Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00695-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Municipio de manizales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00695-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00695-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
S AL A NOVEN A ESPECI AL DE DE CISIÓN
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá, D.C., vei ntitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés
(2023).
Referencia: Recurso extraordi nario de re visión.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00695-00 R E V
Recurrente: MARCO TULIO RÍOS LÓPEZ
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL
MUNICIPIO DE MANIZALES / SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Temas: Causal quinta. Art. 250 Ley 1437 de 2011.
SENTENCI A DE ÚNIC A INS T ANCI A / LEY 1437 DE 2011
I. AS UNTO
1. La Sala Novena Especial de Decisión decide e l recurso
extraord inario de revisión interpuesto contra la sentencia de 30 de
octubre de 2020 1, prof erida en segunda instancia por la Subsección
B de la Sección Se gunda del Consejo de Estado, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 17001-23-33-
000-2016-00849-01 (4514-2019).
II. ANTECEDE NTE S
2.1. Proceso originario 2
2.1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. El señor M A R C O T U L I O R Í O S L Ó P E Z , actuando a través de
apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en e l artículo
1 Con ponencia del consejero Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
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138 del CPACA, donde solicitó la nulidad de l Of icio SEM-UAF-2063
de 18 de julio de 2016, expedido por la Secretaría de Educación de
Manizales, a tra vés de la cual se le negó al demandante los
intereses moratorios generados con ocasión del pago t ardío del
retroactivo de la homologación y la nivelación salarial, en su
condición de servidor administrativo de esa entidad.
3. A título de resta blecimiento del derecho, solicitó que se ordene
a la parte demandada reconocerle y pagarle los intereses
moratorios, ef ectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días
posteriores a su ca usación –1 de enero de 2003 al año 2011 – y en
adelante hasta el día en que se h izo ef ectivo el pago , en mayo de
2014, «liquidados con base en el capital neto, sin i ncluir el concepto
de la indexación salarial ».
4. Finalmente solicitó que s e condene a la entidad al pago de costas
procesales.
2.1.1.1. Fundamentos fácticos 3:
5. Se indicó en la d emanda que el Ministerio de Educación Nacional,
por medio de Resolución 2451 de 29 de octubre de 2002, certif icó
al municipio de Manizales para la administración del servicio
educativo.
6. Por lo anterior, a través del Decreto 11 de 20 de enero de 2004,
el aludido ente estatal incorporó la planta de cargos y p ersonal que
laboraba en el departamento de Caldas, a partir del 1.° de enero de
2003.
7. A través del Decreto 83 de 11 de marzo de 2008, modif icado con
el 388 de 12 de octubre de 2012, el municipio de Manizales
homologó y niveló los ca rgos administrativos de la Se cretar ía de
Educación f inanciados con recursos del sistema general de
participaciones, previa aprobación por parte de la mencionada
cartera, con of icio 2012EE50479 de 28 de agosto de 2012.
8. Af irm ó que, con Resolución 558 de 11 de abril d e 2014, el
Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de la ref erida
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Secretaría de Educación, reconoció y ordenó pagar a su f avor el
retroactivo por concepto de homologación y nive lación salarial, acto
según el cual, la f echa de constitución de la obligación f ue el 1.° de
enero de 2003 .
9. Además, el periodo a cancelar var ió de una persona a otra y en
el caso específ ico del señor Ríos López, lo f ue a partir del 1.°de
enero de 2003 al año 2007, no obstante, según co nsta en
certif icación de pago e xpedida por la Secretaría de Educación, el
retroactivo reconocido en la Resolución No. 558 de abril de 2014,
se liqu idó a partir del 2003 -2011, pago que f ue ef ectuado s ólo hasta
el mes de mayo de 2014.
10. La demora en la nivelación salarial y el no pago oportuno del
retroactivo, generó el pago de intereses moratorios tal como lo
establece el artículo 177 del CCA , vigente al momento de los
hechos), y el artículo 1617, 1649, del Código Civil y demás
concordantes.
11. El 24 de julio de 2015 solicitó a la Secretaría de Educación de
Manizales el reconocimiento de los citados intereses moratorios,
petición reiterada el 16 de diciembre de la misma anualidad y el 15
de f ebrero de 2016,
12. Mediante Of icio SEM-UAF -2063 de 18 de julio de 2015 la
Secretaría de Educación de Manizales denegó su solicitu d .
13. Como normas desconocidas se citaron los art ículos 1.°, 2.°,
13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608
(numerales 1.° y 2.°), 1617 y 1649 del CC; 177 del CCA y 12 del
Convenio 95 de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
14. En el concepto de violación se indi có que el proceso de
homologación f ue una obligación por parte de la Nación y sus entes
territoriales, dentro del proceso de descentralización , previo a la
incorporación de los empleados a las plantas de cargo s
territoriales , a ef ectos de salva guarda r los principios de equidad e
igualdad en materia laboral .
15. Adicionalmente precisó que a tra vés de la Reso lución 558 de
abril 11 de 2014, se ordenó el reconocimiento y p ago de un
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retroactivo por concepto de homologación y nive lación salarial a su
f avor, desde el momento en que pas ó a ser parte de la planta de
la entidad territorial (1 .° de enero de 2003), no obstante, dicha
obligación solamente f ue cancelada en mayo de 2014, situación que
demuestra la mora en que incurriero n las entidades demandadas,
en el pago de las acreencias laborales producto del proceso de
descentralización educacional .
2.2. La sentencia de primera instancia.
16. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 3
de mayo de 2019, negó las súplicas de la demanda e impuso
condena en costas a cargo del accion ante .
17. Para arriba r a la anterior determinación e xplicó que los
intereses morato rios y la indexación no son acumulables . En ese
sentido expuso qu e los primeros inician con la mora en el crédito u
obligación, en tanto el período de la indexación está dado entre la
f echa del crédito, capital u obligació n y la f echa en que se quiere
actualiza r, no siendo relevante la existencia de la mora .
18. Igualmente estableció que la obligación en cab eza de la
administración de cancelar los valo res por concepto de
homologación y nivelación salaria l, surgió en el momento en que
f ueron expedidos los actos administrativos que determinaron el
derecho a su pago a favor de la parte accionante, pues hasta dicha
f echa no exist ía pronunciamiento de la administración que
permitiera su exigibilidad .
19. Por último, declaró la f alta de legitimación en la causa por
pasiva del municipio de Manizales.
2.4. Recurso de apelación.
20. El apoderado de l demandante interpuso recurso de apelación,
para lo cual precisó que , en este caso, su pretensión recaía en el
pago de interese s de mora, por el cumplimiento tardío de
obligaciones de carácter laboral .
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21. Empero el Tribunal estimó que para que ello f uese procedente
debía exist ir una norma que expresamente los regule f rente al tema
de la homologación y nivelación sala rial, omitiendo su deber legal
y constitucional de hacer uso de la analogía y de aplicación de los
criterios auxilia res, entre los que se encuentran la equidad, la
doctrina y los principios generales del derecho .
22. Según lo sostu vo, la ju risprudencia colombiana ha evidenciado
que cuando se trata de intereses puros, no son incompatibles con
la indexación, situación dif erente al caso de los intereses
corriente s, y por esto, « se solicita se liquide el interés bancario
corriente sobre el capital neto sin in dexación, y así mismo que se
descuente lo recibi do por este concepto ». Además, la condena a
los intereses de mora resarciría los p erjuicios causados por el paso
del tiempo .
23. Por último, solicitó re vocar la condena en costas que le f ue
impuesta.
2.5. Sentencia objeto del recurso 4
24. La Sección Segunda, Subsección B 5 del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 30 de octubre de 2020, conf irmó
parcialmente la decisión de primera instancia en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y re vocó la decisión d e imponer
condena en costas a cargo del ac cion ante.
25. Para tal ef ecto indicó que el accionante, como servidor
administrativo al servicio de la educación of icial, que por cuenta de
la descentralización de ese sector fue homologado y nivelado
salarialmente en la planta de personal de la Secretaría de
Educación de Manizales, no p odía reclamar intereses moratorios
por el pago tard ío a su f avor de los dineros por concepto del
correspondiente retroactivo.
26. Esto porque la obligación se hizo exigible el 11 de abril de 2014
(cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los valo res
causados entre el 1.° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de
2011) y, f ue pagada en mayo sigu iente, plazo que no resulta ba
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irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que
debían surtirse, cu anto más si dicha sanción económica no quedó
plasmada dentro del ref erido trámite o en alguna disposición lega l.
27. Adicionalmente sostuvo que , pese a que el demandante f ue
incorporado a la planta de la Secretaría de Educación de Maniz a les
a partir de 2003 y tenía derecho a que le suf ragaran los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos en f orma correcta
desde esa anualidad, lo cierto es que, con el f in de conjurar la
pérdida del poder adquisit ivo la entidad indexó las corresp ondientes
sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago de
intereses moratorios.
28. Para tal ef ecto, analizó los docu mentos allegados al proceso,
según los cuales el actor hizo parte del personal administrativo del
servicio educativo of icia l y co mo consecuencia de la
descentralización de este, f ue homologado y nive lado salarialmente
en la planta de personal de la Secretaría de Educación de
Manizales; (ii) con Resolución 558 de 11 de abril de 2014 , tal ente
territorial reconoció al accionante el retroactivo result ante de la
nive lación salarial por el período comprendido entre 2003 y 2011,
sumas que f ueron indexadas; (iii) el respectivo va lor f ue cancelado
en mayo de 2014; y (iv) mediante oficio SEM-UAF-206 3 de 18 de
julio de 2016, la Secretaría de Educación de Manizales negó el
reconocimiento y pago de intereses moratorios, solicitado por el
demandante, al estimar que la mencionada obligación f ue
satisf echa de manera oportuna, en los términos dispuestos por el
Ministerio de Educación Na cional y d ebidamente indexada.
29. Precisó que el retroactivo pagad o al accionante se derivó del
proceso de homologación y nive lació n salarial en la Secretaría de
Educación del Municipio de Maniza les, a lo que agregó que, ante la
dif erencia salarial y p re stacional, se le debían reconocer las
dif erencias debidamente actualizada s al momento del pago.
30. Explicó que , por medio de l Oficio 2007EE6185 de 21 de
diciembre de 2007, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el
estudio técnico de homologación y ni velación salarial ef ectuado por
el municipio de Maniza les. Luego, el ref erido ente estatal presentó
al Ministerio de Educación Nacional propuesta de modif icación del
aludido estudio, autorizada con of icio 2012EE50479 de 28 de
agosto de 2012, en el cual se ordenó al ente territorial a delantar los
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trámites respectivos para hacer ef ectiva la homologación de los
cargos de la planta de personal administrativo.
31. Así las cosas, el municipio de Manizales dictó el Decreto 388
de 12 de octubre de 2012, que modif i có el 83 de 11 de marzo de
2008, en el que se homologan y nivelan salarialmente los cargos
administrativos de la Secretaría d e Educación de Manizales,
f inanciados con recursos del sistema general de participaciones y
la unidad de presupuesto de la Secretaría de Hacienda de tal ente
territorial e xpid ió certif icado de disponibilidad presupuestal 75 de
22 de abril de 2013, para suf ragar el procedimiento, por la suma de
$27.876.073.901.
32. Posteriormente, la Secretaría de Educación de Manizales, a
través de Resolución 558 de 11 de abril de 2014 , reconoció al
accionante el retroactivo indexado, causado entre el 1 .° de enero
de 2003 y el 31 de diciembre de 2011, por un monto de $30.453.312,
pagado en el mes de mayo de 2014.
33. Por ello concluyó que , comoquiera que el pago de los dineros
reconocidos al actor el 11 de abril de 2014 (f echa desde la cual se
hizo e xigible la obligación), se realizó en mayo del mismo año, esto
es, dentro del mes siguiente , no puede pregonarse que e sa
«tardanza» implica que se generen intereses de alguna naturaleza,
máxime cuando en ninguno de los actos administrativos
mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como
sanción por el simple retardo o incumplimiento de él, y no existe
previsión le gal al respecto.
2.4. El recurso extraordinario de re visión 6
34. Mediante escrito presentado el 27 de enero de 2022, el señor
M A R C O T U L I O R Í O S L Ó P E Z 7, actuando a través de apoderado ,
interpuso recurso extraord inario de revisión contra la sentencia
reseñada en el numeral anterior, en el cual sostu vo qu e se incurrió
6 Documento digitalizado índice 1 y corrección del escrito de revisión visible
en el sistema SAMAI.
7 Corregido el 25 de febrero de 2022, índice 9 Ibidem.
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en la causal de revisión relacionada en el numeral 5.° 8 del art ículo
250 del CPACA.
35. A juicio del recurrente se conf i guró la citada causal porque se
negaron las pretensiones por un objeto distinto del pretendido en la
demanda y por una causa dif erente a la invocada, con lo cual se
generó «incongruencia citra petita » en la pro videncia dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
36. Según lo explicó, en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho se pretendía el reconocimiento y pago de unos
intereses moratorios, causados por la demora en el pago del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, que se generó a
raíz de la descentralización de la educación ordenada en la Ley 60
de 1993.
37. Asimismo, se puso de presente al juez, que el Estado le
adeudaba unos intereses de mora, desde el año de 2003 hasta el
año 2014, Es decir, que el pago del retroactivo correspondiente por
la tardía n ivelación , se concretó única mente hasta el año 2014, esto
es, luego de 11 años, desde la incorporación laboral en mención,
que como se dijo t uvo lu gar desde 2003, ya que desde ese año se
debía pagar el salario debidamente nive lado, de manera que los
intereses correspondientes se veían causados a partir de esa
época.
38. Sin embargo, cuando el juez f ijó el litigio, precisó que éste
versaría sob re «[…] determinar si procede el reconocimiento y pago
de los intereses de mora por el pago tardío de los valores
correspondientes a la homologación y nivelación salarial de l
personal administrativo adscrito a la Secretaría de Ed ucación del
Municipio de Ma nizales».
39. Sostuvo entonces que:
8 « AR T Í C U L O 2 5 0 . C AU S AL E S D E R E V I S I Ó N . S i n p e r j u i c i o d e l o p r e v i s t o e n
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
[…]».
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« A l re s o l ve r d e f o n do e l a s u n to , a tra vé s d e l a s e n te n c i a o bje to d e
re vi s i ó n , re c o n o c e q u e e l p a g o d e l a h o m o lo g a c ió n , e n e f e c t o f u e
re a l i za d o d e m a n e ra p o s te ri o r a l m o m en to d e s u e x i g i b i l i d ad , p e ro d e
u n a m a n e ra to ta l m en te d i f e re n te a l a e x p u e s ta e n l a d e m a n d a ; L a
a u to ri d a d j u d i ci a l e nte n d i ó q u e l a re c l ama c i ó n d e d i c h os i n te re s e s
a b a rc ó e l i n te rre g n o d e u n m e s e n t re e l 1 1 d e a b ri l d e 2 0 1 4 , c u a n do
s e re c o n o c i ó y s e o r d e n ó e l p a g o d el c on s e c u e n te re tro a c ti v o , y e l
m e s d e ma yo d e 2 0 14 , c u a n d o s e e fe c tu ó e l p a g o c o rre s p on d ie n te ,
p o r l o q u e ta l l a p s o f u e ra zo n a b l e , s e g ú n l a c o mp re n s i ón d e l
despacho.
E n s u m a , e l (a ) d e m a n d a n te s o l i c i tó e l re c o n o c im ie n to d e i n te re s e s
d e m o ra d e s d e el a ño d e 2 0 0 3 , c u a n d o pa s ó a p e rte n e c e r a l a p l a n ta
d e p e rs o n a l te rri to ri a l , y h a s ta e l a ñ o 2 0 1 4 , f e c h a e n l a cu a l s e
c o n c re tó e l p a g o d e l re tro a c ti vo s a l a ri a l d e q u e s e t ra ta , e n ta n to q u e
e n l a s e n te n c i a e n j u i ci a d a s e e vi d e n c i a , q u e s e e n te n d ió
e rró n e a m e n te q ue l a re c l a ma c i ó n de d i c hos i n te re s e s s e re f i rió a l o s
q u e s e c a u s a ro n d e s d e e l a c to d e re c o n o c im i e n to d e l re tro a c ti vo ,
d i c ta d o e l 1 1 d e a b ril d e 2 0 1 4 , y h a s ta e l a ñ o 2 0 1 4 c u an d o s e efe c tu ó
e l p a g o [… ]» .
40. Por esto, razonó que, en la sentencia recurrida no se indicaron
las razones de hecho y de derecho por las cuales no hay luga r a
reconocer los int ereses de mora, sino que realiza una mera
interpretación argu mentativa que no se encuentra soportada en la
ley, ya que lo único que se dijo f ue que el proceso de homologación
se ajustó a derecho, pe ro f rente al tema de los intereses de mora
la decisión no tuvo un análisis normativo concreto.
41. Adicional a lo anterior, precisó que en el f allo se expusieron
tres tesis que no comparte, la primera de ellas consiste en que: «
[…] Sin que se o bserve que , en m odo alguno, el Ministerio de
Educación Nacional o el Municipio de Manizales hayan incurrido en
una dilación injustif icada del pago, toda vez que el pago f ue
realizado en el año 2014 […]».
42. Frente a este razonamiento argu yó que: «[…] Tratar de ocultar
la irresponsabilidad y el desgreño estatal, como lo han venido
haciendo, al manifestar en el fallo que no se observa en modo
alguno dilación injustif icada, más que sorprendente e
irresponsable, igualmente resulta incongru ente, incoherente e
inconsecuente, pues no se puede hablar de “dilación in justif icada”,
cuando en el plenario obran pruebas suf icientes, con las que se
permite establecer, que el Estado duró 11 años para cumplir con su
responsabilidad, ocultando así, años de mora en el pago del
retroactivo, el cual genera por supuesto, por obvias ra zones y de
pleno derecho, intereses moratorios».
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43. Igualmente se manif estó en contra de la conclusión según la
cual «[…]Por su carácter sancionatorio, los intereses moratori os
deben estar consagrados en un a norma que lo s autorice
expresamente, es decir, que f aculte el cobro de estos para los
casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoció el derecho
[…]».
44. Objetó esta posición jurídica con base en que: «[…] existen
normas que autorizan e xpresamente el reconocimiento y pago de
intereses de mora, normas tales como el Código Civil Colombiano,
[...] también el Código de Comercio a través de los artículos 88 4,
Ley 45 de 1990 en su art ículo 65, e l mismo Código Sustantivo del
Trabajo, y también la Ley 100 de 1993 en sus artículos 23, 101, 102
y 141; el Decreto 116 de 1976, a su ve z, encontramos lo normado
en la Ley 446 de 1998, […]. Si en el ref erido caso, para los años de
mora que están pendientes en ser resueltos, el ju zgador se
encuentra en el escenario de no tener norma aplicable al caso […]
a través del art ícu lo 8º de la Ley 153 de 1887, la posibilidad de
resolver asuntos semejantes que no tuviesen una regu lación
normativa en particular, […], si lo que el despacho pretende es una
norma expresa que autorice el pago de intereses de mora, como
consecuencia del proceso de la homologación y nive lació n salarial,
claramente no la va a encontrar. […]; la decisión no resolvió el
asunto, por el contrario, además de ref erirse a periodos
equivocados de liquidación, decidió crear requisitos que no están
contemplados en el ordenamiento jurídico, para limita r el derecho
del(a) demandante.»
45. En el recurso se mencionó una tercera tesis de la sentencia
recurrida consistente en que: « […] No puede concluirse que, por el
hecho de no haberse pactado el pago de un interés moratorio, deba
acudirse en subsidio a la re gla que trae el artícu lo 1617 del Código
Civil, pues en estrict o sentido no se está hablando de un asunto
negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar a su
arbitrio cláusulas contractuales […]».
46. Frente a este aspecto indicó que, si la resolución que reconoció
el pago de un retroactivo por homologaci ón no dijo nada en cuanto
al pago de intereses de mora, en caso de incurrir en retardo de la
obligación sí se causarían intereses, pero serían de carácter legal
y no convencional, ya que no es p osible establecer que de no
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pactarse se exonera automáticament e al deudor incumplido.
Concluyó que el fallador desconoce el Código Civil Colo mbiano y,
específ icamente, las normas relacionadas con la procedencia y
pago de intereses moratorios, por lo que solicitó que se inf irme la
sentencia de segunda instancia y se o rdene emitir una nueva
decisión en la que se haga un análisis adecuado del caso.
2.5. Trámite del recurso
47. Por auto de 14 de f ebrero de 2022 9 se inadmitió la demanda
presentada a travé s de apoderado, por el señor M A R C O T U L I O R Í O S
L Ó P E Z , quien a llegó escrito de subsanación, en tiempo, visible en
el índice 9 del sist ema SAMAI.
48. Luego, mediante prove ído de 23 de agosto de 2022 10 se admitió
el recurso y se ordenó la notif icación a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional , al municipio de Manizales , al a gente del
Ministerio Público, a la A gencia Nacional de Def ensa Jurídica del
Estado y al recurre nte.
49. El 21 de octubre de 2022 11 se reso lvió tener como pruebas las
aportadas por el recurrente, por el Ministerio de Educación
Nacional, el municipio de Maniza les y el e xpediente del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 17001 -
23-33-000-2016-00849-01 12, y se disp uso que, una vez en f irme
dicha providencia debía regresar el e xpediente para prof erir f allo.
2.6. Contestación al recurso
2.6.1. La Nación – Ministerio de Educación Nacional 13.
50. Se opuso a la prosperidad del recu rso, para lo cual e xpresó que
no se conf iguró la causal de nulidad esgrimida , sino que lo
pretendido es reabrir el debate jurídico .
9 Digitalizado sistema SAMAI.
10 í n d i c e 22 sistema SAMAI
11 Í n d i c e 3 6 i b i d e m .
12 Í n d i c e s 3 2 , 1 8 , 1 9 y 3 4 d e l e x p e d i e n t e e l e c t r ó n i c o d i s p o n i b l e e n S A M A I .
13 Í n d i c e 3 2 I b i d e m .
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51. Según lo indicó «[…] no encuentra el MEN, dentro de los
argumentos planteados por el recurrente tal disparidad entre lo
pedido, lo debatido y lo probado a partir de la cual se pueda
considerar la configuración de una f alta de congruencia de tal
protuberancia, que no exista justif icación objetiva y relacionada con
las materias medulares del proceso, como lo indica el f allo aludido,
contrario a ello, en la sentencia objeto de recurso la Corporación
f ijó adecuadamente el lit igio […] que guarda total con gruencia con
las pretensiones de la demanda, a su ve z, las motivaciones y e l
debate surtido en la sentencia estuvieron orientados a la respuesta
de tal interrogante de tal suerte que soportan la respuesta y la tesis
que f inamente se impone […]».
52. Adicionalmente sostuvo que n o se ajustó a derecho la
pretensión del demandante ref erente a la exigencia de intereses
moratorios, toda ve z que no exist e mora en el pago de las
obligaciones laborales por parte del empleador sino una simple
equiparación de carg os como consecuencia de una decisión
administrativa del Estado.
53. Consideró que como producto de las h omologaciones result ó el
pago de un retroactivo y no de presta ciones periódicas, además el
reconocimiento realizado por la entidad territorial f ue en abril de
«2013» y el pago fue en mayo de «2013», así las cosas, no hubo
demora injustif icada en el pago del reconocimiento, por lo que no
hay lu gar a l inte rés de mora reclamado . Además, las sumas
canceladas f ueron debidamente indexadas, por lo que no es po sible
el pago simultáneo de ambos conceptos .
2.6.2. El Municipio de Manizales 14.
54. La apoderada del ente territorial indicó que l os yerro s a los que
se atribuye la inco ngruencia de la sentencia recurrida respecto a
los hechos y pret ensiones de la demanda, ni se constituyen en
causal de nulidad, ni tienen peso alguno en lo que al debido proceso
del demandante se ref iere .
55. Esto, porque en su consideración, los elementos f ácticos,
probatorios y jurídicos aportados al dossier, permitieron concluir a
los f uncionario s judiciales de primera y se gunda instancia, la
14 Í n d i c e 34 Ibidem.
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inexistencia del d erecho al reconocimiento y pago d e intereses
moratorios sobre la homologación y nive lación salarial ef ectuada
por la entidad territorial mediante Decreto 083 del 11 de marzo de
2008, la cual f ue ajustada posteriormente por Decreto 0 388 del 12
de octubre de 2012 con la autorizació n y f inanciación del Ministe rio
de Educación Nacional, así como la carencia de legitimación en la
causa por pasiva del municipio de Maniza les en dich a pretensión .
2.7. Concepto del Ministerio Públic o 15.
56. El Procurador III Delegado ante esta Corporación emitió
concepto donde indicó que el recurso interpuesto debe declararse
inf undado al no observarse vio lación al debido proceso por
desconocimiento de la re gla técnica de la congruencia, toda ve z
que el Consejo de Estado estudió el recurso de apelación en el
contexto del art ícu lo 328 del Código G eneral del Proceso , con base
en los presupuestos f ácticos y normativos de la controve rsia.
57. En este sen tido, consideró que es un debate que se ha
decantado de modo pacíf ico al interior de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que prima facie , desborda la propia f inalidad
del recurso de re visión, pues resulta claro que no hubo la ostensible
violación al debido proceso .
III. CONSIDER ACI ONES
3.1. Competencia
58. La Sala Novena Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para tramitar y decidir el presente recurso
extraord inario de revisión, en los términos del artículo 249 del
CPACA y del a rt ícu lo 29 16 del Acuerdo 080 de 2019 prof erido por la
15 Í n d i c e 33.
16 « A R T Í C U L O
29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias
de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]».
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Sala Plena del Consejo de Estado, por tratarse de un recurso
dirigido contra una sentencia dictada por una Sección del Consejo
de Estado.
3.2. Oportunidad y norma aplicable .
59. En este caso, resultan aplicables las disposiciones procesales
vigentes para la f echa de presentación de la demanda –27 de enero
de 2022-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437
de 2011, así como a las disposicio nes del CGP, en virtud de la
integración norma tiva dispuesta por el artícu lo 306 del primero de
los estatutos mencionados.
60. Adicionalmente, debe darse aplicación a la Ley 2080 de 25 de
enero de 2021 17, cu yas re glas d e vigencia se e ncuentran
establecidas en el artícu lo 86 ejusdem 18.
61. Igualmente se advierte que el término para interponer el recurso
extraord inario de revisión oportunamente es de un año a partir de
la ejecutoria de la decisión judicial, t al como lo dispone el artícu lo
251 del CPACA que señala:
17 P u b l i c a d a
en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, razón por
la cual, cumplida su promulgación, entró a regir al d ía siguiente.
18 « AR T Í C U L O 8 6 . R É G I M E N D E V I G E N C I A Y T R AN S I C I Ó N N O R M AT I V A. L a
presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que
modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del
Consejo de Estado, la s cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que
s e p r e s e n t e n u n a ñ o d e s p u é s d e p u b l i c a d a e s t a l e y.
Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los
artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la
presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437
d e 2 0 1 1 e n l o s c u a l e s n o s e h a ya n d e c r e t a d o p r u e b a s .
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el
artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales
introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de
procedimiento desde el momento de su publicación y solo respect o de los
procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
q u e s e e s t é n s u r t i e n d o , s e r e g i r á n p o r l a s l e ye s v i g e n t e s c u a n d o s e
interpusieron los recursos, se decretar on las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.».
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« AR TÍ CULO 251. TÉRM I NO P AR A I N T ERPO NE R EL REC U RSO .
El r ecur so podr á i nt er poner se dent r o del año s ig uient e a la
ej ecut or ia de la r espect iva sent enc ia .
En los casos cont em plados en los num er ales 3 y 4 del ar t ícu lo
pr ecedent e, deber á int er poner se el r ecur so dent r o del año
sig uient e a la ej ecut or ia de la sent encia penal q ue as í lo dec lar e.
En el caso del n um er al 7, el r ecur so deb er á pr esent ar se dent r o del
año sig uient e a la ocur r encia de los m ot ivos q ue dan lu g ar al
r ecur so.
En los casos pr evist os en el art ícu lo 20 de la Ley 797 de 2003, el
r ecur s o deber á pr esent ar se dent r o de los cinco ( 5) años sig uient es
a la ej ecut or ia de la pr ovidenc ia j udicia l o en los casos de q ue ella
no se r eq uier a, dent r o del m ism o t érm ino cont ado a par t ir del
per f eccionam ient o del acuer do t r ansacciona l o concil iat or io. »
(Subrayas de la Sa la).
62. La sentencia recurrida de 30 de octubre de 2020 , prof erida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 17001-23-33-000-2016-00849-01 (4514-2019), se notif icó
por correo electró nico el 2 6 de enero de 2021 19 y por su parte el
recurso ext raordin ario de revisión f ue presentado el 27 de enero de
2022 20, de lo que se colige que el escrit o f ue presentado en término,
de acuerdo con el inciso 1.º del artícu lo 251 transcrito.
3.3. Problema jurí dico
63. Corresponde a la Sala No vena Especial de Decisión verif icar si
tienen vocación d e prosperidad los argumentos del recurrente,
según los cuales la sentencia de 30 de octubre de 2020, prof erida
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
incurrió en la causal de re visión se ñalada en el numeral 5.º del
artícu lo 250 del CPACA.
64. Para resolver lo anterior, se analizará (i) el marco normativo y
jurisprudencial del recurso e xtraordin ario de r evisión, (ii) la causal
de revisión in voca da, y (iii) el caso concreto.
19 Digitalizado sistema SAMAI, proceso 17001-23-33-000-2016-00849-01
(4514-2019)
20 S i s t e m a S a m a i .
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3.4. El recurso extraordinario de re visión
65. El recurso e xt raordinario de re visión es un medio que permite
impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y
cuando se conf iguren, de manera expresa, las causales señaladas
en el artículo 250 del CPACA (antes artículo 188 del CCA), situación
que es posible entenderse como una de las excepciones al principio
de la cosa juzga da 21, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «crít icas» en las que a pesar de la presunción de
legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsistir po r
el gra ve desconocimiento de los principios f undamentales del
proceso.
66. No obstante, es indispensable delimitar el ámbito del recurso
de revisión, pues tal medio de impugnación no ha de tomarse como
nueva instancia, en la que se pueda intentar una nueva valoración
de la prueba o provocar una interpretación adicional de las normas
aplicables al caso. Por el contrario, los errores de apreciación
probatoria en que se haya podido incurrir, son ajenos al recurso de
revisión, pues éste no es una instancia más en la que pueda
replantearse el litigio que dio lugar a una sentencia.
67. En este sentido, puede concluirse que este recurso no
constituye un escenario que permita, luego de la existencia de un
f allo debidamente ejecutoriado, debatir la litis propuesta a lo largo
del correspondiente proceso ordinario, en tanto que su naturaleza
excepcional e xige el cu mplimiento de unos requisitos o
presupuestos señalados por la ley, es decir, el acatamiento de lo
descrito en el art ículo 250 del CPACA, por lo que para que el jue z
pueda entrar a examinar la contro versia materia del recurso, es
necesario que la causal inv ocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada dentro de las contempladas por el artículo
en mención.
21 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós
(22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-
2004-05294-01(2116-12), actor: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado:
Registraduría Nacional de l Estado Civil.
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3.5. Causal de revisión.
68. La parte accionante señala que en este caso se conf iguró la
causal 5ª del artículo 250 del CPACA. La Sala procederá a su
análisis de la siguiente manera.
3.5.1. Causal quinta del artículo 250 del CP AC A: «5. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso f in al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación ».
69. Sobre esta causal, el Co nsejo de Estado, en sentencia de 3 de
f ebrero de 2015 22 acogió la tesis del respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades, de ahí que las causales de nulidad de
la sentencia son:
(i) Las previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, hoy 133 del Código General del Proceso, y,
(ii) Las que se originan en la sentencia a partir del a rt ícu lo 29 de la
Constitución Polít ica, así 23:
a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba
obtenida con violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no
f ue vinculada al proceso.
c. Prof erir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un f allo inhibitorio injust if icado.
e. Desconocer el principio de congruencia.
70. Frente a esta causal de revisión, esta Corporación ha señalado
que se conf igura por situaciones originadas, o bien en la misma
sentencia recurrida, en hechos que sobrevengan con po sterioridad
a ella y que deben tener una influencia tal que la decisión a
adoptar sea distinta . Además, ha pre cisado:
22C o n s e j o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 26 de
decisión, sentencia de 25 de marzo de 2015, Consejera Ponente Olga Mélida
Valle de la Hoz, número interno: 11001 -03-15-000-1998-00157-01.
23 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n T e r c e r a ,
Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019 -
03861-01 (AC).
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a) Que no se trate de causales que originen la nulidad del
proceso, pues, éstas debieron alegarse en el curso de éste
y no con posterioridad a él 24.
b) Que la causal está prevista para atacar las nulid ades
procesales generadas en la sentencia, que como acto
jurídico se encuentra sujeto al cumplimiento de precisas
ritualidades que de ser desoídas y «ante la improcedencia
de recursos ordinarios contra ella subsistirían
groseramente» . 25
c) Que tal nulidad se presenta en los casos en los que se dicta
la sentencia en un proceso terminado por desistimiento,
transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo,
cuando la sentencia aparec e f irmada con menor o mayor
número de magistrados o adoptada con un número de votos
dif erente del previsto en la le y, o e xpedida completamente
sin motivación, con violación al principio de la non reformatio
in pejus 26.
71. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en relación con la
misma causal (hoy establecida en el numeral 8.º del artículo 355
del Código General del Proceso) sostiene que se deben reunir
ciertos re quisitos p ara su prosperidad:
i) Incurrir en vicio estructurante de nulidad al prof erir la
sentencia que puso f in al proceso y no ser susceptible de
recurso alguno.
24 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , C o n s e j e r a P o n e n t e : D r a . C l a r a F o r e r o
de Castro, providencia de 28 de f ebrero de 1994, exp. No. 4380, actor:
Departamento del Valle del Cauca.
25 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , C o n s e j e r o P o n e n t e : D r . C a r l o s A r t u r o
Orjuela Góngora, providencia de 3 de abril de 1995, exp. No. 6390, actor: José
María Bautista Pérez.
26 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a ; C o n s e j e r a P o n e n t e . D r a . M a r í a
Eugenia Samper Rodríguez, exp. No. 11202, actor: Ezequiel Rodríguez
Carrillo; Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro, providencia de 28
de abril de 1998, exp. Rev 131, actor: Antonio Garcé s González; Consejero
P o n e n t e : D r . D e l i o G ó m e z L e yv a , p r o v i d e n c i a d e 4 d e a b r i l d e 2 0 0 0 , e x p . R e v
097, actor: Guillermo Antonio Builes; Consejera Ponente: Dra. María Inés Ortiz
Barbosa, sentencia de 20 de abril de 2004, exp. rev 132, actor: Gabriel Acosta
Torres.
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ii) Dictar sentencia en proceso que te rminó anormalmente y,
condenar en ella a quien no f iguró como parte «[…] lo cual es
apenas lógico porque si tal nulidad solamente aparece para
las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo
legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su
reconocimiento, lo procedente es que les abra el campo de la
revisión» 27.
iii) Que no se trat e de nulidad del proceso nacida antes de
dictar la sentencia que decide el lit igio, dado que ésta podía
y deb ía alegarse previamente a dicha oportunidad, so pena de
considerarse saneada, sino de irregularidades en que pueda
incurrir al momento de dictar sentencia y tu vie ren la vocación
de constituir nulid ad, entendidas únicamente las enlistadas en
el art ículo 140 del C.P.C. ( ho y 133 d el CGP ) y en el a rtículo
29 de la Carta Política, esta última hipótesis con los alcances
dados por la Corte Constitucional en las sentencias C -491 de
1995 28 y C-217 de 1996 29, teniendo en cuenta que no puede
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Magistrado
Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros, sentencia de 30 de septiembre de
1999, exp. No. 7245, actor: Sociedad Quintero Quintero y Compañía S.C.S.
28 A p a r t e d e l a S e n t e n c i a C - 4 9 1 d e 1 9 9 5 : « [ … ] C o n f u n d a m e n t o e n l o a n t e r i o r ,
estima la Corte que se ajusta a los preceptos de la Constitución, porque
garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales
de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art . 140 del C.P.C., para
indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el
trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en
el art. 29 de la Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la
prueba obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin la observancia
de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la
prueba, especialmente en l o que atañe con el derecho de contradicción por la
parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la expresión
demandada, con la referida advertencia».
29 A p a r t e de la sentencia C- 217 de 1996: « […] Ahora bien, la propia norma
del artículo 29 de la Constitución señala como uno de los elementos
integrantes del debido proceso la sujeción a las reglas y procedimientos
plasmados por el legislador para el respectivo juicio. Por eso, manifiesta con
c l a r i d a d q u e n a d i e p o d r á s e r j u z g a d o s i n o c o n f o r m e a l a s l e ye s p r e e x i s t e n t e s
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, según las reglas de
l a l e y, y c o n o b s e r v a n c i a d e l a p l e n i t u d d e l a s f o r m a s p r o p i a s d e c a d a j u i c i o ,
t a m b i é n p r e v i s t a s e n l a l e y, l o c u a l i m p l i c a q u e l a n o r m a t i v i d a d l e g a l e s p u n t o
de referencia obligado para establecer en cada caso concreto si se acatan o
desconocen las reglas del debido proceso. De todo ello se deduce que una
cosa es la efectividad de la garantía constitucional, que no depende de la ley
en cuanto no proviene de ésta, y otra muy distinta, la verificación acerca del
contenido del debido proceso en relación con cada caso, que siempre tendrá
por factor de comparación lo dispuesto en la ley correspondiente. Eso implica
que, si bien el derecho constitu cional al debido proceso no precisa de un
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haber nulidad sin texto que la consagre 30 y, que en ese orden
de ideas con sujeción a ese principio cualquier ataque que
pretenda hacer el recurrente en sede de revisión, bajo la
causal de existir n ulidad originada en la sen tencia, impone al
recurrente la carga de demostrar algunas de las situa ciones
que e xclusivame nte bajo las normas citadas, fueran
constitutivas de nulidad de la sentencia.
3.5.2. Principio de congruencia de la sentencia.
72. El principio de la congruencia de la sentencia actualmente se
encuentra establecido en el artículo 281 31 del Código Ge neral del
Proceso y ha sido def inido por esta Corporación como «[…] e l deber
legal que tienen lo s f uncionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en f allos ultrapetit a, extrapetita o minuspetita ,
def inidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado […] exige de
una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la misma, lo que se de nomina congruencia interna, y
de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conf orme se ha marcado la controversia en el proceso» 32.
estatuto legal que lo haga reclamable de manera inmediata y plena, siempre
habrá de verse, para deducir si tal derecho ha sido respetado o es objeto de
violación, cuáles son las reglas procesales aplicables en el e vento específico,
es decir, las generales y abstractas, vigentes con anterioridad e integrantes
de la ley prevista para cada proceso»
30 C o r t e Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr.
Antonio Castillo Rugeles , sentencia de 5 de diciembre de 2000, exp. No. 7732,
actor: Sociedad Acevedo Martínez Limitada.
31 L e y 1 5 6 4 d e 2 0 1 2 . “ A r t í c u l o 2 8 1 C o n g r u e n c i a s . L a s e n t e n c i a d e b e r á e s t a r
en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones
q u e a p a r e z c a n p r o b a d a s y h u b i e r e n s i d o a l e g a d a s s i a s í l o e x i g e l a l e y. / / N o
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por caus a diferente a la invocada en esta. // Si
lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo
o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el li tigio, ocurrido
d e s p u é s d e h a b e r s e p r o p u e s t o l a d e m a n d a , s i e m p r e q u e a p a r e zc a p r o b a d o y
q u e h a ya s i d o a l e g a d o p o r l a p a r t e i n t e r e s a d a a m á s t a r d a r e n s u a l e g a t o d e
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio (…)”
32 ( C o n s e j o de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002.
Expediente: 760012324000199704345 -01 (12668). Actor: Productora de
Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P.
Juan Ángel Palacio Hincapié.
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73. La Corte Constitucional 33 ha relacionado este principio
como uno de los elementos constitutivos del derecho f undamental
al debido proceso consagrado en el artícu lo 29 de la Constitución
Política, en la medida que impide determinadas decisiones «porque
su justif icación no surge del proceso por no responder en lo que en
él se pidió, debatió, o probó». Esto señaló la Corte:
«[ …]
De lo e xpu est o has t a el m om ent o, se puede concl uir q ue el j uez
debe t om ar su decisión de m aner a cong r uent e con los hechos,
pr et ensiones y e xc epciones pr ob adas dent r o del pr oceso. Por lo
t ant o, no podr á pr of er ir una sent encia en la q ue se pr onuncie acer ca
de alg o q ue no f ue solic it ado por las par t es ( ext r a pet it a) o en la
q ue ot org ue m ás de lo ped ido ( ult r a p et it a) , per o t am poco podr á
f allar sin pr onunci ar se acer ca de t odas l as pr et ensiones, pu es de l o
cont r ar io deber á explicar de m aner a suf icient e las r azon es por las
cuales om it ió r ef er ir se a alg ún pedim ent o. El pr inci pio de
cong r uencia de la sent encia, adem ás gar ant iza e l opor t uno uso del
der echo de def ensa por par t e de las par t es, puest o q ue les per m it e
hacer uso de cada una de las her r am ient as est ablecida s e n la le y
par a ello.
[ …] ».
74. Igualmente ha señalado la citada Corporación, que la
incongruencia de la sentencia puede generar la nulidad de la
sentencia cuando esta trastorna completamente los términos de
ref erencia que sirvieron al desarrollo del pro ceso 34 es decir, que la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea
protuberante, a tal punto que, no exista justif icación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso.
3.6. Análisis de la causal
75. La Sala procede a establecer si, en el presente caso, se
estructuran los pre supuestos que la ley establece y que el Consejo
de Estado ha precisado, a través de los criterios citados en acápites
anteriores, para la conf iguración de la causal prevista en e l numeral
5.º del artículo 250 de la Ley 1437, por haberse prof erido la
sentencia de manera incongruente y, por ello, con violación al
debido proceso.
33 C o r t e Constitucional, Sentencia T -455 de 2016.
34 C o r t e Constitucional, Sentencia T - 1274 de 2008.
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76. Como se advie rte de la parte hist órica de esta pro videncia, el
recurrente f undamenta el recurso, en que, según él, la decisión no
se ajustó a lo esta blecido en el art ícu lo 281 del C.G.P, a qu í ocurrió
todo lo contrario a lo que predica el principio de congruencia, por
cuanto se resolvió de f orma discordante con las pretensiones de la
demanda y por f uera de cualquier marco de legalidad,
específ icamente porque:
(i) Los intereses de mora pretendidos eran desde el año 2003
hasta el 2014 y no por el período al que se ref iere la sentencia
recurrida.
(ii) La denegación de los intereses moratorios perse guidos por el
demandante, carece de sustento y análisis normativo por
parte del fallador.
(iii) Incongruencia entre las pretensiones y lo decidido.
77. Ahora bien, en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, el señor Ríos Lópe z solicit ó que se declarara la nulidad
del Of icio SEM-UAF-2063 de 18 de julio de 2016, expedido por la
Secretaría de Educación de Manizales, en el que se le negó su
solicitud de recon ocimiento y pago de los intereses moratorios
generados con ocasión del pago tardío del retroactivo de la
homologación y la nive lación salaria l, en su condición de servidor
administrativo de esa entidad.
78. A título de restablecimiento del derecho, solicitó qu e se ordene
a la entidad accionada reconocerle y pagarle los intereses
moratorios, ef ectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días
posteriores a su ca usación –1 de enero de 2003 al año 2011 – y en
adelante hasta el día en que se h izo ef ectivo el pago, en mayo de
2014, «liquidados con base en el capital neto, sin incluir el concepto
de la indexación salarial».
79. Como ya se advirtió el Tribunal Administrativo de Caldas, en
sentencia de primera instancia de 3 de mayo de 2019, negó las
súplicas de la demanda, condenó en costas al accionante y declaró
la f alta de legitimación en la causa por pasiva de l m unicipio de
Manizales.
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80. Esto, al considerar que los intere ses moratorios y la indexación
no son acumulables, por cuanto «[…] los primeros in ician con la
mora en el crédito u obligación, en ta nto el período de la indexación
está dado entre la f echa d el crédito, capital u obligació n y la f echa
en que se quiere a ctualizar, no siendo relevante la e xist encia de la
mora».
88. Igualmente adujo que la o bligación en cabeza de la
administración de cancelar los valo res por concepto de
homologación y n ivelación salarial surgió en el momento en que
f ueron expedidos los actos administrativos que determinaron el
derecho a su pago a favor de la parte accionante, pues hasta dicha
f echa no exist ía pronunciamiento de la administración que
permitiera su exigibilidad.
89. Al conocer del medio de control en segunda instancia, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, hizo
consistir el proble ma jurídico en dete rminar si «[…] al d emandante
le asiste derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el
no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y
nive lación salarial de la planta de personal administrativo adscrito
al sector educativo del municipio de Manizales ».
90. El ad quem decidió conf irmar la denegatoria de reconocer los
intereses moratorios pretendidos dado que:
« [… ] D e l a s p ru e b a s a n te ri o rm e n te e n u n ci a d a s s e d e s p re n de qu e (i )
e l a c to r h i zo p a rte d e l p e rs o n a l a dmi n i s trati vo d e l s e r vi c i o e d u ca ti vo
o f i ci a l q u e , c om o c on s e c u e n c ia d e l a d e sc e n tra l i za c i ó n d e e s te , f u e
h o m ol o g a do y n i ve l a d o s a l a ri a lme n te e n la p l a n ta d e p e rs o n a l d e l a
s e c re ta ría d e e d u c a c i ó n d e Ma n i za l e s ; (i i ) c o n R e s o l u ci ó n 5 5 8 d e 1 1
d e a b ri l d e 2 0 1 4 , t a l e n te te rri to ri a l re c o n o c i ó a l a c ci o n an te e l
re tro a c ti vo re s u l ta n t e d e l a n i ve l a c i ó n s a l a ri a l p o r e l pe río d o
c o m p re nd i d o e n tre 2 0 0 3 y 2 0 1 1 , s u m a s q u e f u e ro n i n d e x a da s ; (i i i ) e l
re s p e c ti vo va l o r f u e c a n c e l a d o e n m a yo d e 2 0 1 4 ; y (i v ) m e d i a n te
o f i ci o S E M -U AF -2 0 63 d e 1 8 d e j ul i o de 2 0 1 6 , l a s e c re ta ría d e
e d u c a c i ón d e Ma n i za l e s n e g ó e l re c o n o c im i en to y p a g o d e i n t e re s e s
m o ra to ri o s , s o l i c i tad o p o r e l d e m a n da n te , a l e s ti m a r q u e l a
m e n ci o n a da o b l i g a ció n f u e s a ti s f e c h a d e m a n e ra o p o rtu n a , e n l o s
té rm i n o s d i sp u e s to s p o r e l Mi n i s te ri o d e E d u c a c ió n N a ci on a l y
d e b i d am e n te i n de x a da .
A l re s p e c to , c a b e p r e c i s a r q u e l a h o m o l og a c i ó n y n i ve l a c i ó n s a l a ri al
p a ra e l p e rs o n a l a dm i ni s tra ti vo d e l a s e c re ta ría d e e d u c a c i ó n d e
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Ma n i za l e s s e d i o como re s u l ta d o d e l a d e sc e n tra l i za c i ó n d e l se rvi c i o
e d u c a ti vo o rd e n a d a p o r l a s L e ye s 6 0 d e 1 9 9 3 35 y 7 1 5 d e 2 0 0 1 36. [… ]
C o n f u n d ame n to e n d i c h a c o n s u l ta , e l Mi n i s te ri o d e E d u c a c i ó n
N a c i on a l me d i a n te l a d i re c ti va m i n i s te ri a l 1 0 d e 3 0 d e j u n i o d e 2 0 0 5
y l a R e s o l u c ió n 2 1 7 1 d e 1 7 d e m a yo d e 2 0 0 6 37, f i j ó e l p ro c e d im ie n to
q u e d e b ía n s e g u i r l a s e n ti d a d e s te rri to ri a l e s p a ra l a h o m o l o g a c ió n d e
l a p l a n ta d e p e rs o n a l a d m i ni s tra ti vo , a d s c ri ta a l s e c to r e d u c a ti vo y
f i n a n ci a d a c o n re c u rs o s d e l s i s te m a g e nera l d e p a rti c i p a c i o n es .
P o r m e di o d e of i ci o 2 0 0 7 E E6 1 8 5 d e 2 1 d e d i c i em b re d e 2 00 7 , l a
re f e ri d a c a rte ra a p r o b ó e l e s tu d i o té c n i c o d e h o m o l og a c ió n y
n i ve l a c i ó n s a la ri a l e fe c tu a d o p o r e l m u n ici p i o d e Ma n i za l e s . L u e g o ,
e l re f e ri d o e n te e s ta ta l p re s e n tó a l Mi ni s te ri o d e E d u ca c i ó n N ac i o n al
p ro p u e s ta d e m o d i f i ca c i ó n d e l a l u d i d o e s tu d i o , a u to ri za d a c o n o f i ci o
2 0 1 2 EE 5 0 4 7 9 d e 2 8 d e a g o s to d e 2 0 1 2 , e n e l c u a l s e o rd e n ó a l e n te
te rri to ri a l a d e l a n ta r lo s trá m i te s re s p e c ti vo s p a ra h a c e r e f e c tiva l a
h o m ol o g a ci ó n d e l o s c a rg o s d e l a p l a n ta d e p e rs o n a l a d mi n i s tra ti vo .
A s í l a s c o s a s , e l m un i c i pi o d e Ma n i za l e s d i c tó e l D e c re to 3 8 8 d e 1 2
d e o c tu b re d e 2 0 1 2 , q u e m o di fi c ó e l 8 3 d e 1 1 d e m a rzo d e 2 0 0 8 , e n
e l q u e s e h o m o lo g a n y n i ve l a n s a l a ri a lm en te l o s c a rg o s
a d mi n i s tra ti vo s d e l a s e c re ta ría d e e d u c a c i ó n d e Ma n i za l e s ,
f i n a n ci a d o s co n re c urs o s d e l s i s tem a g e ne ra l d e p a rti c i p a ci o ne s y l a
u n i d a d d e p re s u p u es to d e l a s e c re ta r ía d e h a c i e n d a d e ta l e n te
te rri to ri a l e x p i d i ó c e r ti f i c a d o d e d i s p o n ib i lid a d p re s u p u e s ta l 7 5 d e 2 2
d e a b ri l d e 2 0 1 3 , pa ra s u f ra g a r e l p ro ce d im i e n to , p o r l a s um a de
$ 2 7 .8 7 6 .0 7 3 .9 0 1 .
P o s te ri o rm en te , l a s e c re ta ría d e e d u c a c i ó n d e Ma n i za l e s , a tra vé s d e
R e s o lu c i ó n 5 5 8 d e 1 1 d e a b ri l d e 2 0 1 4 , r e c o n o c i ó a l a c c i o n a nte e l
re tro a c ti vo i n d e x a d o , c a u s a d o e n tre e l 1 ° d e e n e ro d e 2 0 0 3 y e l 3 1
d e d i c i em b re d e 2 0 11 , p o r u n m o n to d e $ 3 0 .4 5 3 .3 1 2 , p a g a d o e n e l
m e s d e ma yo d e 2 0 1 4 .
V i s to l o a n te ri o r, c omo q u i e ra q u e el p a g o d e l o s d in e ro s re c o no c i d o s
a l a c to r e l 1 1 d e a b ri l d e 2 0 1 4 (f e c h a d e sd e l a c u a l s e h i zo e x i g i bl e
l a o b l i g ac i ó n ), s e re a l i zó e n m a yo d e l m i sm o a ñ o , e s to e s , d e n tro d e l
m e s s ig u i e n te , n o p ue d e p re g o n a rs e q u e e s a « ta r d a n za » i m p lic a q u e
s e g e n e re n i n te re s e s d e a l g u n a n a tu ra l e za , m á x i m e c u a n do e n
n i n g u n o d e l o s a c to s a d m i ni s tra ti vo s m e n c i o n a d o s s e s e ñ al ó p l a zo
35 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constituc ión
P o l í t i c a y s e d i s t r i b u ye n r e c u r s o s s e g ú n l o s a r t í c u l o s 3 5 6 y 3 5 7 d e l a
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
36 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 3 56 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros».
37 « P o r l a c u a l s e e s t a b l e c e e l c r o n o g r a m a p a r a e l r e p o r t e , r e v i s i ó n y
certificación de las deudas de las entidades territoriales con los docentes y
administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación
salarial».
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q u e d é p i e a q u e s e c o b re n c o m o s a n c i ó n p o r e l s i m p le re ta r d o o
i n c um p lim i e n to d e é l , y n o e x i s te p re vi s i ó n l e g a l a l re s p e c to .
[… ]» .
91. Como se aprecia de todo ello, el Ad quem sí analizó cuáles
f ueron los dif erentes etapas que se surtieron en el proceso de la
homologación de la planta de personal administrativo, donde
verif icó que el accionante fue incorporado a la planta de la
Secretaría de Educación de Manizales a partir de 2003 y tenía
derecho a que le suf ragaran los salarios, prestacione s sociales y
demás emolumentos en f orma correcta desde esa anualidad, pero
no podía reclamar intereses moratorios por el pag o tardío a su favor
de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues
esa obligación, se hizo exigible e l 11 de abril de 2014, al e xpedirse
el acto administrativo que reconoció los valores causados entre el
1.° de enero de 2003 y el 31 de dicie mbre de 2011 y f ue pagada en
mayo de 2014, dados los trámites administrativos que debían
surtirse, además la entidad indexó las correspondientes sumas, lo
que era incompatible con el pago de intereses moratorios.
92. Signif ica lo anterior, que en el fallo recurrido sí analizó los
extremos temporales que comprendieron las pretensio nes de la
demanda, para verif icar si le asist ía razón al demandante en ellas,
con lo cual prestó espec ial atención a la f echa de incorporación a
la planta de personal, la causación de las dif erencias salariales y
prestacionales, la f echa de expedició n del acto administrativo y la
f echa de pago de las sumas correspondientes a retroactivo por
homologación y nivelación.
93. Específ icamente f rente al tema de los intereses y la indexación
la sentencia recurrida precisó sobre el particular, que comoquiera
que el pago de los dineros reconocidos al actor el 11 de abril de
2014 (se produjo en mayo del mismo año, esto es, dentro del mes
sigu iente ), no puede considerarse que se generaron intereses y
además porque en los actos administrativos mencionados no se
señaló plazo y no existe previsión le gal al respecto.
94. Esta decisión la adoptó con f undamento en las sen tencias de la
misma Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
de 25 de abril de 2019 38 y de 23 de agosto de 2018 proceso con
38 C o n s e j o
de Estado, sal a de lo contencioso-administrativo, sección segunda,
subsección B, consejero ponente: César Palomino Cortés, expediente 66001 -
23-33-000-2016-00471-01(1731-18).
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radicado 73001 -23-33-000-2014-00403-01 (4589 -15) 39, donde se
tuvo en cuenta la f echa de los actos administrativos de
reconocimiento de la nivelación sala rial y el pa go ef ectivo; que
tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios teniendo en
cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,
en cuanto buscan casti ga r al deudor incumplido y, además, que no
hay luga r al pago de intereses moratorios cuando en el contenido
de los actos administrativos que reco nocieron el retroactivo no se
inclu yó nada sobre el particular y además no existe norma que
autorice dicho reco nocimiento.
95. Visto lo anterio r, es e vidente que no se incurrió en citra petita ,
como f uera alegado por el accionante, en la medida que la
sentencia se pronunció sobre los ext remos planteados por las
partes en el litigio , pues no se omitió ningún aspec to de los que
f ueron expuestos en la demanda acorde con los he chos y las
pretensiones formuladas por el señor Ríos Lópe z.
96. En este sentido, no se advierte que el ad quem haya limitado la
controversia al reconocimiento de intereses moratorios respecto del
periodo comprendido entre abril y mayo de 2014 , como se señala
en el recurso e xt raordinario, toda vez que, como se vio, en la
sentencia recurrid a sí se analizó la exigibi lidad de la obligación y
en virtud de ello, estimó que el pago de las sumas reconocidas por
la entidad se produjo en un plazo ra zonable a partir el m omento en
que se prof irió el a cto administrativo de reconocimiento a f avor del
demandante por las dif erenci as gene radas como consecuencia de
la homologación y nive lación salaria l.
97. Ahora bien, el discutir la tesis del Ad quem ref erente a que los
intereses moratorios deben estar consagrados en una le y especial,
sólo por que ésta no se comparta, es pretender que se surta una
tercera instancia, sin que haga parte del objeto del recurso
extraord inario de revisión, que permite revisar las decisiones
judiciales bajo causales taxativas y restrictivas.
98. Igual apreciación merece el argumento del recurrente ref ere nte
a que resulta equivocada la conclusión, según la cual, los intereses
de mora son incompatibles con la indexación.
39 C o n s e j e r o Ponente César Palomino Cortés.
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99. Esto, comoquiera que la tesis sostenida en la sentencia
recurrida sí estu vo respaldada en la línea jurisprudencial que sobre
el tema ha abordado la Subsección B de la Sección Segunda de la
Corporación, que analizó debidamente el proceso de homologación
de las plantas de personal del personal administrativo, donde se
tuvo en cuenta la fecha de causación del derecho, las sumas
reconocida s por la entidad y la f echa de pago de lo que se coligió
que la inde xación de las sumas de dinero ya le h abía sido
reconocida y paga da al demandante, por lo tanto, que no había
lugar al pa go de esos intereses.
100. En este sentido, simplemente disentir de las posturas jurídicas
adoptadas por los f uncionarios judiciales no conf igura la causal de
revisión esgrimida tal como lo ha señalado esta Corporación en
otras oportunidades, al precisar que «No resulta acerta do plantear
cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una
apreciación errad a de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en f orma indebida
o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues
todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal
[…]» 40.
101. En conclusión, esta Sala Especial de Decisión no advierte que
los planteamientos esgrimidos por el actor puedan tener vocación
de prosperidad, toda ve z que pese a que la sentencia f ue adversa
a los intereses del re currente, n o desbordó el objeto de la
controversia, ni incurrió en incongru encia o violación del debido
proceso.
3.7. Condena en costas.
102. El inciso f inal del art ículo 25 5 de la Ley 1437 de 2011,
modif icado por el artícu lo 70 de la Ley 2080 de 2021 41, según el
40 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo , sentencia
d e 2 6 d e m a yo d e 2 0 1 0 , C . P M a u r i c i o F a j a r d o G ó m e z , n ú m e r o ú n i c o d e
radicación 2001 – 1504
41 « A R T Í C U L O 8 6 . R é g i m e n d e v i g e n c i a y t r a n s i c i ó n n o r m a t i v a . L a p r e s e n t e l e y
rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las
competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de
Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicada esta ley . // Las nuevas reglas del
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cual: «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas
y perjuicios al recu rrente» . Esto sin que la norma imponga distinción
alguna sobre la naturaleza del recu rrente.
103. Igualmente debe destacarse que el numeral 4 .º del artículo 366
del CGP, pre vé que «para la f ijación de agencias en derecho
deberán aplicarse las tarif as que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste
y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además la naturale za,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó p ersonalmente, la cuantía del proceso y ot ras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarif as».
104. En ese orden, el Acuerdo No. PSAA16 -10554, del 5 de agosto
de 2016 expedido por la Sala Administrativa de esa Co rporación,
que reguló lo ref erente a las tarifas de agencias en derecho,
estipuló:
« A RT ÍC UL O 1 º . Ob j e to y a l c a n c e . E l p re s e n te a c u e rd o re g u l a l a s
ta ri f a s p a ra e f e c to s d e l a f i j a c ió n d e a g e n ci a s e n d e re c h o y s e a p l i c a
a l o s p ro c e s o s q u e s e tra m i te n e n l a s es p e c i a li d a d es c i vi l , f a m il i a ,
l a b o ra l y p e n a l d e l a j u ri s d i c c i ó n o rd i n a ria y a l o s d e l a j u ri s d i c c i ón
d e l o c o n te n c i o s o a dm i ni s tra ti vo .
9 . R E CU RS OS E XT RA ORD IN AR IOS . E n tr e 1 y 2 0 S .M .M.L .V » .
105. De acuerdo con lo anterior, la Sala de Decisión procederá a
condenar en costas, ante la no prosperidad del recurso.
106. En vista de lo ante rior, se condenará al recurrente al pago de
las agencias en derecho de acuerdo con lo establecid o en citado
dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, e
aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y
trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se
h a ya n d e c r e t a d o p r u e b a s . / / D e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o 4 0 d e l a L e y 1 5 3
de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las
reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores
normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto
de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En
estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práct ica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
q u e s e e s t é n s u r t i e n d o , s e r e g i r á n p o r l a s l e ye s v i g e n t e s c u a n d o s e
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».
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Acuerdo número PSAA16 -10554 del 5 agosto de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura, que se f ijan en un (1) salario mínimo legal
mensual vigent e, dividido en un 50% a f avor del Ministerio de
Educación Nacional y el ot ro 50% a f avor del municipio de
Manizales, dado que la interposición del recurso originó su
intervención dentro del proceso .
107. Las expensas y gastos originados durante el curso del proceso
no serán reconocidos, toda ve z que los mismos no f ueron
demostrados en el trámite, conf orme a lo previsto en el artícu lo 255
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y el 361 del Código General del Proceso.
108. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial d e Decisión,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
F ALL A:
PRIMERO.- DECLAR AR I NFUND AD O el recurso ext raordinario de
revisión interpuest o contra la sentencia de 30 de octubre de 2020,
prof erida en segunda instancia por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ra dicado 17001-23-33-000-2016-
00849-01 (4514 -2019), de acuerdo con las consideraciones
señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO.- CONDEN AR al pago de las costas en la modalidad de
agencias en derecho a la parte recurrente, dado que no se
acreditaron las exp ensas o gastos en el proceso, que se f ijan en un
(1) salario mínimo legal mensual vigen te, divid ido en un 50% a favor
del Ministerio de Ed ucación Nacional y el otro 50% a f avor del
municipio de Manizales. Liqu ídense por Secretaría General de esta
Corporación.
TERCERO. - Por Se cretaría General, e n caso de haber sido remitido
en versión f ísica, DEVOLVER el expediente Nº. 17001-23-33-000-
2016-00849-01 (4514 -2019) a la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
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CU ARTO: En f irme esta decisión, ARCHIV AR el expediente
contentivo de este recurso extra ordinario y RE ALIZ AR las
anotaciones en el sistema de gestión judicial SAMAI del Consejo de
Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
Esta providencia f ue considerada y aprobada por la Sala en sesión
del veintit rés (23) de agosto de dos mil ve inti trés (2023 ).
G ABRIEL V ALBUE N A HERN ÁNDEZ
Consejero de Estado
Con sal vamento parcial de vot o
STELL A JE ANNETTE C ARV AJ AL B ASTO
Consejera de Esta do
Ausente con permiso
NUBI A M ARGOTH PEÑ A G ARZÓ N (E )
Consejera de Esta do
M ART A NUBI A VE L ÁSQUEZ RI CO
Consejera de Esta do
LUIS ALBE RTO ÁLV AREZ P ARR A
Consejer o de Estado
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