Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00770-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00770-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00770-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 4 de abril de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00770-00
Demandante: Misioneros de San Carlos Scalabrinianos
Demandado: Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto procedimental/
Defecto orgánico/ Violación directa de la Constitución/ Niega.
Síntesis del caso: La parte actora instauró acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y propiedad privada, las autoridades judiciales demandadas dieran por terminado
un proceso de nulidad simple.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la comunidad
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos contra el Juzgado 3 Administrativo
de Cúcuta y otros.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 27 de enero de 2022, la comunidad Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos (MSCS), por conducto de apoderado judicial, formuló
acción de tutela contra el Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y propiedad privada, al considerar que dichas
autoridades judiciales incurrieron en los defectos de violación directa de la
Constitución, procedimental y orgánico.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00770-00
Demandante: Misioneros de San Carlos Scalabrinianos
Demandado: Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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“En consecuencia de todo lo anterior, con el mayor respeto me dirijo a Uds.
Señores Magistrados para presentarles con fundamento en el Art. 86 C.N., esta
PETICION de PROTECCION CONSTITUCIONAL INMEDIATA a los derechos
constitucionales fundamentales de IGUALDAD, DE ACCESO A LA JUSTICIA, DEL
ACATAMIENTO AL IMPERIO DE LA LEY, DEL DEBIDO PROCESO y de GARANTÍA
DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y DERECHOS LEGÍTIMAMENTE ADQUIRIDOS de mi
representada, la Comunidad de Misioneros de San Carlos Scalabriniano.
Estos DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES han sido quebrantados
por la actuación ilegal, ilegítima e INCONSTITUCIONAL del Señor Juez Tercero
Administrativo de Cúcuta dentro del Proceso de la referencia y para que la
PROTECCION INMEDIATA sea una realidad, solicito que se ordene al
demandado como lo establece el Artículo 86 C.N.: “LA PROTECCION
CONSISTIRÁ EN UNA ORDEN PARA QUE AQUEL DE QUIEN SE SOLICITA LA TUTELA,
ACTÚE O SE ABSTENGA DE HACERLO.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) La sociedad Revivir Cia. Ltda. presentó demanda de simple
nulidad contra la Resolución No. 3696 de 2019 de 20 de diciembre de 2019
del Ministerio de Cultura y Resolución No. 54874-0-19-0350 de 27 de
diciembre de 2019 de la Subsecretaria de Control Urbano del municipio de
Villa del Rosario (Norte de Santander), por medio de las cuales se autorizó
el proyecto Scalabriniano y se otorgó licencia de construcción en
modalidad de obra nueva a favor de la comunidad MSCS,
respectivamente. Dicha demanda correspondió por reparto al Juzgado 3
Administrativo de Cúcuta, bajo el radicado No. 54001-33-33-003-2020-
00150-00.
5. 2) La demanda fue admitida mediante Auto de 6 de noviembre de
2020, en el cual se vinculó a la comunidad MSCS como tercero interesado
y, el 11 de diciembre de 2020, se negó una medida cautelar solicitada por
Revivir Cia. Ltda., decisión contra la cual, se interpuso recurso de
reposición.
6. 3) El 19 de marzo de 2021, se corrió traslado de excepciones
propuestas por la Nación – Ministerio de Cultura y el municipio de Villa del
Rosario.
7. 4) Mediante Auto de 31 de mayo de 2021, esa autoridad judicial
determinó que la demanda de simple nulidad contenía pretensiones
contra actos administrativos expedidos por entidades del orden nacional y
territorial, de un lado, el Ministerio de Cultura y, por el otro, la Secretaría de
Control Urbano del municipio de Villa del Rosario. En ese orden, consideró
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Demandante: Misioneros de San Carlos Scalabrinianos
Demandado: Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y otro
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Decisión: Niega
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que estaba configurada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda2 y resolvió (se trascribe):
“PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de “ineptitud de la
demanda por indebida acumulación de pretensiones”, conforme a lo
expuesto en precedencia.
SEGUNDO: Inadmitir la demanda de nulidad formulada por REVIVIR Cía. Ltda
contra Nación – Ministerio de Cultura y el municipio de Villa del Rosario, para
que en el término de diez (10) días se corrija el siguiente defecto, de
conformidad con el artículo 170 del CPACA:
• Sepárense las pretensiones que corresponden al medio de control de simple
nulidad contra la Resolución N° 3696 del 20 de diciembre de 2019, expedida
por el Director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura y las de
nulidad contra la Resolución N° 54874-0-19-0350 del 27 de diciembre de 2019,
emitida por el Subsecretario de Control Urbano del Municipio de Villa del
Rosario, con la advertencia que cada escrito de corrección debe cumplir con
los requisitos de la demanda previstos en el art. 162 del CPACA”.
8. 5) El 21 de junio de 2021, mediante informe secretarial se informó
sobre el vencimiento del término otorgado para la “corrección de la
demanda”, sin manifestación de la parte demandante3.
9. 6) El 22 de julio de 2021, la autoridad judicial resolvió un recurso de
reposición interpuesto por Revivir Cia. Ltda. contra la decisión de 11 de
diciembre de 2020 y decretó como medida cautelar la suspensión
provisional de los efectos de la Resolución No. 54874-0-19-0350. Esta
decisión fue apelada por MSCS y, mediante Auto de 16 de septiembre de
2021, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó la decisión
de primer grado. Posteriormente, MSCS presentó solicitud de aclaración de
dicha providencia, sin embargo, fue negada.
10. 7) El 9 de agosto de 2021, el juzgado estudió la viabilidad de
continuar el trámite de la demanda de simple nulidad y resolvió (se
trascribe):
“PRIMERO: Continuar el trámite de la demanda presentada mediante
apoderada, por REVIVIR Cía. Ltda, contra la Nación – Ministerio de Cultura y el
municipio de Villa del Rosario, únicamente en lo que respecta a las
pretensiones relacionadas con el acto administrativo contenido en la
Resolución N° 54874- 0-19-0350 del 27 de diciembre de 2019, emitida por el
2 “Corolario de lo anterior, al estar configurada la excepción de indebida acumulación de pretensiones,
contemplada en el artículo 100.5 del CGP, pues el Despacho no puede conocer de todas en razón de la
competencia funcional, se ordenará la corrección de la demanda. Para tal efecto, la parte demandante
deberá separar las pretensiones correspondientes a cada acto administrativo demandado y presentar dos
demandas que cumplan los requisitos del artículo 162 del CPACA.// Cumplido lo anterior, el Juzgado conocerá
de las pretensiones de nulidad de la Resolución N° 54874-0-19-0350 del 27 de diciembre de 2019, emitida por el
Subsecretario de Control Urbano del Municipio de Villa del Rosario y remitirá al Consejo de Estado lo relacionado
con el medio de control de nulidad simple frente a la Resolución N° 3696 del 20 de diciembre de 2019, expedida
por el Director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura. Para todos los efectos, se tendrá como fecha
de presentación de los escritos de corrección cuando se interpuso la demanda original.”
3 “Hoy, veintiuno (21) de Junio de 2021, al Despacho del Señor Juez la presente actuación, informando que se
encuentra vencido el término otorgado en auto de fecha 31 de Mayo hogaño sin manifestación alguna de la
parte demandante. Sírvase proveer.”
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Demandante: Misioneros de San Carlos Scalabrinianos
Demandado: Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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Subsecretario de Control Urbano del Municipio de Villa del Rosario, conforme a
lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: Declarar la terminación del proceso frente a las pretensiones de
Resolución N° 3696 del 20 de diciembre de 2019 del Ministerio de Cultura, de
acuerdo con las consideraciones expuestas”.
11. 8) Contra aquella providencia, MSCS presentó recurso de reposición,
sin embargo, la autoridad judicial negó el mismo.
12. 9) El 8 de noviembre de 2021, se vinculó a Mario Navas Granados,
Mauricio José Franco Trujillo y Fredy José Pinillos como coadyuvantes de la
parte demandante y fijo fecha y hora de audiencia inicial. Contra esta
decisión se formuló solicitud de nulidad, pero la misma fue negada
mediante Auto de 23 de noviembre de 2021.
13. 10) El 18 de enero de 2022, se negó un recurso de reposición contra
el Auto de 23 de noviembre de 2021.
14. El fundamento de la vulneración radicó en que la autoridad judicial
incurrió en los defectos (1) procedimental, por no acatar la ritualidad que
correspondía y actuar al margen del procedimiento aplicable, que, según
el accionante, consagran artículos 169, 170 y 180 del CPACA. Con
fundamento en esas normas, MSCS consideró que, ante la falta de
subsanación de la demanda, la autoridad judicial debió declarar la
terminación del proceso en su totalidad y no continuar con su trámite.
15. (2) Orgánico, ya que las autoridades accionadas perdieron
competencia para conocer del proceso en el momento en el que, luego
de haber inadmitido la demanda y correr traslado para su corrección, la
parte demandante no subsanó la misma. Argumentó que, en ese orden,
debió rechazarse la demanda y, por tanto, decretar la terminación del
proceso.
16. (3) Violación directa a la Constitución, tras considerar que el Juzgado
3 Administrativo de Cúcuta se extralimitó en el ejercicio de sus funciones y
actuó sin competencia, jurisdicción, ni autoridad judicial.
1.2. Posición de la parte demandada4
17. El Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta mencionó que dentro del
trámite procesal se han resuelto todas las peticiones y recursos presentados
por la comunidad MSCS y que, por tanto, se ha garantizado los derechos
4 Mediante Auto de 2 de febrero de 2022, el despacho resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de tutela de la
referencia (2) tener como parte accionada al Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, (3) negar la medida provisional solicitada y, (4) vincular a Revivir Cia. Ltda., municipio de
Villa del Rosario, Ministerio de Cultura como terceros interesados.
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Demandado: Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y otro
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Decisión: Niega
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de defensa y contradicción. Adicionalmente, aclaró que (1) se declaró
probada la excepción de ineptitud de la demanda por indebida
acumulación de pretensiones y (2) los efectos jurídicos del rechazo de la
demanda recayeron sobre las pretensiones y cargos formulados contra la
Resolución No. 3696 de 2019 del Ministerio de Cultura, dada la falta de
competencia.
18. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander expuso que resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, en estricto
cumplimiento del procedimiento legalmente prestablecido y en
consideración de las pruebas existentes en el proceso. Mencionó que la
providencia5 fue clara en exponer las razones por las cuales confirmó la
medida cautelar. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción constitucional o, en su defecto, se negara
el amparo.
19. El municipio de Villa del Rosario manifestó que no ha vulnerado
derecho alguno de la parte actora. Indicó que suspendió provisionalmente
los efectos de la Resolución No. 54874-0-19-0350, en atención y/o
cumplimiento de la medida cautelar decretada por el Juzgado 3
Administrativo de Cúcuta.
20. El Ministerio de Cultura expuso que, en el marco del proceso de
nulidad, propuso excepciones y aportó pruebas en defensa de la
legalidad del acto administrativo 3696 de 20 de diciembre de 2019. Agregó
que, frente a la vulneración de los derechos invocados por el accionante
no se puede atribuir directa o colateralmente responsabilidad alguna al
Ministerio, por falta de legitimación pasiva en la causa.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Fijación de la controversia 2.3
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos
21. Pese a que el accionante señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en la
vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
afectación de garantías constitucionales en el marco de una actuación
judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Además, la vulneración de los
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derechos constitucionales invocados surge como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder
el amparo.
2.2. Fijación de la controversia
22. La Sala determinará, una vez sean superados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el
Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta incurrió en los defectos procedimental
y orgánico, comoquiera que, ante la no subsanación de la demanda,
continuó con el trámite del proceso de simple nulidad respecto de ciertas
pretensiones. En ese orden, dados los contornos de dichos defectos, en el
caso concreto, serán estudiados de forma conjunta.
23. En lo que respecta a los argumentos relacionados con la violación
directa de la Constitución, de llegar a ser procedente la acción de tutela,
serán abordados en el estudio ya descrito, pues aquellos no fueron otra
cosa que el desarrollo de los defectos procedimental y orgánico.
24. Asimismo, se estima conveniente precisar que, si bien el actor expuso
que el Juzgado 3 Administrativo de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander vulneraron sus derechos fundamentales con diferentes
providencias judiciales, fue el Auto de 9 de agosto de 20216 el que
desencadena la totalidad de las actuaciones enjuiciadas. Por tal razón,
circunscribirá el análisis a esa providencia.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7
25. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela porque no existe recurso idóneo y eficaz que
permita a la parte demandante alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo un plazo
razonable entre la fecha que en que se profirió la providencia enjuiciada
(9/8/21) y la de interposición de la presente acción de tutela (27/1/22). No
se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una
providencia que dio trámite a una demanda de simple nulidad. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la
6 “PRIMERO: Continuar el trámite de la demanda presentada mediante apoderada, por REVIVIR Cía. Ltda, contra
la Nación – Ministerio de Cultura y municipio de Villa del Rosario, únicamente en lo que respecta a las
pretensiones relacionadas con el acto administrativo contenido en la Resolución N° 54874- 0-19-0350 del 27 de
diciembre de 2019, emitida por el Subsecretario de Control Urbano del Municipio de Villa del Rosario, conforme a
lo expuesto en precedencia (…)”
7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
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controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta
afectación de derechos fundamentales con ocasión de una providencia
judicial que dio continuidad a un proceso judicial de simple nulidad en el
que no hubo subsanación de la demanda. Aunado a ello, no se advierte
que los argumentos formulados en el escrito de tutela hayan sido una
reproducción de aquellos planteados durante el trámite ordinario.
26. Asimismo, es preciso señalar que la Sala accederá a la solicitud de
desvinculación presentada por el Ministerio de Cultura, comoquiera que
del escrito de tutela y las pretensiones no se predica reparo alguno
respecto de esa autoridad. Por lo tanto, se declarará la falta de
legitimación pasiva en la causa para esa autoridad.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación de derechos fundamentales
27. La Sala negará el amparo solicitado por MSCS por las razones que
pasan a explicarse:
28. La parte accionante consideró que la autoridad judicial incurrió en
un defecto procedimental al actuar al margen del procedimiento
aplicable. A su vez, consideró que incurrió en un defecto orgánico, al dar
continuidad al proceso de simple nulidad sin competencia.
29. Para la Sala, no se encuentran configurados los mencionados
defectos, toda vez que la autoridad accionada actuó dentro de los
cauces normales del proceso, al punto incluso de exponer los efectos del
rechazo y las razones por las cuales seguía teniendo competencia para
conocer la acción de nulidad frente a determinadas pretensiones. En ese
orden, manifestó (se trascribe):
“Los efectos del rechazo de la demanda, se insiste, no pueden recaer sobre la
Resolución No. 54874-0-19-0350 del 27 de diciembre de 2019, emitida por el
Subsecretario de Control Urbano del Municipio de Villa del Rosario, toda vez
que en relación con esta se encuentran cumplidos todos los requisitos legales
para su normal trámite, luego el silencio de la parte demandante sobre el
requerimiento de corrección de la demanda no puede tomarse como un
desistimiento tácito de las pretensiones, máxime cuando se está frente al
medio de control de nulidad cuya naturaleza es de una acción pública su
finalidad es la tutela del orden jurídico”.
30. En efecto, este medio de control tiene naturaleza de acción
pública, es decir, persigue la defensa de la legalidad del orden jurídico en
abstracto8. En ese sentido, la restauración del orden jurídico puede implicar
el restablecimiento de derechos vinculados directamente al interés público
más no a la esfera patrimonial de quien demandó.
8 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 20 de abril de 2012. Rad. 11001-03-27-000-2012-00010-
00(19330). Corte Constitucional. Sentencia C 259 de 2015. Corte Constitucional. Sentencia C 199 de 1997.
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31. Por ello, una vez se promueven este tipo de acciones, la autoridad
judicial está obligada a impulsarlas oficiosamente y producir una decisión
de mérito9, sin necesidad de la intervención de las partes, en razón a la
relevancia que alcanzan sus efectos en la integridad del ordenamiento
jurídico. En ese sentido, la autoridad judicial no sólo tenía la posibilidad de
continuar con el trámite, sino también la obligación de hacerlo, lo anterior,
de conformidad con diferentes providencias del Consejo de Estado10, que
constituyen precedente judicial y delimitan el actuar de los jueces y, por
tanto, deben ser acatadas para garantizar la seguridad jurídica del
ordenamiento jurídico.
32. Cabe señalar que, la parte actora enfatizó que la sociedad Revivir
Cia. Ltda. desistió de sus pretensiones al no corregir la demanda en los
términos que la autoridad judicial así lo requirió. En ese sentido, el artículo
178 de la Ley 1437 de 2011 establece que cuando se evidencia que una
parte en el proceso supera el término otorgado para el cumplimiento de
una obligación impuesta por el juez, opera el desistimiento tácito. Sin
embargo, para el caso de acciones públicas, como la simple nulidad, el
Consejo de Estado11 se ha pronunciado en los siguientes términos (se
trascribe):
“El Juez puede decretar el desistimiento tácito de la demanda en las acciones
en las que existen conflictos jurídicos entre los particulares y el Estado porque
no está comprometido, no afecta, el interés general. En cambio, el Juez no
puede decretar ese desistimiento en los procesos de simple nulidad porque en
esas demandas se busca el restablecimiento de la legalidad, que es un interés
común. En esos eventos, el juez tiene el deber de impulsar el proceso, de
conducirlo autónomamente, sin necesidad de la intervención de las partes”
33. Así las cosas, la autoridad judicial, en su calidad de director del
proceso, no desconoció el debido proceso, ni se extralimitó al continuar el
proceso frente a la pretensión de nulidad de la Resolución No. 54874-0-19-
0350 de 27 de diciembre de 2019, emitida por el Subsecretario de Control
Urbano del Municipio de Villa del Rosario. Al contrario, garantizó la tutela
efectiva de aquellas pretensiones direccionadas a velar por la legalidad
del ordenamiento jurídico, según consideraciones expuestas por esta
autoridad judicial en la parte motiva del Auto de 9 de agosto de 2021. En
ese orden, es preciso resaltar que, de conformidad con el artículo 171 del
CPACA, el juez conoce el derecho y aplica el trámite que corresponde. En
otras palabras, según el principio iura novit curia, el juez tiene la potestad
9 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 25 de julio de 2013. Rad. 25000-23-27-000-2011-00124-
01(20031).
10 Consejo de Estado. Sección Primera. Auto de 23 de julio de 2019. Rad. 11001-03-24-000-2019-00117-00. Consejo
de Estado. Sección Cuarta. 18 de junio de 2014. Rad. 13001-23-31-000-2004-90157-01 (18888). Consejo de Estado.
Sección Cuarta. Auto de 25 de julio de 2013. Rad. 25000-23-27-000-2011-00124-01.
11 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 9 de agosto de 2018. Rad. 08001-23-31-000-2002-00610-01.
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de definir y aplicar la norma y/o el régimen correspondiente, conforme con
los hechos alegados por la parte actora y probados en el proceso, si
respeta la causa petendi12.
34. Por otro lado, la Sala encuentra que el Auto de 9 de agosto de 2021
estudió la viabilidad de continuar el trámite de la demanda presentada y,
expuso claramente las razones por las cuales resolvió continuar el trámite,
en esa medida, acudió a facultades plenamente reconocidas en el
ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia, de conformidad con lo
mencionado en párrafos precedentes.
35. Así las cosas, la Sala se aparta del argumento que sustenta que
dicho auto tuvo carácter de admisibilidad, ya que, esta etapa procesal se
superó con prelación. Si bien es cierto, para MSCS la actuación de esta
autoridad judicial resulta confusa, lo cierto es que, esta actuó de
conformidad con el ordenamiento jurídico prestablecido y, al decidir sobre
la continuidad del trámite buscó proteger un interés común, como lo es la
integridad del ordenamiento jurídico.
36. En ese orden de ideas, contrario a lo expuesto por el accionante, la
autoridad judicial tenía competencia para decretar medidas cautelares,
admitir coadyuvantes y fijar fecha y hora para audiencias, en orden a que,
al admitir la acción de nulidad simple13, era competente para decidir de
fondo sobre las pretensiones de la misma.
2.5. Conclusión
37. La Sala evidencia que no se configuraron los defectos
procedimental y orgánico alegados por la parte actora y, por ello, no se
está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR la falta de legitimación pasiva en la causa del
Ministerio de Cultura.
12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 24 de octubre de 2013. Rad. 08001-23-31-000-
2000-01823-01(27335).
13 Auto de 6 de noviembre de 2020. Admite demanda de simple nulidad. Rad. 54001-33-33-003-2020-00150-00.
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Decisión: Niega
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SEGUNDO. NEGAR el amparo al derecho fundamental al debido proceso
de la comunidad Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, por las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin14.
CUARTO. De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO. Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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