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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00791-00

Fecha
10 de julio de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00791-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince contra la sentencia del 28 de enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A – dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro. 13001-23-33-000-2014-00104-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las cuales se liquidarán por Secretaría. Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00791-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de julio de 2023

Radicado: 11001 03 15 000 2022 00791 00
Demandante: María Auxiliadora Barrios de Faciolince

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2022 00791 00
Demandante: MARÍA AUXILIADORA BARRIOS DE FACIOLINCE
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 1ª del artículo 250
del CPACA

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince contra la sentencia del
28 de enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que modificó el fallo del 7 de septiembre de 2018, del Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el sentido de declarar probada la excepción de «falta de
formulación de la proposición jurídica necesaria para definir de manera adecuada la
pretensión de la accionante» y negar las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos y demanda

La señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince, con fundamento en la Ley 123 de
1985, solicitó a Cajanal la sustitución de la pensión a que tenía derecho su cónyuge,
el señor Miguel Faciolince Reyes, quien falleció el 14 de junio de 1991.

Mediante Resolución nro. 22392 del 20 de septiembre de 2001, Cajanal negó la
solicitud pensional de la señora Barrios de Faciolince. Contra esa decisión interpuso
recurso de apelación, sin obtener respuesta del ente previsional, razón por la que
entendió que se negó tácitamente.

La señora Barrios de Faciolince presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los anteriores actos administrativos, los cuales fueron declarados
nulos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 13 de febrero de
2005. Decisión que confirmó el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante
sentencia del 8 de febrero de 2007.

Posteriormente, la recurrente promovió demanda ejecutiva, la cual conoció el
Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena que, mediante auto del 20 de febrero

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de 2009, libró mandamiento de pago y en proveído del 14 de abril del mismo año
dispuso seguir adelante con la ejecución.

Ejecutoriada la sentencia ejecutiva se ordenó la liquidación del crédito y Cajanal
profirió la Resolución nro. 02312 del 8 de septiembre de 2008, con la cual se sustrajo
del cumplimiento de la referida providencia.

Posteriormente, la señora Barrios de Faciolince presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la cual solicitó que se declarara nulo el numeral
primero de la Resolución 4810 del 31 de mayo de 2013, mediante el cual el
liquidador de Cajanal, calificó el crédito de la actora como quirografario cuando se
trataba de un crédito laboral.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 7 de septiembre de 2018,
declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y, como
consecuencia se inhibió para decidir de fondo el asunto, al considerar que el acto
administrativo demandado ordenó el pago a los reclamantes oportunos de los
créditos reconocidos con cargo a la masa de liquidación de Cajanal, referentes a los
créditos quirografarios. Precisó que el crédito de la señora María Auxiliadora Barrios
de Faciolince fue calificado en Resolución 4253 de mayo de 2013 y dentro de la
demanda no existe una pretensión anulatoria contra dicho acto administrativo.

La señora Barrios de Faciolince interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, pues aseguró que el Tribunal pudo acudir a sus facultades legales, para
«buscar la prueba, que según su criterio se echa de menos y cuya ausencia le sirvió
más de excusa. (…) sin que ello implique suplir vacíos atribuibles al descuido de las
partes.». Aseguró que, desconoce la Resolución 4253 de mayo de 2013, que la
autoridad judicial asegura debió demandar y en todo caso, consideró que se trata de
un acto de ejecución contra el cual no procedían recursos.

2. Sentencia recurrida en revisión

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 28 de
enero de 2021, resolvió:

“PRIMERO. - SE MODIFICA el numeral primero de la sentencia 7 de septiembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la cual declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda y se inhibió de resolver de fondo la controversia, para en
su lugar declarar probada la excepción «falta de formulación de la proposición jurídica
necesaria para definir de manera adecuada la pretensión del accionante».

SEGUNDO. - ADICIÓNESE para negar las pretensiones de la demanda instaurada por la
señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.”

Precisó que, los actos del liquidador de Cajanal EICE en Liquidación referentes a la
calificación de créditos son actos administrativos sujetos a control por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta las disposiciones
de la Ley 1437 de 2011.

Indicó que, en el caso concreto, la señora Barrios de Faciolince formuló la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución nro. 4810 del 31 de

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mayo de 2013, mediante la cual el liquidador de Cajanal EICE en Liquidación ordenó
con cargo a la masa de la liquidación del referido ente previsional, el pago de
algunos créditos, dentro de los cuales se destacó el de la señora María Auxiliadora
Barrios de Faciolince como quirografario.

Refirió que, tal y como lo dispuso el Tribunal, la calificación del crédito de la
demandante se realizó en la Resolución nro. 4253 de mayo de 2013 y no en la
Resolución nro. 4810 del 31 de mayo del mismo año. Sin embargo, señaló que, era
impreciso determinar que en el caso concreto se configuró la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda¸ porque la misma solo es viable proponerla y declararla
próspera ante la falta de requisitos formales.

Que en el sub examine la controversia se centra en la recalificación del crédito como
de orden laboral, situación que no deviene de la declaratoria de nulidad de la
Resolución 4810 de 2013, porque ese acto administrativo solo ordenó el pago de los
créditos allí referidos, de acuerdo con una calificación que se había dado con
anterioridad.

Aseguró que, no se demandó la Resolución nro. 4253 de mayo de 2013, que calificó
el crédito de la actora, pero ello no evidencia el incumplimiento de requisitos formales
de la demanda, sino “la falta de formulación de la proposición jurídica «necesaria
para definir de manera adecuada la pretensión de la accionante», evento en el que
no se funda la ineptitud de la demanda, sino la denegación de las pretensiones,
razón que impone modificar la decisión adoptada por el Tribunal”.

Finalmente, señaló que, de comprobarse la indebida notificación del acto
administrativo a la accionante, tal irregularidad genera su inoponibilidad, por lo tanto,
cuenta con la oportunidad de presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en su contra para que se recalifique su crédito.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

La señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince, el 31 de enero de 2022, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 28 de enero de 2021,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, porque
consideró que se encuentra incursa en la causal 1ª del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, “Haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.

Aseguró que, la Resolución nro. 4253 del 7 de mayo del 2013, expedida por Cajanal
EICE en liquidación, es un documento encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia, el cual no pudo aportar al proceso en la oportunidad procesal debida, por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Relató que, el 26 de febrero de 2021 bajo radicado nro. 2021400300378332,
presentó derecho de petición ante el Patrimonio Autónomo de Cajanal EICE en

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Liquidación, con el fin de que se le entregara copia de la resolución que graduó y
calificó el crédito, junto con la constancia de notificación y ejecutoria de la misma. Sin
embargo, no se dio repuesta a su solicitud.

Que, por lo anterior, promovió acción de tutela contra la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la
cual conoció en primera instancia el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de
Cartagena1, que en sentencia del 26 de abril de 2021, declaró la carencia actual de
objeto, fundada en que la accionada aportó respuesta al correo electrónico.

Añadió que, impugnó la anterior decisión, la cual fue resuelta por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena-Sala Civil- Familia, en sentencia del 26 de mayo de
2021, en la que confirmó la decisión de primera instancia, porque la UGPP indicó
que, “Así mismo verificados los aplicativos informativos con los que cuenta la UNIDAD, se
evidencio que, la constancia de notificación de la resolución No.4253 de fecha 07 de mayo
2013 y la constancia de ejecutoria de la Resolución No.4253 de fecha 07 de mayo 2013, no
se encuentran bajo custodia de esta unidad”.

Que, el 28 de mayo de 2021, presentó nueva solicitud ante la UGPP, de manera
2
virtual , insistiendo en que se le expidiera la copia de la Resolución nro. 4253 del 7
de mayo de 2013 con constancia de notificación y ejecutoria. Que, mediante Oficio
3
del 30 de junio de 2021 , recibió copia del referido acto administrativo y se le informó
que “Así mismo verificados los aplicativos informativos con los que cuenta la
UNIDAD, se evidenció que constancia de notificación de la Resolución No.4253 de
fecha 07 de mayo 2013 y la constancia de ejecutoria de la Resolución No.4253 de
fecha 07 de mayo 2013, no se encuentra bajo la custodia de esta UNIDAD.”

Indicó que, las actuaciones del Tribunal Administrativo de Bolívar y el Consejo de
Estado son violatorias del debido proceso, al proferir decisiones en las que ni declara
ni deniega la nulidad impetrada, con fundamento en un acto administrativo que jamás
le fue notificado a la parte actora y que, por tanto, no se ejecutorió y no reposó en el
expediente de la referencia lo que hizo imposible a la demandante su controversia
por acto desleal de la parte demandada.

Que la Resolución nro. 4253 de 2013, no hace mención directa al caso de la actora,
para efectos de calificar que el crédito sea de carácter laboral o no. Además, afirmó
que la carga de exhibir ese acto administrativo era de la UGPP, por lo tanto, debió
aportarlo en tiempo al proceso, para que el juez fallara con base en ello.

Añadió que por tratarse de un documento decisivo que se encontró o recobró
después de dictada la sentencia, que da lugar a proferir una decisión diferente y que
está probado que la señora Barrios de Faciolince no pudo aportarla al proceso por
fuerza mayor y/o caso fortuito, el recurso extraordinario de revisión debe prosperar.

2. Trámite procesal

1
Radicada con nro. 13-001-31-10-006-2021-00177-00.
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Recibida con radicación 2021400301149172.
3
Notificado el 1° de julio de 2021.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 00791 00
Demandante: María Auxiliadora Barrios de Faciolince

En auto del 4 de abril de 2022, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince, se ordenaron las
notificaciones de rigor4 y, por Secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo de
Bolívar, para que remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual se
tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 13001-23-
33-000-2014-00104-01.

Mediante auto del 24 de octubre de 2022, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda y se reiteró el requerimiento al Tribunal Administrativo de
Bolívar para la remisión del expediente dentro del cual se profirió la sentencia
cuestionada.

3. Contestación al recurso

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a las pretensiones del
recurso extraordinario de revisión.

Aseguró que, en el caso bajo análisis la parte actora tenía el deber de adjuntar con la
demanda los documentos que pretendía hacer valer, esto es, los actos
administrativos censurados. Que, en tal sentido, debía demostrar las gestiones
desplegadas para la obtención de las referidas pruebas, con la solicitud radicada
ante la entidad encargada de emitir el documento o en su defecto al operador judicial
donde el mismo fue aportado.

Señaló que la UGPP no tenía en custodia la Resolución 4253 de 2013, pues fue
creada únicamente con la finalidad de reconocer y administrar los derechos
pensionales de quienes se encontraban afiliados a los fondos administradores de
pensiones de naturaleza pública, los cuales se encontraban liquidados o en proceso
de liquidación, tal como aconteció con la extinta Cajanal. Que, en esa medida, no
estaría legitimada en la causa por pasiva, ya que en principio no puede declarar nulo
un acto administrativo que no fue proferido por su parte y no corresponde a las
funciones legales que le fueron asignadas por la ley.

Indicó que, cumplió con sus cargas procesales derivadas del ejercicio de sus
atribuciones legales, por lo que allegó al proceso el expediente administrativo con los
documentos que para la fecha estaban en su poder, estableciéndose de esta forma
ausencia de fuerza mayor, caso fortuito o actuar contrario de la contraparte respecto
de la prueba.

4. Concepto del Ministerio Público

El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se declarara
infundado el recurso extraordinario de revisión, por lo siguiente:

Afirmó que en la Resolución 810 del 31 de mayo de 2013, acto que se demandó en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se citaron las resoluciones en

4
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, al Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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las cuales efectuó la calificación de las reclamaciones presentadas oportunamente y
los procesos ejecutivos acumulados en forma oportuna del proceso liquidatorio de
Cajanal, por lo tanto, se podía inferir que no era un acto administrativo definitivo.
Que, en esa medida, la recurrente no agotó la carga impuesta en el numeral 10 del
artículo 78 del Código General del Proceso, en el sentido de solicitar, con antelación
a la demanda, la copia de esas resoluciones para establecer en debida forma el acto
administrativo definitorio de su situación, a efecto de incoar el medio de control con la
pretensión adecuada al respectivo acto.

Que la actora no demandó la nulidad de la Resolución 4253 de 2013, acto definitivo
que calificó el crédito, prueba que ahora alega como recaudada. En ese orden,
consideró que, si en gracia de discusión se aceptara que se trata de una prueba
recobrada, ello no conllevaría a una decisión judicial distinta a la censurada con el
recurso extraordinario de revisión, puesto que no podría el juez declarar la nulidad de
un acto que no fue objeto de las respectivas pretensiones declarativas.

En cuanto a la afirmación de la recurrente, referente a que la Resolución 4253 de
2013, no hace mención a su caso concreto, a efectos de definir si el crédito era de
carácter laboral o no, de ser cierto su alegato, la causal que debió invocar en el
recurso extraordinario de revisión es la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, por violación del debido proceso, alegando y acreditando entonces que
hubo un indebido juicio valorativo del juez de segunda instancia, lo cual tampoco
aparece invocado o alegado en el presente recurso.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.

El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince contra la sentencia del 28 de enero
de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2. Oportunidad del recurso

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El recurso extraordinario de revisión se presentó el 31 de enero de 2022, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia5.

Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 16 de febrero
de 20216 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 31 de enero de 2022, es
claro que la demanda se presentó dentro del término.

3. Legitimación en la causa

Respecto de la señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince recae el interés
jurídico que se debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante
vencida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto
de reproche.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, está legitimada, pues
fue parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la
acción extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 1ª del
artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA7.

5
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
6
Según consta en el índice 23 de SAMAI.
7
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.

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Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material8, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres9, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley10.

5. Del alcance de la causal primera: -“Haberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.

De la lectura del numeral 1 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) tratarse de
documentos decisivos que se hayan “encontrado” o “recobrado”; (ii) los
documentos deben ser encontrados o recuperados después de haberse proferido
la sentencia; (iii) tener la entidad suficiente para hacer variar la decisión y, (iv) la

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
8
Sentencia C-418 de 1994.
9
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
10
Ibídem.

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causa por la que no se aportaron debe obedecer a “fuerza mayor”, “caso fortuito” o
“por obra de la parte contraria”.

Por lo tanto, la causal únicamente admite la aparición de pruebas documentales
después de proferida la sentencia, que de haber existido durante el trámite del
proceso cuestionado, habría sido otra la decisión, es decir, solo resultan admisibles
aquellos medios probatorios documentales con vocación de hacer variar el sentido
de la decisión y que no hayan podido ser aportados en el momento procesal
correspondiente por causas de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

Quiere decir lo anterior que, al margen de la importancia e incidencia de los
documentos en el sentido de la decisión, si no se aportaron con oportunidad, por
negligencia, olvido o inactividad del interesado, la causal no está llamada a
prosperar, salvo que tal omisión atienda a una circunstancia de fuerza mayor, caso
fortuito o sea atribuible a la contraparte.

Luego, será la parte interesada a quien le atañe demostrar que la omisión en aportar
los medios probatorios pertinentes obedeció a alguna de dichas causas, sin que sea
posible entonces invocar la causal para subsanar la desidia, negligencia o inactividad
de las partes en aportar o solicitar los medios probatorios.

6. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 28 de enero de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 13001-23-33-000-2014-00104-01, está incursa en la causal de revisión
prevista en el numeral 1° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.

7. De la solución al problema jurídico planteado

La señora María Auxiliadora pidió que se dejara sin efecto la sentencia del 28 de
enero de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, que modificó el fallo del 7 de septiembre de 2018, proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el sentido de declarar probada la excepción de «falta de
formulación de la proposición jurídica necesaria para definir de manera adecuada la
pretensión de la accionante» y negar las pretensiones de la demanda referente a que
se calificara su crédito como laboral y no quirografario, porque considera que está
incursa en la causal primera del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, haberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Lo anterior, al señalar que solicitó a la UGPP que aportara copia de la Resolución
4253 del 7 de mayo de 2013, así como su constancia de ejecutoria, pero que la
entidad solo lo entregó hasta el 1° de julio de 2021, es decir con posterioridad a la

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Demandante: María Auxiliadora Barrios de Faciolince

fecha en que se dictó la sentencia de segunda instancia. Por tanto, argumentó que
esa resolución existía antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero que,
debido a la inadecuada conducta de la entidad demandada, que no la aportó a
tiempo, y ante la imposibilidad de la demandante para acceder a él, este no pudo ser
objeto de análisis en el proceso ordinario.

De entrada, la Sala anticipa que los documentos que aporta la señora Barrios de
Faciolince al recurso extraordinario de revisión hacen improcedente la configuración
de la causal invocada, porque carecen de todas las condiciones descritas en
precedencia para el efecto.

La actora aduce como prueba documental decisiva “para obtener un fallo diferente”,
la Resolución nro. 4253 del 7 de mayo de 2013, “por medio de la cual el Liquidador
de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN decide sobre la aceptación o rechazo de
algunas solicitudes de reconocimiento y pago de sumas de dinero con cargo a la
masa de la liquidación, cobradas a través de los procesos ejecutivos, demandas
ejecutivas o solicitudes de ejecución, acumulados de forma oportuna al proceso
liquidatorio de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN”, que dispuso, entre otras cosas:

“(…)
CAPÍTULO VI
RECLAMACIONES OBJETO DE DECISIÓN EN EL PRESENTE ACTO
ADMINISTRATIVO

(…)
SEPTUAGÉSIMO QUINTO: Que teniendo en cuenta que la presente Resolución se
incluyen los procesos ejecutivos, demandas ejecutivas y solicitudes de ejecución
acumulados en forma oportuna al proceso liquidatorio de CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN, que fueron objeto de pronunciamiento inicial a través de las Resoluciones
1011 del 26 de diciembre de 2011 y la Resolución 3114 del 7 de marzo de 2013, este
acto administrativo cuenta con los siguientes anexos:

(…)
En el Anexo 8 del presente acto administrativo se incluyen las demandas ejecutivas,
solicitudes de ejecución o procesos ejecutivos acumulados oportunamente al proceso
liquidatorio, frente a los cuales se determinó la procedencia del reconocimiento y pago de
los créditos ejecutados en cada caso, exclusivamente en lo referido a los intereses,
costas y agencias en derecho.

(…)
CAPÍTULO VIII
CRÉDITOS APROBADOS CON CARGO A LOS BIENES QUE INTEGRAN LA MASA DE
LIQUIDACIÓN DE CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que dentro del término señalado en el numeral
cuadragésimo primero de la presente resolución, se presentaron y aprobaron
reclamaciones con cargo a los bienes y derecho que integran la masa de la liquidación de
CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN de las siguientes clases.

ACREENCIAS DE QUINTA CLASE: Corresponden a las sumas que adeuda la entidad, a
las cuales la Ley no ha reconocido ninguna preferencia para el pago. Dichas
reclamaciones se determinan y valoran, como se establece en los anexos uno (1), dos
(2), cuatro (4), cinco (5), siete (7) y ocho (8) del presente acto administrativo.

(…)
RESUELVE:

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Demandante: María Auxiliadora Barrios de Faciolince

(…)
ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER Y ADMITIR TOTALMENTE con cargo a la masa
de la liquidación de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN los créditos quirografarios que
se relacionan en el anexo ocho (8) del presente Acto Administrativo, en los que se
reconocen acreencias por concepto de intereses, y costas y agencias en derecho, de
acuerdo con las consideraciones efectuadas en el Capítulo VI del mismo.
(…)”

Lo primero que la Sala debe precisar es que el documento al que alude la parte
actora no tiene la calidad de recobrado o recuperado, pues pudo ser solicitado y
aportado antes de la expedición de la sentencia de segunda instancia. Si bien las
certificaciones que expidió el liquidador de Cajanal EICE en Liquidación son del año
2013, lo cierto es que la demandante pudo solicitarla con anterioridad al 28 de enero
de 2021, fecha en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
profirió la decisión de segunda instancia.

Dentro del escrito del recurso extraordinario de revisión, la actora relata algunas
actuaciones que adelantó ante la UGPP – sucesora procesal de Cajanal EICE -, con
el fin de que se le expidiera copia de la Resolución nro. 4253 del 7 de mayo de 2013,
así como su constancia de ejecutoria, pero las mismas son posteriores a la sentencia
de segunda instancia.

Además, las autoridades judiciales tanto en primera como segunda instancia
señalaron que en la parte motiva de la Resolución nro. 4810 del 31 de mayo de 2013
• acto administrativo demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho -, se indicó que «a través de las resoluciones (…) 4253 del 47 (sic) de mayo
de 2013, el Liquidador –de CAJANAL en liquidación- efectuó la calificación de las
reclamaciones presentadas oportunamente y los procesos ejecutivos acumulados en
forma oportuna del proceso liquidatorio de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN», lo
cual evidenciaba que el acto demandado no era definitivo, ni era el que había
calificado el crédito de la señora Barrios de Faciolince como quirografario.

Sin embargo, la recurrente pasó por alto explicar las razones por las que no solicitó
las certificaciones con anterioridad a la presentación de la demanda o en el trámite
de nulidad y restablecimiento del derecho, en las oportunidades procesales
correspondientes.

Por otra parte, la recurrente aseguró que el referido acto administrativo, que ahora
aduce como prueba recaudada, no le fue notificado y ello imposibilitó que lo
demandara y aportara al proceso, se precisa que tal asunto debió plantearse dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, actuación que no se desplegó
y que, en todo caso, resulta ajena a la causal de revisión invocada, y solo da cuenta
de la intención de la señora Barrios de Faciolince de subsanar sus falencias en
materia probatoria.

En ese orden, tampoco demostró que dicha omisión atendiera a circunstancias de
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, debiendo acreditarlo para
la procedencia de la causal, pues como lo ha previsto ésta Corporación, la prueba
debe establecer que verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron

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imposible aportar al proceso el documento11, de tal forma que no pueda el recurrente
suplir su falta de actividad probatoria a través de un medio extraordinario de
impugnación, como es el recurso de revisión.

Igualmente, el argumento de la actora, según el cual la Resolución nro. 4253 del 7 de
mayo de 2013, no define su situación en particular, no se entrará a analizar en tanto,
no se encausa en la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA.

En otras oportunidades12 se ha precisado que no es viable que se sustente la causal
del numeral primero del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, con documentos que
pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales
correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no está previsto para
subsanar errores o actitudes negligentes de las partes respecto a la carga
probatoria13.

Por otra parte, se evidencia que dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho no se demandó la Resolución nro. 4253 de 2013, que definió la situación de
la señora Barrios de Faciolince, referente a la calificación de la naturaleza del crédito
originado en la sentencia de condena a su favor.

Entonces, la decisión de las autoridades judiciales habría sido exactamente la
misma, en tanto no podrían haber declarado la nulidad de un acto administrativo que
no fue demandado, Así, queda desestimado el argumento del recurso, según el cual
dicho acto administrativo es un documento decisivo que hubiese conllevado a
adoptar una decisión diferente.

De la lectura del recurso de revisión, se observa que lejos de sustentar la aparición
de documentos de entidad suficiente para hacer variar la decisión, lo que hace es
cuestionar la decisión del juez de instancia, como si el recurso extraordinario de
revisión se constituyera en una especie de instancia adicional para revivir
discusiones jurídicas e incorporar material documental respecto de un asunto que se
encuentra definido por el juez natural de conocimiento.

Se recuerda que el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional
para controvertir la legalidad de los actos demandados en el proceso ordinario sino
para analizar, con base en las taxativas causales de procedencia del recurso, si debe
romperse o no la cosa juzgada.

Siendo así, el documento a que hizo referencia la señora Barrios de Faciolince no
reúne las condiciones para atribuirle el carácter de prueba encontrada o recobrada,
como tampoco acreditó que se dejó de aportar por circunstancias de fuerza mayor,
caso fortuito o por obra de la parte contraria, por consiguiente, en el presente caso
no se encuentra configurada la causal primera del artículo 250 del CPACA.

11
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de noviembre de 2005.
Rad.: 1999 - 00218. M.P. Héctor J. Romero Díaz.
12
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión. Sentencia del 7
de mayo de 2019, exp. 2017-03100-00, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
13
Ver entre otras las siguientes providencias. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencias del 4 de mayo de 1994, Exp. REV-054, del 1° de diciembre de 1997; Exp. REV-117,
del 26 de julio de 2005, Exp. 1998- 00177

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8. Condena en costas

El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021, prevé que “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”. Dicha norma es aplicable en el presente caso, teniendo en
cuenta que, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en su vigencia – 11 de
agosto de 2022-.

Acorde con el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo
habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ibidem
“cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.

Como está probada la intervención de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el
escrito de oposición del recurso, en cumplimiento del numeral 4 del artículo 366 del
Código General del Proceso, se condenará en costas por concepto de agencias en
derecho, en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de ejecutoria de la presente providencia, atendiendo los criterios y tarifas
establecidos por el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo número PSSAA16-10554 de
2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura14. Lo anterior, teniendo en
cuenta, la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado
de la demandada en el trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el
plenario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
señora María Auxiliadora Barrios de Faciolince contra la sentencia del 28 de
enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A – dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con nro. 13001-23-33-000-2014-00104-01, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, las cuales se liquidarán por Secretaría.

Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

14
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 00791 00
Demandante: María Auxiliadora Barrios de Faciolince

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES

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