Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00794-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00794-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
24 de marzo de 2022
Demandantes: Carlos Eduardo Céspedes Hoyos y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Rad: 11001-03-15-000-2022-00794-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00794-00
Demandantes: CARLOS EDUARDO CÉSPEDES HOYOS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por los señores
Carlos Eduardo Céspedes Hoyos, Nesly Yamileth Triviño Bustamante, Geraldine
Céspedes Triviño y Lilia Hoyos Ruíz contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril
de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Los señores Carlos Eduardo Céspedes Hoyos, Nesly Yamileth Triviño
Bustamante, Geraldine Céspedes Triviño y Lilia Hoyos Ruíz, mediante apoderada
judicial, interpusieron acción de tutela1 con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la seguridad jurídica
La parte actora estimó vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 11 de agosto de 2021, mediante la cual se revocó la
1 La acción de tutela se presentó el 31 de enero de 2022 a través de la aplicación para radicación
de tutelas en línea.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda
interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación directa iniciado por los
demandantes contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
dentro del expediente con número de radicación 76001333300120180009800/01.
En consecuencia, el demandante solicitó:
“PRIMERA.- AMPARAR a los suscritos a sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la administración de justicia e indebida apreciación
probatoria y a la seguridad jurídica vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso con radicado 76 001
33 33 001 2018 00098 01 con el proferimiento de la sentencia judicial de
segundo grado.
SEGUNDA.- Como consecuencia de la protección Constitucional en vía de
tutela, DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia de segundo grado emitida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
TERCERA.- Consecuencialmente, ORDENAR al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que dentro del término improrrogable de diez (10) días
contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profiera
nueva sentencia accediendo a las pretensiones de la demanda, en los
términos del análisis efectuado en primera instancia.” (Sic para toda la cita).
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Afirmaron que interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa y
patrimonial del Estado por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados
como consecuencia de las lesiones personales que padeció el señor Carlos
Eduardo Céspedes Hoyos en los hechos ocurridos el 6 de marzo de 2016 en un
procedimiento policivo por parte de miembros uniformados de la Policía Nacional.
Señalaron que el proceso fue tramitado en primera instancia por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, autoridad judicial que profirió
sentencia el 19 de septiembre de 2019, providencia en la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Expusieron que la decisión anterior se basó en que se encontró probada la falla en
la prestación del servicio durante la realización del procedimiento policial, puesto
que se presentó un uso desmedido de la fuerza para controlar la situación que se
presentó el 6 de marzo de 2016 a las afueras de la discoteca “Juanchos” en el
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Corregimiento de Juanchito del Municipio de Candelaria, en el Departamento del
Valle del Cauca.
Añadieron que el juez de primera instancia encontró demostrado que en el
operativo policial se lesionó al señor Céspedes Hoyos mientras se encontraba a
disposición o en el traslado por protección por parte de uniformados de la
institución. Para llegar a esa conclusión se tuvieron en cuenta las declaraciones de
unos miembros de la Policía Nacional, las irregularidades en las anotaciones que
se registraron en los libros de población existentes dentro de la subestación de la
policía, el hecho de que no fue trasladado de manera inmediata a un centro
hospitalario y la omisión en la información a sus familiares.
Indicaron que la parte demandada interpuso el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y el mismo fue tramitado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Señalaron que el juez de segunda instancia decidió revocar la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali ya que encontró
probada la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.
Precisaron que el fallo del tribunal se fundamentó en que en el proceso se
demostró que las lesiones del señor Céspedes Hoyos fueron originadas en una
riña en la que participó activamente durante un evento público, y no como
consecuencia del actuar de la Policía Nacional.
3. Sustento de la vulneración
Indicaron que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró sus derechos fundamentales al revocar la decisión de primera
instancia bajo el argumento de que la prueba allegada al proceso era insuficiente
para demostrar los hechos que fundamentaron la demanda y que no se cumplió
con la carga de la prueba.
Explicaron que el Código General del Proceso establece que el juez al decretar las
pruebas, cuando se practiquen o en cualquier momento del proceso puede, de
oficio o a petición de parte, distribuir la carga para que los hechos que sustentan
las pretensiones y excepciones sean probados por la parte que se encuentre en
una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
controvertidos.
Mencionaron que durante el trámite judicial se aportaron las pruebas que tenían a
su alcance y se solicitaron otras que también fueron decretadas, como la copia de
la investigación disciplinaria con radicado número SIJUR MECAL 2018-59, la
copia de la minuta del puesto de la subestación de policía y los testimonios de los
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agentes de la policía que se encontraban en el operativo policial el día de los
hechos, con lo cual se demuestra la actividad probatoria.
Señalaron que en el caso en estudio, la autoridad judicial demandada incurrió en
un defecto fáctico porque no tomó en conjunto las pruebas allegadas al proceso y
no evidenció las inconsistencias encontradas dentro de las declaraciones de los
testimonios rendidos en el proceso disciplinario y en los practicados en el trámite
judicial.
Sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no valoró las
pruebas aportadas en su totalidad con lo cual se incurrió en una indebida
apreciación probatoria puesto que no tuvo en cuenta lo siguiente:
a. Con la declaración rendida por el señor Jonny Germanio Villota Calderón, tanto
en el proceso disciplinario como en el proceso de reparación directa, se
demostraron una serie de inconsistencias y contradicciones toda vez que como
comandante de la Subestación de Policía de Juanchito no dejó constancia, en el
libro de población, del estado en que ingresó y salió el señor Carlos Eduardo
Céspedes y la forma en que se realizó dicho ingreso, pese a que era parte de sus
obligaciones.
b. Lo expresado por el señor Yon Kenedy Caracas Charrupi presentaba graves
contradicciones al afirmar que siempre estuvo pendiente de la persona que se
había trasladado a la subestación, pero no se dejó plasmado en el libro de
minutas, en tiempo real, las condiciones de ingreso y salida del señor Céspedes
Hoyos y que dicha anotación solo se realizara 4 horas después del ingreso.
Tampoco fue claro en precisar en qué condiciones fue llevado a la subestación ni
si estaba acompañado o no.
c. Las manifestaciones rendidas por el señor Sandro Mauricio Tasama Salazar en
el proceso disciplinario, puesto que estas también presentaban inconsistencias, ya
que omitió que había varios heridos y además que dentro del operativo la persona
que él señala no fue identificada.
d. Las declaraciones rendidas por el señor James Ospina Cumbal fueron mal
interpretadas porque lo que manifestó en el proceso disciplinario fue que él
evidenció que golpearon a un sujeto con una silla pero que no identificaba a la
persona, ni existe registro de que haya hecho parte de los empleados de la
discoteca o de los policías que estaban en el lugar. Además, este señaló que
acudió ante la Inspección de Policía de Candelaria a poner un denuncio con la
finalidad de poner en conocimiento los daños causados y que fue la policía quien
le suministró los nombres de las personas involucradas en la riña.
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e. En las manifestaciones expuestas por el señor Humberto Serna Agudelo afirmó
que se encontraba con el administrador del concierto cuando los llamaron y se
dirigieron al lugar donde se presentó la pelea y que no vio a la persona que
reportaron como herida, con lo cual demuestra con claridad que no fue testigo
presencial de los hechos y por eso se desvirtúa la afirmación de que el señor
Céspedes Hoyos fue herido por civiles en el altercado.
f. La declaración rendida por el señor Iván Felipe Gómez Moncada en el proceso
disciplinario no es clara, toda vez que señaló que el equipo de logística le informó
por radioteléfono que se estaba presentando una pelea en la zona VIP y
posteriormente manifestó que la persona que sacaron del establecimiento fue el
que inició el altercado y que este le pegó un golpe en la cara, pero no hay
constancia del reporte en el que identificara al agresor ni mucho menos que
certifique su lesión en la cabeza. Por el contrario, con los testimonios rendidos por
los agentes de policía se informó que ellos llevaron al señor Céspedes Hoyos sin
mencionar que este había agredido a nadie.
Expusieron que las contradicciones en que se incurrió también pueden
contrastarse con pruebas documentales como el oficio con radicado número 2016-
127/ESTPO-1-SUBPO 6-1.10 del 8 de abril de 2016 suscrito por la Policía
Nacional en el que se mencionó:
a. Que el señor Céspedes Hoyos fue trasladado a la Subestación de Policía de
Juanchito por riña y escándalo en la vía pública, pero no se indicó que fue
trasladado para el centro médico más cercano.
b. Que el administrador y el encargado del sitio pidieron apoyo a las unidades de
policía por un altercado que causó varios daños para que se ayudara a retirar del
sitio a esas personas, entre ellas varias mujeres quienes habían fomentado la
disputa y que entre ellas se habían causado heridas en el rostro.
c. Que se observaron varias personas heridas entre ellos uniformados de la policía
quienes fueron atendidos por la ambulancia que se encontraba de servicio en el
lugar.
d. Que las personas involucradas fueron llevadas por la patrulla y personal que se
encontraba apoyando el evento como medida de protección y prevención.
e. Que en la subestación había varios uniformados ello de conformidad con el
registro de un celular que contenía una grabación realizada por un funcionario de
ese lugar que se encontraba en turno ese día.
Precisaron que también se aportó una queja policiva presentada por el señor
James Ospina, el administrador de la discoteca y allí se aportó el nombre de 3
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personas que se vieron involucradas en los hechos.
Concluyeron que si bien el señor Céspedes Hoyos estuvo involucrado en los
acontecimientos del 6 de marzo de 2016, lo cierto es que la demandada más allá
de indicar que se tuvieran en cuenta las declaraciones rendidas en el proceso
disciplinario no allegó los registros de las comunicaciones de radio, los reportes
con información clara y contundente ni otras pruebas que demostraran que el hoy
demandante presentaba una herida visible en el rostro al momento de salir de las
instalaciones de la discoteca, pese a que estaba en mejor posición para
aportarlas.
Añadieron que la autoridad judicial demandada no realizó una completa valoración
del material probatorio y basó su decisión en declaraciones que presentaban
inconsistencias porque nunca se verificó la identificación de la persona y se
demostró que había más personas que fueron trasladadas a la subestación de las
cuales no tomaron registros pero les suministraron datos al encargado para
interponer la queja policiva.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 22 de febrero de 2022, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
Además, se ordenó la vinculación del ministro de Defensa Nacional, del director
General de la Policía Nacional y del juez Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Cali.
5. Argumentos de defensa
5.1. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Mediante el jefe del Área Jurídica del Grupo de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
General de la Policía Nacional se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la
demanda en los siguientes términos:
Explicó que los argumentos que sustentan la solicitud de amparo son
apreciaciones subjetivas sin ningún fundamento probatorio que permitan
evidenciar una actuación fuera del marco de la ley de los uniformados
involucrados en los hechos acaecidos el 6 de marzo de 2016, siendo importante
aclarar que la misión de la institución es la de lograr la convivencia pacífica de los
miembros de la sociedad, lo cual la faculta para reaccionar ante hechos donde se
genere peligro y riesgo como en la riña donde estuvo involucrado el señor Carlos
Eduardo Céspedes Hoyos.
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Expuso que en el caso en estudio no se presentaron los elementos de juicio para
demostrar que el daño reclamado era imputable a la Policía Nacional.
5.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Pese a haber sido debidamente notificados guardaron silencio2.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20154, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante al incurrir en un defecto fáctico.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6, y en ella
concluyó:
2 Notificación que se puede verificar en el índice 13 del expediente digital, el cual puede
consultarse en el siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202200794001100103.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
5 Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.”7 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia8 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate
de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado; iii) inmediatez y iv) relevancia
constitucional.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
7 Ibídem.
8 Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
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improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.4.1. No se trata de una tutela contra una decisión de igual naturaleza, puesto
que la providencia que censura la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa que promovió el señor Carlos Eduardo Céspedes Hoyos y otros
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, identificado
con el radicado número 76001333300120180009800/01.
2.4.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que la sentencia enjuiciada se dictó el 11 de agosto de 2021,
notificada mediante correo electrónico enviado el 17 del mismo mes y año, por lo
que es claro que la decisión censurada quedó ejecutoriada el 23 de agosto de
2021.
En tales condiciones, como la solicitud de tutela se presentó el 31 de enero de
2022, es claro que, entre la fecha de ejecutoria de la decisión acusada y la
presentación del escrito de tutela que ahora se analiza, transcurrió un término que
se considera razonable.
2.4.3. Respecto a la subsidiariedad, la Sala encuentra que los demandantes no
disponen de otros medios de defensa judicial ordinarios para censurar el proveído
proferido por la aludida autoridad judicial, en tanto que la sentencia del 11 de
agosto de 2021 desató el recurso de apelación debidamente interpuesto.
Tampoco se evidencia la procedibilidad de los recursos extraordinarios de revisión
y de unificación de jurisprudencia, ya que las razones que sustentan su solicitud
de amparo no se ajustan a las reglas de procedencia de estos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 248 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
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2.4.4. Por último, se advierte que los reparos contra la providencia cuestionada
pretenden poner de presente las irregularidades en que incurrió la autoridad
judicial demandada al dictarla, en tanto compromete garantías de orden superior,
más allá del debate legal surtido en las instancias ordinarias, por lo que el asunto
es relevante desde el punto de vista constitucional.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el caso en concreto, sin perjuicio
de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.
2.5. Caso concreto
De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que los señores Carlos
Eduardo Céspedes Hoyos, Nesly Yamileth Triviño Bustamante, Geraldine
Céspedes Triviño y Lilia Hoyos Ruíz manifestaron que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, al dictar la providencia objeto de reproche, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la seguridad jurídica, toda vez que al revocar la providencia proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala tendrá en cuenta lo siguiente:
2.5.1. Sentencia enjuiciada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia del Juzgado
Primero Administrativo de Cali que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda presentada por los señores Carlos Eduardo Céspedes Hoyos y otros
para que se declarara administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional por los daños causados en los hechos
ocurridos el 6 de marzo de 2016 donde el señor Céspedes Hoyos resultó herido,
presuntamente, por parte de los miembros de la fuerza pública.
Una vez analizada la Historia Clínica número 60573413 expedida por la Clínica
Esimed Cali Norte y el Informe Pericial número GRCOPPF-DRSOCCDTE-03553-
2016, realizado el 7 de marzo de 2016 de la Clínica Forense, la autoridad judicial
demandada encontró acreditado el daño, esto es, las lesiones físicas sufridas por
el señor Carlos Eduardo Céspedes Hoyos.
Para verificar la responsabilidad del Estado en la causación del daño, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca tuvo en cuenta la denuncia formulada por el
señor Carlos Eduardo Céspedes Hoyos ante la Fiscalía General de la Nación por
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el delito de lesiones y la queja disciplinaria presentada el 2 de mayo de 2016 ante
la Procuraduría General de la Nación por los hechos ocurridos el 6 de marzo de
2016.
Explicó que, dentro del trámite de la queja disciplinaria se abrió investigación
preliminar con radicado número P-MECAL-2019-59 la cual terminó con el archivo
definitivo. En este proceso se presentaron diferentes declaraciones las cuales
fueron rendidas bajo la gravedad del juramento.
La autoridad judicial demandada transcribió las declaraciones rendidas por el
señor Carlos Eduardo Céspedes Hoyos, James Ospina Cumbal, Luis Humberto
Serna Agudelo e Iván Felipe Gómez Moncada, así como de los miembros de la
Policía Nacional, los patrulleros Yesid Jonny Germano Villota Calderón, Yon
Kenedy Caracas Charrupí y el intendente jefe Sandro Mauricio Tasama Salazar.
Del análisis de las pruebas mencionadas, el tribunal explicó que si bien coinciden
en que los hechos ocurrieron en el amanecer del día 6 de marzo de 2016, lo
afirmado por el señor Céspedes Hoyos respecto del origen de sus lesiones no
coincide con las declaraciones de los policías que intervinieron para controlar la
riña y las del personal de logística del evento donde se presentaron golpes con
objetos como sillas.
Concluyó, entonces, que el daño padecido por el señor Céspedes Hoyos no
resultaba atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional porque no fue probado, más allá de la simple afirmación del demandante,
que en efecto los policías le propinaron unos golpes y, por el contrario, se
demostró la culpa determinante de la víctima.
Añadió que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que exige que las
partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen, esto es, que no basta con afirmar en la demanda la
existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento de
sus obligaciones y deberes legales a su cargo para que el juez profiera una
sentencia condenatoria, sino que en el proceso deben aportarse las pruebas
necesarias para acreditar las afirmaciones que hizo en la demanda y que le
permiten imputar tal responsabilidad a la entidad demandada.
2.5.2. Defecto fáctico
Esta Sala de Decisión9, en varios pronunciamientos, ha precisado los alcances y
9 Revisar, entre otros, la providencia proferida el 12 de noviembre de 2015, en el proceso No.
11001-03-15-000-2015-01471-01, actor Jaime Rodríguez Forero. Consejera Ponente Dra. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez o la sentencia del 13 de febrero de 2020, expediente 11001-03-15-
000-2020-00073-00, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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requisitos que deben cumplirse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, para concluir que este se configura
cuando: i) existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) se desconoce el acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por
las partes; iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
En el caso en estudio, en criterio de los demandantes, se presenta un
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados porque las declaraciones que fundamentaron la decisión
mostraban inconsistencias con lo manifestado por las mismas personas en los
testimonios rendidos dentro del proceso judicial, especialmente las rendidas por
los miembros de la Policía Nacional Yesid Jonny Germano Villota Calderón, Yon
Kenedy Caracas Charrupí y Sandro Mauricio Tasama Salazar y por uno de los
organizadores del evento, el señor James Ospina Cumbal.
Además, precisaron que los señores Luis Humberto Serna Agudelo e Iván Felipe
Gómez Moncada también incurrieron en imprecisiones en sus manifestaciones,
por lo que no podían tenerse en cuenta sus declaraciones.
Asimismo, señalaron que las declaraciones rendidas en el proceso disciplinario
evidencian contradicción con pruebas documentales como el oficio con radicado
número 2016-127/ESTPO1-SUBPO 6-1.10 del 8 de abril de 2016 suscrito por la
Policía Nacional y la queja policiva presentada por el señor James Ospina.
Al revisar la sentencia atacada, la Sala constató que la autoridad judicial
demandada tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por los miembros de la
Policía y por los organizadores del evento en el marco del proceso disciplinario
adelantado por la Procuraduría General de la Nación porque estos fueron rendidos
bajo la gravedad del juramento.
La conclusión de revocar la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali se basó en que las
afirmaciones del señor Carlos Eduardo Cepeda Hoyos respecto de que los
miembros de la Policía Nacional lo habían agredido físicamente no estaban
debidamente probadas en el expediente, puesto que si bien el demandante había
rendido su versión ante la Procuraduría General de la Nación, en la denuncia
penal ante la Fiscalía General de la Nación y en la institución que lo atendió en
urgencias, lo cierto es que sus declaraciones eran incoherentes en relación con lo
manifestado por los patrulleros Yesid Jonny Germano Villota Calderón, Yon
Kenedy Caracas Charrupí y el intendente jefe Sandro Mauricio Tasama Salazar y
por los señores James Ospina Cumbal, Luis Humberto Serna Agudelo e Iván
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Felipe Gómez Moncada, estos últimos miembros del grupo organizador del evento
en el que se presentó la riña.
De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que el estudio de las declaraciones
rendidas por los miembros de la Policía Nacional dentro del proceso disciplinario
fueron contrastadas con las declaraciones de los señores Luis Humberto Serna
Agudelo e Iván Felipe Gómez Moncada, así como con lo manifestado por el señor
Céspedes Hoyos y con lo consignado en su historia clínica, pruebas que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló como suficientes para concluir
que la parte actora no probó que las lesiones sufridas por el señor Carlos Eduardo
habían sido causadas por agentes de la Policía Nacional, estudio que esta
Sección considera razonable y acorde a las reglas de la sana crítica.
La providencia atacada fue clara en indicar que las manifestaciones del señor
Céspedes Hoyos fueron desvirtuadas por las declaraciones de los agentes de la
Policía y de los organizadores del evento y que no estaba demostrado el hecho de
que este hubiese sido maltratado por miembros de la fuerza pública, por tanto,
como la carga de la prueba de dicha circunstancia estaba en cabeza de los
demandantes, porque es del resorte de la parte actora demostrar los elementos de
la responsabilidad del Estado para que así el juez contencioso administrativo
pueda declarar la responsabilidad estatal, no era posible atribuir el daño
acreditado a la entidad demandada.
Sobre este estudio, la Sala considera que está de acuerdo con las normas
procesales de la carga de la prueba y que solo es posible declarar la
responsabilidad del Estado cuando se encuentra plenamente demostrados los
elementos de esta, razón por la cual la decisión proferida por la autoridad judicial
demandada está acorde con las disposiciones que regulan el trámite judicial y, se
reitera, el estudio probatorio es razonable y ajustado a las reglas de la sana crítica.
Resulta pertinente enfatizar que lo que se evidencia en el caso en estudio es una
inconformidad de los demandantes en relación con las conclusiones a las que
arribó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pero esta diferencia no es
razón para que el juez constitucional intervenga, pues, aceptar lo contario
implicaría una sustitución arbitraria y desconocería el principio de autonomía
judicial del juez natural.
En atención a lo expuesto, esta Sección considera que no existió indebida
valoración alegada por los demandantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: Niégase la solicitud de tutela elevada por los señores Carlos Eduardo
Céspedes Hoyos, Nesly Yamileth Triviño Bustamante, Geraldine Céspedes Triviño
y Lilia Hoyos Ruíz interpuesta contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, conforme a lo señalado en las consideraciones de este proveído.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a
la notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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