020, bajo el número referenciado, que confirma
la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.
SEGUNDO.- En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la sentencia viciada en
nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho de origen, es decir, Subsección B,
conformada por los consejeros de Estado Carmelo Perdomo Cuéter, Sandra Lisset Ibarra Vélez
y César Palomino Cortés, para que se resuelva en debida forma, es decir, profiriendo un fallo
favorable.
TERCERO.- Las demás que este Honorable Despacho considere necesarias».
Sustentó la causal de revisión en los siguientes términos15:
Afirmó que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión vulneró el
principio de congruencia, porque se incurrió en error «en la parte considerativa de la
decisión, la cual sirvió al Consejero para resolver el problema jurídico planteado, bajo la
supuesta debida interpretación de las pretensiones y la contestación de la demanda; si bien,
no hay discusión sobre el planteamiento de la fijación del litigio, si hay yerros que discutir en
cuanto al objeto del asunto, puesto que a mi representado (a) se le negaron todas y cada
una de las pretensiones, por un objeto distinto del pretendido en la demanda y una causa
diferente a la invocada, esto es de manera citra petita […]».
13
Índice 1 de SAMAI.
14
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_H028ANGELMARIAG(.pdf) NroAc tua 2». Pág. 5.
15
Ibidem, págs. 6 a 19.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
Expuso que lo solicitado en la demanda fue el reconocimiento de los intereses de
mora desde el año 1997 -momento a partir del cual el actor pasó a pertenecer a la planta de
personal territorial- hasta el año 2013 -fecha en la que se efectuó el pago del retroactivo salarial
correspondiente a la nivelación tardía-, pese a lo cual, en la sentencia censurada se
entendió erróneamente que la reclamación de dichos intereses correspondía al
periodo causado desde el acto de reconocimiento del retroactivo hasta la fecha de su
pago, lo que desconoce el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del
CGP.
A su juicio, en la sentencia de segunda instancia no se resolvió la pretensión
referente a los intereses de mora, y no se indicaron las razones de hecho y de
derecho por las cuales no había lugar a su reconocimiento y pago, pues lo decidido
se concretó en la indexación, de ahí que resulte incongruente, al reconocerse de
oficio. Destacó que la decisión cuestionada no se ajustó a las normas preexistentes,
toda vez que la Ley 60 de 1993 estableció un término perentorio para que el Estado
realizara la nivelación salarial.
Agregó que no es cierto que esos dos conceptos tengan la misma finalidad, toda vez
que los intereses de mora corresponden a una sanción por el no pago oportuno de la
obligación, mientras que la indexación es la actualización del dinero por la pérdida de
su valor adquisitivo.
El juez de instancia no accedió al reconocimiento y pago de los intereses moratorios
aun cuando la mora estaba probada con documentos idóneos, fechas y periodos de
liquidación que resultan irrefutables.
En el fallo recurrido se indicó que las entidades demandadas no incurrieron en
«dilaciones injustificadas» frente al pago, pese a que en el proceso obran pruebas
suficientes para establecer que transcurrieron 16 años para que se cumpliera la
obligación, ocultando la procedencia de los intereses moratorios con el desembolso
del retroactivo.
Discutió lo afirmado por el Consejo de Estado, en el sentido que los intereses de
mora reclamados no gozan de una ley especial, porque a su juicio eso implica que se
le exija al legislador que expida normas que de forma expresa ordenen el
reconocimiento de intereses moratorios por el incumplimiento de obligaciones de
naturaleza laboral, civil, comercial, administrativa, etc. Además, se está pretendiendo
la existencia de una ley exclusiva que ordene intereses de mora dentro de un
proceso de homologación y nivelación salarial.
No es cierto que, para el reconocimiento de los intereses moratorios, en casos como
el presente, estos deban estar previstos de forma expresa en la resolución que
concedió el retroactivo, pues se trata de una sanción por el pago tardío de la
obligación.
2. Trámite procesal
Mediante auto del 15 de marzo de 202216 se admitió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor Ángel María Giraldo Orrego contra la sentencia del
23 de octubre de 2020, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del
16
Índice 4 de SAMAI.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
Consejo de Estado, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado nro. 17001-23-33-000-2016-00606-01.
En dicho proveído se ordenó la notificación al Ministerio de Educación Nacional, al
departamento de Caldas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, para que se pronunciaran sobre la solicitud de revisión.
3. Intervenciones
El Ministerio de Educación Nacional, el departamento de Caldas, el Ministerio Público
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no intervinieron en este
proceso, pese a ser notificados17.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala Once (11) Especial de Decisión es competente para decidir el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Ángel María Giraldo Orrego, contra
la sentencia proferida el 23 de octubre de 2020 por la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos
107 (incisos penúltimo y último)18, 111 (numeral 2)19 y 249 (inciso primero)20 del
CPACA y, 2821 y 2922 numeral 1 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).
2. Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión
Conforme al inciso primero del artículo 251 del CPACA, norma aplicable al presente
asunto, el recurso extraordinario de revisión podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Comoquiera que el fallo proferido el 23 de octubre de 2020 por la Subsección “B” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, objeto de solicitud de revisión, se notificó
el 25 de enero de 202123, quedó ejecutoriado el 28 de enero siguiente24 y, la
demanda en este proceso se presentó el 26 de enero de 2022, se concluye que se
interpuso en forma oportuna.
3. Legitimación en la causa
17
Índice 9 de SAMAI.
18
Por medio de esta norma se crean en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, encargadas de decidir los
procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de
pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno.
19
La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá entre otras la siguiente función: resolver los recursos extraordinarios
de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia.
20
De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
21
Conforme con la cual, las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán
integradas por un (1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
22
Esta norma señala que las Salas Especiales de Decisión decidirán los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra
las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
23
Según consta en el índice 22 de SAMAI del proceso ordinario en segunda instancia.
24
De acuerdo con el artículo 302 del CGP, las providencias «que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas [...]».
9
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
El señor Ángel María Giraldo Orrego está legitimado en la causa por activa, en la
medida en que fue la parte demandante en el proceso ordinario en el que se profirió
la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión que interesa en este asunto.
En el caso del Ministerio de Educación Nacional y del departamento de Caldas se
advierte que esas entidades actuaron como parte demandada en el citado trámite, de
ahí que se haya ordenado su notificación en el auto admisorio de la demanda, por
asistirles interés en las resultas del proceso.
4. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 23 de octubre de 2020,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta corporación, se
incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación», a juicio del accionante, por desconocerse el principio
de congruencia al negarse «todas y cada una de las pretensiones por un objeto distinto del
pretendido en la demanda y una causa diferente a la invocada, esto es de manera citrapetita
[…]».
5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El artículo 248 del CPACA establece que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas: (i) por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, (ii)
por los tribunales administrativos y (iii) por los jueces administrativos.
Esta corporación ha precisado25 que el recurso extraordinario de revisión establecido
en la aludida norma es una excepción al principio de cosa juzgada, según el cual, en
firme la sentencia no es procedente discutir nuevamente el asunto decidido.
La Corte Constitucional en la sentencia C-520 de 200926 se refirió a la naturaleza de
este recurso en los siguientes términos:
«[…] “la revisión no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las
mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso, pues para
estos yerros están previstos los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del propio proceso.
La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y
la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión
adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la medida en que
afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además
procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras
distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de “una figura que modifica providencias
amparadas en el principio de cosa juzgada”, y por ello “las causales previstas para la revisión
deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”27”. 28».
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de febrero de 2001, proceso REV-037,
C.P. Miguel Viana Patiño, del 21 de octubre de 1993, proceso REV-040, C.P. Daniel Suárez Hernández, del 1º de septiembre
de 1998, proceso REV-073, C.P. Julio E. Correa Restrepo y del 27 de abril de 2004, proceso REV-194, C.P. María Inés Ortiz
Barbosa, reiteradas en la sentencia del 3 de marzo de 2020, proferida por la Sala Once (11) Especial de Decisión, proceso
11001-03-15-000-2017-02457-00(REV), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
26
M.P. María Victoria Calle Correa. Por medio de esta sentencia se declaró inexequible la expresión «dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales
Administrativos, en única o segunda instancia», contenida en el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.
27
Cita de cita: Sentencia C-680 de 1998, MP: Carlos Gaviria Díaz, Fundamento 4.2. En el mismo sentido, ver sentencia T-039
de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell.
28
Cita de cita: Sentencia C-004 de 2003, MP, Eduardo Montealegre Lynett.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
Así pues, para que proceda este medio extraordinario de impugnación no solo es
imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera
inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino
que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas
taxativamente en la ley como causal de revisión y que en nada inciden con la
actividad analítica o interpretativa del juez.
Agréguese que esta corporación ha señalado que mediante el recurso extraordinario
de revisión no es posible reabrir el debate objeto de análisis en las respectivas
instancias ni subsanar posibles errores en que pudieron incurrir las partes en la
demanda, en su contestación o en su actividad probatoria29.
6. La causal de revisión invocada. Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Alcance en la jurisprudencia del Consejo de Estado
La parte actora invocó la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
Esta causal ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su
alcance, para evitar que se emplee con la única finalidad de que el juez de la revisión
se convierta en uno de instancia.
Sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión, esta corporación,
en el fallo del 5 de abril de 201630 indicó que se deben cumplir dos requisitos:
El primero, es que el vicio se presente en la sentencia y no durante el trámite del
proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado durante las oportunidades
previstas en el ordenamiento procesal [art. 133 del CGP].
La anterior regla no excluye «la posibilidad de alegar como nulidad originada en la
sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior a la emisión del fallo definitivo
no apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso»31,
correspondiéndole al interesado la carga de probar que «no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad. De lo contrario, la causal de revisión se convertiría en un mecanismo
para que las partes subsanen las omisiones en el proceso ordinario y aleguen nulidades que
pudieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 142 C.P.C. [hoy, artículo 134 del
CGP]»32.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 28 de abril de 2009, proceso REV-00116,
C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, del 20 de octubre de 2009, proceso REV-00133, C.P. Enrique Gil Botero y del 2 de marzo de
2010, proceso REV-00091, C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiteradas en la sentencia del 3 de marzo de 2020, proferida por la
Sala Once (11) Especial de Decisión, proceso 11001-03-15-000-2017-02457-00(REV), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
30
Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
31
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 2 de marzo de 2010, proceso 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo,
reiterada en las sentencias del 15 de mayo de 2014, proceso 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y
del 7 de abril de 2015, proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez. Providencias citadas en la sentencia del 5
de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-03-15-000-2008-00320-
00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth. En el mismo sentido, cfr. la sentencia de la Sala Veinte (20) Especial de Decisión,
proferida el 29 de enero de 2021, proceso 11001-03-15-000-2019-01457-00(REV), C.P. William Hernández Gómez.
32
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de 2013, proceso 2009-00687-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia del 7 de abril de 2015, proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Providencias citadas en la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado,
proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez.
La jurisprudencia de esta corporación ha identificado los siguientes defectos como
causantes de nulidad en la sentencia33:
• Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.
• Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
• Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma
de más o menos jueces de los requeridos legalmente.
• Pretermitir la instancia.
• Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia
del juez.
• Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación al
debido proceso.
En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación la
jurisprudencia de esta corporación «ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la
deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es
motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con fundamento en
dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas,
por ejemplo, de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la
indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del
precedente judicial»34.
Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los
códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración al
artículo 29 Constitucional35.
Así las cosas, se concluye que, para que prospere la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA es necesario que: (i) el vicio alegado recaiga
sobre una sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación, (ii) que la nulidad que se alega surja con la sentencia y no antes, a menos
que se trate de aquella que no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso
del proceso y (iii) debe corresponder a algún supuesto configurativo de las causales
de nulidad procesal previstas en el artículo 133 del CGP, o a los eventos que según
la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo configuran dicha causal36, o
tratarse de aquellas situaciones que comportan la violación al debido proceso,
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de mayo de 1998, proceso REV-093, del
18 de octubre de 2005, proceso 2000-00239, del 20 de octubre de 2009, proceso REV-2003-00133 y del 7 de abril de 2015,
proceso 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. De la Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 11
de junio de 2009, proceso 836-06 y de la Sección Primera, sentencia del 14 de diciembre de 2009, proceso 2006-00123.
Providencias citadas en la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado,
proceso 11001-03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
34
Cfr. la sentencia del 5 de abril de 2016 de la Sala Catorce (14) Especial de Decisión del Consejo de Estado, proceso 11001-
03-15-000-2008-00320-00(REV), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Si bien esta providencia se refiere a la causal de revisión
prevista en el numeral 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de
1998, esos argumentos resultan aplicables al caso concreto, en tanto que dicha causal guarda identidad con la señalada en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, toda vez que ambas normas prevén como causal de revisión «[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
35
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia del 8 de mayo de 2018, proceso 11001-03-15-
000-1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
36
Cfr. la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 8 de mayo de 2018,
proceso 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
siempre que tenga la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, sometido a
revisión, lo que deberá ser analizado en cada caso concreto.
7. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad
de la sentencia
El artículo 187 del CPACA señala que «[l]a sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los
textos legales que se apliquen».
Por su parte, el artículo 281 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 306
del CPACA37, sobre la congruencia de las sentencias establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si
así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]».
De las referidas normas proviene el principio de congruencia de la sentencia, en sus
dos significados: como armonía entre la parte motiva y resolutiva del fallo
(congruencia interna) y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes
en la demanda y su contestación (congruencia externa). Es importante destacar que,
en caso de existir incongruencia en la providencia, esta debe ser de tal magnitud que
afecte su validez.
Este principio busca la protección del derecho a obtener una decisión judicial certera
sobre el asunto puesto a consideración, al igual que la salvaguarda del debido
proceso, de ahí que la actuación procesal se concrete en los argumentos y hechos
expuestos en la demanda, tratándose del demandante, y en la contestación, si es el
demandado38, precisándose que al juez contencioso no le está permitido rebasar la
relación jurídico procesal trabada por las partes, en tanto que esta jurisdicción debe
observar, por regla general, el principio de justicia rogada.
Así, se concluye que el principio de congruencia garantiza que el juez solo se
pronuncie respecto de lo discutido y que no fallará: contra el demandado por causa
diferente a la invocada en la demanda –extra petita-, en cantidad superior o por
37
Esta norma establece que en los aspectos no contemplados en el CPACA se seguirá el Código de Procedimiento Civil (hoy,
CGP) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
38
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 10 de junio de 2021, exp. 24283 y del 20 de octubre de 2022, exp. 26742,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
objeto distinto del pretendido en ella –ultra petita-, o dejará de resolver cuestiones
sometidas a la decisión judicial –citra o infra petita-39.
8. Caso concreto
El recurso extraordinario de revisión recae sobre la sentencia proferida el 23 de
octubre de 2020, por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se confirmó parcialmente el fallo del 30 de noviembre de
2018 del Tribunal Administrativo de Caldas, por el que se negaron las pretensiones
de la demanda.
Del contenido del recurso extraordinario de revisión se observa que la parte
recurrente sustentó la procedencia de la causal invocada, esto es, la prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, en la supuesta falta de congruencia de la
sentencia, pues afirmó que en esta se resolvió el asunto de manera citra petita, por
cuanto se negaron las pretensiones de la demanda en el proceso ordinario por un
objeto distinto del pretendido (intereses de mora) y una causa diferente a la
invocada.
Para el efecto, explicó que lo solicitado fue el reconocimiento de intereses de mora
desde el año 1997 -fecha en la que se incorporó a la planta de personal territorial- hasta el año
2013 -cuando se efectuó el pago del retroactivo salarial-, pese a lo cual, en la sentencia
sometida a revisión se consideró que el periodo objeto de reclamación comprendía
desde el 22 de marzo de 2013 -reconocimiento del retroactivo- hasta el 15 de abril de
2013 -fecha del pago-, lo que a su juicio no guarda relación con el objeto de la
demanda.
Revisado el fallo cuestionado, se advierte que la Subsección “B” de la Sección
Segunda de esta corporación fijó como problema jurídico «determinar si al demandante
le asiste derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del
valor correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Caldas».
Para resolver lo anterior, en la sentencia de segunda instancia se expuso el marco
normativo relacionado con la descentralización del servicio educativo y el
procedimiento que debían seguir las entidades territoriales para llevar a cabo la
homologación de la planta de personal administrativo adscrita al citado sector.
Además, en dicho pronunciamiento se tuvo en cuenta que la Secretaría de
Educación de Caldas mediante la Resolución nro. 1788-6 del 22 de marzo de 2013,
aclarada por la Resolución nro. 4052-6 del 19 de junio del mismo año, reconoció a
favor del señor Ángel María Giraldo Orrego el pago del retroactivo por homologación
y nivelación salarial causado entre el 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de
2009, por la suma de $88.098.658, y que el Ministerio de Educación Nacional, por
medio del oficio nro. 2014EE21121 del 20 de marzo de 2014 le solicitó de la citada
entidad efectuar el cálculo de la liquidación hasta la fecha en la que se realizó el giro
de los recursos por parte de la Nación, por lo que con el oficio 2014EE61673 de
agosto de 2014, se autorizó realizar los pagos de la indexación de las diferencias
dejadas de recibir.
39
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 2021, proceso 11001-03-26-000-2020-00076-
00(66091) A, C.P. María Adriana Marín.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
También se indicó que por medio de la Resolución nro. 8954-6 del 11 de diciembre
de 2014, que modificó la Resolución nro. 4052-6 del 19 de junio de 2013, la
secretaría de educación ordenó sufragar a favor del actor las diferencias resultantes
de la nivelación salarial desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de
2009, y la actualización de los valores que había dejado de recibir, del 10 de febrero
de 1997 al 31 de diciembre de 2012, para un total de $105.652.808.
En consideración a lo anterior la Sección Segunda concluyó que: (i) «pese a que el
demandante fue incorporado a la planta de la secretaría de educación de Caldas a partir de
1997 y tenía derecho a que le sufragaran los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos en forma correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar
la pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al mandato
constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes sumas, lo
que resultaría, además, incompatible con el pago de intereses moratorios» y (ii) «que
comoquiera que el pago de los dineros reconocidos al actor el 22 de marzo de 2013 (fecha
desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó el 15 de abril del mismo año, esto es,
dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica que se generen
intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos administrativos
mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el simple retardo
o incumplimiento de él, y, además, ello debe tener su previsión legal al respecto». Postura
que, según se indicó, coincide con la expuesta por esa sección en casos similares40.
Es decir, para resolver la litis el juez natural tuvo en cuenta que: (i) la suma
reconocida a favor del demandante fue objeto de indexación –desde el 10 de febrero de
1997-, lo cual resulta incompatible con los intereses moratorios reclamados, (ii) no se
presentó tardanza que implique la causación de intereses de mora -periodo del 22 de
marzo de 2013 al 15 de abril de 2013- y (iii) en los actos administrativos que reconocieron
las sumas a pagar no se estableció plazo cuyo incumplimiento dé lugar a una
sanción, lo que, además, debe contar con previsión legal.
Planteamientos con los que no está de acuerdo el demandante en este proceso, en
tanto considera que: (i) no fue juzgado conforme a las normas preexistentes y en
cuanto a los intereses de mora no se realizó un análisis normativo concreto al caso,
(ii) las pretensiones de la demanda no se refieren a la indexación, pues esta se
reconoció de oficio, (iii) en el plenario está probado que el Estado tardó 16 años para
cumplir con su responsabilidad, (iv) se está requiriendo que el legislador expida
normas que de forma expresa ordenen el reconocimiento de intereses moratorios por
el incumplimiento de obligaciones de naturaleza laboral, civil, comercial,
administrativa, etc., (v) se está pretendiendo la existencia de una ley exclusiva que
ordene intereses de mora dentro de un proceso de homologación y nivelación salarial
y (vi) no es cierto que, para el reconocimiento de los intereses moratorios, en casos
como el presente, estos deban estar previstos de forma expresa en la resolución que
reconoció el retroactivo, pues se trata de una sanción por el pago tardío de la
obligación.
Así las cosas, lo que se observa es que el debate jurídico y probatorio propuesto por
el actor en este asunto ya fue surtido ante el juez natural, sin que sea posible
plantearlo nuevamente, como si el recurso extraordinario de revisión fuera una
instancia adicional al proceso ordinario -tercera instancia-, reiterando la Sala que en
casos como el presente «[n]o resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia,
motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
40
Transcribió apartes de las sentencias del 7 de diciembre de 2017, exp. 73001-23-33-000-2014-00311-01, C.P. William
Hernández Gómez y del 25 de abril de 2019, exp. 66001-23-33-000-2016-00471-01, C.P. César Palomino Cortés.
15
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Actor: Ángel María Giraldo Orrego
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica»41, pues esos reparos son ajenos a la causal de
revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA y escapan a la
competencia del juez del recurso extraordinario de revisión.
Por lo expuesto, se tiene que, contrario a lo afirmado por el demandante, en el sub
examine no se advierte que se haya desconocido el principio de congruencia de la
sentencia, toda vez que el hecho de que no se reconozcan las pretensiones de la
demanda en los términos solicitados -intereses de mora- no implica que la segunda
instancia haya resuelto una causa diferente a la invocada u omitido decidir la
cuestión sometida a litigio, pues como se analizó, en este caso, se encontró probado
que la suma reconocida a favor del demandante se indexó –desde el 10 de febrero de
1997 hasta el 31 de diciembre de 2012-, lo que es incompatible con los intereses pedidos, y
que no se presentó tardanza que implique su causación, por el periodo del 22 de
marzo de 2013 al 15 de abril de 2013.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que lo pretendido por la parte actora en
este asunto es que se revise la cuestión decidida en el proceso ordinario, como si el
recurso extraordinario de revisión constituyera una instancia adicional en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual se declarará
infundado, toda vez que no se probó que se configuró la causal de revisión prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
9. Costas
De conformidad con el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, vigente para cuando se presentó la demanda que contiene el
recurso extraordinario de revisión, «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en
costas y perjuicios al recurrente», regla que se debe analizar en conjunto con lo previsto
en el numeral 8 del artículo 365 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo
188 del CPACA, según la cual, «[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En este caso no hay lugar a la condena en costas, por cuanto revisado el expediente
no se encontró prueba alguna que demostrara su causación.
En conclusión, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Ángel María Giraldo Orrego, contra la sentencia proferida el
23 de octubre de 2020 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, sin que haya lugar a la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Once (11) Especial de
Decisión, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 2001-01504
(35221), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Si bien esta providencia se refiere a la causal de revisión prevista en el numeral 6 del
artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, esos argumentos
resultan aplicables al caso concreto, en tanto que dicha causal guarda identidad con la señalada en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, toda vez que ambas normas prevén como causal de revisión «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00667-00
Actor: Ángel María Giraldo Orrego
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Ángel María Giraldo Orrego, contra la sentencia proferida el 23 de
octubre de 2020 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Reconocer personería al doctor Carlos Alberto Vélez Alegría, como
apoderado de la Nación Ministerio de Educación Nacional, en los términos y para los
efectos del poder conferido, visible en el índice 20 de SAMAI.
CUARTO. En firme esta decisión, archívese el expediente.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara el voto
(Firmado electrónicamente)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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