Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00686-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00686-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00686-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
de inmediatez
Derechos Fundamentales Invocados: i) Mínimo vital, ii) dignidad humana y iii)
salud
Derecho Fundamental Amparado: i) Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, porque, a
su juicio, el Tribunal al proferir el auto de 25 de marzo de 2021, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 760012333007201801001-00, y la UGPP, al suspender de manera
provisional de la nómina de pensionados el pago de la pensión gracia de la actora
en cumplimiento de lo dispuesto por la providencia de la referencia, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderada1, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, porque,
a su juicio, el Tribunal al proferir el auto de 25 de marzo de 2021, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 760012333007201801001-00, y la UGPP, al suspender de
manera provisional de la nómina de pensionados el pago de la pensión gracia de
la actora en cumplimiento de lo dispuesto por la providencia de la referencia,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
señora Elicenia Gálvez Alarcón, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 15529 de 11 de marzo de 1993, por medio de la cual se le
reconoció la pensión gracia a la demandada, computando tiempos de servicios de
carácter nacional. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho la UGPP
solicitó que i) se ordenara excluir de la nómina de pensionados y cesar el pago de
la pensión gracia reconocida a la demandada, por no asistirle el derecho a devengar
dicha pensión y ii) se le ordenara pagar y reintegrar a la UGPP todas las sumas
pagadas en exceso.
1 Documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2”. Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
4. Señaló que, mediante auto de 12 de noviembre de 2019, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó la medida cautelar de suspensión del acto
administrativo demandado, decisión frente a la cual la UGPP interpuso recurso de
reposición.
Auto de 25 de marzo de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca dentro del del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación
760012333007201801001-00
5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso:
“[…] PRIMERO: REPONER el auto interlocutorio nro. 264 del 12 de noviembre de
2019.
SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional de la resolución nro. 15529 del
11 de marzo de 1993, expedida por CAJANAL hoy Unidad Gestión (sic) Pensional y
contribuciones Parafiscales – UGPP, por medio de la cual se ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la señora ELICIENIA (sic)
GÁLVEZ ALARCÓN […]”.
6. Dentro de sus consideraciones señaló que:
“[…] En el proceso de la referencia, la parte demandante solicitó la suspensión
provisional de la Resolución nro. 15529 del 11 de marzo de 1993, mediante la cual
la extinta CAJANAL efectuó el reconocimiento de la pensión gracia a la señora
ELICENIA GÁLVEZ ALARCÓN. Adujo que la medida cautelar solicitada es
procedente por cuanto, para el reconocimiento pensional, se computaron tiempos de
servicio del orden nacional; lo cual, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, contraría lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, el artículo 3 de
la Ley 37 de 1933 y el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 […]”.
[…]
“[…] se debe señalar que, conforme a la jurisprudencia el Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, es requisito indispensable para el reconocimiento de la pensión
gracia que el docente haya prestado sus servicios en planteles municipales,
distritales o departamentales, por manera que dicha pensión no puede ser
reconocida computando tiempos de servicio del orden nacional. Esto por cuanto, por
disposición constitucional, está prohibido recibir dos ingresos que provengan del
ordena (sic) nacional.
En el presente caso, a través del acto administrativo cuya suspensión provisional
pretende el demandante – Resolución nro. 15529 del 11 de marzo de 1993 – la
extinta CAJANAL reconoció la pensión gracia a la señora ELICENIA GÁLVEZ
ALARCÓN computando para tal fin, el tiempo de servicios en el orden nacional:
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Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
Vale la pena acotar que, conforme a la certificación aportada al plenario, la señora
ELICENIA GÁLVEZ ALARCÓN únicamente acreditó haber laborado en el orden
territorial durante menos de nueve años.
Es evidente entonces que el acto administrativo cuya suspensión provisional solicita
la parte demandante tuvo en cuenta períodos no computables para acceder a la
pensión gracia, razón por la cual, conforme a las disposiciones normativas y la
jurisprudencia precedentemente citadas, éste contraviene el ordenamiento jurídico
y, en esa medida, el reconocimiento pensional efectuado genera una afectación
injustificada al patrimonio público.
A la misma conclusión ha llegado el Consejo de Estado en recientes
pronunciamientos, - radicados internos Nros. 0617-16 y 4730-17 - en los que, bajo
situaciones fácticas similares a las del presente caso, se resolvió confirmar el decreto
de la suspensión provisional de los actos de reconocimiento de la pensión gracia.
Por lo anteriormente dicho, resulta procedente la suspensión provisional del acto
administrativo demandado. En consecuencia, sin que ello implique prejuzgamiento,
la Sala repondrá el auto interlocutorio nro. 264 del 12 de noviembre de 2019 y, en su
lugar, decretará la medida cautelar solicitada por la parte demandante […]”.
7. Afirmó que, “[…] En cumplimiento de la orden judicial referida en el hecho
anterior el área de Nómina de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION (sic) PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION (sic) SOCIAL/ UGPP, dispuso suspender de manera provisional de
la nómina de Pensionados la ejecución del Pago de las Resoluciones que
otorgaban el derecho a mi representada mediante la Resolución No RDP 014815
del 15 de Junio de 2021 […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Solicito a su Señoría TUTELAR los Derechos Fundamentales AL MINIMO (sic)
VITAL, A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, LA SALUD de mi representada,
señora ELICENIA GALVEZ (sic) ALARCON (sic), ordenándole al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA que REVOQUE su Auto Interlocutorio
No 84 del 25 de Marzo de 2021 bajo el Radicado No 76001233300020180100100
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Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
hasta que se tenga una Sentencia en firme y ejecutoriada Y LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic) PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION (sic) SOCIAL/ UGPP
que ACATE esa CANCELACION (sic) DE LA MEDIDA CAUTELAR hasta que la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa lo disponga […]”.
9. La actora sustentó su solicitud de amparo en los siguientes términos:
“[…] En cumplimiento de la orden judicial referida en el hecho anterior el área de
Nómina de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic)
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION (sic)
SOCIAL/ UGPP, dispuso suspender de manera provisional de la nómina de
Pensionados la ejecución del Pago de las Resoluciones que otorgaban el derecho a
mi representada mediante la Resolución No RDP 014815 del 15 de Junio de 2021.
SEXTO: Esa Pensión Gracia que alcanzaba la suma de TRES MILLONES
SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.701.285,64) constituía el 55.46% de sus
ingresos básicos y el dejar de recibirla afecta gravemente sus derechos
fundamentales ya que no tiene los medios económicos para proveer su subsistencia,
esto es los gastos de salud, servicios públicos, alimentación, cuota de administración
de la Unidad Residencial que habita, Impuestos Prediales y Nacionales, vestuario,
transporte y obligaciones bancarias y financieras contraídas de acuerdo a su estrato
económico, sin contar con el apoyo económico de nadie ya que se trata de persona
soltera y sin hijos y actualmente de 82 años de edad.
SEPTIMO (sic): Esta situación económica y que sus ingresos actuales estén por
debajo de sus necesidades vitales, pues sólo recibe un 44.54% de ellos, ha
provocado un caos en su vida, por cuanto empezó a afrontar cobros pre-jurídicos,
jurídicos, reportes a las centrales de riesgo como DATACREDITO, etc., lo cual
implica inestabilidad material y emocional que ha redundado en su salud y
tranquilidad, pues siempre ha sido persona (sic) correcta y cumplida en el
cubrimiento de sus obligaciones y deberes […]”.
[…]
“[…] DECIMO (sic): Las leyes 114 de 1.913 que creó la Pensión Gracia para los
maestros de Enseñanza Primaria oficial, la Ley 116 de 1.928 que la hizo extensiva a
los empleados y profesores de las Escuelas Normales e Inspectores de Instrucción
Pública y la Ley 37 de 1933 que de igual manera cobija a los maestros que hayan
completado los años de servicio señalados en la Ley en Establecimientos de
Enseñanza Secundaria, otorgan palmariamente el Derecho a mi representada para
disfrutar de esa Pensión, tema que es objeto del Proceso en curso en el Tribunal
Administrativo […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de enero de 2022, i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al Representante Legal de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
Protección Social – UGPP, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la parte demandada
11. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, negar la solicitud de amparo,
toda vez que, en su criterio, no existió vulneración a derecho fundamental alguno
de la accionante.
11.1. Para tal efecto, señaló que:
“[…] Tal como se manifiesto (sic) en precedencia, la UGPP mediante resolución RDP
014815 del 15 de junio de 2021, suspendió de manera provisional de nómina de
pensionados y en cumplimiento a una orden judicial proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, el 25 de Marzo de 2021 la cual ordenó
la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución No. 15529 del 11
de marzo de 1993, que reconoció la Pensión de Jubilación Gracia y la Resolución
No 31581 del 27 de junio de 2007 que reliquidó la Pensión de Jubilación Gracia a la
señora ELICENIA GALVEZ (sic) ALARCÓN […]”.
[…]
“[…] Su señoría, en primera medida es pertinente señalar que el obrar de la Entidad
obedece al deber de dar cumplimiento a lo ordenado en los fallos judiciales, la UGPP
es conocedora del deber de propender por la protección de los derechos
fundamentales, sin embargo, también está en la obligación legal de cumplir las
decisiones judiciales conforme lo señalado en los artículos 189 y 192 del Código de
Procedimiento Administrativo, el artículo 454 del Código Penal y los artículos 34 y
35 numeral primero respectivamente de la Ley 734 de 2002 que señalan la obligación
del funcionario público de dar cumplimiento a las sentencias judiciales; los actos
administrativos emitidos a la parte accionante han sido conforme derecho y en
cumplimiento a una orden judicial.
Respecto del cumplimiento de la providencia aludida, comunicamos que la
administración debe acatar en estricto sentido las providencias judiciales, sin tener
la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce
determinado proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir en
contra, pues el camino para hacerlas valer no es la renuencia a ejecutar lo ordenado
sino el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra, tal y como lo ha
determinado la Corte Constitucional en sentencia T-670 del 13 de noviembre 1998
[…]”.
[…]
“[…] De conformidad con la Jurisprudencia ya citada, la administración dio estricto y
cabal cumplimiento a la providencia judicial emitida por EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA de fecha 25 de marzo de 2021, sin
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
verificar la conveniencia de la decisión impartida, sino teniendo en cuenta única y
exclusivamente que se trata de orden judicial que debe ser acatada, respetando uno
de los principios de nuestro Estado Social de Derecho […]”.
[…]
“[…] Es claro que la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha señalado,
que la pensión gracia sólo se reconoce a los docentes del orden nacionalizado,
departamental y municipal, y no como erróneamente lo cree la parte accionante,
pretendiendo su reconocimiento con tiempos nacionales […]”.
[…]
“[…] Si su despacho se aparta de los argumentos expresados tanto por la Unidad
como por lo decidido por el Tribunal Administrativo del Valle, se causaría un grave
perjuicio a la sostenibilidad financiera del sistema al Sistema General de Pensiones,
puesto que los dineros con los cuales se paga las pensiones administradas por la
nómina de pensionados de la UGPP, a cargo de la cuenta del Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional - FOPEP, SON LIMITADOS […]”.
[…]
“[…] Una vez lo expuesto en precedencia, es evidente que la parte actora solo (sic)
persigue una pretensión económica de carácter laboral, no susceptible de la acción
de tutela, porque no hay evidencia, al menos sumaria, de vulneración de derechos
fundamentales, actualmente percibe mesada pensional y se encuentra activa en
nómina de pensionados, por ende se descarta la vulneración al derecho al mínimo
vital y que se le esté causando un perjuicio irremediable, lo anterior se corrobora al
verificar el histórico de pagos que se adjunta, donde se puede observar que tiene
reconocida pensión de Vejez por CAJANAL en cuantía de $ 3,139,325.09, así
mismo, esta (sic) activa en el servicio de salud […]”.
12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
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Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
15. En el caso sub examine, corresponde a la Sala i) establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito de la inmediatez y ii) determinar si la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP vulneró los derechos fundamentales
de la actora al suspender de manera provisional de la nómina de pensionados el
pago de su pensión gracia en cumplimiento de lo dispuesto por el auto de 25 de
marzo de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la dignidad humana; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la salud; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
18. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito de inmediatez como requisito general de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-
590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional11.
Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela
24. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199112 estableció
que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no
deba interponerse dentro de un plazo razonable. La Corte Constitucional en la
sentencia SU-961 de 199913 dijo:
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
13 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción
de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción […]”.
25. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
en sentencia de unificación dijo:
“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición
de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además,
teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial
adoptada en un proceso jurisdiccional […]14.
26. Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que
la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar
el cumplimiento del requisito de inmediatez.
27. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho 15:
“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de
abril de 200816, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno
de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era
necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto
de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-
01.
15 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202200686-00
Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de
amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de
un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una
situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo
razonable.[…]”.
28. De igual manera frente al tema y concretamente cuando se trata del
reconocimiento de prestaciones periódicas, esta Sección ha dicho17:
“[…]…la Sala (Expediente nro. 2013-02423-0118, Actora: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
-UGPP-), concluyó que “[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se realizará el análisis
del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, incluido el de
inmediatez, el cual deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y ii) que el actor se encuentre en condición de
debilidad manifiesta […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital
29. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.
30. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho19:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de
2018, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-00293-00.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de
2014, C.P Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación: 11001-03-15-000-2013-02423-01.
19 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
31. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).
32. Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
33. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201521 sobre el derecho
fundamental a la salud.
34. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional22, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Análisis del caso concreto
35. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
21 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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37.1. Copia digital del expediente del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
760012333007201801001-00.
37.2. Informe rendido por la UGPP y sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez
38. En el expediente está plenamente acreditado que i) el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca profirió el auto de 25 de marzo de 2021, y se notificó el 26 de
mayo de 202123; y ii) que la actora presentó la acción de tutela el 26 de enero de
202224, es decir, 8 meses desde la fecha de la notificación hasta la presentación
de la acción de tutela.
39. Con base en lo anterior, la Sala considera que la acción de tutela fue
presentada, superando el plazo razonable de los seis (6) meses, término que como
se evidencia ha sido establecido tanto por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado.
40. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales
que permiten establecer un plazo superior al determinado25, como por ejemplo en
los casos donde se controvirtieren asuntos sobre prestaciones periódicas, donde
se deben verificar los requisitos antes mencionados en la parte motiva de esta
sentencia como lo son: “[…] que se demuestre que la vulneración de los derechos
permanezca, esto es, que sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó
sea muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que el actor se
encuentre en condición de debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala).
23 De conformidad con el documento digital denominado “[…] 002
Notificacion760012333007201801001002021526 […]” del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 760012333007201801001-00,
que allegó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
24 Archivo en Samai: “ED_1ESCRITOCORREOEL(.pdf) NroA ctua 2”.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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41. En el análisis del caso concreto, se cumple el primer requisito toda vez que
la pensión gracia constituye una prestación periódica y la presunta vulneración
alegada es continua y actual, teniendo en cuenta que lo que se procura es que se
levante la medida cautelar que suspendió provisionalmente el pago de dicha
prestación.
42. En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad
manifiesta26, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta Sección en
sentencia de 28 de mayo de 201527, por medio del cual unificó su jurisprudencia
en cuanto a la aplicación de los criterios que deben tenerse en cuenta para analizar
el requisito de la inmediatez en estos casos particulares, especialmente, el que
hace referencia a la “condición de debilidad manifiesta”, en donde señaló que:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia transcrita, se estableció
“el criterio que, en adelante observará la Sala para analizar la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en casos
como el presente, en que se controvierte una sentencia relacionada con la
reliquidación de una prestación periódica, se ha acudido al citado lineamiento
Jurisprudencial de manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela merece ser tratado
en forma especial, esto es, a la luz de los criterios de ”que i) se demuestre que la
vulneración de los derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela; y que ii) el actor se encuentre en un condición de
debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones periódicas en las
modalidades de pensión o asignación de retiro, la aplicación de dichos criterios
frente al requisito de la inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a
soluciones divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el pensionado,
por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad que le permite enervar dicho
requisito de procedibilidad, pero también ha entendido que en ocasiones se requieren
elementos adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]”.
[…]
26 Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte
Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta
Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social
particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha
considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los
adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las
personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza”. (Corte
Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 28 de mayo de
2015, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-00001-01.
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“[…] Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en esta oportunidad
la Sala, con el propósito de unificar su Jurisprudencia, determinará como lineamiento
único y preciso, en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la tutela
contra providencias judiciales, cuando el solicitante del amparo constitucional es un
pensionado o persona que goza de Asignación de Retiro, que tal condición no es
per se circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida cuenta de que es
necesario que confluyan elementos adicionales que permitan concluir que el actor se
encuentra en “la especial situación” que “convierte en desproporcionado el
hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006
y esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero Ponente doctor Marco
Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas circunstancias que
pueden tenerse en cuenta para determinar si el actor está o no en una ESPECIAL
SITUACIÓN, que justifique su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus
derechos, dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas constituyan taxatividad
alguna. Justamente por ello, esta Sala introdujo dentro de dicha lista al pensionado,
por tratarse de un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección incluye, además de los
pensionados, a otros grupos de personas, tales como: indígenas, padres y madres
cabeza de familia, mujer embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves, desplazados, entre otros; sin
que sea aceptable concluir que en todos los casos, éstos resulten eximidos de
cumplir el requisito de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el solo hecho de ser
denominados sujetos de especial protección[…]”.
43. Al respecto, se advierte que la actora no demostró, ni siquiera con prueba
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad por más de seis (6) meses para interponer este mecanismo de
protección constitucional contra la providencia que presuntamente violó sus
derechos fundamentales invocados supra, ni demostró que la providencia objeto
de la acción de tutela no le hubiera sido notificada en debida forma como hecho
relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción y flexibilizar el
término de inmediatez.
44. La Sala precisa que, si bien la actora alegó que tiene 82 años de edad y que
con ocasión de la medida cautelar de la referencia se ha visto afectada en la
medida en que “[…] no tiene los medios económicos para proveer su subsistencia,
esto es los gastos de salud, servicios públicos, alimentación, cuota de
administración de la Unidad Residencial que habita, Impuestos Prediales y
Nacionales, vestuario, transporte y obligaciones bancarias y financieras contraídas
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de acuerdo a su estrato económico, sin contar con el apoyo económico de nadie
ya que se trata de persona soltera y sin hijos […]”, lo cierto es que, de conformidad
con el informe rendido por la UGPP y sus anexos, esta Sala observa que, en
efecto, tal como lo señaló la entidad de la referencia, la tutelante “[…] actualmente
percibe mesada pensional y se encuentra activa en nómina de pensionados, por
ende se descarta la vulneración al derecho al mínimo vital y que se le esté
causando un perjuicio irremediable, lo anterior se corrobora al verificar el histórico
de pagos que se adjunta, donde se puede observar que tiene reconocida pensión
de Vejez por CAJANAL en cuantía de $ 3,139,325.09, así mismo, esta (sic) activa
en el servicio de salud […]”.
45. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente,
SU – 354 de 201728, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción
de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una
excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como
tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la
acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber
sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior
decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que
justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que no se
observa en el presente caso.
46. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de
inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales,
toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que
con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis (6) meses siguientes
contados a partir de la notificación de la providencia.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
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Análisis de la solicitud de amparo frente a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP
47. La actora presentó la acción de tutela también contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales
al suspender de manera provisional de la nómina de pensionados el pago de su
pensión gracia en cumplimiento de lo dispuesto por el auto de 25 de marzo de 2021
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Para tal efecto señaló
que:
“[…] En cumplimiento de la orden judicial referida en el hecho anterior el área de
Nómina de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION (sic)
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION (sic)
SOCIAL/ UGPP, dispuso suspender de manera provisional de la nómina de
Pensionados la ejecución del Pago de las Resoluciones que otorgaban el derecho a
mi representada mediante la Resolución No RDP 014815 del 15 de Junio de 2021.
SEXTO: Esa Pensión Gracia que alcanzaba la suma de TRES MILLONES
SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($3.701.285,64) constituía el 55.46% de sus
ingresos básicos y el dejar de recibirla afecta gravemente sus derechos
fundamentales ya que no tiene los medios económicos para proveer su subsistencia,
esto es los gastos de salud, servicios públicos, alimentación, cuota de administración
de la Unidad Residencial que habita, Impuestos Prediales y Nacionales, vestuario,
transporte y obligaciones bancarias y financieras contraídas de acuerdo a su estrato
económico, sin contar con el apoyo económico de nadie ya que se trata de persona
soltera y sin hijos y actualmente de 82 años de edad […]”.
48. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala precisa que entre la
expedición de la Resolución núm. RDP 014815 de 15 de junio de 2021 que dio
cumplimiento al auto de 25 de marzo de 2021 y la fecha de interposición de la
solicitud de amparo ha transcurrido un tiempo razonable para acudir al juez
constitucional. Ahora bien, frente al fondo del reparo propuesto, la Sala advierte
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales de la actora por
parte de la UGPP, en la medida en que la suspensión del pago de su pensión
gracia se dio con ocasión de una orden judicial, en concreto, en cumplimiento de
lo dispuesto en el auto de 25 de marzo de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
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49. Frente al deber de cumplimiento de las órdenes judiciales, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:
“[…] Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más
humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar
los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos.
Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se
deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones
contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están
relacionados con el imperio de las garantías constitucionales […]”29. (Resaltado
por la Sala)
50. En ese orden de ideas, la Sala negará la solicitud de amparo frente a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social.
Conclusiones de la Sala
51. Con fundamento en lo anterior, la Sala i) declarará improcedente la solicitud
de amparo frente al auto de 25 de marzo de 2021 proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por no cumplir con el requisito de la inmediatez,
y ii) negará la acción de tutela frente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó Elicenia
Gálvez Alarcón contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no cumplir
con el requisito de la inmediatez, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
29 Corte Constitucional, sentencia de T-329 de 18 de julio de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Actora: Elicenia Gálvez Alarcón
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela frente a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Sigue leyendo
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