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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00702-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00702-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Octavio Ramírez López en contra de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00702-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

10 de marzo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00702-00
Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00702-00
Demandante: OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“A”

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por el señor Octavio Ramírez López
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de
2017 y 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

El señor Octavio Ramírez López, en nombre propio, con escrito radicado el 27 de
enero de 2022, presentó acción de tutela con el fin de que se le amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social.

Las mencionadas garantías las estimó vulnerada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”, con ocasión de la sentencia de 23 de enero de 2020,
por medio de la cual revocó la sentencia del 29 de abril de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en la demanda que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso contra la Administradora
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES -, y se identificó con el radicado Nº.
66001-23-33-000-2014-00111-01.

1.2. Pretensiones de amparo constitucional

“1. TUTELAR los derechos al debido proceso, a la defensa, igualdad, seguridad social,
al ciudadano OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00702-00
Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

2. Dejar sin efectos las sentencias del 29 de abril de 2016, emanadas del Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda, dentro del radicado
66001233300020140011100, y la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, del 23 de enero de 2020, dentro del
radicado 66001233300020140011101.

3. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, y a la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que conceda la pensión de jubilación del señor
OCTAVIO RAMÍREZ LÓPEZ, en el régimen de transición aplicable a su caso, que es
el contenido en el Artículo 7 del Decreto 929 de 1976.

4. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y a la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que como consecuencia de lo anterior se condene
en costas y agencias en derecho a COLPENSIONES”.

1.3. Hechos

De la solicitud de amparo se destacan los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia.

El señor Octavio Ramírez López nació el 4 de septiembre de 1957; se desempeñó
en el cargo de Contralor Provincial, nivel directivo, grado 01, en la gerencia
departamental del Vaupés; laboró un total de 11 años, 8 meses y 7 días y; cotizó
para pensión un total de 1.833,58 semanas entre el 10 de marzo de 1975 y el 16 de
noviembre de 2012.

El tutelante presentó renuncia ante el Contralor General de la República el 9 de
noviembre de 2012, la cual le fue aceptada a partir del 16 del mismo mes y año,
mediante Resolución No. 003156; para esa fecha percibía sueldo básico, prima
técnica, remuneración adicional, prima de vacaciones, bonificación especial de
servicios, prima de servicios y prima de navidad.

El actor solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez;
petición que fue negada a través de la Resolución GNR 088696 del 6 de mayo de
2013.

Contra el anterior acto administrativo el señor Ramírez López interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por medio de la Resolución VPB 3245 del 4 de agosto
de 2013 en el sentido de confirmar en todas sus partes la resolución inicial.

Ante lo sucedido el actor, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra COLPENSIONES con el propósito de obtener la anulación de los
actos administrativos que le negaron el reconocimiento pensional y, en
consecuencia, se ordenara a esa Caja de Previsión Social el pago de una pensión
aplicando el régimen pensional especial del Decreto 929 de 1976.

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Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

De la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho conoció el Tribunal
Administrativo de Risaralda, autoridad judicial que, mediante sentencia de 29 de abril
de 2016, negó las pretensiones por considerar que al actor no le era aplicable el
régimen pensional especial del Decreto 929 de 1976, creado en favor de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República, porque los 20
años de servicios exigidos por la norma debían cumplirse exclusivamente en el
sector público. No obstante, al no proceder la pretensión del demandante bajo esa
normativa, analizó la posibilidad de acceder al reconocimiento pensional según las
previsiones de la Ley 71 de 1988 y concluyó que tampoco reunía los requisitos,
habida cuenta de que el señor Ramírez López solo acreditaba 58 años de edad y
para la pensión por aportes se exige una edad de 60 años.

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación e
insistió que la norma especial no exigía que el tiempo laborado fuera exclusivamente
en el sector público.

Mediante providencia de 23 de enero del 2020, notificada el 24 de febrero de 2020,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, revocó la decisión de
primer grado, para lo cual explicó que si bien no le era aplicable el régimen
pensional especial del Decreto 929 de 1976, lo cierto es que el señor Ramírez López
demostró la edad y el número de semanas requeridas para adquirir el derecho a su
pensión de vejez con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y, bajo ese análisis, en virtud de “la garantía de la
tutela judicial efectiva y de sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social” declaró la
nulidad de los actos demandados y ordenó el reconocimiento pensional aplicando la
mencionada normativa.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora manifestó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”, al proferir la sentencia de 23 de enero de 2020, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, bajo la
siguiente argumentación:

Adujo que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
interpuso el accionante, la autoridad judicial accionada “hace una interpretación
extensiva, esto es, incluye exigencias NO contempladas en el artículo 7º del Decreto 929 de
1976”. Al respecto explicó que en la norma transcrita no se hace ninguna exigencia
diferente a que los funcionarios de la entidad tendrán derecho a la pensión vitalicia
de jubilación al “cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o
posteriores a la vigencia de este Decreto”, sin que se exija que los 20 años sean de
dedicación exclusiva al sector público.

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Añadió que se desconocieron los criterios establecidos en la sentencia T-019 de
2009, con ponencia del H. Magistrado Rodrigo Escobar Gil, en la que se dijo que los
20 años de servicios a los que se refiere el artículo 6° del Decreto 546 de 1971
(régimen especial de la Rama Judicial) no necesariamente deben ser al sector
público, siendo acumulable el tiempo laborado en el sector privado, toda vez que la
única condición impuesta por el legislador es que de los 20 años por lo menos 10
hayan sido al Ministerio Público.

Asimismo, adujo que la anterior providencia citó como antecedente de esa línea
jurisprudencial la T - 806 de 2004 y transcribió el siguiente aparte:

“En consecuencia, la Sala segunda de revisión concluyó que en ese caso existió
una vía de hecho, pues “esa entidad se abstuvo de sumar todo el tiempo de
servicio laborado por el actor, quien acreditó haber laborado más de 10 años al
servicio de la rama judicial, para solicitar, en consecuencia, su pensión de
jubilación. Adicionalmente, la entidad mencionada se negó a tener como tiempo de
servicio por el lapso señalado en la ley, la publicación de textos de enseñanza, lo que
condujo a la vulneración del derecho a la seguridad social del actor. (...) de igual modo
la vía de hecho mencionada aparece con claridad meridiana al no computar en su
integridad el tiempo de servicio laborado por el actor, para lo cual se acudió a
posiciones contradictorias, que en un caso llevaban a la exclusión del tiempo de
servicios en la Universidad INNCA, y, en otro, a no computar el tiempo de equivalencia
de textos universitarios oficialmente reconocidos por el Estado. Además, esas
conclusiones a que se llega en la resolución aludida, desconocen el régimen de
transición a que tiene derecho el actor.”

También señaló el desconocimiento de la sentencia del 2 de febrero de 2017 dictada
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 70001333300520150002401, con ponencia
de la H. Magistrada Margoth Montesino Pérez.

Finalmente, hizo hincapié en que la Sentencia de Unificación SU 317 de 2021
expedida por la H. Corte Constitucional sentó jurisprudencia acerca de cómo se
deben sumar los tiempos para pensionarse “especialmente a las personas como yo que
tenemos régimen de transición y con ello régimen especial de pensión”.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 1º de febrero de 2022, el Magistrado Ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó (i) notificar a la parte actora y al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”; (ii) vincular en calidad de terceros interesados al Tribunal
Administrativo de Risaralda y a la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, (iii) publicar la providencia en la página web del Consejo de
Estado; y (iv) la remisión del expediente identificado con el radicado 66001-23-33-
000-2014-00111-01.

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Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones correspondientes fueron allegados los siguientes
informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

Por conducto del Magistrado Ponente de la decisión acusada, manifestó que la
acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, comoquiera que la
sentencia que se ataca fue dictada el 23 de enero de 2020, y a la fecha de la
presentación de la tutela han transcurrido 2 años y 4 días, sin que se expresaran
razones justificables de dicha tardanza.

Agregó que, aun en el entendido de que el accionante invoca la protección de sus
garantías fundamentales con base en la expedición de la sentencia SU-317 del 17
de septiembre de 2021 de la Corte Constitucional, debe destacarse que este
pronunciamiento de unificación no es causa válida para desvirtuar el incumplimiento
del requisito de inmediatez en la interposición de la presente acción de tutela, toda
vez que dicha providencia fue proferida con posterioridad a la que es cuestionada en
el asunto de la referencia.

En todo caso, adujo que al revisar la sentencia SU-317 de 2021, lo que se
desprende es que aquella decisión no habría sido aplicable a la controversia del
proceso ordinario conocido por la Sala demandada, habida cuenta de que los
lineamientos esbozados por la Corte Constitucional fueron atinentes a la posibilidad
de contabilizar tiempos de cotización realizados a distintas entidades de previsión
cuando la pensión se encontraba a cargo del extinto ISS en virtud del Acuerdo 049
de 1990, no para eventos en los que se plantea el debate sobre una prestación de
regímenes exceptuados o especiales como era el caso de los exfuncionarios de la
Contraloría General de la República según el Decreto 929 de 1976, tal como lo
reclamaba el señor Ramírez López.

1.6.2 Tribunal Administrativo de Risaralda

Remitió el expediente digital No. 66001-23-33-000-2014-00111-01 y frente al fondo
del asunto guardó silencio.

1.6.3 Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES

Pese haber sido notificada en debida forma se abstuvo de presentar informe.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00702-00
Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Octavio Ramírez López contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto procede el amparo de los
derechos fundamentales alegados por la parte tutelante, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia de 23 de enero de 2020 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante la cual revocó lo
resuelto el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Risaralda para en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el tutelante contra
COLPENSIONES, pero con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, más no el régimen pensional especial del
Decreto 929 de 1976.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y de
encontrarse superados; (iii) el análisis del caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20121
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema2.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3.

1 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA -
Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
3 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20144, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto, al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora
solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de igualdad
y a la seguridad social.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por el tutelante, en tanto a su juicio, la autoridad
judicial incurrió en los defectos que en uso de las facultades interpretativas de que
goza la Sala de Decisión los enmarca en sustantivo y desconocimiento del
precedente, luego entonces se evidencia que trasciende un estudio de lo meramente
legal.

2.4.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte
accionante fue proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 66001-23-33-000-2014-00111-01.

2.4.3. Respecto de la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta
con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual
transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales.
Esto, toda vez que, contra la providencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A” no procede ningún recurso, y que los cargos
alegados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos
extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.

4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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2.4.4. Por otra parte, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo no cumple
con el requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable5, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de
lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo6.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección7 ha considerado como plazo prudencial el
de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y su presentación y cuando este sobrepasa este límite se declara su
improcedencia.

En el caso objeto de estudio, la Sala observa que: i) el fallo censurado de segunda
instancia fue proferido el 23 de enero de 2020 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “A”; ii) notificado mediante correo electrónico el 24 de febrero
de 2020; y iii) quedó ejecutoriado el 27 de febrero siguiente; y (iv) la tutela se radicó
el 27 de enero de 2022, así las cosas, resulta evidente que a la fecha de
presentación de la solicitud de amparo transcurrió un término de 1 año y 11 meses
después de ejecutoriada la sentencia, lo cual resulta irrazonable en este caso para
acudir al juez constitucional.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será
procedente “[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó
la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes,
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que
la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy

5 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras
en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00,
Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15
de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada Ponente:
Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio
de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-
2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-
2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.

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antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”8.

Al respecto, la Sala advierte que la parte accionante no manifestó argumento
alguno que encuadrara dentro de las causales que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable.

Deviene entonces de lo dicho que, a juicio de esta Sala, controvertir la providencia
judicial, lo que supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad
jurídica impone para el interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo
justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte accionante.

Por ello, el juicio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto, pues basta con que la decisión que
se señala de vulnerar derechos sea conocida y se encuentre ejecutoriada para que
la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus
derechos.

Ahora bien, habida cuenta de que el término de 6 meses9, para el caso concreto
venció el 27 de agosto de 2020, es oportuno destacar, como lo mencionó esta Sala
en otra oportunidad10, que no se desconoce que con ocasión de la declaración del
Gobierno Nacional mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 del Estado
de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por razón
de la pandemia existente a nivel mundial relacionada con el Covid-19, esto condujo
a medidas de aislamiento obligatorio y también a que el Consejo Superior de la
Judicatura profiriera los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-
11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549; PCSJA20-11556 y
PCSJA20-11567, mediante los cuales ordenó la suspensión de los términos
judiciales11. Sin embargo, en relación con esa suspensión se exceptuó el trámite,
decisión y notificación de la acción de tutela.

En efecto, en el Acuerdo PCSJA20-11517 –que fue el primero mediante el cual se
suspendieron los términos judiciales-, se estableció en el artículo 1°, lo siguiente:

8
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
9
adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M. P: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de mayo de 2020, radicado No. 11001-03-15-
000-2020-01436-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
11
Sin embargo, es necesario señalar que el Acuerdo PCSJA20-11567 proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura, dispuso en su artículo 1° que a partir del 1° de julio de 2020, levantar la
suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país, razón por la cual, el Consejo de
Estado, tramitará todas las acciones que le sean presentadas.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00702-00
Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

“ARTÍCULO 1. Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta
el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen la función
de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan
programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán
realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de tutela.

(…)” (Negrita y subrayado fuera del texto).

Resulta entonces que, la suspensión de términos judiciales durante el año 2020
nunca incluyó a las acciones de tutela y, en consecuencia, las personas siempre
tuvieron a su disposición el referido mecanismo constitucional para ejercer la
defensa de sus derechos fundamentales, así como, los jueces las tramitaran sin
ninguna restricción o condición.

Por otra parte, en el artículo 2° del Acuerdo PCSJA20-11526, se dispuso:

“ARTÍCULO 2. Excepciones a la suspensión de términos. A partir de la fecha las
excepciones a la suspensión de términos adoptada serán las siguientes:

1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las
acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la
libertad. Su recepción se hará mediante correo electrónico dispuesto para el
efecto y para su trámite y comunicaciones se hará uso de las cuentas de correo
electrónico y herramientas tecnológicas de apoyo” (Negrita y subrayado fuera del
texto).

De lo expuesto ut supra, se colige que, si bien –en un momento de la suspensión de
términos judiciales- se dio prelación al reparto de las acciones de tutela que
versaban sobre las garantías constitucionales a la vida, a la salud y a la libertad, lo
cierto es que esa determinación no significó que las solicitudes de amparo con las
que se pretendiera la protección de derechos fundamentales distintos no pudieran
tramitarse, pues, de ninguna forma se restringió su ejercicio.

Aunado a lo anterior, se estableció que la recepción de las acciones de tutela, su
trámite y comunicaciones se harían mediante correo electrónico, razón por la cual
no existió una situación que imposibilitara el ejercicio del mecanismo de protección
constitucional durante el tiempo que operó la suspensión de términos acordada por
el Consejo Superior de la Judicatura.

Por consiguiente, a pesar de que las medidas de aislamiento obligatorio
representaron una situación excepcional en la que se limitó el derecho a la libre
locomoción en Colombia, todas las personas -en nombre propio o través de
apoderado- han podido ejercer la defensa de sus derechos fundamentales mediante
la acción de tutela, pues, se reitera, la suspensión de términos judiciales nunca las
incluyó y, en consecuencia, los jueces siempre las han tramitado.

Finalmente, la Sala advierte que tal como lo manifestó la autoridad judicial
accionada, pese a que dentro de los argumentos de la acción de tutela

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00702-00
Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

se invoca la sentencia SU-317 del 17 de septiembre de 2021 de la Corte
Constitucional, esto no es causa válida para desvirtuar el incumplimiento del
requisito de inmediatez puesto que dicha providencia fue proferida con posterioridad
a la que es cuestionada en el asunto de la referencia -23 de enero de 2020- y mal
haría la Sala de Decisión en exigir a la autoridad judicial accionada la aplicación de
una sentencia que no había sido proferida al momento de decidir sobre el asunto.

En ese orden de ideas, en el sub examine no se advierte ninguna explicación válida
para el ejercicio de la acción de tutela por fuera del tiempo proporcional y razonable
adoptado por la Corporación.

2.5. Conclusión

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la tutela presentada por el
señor Octavio Ramírez López en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor Octavio Ramírez López en contra de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección “A”.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00702-00
Demandante: Octavio Ramírez López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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