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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00707-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00707-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 10 de marzo de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría que devuelva al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali el expediente nro. 76001 3333 008 2016 00001 01, enviado a esta Corporación en calidad de préstamo. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01 Accionante: Ramiro Duarte Hernández Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00707-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

23 de junio de 2022

Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-0315-000-2022-00707-01
Accionante: RAMIRO DUARTE HERNÁNDEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Tesis: No vulnera el derecho fundamental a la seguridad social
ni incurre en defecto sustantivo la providencia judicial que
negó reajustar la pensión de un ex detective del D.A.S.
con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 10 de marzo de 2022 por la Subsección A,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que negó el amparo de los
derechos fundamentales.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Ramiro Duarte Hernández, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 9 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con
el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad,

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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

mínimo vital, vida digna, debido proceso y seguridad social1; para ello
formuló las siguientes pretensiones2:

“[…] Primera. Que se TUTELEN, los derechos fundamentales de
IGUALDAD, MINIMO VITAL, VIDA DIGNA, JUSTICA MATERIAL,
FAVORABILIDAD, INESCINDIBILIDAD EN LAS NORMAS LABORALES,
CONFIANZA LEGITIMA, BUENA FE, DEBIDO PROCESO, al
desconocerse sentencias de unificación primigenias y más favorables
vigentes al momento de la instauración de la demanda, precitadas
en los hechos de la tutela, al sr. RAMIRO DUARTE HERNANDEZ (…),
que le fueron desconocidos en el fallo del 9 de diciembre de 2021,
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al
Magistrado ponente, y la Sala constituida para el fallo precitado
aplicar y tener en cuenta en su nuevo fallo las sentencias de
unificación del Consejo de Estado vigentes al momento de la
instauración de la demanda y durante el adelantamiento de la
columna vertebral del proceso administrativo que nos concita, sobre
la materia que se demandó, que garantizan al pensionado su
reliquidación con base a todos los factores del último año de
servicios, respetándose la favorabilidad e igualdad frente a otros
similares, propias del régimen de transición por estar inmerso en un
régimen especial […]”.

[Mayúsculas en el escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que laboró para el Departamento Administrativo de
Seguridad– DAS por más de 20 años y cuando fue suprimido, se vinculó
a la Fiscalía General de la Nación.

Indicó que, mediante la Resolución nro. UGM 018304 del 24 de noviembre
de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL le reconoció una
pensión de jubilación.

1
Según se desprende del acápite denominado “derechos que se consideran violados” de
la acción de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

Solicitó a la UGPP la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio; petición
que fue negada mediante la Resolución nro. RDP 17377 del 5 de mayo de
2015, decisión que se confirmó en el acto administrativo nro. RDP 032391
del 10 de agosto de 2015.

Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo el reajuste de la pensión con el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicios.

Explicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, en providencia del 11 de
octubre de 2018, accedió a las pretensiones.

En contra de la precitada decisión, la parte demandada interpuso recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia
del 9 de diciembre de 2021, la revocó.

Afirmó que la sentencia atacada incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico, orgánico y procedimental.

Para sustentar lo anterior, explicó que la providencia atacada desconoció
el régimen de transición especial previsto en el Decreto 1835 de 1994, así
como en la Ley 860 de 2003, dado que el accionante laboraba como
detective para la fecha en la que entró en vigor el citado régimen. Por
consiguiente, sostuvo que debía aplicarse el régimen especial del personal
del DAS dispuesto en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Agregó que no puede desconocerse la Ley 860 de 2003, debido a que el
accionante hizo “cotizaciones especiales, como su ex empleador D.A.S.,
pues como lo prevé el parágrafo 3 del artículo 2, el detective debe cotizar
por encima del promedio de empleados y su empleador debe cotizar 10

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Accionante: Ramiro Duarte Hernández

puntos adicionales, como efectivamente lo realizó mi asistido y la entidad
suprimida”3.

Argumentó que, por tal razón, no puede aplicarse a este asunto la Ley
100 de 1993 “o jurisprudencia de unificación general para regímenes
generales”4, esto es, la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28
de agosto de 2018, por ser un caso excluido y especial.

Anotó que era procedente incluir en el reajuste de la pensión todos los
factores salariales que devengó en el último año de servicios teniendo en
cuenta la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, vigente para
la fecha en la que interpuso la demanda.

Adujo que se desconoció la sentencia proferida el 1 de agosto de 2013
por el Consejo de Estado que incluyó la prima de riesgo como un factor
salarial para el reconocimiento de la pensión de quienes trabajaron en el
DAS.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 3 de febrero de 20225, la Subsección A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, inadmitió la tutela y requirió “a la parte
accionante, para que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de
la providencia, allegue a este despacho, por correo electrónico, memorial
aclaratorio en el que se indique, de acuerdo con el caso concreto, cuales
son las causales especiales de procedibilidad en los que incurre la

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Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Ibídem.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Accionante: Ramiro Duarte Hernández

providencia atacada y sustente con precisión conceptual y jurídica, su
aplicabilidad dentro de la presente acción constitucional”.

3.2. Por memorial enviado vía correo electrónico el 7 de febrero de 20226,
el accionante cumplió con lo ordenado en el precitado auto.

3.3. Por consiguiente, en proveído del 15 de febrero de 20227, la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, admitió la tutela
y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y, como terceros interesados, a la UGPP8.

Igualmente, requirió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Cali para que allegara copia digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el nro. 76001 3333 008 2016
00001 00, el cual fue remitido a esta Corporación de manera física9.

Por último, comisionó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cali para que notificara el presente trámite tutelar a todas las
personas que intervinieron en el citado medio de control10.

3.4. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP rindió informe
en oportunidad vía correo electrónico11, en el que solicitó se declarara
improcedente la acción de tutela, toda vez que lo pretendido por la parte
actora es sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez

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Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
8
Esta orden se cumplió el 18 de febrero de 2022. Visto en el índice 11 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022
00707 00.
9
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
10
Esta orden se cumplió el 18 de febrero de 2022. El juzgado notificó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público. Visto en el índice 12 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315
000 2022 00707 00.
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

natural de la causa, que resolvió negar las pretensiones de la demanda
con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vigente para la época de los hechos.

3.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 10 de marzo de 2022, dispuso lo siguiente12:

“[…] PRIMERO: Denegar el amparo de los derechos fundamentales
impetrados por el señor Ramiro Duarte Hernández, de acuerdo con
los argumentos expuestos en la parte motiva de la decisión […]”.

[Negrillas y mayúscula en la providencia]

Para dilucidar el asunto consideró que los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial estaban
cumplidos y, por consiguiente, descendió al examen de los reproches
alegados por la parte actora.

Al respecto, explicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó el fallo de primera instancia, que accedió a las pretensiones, por
considerar que, en aplicación de las reglas y subreglas contenidas en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, el señor Duarte
Hernández no tenía derecho a que se le reajustara la pensión incluyendo
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio;
de igual manera, expuso que el tribunal accionado resaltó que proferir
una providencia en contrario, implicaría desatender injustificadamente el
precedente jurisprudencial vigente y obligatorio que tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han trazado respecto a la
aplicación del régimen de transición.

12
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

En cuanto al reparo del accionante consistente en que la sentencia
atacada desconoció la providencia proferida por el Consejo de Estado el 1
de agosto de 2013, señaló que el tribunal explicó las razones por las que
no era aplicable.

Por último, frente al reproche del accionante relacionado con que el
asunto debió resolverse conforme al precedente jurisprudencial vigente al
momento de la interposición de la demanda, precisó que “los cambios
jurisprudenciales no crean regímenes de transición y se aplican en forma
retrospectiva, es decir, afectará a todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial”13.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el actor lo impugnó con
fundamento en lo siguiente14:

“[…] En la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA se cometieron graves yerros fácticos y procedimentales,
pues de un lado se desconoció el régimen de transición especial de
la ley 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003, que por especificidad y
especialidad debió aplicársele, pues mi asistido estaba incurso por
ser funcionario activo del DAS (DETECTIVE), al momento de la
entrada en vigencia de dicho régimen especial, proferido
principalmente para los servidores EN ALTO RIESGO, para efectos
de otorgársele la aplicación de NORMAS ANTERIORES MAS
FAVORABLES, como eran el Decreto 3135 de 1968, Decreto 1045 de
1978, art. 45; Decreto 1047 de 1978, Ley 33 de 1985 Inc. 3 Art. 3;
Decreto 1160 de 1989, Art. 10; Decreto Ley 1933 de 1989, Ley 62
de 1985 y la misma 860 de 2003 articulo 2 parágrafos 1 al 5.

Dicha ley 860 de 2003, no PUEDE PASAR INADVERTIDA, ya que mi
poderdante realizó cotizaciones especiales, como a su vez, su
exempleador D.A.S, también lo hizo, pues como lo prevé el
parágrafo 3 del artículo 2, el detective debe cotizar por encima del
promedio de los empleados públicos y su empleador debe cotizar 10

13
Ibídem.
14
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Accionante: Ramiro Duarte Hernández

puntos adicionales, como efectivamente lo realizó mi asistido y la
entidad suprimida.
(…)
Así las cosas, es que a mi poderdante EN NINGUN CASO se le puede
aplicar la Ley 100 de 1993 o jurisprudencia de unificación general
para regímenes generales, porque el caso de mi representado es un
caso excluido y especial. Hacerlo inmerso en el régimen general y
común DESCONOCIENDO sus DERECHOS ADQUIRIDOS, REGIMEN
DE TRANSICION ESPECIAL Y REGIMEN DE ALTO RIESGO, PAGO DE
COTIZACIÓN ESPECIAL Y ADICIONAL, máxime que hizo cotizaciones
por encima del promedio general, lo hacen UNA VICTIMA del aparato
JURISDICCIONAL y administrativo, acarreándole graves perjuicios
económicos y de diversa índole de carácter constitucional y legal,
que se consignaron en los hechos de la demanda de tutela, no se
puede permitir en esta última opción legal que tiene mi asistido, que
se le vayan a echar por la borda dichas COTIZACIONES
PENSIONALES ULTRALEGALES y ahora pretender desconocérsele
dichos aportes, violando flagrantemente los derechos
constitucionales de SEGURIDAD SOCIAL, PROGRESIVIDAD,
IGUALDAD, JUSTICIA MATERIAL. DEBIDO PROCESO, VEJEZ DIGNA,
MINIMO VITAL, ente otros […]”.

[Mayúsculas en el escrito de impugnación]

Por auto del 21 de abril de 2022 se concedió la impugnación15 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 9 de mayo de 202216.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199117, en concordancia con el numeral 5 del artículo

15
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 01.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
8

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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201518, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201920 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:

6.2.1. El señor Ramiro Duarte Hernández, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la UGPP, pretendiendo lo siguiente:

“[…] 1. Que son nulos los Actos Administrativos expedidos por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, la UGPP, resoluciones RDP 17377 del 5 de mayo de 2015,
NEGANDO la reliquidación pensional, la cual fue apelada en forma
oportuna, y la resolución RDP 032391 del 10 de agosto de 2015,
notificada el 24 de agosto de 2015, que confirma la resolución inicial.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a
la UGPP y/o quien asuma la carga pensional, a dictar nuevo acto
administrativo por medio del cual se reconozca la RELIQUIDACIÓN
DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN a mi favor, incluyendo al monto de la
misma el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados durante (12) meses inmediatamente anteriores a la
fecha de mi retiro del servicio oficial, pagaderos con retroactividad
desde el día siguiente a la fecha en la cual me retiré del servicio
oficial, es decir del (1) primero de julio de 2012 hasta la fecha; por
tratarse de un régimen especial a quienes no se les puede

Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
18
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
19
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
20
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
21
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 76001 3333 008 2016 00001 00. Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Accionante: Ramiro Duarte Hernández

desconocer el derecho a la igualdad con relación a otros regímenes
especiales […]”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali que, en sentencia del 11 de
octubre de 2018, dispuso:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de las Resoluciones nro. RDP
017377 del 5 de mayo de 2015, por medio de la cual se niega la
reliquidación de la pensión de vejez y nro. RDP 032391 del 10 de
agosto de 2015, a través de la cual se resuelve el recurso de
apelación interpuesto por el actor, ésta última confirmando en todas
sus partes la resolución anterior, de conformidad con lo analizado en
la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, a título de restablecimiento del
derecho, a expedir nuevo acto administrativo, por medio del cual se
reliquide la pensión vitalicia de vejez del señor RAMIRO DUARTE
HERNANDEZ (…), de conformidad con los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual
de factores salariales legales devengados durante el último año de
servicio, esto es, del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012, a
partir del 1 de julio de 2012, por no haber operado el fenómeno de
la prescripción trienal, incluyendo para tal efecto, además de la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados, los
factores salariales denominados prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones, prima de riesgo y prima de
productividad, teniendo en cuenta lo señalado en la parte motiva del
presente fallo.

TERCERO: Se precisa, que aquellos emolumentos que se causen
anualmente, deberán liquidarse con el 75% de sus doceavas partes,
según corresponda y de ser procedente, con observancia de los
topes salariales establecidos en la ley para el efecto, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL - UGPP, deberá realizar los descuentos que no
se hubieran efectuado al Sistema General de Seguridad Social, sobre
los factores que se ordena incluir y respecto de los cuales no se
hicieron, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído […]”.

[Mayúsculas en la providencia]

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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

6.2.3. Inconforme con lo decidido, la parte demandada interpuso recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia
del 9 de diciembre de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia nro. 183 del 11 de octubre de
2018, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del
Circuito de Cali. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda
[…]”.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo
de Estado, en fallo del 10 de marzo de 2022, negó la acción de tutela por
considerar que en la providencia atacada no se incurrió en ningún yerro,
dado que lo allí resuelto se fundamentó en la sentencia de unificación
proferida el 28 de agosto de 2018 por la Sala Plena del Consejo de Estado.

El accionante impugnó la precitada decisión e insistió en que sí se
configuró el defecto sustantivo, toda vez que la providencia cuestionada
desconoció el régimen de transición previsto en el Decreto 1835 de 1994
y la Ley 860 de 2003; agregó que a este asunto no le es aplicable la Ley
100 de 1993 ni la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado el 28 de agosto de 2018.

La Sala, concretándose a lo que es motivo de impugnación, esto es, la
configuración del defecto sustantivo, considera que hay lugar a confirmar
el fallo del a quo, por las razones que pasan a explicarse.

En la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, se formuló el siguiente problema
jurídico22:

22
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2022 00707 00.
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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

“[…] La controversia jurídica en esta instancia, se circunscribe a
determinar si el actor tiene derecho a la reliquidación de su pensión
de jubilación con la totalidad de los factores salariales devengados
en el último año de servicios como ordenó el A quo, o si, por el
contrario, debe liquidarse de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales
del Decreto 1158 de 1994 […]”.

Para resolver, la autoridad judicial accionada aludió a la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado, al régimen pensional de los empleados del extinto
D.A.S, así como a la jurisprudencia de esta Corporación respecto del
ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición
establecido por el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, para luego
examinar lo siguiente en el caso concreto23:

“[…] 4. Caso Concreto.

Se encuentra acreditado que el actor estuvo vinculado al
Departamento Administrativo de Seguridad en calidad de Detective
Profesional, desde el 22 de abril de 1987 hasta el 31 de diciembre
de 2011; y luego, en el CTI de la Fiscalía General de la Nación desde
el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012.

Así mismo, está demostrado que es beneficiario del régimen de
transición dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de
2003 y del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, porque al 28 de julio
de 2003 había cotizado más de 500 semanas en el DAS.

La extinta CAJANAL mediante la Resolución nro. UGM 018304 del 24
de noviembre de 2011, le reconoció una pensión de vejez con el
75% de lo cotizado en los últimos 10 años de servicio, incluyendo
como factores salariales la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados.

Posteriormente, el 22 de enero de 2015, solicitó la reliquidación de
la pensión con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, incluyendo la prima de
actividad; la entidad demandada a través de las Resoluciones nro.
RDP 017377 del 5 de mayo y RDP 032391 del 10 de agosto de 2015,
negó la solicitud.

23
Ibídem.
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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

Una vez efectuado el anterior recuento fáctico, teniendo en cuenta
la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado citada
en esta providencia, la Sala considera que, el actor no tiene derecho
a la reliquidación de su pensión de vejez con la inclusión de factores
salariales, tales como, la prima de servicios, la prima de vacaciones,
la prima de navidad y la prima de productividad como ordeno el A
quo.

En efecto, la referida Sección ha señalado que a los detectives del
DAS beneficiarios del régimen de transición del artículo 4 del Decreto
1835 de 1994, también se les debe calcular el ingreso base de
liquidación de acuerdo a las reglas fijadas por la Sala Plena de esa
Corporación en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 28
de agosto de 2018, es decir, de conformidad con lo previsto en el
artículo 21 y el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
además de tener en cuenta los factores salariales del Decreto 1158
de 1994 efectivamente cotizados.

En este sentido, la entidad demandada liquidó correctamente la
pensión, con el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de
servicio, pues al 1 de abril de 1994 cuando entró en vigencia la Ley
100 de 1993, le hacía falta más de 10 años para causar el derecho
a la pensión; y adicionalmente, no se pueden incluir los citados
emolumentos, porque no se encuentran enlistados en el Decreto
1158 de 1994 y sobre estos no se efectuaron las cotizaciones
correspondientes al sistema de pensiones.

De igual forma, respecto de la prima de riesgo, aunque la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 1 de agosto de 2013
concluyó que se debe incluir como factor salarial en la liquidación
pensional de los servidores del DAS, recientemente esa Sección al
adoptar el criterio del a Sala Plena de esa Corporación sobre el
ingreso base de liquidación en el régimen de transición, precisó que
su inclusión se encuentra supeditada a que sobre esta se hayan
efectuado las cotizaciones al sistema de pensiones, que no se
acredita en este caso, teniendo en cuenta que la prima de riesgo no
se encuentra enlistada en el Decreto 1158 de 1994 y el Decreto 2646
del mismo año consagró que no constituye factor salarial.

Por lo discurrido hasta aquí, se revocaré la sentencia de primera
instancia y en su lugar se negarán las pretensiones de la demanda
[…]”.

Conforme con las consideraciones expuestas en la providencia atacada,
la Sala concluye que no se configuró el defecto alegado, puesto que se
explicó de manera razonable que el accionante es beneficiario del régimen
de transición dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 860 de
2003 y del artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 y que, de acuerdo con la
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Accionante: Ramiro Duarte Hernández

jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, respecto de
los detectives del D.A.S. beneficiarios de dicho régimen, hay lugar aplicar
las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
Y si bien el accionante disiente de tal criterio, ello simplemente refleja su
inconformidad con la interpretación que las autoridades judiciales
competentes dan a las disposiciones legales que regulan la materia,
asunto que escapa por completo al control de constitucionalidad.

Por las razones anotadas, la Sala confirmará el fallo proferido el 10 de
marzo de 2022 por la Subsección A, Sección Segunda de esta
Corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 10 de marzo de
2022 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, según
lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría que devuelva al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali el expediente nro. 76001 3333
008 2016 00001 01, enviado a esta Corporación en calidad de préstamo.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

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Radicación: 11001 0315 000 2022 00707 01
Accionante: Ramiro Duarte Hernández

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

15

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