Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00683-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00683-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00683-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
10 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00683-00
Demandante: María Estefanía Galvis Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00683-00
Demandante: MARÍA ESTEFANÍA GALVIS MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A”
Temas: Tutela contra providencia judicial proferida por alta
Corporación. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Devolución y pago de los saldos abonados en la
cuenta individual de ahorro pensional. Defectos material o
sustantivo y violación directa de la Constitución. Requisito
general de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Estefanía Galvis Martínez1, mediante apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que
pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al trabajo y a la
seguridad social, supuestamente vulnerados con el fallo del 27 de mayo de 2021,
por medio del cual confirmó la decisión de primera instancia en el que se negaron
las pretensiones en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
que adelantó contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y Fiduprevisora S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora afirma que laboró como docente y que el 15 de mayo de 2006 el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación de
Bogotá D.C., por medio de la Resolución Nº 1887 de 15 de mayo de 2006, le
reconoció la pensión de jubilación. Posteriormente, en desarrollo de su función
obtuvo calificación del 96% de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con el
concepto medicó laboral emitido el 27 de febrero de 2012.
En razón a lo anterior, la Secretaría de Educación de Bogotá mediante Resolución
Nº 3428 de 27 de marzo de 2012, ordenó el retiro del servicio de la ahora
accionante, por razones de invalidez.
El 9 de agosto de 2012, “a través de la Resolución número 4527 emitida por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretara de Educación
1 La acción de tutela se presentó el 26 de enero de 2022.
1
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Demandante: María Estefanía Galvis Martínez
de Bogotá D.C., se resolvió suspender los efectos fiscales en todas y cada una de
sus partes de la Resolución No. 1887 del 15 de mayo de 2006 y en consecuencia
se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión mensual por invalidez a partir
del día 30 de abril de 2012, a favor de la accionante”.
El 27 de marzo de 2013 (radicado 2013ER37262), la demandante presentó
petición ante el Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en la que solicitó la devolución y pago de los saldos de ahorro
pensional.
El 30 de abril de 2013, el Ministerio de Educación Nacional mediante oficio con
radicado Nº 2013EE24124 01, informó a la demandante que su petición fue
remitida a la Fiduprevisora S.A., por cuanto “el Ministerio de Educación Nacional
no atiende directamente los trámites sobre las Prestaciones Económicas,
Seguridad Social de los Docentes y Directivos Docentes Oficiales de acuerdo con
la normatividad vigente, la administración está a cargo de la Fiduciaria la
Previsora”.
El 25 de junio de 2013, la Fiduprevisora, a través del oficio con Nº de barra
2013EE00058788, informó a la peticionaria que la solicitud “en la actualidad se
encuentra radicada para ser objeto de estudio con el fin de verificar su viabilidad
jurídica en los términos del Decreto 2831 de 2005”.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la
actora presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora, con el
fin de que se declarara la nulidad del acto ficto negativo surgido de la petición
presentada el 27 de marzo de 2013 y se ordenara la devolución y pago de los
saldos abonados en la cuenta individual de ahorro pensional “por efecto del
reconocimiento de la pensión de invalidez”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
en fallo de 17 de noviembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda “con el
argumento de que, el ordenamiento jurídico no prevé, ni ha previsto, que el afiliado
al sistema tenga derecho a la devolución de los aportes”.
Contra la anterior decisión la actora interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por
sentencia de 27 de mayo de 2021, en el sentido de confirmarla, bajo el argumento
de que “las previsiones del artículo 53 del Decreto 1295 de 1994 y el literal b del
artículo 15 de la Ley 776 de 2002 no son aplicables a su situación particular”.
2. Fundamentos de la acción
La accionante presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social,
supuestamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, con la decisión de 27 de mayo de 2021, en la que se confirmó el
fallo de primera instancia en el que se negaron las pretensiones de la demanda
encaminadas a que se ordenara la devolución y pago de los saldos abonados en
la cuenta individual de ahorro pensional “por efecto del reconocimiento de la
pensión de invalidez”, para lo cual se apoyó en los artículos 48 de la Constitución
Política, 10 y 22 de la Ley 100 de 1993, 4 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley
776 de 2002, así como las sentencias “CSJ SL, 1.º dic. 2009, rad. 33558, reiterada
en CSJ SL153-2014; CSJ SL9282-2014; CSJ SL10250-2014; Id Documento:
11001031500020220068300005025220004 7 CSJ SL17433-2014; CSJ SL17447-
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2014; CSJ SL 2096-2015; CSJ SL12155 de 2015; CSJ SL18072-2016; CSJ
SL1764-2018; CSJ SL1244-2019” y la C-546 de 1992, proferida por la Corte
Constitucional.
Indicó que en la decisión objetada se configuró un defecto sustantivo, por cuanto
“[e]n la sentencia se invoca el contenido de la ley 812 de 2003, referente a la
vinculación de los docentes, para desconocer la devolución de los saldos de
ahorro pensional; para los efectos de la seguridad social, el tema se encuentra
regulado por la ley 776 de 2002, aceptar esa teoría es degradar o desconocer el
principio de progresividad que protege al trabajador para efectos del derecho a la
seguridad social, es evidente la contradicción entre los principios que protege la
seguridad social y la norma que invoca la sentencia, para negar la devolución de
los saldos de ahorro pensional, se estructura el defecto material de la sentencia,
frente a los derechos de la accionante”.
Aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la
Constitución, en tanto se vulneraron los derechos fundamentales invocados, toda
vez que “[e]l aporte obligatorio que se debe hacer para pensión, de un trabajador,
hace parte integral de los ingresos que le deben al trabajador por su jornada”.
Además, afirmó que la autoridad judicial accionada no argumentó en la sentencia
por qué las normas invocadas (artículo 53 del Decreto 1295 de 1994 y artículo 15
de la Ley 776 de 2002), no son aplicables a la solicitante, por lo que resulta
evidente que “la sentencia es violatoria de las normas constitucionales invocadas”.
Reiteró que “[p]or efecto del reconocimiento de la [p]ensión por [i]nvalidez, según
el contenido de la Ley 100, Libro Tercero; Sistema de Riesgos Profesionales; el
Decreto 1295 de 1.994 y la Ley 776 2002; se ordena en forma obligatoria la
devolución de los saldos de ahorro pensional del pensionado por invalidez”.
Por último, manifestó que la providencia objetada se dictó en el marco de un
recurso de apelación, por lo que no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial, además que la acción de tutela cumple el requisito de la inmediatez toda
vez que fue notificada el 30 de agosto de 2021.
3. Pretensiones
La accionante formuló la siguiente:
“Se solicita en forma comedida a los señores consejeros dejar sin efecto la
sentencia dictada por esa corporación - la sección segunda -en el proceso
radicado 25000234200020140018601, de nulidad y restablecimiento del
derecho, y en su defecto que ordene la devolución de los saldos de ahorro
pensional realizado[s] por la accionante, desde la fecha en que la fue
reconocida la pensión por invalidez”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 8 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, allegó copia digital del
expediente que contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el Nº 25000-23-42-000-2014-00186-01.
5. Trámite procesal
Por auto de 31 de enero de 2022, la Magistrada Sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial
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demandada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a Fiduprevisora S.A.,
como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 130631 a 130635 de 7
de febrero de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
En escrito de 9 de febrero de 2022, el consejero ponente pidió que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, toda vez que “es clara la intención de la
accionante de intentar reabrir nuevamente el debate adelantando en el proceso
ordinario, circunstancia que desnaturaliza el carácter residual y subsidiario del
mecanismo de amparo”.
Señaló que los argumentos que se invocan en el escrito de tutela no tienen
vocación de prosperidad, por cuanto no son reparos de orden constitucional, sino
que contrario a ello, constituyen la reiteración de los argumentos expresados en el
recurso de apelación, y que fueron resueltos ampliamente en la sentencia objeto
de reproche.
Por último, sostuvo que la decisión objetada se sustentó en la línea jurisprudencial
adoptada por “la Sala de Subsección A”, según la cual, no era procedente acceder
a la pretensión de reintegro elevada por la demandante, en razón a que los
docentes afiliados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
se les aplica el régimen consagrado en el Decreto Ley 3135 de 1968, y los
Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, en los cuales no se contempla el derecho
a la devolución de los aportes pensionales efectuados cuando el afiliado se
pensiona por invalidez.
6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda, Subsección “B”
En mensaje de datos enviado por correo electrónico de 8 de febrero de 2022, el
escribiente de la corporación remitió copia digital del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el Nº 25000-23-42-000-2014-00186-
01.
6.3. El Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) y Fiduprevisora S.A., guardaron silencio, aun
cuando fueron debidamente notificados.
2 La accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados en el resultado del
proceso fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico:
mantoluna@hotmail.com, notifnyepes@consejodeestado.gov.co,
ncardenasa@consejodeestado.gov.co, notifgsanchez@consejodeestado.gov.co,
mhernandezdi@consejodeestado.gov.co, notifjrodriguez@consejodeestado.gov.co,
sjaimesv@consejodeestado.gov.co, notiftutelas3@consejodeestado.gov.co,
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co, s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 27 de mayo de 20213,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag) y Fiduprevisora S.A., tendientes a que se ordenara la
devolución y pago de los saldos abonados en la cuenta individual de ahorro
pensional “por efecto del reconocimiento de la pensión de invalidez”, vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social, por cuanto incurre en
los defectos sustantivo, al desconocer que la devolución de los saldos de ahorro
pensional está regulada por la Ley 776 de 2002 y en violación directa de la
Constitución, por la vulneración de sus derechos fundamentales, y por no
argumentar en la sentencia demandada por qué las normas invocadas (artículo 53
del Decreto 1295 de 1994 y artículo 15 de la Ley 776 de 2002), no son aplicables
a la solicitante.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones4.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
3 De conformidad con el índice 18 de SAMAI del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el Nº 25000-23-42-000-2014-00186-01, la sentencia fue notificada mediante
correo electrónico el 30 de agosto de 2021.
4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P.
María Victoria Calle Correa.
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condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
6 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-
02201-01.
7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. A juicio de la accionante, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, vulneró sus derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad
social, con la decisión de 27 de mayo de 2021 que confirmó el fallo de primera
instancia en el que se negaron las pretensiones en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que instauró contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag) y Fiduprevisora S.A., tendientes a que se ordenara la devolución y pago
de los saldos abonados en la cuenta individual de ahorro pensional “por efecto del
reconocimiento de la pensión de invalidez”.
Aseveró que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos i)
sustantivo, al desconocer que la devolución de los saldos de ahorro pensional
está regulada por la Ley 776 de 2002 y ii) violación directa de la Constitución,
por la vulneración de sus derechos fundamentales, y por no argumentar en la
sentencia demandada la razón por la que las normas invocadas (artículo 53 del
Decreto 1295 de 1994 y artículo 15 de la Ley 776 de 2002), no son aplicables a la
solicitante.
4.2. La Sala anticipa que en el presente asunto la acción de tutela se torna
improcedente por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional, toda vez
que la tutela se está utilizando como una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada, reiterando el debate legal que ya
resolvió el juez natural, tal como se expone a continuación:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
en fallo de 17 de noviembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con sustento en lo siguiente:
“Así las cosas, es de advertir que la demandante está afiliada y se encuentra
dentro del régimen de prima media con prestación definida, régimen que no
prevé como regla general la devolución de aportes (…).
El artículo 37 de la ley 100 de 1993, en el régimen de prima media con
prestación definida, no prevé la devolución de aportes, sino que en el caso de
que el afiliado no alcance los requisitos para pensionarse, tiene derecho a la
indemnización sustitutiva.
En el caso concreto, como quedó demostrado en el proceso, la demandante no
se encuentra afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, para así
poder pretender la devolución de aportes, tampoco su situación fáctica se
adecua a la prevista en el artículo 37 de la ley 100 de 1993, para que en su lugar
tuviere derecho a la indemnización sustitutiva. Asimismo, del acervo probatorio
allegado al proceso, se tiene que la pensión de jubilación fue suspendida para
acceder a la pensión por invalidez, y en ese evento, el ordenamiento jurídico no
prevé, ni ha previsto, que el afiliado al sistema tenga derecho a la devolución de
los aportes.
Por lo esbozado en precedencia, los artículos 253 de la ley 100 de 1993, 53 del
[D]ecreto 1295 de 1994 y 15 de la [L]ey 776 de 2002, no podían ser
desconocidos, en este caso, por la demandada, por la potísima razón que son
inaplicables a la situación fáctica de la demandante. Por lo anterior, habrá que
denegarse las súplicas de la demanda”.
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Demandante: María Estefanía Galvis Martínez
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
para lo cual insistió en que i) la ley impone la obligación legal de devolver los
saldos que se encuentran en la cuenta de ahorro pensional, “por efecto del
reconocimiento de la pensión por invalidez” de acuerdo con lo establecido en los
artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 158 de la Ley 776 de 2002 y ii) que “el
[T]ribunal en la sentencia se dedica a realizar un estudio de los dos sistemas del
régimen pensional, «[p]rima media con [p]restación definida» y «[r]égimen de
[a]horro con [s]olidaridad»’, dejando de lado lo fundamental de las pretensiones de
la demanda (…), ya que estas apuntan en lo central a recuperar para la
accionante, sus derechos de riesgos laborales, los cuales hacen parte integral de
seguridad social, contenidos en la cuenta de ahorro pensional, los cuales
legalmente hacen parte integral del salario de la trabajadora, la sentencia, dejo de
lado analizar la solicitud de devolución del ahorro aludido”.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de
27 de mayo de 2021, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que:
“Al respecto, es evidente la existencia de un vacío normativo frente a los
docentes vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que
hay una ausencia de regulación de la figura de devolución de los aportes que
ha realizado un docente respecto de la pensión de jubilación, en los eventos en
los cuales ha sido pensionado por invalidez.
En punto al tema, el régimen general de seguridad social contempla la citada
figura de cara a dos tipos de aportes, tales son los aportes para pensión de
jubilación (efectuados por el empleador y el empleado) y los aportes que se
realizan en el sistema general de riesgos laborales contemplado en el Decreto
1295 de 1994, modificado por la Ley 1562 de 2012, caso en el cual están a
cargo de los empleadores.
Igualmente es pertinente aclarar que en el régimen general, la entidad
responsable de la pensión de invalidez depende del origen de la enfermedad o
del accidente de trabajo; en tratándose de pensión de invalidez generada por
una enfermedad profesional o accidente laboral, el sistema general de riesgos
laborales, dispone que la responsabilidad de tal prestación le compete a la
administradora de riesgos laborales (ARL) a la cual se encuentre afiliado el
trabajador, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1295 de 1994 y en la Ley
776 de 2002, artículo 1.°, parágrafo 2°.
Por lo tanto, en el escenario (del régimen del sistema general de seguridad
social es perfectamente viable, como lo dispuso el legislador, que cuando un
afiliado al fondo de riesgos laborales, adquiera el derecho a la pensión de
invalidez por enfermedad profesional o accidente laboral, le sean devueltos sus
aportes para pensión de jubilación en una de las dos modalidades: (i) que sea
devuelta la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional si se
encuentra afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad o (ii) le sea
otorgada la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de
8 Artículo 15. Devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Cuando un afiliado al Sistema
General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de
trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes
que deberá, reconocerse de conformidad con la presente ley, se entregará al afiliado o a los
beneficiarios: a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la
totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional; b) Si se encuentra afiliado el
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en
el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Parágrafo. Para efectos del saldo de la cuenta de ahorro
individual, los bonos pensionales, en desarrollo del artículo 139, numeral 5, de la Ley 100 de 1993,
se redimirán anticipadamente a la fecha de la declaratoria de la invalidez o de la muerte de origen
profesional.
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1993 si se encuentra afiliado el régimen solidario de prima media con
prestación definida.
Sin embargo, esta Subsección ha precisado que para aquellos docentes
vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como en el presente caso, el
reconocimiento de las pensiones de invalidez y jubilación se encuentran en
cabeza de esa misma entidad, para la cual la Ley 91 de 1989 estableció en su
artículo 8° un esquema de cotizaciones o aportes de la Nación como
empleadora y de los docentes como trabajadores, y que constituyen los
recursos con los que se financia tal fondo, y en cuyos numerales 1° y 3°
disponen el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el
8% equivalente al aporte de la Nación sobre «los factores salariales que forman
parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes»,
respectivamente.
Como se advierte de lo anterior, se muestra evidente que la devolución de los
aportes pensionales que consagra la Ley 776 de 2002 en el sistema general de
seguridad social y en el sistema general de riesgos laborales puede efectuarse
a través de las figuras de devolución de la totalidad del saldo de la cuenta
individual de ahorro pensional o la indemnización sustitutiva prevista en el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, pues existe plena claridad acerca (i) del
origen de los aportes y (ii) del objeto para el cual se realizaron como es la
financiación de la pensión de jubilación.
Contrario sensu, la Subsección ha sostenido que en el caso de los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el esquema de
cotizaciones o aportes de la Nación -como empleadora- y de los docentes -
como trabajadores-, que se realizan con destino al Fondo financian las dos
prestaciones a la vez (invalidez y jubilación), por lo que no existe claridad frente
al monto a devolver correspondiente a los descuentos que se efectuaron a la
demandante a lo largo de su relación laboral, en los términos en los que
reclama, es decir a la luz de la Ley 776 de 2002, no existiendo certeza sobre
cuál es la diferencia que debería devolverse.
Con fundamento en las razones expuestas, no le asiste razón a la demandante,
como quiera que las previsiones del artículo 53 del Decreto 1295 de 1994 y el
literal b del artículo 15 de la Ley 776 de 2002 no son aplicables a su situación
particular, por lo que se confirmara la sentencia de 17 de noviembre de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las suplicas
de la demanda, por los motivos señalados en precedencia”.
De conformidad con lo anterior, la Sala observa que en las dos instancias
judiciales se estudió la pretensión consistente en devolver y pagar los saldos
abonados a la cuenta individual de ahorro pensional de la demandante
pensionada por invalidez, a quien se le suspendió el pago de su pensión de
jubilación, sin embargo, se le indicó que las previsiones del artículo 53 del Decreto
1295 de 1994 y el literal b del artículo 15 de la Ley 776 de 2002 no resultaban
aplicables a la situación particular de la actora, por cuanto era docente afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculada con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y que el esquema de
cotizaciones o aportes de la Nación (empleadora) y de los docentes
(trabajadores), que se realizan con destino al Fondo financian las dos
prestaciones a la vez (invalidez y jubilación), por lo que no existe claridad frente al
monto a devolver correspondiente a los descuentos que para el caso, se
efectuaron a la demandante a lo largo de su relación laboral, en los términos en
los que reclama (Ley 776 de 2002), no existiendo certeza sobre cuál es la
diferencia que debería devolverse.
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4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala evidencia que en la acción de tutela la
actora insiste en lo expresado en la demanda y en el recurso de apelación
presentado contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario,
relativo a la inaplicación de lo establecido en los artículos 53 del Decreto 1295 de
1994 y 15 de la Ley 776 de 2002 (devolución y pago de saldos abonados en la
cuenta individual de ahorro pensional de la demandante pensionada por invalidez,
a quien se le suspendió el pago de su pensión de jubilación), para lo cual acude a
la caracterización de los defectos sustantivos y violación directa de la constitución,
con el fin de dar continuidad a la misma discusión de carácter legal que fue
resuelta por el juez natural.
Ahora, si bien la actora se refiere al argumento expuesto por el ad quem, en el
sentido de que era una docente vinculada antes de la Ley 812 de 2003, lo cierto
es que insiste en la aplicación del artículo 53 del Decreto 1295 de 1994 y artículo
15 de la Ley 776 de 2002, respecto del cual la autoridad judicial demandada le
indicó que las previsiones de las citadas normas no son aplicables a su situación
particular, por cuanto, no existe claridad frente al monto a devolver
correspondiente a los descuentos que se efectuaron a la demandante a lo largo de
su relación laboral.
En efecto, reprocha que “[e]n la sentencia se invoca el contenido de la ley 812 de
2003, referente a la vinculación de los docentes, para desconocer la devolución de
los saldos de ahorro pensional; para los efectos de la seguridad social, el tema se
encuentra regulado por la ley 776 de 2002, aceptar esa teoría es degradar o
desconocer el principio de progresividad que protege al trabajador para efectos del
derecho a la seguridad social, es evidente la contradicción entre los principios que
protege la seguridad social y la norma que invoca la sentencia, para negarla la
devolución de los saldos de ahorro pensional, se estructura el defecto material de
la sentencia, frente a los derechos de la accionante”.
Por lo anterior, se observa que el propósito de la accionante es seguir con una
discusión de naturaleza litigiosa relacionada con la aplicación de los artículos 53
del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776 de 2002, en la resolución de la
demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, por lo que insistir sobre ellas
en esta sede constitucional y residual desconoce el requisito de relevancia
constitucional necesario para el estudio de la tutela contra providencias judiciales,
en tanto se estaría utilizando como una instancia adicional al proceso ordinario.
Frente a ello, la Sala encuentra que, como se expuso de manera precedente, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, abordó el estudio de los
citados reproches, explicando las razones por las cuales no son aplicables los
artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776 de 2002, a la situación
de la demandante, toda vez que “en el caso de los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el esquema de cotizaciones o aportes
de la Nación -como empleadora- y de los docentes -como trabajadores-, que se
realizan con destino al Fondo financian las dos prestaciones a la vez (invalidez y
jubilación), por lo que no existe claridad frente al monto a devolver
correspondiente a los descuentos que se efectuaron a la demandante a lo largo de
su relación laboral, en los términos en los que reclama, es decir a la luz de la Ley
776 de 2002, no existiendo certeza sobre cuál es la diferencia que debería
devolverse”.
También, la autoridad judicial accionada explicó que “es evidente la existencia de
un vacío normativo frente a los docentes vinculados al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, ya que hay una ausencia de regulación de la figura de
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devolución de los aportes que ha realizado un docente respecto de la pensión de
jubilación, en los eventos en los cuales ha sido pensionado por invalidez”.
En ese orden de ideas, los argumentos expuestos por la demandante en la acción
de tutela, fueron resueltos por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, cuestión diferente es que la parte actora al no estar de acuerdo
con la inaplicación de los artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776
de 2002 y la decisión tomada por la autoridad judicial demandada, presentara la
tutela, bajo la supuesta vulneración de derechos fundamentales, lo que no es
razón suficiente para omitir, el hecho de que el mecanismo de tutela se está
utilizando como una instancia adicional, lo que desconoce el requisito de la
relevancia constitucional.
Al respecto, de manera reciente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-128
de 20219, reiteró que el requisito de la relevancia constitucional tiene como
propósito “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces ordinarios
y, por tanto, evitar que la tutela sea utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio la tutela a cuestiones que afecten los derechos
fundamentales y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.
De otra parte, es necesario precisar que la decisión objetada fue dictada por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por lo que la
verificación de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia en este
caso teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta
Corporación.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
estricto cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 201010, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en
la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En
los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela
pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por cuanto se desatendió el requisito de la relevancia constitucional, toda
vez que la actora insiste en el debate legal que ya resolvió el juez natural
(inaplicación de los artículos 53 del Decreto 1295 de 1994 y 15 de la Ley 776 de
2002), argumentos que ya fueron resueltos por las autoridades judiciales de
primera y segunda instancia, por lo que se evidencia la intención de dar
continuidad a un debate de naturaleza litigiosa.
9 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei
Egor Julio Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora María Estefanía Galvis Martínez, quien actúa mediante apoderado judicial,
por las razones expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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