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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00706-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-00706-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 18 de marzo de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-00706-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y Sección Quinta del Consejo
de Estado

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) participación política e iv) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
tutela de 18 de marzo de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Córdoba y la Sección Quinta del Consejo de Estado,

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

porque, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 13 de mayo de 2021 y el
Consejo al proferir la sentencia de 9 de septiembre de 2021, dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con el
número único de radicación 23001-23-33-000-2020-00004-02, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la participación en política.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que el 27 de octubre de 2019, se llevaron a cabo las elecciones de
autoridades territoriales en Colombia, en las que la Comisión Escrutadora
General de Córdoba declaró la elección de los diputados a la asamblea de ese
departamento, periodo constitucional 2020-2023.

4. Expresó que el Partido Social de Unidad Nacional -Partido de la U, obtuvo
cuatro curules en esa corporación, ocupadas en su orden, por los señores i)
Antonio María Ortega Otero, ii) José Hugo Restan Sánchez, iii) Carlos Alfonso
Burgos González y iv) Jaime Mauricio Bello Díaz. De igual manera, el señor
Yeermenson Velásquez Díaz alcanzó la quinta votación más alta de esa lista de
candidatos.

5. Adujo que en las distintas etapas del procedimiento de escrutinios, se
presentaron varias irregularidades que fueron puestas de presente ante las
autoridades electorales competentes, por vía de reclamaciones y solicitudes de
saneamiento, las cuales fueron rechazadas de plano por extemporáneas o
desestimadas por improcedentes.

6. Manifestó que los apoderados de la referida colectividad elevaron cuatro
reclamaciones ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, con base en los

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

artículos 164, 192 y 193 del Código Electoral, quienes negaron dos de estas por
improcedentes, a través de las resoluciones núms. 44 y 45 del 9 de noviembre de
2019, respectivamente, y rechazaron las dos restantes por extemporáneas,
mediante autos núms. 004 de la misma fecha y 001 del 3 de noviembre anterior.

7. El señor Rubén Darío Díaz Guzmán presentó demanda contra los Diputados a
la Asamblea de Córdoba, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
con el fin de que:

“[…] PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD del Acto Administrativo
contenido en el Acta General de Escrutinio y formulario E-26 ASA de fecha
9 de Noviembre de 2019, mediante los cuales la Comisión Escrutadora
General del Departamento de Córdoba, luego de los comicios realizados el
pasado 27 de Octubre de 2019, declaró electos los Diputados de la
Asamblea el Departamento de Córdoba, declaró la elección (sic) y ordenó
la expedición de las respectivas credenciales, a pesar de las múltiples
irregularidades presentadas y denunciadas durante el proceso de electoral.

SEGUNDA: Se DECLARE LA NULIDAD, de las siguientes
RESOLUCIONES por medio de las cuales se resolvieron solicitudes,
reclamaciones y resolvieron los recursos presentados respecto a estas, por
parte de la Comisiones Escrutadoras Municipales y Comisión Escrutadora
General del Departamento de Córdoba, que permito describir a
continuación, y donde se determina la parte resolutiva de estas; conforme a
las causales de nulidad, y conceptos y cargos de violación que se enuncian
en los hechos de la demanda:

RESOLUCION No. 044 de 9 de Noviembre de 2019, proferida por Comisión
Escrutadora General del Departamento de Córdoba, por medio de la cual
resolvió la reclamación presentada por el Doctor RAFAEL DAVID
CASTAÑO OCHOA en representación del DR. YEERMENSON
VELASQUEZ DIAZ en su calidad de candidato a la Asamblea
Departamental de Córdoba por el Partido Social de Unidad Nacional –
Partido de la U.

RESOLUCION No. 045 de 9 de Noviembre de 2019, proferida por Comisión
Escrutadora General del Departamento de Córdoba, por medio de la cual
resolvió reclamación presentada por el Doctor RAFAEL DAVID CASTAÑO
OCHOA en representación del DR. YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ en
su calidad de candidato a la Asamblea Departamental de Córdoba por el
Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U.

AUTO No. 001 de 3 de Noviembre de 2019, mediante la cual se Rechaza
por Extemporánea la solicitud radicada el mismo 3 de noviembre de 2019,
por el señor YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ a través de apoderada
Judicial.

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

AUTO No. 004 de 9 de Noviembre de 2019, mediante la cual se Rechaza
de Plano por Extemporánea la solicitud radicada el mismo 9 de noviembre
de 2019, por el señor YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ a través de
apoderado Judicial.

TERCERA: Como consecuencia de la anterior declaración solicito se
realicen las verificaciones, exclusiones, revisiones y correcciones a que
haya lugar respecto a las mesas demandadas.

CUARTA: Como consecuencia de la anterior declaración se practique un
nuevo escrutinio general, se cancelen las credenciales de quienes resulten
afectados y se otorguen las que correspondan […]”.

8. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 13 de mayo de
2021, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad electoral identificado con
el número único de radicación 23001-23-33-000-2020-00004-02

9. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de
septiembre de 2021, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de caducidad de la
reforma a la demanda presentada el 16 de enero de 2020, de conformidad con las
consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 13 de mayo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que denegó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad de los siguientes actos
expedidos por la Comisión Escrutadora Departamental de Córdoba,
específicamente en cuanto a lo resuelto en el sentido de rechazar por
extemporáneas y denegar por improcedentes las reclamaciones presentadas por
los apoderados electorales del señor Yeermenson Velásquez Díaz, de
conformidad con las consideraciones de esta providencia:

Acto acusado Título
Auto No. 001 del 3 de «MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA POR EXTEMPORANEA LA
noviembre de 2019 SOLICITUD R.ADICADA EL DIA 03/11/19 POR EL SEÑOR
YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ A TRAVES DE APODERADA
JUDICIAL»
Auto No. 004 del 9 de «MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA POR EXTEMPORANEA LA
noviembre de 2019 SOLICITUD RADICADA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR EL SEÑOR RAFAEL DAVID CASTAÑO OCHOA A
APODERADO JUDICIAL DEL CANDIDATO YEERMENSON

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

VELASQUEZ DIAZ»
Resolución No. 044 «Por medio de la cual se resuelve reclamación
del 9 de noviembre de presentadas por el doctor RAFAEL DAVID CASTAÑO
2019 OCHOA, en representación candidato a la asamblea del
departamento de Córdoba por el PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U señor
YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ»
Resolución No. 045 «Por medio de la cual se resuelve reclamación
del 9 de noviembre de presentadas por el doctor RAFAEL DAVID CASTAÑO
2019 OCHOA, en representación candidato a la asamblea del
departamento de Córdoba por el PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U señor
YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ»

TERCERO: CONFIRMAR la decisión de NEGAR las demás pretensiones de la
demanda dirigidas a que se declare la nulidad de la elección de los diputados a la
Asamblea Departamental de Córdoba, para el periodo constitucional 2020-2023,
de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen […]”.

10. Consideró que:

“[…] En su escrito de impugnación, el referido diputado a la Asamblea de Córdoba
solicitó que se analicen en esta instancia los registros electorales que acusó de
apócrifos en su escrito de contestación de la demanda, por incurrir en diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E-24, tal como se ilustra en la siguiente
tabla, por cuanto el a quo se negó a conocer de este cargo formulado, por vía de
excepción, en ejercicio de su derecho de defensa, ante lo cual el Ministerio
Público expresó su desacuerdo, por estimar lo pretendido por el recurrente es que
se acepten cargos que formuló extemporáneamente […]”.
[…]

“[…] En este orden, teniendo en cuenta que el término de caducidad de 30 días,
contemplado en el artículo 164, numeral 2, literal a) del CPACA, para interponer la
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, se cumplió el 15
de enero del 2020 en relación con el Formulario E-26 ASA del 9 de noviembre de
20191, por el que la Comisión Escrutadora Departamental declaró la elección de
los diputados de Córdoba, y que la contestación del apoderado del señor Carlos
Burgos González se radicó el 24 de febrero del mismo año, es menester concluir
que los cargos incluidos en esta última frente a las 3 mesas enlistadas se
encuentran caducados y, en consecuencia, no hacen parte del objeto del presente
1
Mediante providencia del 17 de septiembre de 2020, proferida por el a quo y confirmada por esta Sección a
través de auto del 19 de noviembre de 2020, se declaró no probada la excepción de caducidad del presente
medio de control, propuesta por el señor Carlos Burgos González, teniendo en cuenta que el término del
artículo 164.2, literal a) de la Ley 1437 de 2011 trascurrió entre el 12 de noviembre de 2019 y el 15 de enero
de 2020, fecha esta última en la que se interpuso la demanda correspondiente.

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

litigio, por lo que el a quo acertó al no abordar su estudio en su fallo, más aun
cuando el presente medio de control no tiene prevista la posibilidad de formular
demanda de reconvención […]”.
[…]

“[…] Esta primera censura en que se apoya el recurso de apelación interpuesto
por el demandante reprocha la actuación del tribunal, por cuanto al entrar a
resolver el segundo cargo de la demanda, en primera instancia, por diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 de las mesas enlistadas en el
anexo 2.3 en las que presuntamente se disminuyó su votación, omitió
pronunciarse sobre las actas de escrutinio relacionadas con la mesa que adicionó
en su reforma al libelo inicial, en los términos que se detallan en la siguiente tabla,
a pesar de que había integrado y admitido ambos memoriales mediante el auto
del 20 de enero de 2020, corriendo el traslado correspondiente a la parte pasiva,
por lo que hizo parte del debate argumentativo y probatorio que tuvo lugar en el
curso del proceso […]”.

“[…] Conforme a lo anterior, al haberse enviado el memorial de reforma a la
demanda, por vía de mensaje de correo electrónico del día 16 de enero de 2020,
resulta forzoso concluir que la acusación por diferencias entre los formularios E-14
y E-24 de la zona 99, puesto 15, mesa 02 del municipio de Sahagún, en presunto
detrimento de la votación sumada al señor Yeermenson Velásquez Díaz,
configura un cargo extemporáneo o caducado, en los términos de la jurisprudencia
constitucional y electoral reseñada, que impide su estudio en esta sede judicial, tal
como lo entendió el juez de primera instancia, circunstancia que, contrario al dicho
del recurrente, no sufre alteración alguna por el hecho de que en los antecedentes
del auto admisorio de la demanda se haya expresado que: «(…) el demandante
presentó escrito de adición de pruebas, el cual se considerará integrado con la
demanda principal y se notificará de manera conjunta», pues en sus
consideraciones no se desarrolló ningún análisis o juicio de valor sobre su
contenido, así como tampoco al momento de resolver la excepción de caducidad
de la demanda formulada por el apoderado del diputado Carlos Burgos González,
por lo que corresponde declarar oficiosamente, en esta sede, la excepción de
caducidad de la reforma a la demanda presentada el 16 de enero de 2020, al
incluir un cargo nuevo por diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-
24 de la zona 99, puesto 15, mesa 02 […]”.

[…]

“[…] El impugnante señaló que el a quo erró al validar los actos proferidos por la
Comisión Escrutadora de Córdoba que se enumeran en la siguiente tabla, pese a
que en su criterio se demostró que están incursos en infracción de norma
superior, expedición irregular, falsa motivación, desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa y deviación de poder, en cuanto no resolvieron de fondo las
reclamaciones formuladas por los apoderados del entonces candidato No. 56 de
la lista del Partido de la U, inclusive a través de autos de trámite, y negaron la
posibilidad de interponer recursos en su contra, al tenerlas por extemporáneas en
una indebida interpretación de la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019, dictada
por el CNE 907 del CNE […]”.

[…]

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

[…] Al respecto, encuentra la Sala que si bien lo dispuesto en el inciso primero de
la norma en cita no se aplica a los autos objeto de controversia en cuanto se
refiere expresamente a que: «(…) ningún recurso podrá ser resuelto por auto de
trámite (…)» y en este caso se trata, en cambio, de solicitudes de saneamiento; de
conformidad con su parágrafo, las mismas debieron ser decididas «(…) mediante
actos de fondo susceptibles de recursos», por cuanto fueron oportunamente
formuladas, tal como quedó demostrado. Este mandato no se cumplió en niguno
de los 4 actos sub judice, en razón a que las 2 primeras peticiones se resolvieron a
través de los autos No. 01 y 04 del 3 y 9 de noviembre de 2019, respectivamente,
contra los que no proceden recursos, conforme a lo preceptuado en el artículo 75
del CPACA, que prevé que «no habrá recurso contra los actos de carácter general,
ni contra los de trámite, preparatorios o de ejecución excepto en los casos
previstos en norma expresa», mientras que las 2 últimas se resolvieron mediante
las resoluciones No. 44 y 45 del 9 de noviembre de 2019, las cuales en el numeral
cuarto de su parte resolutiva dispusieron expresamente que: «Contra la presente
resolución no procede recurso alguno».

En tal virtud, le asiste razón al apleante cuando afirma que tales actos le negaron
su derecho a la interposición del recurso de apelación contra la decisión de
rechazar sus solicitudes por extemporáneas y, en consecuencia, se le vulneró la
garantía de la doble instancia, parte esencial de su derecho de contradicción y del
debido procedimiento administrativo, a la luz del artículo 74 de la Ley 1437 de
2011, lo cual reviste carácter sustancial en la medida en que, contrario al criterio
del a quo, las solicitudes que dieron lugar a ellas sí fueron presentadas en tiempo
y, en consecuencia, se habría podido llevar a cabo el estudio de fondo
procedente, en sede de apelación, para enmendar tal error durante el escrutinio.
Por tanto, la causal de nulidad por desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa bajo examen también está llamada a prosperar en esta instancia.

No obstante, se debe destacar que en las Resoluciones 44 y 45 del 9 de
noviembre de 2019, la autoridad electoral también resolvió: «Decretar el
saneamiento de la causal de nuidad electoral prevista en el numeral 3 del artículo
275 de la ley 1437 de 2011, como presupuestos de procedibilidad» y para tal
efecto dispuso corregir los resultados consignados en el formulario E-24 sobre los
candidatos No. 51 y 56 el Partido de la U, decisiones que obedecen a una
verificación oficiosa por parte de la autoridad electoral que no fue objeto de
censura en este proceso y, en tal virtud, se mantienen revestidas de la pesunción
de legalidad […]”.

[…]
“[…] Por último, el señor Yeermenson Velásquez Díaz insistió, en su memorial de
impugnación, en el cargo por diferencias E-14 y E-24, únicamente en relación con
los registros en los que presuntamente le fue aumentada la votación al señor
Jaime Bello Díaz, al tiempo que le fue dismunuída la suya, en ambos casos de
forma irregular por falsedades ideológicas, dejando de lado en esta instancia los
correspondientes a la votación del señor Carlos Burgos González, remitiendo
entonces a los anexos 2.1 y 2.3. de su demanda, señalando como acusaciones
específicas que el a quo: (i) No estudió todos los registros, debido a que dejó por
fuera de su análisis el que adicionó en su reforma a la demanda en la zona zona
99, puesto 15, mesa 02 del municipio de Sahagún, en el que alega que le fueron
restados arbitrariamente 41 votos. (ii) Convalidó las irregularidades y falsedades
que contienen los documentos electorales sub judice.

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

Contra ambos puntos se pronunciaron tanto la agente del Ministerio Público como
el señor Carlos Bello Díaz , en el sentido de defender el criterio del tribunal en
cuanto se abstuvo de incluir dicha mesa en su análisis por haber sido propuesta
como cargo nuevo cuando ya habia operado el fenómeno de la caducidad del
presente medio de control; también destacaron que el cotejo entre las actas de
escrutinio acusadas fue llevado a cabo con rigor, evidenciando las falsedades que
se presentaron en algunas de las mesas demandadas pero sin que llegaran a
tener incidencia en el resultado de la elección, frente a lo que el recurrente no
plantea ningún reproche tendiente a controvertir lo concluido al respecto […]”.

[…]

[…] Con base en lo anterior, es menester concluir que la sentencia de primera
instancia es fiel a la verdad electoral al sostener que las diferencias encontradas
entre los formularios E-14 y E-24 en los registros acusados están mayormente
justificadas en los recuentos de votos realizados por las autoridades electorales
competentes, tanto los que aumentaron la votación del señor Jaime Bello Díaz
como los que disminuyeron la del señor Yeermenson Velásquez Díaz, tal como se
desprende de la lectura del Acta General de Escrutinio con excepción de las 3
mesas en las que no se reportó recuento de votos en el AGE, las cuales sin
embargo no tienen incidencia en la elección, en la medida en que solo marcan
una diferencia de 3 sufragios entre ambos, cuando en los resultados depurados
por el a quo los terminaron separando 29, por lo que la votación quedaría como se
ilustra enseguida y, en ese orden, no se afecta la asignación de las curules que
contiene el acto demandado:

Candidato Votación Diferencia Diferencia Votación Lugar
en el E-26 corregida corregida válida en la
ASA 1ª Instancia 2ª instancia lista- U
U51 Jaime 19.953 -107 -2 19.844 4º
Bello Díaz
U55 Carlos 20.178 -69 0 20.109 3º
Burgos
González
U56 19.754 +63 +1 19.818 5º
Yeermenson
Velásquez
Díaz

Ahora bien, alegó el recurrente que no basta con tales anotaciones en las que se
deja constancia de los reconteos realizados de oficio o a petición de parte en sede
de escrutinio, para tener por excusadas las disparidades halladas y, en tal virtud,
evitar que se configure la falsedad ideológica en los documentos electorales
correspondientes, en cuanto para tal efecto es menester que, además, se
especifiquen los cambios en la votación realizados como consecuencia de
aquellos o, en su defecto, debe darse prelación a los guarismos consignados en el
acta E-14, tal como solicita que se proceda en el presente caso, en la medida en
que, a su juicio, la Comisión Escrutadora Departamental no tuvo en cuenta «(…)
que debe dentro de las actas generales de escrutinio indicarse expresamente si
hubo recuento, si con el mismo hubo modificación y si existió modificación se debe
expresar detalladamente en qué corporación y candidatos y en qué consistieron,

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pues de lo contrario no puede tenerse en cuenta, primando la información
contenida en el formulario E 14 de Claveros».

Esta tesis la fundamentó en la jurisprudencia reciente de esta Sección que, con
ocasión de la demanda contra la elección de los senadores de la República,
periodo 2018-2022, realizó la siguiente advertencia a la Registraduría Nacional del
Estado Civil:

En relación con las Actas Generales de Escrutinio, se exhortará a la entidad con el
fin de que, en todos los casos, precise el dato de la nueva votación frente a cada
candidato cuando la modificación surja, por ejemplo, de un recuento de votos,
actuación que deberá incluirse de manera clara, precisa y detallada, en cada una
de las mesas, con el detalle preciso de los cambios efectuados y, claro está, con la
determinación de si la modificación es para las elecciones de Senado o Cámara de
Representantes; con la especificidad de lo propio en el lugar que corresponda y no
en otro distinto del acta, es decir, que se realice frente a cada mesa y corporación;
esto, por cuanto de las actas revisadas se encontró que en el campo donde se
registra el escrutinio de la mesa, muchas veces, se guardó silencio, no obstante, al
finalizar de escrutar el puesto de votación o al final del acta, se puso en
conocimiento la realización de recuento en mesas de votación, lo que impide
establecer con claridad si hubo modificaciones y qué datos resultaron afectados.
(…)

Con lo anterior, se refuerza lo dicho, ya que en algunas ocasiones se dejó la
constancia del recuento sin especificarse si con éste se alteraron los votos que
había en la mesa, lo que no permite establecer si hubo recuento sin lugar a
modificar el resultado o, por el contrario, hubo recuento y se efectuaron las
modificaciones de las que se pide efectuar correcciones en esta instancia, pues no
se especifica el valor del dato resultante.

Es indispensable entonces, que siempre que haya una nota de recuento en las
AGE, se indique: i) si se generaron cambios o no, en tanto es necesario, a efectos
de decidir, sin lugar a dudas y equívocos, qué pasó en cada caso y ii) sobre qué
corporación recayó el recuento de la votación, es decir, si para cámara o senado,
precisión que también se advirtió omitida en algunas ocasiones.2 (Subrayado fuera
del original)

Al respecto, esta Sala estima que no es de recibo dicha tesis de la parte actora,
invocada como fundamento de su impugnación contra lo decidido por el a quo en
relación con estos 20 registros, pues si bien el referido fallo, en efecto, realizó un
exhorto a la organización electoral con el fin de promover buenas prácticas de
transparencia en el procedimiento de escrutinio, que permitan alcanzar la verdad
electoral con mayor fidelidad y certeza, enfatizando en el deber legal que tienen
las comisiones escrutadoras, en los casos de recuento de votos, de dejar las
anotaciones pertinentes con el debido detalle en el AGE, su incumplimiento no
deviene necesariamente en la configuración de la falsedad ideológica de que trata
el artículo 275.3 del CPACA por diferencias injustificadas entre los formularios E-
14 y E-24, en cuanto como lo señaló la agente del Ministerio Público, la
jurisprudencia electoral en modo alguno ha «(…) considerado que la sola

2
Consejo de Estado. Sección Quinta, Sentencia del 11 de marzo de 2021, rad. 11001-03-28-000-2018-00081-
00 (acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

constancia del recuento, no sirva para sustentar las modificaciones que se realicen
en los formularios».

En este sentido, resulta claro que las autoridades electorales dejaron constancia
de las actuaciones que soportan las diferencias halladas entre ambas actas de
escrutinio en 17 de las mesas analizadas por tal motivo, como se evidencia en los
extractos del AGE incluidos en la tabla anterior, en los que se destaca con claridad
que hubo recuento de votos en cada una de ellas, aunque se explicaran con
diferente grado de precisión las circunstancias en que tuvo lugar, tal como lo
expone el propio recurrente, lo cual por sí mismo no las convierte en injustificadas;
por tanto, este último cargo de los que se formularon en los recursos de apelación
analizados tampoco está llamado a triunfar y, en tal virtud, se mantendrá incólume
la revisión y decisión del tribunal sobre la causal de nulidad electoral en que se
inscribe.

No obstante, para esta Sección resulta importante reiterar lo dicho en la sentencia
del 21 de marzo de 2021, en cuanto a que las autoridades electorales, al realizar
un recuento de votos, deben especificar en el AGE: (i) si se generaron cambios o
no en el escrutinio, en tanto es necesario, a efectos de decidir, sin lugar a dudas y
equívocos, qué pasó en cada caso y (ii) sobre cuál corporación recayó tal
actuación […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 6.1.- Se ordene el amparo de los derechos fundamentales a la participación,
en su versión de elegir y ser elegido y acceder al desempeño de funciones y
cargos públicos, a la igualdad, acceso a la administración pública y debido
proceso, vulnerados por las sentencias de fecha 13 de Mayo de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, y sentencia de segunda instancia de fecha
9 de Septiembre de 2021 proferida por La Sección Quinta del Consejo de Estado.

6.2.- Que, como consecuencia de la anterior determinación se deje sin efecto la
sentencia de fecha 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del expediente 23001-23-33-000-2020-00004-02 por
medio de la cual se resolvió:

(…)

PRIMERO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de caducidad de la
reforma a la demanda presentada el 16 de enero de 2020, de conformidad con las
consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 13 de mayo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que denegó las pretensiones

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

de la demanda y, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad de los siguientes actos
expedidos por la Comisión Escrutadora Departamental de Córdoba,
específicamente en cuanto a lo resuelto en el sentido de rechazar por
extemporáneas y denegar por improcedentes las reclamaciones presentadas por
los apoderados electorales del señor Yeermenson Velásquez Díaz, de
conformidad con las consideraciones de esta providencia:

Acto acusado Título
Auto No. 001 del 3 de «MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA POR EXTEMPORANEA LA
noviembre de 2019 SOLICITUD R.ADICADA EL DIA 03/11/19 POR EL SEÑOR
YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ A TRAVES DE APODERADA
JUDICIAL»
Auto No. 004 del 9 de «MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA POR EXTEMPORANEA LA
noviembre de 2019 SOLICITUD RADICADA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2019
POR EL SEÑOR RAFAEL DAVID CASTAÑO OCHOA A
APODERADO JUDICIAL DEL CANDIDATO YEERMENSON
VELASQUEZ DIAZ»
Resolución No. 044 «Por medio de la cual se resuelve reclamación
del 9 de noviembre de presentadas por el doctor RAFAEL DAVID CASTAÑO
2019 OCHOA, en representación candidato a la asamblea del
departamento de Córdoba por el PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U señor
YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ»
Resolución No. 045 «Por medio de la cual se resuelve reclamación
del 9 de noviembre de presentadas por el doctor RAFAEL DAVID CASTAÑO
2019 OCHOA, en representación candidato a la asamblea del
departamento de Córdoba por el PARTIDO SOCIAL DE
UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U señor
YEERMENSON VELASQUEZ DIAZ»

TERCERO: CONFIRMAR la decisión de NEGAR las demás pretensiones de la
demanda dirigidas a que se declare la nulidad de la elección de los diputados a la
Asamblea Departamental de Córdoba, para el periodo constitucional 2020-2023, de
conformidad con las consideraciones de esta providencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(..)

6.3.- Que como consecuencia de la anterior determinación se ordene a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación
del fallo de tutela, se profiera una nueva sentencia en el referido proceso de nulidad
electoral, que acoja las consideraciones de ésta […]”.

12. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del principio de la cosa

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

juzgada, en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial.

Actuación

13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 31
de enero de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba y de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, y iii) vinculó a los diputados a la Asamblea Departamental de
Córdoba ( periodo constitucional 2020-2023), y a los “[…] sujetos vinculados en el
proceso adelantado bajo el medio de control de nulidad electoral con número de
radicado 23-001-23-33-000-2020-00004-00/02 […]”, en calidad de terceros con
interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

14.La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que:

“[…] Acorde con lo anterior, revisada la providencia que se acusa por vía de tutela
no se observa la configuración de ninguno de los defectos indicados, sino tan solo
un desacuerdo de la accionante con lo decidido en sentido desfavorable a sus
intereses litigiosos, lo que se evidencia a lo largo de su escrito de amparo en el
que pretende descalificar infundadamente la argumentación realizada por la
Sección para sustentar su sentencia del 9 de septiembre de 2021, la cual fue
proferida por i) funcionario competente, ii) con acatamiento al procedimiento
establecido para esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que
sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al
expediente, iv) sin que se presente contradicción entre los fundamentos de la
decisión y la sentencia misma, v) no se está frente a un error inducido, vi) la
decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho y vi)
no se presentó desconocimiento de precedente alguno, sino al contrario, se aplicó
la línea jurisprudencial vigente […]”.

15. El señor Jaime Mauricio Bello Díaz Diputado de la Asamblea
Departamental de Córdoba expresó que:

“[…] En consecuencia, señor Magistrado, como el texto de adicción de la demanda
presentado por el apoderado del demandante señor Yeermenson Velásquez Díaz,

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se radicó cuando ya había operado el fenómeno de caducidad, tiene como
consecuencia la denegación de tal pretensión de adicionar los votos depositados
en la mesa 002 – Puesto 15 – Zona 99 del municipio de Sahagún.

En tal sentido ruego a su señoría negar las pretensiones de la acción de tutela
impetrada y en su defecto dejar incólume las decisiones falladas en el proceso de
segunda instancia […]”.

16. El Jefe Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil
señaló que:

“[…] En ese orden, resulta pertinente advertir que la demanda de tutela no puede
ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural […]”.

17. El Consejo Nacional Electoral adujo que:

“[…] De manera comedida manifiesto que, por parte de ésta Corporación, no se
presenta vulneración de los derechos fundamentales del Accionante. Asimismo, el
Consejo Nacional Electoral es respetuoso de las decisiones judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Córdoba y la Sección Quinta del Honorable Consejo de
Estado, adoptaron decisiones dentro del proceso de Nulidad Electoral con
radicado No. 23- 001-23-33-000-2020-00004-00/02, donde actuó como parte
demandante, Yeermenson Velásquez Díaz, y como demandados, los diputados a
la Asamblea Departamental de Córdoba, para el periodo constitucional 2020-2023,
debemos atenernos a lo que la Jurisdicción disponga […]”.

18. El Tribunal Administrativo de Córdoba guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

La sentencia impugnada

19. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 18 de marzo de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por
Yeermenson Velásquez Díaz, a través de apoderado judicial, de conformidad con
las razones expuestas en esta providencia.

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591
de 1991 […]”.

20. Consideró que:

“[…] Haciendo un análisis de relevancia constitucional en el caso examinado,
resulta evidente que el accionante, enfocó sus argumentos a las distintas
irregularidades que dice afectaron el proceso de elección que le resultó adverso.
Fundamentos fácticos que expuso como sustento de la pretensión de nulidad del
acto de elección, es decir, que en esta sede constitucional insiste en los motivos y
razones de la demanda de nulidad en especial la que adujo en el escrito a través
del cual reformó la demanda y que la Sección Quinta, como juez de segunda
instancia, consideró que resultaba extemporáneo al incorporar un nuevo cargo del
cual pretendía derivar la alteración del resultado final de la votación.

En este sentido, al estudiar la relevancia constitucional, es preciso advertir que tal
y como se puso de presente en el acápite de antecedentes, el accionante, dentro
del proceso especial de nulidad electoral, presentó solicitud de adición
precisamente para que se incluyera en el estudio del segundo cargo, por
diferencias entre los formularios E-14 y E-24, de la mesa que especificó en su
escrito de reforma de la demanda. Solicitud que le fue resuelta de manera
desfavorable por el tribunal, el 20 de mayo de 2021, al considerar que en la
sentencia se resolvieron de fondo todos los extremos de la litis y lo pretendido por
el peticionario era reabrir el debate probatorio.

De la misma manera, el recurso de apelación lo sustentó principalmente en la
presunta omisión en que incurrió el tribunal al no pronunciarse sobre la mesa que
adicionó en reforma de la demanda, y agregó que en el fallo de primera instancia
se convalidaron algunas de las falsedades configuradas por diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E-24, sin tener en cuenta que, si bien en
el Acta General de Escrutinio consta la inclusión de anotaciones sobre el recuento
de votos, estas no fueron lo suficientemente claras y específicas, al detallar si,
como consecuencia, hubo modificaciones y en que registros.

Del análisis de los anteriores planteamientos en correspondencia con los defectos
alegados por el actor, como únicas causales que habilitan el control constitucional,
concluye esta Sala que el accionante pretende utilizar esta acción como una
tercera instancia, trayendo a colación los mismos supuestos fácticos que, por una
parte, fueron invocados desde la interposición de la demanda electoral, en lo que
respecta a las múltiples irregularidades que adujo fueron comprobadas y la
necesidad de que sobre estas se realizaran las verificaciones y correcciones
correspondientes, y, por otra parte, fueron invocados en dos oportunidades
procesales distintas y consecuentes; la solicitud de adición de la sentencia de
primera instancia y el recurso de apelación contra la misma providencia judicial,
esto con respecto a la irregularidad sustentada en las diferencias injustificadas
entre los formularios E-14 y E-24 de la zona 99, puesto 15, mesa 02 mesa del

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Corregimiento Crucero del municipio de Sahagún, identificada en la Divipol con el
código 13-037-00-15-002 y que incorporó en el escrito de reforma de la demanda.

La parte accionante no fundamenta, en lenguaje estrictamente constitucional,
cómo las providencias judiciales objeto de tutela, incurrieron en los defectos;
sustantivo, por inaplicación del criterio de incidencia regulado en el artículo 287 del
C.P.A.C.A y por desconocimiento del precedente, concretamente de la sentencia
del 11 de marzo de 2021 frente a la cual tampoco expone la regla allí fijada y que
fue desconocida por la Sección Quinta; defecto fáctico por indebida valoración
probatoria; y violación directa de la Constitución Política, toda vez que no hay una
argumentación tendiente a colegir la materialización concreta de una eventual
afectación a los derechos ius fundamentales cuya protección invocó. Ello emana
de la consideración de que el accionante se centra en esgrimir argumentos de
legalidad que bien, correspondieron con la causa petendi que motivó la
interposición de la demanda de nulidad electoral, o fueron producto de la
declaratoria oficiosa de caducidad de la reforma de la demanda, sobre la cual se
resolvió en providencia de fecha 09 de septiembre de 2021.

Haciendo hincapié sobre este último argumento de la declaratoria oficiosa de
caducidad proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el accionante no
plantea una argumentación sólida que desacredite, desde el plano de la
contabilización del término de caducidad, el análisis realizado por la autoridad
judicial referenciada, ni tampoco determina con precisión cómo dicha declaratoria
impactó en sus derechos al debido proceso, de contradicción y cosa juzgada. En
cambio, teniendo en cuenta la postura del Consejo de Estado y de conformidad
con lo previsto en el artículo 173 del C.P.A.C.A, existe la posibilidad que el
demandante adicione, aclare o modifique la demanda por una sola vez, siempre y
cuando ello no implique una sustitución de todas las pretensiones de la demanda o
de todas las personas demandantes o demandadas, pero para ello, y en
tratándose de la materia electoral, deberá observar lo estipulado en el artículo 278
de la misma disposición normativa, en tanto, si bien la demanda podrá reformarse
por una sola vez dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto
admisorio, ello sólo podrá realizarse siempre y cuando no haya operado la
caducidad, en caso contrario, se rechazará la reforma en relación con estos cargos
[…]”.

La impugnación

21. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] El fallo de tutela de primera instancia de fecha dieciocho (18) de marzo de
dos mil veintidós (2022), emitido por este despacho, resuelve la improcedencia de
la tutela radicada el 27 de enero de 2022, en un sentido que es inadmisible para
este recurrente, teniendo en cuenta que, su base considerativa se fundamentó en
(i) de que no hay una argumentación tendiente a la materialización compendiada a

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una eventual afectación a los derechos fundamentales cuya protección invocó el
accionante (ii) y que no plantea una argumentación sólida, ni tampoco determina
con precisión cómo dicha declaratorias judiciales impactó en el derecho al debido
proceso, de contradicción y cosa juzgada.

Dado lo anterior, este despacho desconoció y no fallo de fondo sobre los perjuicios
emitidos por los diferentes operadores judiciales a lo largo del respectivo proceso
judicial, sin establecer una verdadera valoración exhaustiva de la pruebas, yerros
jurídicos y vicisitudes que se materializaron en una flagrante vulneración al debido
proceso y de aquellos derechos que le son pertinentes al elegir y ser elegidos, y
son ustedes los llamado a garantizar derechos fundamentales cuando el operador
jurídico emita decisiones sin el respeto a las reglas del debido proceso […]”.

[…]

“[…] 1. Defecto sustantivo por la no aplicación del criterio de incidencia establecido
en el artículo 287 del CPACA., que la jurisprudencia electoral ha ido extendiendo a
otros eventos: Son dos los referentes que gobiernan el factor de incidencia del
presunto vicio en el resultado de la elección. El primero es el artículo 287 del
CPACA que habla de los presupuestos de la sentencia anulatoria: … “Para
garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá
lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez
establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal
incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos” …

Por su parte el numeral 3 del artículo 1 del Código Electoral contempla, sobre el
principio de eficacia del voto: … “Cuando una disposición electoral admita varias
interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente
expresión libre de la voluntad del elector”… Con base en ello la Sección Quinta ha
desarrollado una teoría de incidencia que se aplica a todo tipo de juicios,
incluyendo aquellos perfilados sobre actos de elección que no tienen origen en el
voto popular. Así, por ejemplo, en sentencia del 27 de marzo de 201713, precisó
que las irregularidades acaecidas deben tener la potencialidad de viciar la elección
y, por tanto:

“… para que aquella se materialice no solo debe probarse la existencia de una
anomalía en la formación del acto, sino también que aquella fue de tal magnitud
que afectó de forma directa el sentido de la decisión. En otras palabras, la
irregularidad que se presente debe ser sustancial, trascendental y con incidencia
directa en el contenido y/o sentido del acto definitivo.

Esto significa que no cualquier irregularidad tiene la potestad de despojar al acto
electoral de la presunción de legalidad de la que goza, sino que aquella debe ser
determinante en su formación” …

Como se anticipó, esta teoría ha sido aplicada, inclusive en elecciones de
personeros municipales, las cuales se realizan por concurso de méritos, es decir,
sin la multitudinaria legitimación que emerge del voto popular, como ocurrió, por
ejemplo, en la sentencia dictada por dicha Sección el 18 de marzo de 2021 dentro
del expediente 81001-23-33-000-2020-00023-01 en el que se cuestionó la
designación de ese representante el Ministerio Público en Arauca.

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

2. Violación directa del artículo 83 de la Constitución Política por el
quebrantamiento del principio de buena fe en la modalidad de confianza legítima y
desconocimiento del precedente judicial de la Sección Quinta sobre la materia
(jurisprudencia anunciada):

El artículo 83 de la Constitución Política contempla que “Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas”, el cual en asuntos judiciales se complementa con el principio de seguridad
jurídica, que responde a la necesidad de que las decisiones de los jueces sean
predecibles e imbuidas de criterios perdurables, a fin de que los ciudadano
encuentren en ella la confianza necesaria para discernir sobre la juridicidad de su
comportamiento.

Entonces, aunque en esta providencia la Sala replantea la tesis según la cual el
factor temporal de la prohibición que prevé el artículo 179-5 constitucional se
circunscribía a ejercer autoridad civil o política únicamente el día de las elecciones,
pues tal interpretación resta eficacia a la norma constitucional - contrariando la
finalidad de la prohibición de garantizar la igualdad entre los candidatos y de evitar
el nepotismo- y, por ende, ahora ha de entenderse que tal limitante cobija o abarca
todo el período a partir desde el día de la inscripción de la candidatura, tal postura
no puede aplicarse en elecciones que se consolidaron con anterioridad a la
construcción de esta nueva tesis jurisprudencial de la Sección Quinta […]”.

[…]

“[…] Entonces, aunque en esta providencia la Sala replantea la tesis según la cual
el factor temporal de la prohibición que prevé el artículo 179-5 constitucional se
circunscribía a ejercer autoridad civil o política únicamente el día de las elecciones,
pues tal interpretación resta eficacia a la norma constitucional - contrariando la
finalidad de la prohibición de garantizar la igualdad entre los candidatos y de evitar
el nepotismo- y, por ende, ahora ha de entenderse que tal limitante cobija o abarca
todo el período a partir desde el día de la inscripción de la candidatura, tal postura
no puede aplicarse en elecciones que se consolidaron con anterioridad a la
construcción de esta nueva tesis jurisprudencial de la Sección Quinta […]”.

[…]

“[…] En el caso concreto, se evidencia que las decisiones expuestas en la
Sentencia de fecha 13 de Mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, y sentencia de segunda instancia de fecha 9 de Septiembre de 2021
proferida por La Sección Quinta del Consejo de Estado, vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso del señor YEEMERSON VELASQUEZ al incurrir en
un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues ambas instancias
omiten dar valor probatorio a las pruebas allegadas al plenario, e indiscutiblemente
frente a desconocer criterio jurisprudencial en cuanto a no ordenar corregir las
mesas de votación demandadas que presentan diferencias sustanciales entre lo
incorporado en los E14 de escrutinio de mesa y E24 de escrutinio municipal y
departamental, que en el acta general de escrutinio municipal si bien es cierto se
enuncio que existió recuento de la mesa, no se determinó conforme a mandato
legal como quedaba la misma en la enunciada acta de escrutinio, en pleno
desconocimiento del debido proceso y del derecho electoral, lo que conlleva al

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adoptar la decisión cuestionada, acreditar un actuar irregular, basado en
actuaciones que afectaban los derechos fundamentales del accionante.

Es relevante enunciar que algunas mesas de votación en el Acta General de
Escrutinio, en la descripción general figuran como RECONTADAS o que fueron
objeto de RECUENTO, pero en el anexo final de las Actas Generales de
Escrutinio, no figuran enlistadas como recontadas o sujeto de modificación, lo que
quiere decir que teniendo las actas de escrutinio enlazadas con el sistema de
software de escrutinio la opción de registrarse la modificación si existiere al
realizarse el recuento, esta debería registrarse allí, lo que determina claramente
que la votación no vario o se modificó para los candidatos respecto a lo
incorporado en el E14 DE CLAVEROS, información que debe respetarse, y no
dejarse o prestarse a equívocos voluntarios o involuntarios la registrada en el
formulario E24., más cuando hoy las Actas Generales de Escrutinio cuentan con el
listado al final, de las mesas que en realidad fueron objeto de recuento y
especifican puntualmente y a detalle como quedaba la votación de ser modificada
[…]”.

[…]

“[…] Al respecto, solicito Honorables Magistrados se tenga en cuenta el ultimo
pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado – Sección Quinta, dentro de la
Sentencia de Nulidad Electoral de fecha 11 de Marzo de 2021, dentro de proceso
contra elección de Senado de la Republica interpuesta por José Manuel Abuchaibe
Escolar y otros, dentro del radicado: 11001032800020180008100 (acumulado)
[…]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

24. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió
con los requisitos de ii) relevancia constitucional y iii) subsidiariedad.

25. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la participación política, procediendo
posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala

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Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
5

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

27. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
7

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

28. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

29. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

30. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

31. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 9

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

32. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos
de i) relevancia constitucional y de ii) subsidiariedad.

Acerca del requisito de la relevancia constitucional

33. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
10

lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10
Ut supra página 6.

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [ ]. 13

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 14

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

11
[ ] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
12
[ ] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
13
[ ] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
14
[ ] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

25

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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad [ ]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
15

constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [ ]. 16

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho
17

a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

34. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 18

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto

15
[ ] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
16
[ ] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
17
[ ] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad
social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago
oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la
conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de
postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

35. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el
actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa
mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial
accionada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la

19
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20
Ibidem.

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acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela

36. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 21, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

37. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional22:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200923 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e
independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o
como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier
materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha
delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción.
Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los
procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la
naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor
tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez que
está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con
la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

21
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
22
Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas
del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir
violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la
seguridad jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa
judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del
requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el
juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y
iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

38. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

39. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del

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daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia
y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, debido a que
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

40.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

41.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
24

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
24
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

42.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

43.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a
25

la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

44.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

25
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

25

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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

45.Atendiendo a que la Corte Constitucional26 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
participación política

46. Vistos el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo ese derecho puede […]”.

[…]

“[…] 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos […]”.

26
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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47. Atendiendo a que, la Corte Constitucional frente al derecho a la participación
27

política ha dicho que: “[…] “constituye garantía básica para lograr amplios
espacios de legitimación democrática” y, además, que su ejercicio se convierte en
una manifestación de la libertad individual de los ciudadanos, orientada a la
intervención en la dirección de la comunidad política de la cual forman parte. Con
todo, el derecho de participación en el control político, se consolida como una
garantía estructural del Estado Social de Derecho, en cuanto se relaciona con el
derecho que les asiste a los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señale la ley (C.P. arts. 13,
40-7 y 125). En efecto, este derecho no sólo garantiza el acceso igualitario a las
funciones y cargos públicos, sino que también salvaguarda que quienes hayan
ingresado a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad
con lo que disponga la ley […]”.

Análisis del caso concreto

48. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

49. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en sus respectivos escritos de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

50. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
27
Corte Constitucional, Sentencia T-1005 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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siguiente:

50.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, el 9 de septiembre de 2021.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

51. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera
que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como
en el ii) respectivo recurso de apelación presentado al interior del proceso de
nulidad electoral identificado con el identificado con número único de radicación
23001-23-33-000-2020-00004-02, el actor reiteró los argumentos jurídicos,
utilizando el amparo como una tercera instancia, tal como se observa en la
siguiente tabla:

ACCIÓN DE TUTELA ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

“[…] Igualmente ambas instancia omiten “[…] Respetuosamente solicito al
dar valor probatorio a las allegadas al Honorable Tribunal Administrativo de
plenario, e indiscutiblemente frente a Córdoba, se sirva adicionar la Sentencia
desconocer criterio jurisprudencia en mediante SENTENCIA
cuanto a no ordenar corregir las mesas de COMPLEMENTARIA, por cuanto se
votación en las mesas de votación omitió, valorar y estudiar dentro del Cargo
demandadas que presentan diferencias 2.3. del ANEXO 2 DEL CARGO 2, en
sustanciales entre lo incorporado en los donde se describen las mesas demandas
E14 de escrutinio de Mesa y E 24 de en la acción respecto a las irregularidades
Escrutinio Municipal y Departamental, que que se presentaron por diferencias
en el acta general de Escrutinio Municipal, injustificadas entre formulario E 14 de
si bien es cierto se enuncio que existió Claveros y E 24 Departamental, en donde
recuento de la mesa, no se determinó sin justificación alguna se restan votos a
conforme a mandato legal como quedaba mi poderdante, candidato U56 a la
la misma en la enunciada acta de Asamblea Departamental de Córdoba por
escrutinio en pleno desconocimiento del el Partido Social de Unidad Nacional
debido proceso y del derecho electoral Partido de la U […]”.
[…]”.
[…]
[…]

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“[…] En virtud de dicha adición, igualmente
“[…]• Reitero respetuosamente se sirvan se debe adicionar y complementar el
por vía de la presente acción criterio considerado dentro de la
constitucional ordenar adicionar la sentencia, respecto al Principio de la
Sentencia, por cuanto se omitió, valorar y Eficacia del Voto., por cuanto es evidente
estudiar dentro del Cargo 2.3. del ANEXO que, establecidas las irregularidades,
2 DEL CARGO 2, en donde se describen estas son suficientes y alteran el resultado
las mesas demandas en la acción electoral. En efecto es evidente que, al
respecto a las irregularidades que se adicionarse 41 votos al partido de la U, no
presentaron por diferencias injustificadas varia (sic) la cifra repartidora, por lo que en
entre formulario E 14 de Claveros y E 24 efecto el orden y cantidad de curules
Departamental, en donde sin justificación asignadas a cada partido no varía. El
alguna se restan votos a mi poderdante, Partido Social de Unidad Nacional “Partido
candidato U56 a la Asamblea de la U “obtuvo el derecho a (4) curules en
Departamental de Córdoba por el Partido la Asamblea Departamental de Córdoba,
Social de Unidad Nacional Partido de la por lo tanto, los candidatos con mayor
U., en la siguiente mesa de votación: […]”. votación por esa colectividad son quienes
deben ocuparla […]”.
[…]
[…]
“[…] AMBAS INSTANCIAS OMITEN DAR
VALOR PROBATORIO A LAS PRUEBAS “[…] En razón de lo anterior, el acto
ALLEGADAS AL PLENARIO, E demandado declaró la elección de Antonio
INDISCUTIBLEMENTE FRENTE A María Ortega Otero, José Hugo Restan
DESCONOCER CRITERIO Sánchez, Carlos Alfonso Burgos González
JURISPRUDENCIAL EN CUANTO A NO y Jaime Mauricio Bello Díaz por el Partido
ORDENAR CORREGIR LAS MESAS DE Social de Unidad Nacional “Partido de la
VOTACIÓN DEMANDADAS QUE U“, por ser estos quienes obtuvieron la
PRESENTAN DIFERENCIAS mayor votación en su partido, y es por
SUSTANCIALES ENTRE LO ellos que ocupan las cuatro (4) curules
INCORPORADO EN LOS E14 DE asignadas a esta colectividad. La quinta
ESCRUTINIO DE MESA Y E 24 DE votación mayor por el Partido Social de
ESCRUTINIO MUNICIPAL Y Unidad Nacional “Partido de la U” la
DEPARTAMENTAL, QUE EN EL ACTA obtuvo el demandante con 19.754 votos,
GENERAL DE ESCRUTINIO MUNICIPAL sin embargo, por tener esa colectividad
SI BIEN ES CIERTO SE ENUNCIO QUE asignada solo cuatro (4) curules, no
EXISTIÓ RECUENTO DE LA MESA, NO resultó electo […]”.
SE DETERMINÓ CONFORME A
MANDATO LEGAL COMO QUEDABA LA […]
MISMA EN LA ENUNCIADA ACTA DE
ESCRUTINIO, EN PLENO “[…] Reitero respetuosamente se sirvan
DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO adicionar la Sentencia, por cuanto se
PROCESO Y DEL DERECHO omitió, valorar y estudiar dentro del Cargo
ELECTORAL. 2.3. del ANEXO 2 DEL CARGO 2, en
donde se describen las mesas demandas
Es relevante enunciar que algunas mesas en la acción respecto a las irregularidades
de votación en el Acta General de que se presentaron por diferencias
Escrutinio, en la descripción general injustificadas entre formulario E 14 de
figuran como RECONTADAS o que fueron Claveros y E 24 Departamental, en donde
objeto de RECUENTO, pero en el anexo sin justificación alguna se restan votos a
final de las Actas Generales de Escrutinio, mi poderdante, candidato U56 a la
no figuran enlistadas como recontadas o Asamblea Departamental de Córdoba por

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sujeto de modificación, lo que quiere decir el Partido Social de Unidad Nacional
que teniendo las actas de escrutinio Partido de la U., […]”.
enlazadas con el sistema de software de
escrutinio la opción de registrarse la […]
modificación si existiere al realizarse el
recuento, esta debería registrarse allí, lo “[…] Solicito Honorables Magistrados se
que determina claramente que la votación tenga en cuenta el ultimo pronunciamiento
no vario o se modificó para los candidatos del Honorable Consejo de Estado –
respecto a lo incorporado en el E14 DE Sección Quinta, dentro de la Sentencia de
CLAVEROS, información que debe Nulidad Electoral de fecha 11 de Marzo de
respetarse, y no dejarse o prestarse a 2021, dentro de proceso contra elección
equívocos voluntarios o involuntarios la de Senado de la Republica interpuesta por
registrada en el formulario E24., más José Manuel Abuchaibe Escolar y otros,
cuando hoy las Actas Generales de dentro del radicado:
Escrutinio cuentan con el listado al final, 11001032800020180008100 (acumulado)
de las mesas que en realidad fueron […]”.
objeto de recuento y especifican
puntualmente y a detalle como quedaba la […]
votación de ser modificada.
“[…] Es relevante enunciar Honorable
Las mesas objeto de la demanda y Magistrado que algunas mesas de
puntualmente a que hace referencia el votación en el Acta General de Escrutinio,
cargo 2. Dividido en 2.1., 2.2., y 2.3., NO en la descripción general figuran como
FIGURAN ENLISTADAS DENTRO DE RECONTADAS o que fueron objeto de
LAS ACTAS GENERALES DE RECUENTO, pero en el anexo final de las
ESCRUTINIO COMO OBJETO DE Actas Generales de Escrutinio, no figuran
RECUENTO NI REGISTRAN enlistadas como recontadas o sujeto de
MODIFICACIONES EN LA VOTACION DE modificación, lo que quiere decir que
ASAMBLEA, por lo que en todos los casos teniendo las actas de escrutinio enlazadas
debe prevalecer la votación registrada en con el sistema de software de escrutinio la
el E 14 DE CLAVEROS., que evidencia la opción de registrarse la modificación si
asignación de votos inicial por parte de los existiere al realizarse el recuento, esta
jurados y registrado en el formulario de debería registrarse allí, lo que determina
forma individual a cada partido y claramente que la votación no vario o se
candidato. modifico para los candidatos respecto a lo
Al respecto, solicito Honorables incorporado en el E14 DE CLAVEROS,
Magistrados se tenga en cuenta el ultimo información que debe respetarse, y no
pronunciamiento del Honorable Consejo dejarse o prestarse a equívocos
de Estado – Sección Quinta, dentro de la voluntarios o involuntarios la registrada en
Sentencia de Nulidad Electoral de fecha el formulario E24., mas cuando hoy las
11 de Marzo de 2021, dentro de proceso Actas Generales de Escrutinio cuentan
contra elección de Senado de la Republica con el listado al final, de las mesas que en
interpuesta por José Manuel Abuchaibe realidad fueron objeto de recuento y
Escolar y otros, dentro del radicado: especifican puntualmente y a detalle como
11001032800020180008100 (acumulado) quedaba la votación de ser modificada.
[…]”.
Las mesas objeto de la demanda y
[…] puntualmente a que hace referencia el
cargo 2. Dividido en 2.1., 2.2., y 2.3., NO
“[…] Defecto sustantivo por la no FIGURAN ENLISTADAS DENTRO DE
aplicación del criterio de incidencia LAS ACTAS GENERALES DE
establecido en el artículo 287 del CPACA., ESCRUTINIO COMO OBJETO DE

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Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

que la jurisprudencia electoral ha ido RECUENTO NI REGISTRAN
extendiendo a otros eventos: MODIFICACIONES EN LA VOTACION DE
ASAMBLEA, por lo que en todos los casos
Son dos los referentes que gobiernan el debe prevalecer la votación registrada en
factor de incidencia del presunto vicio en el E 14 DE CLAVEROS., que evidencia la
el resultado de la elección. asignación de votos inicial por parte de los
jurados y registrado en el formulario de
El primero es el artículo 287 del CPACA forma individual a cada partido y
que habla de los presupuestos de la candidato.
sentencia anulatoria: … “Para garantizar el
respeto de la voluntad legítima mayoritaria Al respecto, solicito Honorables
de los electores habrá lugar a declarar la Magistrados se tenga en cuenta el ultimo
nulidad de la elección por voto popular, pronunciamiento del Honorable Consejo
cuando el juez establezca que las de Estado – Sección Quinta, dentro de la
irregularidades en la votación o en los Sentencia de Nulidad Electoral de fecha
escrutinios son de tal incidencia que de 11 de Marzo de 2021, dentro de proceso
practicarse nuevos escrutinios serían otros contra elección de Senado de la Republica
los elegidos” … interpuesta por José Manuel Abuchaibe
Escolar y otros, dentro del radicado:
Por su parte el numeral 3 del artículo 1 del 11001032800020180008100 (acumulado)
Código Electoral contempla, sobre el […]”.
principio de eficacia del voto: … “Cuando
una disposición electoral admita varias
interpretaciones, se preferirá aquella que
dé validez al voto que represente
expresión libre de la voluntad del
elector”… Con base en ello la Sección
Quinta ha desarrollado una teoría de
incidencia que se aplica a todo tipo de
juicios, incluyendo aquellos perfilados
sobre actos de elección que no tienen
origen en el voto popular. Así, por ejemplo,
en sentencia del 27 de marzo de 201713,
precisó que las irregularidades acaecidas
deben tener la potencialidad de viciar la
elección y, por tanto:

“… para que aquella se materialice no solo
debe probarse la existencia de una
anomalía en la formación del acto, sino
también que aquella fue de tal magnitud
que afectó de forma directa el sentido de
la decisión. En otras palabras, la
irregularidad que se presente debe ser
sustancial, trascendental y con incidencia
directa en el contenido y/o sentido del acto
definitivo.

Esto significa que no cualquier
irregularidad tiene la potestad de despojar
al acto electoral de la presunción de
legalidad de la que goza, sino que aquella

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

debe ser determinante en su formación” …

Como se anticipó, esta teoría ha sido
aplicada, inclusive en elecciones de
personeros municipales, las cuales se
realizan por concurso de méritos, es decir,
sin la multitudinaria legitimación que
emerge del voto popular, como ocurrió,
por ejemplo, en la sentencia dictada por
dicha Sección el 18 de marzo de 2021
dentro del expediente 81001-23-33-000-
2020-00023-01 en el que se cuestionó la
designación de ese representante el
Ministerio Público en Arauca […]”.

[…]

“[…] Defecto fáctico por valoración
arbitraria de las pruebas, que condujo a
que la Sección Quinta desconociera su
propio precedente contenido en la
sentencia del 31 de enero de 2019 y de
contera violara el derecho del señor
YEEMERSON VELASQUEZ a ser tratado
de acuerdo con la regla que se desprende
de esta decisión judicial:

En el caso concreto, se evidencia que las
decisiones expuestas en la Sentencia de
fecha 13 de Mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, y
sentencia de segunda instancia de fecha 9
de Septiembre de 2021 proferida por La
Sección Quinta del Consejo de Estado,
vulneraron el derecho fundamental al
debido proceso del señor YEEMERSON
VELASQUEZ al incurrir en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria,
pues ambas instancias omiten dar valor
probatorio a las pruebas allegadas al
plenario, e indiscutiblemente frente a
desconocer criterio jurisprudencial en
cuanto a no ordenar corregir las mesas de
votación demandadas que presentan
diferencias sustanciales entre lo
incorporado en los E14 de escrutinio de
mesa y E24 de escrutinio municipal y
departamental, que en el acta general de
escrutinio municipal si bien es cierto se
enuncio que existió recuento de la mesa,
no se determinó conforme a mandato legal
como quedaba la misma en la enunciada

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

acta de escrutinio, en pleno
desconocimiento del debido proceso y del
derecho electoral, lo que conlleva al
adoptar la decisión cuestionada, acreditar
un actuar irregular, basado en actuaciones
que afectaban los derechos
fundamentales del accionante.

Es relevante enunciar que algunas mesas
de votación en el Acta General de
Escrutinio, en la descripción general
figuran como RECONTADAS o que fueron
objeto de RECUENTO, pero en el anexo
final de las Actas Generales de Escrutinio,
no figuran enlistadas como recontadas o
sujeto de modificación, lo que quiere decir
que teniendo las actas de escrutinio
enlazadas con el sistema de software de
escrutinio la opción de registrarse la
modificación si existiere al realizarse el
recuento, esta debería registrarse allí, lo
que determina claramente que la votación
no vario o se modificó para los candidatos
respecto a lo incorporado en el E14 DE
CLAVEROS, información que debe
respetarse, y no dejarse o prestarse a
equívocos voluntarios o involuntarios la
registrada en el formulario E24., más
cuando hoy las Actas Generales de
Escrutinio cuentan con el listado al final,
de las mesas que en realidad fueron
objeto de recuento y especifican
puntualmente y a detalle como quedaba la
votación de ser modificada.

Las mesas objeto de la demanda y
puntualmente a que hace referencia el
cargo 2. Dividido en 2.1., 2.2., y 2.3., NO
FIGURAN ENLISTADAS DENTRO DE
LAS ACTAS GENERALES DE
ESCRUTINIO COMO OBJETO DE
RECUENTO NI REGISTRAN
MODIFICACIONES EN LA VOTACION DE
ASAMBLEA, por lo que en todos los casos
debe prevalecer la votación registrada en
el E 14 DE CLAVEROS., que evidencia la
asignación de votos inicial por parte de los
jurados y registrado en el formulario de
forma individual a cada partido y
candidato.

Al respecto, solicito Honorables

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

Magistrados se tenga en cuenta el ultimo
pronunciamiento del Honorable Consejo
de Estado – Sección Quinta, dentro de la
Sentencia de Nulidad Electoral de fecha
11 de Marzo de 2021, dentro de proceso
contra elección de Senado de la Republica
interpuesta por José Manuel Abuchaibe
Escolar y otros, dentro del radicado:
11001032800020180008100 (acumulado)
[…]”.

52. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que el actor tanto
en su escrito de tutela, como en su recurso de apelación presentado al interior
del proceso de nulidad electoral identificado con el identificado con número único
de radicación 23001-23-33-000-2020-00004-02, reiteró los argumentos jurídicos,
utilizando el amparo como una tercera instancia.

Análisis del cumplimiento del requisito de subsidiariedad

53. La Sala al revisar los argumentos jurídicos expuestos por el actor en su escrito
de tutela, evidencia que alegó el desconocimiento del principio de congruencia.
En ese orden de ideas, señaló lo siguiente:

“[…] La Segunda instancia (Consejo de Estado – Sección Quinta),
desconociendo el principio de cosa juzgada determina, en vez de adicionar la
sentencia conforme a la solicitud en la Apelación determina declarar de oficio
la Excepción de Caducidad de la Acción desconociendo el debido proceso,
derecho de contradicción y la cosa juzgada respecto a la materia que el
Tribunal Administrativo y Consejo de Estado ya habían determinado […]”.

[…]

“[…] Respecto a lo anterior omitió el Honorable Consejo de Estado – sección
quinta, tener en cuenta lo siguiente: o En efecto el auto admisorio de la
demanda integro la reforma de la demanda debidamente presentada. o
Respecto al mismo omite esta corporación se tramito en primera y segunda
instancia excepción de caducidad frente a la demanda y su reforma, y que fue
negado. o Bajo el principio de Cosa Juzgada no era factible de oficio entrar
nuevamente a deliberar respecto a lo que ya había decisiones debidamente
ejecutoriadaso No se tuvo en cuenta el paro nacional (hecho notorio) que

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

suspendió los términos judiciales en los Despachos del país el 4 de
diciembre de 2019. Por lo anterior, en efecto las decisiones de primera
instancia al omitir pronunciarse de fondo respecto a la mesa debidamente
adicionada e integrada a la demanda, y el de segunda instancia, al considerar
de oficio en violación al principio de cosa juzgada que existió caducidad se
incurrió en vía de hecho constitucional y vulneración a los derechos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia […]”.

[…]

“[…] Falsedad documental por diferencias injustificadas entre los registros
consignados en los formularios E14 y E24, actos estos, que nos enmarcan en la
causal No. 3 del artículo 275 de la ley 1437 de 2011 (causales de anulación
electoral), para lo cual el concejo de estado sala de lo contencioso administrativo
sección quinta a desarrollado preceptos como el siguiente:

(…) en el devenir del proceso administrativo electoral se puede presentar que al
comparar el contenido de esos documentos, los guarismos no coincidan debido a
que: i) se hubiera presentado un recuento de la votación y éste varié el resultado
plasmado en el E-14, en dicho evento tal modificación debe constar en el acta
general de escrutinio y, ii) que los datos hubieran sido modificados sin ninguna
justificación, es decir sin que medie reclamación o petición de saneamiento,
situación que conlleva a que el acta general de escrutinio nada mencione al
respecto y por ende se tenga la existencia de una irregularidad en el proceso de
consolidación del escrutinio. Es en esta última situación que se materializa la
causal de nulidad prevista en el artículo 275 numeral 3º de la Ley 1437 de 2011,
objeto de estudio en el presente medio de control, situación que puede conllevar
según su incidencia a hacer nulas las elecciones a causa de la alteración en los
documentos electorales que no coinciden con la realidad. (Destacado por la Sala).

Es decir, que, si se realizara una valoración efectiva de los formularios electorales
de este caso en particular, se establecería irregularidades que el administrador de
justica no estimo, lo que conlleva a una vulneración precaria a los derechos
fundamentales que le asisten a mi prohijado, como Candidato a la Asamblea del
Departamento de Córdoba para las elecciones del pasado 27 de octubre de 2019.

de (sic) ahí que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Radicación número: 20001-23-31-000-2011-00615- 01 del 19 de septiembre de
2013, extendió la órbita del operador jurídico al analizar los actos de causales de
nulidad bajo la siguiente disposición:

(…) De otra parte, es del caso precisar que si bien, la circunstancia constitutiva de
la reclamación, en principio no podría sustentar una acusación de nulidad electoral,
no puede perderse de vista, que conforme el criterio zanjado por la Corporación “el
análisis del operador jurídico no puede limitarse a descalificar per se o ab initio la
invocación que haga la parte interesada de una situación de nulidad encuadrándola
en una que sea propia de reclamación o viceversa, pues los poderes del juez de la
nulidad electoral le permiten y le obligan a interpretar en forma armónica el dicho
del postulante, a fin de darle el alcance correspondiente al real fundamento fáctico
de la alegación” (las resaltas son de la Sala).

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

Es así como los operadores jurídicos del tribunal y el consejo de estado no
debieron limitar su análisis a las contra posiciones de la parte demandada,
sino por el contrario era necesario que interpretaran la base intrínseca de las
pretensiones del demandante, en el ánimo de absolver integralmente junto
con la ley, las diferencias injustificadas de los formularios E14 y E 24 […]”.
(Resaltado por la Sala).

54.Ahora bien, frente al desconocimiento del principio de congruencia, esta
Sección considera que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, toda
vez que el actor contaba con otro medio de defensa judicial para controvertir la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, esto es el
recurso extraordinario de revisión28, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, antes de acudir a la acción de tutela.

Estudio del perjuicio irremediable

55.Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

56.Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional29:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser

28
Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se alega el desconocimiento del principio de congruencia y la parte actora
cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos fundamentales, como lo
es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de
radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de
radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.
29
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable30[…]”

57.Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

58.Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que el actor debió haber presentado el recurso
extraordinario de revisión.

Conclusiones de la Sala

59. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 18
de marzo de 2022 por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

30
Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00706-01
Actor: Yeermenson Velásquez Díaz

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 18 de marzo de 2022
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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