Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00727-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00727-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00727-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
15 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: PEDRO JAVIER GARCÍA GIRALDO
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y
DEPARTAMENTO DE RISARALDA-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - las causales de revisión son
taxativas y restrictivas / CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN -CPACA- existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de
apelación / NULIDAD DE LA SENTENCIA - FALTA DE CONGRUENCIA - La congruencia
interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva
de la sentencia, mientras que la congruencia externa se relaciona con la coherencia entre
la parte resolutiva y la demanda, su contestación o el recurso interpuesto.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Pedro
Javier García Giraldo contra la sentencia de 16 de octubre de 2020, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante la cual se
confirmó, parcialmente, el fallo de primera instancia, en un proceso ordinario
instaurado por el recurrente.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte recurrente asegura que la sentencia antes señalada carece de
congruencia por cuanto no guarda correspondencia con las pretensiones elevadas
en la demanda y su motivación resulta contraevidente y errónea.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
II. ANTECEDENTES
1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1
1.1. El 8 de agosto de 2016, el señor Pedro Javier García Giraldo presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio
de Educación Nacional y el Departamento de Risaralda - Secretaría de Educación
con el fin de que se declarara la nulidad del acto que negó el reconocimiento de
intereses moratorios a su favor, por el pago tardío del retroactivo por homologación
y de la nivelación salarial ordenada por el Gobierno Nacional, desde que se hicieron
exigibles hasta que se efectuó el pago.
Para el efecto, se elevaron las siguientes pretensiones:
Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No. 23652 del 18 de
Diciembre de 2015, notificada el día 15 de Enero de 2016, por medio de la
cual desconocieron y negaron los intereses moratorios generados con
ocasión al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación
salarial.
Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor
tiene pleno derecho a que LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días
posteriores a su causación hasta el día en que fue efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, enero de 2013.
Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que
tiene derecho, liquidados con base al interés bancario corriente desde la fecha
de causación hasta la fecha efectiva de pago; en consideración a que, el pago
de la nivelación salarial debe hacerse al igual que el salario, por períodos de
treinta (30) días, por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago
genera automáticamente la obligación de cancelar los intereses aludidos.
Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses
reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor
que por concepto de indexación salarial se reconoció.
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El expediente del proceso de nulidad y restablecimiento se encuentra, en formato digital, en el
índice 38 de SAMAI.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Quinta.- Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, dar cumplimiento al fallo dentro del término
previsto en el inciso segundo del artículo 192 del CPACA., igualmente que en
virtud de la voluntad contemplada en el poder conferido se haga entrega de
los dineros al apoderado.
Sexta.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, pagar a favor de mi mandante, los intereses
moratorios, conforme lo ordena el inciso 3ero. del artículo 192 del CPACA.
Séptima.- Se condene en costas a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA y a LA NACIÓN- MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de
esta demanda. (…)
En los fundamentos de hecho de la demanda se indicó que «la obligación de
reconocer el pago de la homologación inició a partir del mes de enero de 1996,
como consecuencia de la expedición de la Resolución 2480 de 12 de julio de 1995
(que transfirió al personal administrativo) y hasta el 31 de diciembre de 2009, tal
como lo indica la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012»; sin embargo, en
el caso del señor Pedro Javier García Giraldo, el período objeto de reconocimiento
iba hasta el año 2002.
Agregó que, «según consta en certificación de pago original expedida por la
Secretaría de Educación, el retroactivo reconocido a mi representado(a) fue
cancelado en enero de 2013, lo que evidencia que la obligación fue cancelada
tardíamente»; por ende, «la no nivelación salarial y en consecuencia el no pago
oportuno del retroactivo, genera el pago de intereses moratorios tal como lo
establece el artículo 177 del CCA y el artículo 1617, 1649, del Código Civil y demás
concordantes».
Refirió que solicitó a la autoridad de educación departamental el reconocimiento y
pago de intereses moratorios, el 6 de octubre de 2015, a lo cual se otorgó respuesta
negativa mediante Oficio 23652 de 18 de diciembre de 2015.
1.2. Al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le correspondió el
radicado 66001-23-33-000-2016-00614-00. En primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia de 22 de junio
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
de 2018, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte actora,
con base en los argumentos que a continuación se resumen:
A través del Decreto 258 de 2 de marzo de 2005, modificado por el Decreto 986 de
31 de agosto de 2010, la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de
Risaralda realizó la homologación y nivelación salarial de los cargos
administrativos de su planta.
El Decreto Departamental 1062 de 29 de septiembre de 2010, modificado por el
Decreto 990 de 31 de octubre de 2011, fijó la correspondiente denominación de
código, grado y asignación mensual al personal administrativo del sector educativo,
según se determinó en la planta de cargos homologados.
El Ministerio de Educación Nacional, por medio de oficio 2011EE187 del 3 de enero
de 2011, aprobó la liquidación de la suma correspondiente al retroactivo adeudado
por el proceso de homologación y nivelación salarial y, posteriormente, certificó el
valor de la deuda por la homologación del Departamento de Risaralda, respecto al
período comprendido entre 1999 y 2009, en la suma de $31.542.582.914, la cual
solicitó a la Dirección General del Crédito Público y Tesoro Nacional.
Constituido el respectivo encargo fiduciario mediante proceso de licitación
adjudicado el 11 de julio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
aprobó los términos y condiciones pactados con la fiduciaria y, el 17 de diciembre
de 2012, suscribió acuerdo de pago con el Departamento de Risaralda.
El Consejo de Estado, en casos similares, ha establecido que el Ministerio de
Educación Nacional y los departamentos no incurrieron en una dilación injustificada
de pago, dadas las múltiples etapas que resultaban necesarias y debieron
superarse para efectuar los pagos adeudados por concepto de retroactivo,
producto de la homologación y nivelación salarial dispuesta por el Gobierno
Nacional, entendimiento que es extensible al caso, por identidad de los
fundamentos fácticos y jurídicos.
Adicionalmente, no se causaron intereses de mora por las actuaciones de las
entidades demandadas, por cuanto se realizó la actualización monetaria de las
sumas que fueron pagadas.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
La Directiva No. 10 de 30 de junio de 2005, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, fijó los parámetros para el reconocimiento del retroactivo producto de la
homologación y nivelación salarial, y determinó que ello sólo procedía respecto de
los derechos que no hubieran prescrito, para lo cual debían tenerse en cuenta las
fechas de las reclamaciones recibidas con ese fin.
El pago del retroactivo en el Departamento de Risaralda, por el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo,
se realizó entre los años 1996 y 2009, lapso que el Consejo de Estado ha
considerado justificado para el desarrollo e implementación de las etapas surtidas
en esa actuación administrativa.
A través de la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012, modificada y
adicionada por la Resolución 1384 de 5 de septiembre de 2013 se reconoció y
ordenó el pago del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial,
entre otros, a favor del señor Pedro Javier García Giraldo. Según certificación
expedida por la dependencia de recursos humanos de la Secretaría de Educación
Departamental de Risaralda, en enero de 2013 se pagaron al demandante, por
concepto de retroactivo, las siguientes sumas en pesos: 957.004 por el año 1996;
954.697 por el año 1997; 1.546.728 por el año 1998; 1.268.667 por el año 1999;
1.420.017 por el año 2000; 3.426.308 por el año 2001 y 3.546.873 por el año 2002.
Del valor total cancelado, el accionante aceptó que un «gran porcentaje» de este
correspondió a la indexación sobre el valor neto reconocido.
El pago de intereses de mora es incompatible con la indexación porque ambos
obedecen a la misma causa, según han indicado el Consejo de Estado y la Corte
Suprema de Justicia; por consiguiente, como el pago que se hizo al demandante
fue debidamente actualizado, no procedía reconocer intereses de mora, dado que
«en el pago efectuado ya estaba involucrado el componente inflacionario que
afecta el poder adquisitivo del dinero». Si bien dicho pago se materializó en el año
2013, con posterioridad al proceso de homologación y nivelación salarial, lo cierto
es que lo adeudado fue indexado y no obedeció a una dilación injustificada.
Aunado a lo anterior, no se aportó prueba que indique que la Resolución 1858 de
31 de diciembre de 2012 hubiera sido anulada en sede administrativa,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
«concretamente respecto de lo que aquí se pretende por concepto de los intereses
moratorios que habría generado el proceso de homologación y nivelación salarial».
Lo dispuesto en la sentencia C-367 de 1995 no resulta aplicable, toda vez que en
dicha oportunidad la Corte Constitucional se refirió a la mora en el pago de las
pensiones, aspecto ajeno a la controversia propuesta por el accionante; tampoco
constituye sustento jurídico de las pretensiones el artículo 177 del Decreto 01 de
1984, referido a los intereses que generan las sentencias ejecutoriadas de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que la norma aplicable al
caso es la Ley 1437 de 2011.
No existe necesidad de efectuar pronunciamiento frente a las excepciones de
prescripción y de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Educación, en consideración a la desestimación de las pretensiones formuladas
en la demanda.
Procede la condena en costas, en atención a lo reglado en los artículos 188 del
CPACA y 365 del CGP, a cargo de la parte actora, las cuales serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal.
1.3. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.
Aclaró que la suma reconocida y pagada por el Departamento de Risaralda fue de
$ 35.713.030, es decir, menos de lo que se indicó en el análisis de la sentencia.
Refirió, además, que la providencia adolecía de un error de interpretación fáctica y
jurídica frente al caso concreto, «pues no es procedente que se diga que la
nivelación y homologación salarial se canceló en tiempo oportuno, cuando del
acervo probatorio se evidencia que la misma se causó desde los años 1996-2009
y solo fue cancelada entre los años 2012-2014, es decir, aproximadamente 16 años
después de haberse efectuado la transferencia de personal; si para el Tribunal
nunca hubo una deuda o una mora en el pago, entonces cuál es la explicación al
pago de la misma años después, e incluso indexada?».
Argumentó que ignorar el origen o la fuente de las obligaciones es inadmisible, y
que esto permitiría al Estado desconocer derechos laborales, como los intereses
moratorios. Indicó que la ley prevé que la mora es una sanción por no pagar a
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
tiempo, mientras que la indexación ajusta la deuda a valores actuales debido a la
inflación, lo que supone naturalezas jurídicas diferentes.
Afirmó que el retroactivo debió pagarse con intereses moratorios y no de manera
indexada, ya que el pago se realizó con un retraso de 16 años. Señaló, además,
que no aplicaba el artículo 178 del CCA, sino los artículos 1608, 1617 y 1649 del
Código Civil, ya que el derecho surgió del proceso de homologación y nivelación
salarial, no de una providencia judicial.
Sostuvo que, según el artículo 1608 del Código Civil, al no realizarse el pago en el
plazo establecido se incurre en mora, lo que implica el pago de intereses sobre el
capital adeudado, sin que ello resulte incompatible con la indexación. De hecho, en
su concepto, no se requieren precedentes judiciales específicos y pueden
considerarse sentencias2 de otras jurisdicciones que corroboraron la sanción de
intereses de mora por el pago tardío de acreencias laborales.
Finalmente, respecto de la condena en costas de la primera instancia, señaló que
no basta con que la parte sea vencida; se requiere una valoración del juez sobre la
conducta durante el proceso. Afirmó que no hubo acciones temerarias ni gastos
demostrados por la parte demandada, por lo que la condena impuesta no era
procedente.
1.4. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de 16 de octubre de 2020, confirmó, parcialmente, la providencia apelada.
Luego de hacer referencia a las pruebas aportadas al proceso, encontró acreditado
que el actor hizo parte del personal administrativo del servicio educativo oficial;
posteriormente, su salario fue homologado y nivelado según la planta de personal
de la Secretaría de Educación de Risaralda y mediante Resolución 1858 de 31 de
diciembre de 2012 se reconoció a su favor el retroactivo resultante de esa
nivelación salarial por el período comprendido entre 1996 y 2022, de modo que el
valor liquidado le fue pagado en enero de 2013. Además, señaló que mediante
Oficio 401-23652 de 18 de diciembre de 2015 se negó el reconocimiento y pago
de intereses moratorios
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Citó, al respecto, las sentencias C-367 de 1995 de la Corte Constitucional, y las proferidas por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 28 de agosto de 2012 (39130) y el 18 de
marzo de 2015 (53406).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Más adelante, hizo mención a las etapas que se surtieron para llevar a cabo el
proceso de homologación y nivelación salarial, entre estas: (i) la elaboración,
aprobación y modificación del estudio técnico de homologación; (ii) la adopción del
Decreto 986 de 31 de agosto de 2010, modificatorio del Decreto 258 de 2 de marzo
de 2005, mediante el cual se homologaron y nivelaron salarialmente los cargos
administrativos de la Secretaría de Educación de Risaralda, financiados con
recursos del sistema general de participaciones; (iii) la expedición de los Decretos
1062 de 29 de septiembre de 2010 y 990 de 31 de octubre de 2011, a través de
los cuales se determinó el código, grado y asignación salarial de los empleos
administrativos del sector educativo, adscritos a la Secretaría de Educación de
Risaralda; (iv) el Oficio 2011EE187 de 3 de enero de 2011, mediante el cual el
Ministerio de Educación nacional aprobó la liquidación del retroactivo del período
1996-2009, por un monto de $31.542.582.914, y (v) el reconocimiento y orden de
pago del retroactivo a favor del personal del departamento de Risaralda, entre
ellos, el demandante, a través de las Resoluciones 1858 de 2012 y 1384 de 2013.
Con base en lo anterior, sostuvo que «comoquiera que el pago de los dineros
reconocidos al actor el 31 de diciembre de 2012 (fecha desde la cual se hizo
exigible la obligación) se realizó en enero de 2013, esto es, dentro del mes
siguiente, no puede pregonarse que esa tardanza implica que se generen interés
de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos administrativos
mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el
simple retardo o incumplimiento de él y, además, ello debe tener su previsión
legal».
Citó una sentencia proferida por la misma Subsección en un caso similar y coligió
que el actor no podía reclamar intereses moratorios porque el pago del retroactivo
se hizo exigible el 31 de diciembre de 2012, cuando se expidió el acto
administrativo que reconoció los valores causados entre 1996 y 2002, y se efectuó
en enero de 2013, plazo que no resulta irracional ni caprichoso dados los trámites
administrativos que debieron surtirse; además, dicha sanción no quedó consignada
en ese proceso ni en alguna disposición legal.
Estimó que no debía darse aplicación a la sentencia C-367 de 16 de agosto de
1995, por cuanto esa providencia se refirió al deber de asumir el pago oportuno de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
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las pensiones, lo que no guarda relación con el asunto de modo que no constituye
precedente; además, no se configuró la mora deprecada.
En lo que concierne a la inconformidad expuesta frente a la condena en costas,
hizo alusión a una sentencia de 1º de diciembre de 2016, proferida en el proceso
con radicado 2013-00065-01, a partir de lo cual razonó que el artículo 188 del
CPACA «deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas,
puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y
comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le
fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de
tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o
mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder del actor, se revocará la condena
en costas impuesta en primera instancia».
Con base en ese razonamiento, se confirmó la negativa a las pretensiones de la
demanda y se revocó la condena en costas impuesta en primera instancia.
2. El recurso extraordinario de revisión
2.1. El 13 de enero de 2022, el señor Pedro Javier García Giraldo, a través de
apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
de 16 de octubre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el número 66001-23-33-000-2016-00614-01 (índice 2 SAMAI).
Propuso la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia de nulidad
originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.
Aseguró que la obligación de reconocer el pago de la homologación salarial inició
en el mes de enero de 1996, con la expedición de la Resolución 2480 de 12 de
julio de 1995 que transfirió al personal administrativo, y se extendió hasta el 31 de
diciembre de 2009, como indica la Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012,
sin perjuicio de las variaciones en fechas respecto de cada persona, en
consideración a los momentos de ingreso, retiro y/o prescripción.
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Indicó que el no pago oportuno del retroactivo genera el pago de intereses
moratorios, según lo establecen los artículos 177 del Código Contencioso
Administrativo, y 1617 y 1649 del Código Civil.
Reprochó que se hubiera sostenido que los intereses moratorios reclamados no
gozan de una ley especial, «como si cada obligación en concreto debiera tener una
norma particular para ejecutar su mora en caso de incumplimiento».
Consideró que el fallo adolece de incongruencia por cuanto se negaron «todas y
cada una de las pretensiones por un objeto distinto del pretendido en la demanda
y una causa diferente a la invocada, esto es, de manera citra petita». Explicó que
en la demanda se pretendía el reconocimiento y pago de intereses moratorios por
el período comprendido entre los años 1996 a 2013, derivados de la demora en el
pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial que se generó a raíz de
la descentralización de la educación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 60
de 1993; sin embargo, el fallador se refirió a la mora causada entre la resolución
que reconoció y ordenó la homologación y la fecha del pago.
Aclaró que, en su criterio, los intereses de mora se causaron desde 1996, porque
desde ese año el personal administrativo del sector educativo del nivel nacional fue
incorporado al nivel territorial, de modo que a partir de allí debieron nivelarse los
salarios; además, dichos intereses «en los ámbitos jurídicos operan de pleno
derecho, por mandato legal».
Pese a lo anterior, alegó que, en la sentencia, erróneamente se «entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 31 de
diciembre de 2012, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente
retroactivo, y el mes de enero de 2013, cuando se efectuó el pago correspondiente,
por lo que tal lapso fue razonable, según la comprensión del despacho». Por lo
anterior, estimó que «en la sentencia hay desarmonía entre lo resuelto y lo
debidamente pedido», sin que se hubieran expuesto las razones de esa omisión.
En su concepto, es inaceptable que la obligación de pagar sólo nazca cuando se
profiere la resolución que ordena el pago del retroactivo «porque claramente se
demoraron 17 años en resolver el asunto». Consideró que dicho planteamiento es
desproporcionado, «en el sentido que es incongruente y por fuera de cualquier
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marco de legalidad que pueda presumirse de una sentencia judicial». Agregó que
la Ley 60 de 1993 estableció un término perentorio para que el Estado realizara la
nivelación salarial, el cual no fue acatado por la Administración.
Afirmó, además, que no se falló conforme a las normas preexistentes, en la medida
en que no se explicaron las razones de hecho y de derecho por las que no había
lugar a reconocer intereses de mora; por el contrario, se dio una interpretación
contraevidente y perjudicial para los intereses legítimos de quienes acuden a la
Administración de justicia; «el escenario es una mera interpretación argumentativa
que no se encuentra soportada en la ley (…) al tratarse de los intereses de mora,
la decisión no tuvo el análisis concreto al caso».
Manifestó que se confundieron las figuras de la indexación y los intereses de mora
y, aunque en la demanda se mencionó que los intereses de mora se liquidan sobre
el capital neto sin incluir la indexación, en la sentencia se afirmó que el demandante
pretendía el reconocimiento de ambos emolumentos, los cuales son incompatibles.
Mencionó que si no se encontraba norma aplicable al caso en relación con la mora,
el operador jurídico podía hacer uso de la analogía o los principios generales del
derecho, dado que en el ordenamiento jurídico colombiano existen normas que
autorizan el reconocimiento y pago de intereses de mora, como el Código Civil
(arts. 1608-1617), el Código de Comercio (art. 884), el Código Sustantivo del
Trabajo, la Ley 45 de 1990 (art. 65), la Ley 100 de 1993 (arts. 23, 101, 102 y 141),
la Ley 446 de 1998 y el Decreto 116 de 1976.
Manifestó que «no es lógica la inferencia y exigencia del juzgador en su sentencia,
porque entonces tendría que modificarse todo el ordenamiento jurídico colombiano
para regular cada caso en particular; la decisión no resolvió el asunto, por el
contrario, además de referirse a períodos equivocados de liquidación, decidió crear
requisitos que no están contemplados en el ordenamiento jurídico para limitar el
derecho del(a) demandante». Adicionó que es lógico que el Estado no castigue su
propia demora injustificada, con el reconocimiento de intereses de mora; además,
el actor no podía pactar con la Administración dicho pago.
Concluyó que la providencia arbitrariamente sostuvo que no se podía acudir a la
regla general que trae el Código Civil, sobre el pago de intereses de mora,
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«declaración que no guarda coherencia frente al origen de las obligaciones y las
sanciones que ha creado el legislador para el deudor incumplido».
2.2. La demanda se inadmitió mediante auto del 25 de abril de 2022 para que se
acreditara el cumplimiento de la carga establecida en el numeral 8º del artículo 162
de la Ley 1437 de 2011 (índice 4 SAMAI).
Satisfecho el requerimiento, en proveído de 12 de mayo de 2022 se admitió el
recurso extraordinario de revisión (índice 11 SAMAI). Las notificaciones se
efectuaron en debida forma (índices 14 y 15 SAMAI).
2.3. El Ministerio de Educación Nacional señaló que no se configuró la causal
de revisión invocada; por el contrario, el recurrente pretende reabrir el debate
jurídico que se encuentra concluido. Aseguró que no existe disparidad entre lo
pedido, lo debatido y lo probado, pues la fijación del litigio es congruente con las
pretensiones de la demanda.
Hizo alusión al proceso de homologación y nivelación salarial, y aclaró que impartió
ciertas directrices para llevarlo a cabo; sin embargo, la responsabilidad por la
descentralización de la educación quedó en cabeza de los entes territoriales.
Agregó que los intereses de mora buscan sancionar y penalizar económicamente
a quienes incurran en mora en el pago de sus obligaciones, lo que no ocurrió en el
caso que se estudia, pues lo que se dio no fue el incumplimiento de obligaciones
salariales sino «una simple equiparación de cargos como consecuencia de una
decisión administrativa».
Se refirió al marco normativo que sirvió de fundamento al proceso de homologación
y nivelación salarial, así como al concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, de 14 de diciembre de 2016, sobre el procedimiento para
llevarlo a cabo, de lo cual concluyó que «producto de las homologaciones o
modificación a la homologaciones resulta el pago de un retroactivo y no el
reconocimiento de prestaciones periódicas»; además, en el caso del demandante
no hubo demora injustificada; luego, no debían reconocerse intereses moratorios.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Finalmente, mencionó que el pago concomitante de intereses de mora e indexación
es incompatible, según han establecido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, por lo que solicitó declarar infundado el recurso (índice 18 SAMAI).
El Departamento de Risaralda solicitó negar el recurso por cuanto, en su criterio,
no cumple con los presupuestos establecidos para su procedencia, en
consideración a que el llamado a interponer el recurso extraordinario es el
demandado perjudicado con una decisión judicial, por lo que la demandante no
está legitimada; además, la sentencia hizo un estudio juicioso sobre los extremos
indicados por el demandante y determinó que eran erróneos e improcedentes.
Concluyó que el recurrente pretende revivir el asunto del litigio ordinario,
relacionado con temas laborales y los emolumentos solicitados, frente a lo cual no
es procedente el mecanismo judicial empleado (índice 20 SAMAI)3.
2.4. En proveído de 24 de enero de 2023 se ordenó al Tribunal Administrativo de
Risaralda el envío del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado con el número 66001-23-33-000-2016-00614-00 (índice 29 SAMAI).
El 27 de enero de 2023 se dio cumplimiento al requerimiento (índice 38 SAMAI).
III. CONSIDERACIONES
1. Caducidad
El primer inciso del artículo 251 del CPACA establece que el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es
de un año, contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada.
La sentencia recurrida fue proferida el 16 de octubre de 2020 y se notificó por
medios electrónicos el 26 de enero de 20214, por lo que quedó ejecutoriada el 2 de
3
En auto de 28 de septiembre de 2022 se requirió a la apoderada del Ministerio de Educación
Nacional para que aportara poder conferido por la entidad para ejercer su representación en el
asunto de la referencia. La abogada cumplió con lo requerido, el 10 de octubre de 2022 (índices 23
y 27 SAMAI).
4
Según se observa en el índice 26 del expediente electrónico del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cargado en el aplicativo SAMAI.
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
febrero siguiente, de modo que el plazo para demandar transcurrió entre el 3 de
febrero de 2021 y el 3 de febrero de 2022.
Como la demanda se radicó el 13 de enero de 2022, se concluye que fue oportuna.
2. Competencia
La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 16 de octubre de 2020, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en atención a lo
dispuesto en los artículos 1075 y 2496 del CPACA, de conformidad con la
distribución de negocios al interior del Consejo de Estado fijada en el artículo 297
del Acuerdo No. 80 de 2019.
3. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial
El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Las causales de
revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
Este medio de impugnación pretende la infirmación de la providencia por resultar
contraria a la justicia y al derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión
ajustada a la ley.
5
Artículo 107. Integración y composición. “El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta
y un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
6
Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
7
Artículo 29. “Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)”.
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio
con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador. Por consiguiente, no puede ser
empleado como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o
interpretativo.
Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en invocar con precisión
cuál es la causal de nulidad que se estima configurada, con indicación clara y
exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los cuales, en orden
a ser analizados, deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado8.
La causal quinta de revisión ha sido objeto de múltiples pronunciamientos al interior
de esta Corporación, en la medida en que su redacción no permite conocer cuáles
situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa razón, la jurisprudencia
se ha ocupado de establecer los supuestos que pueden configurar esa causal y le
ha encomendado al juez la función de establecer su alcance.
Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad procesal
establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Al respecto, la
jurisprudencia contencioso administrativa ha identificado ciertos vicios9 que afectan
la validez de la sentencia, los cuales fueron sintetizados en la sentencia de 31 de
mayo de 201110, como pasa a exponerse:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia11, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención
del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
8
Así lo indicó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia de
8 de mayo de 2018, exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; 18 de octubre de
2005, rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera,
sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-
00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
11
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre
de 1997, Rad. REV-080”.
15
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
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diferente de la invocada en ésta12, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión13 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación14”.
Se ha aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso estatuido
en el artículo 29 de la Constitución Política15 genera la nulidad de la sentencia,
conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte Constitucional 16,
y en los específicos casos que ha identificado esta Corporación.
Por vía jurisprudencial, se han identificado los siguientes supuestos transgresores
del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio 17; ii) ausencia de motivación; iii)
12
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de
1998, Rad. REV-093”.
13
“Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.
REV-1998-00170”.
14
“Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de
2005, Rad. REV-062”.
15
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
sentencias de 3 de febrero de 2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 2017-
00811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad.
2014-01303-00(REV).
16
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
17
En sentencia de unificación de 8 de mayo de 2018, exp. 1998-00153-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reconoció que una
decisión inhibitoria injustificada vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, con lo que se configura la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia,
por violación del artículo 29 constitucional. Así se pronunció la Sala Plena en esa ocasión:
“Entre el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso existe una estrecha
relación, en tanto aquél es un elemento constitutivo de este; y que el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva, es una manifestación concreta de los derechos a acceder a la justicia, a la
defensa y al debido proceso. (…)
Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido,
razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia. (…)
En el marco del Estado Social de Derecho que nos rige desde 1991, el juez está llamado a
garantizar los principios y valores constitucionales, lo que implica que debe asegurar, por una parte,
que quien acude a la judicatura obtenga de forma rápida y efectiva la definición de su conflicto y,
por la otra, servir de límite y control a los poderes constituidos por cuanto estos no gozan de las
inmunidades que en otras épocas predicaban. En ese contexto, y en el marco de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, ha de
entenderse que los fallos inhibitorios, que se funden en argumentos falsos, deben estar proscritos,
pues la protección de estos derechos desde los ámbitos subjetivo y objetivo obligan al Estado a la
creación de los mecanismos necesarios no solo para garantizar que el acceso al aparato judicial
sea real y efectivo, sino permitir a las personas que acuden a él, lograr la satisfacción cierta de sus
derechos, lo que se materializa cuando se resuelven de fondo las pretensiones de las demandas
presentadas ante ellos, independiente si lo es en forma favorable o no a los intereses de quienes
acuden a ella.
(…)
Teniendo en cuenta que el artículo 93 de la Constitución Política ordena por remisión la integración
a nuestro ordenamiento constitucional de otros mandatos, entre otros, de los tratados
internacionales de derechos humanos, en lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad,
la Sala advierte que existen una serie de estos instrumentos que consagran expresamente un
16
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
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Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
transgresión del principio de la no reformatio in pejus; iv) condena contra un tercero
que no ha sido vinculado como parte al proceso; v) falta de competencia o
jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento,
transacción o perención; v) no contar la decisión con el número de votos requerido
para su aprobación, y vi) falta de congruencia por condena extra, ultra o infra petita.
En cualquier caso, corresponde al juez definir si la situación analizada quebranta
un mandato constitucional, al punto de desvirtuar el efecto de cosa juzgada de la
decisión.
4. Caso concreto
El recurso extraordinario de revisión que es materia de análisis no está llamado a
prosperar, por las razones que a continuación se exponen.
La parte actora invocó la causal quinta de revisión, relacionada con la existencia
de nulidad originada en la sentencia contra la que no procede recurso de apelación.
Se alegó que la providencia recurrida adolece de incongruencia, porque se falló
por un objeto y causa distintos de los aludidos en la demanda, sin haber expuesto
las razones de la omisión en la que se incurrió; además, la motivación para negar
el pago de intereses de mora es contraevidente y arbitraria.
Las manifestaciones del recurrente, de encontrarse acreditadas, darían lugar a la
configuración de una vía de hecho por falta de motivación o por incongruencia entre
lo resuelto y lo pedido, siendo esa la razón que habilita el estudio de fondo de los
cuestionamientos referidos, por parte de esta Sala.
El principio de congruencia, consagrado en el artículo 281 del Código General del
Proceso, delimita el contenido de las decisiones judiciales, para que éstas se
profieran de acuerdo con los argumentos y el alcance de las peticiones y
excepciones formuladas por las partes, de modo que exista identidad jurídica entre
lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente formuladas, salvo que
derecho que se denomina de protección judicial efectiva, recurso efectivo o tutela judicial efectiva.
(…)
En ese orden de ideas, se han considerado como violaciones al derecho a un recurso judicial
efectivo o de tutela efectiva, entre otros: i) la inexistencia de mecanismo para acceder a la
jurisdicción; ii) los plazos prolongados para resolver de forma definitiva el asunto planteado, iii) las
decisiones que no resuelven sobre el fondo de la litis pero que ponen fin a la actuación, y, iv) el
incumplimiento o imposibilidad de cumplir el fallo”.
17
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la ley otorgue facultades o competencias oficiosas al juzgador.
Esta Corporación ha considerado que la congruencia se divide en interna y externa.
La primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia, mientras que la segunda propende porque la decisión
contenida en la parte resolutiva de la providencia sea concordante con lo pedido en
la demanda, en su contestación o en el recurso interpuesto. Se ha indicado, así,
que:
El petitum, entonces, deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los
artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A., en concordancia con el
305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los hechos
en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes,
con el objeto de resolver todas las peticiones’. No debe olvidarse, además, que
conforme al artículo 304 del C.P.C. la parte resolutiva ‘deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda...’. La
congruencia interna, está referida a la armonía y concordancia que debe existir
entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas,
probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión
plasmada en la parte resolutiva de la sentencia18.
La Corte Constitucional, por su parte, se ha referido a este principio procesal, para
precisar lo siguiente:
[E]l juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente,
es su obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis
de fondo de alguna de las pretensiones. Adicionalmente, el juez tiene a su
cargo el deber de fallar con fundamento en la realidad fáctica demostrada, por
cuanto, su decisión, de ninguna manera, puede fundamentarse en lo que dicho
funcionario considera que pudo ser, pero que las partes ni él de oficio, lograron
establecer en el curso de la actuación procesal19.
En tal virtud, la sentencia debe ser objeto de revisión extraordinaria cuando falta al
principio de congruencia, es decir, cuando carece de coherencia externa y/o
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de
2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección
Segunda– Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00.
19
Corte Constitucional, sentencia T-961 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en la
sentencia T-079 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
18
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interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que, se insiste, está determinada por las pretensiones y
fundamentos de la demanda, o los argumentos del recurso.
Por su parte, la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación se
presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones
de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión 20, o cuando se
sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes
dolosas21. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la apreciación
que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador22.
En cuanto al marco competencial del juez de la segunda instancia, la jurisprudencia
de esta Corporación ha establecido en varias ocasiones23 que se encuentra
determinado por los aspectos que fueron materia de controversia y los asuntos que
tácitamente están incluidos, conforme lo establece el artículo 32824 del CGP.
La Corte Constitucional ha explicado, además, que «la competencia funcional del
juez se restringe al pedido de las partes; es decir, a las súplicas de la demanda y
a las excepciones propuestas por la contraparte. El juez de segunda instancia, por
su parte, debe decidir a partir de los aspectos del fallo de primera instancia que
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de
2009, rad. 2003-00133-00.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015, rad.
2002-02456-01(35824), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
22
Ver, entre otras, sentencia de 16 de agosto de 2018, Sección Tercera, Subsección C, exp. 2007-
00107-01(47300), M.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 11 de octubre de 2005, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, exp. 2003-0794-01 (Rev).
23
En sentencia de unificación de 9 de febrero de 2012, proferida en el proceso con radicado interno
20.104, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que la
competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente que estén íntimamente ligados al asunto materia de impugnación,
aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso.
Dicho criterio fue corroborado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, proferida en el proceso con radicado rad. 2001-
03068-01(46005), M.P. Danilo Rojas Betancourth.
24
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.
19
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fueron objeto de impugnación y la Corte Suprema de Justicia no puede revisar, de
manera oficiosa, decisiones del juez de segunda instancia que en forma expresa
no le hayan sido sometidas». En ese sentido, ha considerado que se vulnera el
principio de consonancia cuando la sentencia no está en conexión con los hechos
y las pretensiones aducidos en la demanda.
De acuerdo con lo expuesto, en el caso que se estudia, la competencia de la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación se circunscribía a los
aspectos que fueron materia de controversia en el recurso de apelación interpuesto
por el accionante contra la sentencia de primera instancia. Cualquier omisión o
falencia evidenciada en esa primera sentencia debió alegarse en la alzada, con el
fin de que el juzgador ad-quem se pronunciara al respecto.
En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que es materia de análisis,
el tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, luego de
considerar, entre otros, que el retardo en el pago estuvo justificado por las múltiples
etapas que debieron surtirse para lograr la homologación y nivelación salarial;
además, la suma adeudada fue actualizada y, según lo indicado por el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, el pago de intereses de mora es
incompatible con la indexación porque ambos obedecen a la misma causa y,
finalmente, no se previó el pago de intereses de mora en el proceso de
homologación y nivelación salarial ni en el acto administrativo que reconoció el
derecho al demandante, o en la ley.
El accionante, dentro de los múltiples argumentos que esgrimió en el recurso de
apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, alegó que el
retroactivo debió liquidarse con intereses de mora, no indexado, por haberse
pagado con un retardo de 17 años, teniendo en cuenta que la obligación se causó
«desde los años 1996-2002», cuando se hizo la transferencia del personal
administrativo a los entes territoriales. Adicionalmente, reprochó la condena en
costas.
Con base en lo anterior, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, en punto a la discusión sobre la generación de intereses de mora,
explicó que el retroactivo se hizo exigible desde que se expidió la Resolución 1858
de 31 de diciembre de 2012, que reconoció a favor del actor el pago del retroactivo,
20
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
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por lo que no se causaron intereses de mora, pues el pago se hizo en el mes
siguiente. Aclaró que ni en el trámite de homologación y nivelación salarial ni en
ley especial se contempló el pago de intereses de mora por el tiempo que tomó el
desarrollo de ese proceso y precisó que el asunto no se enmarcaba en los
supuestos discutidos en la sentencia C-367 de 16 de agosto de 1995, porque en
esa providencia se estudió la generación de intereses de mora por la tardanza en
el pago de pensiones, lo que no guarda relación con el pago del retroactivo.
Se desprende de lo expuesto que, contrario a lo aducido por el recurrente, la
providencia cuestionada se ocupó de resolver el aspecto de disenso expuesto en
el recurso de apelación, relacionado con la causación de intereses de mora. En el
razonamiento efectuado resulta irrelevante el período al que se alude en el recurso
extraordinario de revisión, pues la decisión fue clara en establecer que no se
reunían los presupuestos para considerar la configuración de dicha sanción
pecuniaria, se reitera, porque la obligación nació con la expedición del acto
administrativo que reconoció el derecho a recibir un retroactivo, en el marco del
proceso de homologación y nivelación salarial, y el pago se efectuó un mes
después; además, ninguna norma legal o disposición administrativa contempló la
generación de esos intereses por el tiempo que tomó el desarrollo de dicho
proceso.
El ad-quem no olvidó ni confundió, entonces, el período en el que se hizo exigible
el pago de intereses moratorios, como insinúa la demanda. Su razonamiento se
centró en exponer las razones por las cuales no era viable acceder a la petición
del accionante, para lo cual tuvo en cuenta los planteamientos de la demanda y del
recurso de apelación, siendo relevante mencionar que la providencia
expresamente reconoció que el proceso de homologación se llevó a cabo entre los
años 1996 y 2009, por las etapas que debieron surtirse para su culminación; sin
embargo, el pago de los dineros a favor del actor se hizo exigible desde la
expedición del acto administrativo que reconoció la obligación.
Se advierte, así, que la inconformidad del recurrente no se relaciona con un
pronunciamiento judicial incompleto o una extralimitación en la competencia, sino
con su desacuerdo con la decisión adoptada por el juez natural de la causa, debido
a los reparos que tiene frente a la interpretación que se efectuó sobre el momento
desde el cual se hizo exigible la obligación de pago del retroactivo, discusión que
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00727-00(934)
Demandante: Pedro Javier García Giraldo
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
no es viable ni aceptable a través del recurso extraordinario de revisión en el que,
se recalca, está vedado reabrir el debate jurídico, probatorio y fáctico propio de la
instancia procesal culminada, cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir
en la discusión de los problemas debatidos en sede ordinaria, toda vez que no
comprende una tercera instancia.
Ciertamente, «no se pueden discutir en él los asuntos de fondo (fuente de la
mencionada relación), ni fiscalizarse las razones fácticas y jurídicas debatidas en
el proceso que dio lugar al aparecimiento del fallo que se impugna 25»; «no resulta
acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó
una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla
de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal»26.
Cabe aclarar que el planteamiento del accionante, según el cual debieron
reconocerse intereses de mora desde que inició el proceso de homologación y
nivelación salarial hace parte de su apreciación personal, pero no se encuentra
respaldado por alguna disposición legal que imponga esa sanción, o que acredite
una interpretación contraevidente o errada en la sentencia cuestionada, como se
afirmó en el recurso.
Las disposiciones legales a las que hizo alusión el recurrente, contenidas en el
Código Civil, el Código de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes
45 de 1990, 100 de 1993, 446 de 1998 y el Decreto 116 de 1976, tienen un
contenido general que no puede ser aplicado de forma inmediata al asunto
sometido a discusión. En concreto, los artículos 1617 y 1649 del Código Civil -que
en criterio del recurrente fueron desconocidos- tratan sobre la indemnización por
mora en obligaciones de dinero y el pago total o parcial de la deuda, pero no dejan
entrever el derecho que le asistía al accionante de recibir intereses de mora, con
anterioridad al acto que le reconoció el derecho a recibir un dinero por concepto de
homologación y nivelación salarial, pues en dichas disposiciones se parte de los
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
exp. REV–173, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez; posición reiterada en sentencia de 15 de febrero de 2018, exp. 39906,
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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conceptos de deudor y acreedor, los que sólo surgieron a partir de la Resolución
1858 de 31 de diciembre de 2012, según se desprende de la explicación dada por
el ad-quem, cuando sostuvo que la obligación nació con el reconocimiento del
derecho mediante acto administrativo, razonamiento que no resulta ilógico ni
arbitrario.
En suma, observa la Sala que, pese a los argumentos expuestos en la sentencia,
el demandante no comparte la interpretación de la Subsección B de la Sección
Segunda respecto del momento que se tuvo en cuenta para establecer la
obligación o no de pagar intereses de mora, y es esa la razón que lo condujo a
ejercer el presente medio judicial. Si el interesado consideraba que el derecho a
obtener el pago del retroactivo y, por ende, a percibir intereses de mora, no surgió
desde la expedición del acto administrativo que reconoció en su favor ese derecho,
debió ocuparse de exponer con suficiente sustento legal y/o jurisprudencial las
razones del supuesto error que le enrostra a la Administración de justicia en ese
concreto punto. A diferencia de lo afirmado por el demandante, la Sala aprecia que
el razonamiento efectuado por el ad-quem guarda consonancia con múltiples
decisiones proferidas en casos similares, en las que, al igual que en el caso sub
examine, se ha establecido que el proceso de homologación y nivelación salarial
se desarrolló en un amplio período de tiempo, justificado por las etapas que
debieron superarse.
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la sentencia cuestionada no se
encuentra incursa en nulidad por violación al principio de congruencia, por cuanto
la decisión adoptada guarda total correspondencia con el asunto planteado en el
proceso ordinario y aparece razonablemente motivada, lo que, a su vez, permite
descartar el carácter contraevidente y arbitrario que el demandante le endilgó.
Como consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
5. Condena en costas
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que «si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente».
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El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho. El numeral 8º del artículo 365 del CGP dispone, por su parte, que sólo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
En el presente asunto, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de
Risaralda contestaron la demanda, de manera oportuna, y presentaron argumentos
dirigidos a que se declarara infundado el recurso extraordinario de revisión. Por
consiguiente, se impondrá, en su favor, agencias en derecho.
Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en el
artículo 5º, numeral 9º, del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de recursos
extraordinarios, en veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión desarrollada por los profesionales
del derecho que ejercieron la representación legal de las entidades demandadas,
se tasará a favor de cada una, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 16 de octubre de 2020, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
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vigente a la ejecutoria de esta sentencia, a favor de cada una de las entidades
demandadas, Ministerio de Educación Nacional y Departamento de Risaralda.
Por Secretaría General, liquídense los gastos procesales.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
VF
25
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