Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00772-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00772-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00772-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
16 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00772-00
Actor: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00772-00
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES-
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“A” Y TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONFORMADO PARA
DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE
COLPENSIONES Y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
Temas: Tutela contra laudo arbitral y sentencia que declara desierto
recurso de anulación. Defectos fáctico, sustantivo y decisión sin
motivación. Declara improcedente por no cumplir el presupuesto
de la inmediatez en lo relativo al laudo arbitral y niega las
pretensiones en relación con la decisión que resolvió el recurso
de anulación
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
contra el Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir las controversias
suscitadas entre Colpensiones y AXA Colpatria Seguros S.A. y la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, promovida por la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), a través de apoderada
judicial, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con (i) el laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020, proferido para
resolver el conflicto que se originó en la reclamación de las pólizas de manejo
global bancario expedidas para amparar riesgos propios de la actividad financiera
de los fondos de invalidez, vejez y muerte en el régimen de prima media con
prestación definida y de la indemnización de las pérdidas económicas derivadas
de fraudes que se han detectado en el reconocimiento pensional y aumentos
indebidos o injustificados y (ii) la sentencia de 2 de julio de 2021 que declaró
infundado el recurso de anulación formulado contra dicho laudo.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La entidad demandante manifestó que el 28 de diciembre de 2018 presentó ante
la Cámara de Comercio de Bogotá una demanda arbitral contra AXA Colpatria
Seguros S.A, con el objeto de que se condenara al pago de la suma de
$79.359.811.347 por concepto de indemnización de perjuicios derivados de
fraudes de los cuales fue víctima Colpensiones y los gastos en los que incurrió
para demostrar su ocurrencia. Adujo que estos siniestros se encontraban
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amparados en las pólizas de manejo global Nos. 8001000601, 8001000332,
prorrogadas a través de las pólizas 8001000590 y 8001001149.
Al respecto, explicó que Colpensiones adquirió amparos adicionales a los que
normalmente ofrece Axa Colpatria S.A. como la “extensión de la falsificación” y
pagó el valor que le fue cobrado por ese concepto. En ese sentido, resalta que las
pérdidas económicas por los reconocimientos pensionales derivados de hechos
fraudulentos supera la suma de $75.000.000.000.
Relató que los fraudes respecto de los cuales reclamó el pago de la
indemnización en la demanda y que se encontraban dentro de la cobertura de las
citadas pólizas, eran los siguientes:
“i. CHL: Amparo para personal de firmas especializadas de la PMEO No. 8001001149,
y cobertura de infidelidad de la PMGB No. 8001000601. Subsidiariamente, CHL se
encontraba cobijado por la cobertura de infidelidad de la PMGB No. 800100033218.
ii. PCL Eje Cafetero: Cobertura de “Extensión de la Falsificación” de la PMGB No.
8001000601. Subsidiariamente, PCL Eje Cafetero se encontraba cobijado por la
cobertura de infidelidad de la PMGB No. 800100059019.
iii. PCL Valledupar: Cobertura de “Extensión de la Falsificación” de la PMGB No.
800100060120.
iv. CAO – Caso Peinado: Cobertura de “Extensión de la Falsificación” de la PMGB No.
8001000601.
v. Otras Tipologías: Cobertura de “Extensión de la Falsificación” de la PMGB No.
8001000601.
Aseveró que el 22 de diciembre de 2020, el Tribunal de Arbitramento integrado
por los árbitros Arturo Solarte Rodríguez, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y
Alejandro Venegas Franco, conformado para dirimir las controversias suscitadas
entre Colpensiones y Axa Colpatria Seguros S.A., profirió laudo arbitral que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda en el sentido que fue
explicado en el siguiente cuadro que la Sala incorpora a esta providencia para
presentar con mayor claridad el relato de los hechos de la demanda:
Tipología Pretensiones Valor Pretensión Valor Intereses Intereses
Siniestro que Reconocido Moratorios Moratorios
prosperaron sobre sobre suma
parcialmente sumas reconocida
pretendidas
CASO - Cuarta $5.528.617.957 $3.221.156.918 $ 2.618.899.088 $1.525.857.816
Caso declarativa y
Peinado. cuarta de
condena
(respecto de los
eventos
relacionados
con la sociedad
Charry Narváez
Ltda.); novena
declarativa y
novena
de condena.
Otras Sexta principal $8.865.842.291 $86.566.939 $ 4.199.737.886 $41.006.646
Tipologías declarativa y
sexta de
condena (por los
fraudes de Fredy
Miguel Escorcia y
Rodolfo Osorio);
novena
declarativa y
novena de
condena
Gastos Séptima $2.860.273.840 $179.199.971 $ 1.354.907.973 $84.886.792
para declarativa y
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demostrar séptima de
cuantía. condena
(en cuanto a la
contratación de
Risk
International S.A;
novena
declarativa y
novena de
condena
Total N.A. $17.254.734.088 $ 3.486.923.828 $8.173.544.948 $1.651.751.254
Asimismo, en relación con esa decisión la entidad accionante destacó los
siguientes aspectos:
• Que en primer lugar el Tribunal Arbitramento accionado declaró la
prescripción de la reclamación en lo pertinente a los fraudes que se
presentaron (i) en las historias laborales (a partir del 2 de diciembre de
2016), (ii) en los dictámenes de pérdida de capacidad laboral en el eje
cafetero (desde el 23 de junio de 2017) y (ii) sobre 27 casos que
pertenecen a la categoría “otras tipologías”.
• Que en el laudo se indicó que en el contrato de seguro las partes
convinieron que se entendía que los siniestros amparados acaecían con el
descubrimiento de los mismos, esto es “cuando el asegurado se haya
enterado de hechos o circunstancias que llevarían a que una persona
razonable considerara que ha ocurrido o va a ocurrir una pérdida de las
que se encuentran amparadas por el seguro” y en ese marco concluyó que
“las simples sospechas o intuiciones no bastan para configurar un
“descubrimiento”, puesto que se requiere de una investigación o
profundización adicional por parte del asegurado para corroborar sus
temores o preocupaciones”, así como tampoco “implica un conocimiento
completo de los detalles del siniestro y de su cuantía, porque exigir un
conocimiento detallado implicaría, en la práctica, equiparar la modalidad de
descubrimiento con la de ocurrencia”.
• Que se evidenció la extensión de la cobertura en las pólizas Nos.
8001000601 y 8001000590, en materia de falsificación.
• Que se abordó el estudio sobre la cobertura del amparo de extensión de
falsificación para “PCL Valledupar, CAO – Caso Peinado y Otras
tipologías”, en el que determinó que solo dos casos serían objeto de
indemnización.
• Que el laudo incluyó un análisis sobre la etapa precontractual y el
asesoramiento de Delima Marsh a Axa Colpatria S.A.
Por último, mencionó que contra el citado laudo arbitral Colpensiones presentó
recurso de anulación bajo la causal establecida en el artículo bajo la causal 7 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 que hace referencia a haberse dictado un fallo en
conciencia debiendo ser en derecho, el cual fue decidido por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 2 de julio de 2021 que lo
declaró infundado.
2. Fundamentos de la acción
Colpensiones presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado y el Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir las
controversias suscitadas entre Colpensiones y AXA Colpatria Seguros S.A., con el
objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
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igualdad y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados con (i) el laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020 que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y (ii) la sentencia de 2 de julio de
2021 que declaró infundado el recurso de anulación que formuló contra aquél.
Explicó que esas decisiones se profirieron en el marco de la solución del conflicto
originado en la reclamación de la indemnización de los siniestros amparados de
las pólizas de manejo global bancario expedidas para amparar riesgos propios de
la actividad financiera de los fondos de invalidez, vejez y muerte en el régimen de
prima media con prestación definida, y de las pérdidas económicas derivadas de
fraudes que fueron detectados en el reconocimiento de derechos pensionales a
partir de hechos fraudulentos y de aumentos indebidos o injustificados de
mesadas pensionales.
La parte actora se refiere, de manera separada, a los defectos que a su juicio se
configuraron en el laudo arbitral y en la sentencia que resolvió el recurso de
anulación, como pasa a explicarse.
2.1. Defectos alegados frente al laudo arbitral
2.1.1. Defecto sustantivo. En el desarrollo de esta causal Colpensiones expresa
los siguientes reproches:
• Adujo que el Tribunal de Arbitramento accionado adoptó una decisión con
fundamento en el ordenamiento jurídico estadounidense, esto es, “el
clausulado de la forma DHP 84 traducido de su versión en español al
idioma inglés”, el diccionario jurídico para el idioma inglés Black´s Law
Dictionary, el Código de Comercio Único y providencias judiciales de las
Cortes estatales y federales de los Estados Unidos de América.
Sobre el particular, manifestó que en la cláusula decimoprimera de la póliza
No. 8001000601 se estableció con claridad que el ordenamiento jurídico
aplicable era el colombiano, por lo que no había lugar a aplicar el derecho
extranjero para solucionar la controversia sometida al juicio arbitral.
Indicó que a partir de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Nueva
York del 14 de abril de 1965, en el caso “State Bank of Kenmore Vs
Hanover Insurance”, en el laudo se concluyó de manera equivocada que el
amparo de extensión de falsificación no cobija supuestos de falsedad
ideológica.
En ese marco, afirmó que el laudo arbitral cuestionado adolece del defecto
sustantivo porque “1. La ley aplicable al contrato de seguro era la ley
colombiana; y 2. Si se llegase al absurdo de considerar que de alguna
forma el derecho estadounidense, o el clausulado en inglés que no obraba
en el expediente servían como instrumentos para interpretar el contrato o la
póliza (PMGB No. 8001000601), fueron pruebas allegadas ilegalmente”.
• Refirió que pese a que en el laudo cuestionado se reconoció que
Colpensiones no es una institución financiera, se aplicaron normas
extranjeras que regulan la actividad de establecimientos bancarios.
• Alegó la indebida aplicación del artículo 823 del Código de Comercio para
definir los conceptos “alterar”, “falsificar” y “aumentar” contenidos en la
cláusula de amparo denominada “extensión de falsificación”. Explicó que el
Tribunal de Arbitramento incurrió en un yerro al determinar el sentido de la
expresión “aumentar” en la póliza de seguro, en tanto adujo que la misma
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“pareciera circunscribirse a la adulteración física o material del instrumento”
cuando lo que debió hacer era acudir a su sentido natural, esto es,
entendiendo como lo hace la RAE que “aumentar” es lo mismo que
“adulterar” lo que hubiera permitido admitir que el contrato de seguro
también cobijaba la falsedad ideológica.
Del mismo modo, indicó que no resultaba aplicable lo dispuesto en los
artículos 732 y 1391 del Código de Comercio para encontrar el sentido del
verbo “aumentar” en el contrato de seguro, porque las mismas en su criterio
son aplicables a los títulos valores.
• Mencionó que se aplicó de forma indebida lo establecido en el artículo 1620
del Código Civil en lo pertinente con la interpretación útil de la cláusula del
contrato de seguro No. 8001000601, en el sentido de que en la misma se
excluyó la falsedad ideológica, pues contrario a ello, debe entenderse que
lo útil de esa cláusula es incluirlo.
• Expresó que se desconoció el literal b del artículo 184 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero que establece como requisitos de las pólizas que las
deben ser redactadas “en tal forma que sean de fácil comprensión para el
asegurado”.
• Alegó el desconocimiento de los artículos 34 y 37 de Estatuto del
Consumidor. El primero que establece que las condiciones generales de los
contratos deberán ser interpretadas de la manera más favorable al
consumidor, y el segundo que indica que “en los contratos de seguros, el
asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole
el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías”.
• También reprochó que se aplicara una interpretación errónea del libro del
profesor Narváez Bonnet, titulado “el Contrato de Seguro en el Sector
Financiero”, que indicó que es procedente la indemnización cuando un
documento presenta una firma que ha sido falsificada o su contenido resulta
alterado, precisando que en el primer evento se configura una falsedad
material y en el segundo una falsedad ideológica.
• Señaló que la noción de “descubrimiento” contenida en el laudo arbitral
desconoce el artículo 4 de la Ley 389 de 1997 y “en la definición del amparo
de “Infidelidad – KFA81”, redactado unilateralmente por AXA Colpatria sin
intervención alguna del Colpensiones, los cuales sujetan esta modalidad
aseguraticia únicamente al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia
del seguro”.
Al respecto, refirió que aplicó un concepto de “descubrimiento” que se
maneja para riesgos financieros que las partes no acordaron en el contrato
de seguro.
• Expresó que se incurrió en interpretación irrazonable del artículo 1081 del
Código de Comercio que establece el término de prescripción ordinaria, en
tanto se contabilizó desde el descubrimiento de algunos eventos que
hicieron parte del fraude sin que para ese momento se hubiese consolidado
el daño asegurado, pues a su juicio, esto ocurrió solo hasta cuando se
terminó el trámite de revocatoria directa de los actos administrativos de
reconocimiento pensional respecto de los cuales se evidenció el fraude.
Explicó que este error conllevó que se negaran las pretensiones cuya
cuantía correspondía a $23.100.000.000 en relación con el siniestro
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originado en los cambios por historias laborales y $4.451.193.390 en
relación con los porcentajes de pérdida de capacidad laboral en el Eje
Cafetero.
2.1.2. Defecto fáctico. Que se habría configurado por las siguientes
circunstancias:
• Al determinar la cobertura del amparo extensión de la falsificación con base
en pruebas que no obraban en el expediente o fueron practicadas
ilegalmente, desconociendo así el principio de necesidad de la prueba
establecido en el artículo 164 del Código General del Proceso. Al respecto,
adujo que “ninguno de los dos medios probatorios” en los que se
fundamentó el laudo arbitral fueron decretados como consta en el acta de la
primera audiencia de trámite celebrada el 28 de agosto de 2019 y frente a
ellos no se otorgó la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción.
• Del mismo modo, indicó que se desconoció el deber de probar las normas
jurídicas que no tiene alcance nacional en los términos del artículo 177 del
Código General del Proceso. Agregó que, en el ámbito probatorio, no
resulta válida la traducción libre realizada por el Tribunal de Arbitramento
sobre el contrato forma DHP84, en tanto según lo establecido en el artículo
251 del Código General del Proceso “los documentos extendidos en idioma
distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que
obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez”.
• Aseveró que no existe prueba que “afirme que la común intención o
voluntad de las partes (…) era que el amparo de Extensión de Falsificación
no cobije supuestos de falsedad ideológica”.
Manifestó que se desconoció que en la condición segunda de la póliza No.
8001000601 se establecieron de manera expresa las exclusiones de los
amparos otorgados, sin que la falsedad ideológica estuviera incluida.
Señaló que el Tribunal Arbitramento no logró establecer la verdadera
voluntad de las partes plasmada en la póliza No. 8001000601 y terminó
supliendo su voluntad.
• Indicó que se valoró indebidamente el contenido de la Convocatoria Pública
No. 10 de 2015 y el formulario de propuesta para infidelidad y riesgos
financieros, a lo que agregó que una correcta valoración de aquellos
permitiría a la autoridad accionada evidenciar que desde esa etapa se
estableció que “la cláusula de Extensión de Falsificación era una cláusula
de cobertura, a los fraudes que estaba expuesto Colpensiones en desarrollo
de su objeto social”.
Afirmó que el hecho de que en la citada convocatoria la actora se
abstuviera de delimitar la cobertura denotaba que los riesgos que
correspondían ampararse eran aquellos relacionados con el giro ordinario
de los negocios.
• Expuso que al valorar el siniestro “PCL Valledupar”, el Tribunal de
Arbitramento señaló que no había lugar a la indemnización porque el mismo
comprendía falsedades ideológicas no amparadas. No obstante, pasó por
alto que los fraudes se originaron a través de dictámenes expedidos por
autoridad competente con un contenido alterado, en tanto “las
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incapacidades habían sido aumentadas para acceder al beneficio
pensional” y contenían “borrones, enmendaduras y firmas falsas”, lo que se
encuadra en la falsedad material.
Expresó que dicha circunstancia se demostró en el proceso arbitral a través
del testimonio rendido por la investigadora del CTI Deisy Idárraga y de los
oficios Nos. 20510-01-02-12-710 y 20510-01-02-12-722, expedidos por la
Fiscalía General de la Nación.
• Acusó al Tribunal de arbitramento de efectuar una valoración probatoria
“carente de criterios objetivos racionales serios y responsables” al momento
de determinar la fecha de descubrimiento del siniestro correspondiente a la
tipología cambios en las historias laborales y determinar las vigencias
contratadas que debían afectarse (2012-2013, 2013-2015, 2015-2017),
además la fecha que debía tomarse como referente para calcular la
prescripción.
Concretamente, controvirtió que al analizar el siniestro “cambios en historias
laborales” se estableciera como fecha de descubrimiento el 2 de diciembre
de 2014, sin existir elementos probatorios que permitieran arribar a esa
conclusión. Al respecto, se refirió al análisis efectuado por el Tribunal de
Arbitramento accionado y destacó lo siguiente:
➢ Alegó la indebida valoración del informe “revisión de las
modificaciones a las historias laborales octubre de 2014”, pues en el
mismo se evidencia la fecha en que se tuvo certeza del “designio
criminal” pero no el momento en que se descubrieron las pérdidas
generadas por el siniestro de la tipología cambios en las historias
laborales a lo que agrega, que en dicho informe se estableció que el
97% de las modificaciones efectuadas sobre las historias laborales
revisadas no eran fraudulentas, en tanto se trataba de “errores
operativos” y por consiguiente no generaron pérdida para Colpensiones.
➢ Respecto de la ampliación de la denuncia formulada el 2 de
diciembre de 2014 por Colpensiones ante la Fiscalía General de la
Nación, consideró que contrario a lo manifestado en el laudo arbitral,
ello no constituye prueba de que las modificaciones a las historias
laborales eran fraudulentas y, por lo tanto, de ahí no puede
evidenciarse el momento del descubrimiento del siniestro. Asimismo,
adujo que este medio probatorio debió evaluarse en conjunto con otros
elementos obrantes en el expediente, “particularmente en conjunto con
las IAE cerradas en el año 2015, arroja que de los 52 casos
denunciados el 2 de diciembre de 2014, sobre los cuales es cierto solo
había una mera “sospecha”, únicamente 11 eran fraudulentos, es decir,
eran parte del siniestro y del fraude “Cambios en Historias Laborales” y
generaban una pérdida patrimonial para la Entidad”.
Afirmó que del análisis del archivo de excel denominado “base informe
demanda (Corte 30042019).v2”, el Tribunal hubiera podido advertir que
de los 52 casos denunciados solo en 11 se evidenció la configuración
de un fraude, por lo que, a su juicio, no podía concluirse que en ese
momento había descubrimiento del siniestro y de esos solo 5 “tienen
una aproximación o estimación anticipada de la cuantía, que reconoció
Colpensiones”, a lo que agregó que en esa denuncia no se detalla el
modus operandi del delito y tampoco que los autores del fraude en los
cambios realizados a las historias laborales eran exempleados de la
entidad.
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Del mismo modo, alegó la falta de valoración de la denuncia presentada
el 26 de diciembre de 2016 por Colpensiones, respecto de la cual en el
año 2017 la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de
acusación y se produjeron las capturas a quienes incurrieron en los
fraudes denunciados.
En definitiva, señaló que el descubrimiento del siniestro por el fraude en
las historias laborales debió definirse a partir de las 120 IAE, producto
de un procedimiento reglado en la Resolución No. 555 de 2015 para
investigar hechos que generan sospechas al interior de la entidad,
sobre corrupción y fraude lo que no puede ser invalidado por la sola
razón de que no es una investigación de un tercero o en flagrancia.
➢ Afirmó que se dejaron de valorar actos propios de AXA Colpatria
Seguros S.A., ejecutados en el curso del “trámite de ajuste extrajudicial”
en relación con el descubrimiento del siniestro que permitían al Tribunal
Arbitral admitir que esto ocurrió el 26 de diciembre de 2016. Aduce que
esas circunstancias se acreditaron en el expediente con “los informes
de ajustes y las actas de comités de siniestros” aportados con la
demanda.
De otra parte, consideró que el laudo arbitral incurrió en un yerro al aplicar
los efectos de la cláusula denominada “límite de responsabilidad”, a lo que
agregó que al analizar el impacto sobre el siniestro denominado “cambios
en las historias laborales” el Tribunal de Arbitramento adujo que las partes
pactaron en el contrato de seguro que se podía “inferir” que se ha
presentado un supuesto de “unidad de evento” lo cual hace referencia a
casos en que se acredita la “identidad de designio criminal” respecto de
distintas afectaciones o pérdidas sufridas por Colpensiones, lo que requiere
una acreditación y no puede inferirse como lo considera el Tribunal de
Arbitramento accionado.
Asimismo, mencionó que para efectos de la prescripción era indispensable
analizar la contabilidad de Colpensiones para determinar el momento en
que Colpensiones registró las pérdidas derivadas de los fraudes lo que
ocurrió en el año 2016.
2.1.3. Decisión sin motivación. En este punto, manifiestó que el Tribunal de
Arbitramento arribó a la conclusión de que la voluntad de las partes fue la de
limitar el amparo “extensión de la falsificación” excluyendo la falsedad ideológica,
sin expresar los motivos que le permiten fundamentar ese argumento.
Señaló que, en contraste, a partir de las “normas de interpretación” previstas en la
invitación (anexo técnico CT5, condiciones adicionales, numeral 4.44 y nota al
numeral 4.53), en la oferta (condiciones 56 y 65) y en el contrato (cláusulas 56 y
65 de las condiciones particulares), se evidenció que la intención de las partes no
fue limitar los amparos sino que, en caso de ambigüedad, fueran interpretados en
su sentido más amplio en cuanto a la cobertura de los riesgos.
En el desarrollo de esta causal, también alegó que la decisión de declarar la
prescripción respecto de Cambios en Historias Laborales”, “PCL Eje Cafetero” y
“Otras Tipologías” carece de fundamentos jurídicos y fácticos en relación con el
momento que se tomó como referente para calcularla.
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2.2. Defectos alegados respecto de la sentencia que negó el recurso de
anulación contra el laudo arbitral proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado
2.2.1. Defecto fáctico. Refirió que se valoró indebidamente el laudo arbitral
objeto de recurso de anulación al concluir de manera equivocada que las
referencias sobre el ordenamiento jurídico estadounidense y el formato DHP84
fueron empleadas de manera informativa y no fueron determinantes para el
sentido de la decisión. Al respecto, evidencia que a partir de ese estudio el
Tribunal de Arbitramento concluyó que “la voluntad de las partes era limitar dicho
amparo a supuestos de modificaciones físicas o materiales, según los “verbos
rectores” utilizados en la respectiva estipulación, respecto de los documentos o
instrumentos que se enuncian en la cláusula correspondiente” por lo que sí tuvo
injerencia.
2.2.2. Defecto sustantivo. Al respecto indicó que la Sección Tercera, Subsección
“A” del Consejo de Estado desconoció el numeral 7, artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, por cuanto no tuvo en cuenta que se profirió un fallo en equidad, lo que
ocurre cuando “la fundamentación jurídica presentada por el panel arbitral no
sustenta lógicamente la decisión”.
2.2.3. Decisión sin motivación. Expuso que la autoridad judicial accionada
inaplicó el numeral 7, artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 bajo una argumentación,
la cual calificó de defectuosa y arbitrariamente insuficiente, que hace imperiosa la
intervención del juez constitucional.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia de los cuales es titular COLPENSIONES,
respecto del LAUDO ARBITRAL proferido por el TRIBUNAL ARBITRAL integrado para
desatar las diferencias suscitadas entre la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones EICE y Axa Colpatria Seguros S.A. fechado el 22 de diciembre de 2020.
SEGUNDA: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia de los cuales es titular COLPENSIONES,
respecto de la sentencia del 2º de julio de 2021 proferida por la SECCIÓN TERCERA
DEL CONSEJO DE ESTADO.
TECRERA: DEJAR SIN EFECTOS el LAUDO ARBITRAL proferido el 22 de diciembre
de 2020.
CUARTA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 2º de julio de 2021 proferida por la
SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO.
QUINTA: OTORGAR un plazo razonable para que COLPENSIONES pueda convocar a
un nuevo Tribunal de Arbitraje que dirima las controversias objeto del proceso que
culminó con el LAUDO ARBITRAL proferido el 22 de diciembre de 2021.
SEXTA: DISPONER que el nuevo Tribunal de Arbitraje, una vez asuma competencia,
proceda a proferir, en derecho, el laudo que desate las controversias suscitadas entre
COLPENSIONES y AXA COLPATRIA, con base en las actuaciones procesales y las
pruebas válidamente practicadas durante el proceso que culminó con el LAUDO
ARBITRAL proferido el 22 de diciembre de 2021.
SÉPTIMA: Las demás que se consideren procedentes y/o pertinentes para asegurar a
COLPENSIONES la efectividad de los derechos constitucionales de los cuales es
titular”.
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4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia del laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020, proferido por el
Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir las controversias suscitadas
entre Colpensiones y Axa Colpatria.
• Copia de la sentencia de 2 de julio de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “A”.
Del mismo modo fue allegada copia digital del expediente correspondiente al
trámite arbitral cuestionado.
5. Trámite procesal
Por auto de 7 de febrero de 2022, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar la parte demandante, a las
autoridades judiciales demandadas, así como a AXA Colpatria Seguros S.A.,
como tercera interesada en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 17180 a 17184 de 11
de febrero de 20221, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”
La Magistrada ponente de la sentencia de 2 de julio de 2021, que declaró
infundado el recurso de anulación promovido por Colpensiones contra el laudo
arbitral solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que
no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional porque Colpensiones
acude al mecanismo de protección constitucional para revivir el debate jurídico
superado en el trámite del proceso arbitral y del recurso de anulación.
En ese sentido, manifestó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-500 de
2015 consideró que el carácter excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales es más restrictivo en los procesos arbitrales, en tanto las
partes voluntariamente han decidido apartarse de la justicia ordinaria para dirimir
la controversia ante un tribunal de arbitramento cuyas decisiones escapan a los
mecanismos de defensa judiciales comunes.
6.2. Respuesta de los árbitros que conformaron el Tribunal de Arbitramento
conformado para dirimir las controversias suscitadas entre Colpensiones y
AXA Colpatria
Los árbitros Arturo Solarte Rodríguez, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y
Alejandro Venegas Franco, en el mismo escrito de respuesta, solicitaron que se
declare improcedente la acción de tutela, en tanto no se cumple el presupuesto de
la inmediatez, toda vez que la sentencia de 2 de julio de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, fue notificada el 28 de julio
1
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados
a las siguientes direcciones de correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co,
notifmmarin@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co;
notifmvelasquez@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co,
notifjsachica@consejodeestado.gov.co; marialc_94@hotmail.com;
notiftutelas3@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
servicioalcliente@axacolpatria.co; notificacionesjudiciales@axacolpatria.co, infocac@ccb.org.co.
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de 2021 y la acción de tutela se presentó el 31 de enero de 2022, esto es,
superado el plazo de seis meses establecido en la jurisprudencia constitucional
como razonable para promover la acción de amparo contra una providencia
judicial.
Al respecto, señalaron que no resulta válido el argumento expresado por
Colpensiones en la demanda en torno a que la complejidad del caso y la
necesidad de estructurar una demanda completa y clara, no permitieron presentar
la acción de tutela de manera oportuna. Ello, porque la Corte Constitucional no ha
admitido esos argumentos para flexibilizar ese requisito, y además porque en la
demanda no se denota alguna dificultad para su elaboración pues, adujeron, es
una reiteración del recurso de anulación.
Del mismo modo, indicaron que no se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, por cuanto Colpensiones formuló la acción de tutela como una
instancia adicional pues se limita a expresar el desacuerdo con las decisiones
judiciales cuestionadas, sin evidenciar la violación de los derechos fundamentales
invocados que habilite la intervención del juez de tutela en el presente asunto, a lo
que agregaron que lo que pretende la parte actora es que se realice un nuevo
estudio sobre los aspectos que fueron objeto de controversia arbitral tales como
“(i) la interpretación del contrato de seguro celebrado entre las partes,
particularmente en lo que se refiere a la modalidad de la cobertura y al alcance de
los amparos convenidos por los contratantes y (ii) la interpretación y aplicación de
una norma jurídica al caso concreto como lo es el mencionado artículo 1081 del
Código de Comercio que regula la prescripción en el contrato se seguro”.
Finalmente, afirmaron que no se configuraron los defectos alegados por
Colpensiones, por cuanto lo decidido en el laudo arbitral cuestionado se
fundamentó en el ejercicio hermenéutico adelantado para encontrar la real
intención de las partes en el contrato de seguro y se determinó que en la cobertura
no se incluyó la falsedad ideológica.
Al respecto, explicaron que en las páginas 237 a 242 del laudo se explicaron los
motivos que llevaron a concluir que la cobertura por falsificación extendida en los
términos en los que estaba redactada en su formato original era suficiente para
amparar las contingencias a las que se podía ver expuesta Colpensiones, esto es,
porque contaba con el acompañamiento de una firma especializada en seguros,
que diseñó las condiciones técnicas de la Convocatoria Pública No. 10 del 2015, y
las modificaciones a los textos originales del clausulado DHP84 y KFA81 de
acuerdo con las necesidades de la entidad.
Señalaron que no resultaba aplicable lo establecido en la cláusula 56 del contrato
relativa a la concurrencia de amparos porque esa circunstancia no se presentó en
la controversia sometida a estudio del tribunal arbitral, a lo que agregaron que
tampoco se presentó exclusión expresa que generara alguna contradicción entre
una cláusula y otra, ello porque la falsedad ideológica no fue excluida, sino que lo
que ocurrió es que no hizo parte de la cobertura, que es distinto.
Manifestaron que el problema jurídico que se propuso resolver el Tribunal de
Arbitramento consistió en determinar el verdadero alcance de la cobertura del
contrato de seguro, en tanto Colpensiones consideraba que estaba incluida la
falsedad ideológica y AXA Colpatria entendía lo contrario. Agregaron que para tal
efecto, como un criterio auxiliar, realizaron un estudio de derecho comparado en
aras de entender el alcance de los verbos rectores expresados en el ítem de
falsificación extendida, tales como, falsificar, aumentar y alterar, teniendo en
cuenta que los formularios DHP84 y KFA81 tienen origen inglés.
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De acuerdo con lo anterior, indicaron que no resulta válida la acusación formulada
por la actora en torno a que la decisión se fundamentó en el ordenamiento jurídico
estadounidense.
Por último, manifestaron su desacuerdo con el reproche expuesto por la parte
demandante en relación con el desconocimiento del artículo 4 de la Ley 389 de
1997 toda vez que dicho precepto fue empleado como fundamento en el análisis
efectuado respecto del alcance de la modalidad de descubrimiento de las pólizas
de manejo global y bancario.
6.3. Respuesta de AXA Colpatria
A través de apoderado judicial, solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela porque Colpensiones emplea el mecanismo de protección constitucional
como una instancia adicional para expresar su desacuerdo con la decisión
adoptada por el Tribunal de Arbitramento y la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado. Adujo que los reproches constitucionales carecen de
fundamento, pues la parte accionante realiza afirmaciones que no son ciertas e
incluye citas aisladas y descontextualizadas.
Precisó que lo que controvierte Colpensiones es que se hubiese entendido que en
el amparo “Extensión de la Falsificación” de las pólizas contratadas, no se
encontraba incluida la falsedad ideológica y el hecho de haber declarado la
prescripción del contrato de seguro en algunos eventos objeto de demanda
arbitral, esto último que no fue objeto del recurso de anulación.
En relación con lo primero, adujo que no se configuraron los defectos alegados,
para lo cual señaló que el Tribunal de Arbitramento expresó los fundamentos tanto
así que los mismos también son objeto de la acción de tutela, lo que a su juicio,
resulta contradictorio que se alegue la carencia argumentativa y también se
ataquen los fundamentos en los que edificó la decisión adoptada en ese sentido.
En esa línea explicó que la cobertura “Extensión de la Falsificación” no es un
amparo adicional como le expresó Colpensiones, sino que hace parte de los
amparos básicos del DHP84, que tiene como propósito ampliar la cobertura a los
instrumentos, títulos y documentos que pueden ser objeto de falsificación, pero no
extiende la cobertura a los casos de falsedad ideológica, lo cual evidenció el
Tribunal a partir del análisis de los verbos rectores utilizados tales como falsificar
la firma, aumentar, alterar, perder o hurtar documento, que responden a la noción
de falsedad material.
Señaló que el laudo sí tuvo en cuenta la naturaleza jurídica especial de
Colpensiones, y analizó los aspectos normativos del régimen pensional
administrado por esa entidad y también se refirió al régimen jurídico aplicable a las
pólizas de seguro de manejo global bancario y los seguros de manejo y riesgos
financieros.
Evidenció que, contrario a lo expresado por Colpensiones, el laudo abordó un
análisis sobre las reglas de interpretación de los contratos establecidas en los
artículos 1618 a 1624 del Código Civil y jurisprudencia en la materia.
Manifestó que no se desconoció la normatividad aplicable al contrato de seguro ni
su idioma, dado que en el acápite 4.4.3.4 el Tribunal Arbitral realizó un estudio
sobre el texto en español de las cláusulas que regulan las relaciones contractuales
entre AXA Colpatria y Colpensiones en el marco de lo establecido en el Código de
Comercio, por lo que a su juicio, se profirió un laudo en derecho.
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Explicó que el estudio de derecho comparado que contiene el laudo sobre la
materia no desconoce los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia e igualdad de Colpensiones.
En torno al defecto fáctico, manifestó que la acusación en ese sentido carece de
validez, toda vez que el laudo toma como apoyo probatorio el texto del clausulado
DHP-84 que contiene lo acordado por las partes.
Adujo que el reproche respecto de la referencia del libro “Contrato de Seguro en el
Sector Financiero” del profesor Jorge Eduardo Narváez Bonnet hace parte del
desacuerdo con el laudo pero en nada evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Sobre el cargo de tutela relativo a la indebida aplicación del artículo 823 del
Código Comercio al interpretar la expresión “aumentar” que para Colpensiones
debió interpretarse en el sentido de que con ello se incorporaba a la cobertura del
contrato de seguro la falsedad ideológica, adujo que es un reproche que hace
parte de la orbita del desacuerdo con la decisión que no evidencia la vulneración
ius fundamental alegada.
Asimismo, precisó que en la póliza No. 8001000601 se expresó como exclusión la
falsificación “excepto en los casos en los que dicha falsificación estuviera cubierta
por los numerales 1, 4, 5 y 6 de la condición primera”, a lo que agregó que en el
numeral 5 se mantuvo la exclusión de la falsedad ideológica.
Del mismo modo, se refirió a lo reprochado por la parte actora respecto a que el
laudo arbitral desconoció el principio pro consumitore y el artículo 184 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero EOSF y el Estatuto del Consumidor. Al respecto,
preció que las cláusulas del contrato de seguro fueron impuestas por
Colpensiones y no por AXA Colpatria desde la convocatoria momento en el cual, a
través del anexo técnico 1, señaló sobre las condiciones generales y particulares
para el contrato de seguro de “infidelidad y riesgos financieros” que resultaban
aplicables las contenidas en el “Texto DHP-84, con la definición de Infidelidad o
deshonestidad empleados, modificado según texto KFA-81”.
Afirmó que el laudo demandado evidenció que Colpensiones actuó bajo la
asesoría de un corredor profesional y no hizo comentario o modificación alguna a
la cláusula que describe el amparo de “Extensión de la Falsificación”, ni tampoco
incorporó definiciones para la palabra cobertura.
Se refirió al defecto fáctico alegado por la parte actora respecto a lo decidido en el
laudo arbitral sobre el siniestro “PCL Valledupar” por la supuesta omisión de lo
manifestado por la señora Yamile Pérez, psicóloga de la Junta de Calificación del
César, en el sentido de que en las carpetas se hallaron borrones, cambios de
porcentajes y firma que no eran la suya, lo que permitían evidenciar hechos que
se encuadraban en falsedad material. Al respecto, indicó que dicha profesional,
junto a los médicos Carlos Montero, Eduardo Marrugo, Gian Miranda, Teresa de
Jesús de la Hoz Solano, Gilmar Silguero, Emil Baines y José Meléndez, están
vinculados a una investigación penal por los delitos de peculado por apropiación,
concierto para delinquir, fraude procesal y estafa agravada, cohecho y concusión y
a la fecha no han demostrado que su firma hubiese sido adulterada.
En ese sentido, indicó que la investigadora del CTI rindió declaración en el
proceso arbitral y manifestó que la señora Yamile Pérez se acogió al principio de
oportunidad y está colaborando con la justicia para aclarar los hechos y destacó
que no se había logrado acreditar si la firma de ella fue o no adulterada.
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En ese marco, manifestó que en el proceso arbitral se demostró que profesionales
facultados para tal efecto, emitieron dictámenes auténticos en los cuales se
consignaba información que no correspondía a la realidad, esto es, incurrieron en
falsedad ideológica por lo que estaba fuera de la cobertura del contrato de seguro.
De otra parte, en torno a la prescripción de los derechos derivados del contrato de
seguro, consideró que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad porque los
reproches relativos a esa decisión debieron ser incluidos en el recurso de
anulación, sin embargo, Colpensiones no lo hizo, pues en aquella oportunidad
únicamente controvirtió lo relacionado con la cobertura “Extensión de la
Falsificación”. En todo caso, señaló que de considerarse que ese mecanismo
judicial no era idóneo para tal efecto, no se cumple el presupuesto de la
inmediatez, toda vez que el laudo se profirió el 22 de diciembre de 2020.
Frente a los reproches relacionados con el momento que consideró el Tribunal
Arbitral se presentó el descubrimiento del siniestro, adujo que no es posible
considerar que esto ocurrió solo cuando se terminó el proceso de revocatoria
directa de los actos administrativos de reconocimiento pensional expedidos con
base en hechos fraudulentos, principalmente, porque la Resolución No. 555 de
2015 no prevé un término para el inicio de ese procedimiento administrativo, es
decir, la afectación de la póliza quedaría sujeta a la voluntad de Colpensiones.
Sobre ese particular, explicó que con base en las denuncias y la ampliación de las
mismas formuladas desde diciembre de 2014, resulta evidente que los fraudes
fueron conocidos por Colpensiones incluso antes de contratar una nueva póliza de
seguro (No. 8001000601), aumentando el valor asegurado para luego pretender
una indemnización.
Sostuvo que el Tribunal Arbitral estableció las siguientes fechas para cada
siniestro las cuales tomó como referente para el cómputo de la prescripción
ordinaria:
• “Historias laborales: COLPENSIONES descubrió el fraude el 2 de diciembre
de 2014 momento en el cual presentó denuncias penales por estos hechos.
• PCL Eje Cafetero: COLPENSIONES descubrió el fraude los días 22 y 23 de
junio de 2015 cuando recibió de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez
de Caldas y Risaralda la información relativa a dictámenes de calificación que no
habían sido realmente emitidos por dichas juntas.
• Cálculos actuariales por omisión: COLPENSIONES descubrió el fraude el 26
de diciembre de 2016 fecha en la cual radicó denuncia por estos hechos.
• PCL Valledupar: COLPENSIONES tuvo conocimiento del fraude el 27 de
noviembre de 2017 cuando se realizó una reunión con la Fiscalía y le fue informado
la existencia de la investigación contra funcionarios de la Junta Regional de
Calificación del César y otros.
• Otros: La prescripción fue evaluada de acuerdo con cada caso en particular”.
En ese marco, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela promovida
por Colpensiones.
7. Escritos de coadyuvancia
7.1. Ministerio del Trabajo
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifestó que la cartera ministerial
coadyuva la acción de tutela interpuesta por Colpensiones, en tanto las
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decisiones cuestionadas afectan los recursos del Sistema General de Pensiones
que administra Colpensiones.
Adujo que el laudo arbitral demandado desconoce el ordenamiento jurídico
colombiano al aplicar el sistema jurídico extranjero y al aplicar normas de forma
indebida y omitir otras imperativas.
Del mismo modo, indicó que se adoptó una decisión con base en pruebas que no
fueron aportadas al proceso y no fueron controvertidas por Colpensiones, a lo que
agregó que las pruebas no fueron valoradas en conjunto.
Por último, señaló que el contrato de seguro no requería ser interpretado porque
no presentaba vacíos, sin embargo, el Tribunal de Arbitramento lo hizo de manera
irrazonable y contraria a la literalidad del amparo contratado y la voluntad de las
partes expresada en el contrato de seguro.
7.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Subdirector Jurídico de la cartera manifestó coadyuvar la acción de tutela
promovida por Colpensiones contra el Tribunal de Arbitramento conformado para
dirimir las controversias suscitadas entre esa entidad y AXA Colpatria y la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.
Refirió que el caso reviste gran interés para la Nación, pues la decisión objetada
incidió directamente en los recursos del Presupuesto General de la Nación, por
cuanto implica que el régimen de prima media con prestación definida deje de
percibir “más de ciento dieciséis mil millones de pesos, incluyendo intereses
moratorios”. En ese sentido, explicó que conforme con lo establecido en los
artículos 137 y 138 de la Ley 100 de 1993 el Gobierno Nacional debe garantizar
las obligaciones del sistema pensional administrado por Colpensiones.
Adujo que la acción de tutela cumple el presupuesto de relevancia constitucional
porque el debate involucra recursos públicos que “ascienden a más de ciento
dieciséis mil millones de pesos”, que son necesarios para hacer efectivo el
derecho fundamental a la seguridad social de los afiliados a Colpensiones.
Finalmente, consideró que para el estudio del caso resultaba relevante la
sentencia SU-556 de 2016, en la que la Corte Constitucional abordó un estudio
sobre un caso de contornos similares al que se analiza.
7.3. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
7.3.1. A través de apoderada, manifestó que coadyuva las pretensiones de la
demanda de tutela, en virtud de lo establecido en los artículos 71 y 610 de la Ley
1564 de 2012, porque le asiste un interés en el resultado de la acción de tutela por
cuanto la demandante es una entidad estatal y es un asunto que involucra
recursos del sistema general de seguridad social.
Sostuvo que se cumplen los presupuestos generales de la acción de tutela contra
providencias judiciales, toda vez que en su criterio, (i) se reclama la protección de
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, igualdad,
defensa, vulnerados con el laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020 que carece
de fundamentos legales válidos teniendo en cuenta que se apoya en un sistema
jurídico extranjero, presenta un defecto fáctico por valoración indebida de los
elementos probatorios que, a su juicio, fueron reiterados por el Consejo de Estado
al resolver el recurso extraordinario de anulación (relevancia constitucional); (ii) se
agotaron los mecanismos de defensa judicial ordinarios (subsidiariedad); (iii) la
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sentencia que resolvió el recurso extraordinario de anulación se notificó el 29 de
julio de 2021 y la demanda de tutela se radicó el 27 de enero de 2022, es decir,
dentro de un plazo razonable; (iv) se identificaron los hechos que generaron la
vulneración ius fundamental alegada y no se dirige contra una sentencia de tutela.
Mencionó que se configuró un defecto sustantivo en el laudo arbitral y en la
sentencia que resolvió el recurso de anulación proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado. Al respecto, indicó que la decisión arbitral
se fundamentó en normas inexistentes en el ordenamiento jurídico colombiano, a
lo que agregó que las referencias sobre los Códigos Civil y de Comercio y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no fueron determinantes para
definir el alcance de la cobertura “extensión de la falsificación”, pues para ello,
sostuvo, se dio aplicación a la jurisprudencia norteamericana, al Código de
Comercio Uniforme de los Estados Unidos y diccionarios en inglés.
Bajo esa misma línea argumentativa, expresó que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en violación directa de la Constitución Política, por
desconocimiento del artículo 228, en tanto se desconoció el derecho fundamental
de acceso a la administración de judicial que se concreta con la posibilidad de
acudir al sistema de justicia en condiciones de igualdad y en donde se garanticen
los derechos fundamentales de las partes.
Finalmente, pidió que se suspendiera el trámite constitucional por treinta (30) días
con fundamento en lo establecido en el artículo 611 de la Ley 1564 de 2012.
7.3.2. Frente a lo anterior, Axa Colpatria S.A. manifestó el desacuerdo con los
argumentos presentados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En primer lugar, se opuso a la solicitud de suspensión del trámite constitucional al
considerar que eso no aplica en las acciones de tutela.
Del mismo modo, afirmó que la coadyuvancia en las acciones de tutela no se
regula por el Código General del Proceso sino por el artículo 6 del Decreto 4085
de 2011, que dentro de las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado incluyó las de coadyuvar las acciones de tutela interpuestas
por las entidades públicas.
Finalmente, bajo los mismos argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, se opuso a lo afirmado en relación con el hecho de que la decisión
arbitral se hubiera fundamentado en normas inexistentes en el ordenamiento
jurídico colombiano pues, afirmó, el laudo se sustentó en la “ley aplicable al
contrato de seguro en Colombia” y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, como se evidencia en el acápite 4.4.3.4.
7.3.3. Los árbitros que conformaron el Tribunal de Arbitramento conformado para
dirimir las controversias suscitadas entre Colpensiones y AXA Colpatria, se
pronunciaron en relación con las tres las solicitudes de coadyuvancia, en los
siguientes términos:
• Insistieron en que no se configuraron los defectos alegados por
Colpensiones, porque el laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020 se
fundamentó en normas y jurisprudencia colombiana, tales como los
artículos 1618 y 1624 del Código Civil y pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, tales como: “Sentencia de 29
de enero de 1998. Exp. 4894. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; y
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC3893 de
19 de octubre de 2020. M.P. Luis Alonso Rico Puerta”, a lo que agregaron
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que las referencias al derecho comparado tuvieron como propósito
comprender el origen de la cobertura “extensión de la falsificación”, pero no
constituye el fundamento de la decisión.
Afirmaron que en el laudo se precisó que la interpretación del contrato de
seguro es restrictiva por lo que no admite ampliar la cobertura a otros
riesgos que no fueron expresamente asumidos por la compañía
aseguradora, como la falsedad ideológica. En lo demás reiteraron los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
• Frente a lo expuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
indicaron que la Sentencia SU-556 de 2016 no constituye precedente
judicial aplicable en este caso porque aborda una situación fáctica diferente
relativa a la cobertura del riesgo derivado del ejercicio de funciones
regulatorias del Banco de la República.
• Sobre lo manifestado por el Ministerio de Trabajo en relación con la
valoración del clausulado DHP84 en inglés, adujo que en la página 242 del
laudo se dejó claro todo lo contrario al afirmar “el análisis de la cláusula de
cobertura por falsificación extendida con fundamento en el texto que se
encuentra incorporado al expediente, en el que obra una traducción al
español del formato DHP84”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa. Escritos de coadyuvancia
El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestaron coadyuvar a la parte
demandante, al considerar ambas carteras ministeriales que las decisiones objeto
de reproche constitucional impactan gravemente los recursos del Estado, por lo
que bajo argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela, pidieron que
se atiendan favorablemente las pretensiones de la demanda.
En el trámite de la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
establece que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
A su turno, el artículo 71 del Código General del Proceso expresa lo siguiente:
“Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se
extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte
es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se
haya dictado sentencia de única o de segunda instancia (…)”.
De acuerdo con lo anterior y atendiendo a la citada noción de coadyuvancia, con
claridad se advierte que los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público
no intervinieron en el proceso arbitral y en el trámite del recurso de anulación, así
como tampoco se establecieron órdenes judiciales de las que puedan llegar a ser
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destinatarios directos o indirectos. Por lo que, para la Sala, contrario a lo
considerado por dichas autoridades, no les asiste un interés directo en torno a las
decisiones judiciales cuestionadas y, en razón a ello, la Sala negará las solicitudes
de coadyuvancia a la demanda formuladas.
De otra parte, en lo relativo a la solicitud de coadyuvancia elevada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado la Sala encuentra que la misma sí resulta
procedente, con excepción del alegato por violación directa de la Constitución que
es nuevo, en razón a las funciones que le fueron asignadas desde su creación en
torno a la defensa y protección de los intereses litigiosos de la Nación.
En ese sentido el artículo 5 de la Ley 1444 de 2011, establece que tiene “como
objetivo la estructuración, formulación. aplicación, evaluación y difusión de las
políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección
efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de
las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad
patrimonial y la actividad litigiosa. Para ello, tiene como misión planificar,
coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Nación, a fin de
prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales”.
En ese marco, el artículo 6 del Decreto 4085 de 20112 “Por el cual se establecen
los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado”, asignó a esa entidad, entre otras, la función de “(x) Dar instrucciones
para interponer, en los casos procedentes y cuando lo estime conveniente,
acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra entidades
públicas, así como para coadyuvar las interpuestas por las propias
entidades”.
Ahora bien, como quiera que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
incluye un nuevo defecto que no fue propuesto por la parte demandante, esto es,
que se incurrió en violación directa de la Constitución porque se desconoció el
artículo 228 superior, la Sala precisa que respecto de ese alegato no aceptará la
coadyuvancia por tratarse de una causal específica que no se planteó en el escrito
de tutela.
Al respecto, sea del caso precisar que la figura de la coadyuvancia tiene como
propósito permitir que un tercero participe en el proceso, con interés en el mismo,
quien manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante, sin que tenga la posibilidad de realizar nuevos planteamientos o
argumentos diferentes a los expuestos en la demanda originaria.
Así las cosas, la Sala aceptará coadyuvancia formulada por la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, con la precisión efectuada en precedencia.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal de Arbitramento conformado
para dirimir las controversias entre Colpensiones y AXA Colpatria Seguros S.A., y
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de
justicia con el laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020 y la sentencia de 2 de julio
de 2021, respectivamente, por haber incurrido en los defectos fáctico y sustantivo,
y decisión sin motivación.
2
Modificado por el artículo 1º del Decreto 1244 de 2021.
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De manera previa, teniendo en cuenta que los árbitros que profirieron el laudo
cuestionado consideraron que no se cumple el presupuesto de la inmediatez y por
su parte la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado alegó la falta
de relevancia constitucional, la Sala verificará el cumplimiento de esos requisitos
generales. En caso de superar dicho examen, la Sala procederá con el análisis de
los restantes.
4. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra los laudos
arbitrales
El artículo 116 de la Carta Política permite que los particulares sean investidos
transitoriamente de la función pública de administrar justicia, en condición de
árbitros habilitados por las partes para que decidan, en derecho o en equidad,
conflictos que involucren derechos transigibles.
La jurisprudencia y la doctrina han aceptado que las decisiones que producen los
árbitros son auténticas providencias judiciales, por cuanto se dictan en un
procedimiento de estirpe judicial reglado y por particulares que ejercen
transitoriamente la función de administrar justicia. Como proceso judicial especial
que es, está sujeto a las normas y principios que, de ordinario, rigen en el derecho
procesal: verbigracia, las oportunidades para presentar pruebas y ejercer los
derechos de contradicción y defensa, los poderes y deberes del juez, etcétera. Y
siendo providencias judiciales, la regla general es que la acción de tutela es
improcedente, salvo que se cumplan los requisitos generales y específicos que ha
fijado la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra ese tipo de
providencias, con las precisiones que ha efectuado esa Corporación (SU-174 de
2007, T-455 de 2012 y SU-556 de 2016, entre otras).
Por lo pertinente, la Sala trae a colación apartes de la sentencia T-408 de 2010, en
la que la Corte Constitucional se refirió a la procedencia de la tutela contra laudos
arbitrales, así:
“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra los laudos arbitrales.
3.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado en varios de sus fallos,3 que por regla
general, la acción de tutela no procede ni contra los laudos arbitrales, ni contra el
procedimiento que se adelanta ante los tribunales de arbitramento, ni contra las
decisiones judiciales que resuelven los recursos de anulación, salvo que se incurra en
dichas actuaciones en una vía de hecho que implique una vulneración directa de un
derecho fundamental. En tal medida, la procedencia de la acción de amparo
constitucional contra estas actuaciones es excepcional y exige la configuración
de vías de hecho, o sea, de una actuación por fuera del derecho que vulnera en
forma directa derechos fundamentales. (…)
En la sentencia SU-174 de 2007, la Corte señaló los requisitos generales de
procedibilidad contra los laudos arbitrales en los términos siguientes:
‘(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha
de ser invadido por el juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el
fondo del asunto sometido a arbitramento;
‘(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya
configurado, en la decisión que se ataca, una vulneración directa de derechos
fundamentales;
3
“ Ver sentencias T-608 de 1998 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-837 de 2002 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa), SU-058 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-1228 de 2003 (MP.
Álvaro Tafur Galvis), T-920 de 2004, (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), SU-174 de 2007 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-972 de
2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).”
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‘(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a los
laudos arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos
propios de la naturaleza del arbitraje, lo cual implica que su procedencia se
circunscribe a hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales; y
‘(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial
claridad en estos casos, ya que sólo procede cuando se ha hecho uso de los
recursos provistos por el ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a
pesar de ello persiste la vía mediante la cual se configura la vulneración de un
derecho fundamental. En materia de contratos administrativos sobresale el
recurso de anulación contra el laudo.
‘Según se indicó en la sección 3.4.1. anterior, estos cuatro criterios se
derivan, conjuntamente, de (a) la estabilidad jurídica de los laudos
arbitrales, (b) el carácter excepcional y transitorio de la resolución de
conflictos mediante el arbitraje, (c) el respeto por la voluntad de las partes
de someter la resolución de sus controversias a un particular
específicamente habilitado para ello y no a los jueces estatales, y (d) la
procedencia taxativa de las vías judiciales para controlar las decisiones
proferidas por los árbitros.’
4
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia SU-081 de 2020 ,
precisó que los criterios de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
laudos arbitrales “refuerzan la idea de que la naturaleza de la justicia arbitral es un
límite para el juez de tutela, quien debe tener como presupuesto la autonomía del
tribunal para resolver sobre el fondo del asunto, y la voluntad de las partes de que
dicha decisión adoptada en el laudo quede en firme. De esta manera, los criterios
mencionados en los numerales 1 y 2, le imponen al juez de tutela el deber de
hacer un examen estricto para determinar si la petición hace referencia a una
violación directa de un derecho fundamental, y no se orienta a plantear asuntos de
fondo, legales o contractuales, que ya han sido resueltos de forma definitiva en el
laudo. Lo anterior implica, de modo particular, la necesidad de realizar una atenta
valoración del requisito de procedibilidad general que exige la relevancia
constitucional del asunto sometido al conocimiento del juez de tutela”. Además,
frente al numeral 3 indicó que al examinar los requisitos de procedencia
establecidos en la sentencia C-590 de 2005, se deben tener en cuenta las
características propias del procedimiento arbitral.
La Sala comparte las razones que, frente al tema, ha expuesto la Corte
Constitucional para la procedencia excepcional de la tutela contra las decisiones
que se dictan en los procesos arbitrales, a saber5:
• “La tutela también procede como mecanismo principal cuando las inconformidades de las
partes no encajen en ninguna de las causales previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de
2012. Sobra decir que en ese caso la tutela está restringida por las llamadas causales de
procedibilidad que ha trazado la Corte Constitucional. Asimismo, la tutela procede como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a pesar de que existe otro
medio de defensa: los recursos de anulación y el extraordinario de revisión. En ambos
casos, el interesado debe demostrar que el laudo está viciado por algún defecto:
sustantivo, orgánico, fáctico o procedimental.
• Por la naturaleza especial del arbitramento, la verificación de los requisitos generales y
específicos para la procedencia y prosperidad de la tutela contra las providencias judiciales
debe ser más exigente, más rigurosa, pues, de lo contrario, el juez de tutela se convertiría
en el permanente revisor de la actividad judicial de los árbitros, circunstancia que no solo
no se compadece con el carácter especial del arbitramento, como función pública judicial al
fin y al cabo, sino que desconocería el carácter excepcional de la acción de tutela y
pondría en riesgo la seguridad jurídica, valor fundante de todo sistema judicial, incluido el
que desempeña el arbitramento”.
4
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5
Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sentencia del 1 de febrero de 2018, exp. Nº 11001-03-15-
000-2017-02524-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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El juez de tutela no puede suplantar a los árbitros en su función de administrar
justicia, como si fuera el superior funcional. La tutela, se insiste, no prospera por el
simple hecho de que se invoque alguno de los defectos que la Corte
Constitucional ha establecido y que la Sala comparte. Las causales específicas
para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la
puerta para que los jueces revisen de fondo las decisiones arbitrales, como no
ocurre tampoco en relación con las sentencias de los jueces.
Debe exigirse, entonces, que el interesado explique razonada y suficientemente
los hechos en que funda el defecto en que incurrieron los árbitros. La acción de
tutela no puede, por ende, convertirse en una instancia adicional para controvertir
la interpretación normativa ni la valoración probatoria que realizan los árbitros
habilitados transitoriamente para administrar justicia. Al igual que la tutela contra
las providencias de los jueces de la república, este mecanismo solo procede
cuando el ejercicio hermenéutico o de valoración de pruebas sea contraevidente,
contrario a la razón y ponga en grave riesgo o amenace derechos fundamentales.
Las demás discusiones frente a las decisiones de los árbitros deben resolverse
por medio de los cauces ordinarios, mas no por medio de la tutela.
5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos6 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos7, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20128, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20149, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
6
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
7
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
8
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico11; (ii) Defecto procedimental absoluto12; (iii)
Defecto fáctico13; (iv) Defecto material o sustantivo14; (v) Error inducido15; (vi)
Decisión sin motivación16; (vii) Desconocimiento del precedente17 y (viiii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo18 y de la Corte
Constitucional19.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
6. Estudio y solución del caso concreto
6.1. El asunto bajo examen
Colpensiones formuló acción de tutela contra el Tribunal de Arbitramento
conformado para dirimir las controversias suscitadas entre Colpensiones y AXA
11
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
12
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
13
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
14
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
15
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
16
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
17
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
18
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
19
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
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Colpatria Seguros S.A. y la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con el laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020 y la sentencia de 2 de
julio de 2021, proferidos, en su orden, en el marco del conflicto que se originó en
la reclamación de las pólizas de manejo global bancario para cubrir los riesgos
propios de la actividad financiera de los fondos de invalidez, vejez y muerte en el
régimen de prima media con prestación definida y la indemnización por la pérdida
económica derivada de fraudes que se han detectado en el reconocimiento
pensional y aumentos indebidos o injustificados.
6.2. No se cumple con el requisito de la inmediatez respecto a los reproches
20
formulados contra del laudo arbitral
La Sala observa que el laudo arbitral objetado se profirió el 22 de diciembre de
2020, entonces como la solicitud de amparo fue promovida el 30 de enero de
2022, es claro que transcurrió un (1) año, un (1) mes y ocho (8) días entre el
momento de la notificación y el de la interposición de la acción constitucional,
término que desborda el límite establecido, por regla general, jurisprudencialmente
por la Sala Plena de esta Corporación y la Corte Constitucional.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis (6) meses. Lo anterior,
en atención a la naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley
para la interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la
tutela judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda21, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior, no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez,
deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si
existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad
injustificada podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de
llegarse a adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados. Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.
20
La Sala reiterará las razones expuestas en las sentencias de 30 de marzo de 2016, exp. Nº
1001-03-15-000-2015-01480-01, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 9 de agosto de 2018,
exp. Nº 11001-03-15-000-2017-03401-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y 22 de abril de
2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04265-01, C.P. Milton Chaves García.
21
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007
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Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 201422
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional23.
En esa línea, es de precisar que en los eventos en que la acción de tutela se dirige
contra un laudo arbitral, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que
para determinar si se cumple o no el requisito de la inmediatez es necesario
determinar si las circunstancias en las que se originó la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales invocados se enmarcan dentro de alguna de las
causales de anulación contra laudos arbitrales establecidas en el artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012.
En este sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado por sentencia de 30 de
24
marzo de 2016 , advirtió que el estudio del presupuesto de la inmediatez va ligado
a la idoneidad del recurso de anulación, teniendo en cuenta que el mismo
únicamente procede bajo unas causales expresadas en forma taxativa en el
Estatuto Arbitral. En concreto, expresó lo siguiente:
“El término para establecer la oportunidad para presentar la acción de tutela no puede
contarse a partir de la notificación de la sentencia que resolvió el recurso de anulación,
como lo estimó el a quo, pues, como se verá, el consorcio demandante pudo presentar
la solicitud de amparo tan pronto se notificó del laudo arbitral.
(…)
En este punto, conviene precisar que no se trata de elegir entre la acción de tutela y el
recurso de anulación, como lo entendió el a quo al encontrar probado el requisito de
inmediatez. Se trata más bien de determinar cuál es el medio idóneo para
cuestionar el laudo arbitral, según los defectos que se pretendan demostrar. Así,
si se alegan errores in procedendo, el recurso de anulación será el medio idóneo,
pero si se invocan defectos de fondo que no encajan en las causales de
anulación y que resultan perjudiciales para los derechos fundamentales, puede
acudirse directamente a la acción de tutela. Por eso, en las consideraciones de esta
providencia se dijo que, en ocasiones, la acción de tutela contra laudos arbitrales
procede como mecanismo principal, por supuesto cuando se presenta oportunamente”.
(Negrilla fuera del texto original)
En el caso concreto, Colpensiones manifestó que se cumple el presupuesto de la
inmediatez “en la medida en que no han transcurrido siquiera 6 meses desde la
notificación de la Sentencia de Anulación”.
Al respecto, la Sala evidencia que la entidad demandante interpuso el recurso
anulación bajo la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 que hace
referencia a haberse dictado un fallo en conciencia debiendo ser en derecho.
En ese sentido, alegó la “ausencia de fundamento en derecho y de fundamento
probatorio para definir la restricción de la cobertura del amparo de falsedad
extendida o extensión de falsificación para el siniestro de PCL de Valledupar”, es
decir, a su juicio la causal alegada se configuró al haberse considerado el amparo
22
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
23
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
24
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente -2015-01480-01. Reiterada en sentencia de
9 de agosto de 2018, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En ese sentido, consultar sentencias de
13 de octubre de 2016, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expedientes 2017-03401-01 y
2013-02681-00.
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24
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frente al riesgo de falsedad excluía eventos de falsedad ideológica.
También en el recurso de anulación Colpensiones alegó que el laudo arbitral se
fundamentó en el ordenamiento jurídico estadounidense y no en el colombiano al
decidir frente a los reclamos que se hicieron por fraudes en cálculos actuariales
(“caso Peinado”) y en la categoría denominada “otras tipologías”. Asimismo, señaló
que se negó el reconocimiento de indemnización por algunos siniestros con
fundamento en un análisis erróneo de los árbitros sobre la noción de amparo de
“Falsificación Extendida”, por lo que, en ese sentido, a su juicio, se adoptó una
decisión en conciencia y no en derecho.
Ahora bien, la Sala evidencia que en la acción de tutela Colpensiones expresó los
siguientes reproches constitucionales contra el laudo arbitral que desarrolló en el
marco de la caracterización de los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin
motivación, los cuales no fueron objeto de recurso de anulación y tampoco se
encuadran dentro de alguna de las causales establecidas en el artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012, por lo que respecto de estos reproches Colpensiones debió
acudir a la acción de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación del
laudo arbitral. Estos reproches son los siguientes:
• Desconocimiento del artículo 4 de la Ley 389 de 1997, al aplicar una noción
de “descubrimiento”, que solo tiene aplicación en materia de riesgos
financieros y que, además, las partes no acordaron en el contrato de
seguro.
• Interpretación irrazonable del artículo 1081 del Código de Comercio que
establece el término de prescripción ordinaria, en tanto se contabilizó desde
el descubrimiento de algunos eventos que hicieron parte del fraude sin que
para ese momento se hubiese consolidado el daño asegurado, pues a su
juicio, esto ocurrió solo hasta cuando se terminó el trámite de revocatoria
directa de los actos administrativos de reconocimiento pensional respecto
de los cuales se evidenció el fraude.
Explicó que este error conllevó que se negaran las pretensiones cuya
cuantía correspondía a $23.100.000.000 en relación con el siniestro
originado en los cambios por historias laborales y $4.451.193.390 en
relación con los porcentajes de pérdida de capacidad laboral en el Eje
Cafetero.
• Configuración del defecto fáctico por efectuar una valoración probatoria
“carente de criterios objetivos racionales serios y responsables” al momento
de determinar la fecha de descubrimiento del siniestro correspondiente a la
tipología cambios en las historias laborales y determinar las vigencias
contratadas que debían afectarse (2012-2013, 2013-2015, 2015-2017),
además la fecha que debía tomarse como referente para calcular la
prescripción.
Concretamente, controvirtió que al analizar el siniestro “cambios en historias
laborales” se estableciera como fecha de descubrimiento el 2 de diciembre
de 2014, sin existir elementos probatorios que permitieran arribar a esa
conclusión. Al respecto, se refirió al análisis efectuado por el Tribunal de
Arbitramento accionado y destacó lo siguiente:
• Indebida valoración del informe “revisión de las modificaciones a las
historias laborales octubre de 2014”, pues en el mismo se evidencia la
fecha en que se tuvo certeza del “designio criminal” pero no el momento en
que se descubrieron las pérdidas generadas por el siniestro de la tipología
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cambios en las historias laborales. Agregó que en dicho informe se
estableció que el 97% de las modificaciones efectuadas sobre las historias
laborales revisadas no eran fraudulentas, en tanto se trataban de “errores
operativos” y por consiguiente no generaron pérdida para Colpensiones.
• La falta de valoración de las 120 IAE, producto de un procedimiento reglado
en la Resolución No. 555 de 2015 para investigar hechos que generan
sospechas al interior de la entidad sobre corrupción y fraude, para
determinar el momento del descubrimiento del siniestro por el fraude en las
historias laborales.
• Omisión en la valoración de actos propios de AXA Colpatria Seguros S.A.,
ejecutados en el curso del “trámite de ajuste extrajudicial”, en relación con
el descubrimiento del siniestro que permitían al Tribunal Arbitral admitiendo
que esto ocurrió el 26 de diciembre de 2016. Adujo que esas circunstancias
se acreditaron en el expediente con “los informes de ajustes y las actas de
comités de siniestros” aportados con la demanda.
• Indebida aplicación de los efectos de la “cláusula límite de responsabilidad”
del contrato de seguro y determinar la unidad de evento. Ello, porque al
analizar el impacto sobre el siniestro “cambios en las historias laborales”
adujo que allí se previó la posibilidad de que en los seguros pactados por la
modalidad de descubrimiento se “infiera” que se ha presentado un supuesto
de unidad de evento respecto de las distintas afectaciones o pérdidas
sufridas por Colpensiones, cuando ese verbo inferir no se encuentra en las
pólizas No. 8001000281, No. 8001000332, No. 8001000590 y No.
8001000601, que hacen referencia a ello se configura cuando “exista
identidad de designio criminal y no que se infiera”.
• Falta de análisis a la contabilidad de Colpensiones para determinar el
momento en que la entidad registró las pérdidas derivadas de los fraudes lo
que ocurrió en el año 2016.
• Decisión sin motivación en lo pertinente a la decisión de declarar la
prescripción respecto de Cambios en Historias Laborales”, “PCL Eje
Cafetero” y “Otras Tipologías”, la cual, a juicio de la parte actora, carece de
fundamentos jurídicos y fácticos en relación con el momento que se tomó
como referente para calcularla.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra no se cumple el presupuesto
de la inmediatez, en tanto la acción de tutela fue promovida superado el plazo
razonable establecido por esta Corporación y la Corte Constitucional. Además,
contrario a lo considerado por Colpensiones no se puede tener como referente
para calcular este presupuesto la fecha en que se profirió la sentencia que resolvió
el recurso de anulación, porque los reproches expresados en la acción de tutela
no fueron objeto de recurso de anulación y tampoco se enmarcan dentro de
alguna de las causales precisadas en el estatuto arbitral, por lo que ese no es un
argumento para justificar la tardanza en la presentación de la acción de tutela.
En esas condiciones, se declarará la improcedencia de la acción de tutela en
relación con el laudo arbitral dictado el 22 de diciembre de 2020.
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6.3. Respecto de la sentencia de 2 de julio de 2021, proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado la Sala encuentra que no se
configuraron los defectos alegados
6.3.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional porque
la entidad accionante invoca la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de
justicia, por la supuesta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y decisión
sin motivación en la sentencia de 2 de julio de 2021, a través de la cual la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado declaró infundado el recurso de
anulación que promovió contra el laudo arbitral de 22 de diciembre de 2020, al
considerar que se valoraron indebidamente aspectos fácticos relevantes para la
decisión, que se desconoció el numeral 6 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y
que en la providencia cuestionada no se expresaron los fundamentos de la
decisión. Adicionalmente, el escrito de tutela cumple con la carga argumentativa
mínima y no pretende reabrir una discusión de naturaleza legal.
Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco de un proceso de
única instancia, por lo que el demandante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
meses25 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional26; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
Superado este examen la Sala procede con el estudio de fondo de los defectos
alegados por la actora.
6.3.2. Los defectos alegados por la entidad accionante no se configuran
6.3.2.1. Colpensiones sostuvo que la sentencia de 2 de julio de 2021, a través de
la cual la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado declaró
infundado el recurso de anulación que promovió contra el laudo arbitral de 22 de
diciembre de 2020, adolece de los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin
motivación. Valga recordar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, respecto de esta decisión, coadyuvó el defecto sustantivo bajo los mismos
argumentos de la parte demandante.
6.3.2.2. En relación con los defectos fáctico y sustantivo la Sala advierte que
efectuará un análisis conjunto teniendo en cuenta los argumentos expuestos por
Colpensiones para su desarrollo. En efecto, respecto del primero, alega que por la
supuesta indebida valoración probatoria la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado concluyó equivocadamente que no se había configurado la
causal de anulación alegada contra el laudo arbitral la cual se encuentra
consagrada en el numeral 6 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que es la
norma que alega como desconocida al desarrollar el defecto sustantivo, es decir,
guardan similitud argumentativa.
25
La providencia atacada se profirió el 2 de julio de 2021 y se notificó mediante correo electrónico
el 28 de julio de 2022, mientras que la acción de tutela se instauró el 31 de enero de 2022, es
decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
26
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y
sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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La entidad accionante señaló que la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado incurrió en un yerro al concluir que no se configuró la causal alegada
(adoptar un laudo en equidad y no en derecho), considerando para tal efecto, que
las referencias que hizo el Tribunal de Arbitramento en relación con el
ordenamiento jurídico estadounidense y el formato DHP84 tuvieron un propósito
informativo y no fueron determinantes para el sentido de la decisión, pues a juicio
de Colpensiones, ello desconoce que fue a partir de esos aspectos que los
árbitros establecieron que “la voluntad de las partes era limitar dicho amparo a
supuestos de modificaciones físicas o materiales, según los “verbos rectores”
utilizados en la respectiva estipulación, respecto de los documentos o
instrumentos que se enuncian en la cláusula correspondiente”, por lo que sí
tuvieron injerencia en la decisión arbitral cuestionada.
6.3.2.3. Al respecto, la Sala observa que la autoridad judicial accionada en la
decisión reprochada advirtió que la causal de anulación consagrada en el numeral
7 del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 alegada por Colpensiones, no se puede
estructurar a partir de la formulación de reproches dirigidos a controvertir el
análisis normativo y probatorio efectuado por los árbitros, en tanto el recurso
extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso
arbitral.
Bajo esa precisión, evidenció que (i) en el acápite 4.4.3. del laudo arbitral titulado
“el alcance de la cobertura de falsificación extendida en el derecho comparado”, se
abordó un estudio de la traducción en español del formato DHP84 que las partes
incorporaron al contrato de seguro y (ii) que para comprender la definición de
algunos términos contractuales, los árbitros estudiaron el alcance en inglés de los
mismos y para tal efecto incluyeron unas referencias de jurisprudencia
norteamericana y del Código de Comercio de Estados Unidos. No obstante,
precisó que el alcance de las expresiones “falsificar, alterar y aumentar” se definió
“teniendo en cuenta la misma póliza -cláusula quinta de la condición primera del
clausulado DHP84-, unos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y las
normas del Código de Comercio”,
Sobre el particular, efectuó una transcripción de apartes del laudo arbitral objeto
de recurso de anulación y a partir de ese análisis concluyó que no le asistía razón
a Colpensiones al señalar que el fundamento de la decisión, “partió de una premisa
imaginaria, basada en una redacción en inglés -que dista de una decisión fundada
en pruebas (…) pues, si bien en el acápite 4.4.3. se consideró que debía estudiarse
el alcance que en el idioma inglés tenían los términos usados en la referida
cobertura, ello se hizo a manera ilustrativa en el contexto del derecho comparado,
máxime si se tiene en cuenta que los árbitros, para definir lo pertinente -como ya se
vio-, se basaron en el texto del contrato -en español- y en las normas del
ordenamiento jurídico colombiano”.
Del mismo modo, señaló que en el estudio sobre la aplicación de la cláusula
“falsedad extendida” respecto del siniestro derivado de los fraudes por pérdida de
capacidad laboral en Valledupar, el Tribunal de Arbitramento fundamentó su decisión
en “(i) la convocatoria pública No. 10 de 2015 -etapa precontractual-; (ii) el anexo
técnico CT. 5 para el seguro de infidelidad y riesgos financieros, elaborado por
Delima Marsh y sometido a revisión y aprobación de Colpensiones ; (iii) el formulario
de propuesta para infidelidad y riesgos financieros ; (iv) documento del 9 octubre de
2019, expedido por Delima Marsh, contentivo de un informe sobre el análisis de
riesgos de Colpensiones; (v) la póliza de manejo global bancario No. 8001000602,
concretamente el amparo de falsedad extendida, que se pactó con sujeción al
formato preestablecido DHP84 y (vi) testimonios de funcionarios de Colpensiones y
unos oficios elaborados por la Fiscalía”, por lo que, adujo, tampoco se evidenció que
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se hubiera dictado en esta materia un fallo en conciencia o en equidad por aplicar
normatividad estadounidense, como lo alegó Colpensiones.
Bajo esos mismos argumentos, la autoridad judicial accionada descartó que se
hubiese dictado una decisión en conciencia en lo pertinente al siniestro denominado
“otras tipologías”.
En definitiva, la Sección Tercera, Subsección “A” de esta Corporación desestimó el
recurso extraordinario de anulación, al considerar que la causal invocada no se
configuró, en tanto evidenció que el laudo arbitral objeto estudio no se fundamentó
en doctrina o jurisprudencia norteamericana y no obedece a la íntima convicción de
los árbitros, como erróneamente lo consideró Colpensiones, todo lo contrario,
encontró que la decisión se adoptó con fundamento en el marco normativo vigente y
las pruebas que reposaban en el expediente.
6.3.2.4. Con el fin de resolver los precitados defectos, lo primero que debe indicarse
es que la edificación del primero bajo la premisa de que se valoró indebidamente el
laudo arbitral parte de una imprecisión, teniendo en cuenta que esa fue la decisión
objeto del recurso de anulación. En otras palabras, si la pretensión era que se
declarara su nulidad, no es acertado ahora sostener que no fue debidamente
valorado.
De otra parte, a juicio de la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo alegados por la parte actora, en tanto como concluyó,
acertadamente, el fundamento de la decisión fue el marco jurídico colombiano no el
estadounidense, menciones de este último que tuvieron como objetivo entender el
origen de la cobertura “extensión de la falsificación”, lo cual no fue el fundamento de
la decisión, lo que igualmente ocurrió respecto del clausulado DHP84 que fue
analizado a partir de decisiones de la Corte Suprema de Justicia y disposiciones del
Código de Comercio.
Al respecto, valga indicar que en algunas ocasiones los jueces mencionan figuras o
desarrollos introducidos en otros ordenamientos jurídicos, no como fundamento de la
decisión, sino como dichos de paso, lo que se evidenció en la decisión objeto de
tutela respecto del laudo arbitral objeto del recurso extraordinario de anulación, al
señalar que la ratio decidendi tuvo como fundamento el marco normativo colombiano
y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, la Sala evidencia que la decisión proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado no es caprichosa o distante de lo probado
en el expediente, porque concluyó del análisis del laudo arbitral, objeto del
recurso extraordinario de anulación, que los fundamentos jurídicos en los que el
Tribunal de Arbitramento sustentó lo decidido en torno al alcance de la cobertura
de la “extensión de la falsificación” fue el ordenamiento jurídico colombiano y no el
estadounidense como lo considera Colpensiones, de ahí que resulte válido que la
autoridad judicial accionada no encontrara configurada la causal establecida en el
numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, lo que de contera descarta
también el defecto sustantivo alegado que fue objeto de coadyuvancia por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
6.3.2.5. Por último, Colpensiones acusó a la autoridad judicial accionada de
incurrir en la causal específica de procedencia de decisión sin motivación, por
cuanto en su sentir, inaplicó lo establecido en el numeral 7 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012, bajo una argumentación que calificó de defectuosa y
arbitrariamente insuficiente que hace imperiosa la intervención del juez
constitucional.
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Para la Sala, este reproche constitucional tampoco se configura porque la decisión
objetada sustentó de manera coherente, razonaba y argumentada las razones
jurídicas por las que el laudo arbitral no incurrió en la causal de anulación alegada,
cuestión diferente es que la parte actora no comparta las razones expuestas,
respeto de las cuales valga indicar que la acción de tutela no tiene como
pretensión realizar un juicio de corrección de la decisión, sino de validez.
Por lo tanto, no le asiste razón a Colpensiones al acusar a la autoridad judicial
accionada de haber proferido una sentencia sin motivación, que como lo señaló la
Corte Constitucional en la sentencia T-041 de 201827 se presenta cuando la
providencia cuestionada “carece de legitimación, debido a que el servidor judicial
incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que
la soportan”, en tanto, se reitera, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado expresó las razones jurídicas y fácticas en las que sustentó la decisión
de declarar desierto el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral
de 22 de diciembre de 2020.
Con todo, la Sala encuentra que no se configuraron los defectos alegados por
Colpensiones respecto de la decisión que resolvió el recurso extraordinario de
anulación, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda de tutela.
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
promovida por Colpensiones contra el Tribunal de Arbitramento conformado para
dirimir las controversias suscitadas entre Colpensiones y AXA Colpatria Seguros
S.A. por no cumplirse el presupuesta de la inmediatez y negará las pretensiones
de la demanda promovida contra la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado porque no se evidenció que en la sentencia cuestionada se hubieran
configurado los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- TÉNGASE COMO COADYUVANTE de la parte demandante a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos precisados en
la parte considerativa de esta decisión.
Segundo.- NIÉGANSE las solicitudes de coadyuvancia formuladas por los
Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público.
Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, contra el Tribunal de
Arbitramento conformado para dirimir las controversias suscitadas entre
Colpensiones y AXA Colpatria Seguros S.A., por las razones expuestas.
Cuarto.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de tutela presentada contra
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
27
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actor: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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