Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00764-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00764-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00764-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
17 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00764-00
Demandante: Cecilia Ramírez Laino
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00764-00
Demandante: CECILIA RAMÍREZ LAINO
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Tutela contra acto administrativo – declara la improcedencia
por no superar el requisito adjetivo de la subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por la señora
Cecilia Ramírez Laino contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. A través de escrito enviado el 20 de octubre de 2021, al correo del Centro
de Tutelas y Habeas Corpus en Línea de la Rama Judicial, remitido el 27 de enero
de 2022 al buzón de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora
Cecilia Ramírez Laino, actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de
tutela contra la UGPP, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social en pensiones y al mínimo
vital.
2. Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con
ocasión de la Resolución N.º RDP 23645 del 9 de septiembre de 2021, a través de
la cual la UGPP declaró el decaimiento o pérdida de ejecutoria de la Resolución
N.º RDP 15846 del 25 de junio de 2021, que le reconoció y ordenó el pago de la
pensión de sobrevivientes de su compañero permanente, el señor Eduardo
Alfonso Ramírez Navarro.
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Demandante: Cecilia Ramírez Laino
Demandado: UGPP
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
“1. Que se declare que la UGPP con la Resolución RDP 23645 del 9 de
septiembre de 2021, notificada electrónicamente el 4 de octubre de 2021,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social
en pensiones y al mínimo vital de Cecilia Ramírez Laino en su calidad de
compañera permanente de Eduardo Alfonso Ramírez Navarro.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efectos la
Resolución RDP 23645 del 9 de septiembre de 2021, notificada
electrónicamente el 4 de octubre de 2021, que declaró el decaimiento
administrativo de la Resolución RDP 15486 de 2021 y adoptada dentro del
procedimiento administrativo iniciado el 9 de febrero de 2021 por Cecilia
Ramírez Laino ante la UGPP con Radicado 2021400300230542 en su calidad
de compañera permanente de Eduardo Alfonso Ramírez Navarro.
3. Que en consecuencia se deje en firme la Resolución RDP 15846 del 25 de
junio de 2021, notificada electrónicamente el 1 de julio de 2021, que reconoció́
y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a Cecilia Ramírez Laino en
su calidad de compañera permanente de Eduardo Alfonso Ramírez Navarro y,
por tanto, la UGPP disponga inmediatamente (i) la inclusión en nómina de
Cecilia Ramírez Laino, (ii) la liquidación y pago oportuno de la mesa
pensional, y (iii) el pago del retroactivo correspondiente, conforme a lo
señalado y ordenado en la Resolución RDP 15846 de 2021”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Mediante la Resolución N.º 10863 del 24 de octubre de 1984, la extinta
Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL reconoció una pensión de vejez a
favor del señor Eduardo Alfonso Ramírez Navarro, la cual se reliquidó el 20 de
diciembre de 1993, a través de la Resolución N.º 44399.
5. El 3 de mayo de 2004, el señor Ramírez Navarro declaró que convivía con
la señora Cecilia Ramírez Laino “(…) desde hacía más de 5 años y residían en la casa
de habitación ubicada en la calle 18 No. 2-28 de Cúcuta, donde además de convivir se
servían y ayudaban mutuamente”.
6. El 21 de mayo de 2004, el causante informó a CAJANAL que desde 1999
convivía y se apoyaba mutuamente con Cecilia Ramírez Laino, razón por la que
solicitó que al momento de su fallecimiento se le sustituyera la pensión de vejez a
ella.
7. El 21 de octubre de 2008 falleció Eduardo Alfonso Ramírez Navarro.
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8. El 3 de noviembre de 2009, la señora Ramírez Laino, actuando a través de
apoderado judicial, inició el proceso judicial declarativo de la unión marital de
hecho con Eduardo Alfonso Ramírez Navarro.
9. En providencia del 19 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero de Familia
de Cúcuta declaró la existencia de la unión marital de hecho entre el 11 de octubre
de 2002 y el 21 de octubre de 2008.
10. A través de las Resoluciones N.º 42731 del 11 de marzo y 057013 del 10 de
junio, ambas del 2011, CAJANAL negó la sustitución pensional con ocasión del
fallecimiento del señor Ramírez Navarro, por considerar que no se demostraron
los requisitos legales para acceder a la prestación solicitada.
11. El 31 de octubre de 2013, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión de Bogotá profirió sentencia en la que declaró la nulidad de las
citadas resoluciones y, en consecuencia, ordenó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional en un 100% a favor de la señora Ramírez Laino, en calidad
de compañera permanente del causante. Inconforme con dicha determinación,
CAJANAL presentó recurso de apelación.
12. El 16 de junio de 2017, la Subsección “E” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, revocó lo dispuesto por el a quo y, en
su lugar, negó las súplicas de la demanda por cuanto, a su juicio, no se acreditó la
convivencia exigida para acceder a la pensión de sobreviviente1. De otro lado,
explicó que la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Cúcuta
que declaró la existencia de la unión marital de hecho no estaba ejecutoriada.
13. Con ocasión de dicha decisión, la parte actora instauró una acción de tutela
contra la providencia del 16 de junio de 2017, la cual fue resuelta por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en sentencia
del 8 de septiembre de 2017, negó las pretensiones del mecanismo por no
encontrar configurados los defectos alegados.
14. En providencia del 10 de septiembre de 2018, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado confirmó la negativa.
15. El 9 de febrero de 2021, la señora Ramírez Laino solicitó a la UGPP el
reconocimiento de la sustitución pensional por considerar que, una vez
ejecutoriada la sentencia judicial que admitió la existencia de la unión marital entre
1
Particularmente, el tribunal manifestó que “(…) de las pruebas arrimadas al proceso, (…) no se puede desconocer que
[entre] la actora y el causante existía el grado de parentesco entre tío y sobrina y que convivieron bajo el mismo techo, [sin
embargo] no hay prueba fehaciente, contundente y determinante de la existencia de una verdadera convivencia
como compañeros permanentes que hubiera subsistido hasta los últimos días de vida del causante de la
prestación y el mero hecho de la convivencia bajo el mismo techo y teniendo el grado de parentesco que ostentaba la
actora con el causante, su tío, no puede determinar que haya lugar al reconocimiento del derecho invocado (…) como se
expuso en el acápite de la normatividad aplicable, es la convivencia real y efectiva y el apoyo mutuo, la solidaridad como
pareja entre el causante de la prestación y quien la reclama, los hechos que deben ser probados con el fin de declarar el
derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, aspectos estos que no fueron acreditados por la actora, de ahí
que se concluya que no le asiste derecho en lo pretendido”. (Negrillas del texto original).
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ella y Eduardo Alfonso Ramírez Navarro, podía acceder al derecho pensional que
le asiste en calidad de compañera permanente.
16. Mediante Auto N.º ADP 1009 del 1º de marzo de 2021, la UGPP declaró la
cosa juzgada y no accedió a lo solicitado por considerar que los hechos fueron
debatidos en la respectiva instancia judicial y la administración de justicia se
pronunció sobre los mismos, razón por la que no era posible entrar a analizar la
procedencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada.
17. El 4 de mayo de 2021, a través de la Resolución N.º RDP 11175, la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Ramírez
Laino.
18. Mediante Auto N.º ADP 2863 del 19 de mayo de 2021, la UGPP declaró la
improcedencia del recurso de apelación que se interpuso contra el Auto N.º ADP
1009 del 1º de marzo de 2021.
19. Con la Resolución N.º RDP 15846 del 25 de junio de 2021, la UGPP revocó
la Resolución N.º RDP 11175, por encontrar acreditados los requisitos legales
para acceder a la pensión de sobrevivientes, por lo que ordenó el reconocimiento
y pago de la sustitución pensional a partir del 22 de octubre de 2008, en la misma
cuantía devengada por el causante.
20. A través del Auto N.º 4241 del 11 de agosto de 2021, la UGPP solicitó a la
señora Ramírez Laino el consentimiento previo, expreso y escrito para revocar la
Resolución N.º RDP 15846 del 25 de junio de 2021, “(…) por considerar que existió
cosa juzgada y simultáneamente la unión marital de hecho cuando afirmó que “En razón
es viable concluir que si (sic) existe la unión marital de hecho entre Eduardo Alfonso
Ramírez Navarro y Cecilia Ramírez Liano (sic), pero por existir cosa juzgada, conforme a
los fallos de tutela del Consejo de Estado, no podía esta Unidad pronunciarse frente a la
petición sino reiterar la figura jurídica de la cosa juzgada”.
21. Mediante memorial del 23 de agosto de 2021, la señora Ramírez Laino
atendió el requerimiento de la UGPP, en el que explicó que no era posible
suministrar el consentimiento por cuanto, en su criterio, no existía ninguna causal
para tal propósito ya que el derecho pensional no se obtuvo de manera
fraudulenta o irregular, en los términos del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, ni
en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.
22. Con la Resolución N.º RDP 23645 del 9 de septiembre de 2021, la UGPP
declaró el decaimiento administrativo de la Resolución N.º RDP 15846 por
considerar que hubo cosa juzgada, ya que existía un pronunciamiento judicial
frente al reconocimiento pensional de la interesada el cual fue negado.
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1.4. Sustento de la vulneración
23. La parte actora aseguró que la UGPP vulneró sus garantías
constitucionales ya que, al resolver el decaimiento administrativo no mencionó ni
desvirtuó la respuesta que se le brindó en el Auto N.º 4241 del 11 de agosto de
2021 y omitió la existencia de un hecho nuevo que permitió reconocer y ordenar
en la Resolución N.º RDP 15846 de 2021 el derecho pensional que le asiste,
previo análisis exhaustivo del expediente.
24. Alegó que “para la fecha en que murió el señor Eduardo Alfonso Ramírez Navarro
tenía 752 (sic) años de edad”, hecho que la ubica como sujeto de especial protección
constitucional, dado que no cuenta con ingresos económicos diferentes al apoyo
que recibe esporádicamente de sus hijas. Explicó que no cotizó a pensión y que
reside en el inmueble que compartió con su difunto compañero, que actualmente
se encuentra en disputa judicial con ocasión de un proceso reivindicatorio.
25. Insistió en que la unión marital de hecho que conformó con el señor
Ramírez Navarro se acreditó i) mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016,
proferida por el Juzgado Primero de Familia de Cúcuta y; ii) con la inscripción que
realizó el causante ante CAJANAL el 20 de mayo de 2004, sin perjuicio de la
manifestación que se adelantó el 3 de mayo de 2004 ante un notario.
26. Frente al punto, indicó que no puede brindársele un trato discriminatorio por
no existir un vínculo formal como el matrimonio, dado que la relación que acreditó
responde a la voluntad de convivir con su pareja.
27. En relación con la cosa juzgada, indicó que para que se acredite tal
fenómeno, deben concurrir identidad de partes, objeto y causa. Dicho ello, afirmó
que en este caso no existía la igualdad de causa petendi, sobre la base de
considerar que surgieron hechos nuevos que permitían a la autoridad analizar los
supuestos y adoptar una decisión. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para el
momento en que se falló el proceso en el contencioso administrativo, aún no
estaba en firme la sentencia que dictó el Juzgado Primero de Familia de Cúcuta,
que actualmente sí está ejecutoriada.
28. En ese orden de ideas, concluyó que resulta arbitrario que el Estado acepte
que para ciertos asuntos sí tiene la calidad de compañera permanente, y para
otros, desconozca tal condición.
2
A partir del documento de identidad que la accionante aportó al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se tuvo
como hecho probado en dicho medio de control que la señora Cecilia Ramírez Laino nació el 24 de enero de 1946, es decir
que para el año en que murió el causante (2008), tenía 62 años y a la fecha cuenta con 76 años.
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1.5. Actuaciones procesales relevantes
29. Mediante auto del 26 de octubre de 2021, el Juzgado Veintitrés de Familia
del Circuito Judicial de Bogotá decidió, entre otras cosas, admitir la demanda de
tutela y notificar a la parte actora, así como a la UGPP.
30. En sentencia del 9 de noviembre de 2021, el referido juzgado negó la
acción de tutela por considerar que no se agotó el requisito de subsidiariedad.
31. En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C., Sala de Familia, mediante providencia del 13 de diciembre de 2021, declaró
la nulidad de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2021, por falta de
competencia; en consecuencia, el 27 de enero de 2022 se remitió el expediente al
Consejo de Estado para darle trámite a la tutela.
32. Mediante auto del 11 de febrero de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó la notificación
de la parte accionante y de la UGPP. Asimismo, reconoció personería para actuar
al abogado Juan Felipe Ogliastri Turriago en calidad de apoderado judicial de la
parte actora.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
33. A través de memorial remitido el 18 de febrero de 2022 al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, el subdirector de
Defensa Judicial Pensional y apoderado de la entidad, solicitó que se declare la
improcedencia del mecanismo, dado que lo que se pretende es el reconocimiento
y pago de una pensión de sobrevivientes que fue negada por el juez natural de la
causa.
34. Mencionó que la accionante pretende el amparo de sus derechos
constitucionales, los cuales ya fueron decididos por otros jueces de tutela, cuando
perseguía que se dejara sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que revocó la decisión que le había otorgado la
pensión de sobrevivientes a la señora Ramírez Laino por no cumplir con los
requisitos de ley.
35. En ese contexto, informó que contra la precitada decisión también instauró
una tutela, la cual fue declarada improcedente por la Sección Segunda del
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Consejo de Estado y confirmada por la Sección Cuarta de la misma Corporación;
decisión que, al no ser seleccionada por la Corte Constitucional, se encuentra en
firme.
36. Adujo que la actora se presentó ante la unidad con una sentencia que
declaraba la unión marital de hecho, pasados 8 años desde el fallecimiento del
causante y luego de haber agotado un proceso contencioso en el que se le negó
el reconocimiento pensional.
37. Aunado a ello, explicó que los actos administrativos que se expiden en
materia pensional no pueden ser anulados vía tutela, salvo que se demuestre un
perjuicio irremediable o, que el medio judicial ordinario sea ineficaz para
salvaguardar los derechos fundamentales del accionante.
38. En ese orden, sostuvo que el acto administrativo que se pretende atacar fue
expedido de manera oportuna, en cumplimiento de los requisitos legales y con
plena garantía de las garantías constitucionales. Así las cosas, alegó que la
accionante cuenta con otros mecanismos judiciales para hacer valer los derechos
deprecados, dada la presunción de legalidad que se predica de las decisiones de
la administración, por lo que debió activar la jurisdicción contencioso administrativa
para debatir este asunto.
39. En tal sentido, aseguró que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, el proceso objeto de análisis es improcedente por no
superar el requisito adjetivo de subsidiariedad por cuanto la señora Ramírez Laino
no acreditó la inminencia de un perjuicio irremediable, “(…) más allá de una somera
afirmación que en manera alguna se relaciona con lo hasta ahora expuesto”.
40. Finalmente, explicó que, contrario a lo afirmado por la actora en el escrito
de tutela, la unidad no se encuentra vulnerando su derecho a la seguridad social,
dado que a la fecha se encuentra afiliada a la EPS Sánitas del régimen
contributivo, tal y como se observa en la página web de ADRES.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la señora Cecilia Ramírez Laino contra la UGPP, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
42. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
43. Igualmente, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
44. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19973, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.
45. En la sentencia T-086 de 20104, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior
no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a
través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
46. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20115, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
3
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
4
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
5
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
47. En la sentencia T-435 de 20166, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 20167, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y se erige como un presupuesto procesal de la demanda8.
48. Con fundamento en el marco conceptual expuesto9, la Sala advierte que la
señora Cecilia Ramírez Laino está legitimada en la causa por activa, toda vez que,
las Resoluciones que pretende atacar resolvieron desfavorablemente su intención
de que se le reconociera la sustitución pensional causada por el señor Eduardo
Alfonso Ramírez Navarro. En ese orden, es evidente que es la titular de los
derechos fundamentales que alega como amenazados.
49. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de la UGPP advierte que
también se encuentra legitimada en la causa por pasiva, sobre la base de
considerar que es la entidad que profirió los actos administrativos objeto de
reproche.
2.3. Problema jurídico
50. Atendiendo a la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y la intervención de la entidad demandada, los problemas
jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de
tutela que la señora Cecilia Ramírez Laino instauró contra la Subsección
“E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que, en la sentencia del 16 de junio de 2017, revocó lo dispuesto en
primera instancia para, en su lugar, negar las súplicas de la demanda por
considerar que la actora no acreditó la convivencia exigida para acceder a
la pensión de sobreviviente.
6
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318,
19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo,
previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y
del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por
pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de
los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se
configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”.
9
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y
por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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Demandante: Cecilia Ramírez Laino
Demandado: UGPP
51. De superarse dicho interrogante, se deberá establecer:
• ¿Si se superan en este asunto el requisito de subsidiariedad?
52. Finalmente, de ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se
determinará:
• Si la decisión10 de la UGPP de declarar el decaimiento administrativo de la
Resolución N.º RDP 015846 del 25 de junio de 2021, tras considerar que ya
existía un pronunciamiento judicial respecto del reconocimiento pensional
de la señora Cecilia Ramírez Laino, vulneró las garantías constitucionales
de la tutelante, sobre la base de considerar que en su caso surgieron
hechos nuevos que permitían evidenciar que sí tenía derecho a la pensión
de sobrevivientes que reclama.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
53. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) estudio de la
temeridad; (iii) análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela; (iv)
improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y; (v) análisis del
caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
54. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
55. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.
2.6. Estudio de la temeridad
56. La UGPP indicó en su escrito de intervención que la señora Ramírez Laino
pretende el amparo de derechos fundamentales que ya habían sido decididos por
otros jueces de tutela ante los cuales pretendía que se dejara sin efectos la
10
Adoptada en la Resolución N.º RDP N.º 23645 del 9 de septiembre de 2021.
11
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10
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sentencia del 16 de junio de 2017 a través de la cual la Subsección “E” de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión
de primer grado que había accedido a las súplicas de la demanda para, en su
lugar, negarlas en el sentido de no otorgar la pensión de sobrevivientes de la
accionante por no haber cumplido los requisitos exigidos por la Ley para ello.
57. En ese orden de ideas, se observa que el artículo 38 del Decreto Ley 2591
de 1991 establece que una actuación será temeraria, “(…) Cuando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
58. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-272 de 201912, precisó
que:
“Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados
anteriormente y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por
temeridad debe estar fundada en el dolo y la mala fe de la parte
actora. Concluyó esta Corporación que la temeridad se configura cuando
concurran los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista.
Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones
de tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda
ser considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar
fundada en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En
términos de la Corte:
“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente
que existen elementos materiales particulares para determinar si una
actuación es temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos
amparos de tutela aparentemente similares no hace que la tutela sea
improcedente. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el
encargado de establecer si ocurre su configuración en cada asunto
sometido a su competencia”13” (Negrita y subrayado fuera del texto).
59. Desde el referido panorama normativo y jurisprudencial, la Sala observa
que en este caso no concurre la triple identidad en las dos acciones de tutela que
ejerció la señora Cecilia Ramírez Laino.
60. Ello, sobre la base de considerar que, en el caso de la acción constitucional
anterior, la cual correspondió resolver en su momento a la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Sección Cuarta de la misma
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas Ríos.
13
Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”.
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Corporación, respectivamente, se instauró contra la sentencia del 16 de junio de
2017 a través de la cual la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, negó las súplicas de la demanda; mientras que
la que ahora es objeto de análisis se dirigió contra la Resolución N.º RDP 23645
del 9 de septiembre de 2021, a través de la cual la UGPP declaró el decaimiento o
pérdida de ejecutoria de la Resolución N.º RDP 15846 del 25 de junio de 2021,
que le había reconocido la pensión de sobrevivientes de su compañero
permanente, el señor Eduardo Alfonso Ramírez Navarro.
61. En ese orden de ideas, aunque aparentemente son similares, dado que la
finalidad que se pretendía en ese entonces y ahora es que se ordene a la UGPP
que acceda al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la
señora Cecilia Ramírez Laino, lo cierto es que no concurre la identidad de partes
ni de pretensiones, teniendo en cuenta que en la primigenia se pretendía atacar
una providencia judicial mientras que en esta se busca dejar sin efectos un acto
administrativo.
62. A partir de los argumentos expuestos es evidente que en el sub examine no
se configuró el fenómeno de la temeridad, razón por la cual se procederá a
abordar el estudio de los requisitos de procedencia de esta acción constitucional.
2.7. Análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
63. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.
64. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de
defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita
su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la
activación, por parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.
65. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez
constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer
las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como
el sub examine.
66. Específicamente, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de
tutela para controvertir actos administrativos, la Corte Constitucional ha precisado
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que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte en el
mecanismo idóneo:
“(…) (i) aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo
distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque
no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o
porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional. (ii) cuando, por
las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de
no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente
afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción.
Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la
excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias
que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo
pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de
un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el
juez constitucional14”.
2.7.1. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez
contencioso administrativo
67. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.
68. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces
naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas
y la jurisprudencia.
69. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia15.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-682 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia T-315 de 1998, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
15
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
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70. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela,
pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de
aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.
71. Por tanto, esta Sala reitera16 su posición en el sentido de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para
conocer de las controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto
administrativo, en atención a la existencia del medio de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
72. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven,
toda vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una
decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre
revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido
constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte
abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna
procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden
superior.
2.8. Caso concreto
73. Lo primero que debe precisarse es que, de conformidad con el escrito de
tutela, las pretensiones elevadas por la señora Cecilia Ramírez Laino se dirigen a
atacar la decisión contenida en la Resolución N.º RDP 023645 del 9 de septiembre
de 2021, a través de la cual la UGPP declaró el decaimiento de la Resolución N.º
RDP 15846 del 25 de junio de 2021 que había reconocido y ordenado el pago de
la pensión de sobrevivientes a la tutelante, por considerar que en el sub examine
había operado el fenómeno de cosa juzgada.
74. En ese orden de ideas, tal y como lo mencionó la UGPP en su intervención,
la resolución que se pretende dejar sin efectos vía tutela es un acto administrativo
que goza de presunción de legalidad y, por tal motivo, siguiendo lo expuesto en el
acápite anterior, debe ser controvertido ante la jurisdicción contencioso
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
16
Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de
2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-0; del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01 y; del 27 de mayo de 2021. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-
2021-01934-00.
14
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75. Lo anterior, teniendo en cuenta que el reproche de la tutelante se centra en
atacar lo resuelto por la UGPP que, luego de proferir una resolución en la que le
reconoció la pensión de sobrevivientes, con ocasión de la muerte del causante, el
señor Eduardo Alfonso Ramírez Navarro, dictó una nueva decisión en la que
declaró el decaimiento administrativo de dicha resolución, por considerar que
había operado el fenómeno de la cosa juzgada, “ya que los hechos fueron debatidos
en la respectiva instancia judicial y la administración de justicia se pronunció sobre los
mismos, por lo cual no era posible entrar a analizar la procedencia o no frente al
reconocimiento [pretendido] (…)”.
76. A partir de ello, para esta Sección del Consejo de Estado se configura la
causal de improcedencia de que trata el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991 que
establece que, “(…) la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante”.
77. Esta Sala de Decisión advierte que la parte actora no expuso ningún
argumento tendiente a demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable ni la
ineficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
simplemente puso de presente que es un sujeto de especial protección
constitucional dada su avanzada edad.
78. A partir de ello, podría inferirse que lo que pretende la actora al resaltar que
pertenece al grupo de la tercera edad, es que se le permita el uso de la tutela por
ser este un instrumento más ágil, sobre la base de considerar que la duración de
los procesos ordinarios es mucho mayor.
79. Así las cosas, si bien esta Sección del Consejo de Estado reconoce que por
ser la señora Ramírez Laino un adulto mayor, lo que la ubica necesariamente en
el grupo de sujetos de especial protección Constitucional, lo cierto es que dicha
situación no permite concluir la ineficacia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, como mecanismo en el que tiene la posibilidad de
solicitar el decreto de medidas cautelares, de acuerdo con lo expuesto por la Sala
Plena de esta Corporación en la sentencia del 17 de marzo de 201517:
“(…) las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto
admisorio y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, a través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Dentro de
este último criterio, en el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de
17
Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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los efectos de los actos administrativos, garantía concordante con lo dispuesto
en el artículo 238 de la Constitución Política”.
80. En ese orden de ideas, si bien la Corte Constitucional ha aceptado que se
supere el requisito adjetivo de la subsidiariedad y, en esa línea, ha avalado la
procedencia de la tutela de manera excepcional y como mecanismo transitorio
cuando, i) se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que, del
contenido del acto censurado ii) se evidencie una clara afectación de un derecho
fundamental, lo cierto es que dichos presupuestos no se acreditaron en el sub
judice.
81. Lo anterior, dado que el máximo órgano en materia constitucional señaló
que, “(…) únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las
circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto
es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla sustentado en la
apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde
el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho
fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea necesario
e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica de
connotación irreparable”18.
82. A partir de dicho pronunciamiento, esta Colegiatura observa que en este
caso no se acreditó el perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que la señora
Ramírez Laino, i) manifestó que cuenta con el apoyo de sus hijas; ii) tiene
garantizado su derecho a la seguridad social, dado que a la fecha se encuentra
afiliada a la EPS Sánitas del régimen contributivo, tal y como se encontró en la
página web de ADRES; y además, iii) tampoco es posible advertir la causación de
un daño de tal magnitud a su mínimo vital con ocasión de la resolución que
declaró el decaimiento, teniendo en cuenta que la tutelante nunca ha percibido la
mesada pensional que reclama.
83. En ese orden de ideas, esta Sección del Consejo de Estado considera que
los argumentos expuestos en el escrito de tutela no revisten el carácter de
inminentes, urgentes e impostergables que permitan desconocer el ejercicio de los
mecanismos judiciales que otorga el ordenamiento jurídico.
84. Así las cosas, es evidente que esta acción constitucional es improcedente
puesto que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos
y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
2.8. Conclusión
85. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo instaurado por la señora Cecilia Ramírez Laino, toda vez
18
«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
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Demandante: Cecilia Ramírez Laino
Demandado: UGPP
que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contenido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 para controvertir ante
operador contencioso administrativo la Resolución N.º RDP 23645 del 9 de
septiembre de 2021, mecanismo en el que además puede solicitar la suspensión
provisional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que
presentó la señora Cecilia Ramírez Laino contra la UGPP, por no superar el
requisito adjetivo de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
17
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