Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00720-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00720-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00720-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nº19
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
Demandante: María Rocío Zuleta Ceballos
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional y otro
Temas: Causal de revisión del artículo 250-5 CPACA- Pago de intereses
moratorios por el pago tardío del retroactivo por homologación y
nivelación fruto del proceso de descentralización del servicio
educativo- Principio de congruencia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora
María Rocío Zuleta Ceballos contra la sentencia de segunda instancia del 30 de
octubre de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
Los hechos en que se fundamenta el recurso pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la señora María Rocío Zuleta Ceballos se desempeñó como empleada
administrativa en la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales y en
cumplimiento de lo previsto en la Ley 715 de 2001 y con ocasión de la certificación
otorgada al ente municipal para la administración del servicio educativo, estuvo
sujeta al proceso de transferencia del personal del Departamento de Caldas a la
planta de cargos del aludido municipio, lo cual se concretó el 1 de enero de 2003.
Que, el municipio no tuvo en cuenta, para efectos de homologación o nivelación,
que la asignación salarial de los empleados departamentales, que pasaron a ser
responsabilidad del municipio, resultó ser inferior a la de otros empleados locales
que cumplían las mismas funciones que ellos.
Que mediante la Resolución Nº650 del 11 de abril de 2014, el Ministerio de
Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación del Municipio de
Manizales, reconoció y ordenó el pago del retroactivo por concepto de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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homologación salarial, admitiendo que la obligación comprendió el periodo entre
el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011.
Que el pago de la homologación salarial de la demandante se hizo efectivo en el
mes de mayo de 2014, y en la suma cancelada no se incluyeron los intereses
moratorios por la tardanza en el cumplimiento de la obligación desde el 1 de enero
de 2003.
Que el 24 de julio de 2015, la demandante presentó una solicitud ante la
Secretaría de Educación de Manizales en la que reclamó el reconocimiento y pago
de los intereses moratorios, y esta petición fue resuelta negativamente por dicha
entidad.
Que la anterior respuesta fue demandada a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, del cual conoció en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Caldas en el proceso identificado con el radicado Nº 17001-23 -
33-000-2016-00846-00 y mediante sentencia del 2 de mayo de 2019, fueron
negadas las pretensiones, bajo el argumento de la inexistencia dentro del régimen
prestacional de norma que regule el derecho a reclamar intereses moratorios por
pago tardío de una nivelación u homologación salarial y que, cualquier daño que
se pudiera ocasionar con un procedimiento tardío en este trámite se compensa
con la indexación.
Que la providencia fue apelada por la parte demandante y, en segunda instancia,
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió la decisión
que es objeto de revisión en el presente proceso, la cual quedó ejecutoriada el 27
de enero de 20211 (sic).
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la sentencia del 30 de octubre de 2020, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó la decisión de negar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora
María Rocío Zuleta Ceballos y revocó la condena en costas impuesta por el
Tribunal Administrativo de Caldas en contra de la demandante.
Se expresó en la sentencia que, de acuerdo con la jurisprudencia de las
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no es procedente el
pago de intereses moratorios frente a sumas adeudadas por concepto de
nivelación salarial en el proceso de homologación de cargos del personal
administrativo del sector educativo cuando, como ocurrió con la demandante, el
lapso entre la emisión del acto administrativo que reconoce el retroactivo hasta su
1 De acuerdo con el hecho vigésimo quinto de la demanda se establece dicha fecha; sin embargo, en el auto
admisorio del recurso se puso de presente que la decisión recurrida había sido notificada el 26 de enero de
2022, quedando ejecutoriada el 1 de febrero de 2022.
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pago efectivo es razonable, pues este solo fue de un mes. Además, tampoco hay
lugar a este desembolso en la medida en que no fue concedido en el acto y no
hay previsión legal que consagre el deber de cancelarlo2.
Que, si bien la demandante fue incorporada a la planta de personal de la
Secretaría de Educación de Manizales a partir de 2003 y tenía derecho a que le
pagaran su salario, prestaciones y demás emolumentos en forma correcta desde
ese año, la indexación que le reconoció y canceló esa entidad se ajusta al
mandato contenido en el artículo 53 de la Constitución y ella es incompatible con
los intereses moratorios.
Por último, indicó que no había lugar a la condena en costas porque la
demandante no actuó con temeridad o mala fe en el proceso y por ello, revocó la
imposición de las costas impuestas en primera instancia.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La parte demandante, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 248
del CPACA presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de
segunda instancia citada, por las razones que pasan a enunciarse:
En criterio de la parte se configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA
teniendo en cuenta que existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Que, la sentencia está viciada de nulidad por su incongruencia respecto de todos
los temas que constituían el litigio, y esto se vio reflejado en un fallo citra petita,
esto es, que no abordó a plenitud los argumentos de la parte demandante.
Dice que la Subsección B no tuvo en cuenta que la señora María Rocío no solicitó
intereses moratorios por el periodo comprendido entre la expedición del acto que
le reconoció la nivelación salarial y su efectivo pago, sino desde el 1 de enero de
2003, cuando su cargo que era departamental fue homologado en la Secretaría
de Educación del municipio de Manizales, sin que para tales efectos se hubiese
equiparado su salario, lo cual solo se materializó en el año 2014.
Que en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
la demandante siempre fue consistente con la definición de los límites temporales
que debían ser analizados en relación con los intereses moratorios y que la
sentencia resulta incongruente en tanto las pretensiones de la demanda no
contenían ningún petitum sobre la indexación que se reconoció de oficio;
2 Frente a este tema se invocaron las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de abril de 2019, rad. 66001-23-33-000-
2016-00471-01 (1731-2018), del 28 de septiembre de 2017, rad. 7300133-33-000-2014-00406-01 (2488-15)
y del 23 de agosto de 2018, rad. 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15); y Subsección A, sentencia del
7 de diciembre de 2017, rad. 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
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confundiéndose el significado de esta figura con la de los intereses moratorios y
llegando a la conclusión de que son fenómenos incompatibles.
Igualmente, señaló que las razones jurídicas de su defensa siempre estuvieron
direccionadas a evidenciar quién tenía la responsabilidad de pagar ante una
posible condena, pero no en cuanto al periodo de la liquidación y por ello, la
administración judicial se quedó corta con la interpretación al pasar por alto que
la parte demandada había direccionado mal el espíritu de la defensa, señalando
unos argumentos que no tenían fuerza de excepción y al darle a la demanda el
alcance con la cual se presentó.
Que resulta un contrasentido señalar que debe existir norma expresa que autorice
el pago de intereses de mora como consecuencia del reconocimiento tardío del
proceso de la homologación y nivelación salarial, pues si bien es claro tal
consagración no existe en el ordenamiento colombiano porque el proceso de
homologación no ha sido regulado de manera particular, para lograr la eficacia de
la resolución del problema jurídico y de las mismas pretensiones se debe acudir a
la analogía o a los principios generales del derecho, tales como los consagrados
en los artículos 1608 al 1617 del Código Civil Colombiano, 23, 101, 102, y 141 de
la Ley 100 de 1993, 884 del Código de Comercio, 65 de la Ley 45 de 1990, entre
otros.
Finalmente, que también se configuró una vulneración al debido proceso ya que
la providencia judicial excedió el marco jurídico y hermenéutico aceptable luego
de adoptar una decisión con base a una interpretación contra legem.
Contestación al recurso extraordinario
El Ministerio de Educación contestó3 el recurso oponiéndose a las pretensiones
de la demanda, argumentando, por un lado que, la parte demandante busca
reabrir el debate jurídico que concluyó con la sentencia recurrida que ya está
ejecutoriada y por el otro, que no hay incongruencia entre lo debatido y lo decidido
en el proceso, dado que el litigio se fijó a partir de la pregunta de si la demandante
tenía derecho al pago de intereses moratorios sobre la suma de dinero que le
canceló la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales, por la nivelación
salarial en la homologación de cargos en el marco de la descentralización del
servicio educativo y sobre ello fue que versaron las consideraciones y la parte
resolutiva de la sentencia recurrida.
Concepto del Ministerio Público
La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
3 A través de memorial adjunto, visible en el índice 20 del aplicativo SAMAI.
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Se debe resolver si se configura la causal de revisión alegada por la parte actora,
esto es, si existe incongruencia entre lo pedido y lo decidido en la sentencia que
puso fin al proceso.
Para el efecto, la Sala hará referencia: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causal de revisión invocada en la demanda; y, finalmente, iii) se
examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de los artículos
248 y 250 del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos»
El recurso tiene por finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada4 y de conformidad con las causales que establece el
250 del CPACA busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que
fueron permeadas por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo
y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades
originadas al tiempo de proferir la sentencia.
Si bien el recurso extraordinario constituye un medio impugnativo que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea
un mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del
litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo
de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala.
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
Corporación el recurso extraordinario de revisión procede por especiales
circunstancias consagradas taxativamente en la ley5.
Causal de revisión invocada
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación». De acuerdo con ello, sobre los
presupuestos para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una
sentencia que ponga fin al proceso, entendiendo por estas las ejecutoriadas, bien
sea que resuelvan o no el litigio de fondo.
Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de
ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que
hubiera incurrido la providencia.
Asimismo, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del
recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento
procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una
situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla
general sería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de
presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, quien en todo caso tiene la carga procesal de demostrar esta
circunstancia6.
En lo que respecta al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo
250 del CPACA que es que se configure una causal de nulidad, se precisa que si
bien, por regla general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están
consagrados en el artículo 133 del Código General del Proceso (8 causales), la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de
contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban
alrededor de la misma.
Así, pues, la Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre
ellas, sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado número:
11001-03-15-000-2008-00294-007 ha definido otros eventos en los que se
configura la nulidad en la sentencia, a saber:
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1.993.
Expediente Rev 040.
6 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-
2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-
15-000-2012-00643-00).
7 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre
de 2019, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).
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« En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación»
Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:
“(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento” 8
Se ha reconocido que la violación del principio de congruencia tiene la
potencialidad de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso.
Veamos:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado
por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que
la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del
debate (cifra petita)”9
De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo
133 citado, existen otras causas desarrollados jurisprudencialmente que
comportan una anomalía respecto de la sentencia y que podrían desvirtuar sus
efectos de cosa juzgada.
Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insanables que implican la violación de derechos constitucionales y
8 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante:
Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Mélida Valle
de La Hoz.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", 7 de
septiembre de 2018. C.P. César Palomino Cortés. Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00440-
00(1452-14)
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión, esto es, por un lado, permitir que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin
ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido10.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]».
Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero
de 201811, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita12, como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva
10 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-
00, demandante: Pedro José Vaca López.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-
2013-00911-01.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de
2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se
respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se
reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite
el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
de la providencia13. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado y
decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia,
ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el
mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de los recursos
ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza
especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]».14
Caso concreto
Verificado el expediente se advierte que la sentencia impugnada que puso fin al
proceso resolvió la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, a partir de los argumentos expuestos por las partes en el recurso de
apelación.
Para ello, dispuso como problema jurídico establecer si la demandante tenía
derecho al pago de intereses moratorios sobre el valor que le canceló la Secretaría
de Educación municipal de Manizales por la homologación y nivelación salarial en
calidad de personal administrativo.
Ahora bien, para la solución del caso concreto la Subsección B de la Sección
Segunda, precisó sobre el reconocimiento de intereses por el no pago inmediato
del valor de la homologación y nivelación salarial lo siguiente:
«Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos a la actora
el 11 de abril de 2014 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se
realizó en mayo del mismo año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede
pregonarse que esa «tardanza» implica que se generen intereses de alguna
naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos administrativos
mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el
simple retardo o incumplimiento de él, y no existe previsión legal al respecto.
(…)
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
9
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
Ahora bien, pese a que la demandante fue incorporada a la planta de la
secretaría de educación de Manizales a partir de 2003 y tenía derecho a que le
sufragaran los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos en forma
correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar la pérdida
del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al
mandato constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las
correspondientes sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago
de intereses moratorios. ».
Con base en lo anterior, la aludida Subsección invocó como parámetro para
solucionar el asunto, la aplicación de un precedente horizontal, a través del cual
en un caso similar15, se determinó que no era procedente el reconocimiento de
intereses por el no pago inmediato del valor de la homologación y nivelación
salarial, por cuanto el reconocimiento de estos – debido a su contenido
sancionatorio- debe estar estipulado en la ley y tiene que atender a una causa
injustificada en la dilación del pago. Que, por ende, la mera mora en el pago de la
obligación no genera automáticamente el reconocimiento de intereses, máxime,
cuando se encontró que el pago tardío fue justificado por el cumplimiento de
múltiples etapas de un proceso interadministrativo complejo.
Del mismo modo, aludió a la sentencia del 7 de diciembre de 2017 de la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación16, cuyo criterio de
decisión fue acogido también por la Subsección B en sentencia del 23 de agosto
de 201817, que, en otro caso semejante, expuso lo siguiente:
«Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los
mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si
no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo,
como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en
consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto
[…]».
A juicio de esta Sala, lo que se acaba de indicar evidencia que la negación del
reconocimiento de los intereses moratorios reclamados por la señora María Rocío
Zuleta Ceballos desde 1 de enero de 2003, respondió a tres parámetros claros,
señalados en la jurisprudencia de las subsecciones de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a saber:
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero
Ponente: César Palomino Cortés; decisión del 25 de abril de 2019, radicado expediente 66001-23-33-000-
2016-00471-01(1731-18).
16 Rad. 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
17 Rad. 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
a) Que el proceso de homologación de cargos administrativos del sector
educación, que se dio en virtud de la descentralización del servicio educativo,
requirió de una serie de etapas en las que influyeron varias normas que fueron
expedidas mientras este se llevaba a cabo y esto no comprometió la
responsabilidad de la administración porque la demora en el pago de la nivelación
salarial estuvo justificada por la necesidad de adelantar esas gestiones.
b) Que lo relativo a la homologación de cargos no se debe tratar como un
asunto negocial privado, y que el reconocimiento de intereses moratorios por parte
de la administración en estos eventos demanda la preexistencia de normas
expresas que los reconozcan de forma clara, dado su carácter sancionatorio.
c) Que la indexación de la suma de dinero recibida por concepto del
retroactivo por nivelación salarial se ajusta a lo consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política y esta es incompatible con los intereses moratorios
reclamados.
Siendo estos los lineamientos que sirvieron de premisa para resolver el caso
concreto, se considera que no hay lugar a predicar incongruencia interna pues el
juzgador planteó como problema jurídico a resolver si había lugar a solicitar los
intereses moratorios por el pago del valor del retroactivo correspondiente a la
homologación y nivelación, lo cual constituía precisamente las pretensiones de la
demanda y al encontrar que no había lugar a estos, dispuso confirmar la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas. Igualmente, se advierte que
existe plena armonía entre lo propuesto por las partes apelantes y los problemas
jurídicos resueltos por la sentencia ya que se abordaron los aspectos que fueron
objeto de inconformidad.
En lo referido a la incongruencia externa de la sentencia recurrida tampoco se
advierte que los argumentos del recurso estén llamados a prosperar pues, aunque
la actora señala que la autoridad judicial limitó el análisis de los intereses
moratorios a un periodo menor al reclamado, esto es, el comprendido entre la
fecha del acto de reconocimiento del retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial y la fecha efectiva del pago, lo cierto es que, las pretensiones y
razones de la demanda de la señora María Rocío Zuleta fueron objeto de
pronunciamiento de forma íntegra con base en precedentes horizontales que
deben ser observados en atención a los principios de igualdad y seguridad jurídica
y en virtud de los cuales el carácter sancionatorio de la pretensión reclamada
requiere de norma expresa que autorice su reconocimiento o en su defecto,
precisa de su inclusión en el acto que reconoció el aludido retroactivo.
De esta manera, más allá de los argumentos de fondo que buscan rebatir la
sentada línea jurisprudencial de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en esta materia y que constituyen un
aspecto que desborda la función para la cual esta instituido el recurso
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
extraordinario de revisión, no es factible afirmar, como lo hace la parte
demandante, que la sentencia impugnada fue incongruente y que está viciada de
nulidad.
En consecuencia, la Sala Especial de Decisión estima que la alegada
incongruencia no se presentó, pues, contrario a lo sostenido en el recurso
extraordinario, la providencia acusada sí afrontó el tema de la procedencia del
reconocimiento de intereses moratorios desde el año 2003, como lo pretendía la
señora María Rocío Zuleta Ceballos y, por tanto, no se configura la causal
invocada, teniéndose que declarar infundado el recurso.
De la condena en costas
Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de
revisión, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
(…)
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen sobre
las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario se presentó el
28 de enero de 2022, esto es, cuando ya estaba rigiendo la nueva ley, la Sala
considera que es procedente la condena en costas en el caso sub examine toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
Ahora bien, debe resaltarse que si bien la condena en costas, en este caso, opera
de manera objetiva, esta no sucede en forma automática en tanto el juzgador, en
los términos del numeral 8 del artículo 365 del CGP, debe valorar que en el
expediente aparezca que se causaron y se liquidarán en la medida de su
comprobación.
Como quiera que en este caso está acreditada la comparecencia al proceso por
parte de la entidad demandada y la gestión realizada por su apoderado al
contestar la demanda, se entenderán causadas las agencias en derecho al haber
mediado gastos relacionados con la defensa judicial de quien resultó vencedor en
el litigio.
Para el efecto, la fijación en agencias en derecho atenderá a las disposiciones
normativas consagradas en el Acuerdo N°PSAA16-10554 de 2016 del Consejo
Superior de la Judicatura18. Por lo tanto, la Sala condenará en agencias en
18 « (…) el funcionario judicial tendrá́ en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00720-00 (927)
derecho en una suma equivalente a un (1) SMLMV vigente a la fecha de la
presente providencia, a cargo de la parte recurrente, vencida en el presente
asunto.
Inmediatamente quede ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría
General de esta Corporación liquídense las costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nº19, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora María Rocío Zuleta Ceballos con el fin de que se revise la sentencia del
30 de octubre de 2020, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nº17001-23 -33-
000-2016-00846-00.
Segundo: Condenar en costas a la señora María Rocío Zuleta Ceballos, quien
deberá pagar una suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente a
la fecha de la presente providencia, en favor de la Nación- Ministerio de Educación
Nacional.
Tercero: Por Secretaría General de esta Corporación liquídense las costas.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso
extraordinario de revisión.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Firmado electrónicamente
Con salvamento parcial de voto
relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso
se puedan desconocer los referidos límites.
(…)
Artículo 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: (…)
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Firmado electrónicamente
14
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