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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00798-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00798-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social de la señora Elsa Plazas Chaparro, cuya protección solicitó a través de la acción de tutela instaurada en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y ordenarle que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia judicial, dicte una nueva decisión, de conformidad con lo aquí expuesto. Tercero: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00798-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de marzo de 2022

Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 0 79 8- 0 0
Ac c io n a nt e: Els a Pl az as Ch a pa rro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

F.T: 72
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00798-00
Accionante: ELSA PLAZAS CHAPARRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en recurso
extraordinario de revisión, en la que se declaró fundado y se infirmó la sentencia
controvertida. Amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Rosa de Viterbo,
mediante sentencia del 31 de mayo de 2012, concedió las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la señora Elsa
Plazas Chaparro en contra de la Caja Nacional de Previsión Social1. En
consecuencia, primero, declaró la nulidad parcial de las resoluciones 38430 del 4
de agosto de 2006, por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación, y
PAP052619 del 11 de mayo de 2011, que resolvió el recurso de reposición frente
al primer acto administrativo y, segundo, ordenó la reliquidación pensional, con
base en el 75 % del promedio de todo lo devengado en el último año de servicios.

1 Hoy Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

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b) Recurso extraordinario de revisión

El 12 de junio de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) formuló
recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 31 de
mayo de 2012 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa
Rosa de Viterbo, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales “a” y
“b” del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

El 25 de noviembre de 2021 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, declaró fundado el recurso; infirmó la decisión proferida por el Juzgado
mencionado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que instauró la señora Elsa Plazas Chaparro.

c) Inconformidad

La accionante Elsa Plazas Chaparro consideró que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y los derechos de
las personas de la tercera edad y desconoció los principios constitucionales de
legalidad, seguridad jurídica, cosa juzgada, favorabilidad en materia laboral e
irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad pensional. Para el efecto, indicó
que aquella desatendió las reglas y lineamientos fijados en la jurisprudencia de la
corporación de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo respecto al
plazo con el que contaba la UGPP para interponer el recurso extraordinario de
revisión y, en ese sentido, pasó por alto que la entidad asumió el cumplimiento de
las sentencias en las que se condenó a Cajanal a partir del 8 de noviembre de
2011 y no del 12 de junio de 2013, razón por la cual desde la primera fecha debió
contarse el término de los cinco años.

Así mismo, manifestó que la Subsección accionada incurrió en un defecto
sustantivo, por indebida interpretación del literal “b” del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, causal en que fundamentó la sentencia, comoquiera que su procedencia
está supeditada a que la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido, de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que eran aplicables, y su
propósito, en materia pensional, es afrontar graves casos de corrupción, fraude a
la ley o abuso del derecho y evitar los perjuicios que por esa causa pudiere sufrir
el erario. De esta manera, a su juicio, aquella se extralimitó al decidir sobre el
recurso extraordinario de revisión, puesto que la causal no puede entenderse
como una herramienta para darle prevalencia a los intereses de la colectividad,
menos aun cuando el reajuste pensional concedido estuvo sustentado legal y
jurisprudencialmente y no se comprobó un abuso del derecho o grave error en la
aplicación normativa.

De otra parte, sostuvo que la autoridad judicial mencionada incurrió en la causal
señalada previamente, por aplicación incorrecta del precedente jurisprudencial del

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Consejo de Estado y el definido en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de
2015 de la Corte Constitucional, pues la decisión infirmada se profirió antes de la
adopción de esa posición unificada, sin que, en todo caso, se configurara ninguno
de los dos presupuestos para determinar que el reconocimiento pensional era
irregular. Además, refirió que, desatendió la regla jurisprudencial fijada en el fallo
de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente 2012-00143, reiterada en el
pronunciamiento CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, según la cual los
casos de pensiones reconocidas o reliquidadas bajo el régimen de transición, con
fundamento en la tesis anterior del órgano de cierre, frente a los que haya operado
la cosa juzgada, no podían modificarse y tampoco podía considerarse que fueron
concedidas con abuso del derecho o fraude a la ley.

Finalmente, adujo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
desatendió las garantías constitucionales invocadas, comoquiera que no desvirtuó
la legalidad del fallo infirmado, sino que simplemente se fundamentó en una
posición jurisprudencial específica adoptada de manera posterior a la resolución
de su caso, en sede judicial, pero no explicó las razones por las cuales el
reconocimiento pensional ordenado en su favor fue obtenido con fraude a la ley o
abuso del derecho.

PRETENSIONES

La solicitante de la salvaguarda requirió, de un lado, amparar los derechos
fundamentales antes mencionados y, de otro, dejar sin efectos la sentencia del 25
de noviembre de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. En consecuencia, solicitó ordenar a la accionada dictar una
nueva decisión, en la que acate las disposiciones legales y el precedente
jurisprudencial del órgano de cierre, según el cual las pensiones reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía
la Sección Segunda del Consejo de Estado, antes del fallo del 28 de agosto de
2018, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

La magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, ponente de la decisión cuestionada,
preliminarmente, se refirió a las políticas legislativas que originaron el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, en el cual se faculta a los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y Hacienda y Crédito Público, al contralor general de la
República y al procurador general de la Nación y, por virtud del ordinal 6.° del
artículo 6.° del Decreto 575 de 2013, a la UGPP, y precisó que no es cierto que el
medio extraordinario sea solo un instrumento para la lucha contra la corrupción,
puesto que es procedente para solicitar la revisión de las pensiones reconocidas
en forma irregular, al conceder asignaciones pensionales en cuantías que exceden

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el valor legalmente correspondiente, para así paralelamente hacer prevalecer el
interés de la colectividad por encima del particular, al detener o armonizar con la
ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o
desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o por adoptarse una interpretación que no se
acompasa con los principios del sistema de seguridad social en pensiones
incluidos en la Constitución Política.

Asimismo, advirtió que el aludido recurso constituye una excepción a la cosa
juzgada y, en este, cuando se trata de discusiones frente a prestaciones
pensionales, corresponde determinar si el reconocimiento se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida superó lo ordenado por la ley, por lo que
no tiene asidero jurídico ni social mantener una pensión que no era viable o
cuando su monto difiere, en exceso, en virtud de la prevalencia de un interés
particular.

De otra parte, enfatizó en que en la sentencia del 25 de noviembre de 2021 se
coligió que la pensión, en los términos ordenados en la decisión del 31 de mayo
de 2012, por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Rosa
de Viterbo, implicaba un cargo al erario y, en ese entendido, era una prestación
injustificada e ilegítima frente al ordenamiento jurídico, que transgredía el interés
de carácter general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de
seguridad social.

Así, aclaró que atendió el precedente del Consejo de Estado fijado en el fallo del
28 de agosto de 2018, puesto que el criterio allí definido tiene carácter vinculante y
obligatorio, por haber sido proferido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y en ejercicio de su función de unificar jurisprudencia.
Al respecto, esclareció que si bien la regla de aplicación en el tiempo de los
efectos jurídicos de ese pronunciamiento hizo referencia expresa a los casos que
se encuentren pendientes de solución en vía administrativa o judicial a través de
las acciones ordinarias, dicha tesis de construcción jurisprudencial, resulta
también aplicable a las acciones extraordinarias que se llegaren a interponer
dentro de la oportunidad legal correspondiente previa expedición de la
mencionada decisión y, en consecuencia, los que ya se encuentren en curso ante
la jurisdicción.

Además, precisó que, en el caso debía considerarse la sentencia de unificación
citada, ya que en dicha oportunidad la corporación estudió, de manera expresa, la
situación de los beneficiarios del régimen de transición regidos por lo establecido
en la Ley 33 de 1985 y la necesidad de que ese derecho pensional guardara
estricta observancia de los principios constitucionales de sostenibilidad financiera,
solidaridad y universalidad, consagrados en el Acto Legislativo 01 de 2005, que se
tornaban de obligatorio cumplimiento, incluso antes de aquella decisión. En ese
sentido, explicó que, aunque existía un precedente del Consejo de Estado frente al

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IBL como elemento de la transición, lo cierto es que no podía soslayarse lo
dispuesto en esa disposición, específicamente, lo previsto en su inciso 6.°, en el
sentido que para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones y, en
cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Igualmente, señaló que no se configuran los defectos alegados por la accionante
porque el fallo enjuiciado aplicó el criterio jurisprudencial vigente, sin que pueda
acudirse al principio de favorabilidad, en la medida en que no se configura un
conflicto de normas aplicables o una dualidad de interpretaciones de una misma
disposición normativa, entre las cuales, el juez debía determinar el precepto que
conllevara mayor favorabilidad al empleado; máxime cuando mantener, en interés
particular, una pensión en términos no acordes a derecho, tan solo conlleva el
reconocimiento de un beneficio desproporcional que afecta los recursos sociales e
impide el acceso a la pensión de los demás afiliados y de aquellos no cotizantes.

Finalmente, resaltó que no existe una transgresión del derecho a la igualdad, en
razón a la decisión de tutela proferida en el proceso 2020-03272, puesto que el
fallo de unificación aplicado para resolver el recurso extraordinario fijó como regla
que la aplicación de sus efectos de manera retrospectiva garantiza la seguridad
jurídica y da prevalencia a los principios fundamentales del sistema de seguridad
social y, en todo caso, en otra oportunidad la Sección Quinta, a través del fallo del
1.° de julio de 2021, negó el amparo constitucional invocado en un asunto con
similitud fáctica y jurídica. Por lo anterior, solicitó negar la protección deprecada.

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social

El subdirector de defensa judicial pensional de la UGPP, Javier Andrés Sosa
Pérez, indicó que la solicitud de amparo constitucional en el asunto concreto se
torna en improcedente, pues lo pretendido por la parte accionante es sustituir una
decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa, quien, con
base en la normativa y jurisprudencia vigente, confirmó el fallo de primera
instancia, en el cual se concedieron las súplicas de la demanda.

Sostuvo que: (I) la Subsección accionada ya se pronunció sobre el litigio y realizó
un estudio profundo y adecuado del caso, por tanto la decisión en firme hace
tránsito a cosa juzgada; (II) la acción de tutela no puede ser utilizada con un fin
económico en busca de decisiones rápidas que olvidan a los jueces de
conocimiento, máxime cuando en el proceso se ha garantizado el principio de la
doble instancia; (III) el accionante no logra demostrar cómo la autonomía de la
autoridad judicial vulnera sus derechos fundamentales y (IV) tampoco existe una
argumentación demostrativa sobre los requisitos generales y específicos para que
opere la procedibilidad del amparo constitucional.

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De otra parte, adujo que la accionada determinó que el recurso extraordinario de
revisión fue presentado en la oportunidad prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 y decidió aplicar al caso de la señora Plazas Chaparro el criterio
jurisprudencial según el cual el régimen de transición pensional de la Ley 33 de
1985 era aplicable respecto a la edad y tiempo o monto de la prestación, pero,
para efectos de los factores salariales era pertinente lo dispuesto en el inciso 3.°
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aclaró que esa línea jurisprudencial es
determinante y ajustada a la Constitución Política, puesto que interpreta los
parámetros legales sobre los cuales deben reconocerse las pensiones sujetas al
régimen de transición.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20212, el cual regula que:
«[…] Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a
la misma Corporación (sic) y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional3 y del Consejo de Estado4 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
2 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
3 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
4Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes5: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias del Consejo de
Estado

Resulta necesario poner de presente que en la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 2014, precitada en el acápite anterior, se decidió admitir la procedencia

5Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales de esta
corporación, por lo cual desde esa oportunidad este ha sido el criterio pacífico del
Consejo de Estado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en
pronunciamientos recientes, la Corte Constitucional6 ha venido sosteniendo que la
procedencia de las acciones de tutela dirigidas a debatir sentencias judiciales
dictadas por altas corporaciones debe ser más restrictiva, por lo cual, además de
los requisitos generales de procedencia y los específicos de procedibilidad, debe
acreditarse la existencia de una irregularidad que desconozca abiertamente
mandatos constitucionales o que resulte incompatible con la jurisprudencia
sentada por el máximo tribunal constitucional sobre el alcance de un derecho
fundamental y que, por ende, requiera la imperiosa intervención del juez de tutela,
en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Lo anterior en atención a la prerrogativa asignada a las altas cortes consistente en
unificar jurisprudencia y ser los órganos de cierre de su jurisdicción, con lo cual
dotan de seguridad jurídica las decisiones judiciales y brindan certeza a los
usuarios que acuden a los procesos en busca de administración de justicia. Bajo
este contexto, la Corte Constitucional coligió que cuando no se presente una
irregularidad de la entidad antes señalada, deben admitirse las interpretaciones y
valoraciones probatorias, inclusive si el juez de tutela no comparte la decisión.
Bajo este contexto, este debe ser especialmente cuidadoso cuando la acción se
dirige a controvertir providencias judiciales del Consejo de Estado, ya que
únicamente puede intervenir en la decisión adoptada cuando estén plenamente
superadas las exigencias generales y exista una arbitraria vulneración a un
derecho fundamental con ocasión de la incursión en una causal específica de
procedencia.

Problema jurídico

En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad; por
tanto, la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que para el asunto
bajo examen se centra en el análisis del desconocimiento del precedente judicial,
por ser el que mejor se adecúa a los argumentos expuestos por la parte
accionante y el que resulta suficiente, como se verá a continuación, para acceder
al amparo.

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al emitir
la providencia del 25 de noviembre de 2021, desconoció el precedente
judicial fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y, por
tanto, vulneró los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la
señora Elsa Plazas Chaparro?

6 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-917 de 2010, SU-074 de 2016, SU-050 de 2017,

SU-573 de 2017, SU-050 de 2018 y SU-072 de 2018.

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Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
desconocimiento de precedente judicial, (II) derecho a la seguridad social, (III)
derecho al debido proceso en actuaciones judiciales y (IV) análisis de la decisión
adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Veamos:

I. Desconocimiento del precedente judicial

La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela 7,
pues si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a
que haya lugar, también lo es que la misma tiene unos límites como es el respeto
por el precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser
entendido de manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los
principios constitucionales. De allí que se ha admitido la separación de este
siempre que se expongan las razones por las cuales se aparta.

En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben
cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia expresa del precedente aplicado
a casos similares y (II) exponer las razones suficientes por las que considera que
el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado. En ese orden de ideas, cuando
un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal
actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad. Por último, debe
precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede ser vertical, esto
es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un nivel jerárquico
inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción o puede ser
horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben seguir los jueces de la
misma jerarquía.

II. Derecho a la seguridad social

La Constitución Política, en sus artículos 48 y 49, dotó a la seguridad social de una
doble connotación constitucional como derecho fundamental y servicio público.
Así, el Estado debe garantizar a todas las personas el derecho irrenunciable a la
seguridad social y a su vez debe dirigir, coordinar y controlar la prestación de los
servicios que la componen.

En relación con el derecho a la seguridad social existen múltiples instrumentos
internacionales que lo han consagrado y, por ende, propenden por su garantía,
como son: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22), Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículo 9),

7 Ver entre otras sentencias: T-446/13, T-360/14 y T-309/15.

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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (artículo 11), Convenio C035 de la OIT, entre otros.

Ahora bien, la seguridad social ha sido entendida como la herramienta para
proteger a las personas de las contingencias propias de la vejez, la invalidez y la
muerte. Sobre el particular, el máximo tribunal constitucional8 ha reconocido que la
importancia de este derecho recae especialmente en el principio de dignidad
humana y en la búsqueda de la efectividad de los derechos humanos.

En desarrollo de estos mandatos, el Estado colombiano, a lo largo de la historia,
ha adoptado medidas para asegurar la seguridad social de los ciudadanos, pero
fue a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó e implementó el
Sistema de Seguridad Social Integral, con el fin de garantizar los derechos
irrenunciables de las personas y la comunidad para obtener una calidad de vida
acorde con la dignidad humana, el cual se encuentra actualmente vigente.

III. Debido proceso en actuaciones judiciales

El artículo 29 de la Constitución Política determina que el debido proceso debe
regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en
trámites administrativos. Igualmente, indica que nadie podrá ser juzgado, sino con
fundamento en leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad judicial
competente y de acuerdo con las formas propias de cada juicio. Al respecto, es
importante recordar que el debido proceso ha sido definido por la Corte
Constitucional9 como el conjunto de garantías que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para proteger a una persona dentro del trámite de un proceso, con el fin
de lograr el respeto de sus derechos y la correcta administración de justicia. El
debido proceso en actuaciones judiciales comprende el derecho al juez natural, a
la jurisdicción, a la defensa, a un proceso público, a la independencia e
imparcialidad del juez, al respeto de las formas propias del proceso, a solicitar y
controvertir pruebas, a evitar dilaciones injustificadas, entre otros derechos y
garantías.

En el ámbito internacional también se ha dispuesto como derecho fundamental el
debido proceso en actuaciones judiciales. En efecto, la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 26, prevé el derecho a un proceso
regular. A su vez, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, en su artículo 14, indica las
garantías con las que debe contar toda persona ante los tribunales y cortes de
justicia, como son: la presunción de inocencia, independencia e imparcialidad de
los jueces, defensa, juzgamientos sin dilaciones, entre otras.

8 Ver entre otras Sentencias: T-327 de 2017, T-690 de 2014, T-164 de 2013 y T-742 de 2008.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Igualmente, los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos regulan las garantías judiciales que toda persona tiene en un proceso
judicial y los principios de legalidad y retroactividad, según los cuales nadie puede
ser condenado por delitos que para la época de su comisión no fueran señalados
como tales ni le puede ser impuesta una pena más grave que la aplicable para la
época de la comisión del delito.

Ahora bien, es importante aclarar que si bien es cierto los instrumentos
internacionales han puesto mayor énfasis en las garantías judiciales dentro del
proceso penal, debido a que por su naturaleza tienen una mayor afectación en
bienes jurídicamente protegidos, no lo es menos que en todos los procesos,
cualquiera que sea la jurisdicción encargada de su conocimiento, deben
respetarse y garantizarse las garantías propias del debido proceso a todas las
personas que en él intervienen.

Sobre el particular, el máximo tribunal constitucional10 ha señalado que el debido
proceso en materia penal es más riguroso. Sin embargo, ello no implica que se
desconozca en las demás áreas del derecho, sino que tiene diferentes matices
que conllevan que su aplicación se efectúe de conformidad con las reglas propias
de cada proceso. Así las cosas, se concluye que el debido proceso judicial es un
derecho fundamental del cual gozan todas las personas dentro de los trámites
adelantados ante los jueces de la república, que obliga a los administradores de
justicia a respetar las garantías y los derechos fundamentales de las partes y de
los terceros.

IV. Análisis de la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado

La señora Elsa Plazas Chaparro solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, acceso a la administración de
justicia y los derechos de las personas de la tercera edad y la aplicación de los
principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, cosa juzgada,
favorabilidad en materia laboral e irrenunciabilidad, progresividad y no regresividad
pensional, los cuales consideró desatendidos por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, al emitir la sentencia del 25 de noviembre de 2021, en
síntesis, porque estimó que: 1. Se efectuó una indebida interpretación frente a la
caducidad del recurso extraordinario de revisión y a la procedencia de aquel, por
la causal definida en el literal “b” del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2. Aplicó
un criterio jurisprudencial que no estaba vigente para el momento en que se emitió
la sentencia revisada y 3. Desconoció la regla definida en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, según la cual las pensiones reconocidas con
base en la tesis anterior del órgano de cierre no podían considerarse que lo fueron
con abuso del derecho o fraude a la ley.

10 Corte Constitucional. Sentencia C-248/13. M.P: Mauricio González Cuervo.

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Pues bien, para resolver las anteriores inconformidades es necesario referirse a
los fundamentos de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada y,
luego, revisar si se ajustan a los criterios jurisprudenciales definidos en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y a los principios, los
postulados constitucionales y los derechos invocados por la accionante. Así, se
advierte que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia del 25 de noviembre de 2021, encontró probada la causal del literal “b”
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, que la cuantía de la pensión de
jubilación de la aquí accionante excedía lo debido de acuerdo con la ley, al incluir
en el IBL un porcentaje mayor, por liquidarla con inclusión de la totalidad de los
factores devengados en el último año de servicios.

Asimismo, se observa que la Subsección accionada analizó las disposiciones
normativas y la jurisprudencia aplicable al régimen de transición en la liquidación
de las pensiones de los servidores públicos. En ese orden, precisó que, a partir del
Acto Legislativo 01 de 2005, la garantía de sostenibilidad financiera del sistema
pensional adquirió el estatus de principio constitucional prioritario y transversal,
cuya finalidad no es otra que lograr la correspondencia entre los recursos que
ingresan y los que deben destinarse a la protección de las personas que han
asegurado su contingencia de vejez. Luego, se refirió a las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015, en las que la Corte Constitucional determinó que el IBL
de todos los beneficiarios del régimen de transición debía calcularse de
conformidad con lo preceptuado en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, y explicó que si bien esos pronunciamientos fueron proferidos antes del fallo
objeto de revisión, a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, según lo definido en el
inciso 6.°, para la liquidación de las pensiones solo deberían tenerse en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

Finalmente, se denota que aquella puso de presente que el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, modificó su criterio interpretativo y acogió la posición de
la Corte precitada. Frente a esta última tesis, aclaró que aquella propende por la
protección de principios superiores de la Constitución Política, tales como la
igualdad, la solidaridad y la sostenibilidad financiera del sistema pensional y
resultaba aplicable al caso bajo estudio, por varias razones, la primera, dado su
carácter vinculante y obligatorio derivado de haber sido expedido en los términos
del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011; la segunda, porque definió la situación
fáctica y jurídica de los pensionados que se rigen por la Ley 33 de 1985 y se les
aplica la transición normativa definida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la
tercera, en tanto que la acción de revisión se erige como una herramienta judicial,
cuyo ejercicio busca introducir una excepción a la cosa juzgada, para reivindicar y
defender un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del tesoro
público y darle prevalencia al interés de la colectividad por encima de los
propósitos particulares, al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones
reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del
funcionario judicial o administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión

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o por adoptarse una interpretación que no se acompasa con los principios
reguladores del sistema de seguridad social en pensiones.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, determinó que la sentencia del 31 de mayo de 2012 proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Rosa de Viterbo, en
cuanto dispuso la reliquidación de la pensión de la señora Elsa Plazas Chaparro
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio, no se encontraba ajustada a lo previsto en el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, en el entendido que el IBL para quienes son beneficiarios del
régimen de transición quedó regido por la prenotada normatividad y no por los
sistemas pensionales anteriores a la misma, siendo procedente la revisión, dado el
carácter periódico que ostenta el derecho en controversia y los principios de
eficiencia, de solidaridad del Sistema General de Seguridad Social y de
sostenibilidad fiscal del mismo.

Ahora bien, la Subsección encuentra, en primer término, que la Corte
Constitucional, en la sentencia C-258 de 201311, resolvió la demanda de
inconstitucionalidad contra el régimen especial de los congresistas establecido en
el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992. En dicha providencia, declaró la exequibilidad
de esa norma12, bajo el entendido, entre otros aspectos, que como factores de
liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido
recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del
servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
Aunado a lo anterior, se tiene que en la decisión SU-230 de 2015 esa corporación
adoptó la tesis acerca del IBL en el régimen de transición y extendió el modo de
promediar el ingreso base de liquidación contemplado en el inciso 3.º de dicha
normativa a todos los demás regímenes especiales sujetos a la transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por su parte, la postura inicial del Consejo de Estado sobre el tema se acogió por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación de
fecha 4 de agosto de 2010, con radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-
09), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en la cual señaló que las pensiones de
las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985 se
calculan con todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no haya mención taxativa en la
norma. La anterior posición se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, aclaró que
el IBL del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 forma parte del régimen
de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen

11 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12Con excepción de las expresiones “durante el último año de servicios y por todo concepto”, “Y se
aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal” y “por todo concepto”, las
cuales declaró inexequibles.

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con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, providencia que constituye un
precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales, con efectos retrospectivos. Bajo este contexto, debía
aplicarse a todos los procesos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias, salvo en los que ha operado
la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica.

De acuerdo con lo expuesto, la Subsección avizora que para el momento en el
que el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo emitió la
sentencia revisada por la corporación accionada, la posición adoptada por el
Consejo de Estado, en relación con el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de 201013, antes referida,
según la cual el IBL también se rige por las normas anteriores a dicha ley. Esta
posición se mantuvo hasta el 28 de agosto de 2018, como se explicó en párrafos
precedentes, es decir, con posterioridad a la fecha de la sentencia que se infirmó.

De igual forma, se denota que el precedente de la Corte Constitucional sobre la no
transición del IBL tampoco existía para la fecha en que el Juzgado precitado
profirió la decisión recurrida. Por lo tanto, fuerza concluir que no era exigible una
interpretación normativa distinta a la acogida y menos era viable determinar que la
decisión no se acompasaba con una tesis jurisprudencial que no existía para el
momento en que fue proferida, con mayor razón si se tiene en cuenta que había
un precedente vigente y vinculante por parte del Consejo de Estado para resolver
las situaciones jurídicas como las definidas en el sub examine.

Igualmente, se aclara que si bien la autoridad accionada, en la sentencia del 25 de
noviembre de 2021 y en la respuesta que emitió en el presente trámite, manifestó
que frente al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas a los
beneficiarios de la transición normativa debía tenerse en cuenta lo previsto en el
Acto Legislativo 01 de 2005, lo cierto es que no puede desconocerse que el
Juzgado mencionado aplicó el precedente del Consejo de Estado del año 2010
sobre el tema y, en ese orden de ideas, no puede concluirse que existió una
desatención de esa disposición constitucional.

Ciertamente, se tiene que el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de
Viterbo, en la providencia del 31 de mayo de 2012, concluyó que la señora Plazas
Chaparro era beneficiaria del régimen de transición y que su pensión debía
liquidarse con base en todos los factores devengados en el último año de
servicios, según lo señalado en la Ley 33 de 1985, criterio que corresponde con la
tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, vigente para ese momento, según la
cual el IBL hacía parte del régimen de transición y se debían incluir todos los

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-000-

2006-07509-01.

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factores salariales devengados, sin que aquello implique la existencia de un
reconocimiento fuera del ordenamiento legal o con abuso del derecho, y menos
pueda entenderse que se configura la causal prevista en el literal “b” del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

Sobre lo anterior, es importante resaltar que la Sala Plena del Consejo de Estado,
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, textualmente, sostuvo:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en
esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en
este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la
seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la
Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so
pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis,
será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos
administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades
administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión,
expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o
valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación […]».

En esos términos, para esta Subsección es claro que el órgano de cierre previó
escenarios como el que aquí se analiza y, en salvaguarda de principios superiores
como los de la seguridad jurídica y la cosa juzgada, coligió que las situaciones
jurídicas pensionales consolidadas con fundamento en el criterio de interpretación
jurisprudencial anterior no podían considerarse como contrarias al ordenamiento
jurídico. Esta posición permite garantizar, adicionalmente, el derecho al debido
proceso y la autonomía judicial por cuanto no es exigible a una autoridad adoptar
una interpretación jurisprudencial inexistente para el momento en que profiere una
sentencia.

Sobre el particular, es importante aclarar, en atención al argumento expuesto por
la autoridad accionada, que si bien es cierto en la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018 se consignó que en los casos en que eventualmente se
interpusieran recursos extraordinarios de revisión en contra de las sentencias
dictadas previamente con la tesis anterior, el juez debía definir o no la prosperidad
de la causal invocada, también lo es que ello no implica que pueda desconocerse

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la posición vigente para la época en que se dictó la providencia recurrida, puesto
que aun cuando posteriormente se haya modificado el criterio, la decisión estuvo
ajustada a derecho, precisamente al resolverse con base en aquel y, por tanto, no
puede sostenerse que se haya ordenado incorrectamente la liquidación pensional.

En tales condiciones, se reitera que, dado que la providencia del 31 de mayo de
2012 fue proferida con fundamento en la postura del 4 de agosto de 2010, vigente
para ese momento, resulta plenamente válida, sobre todo si se tiene en cuenta
que para la fecha en que fue dictada ni siquiera se habían proferido las sentencias
de la Corte Constitucional que fijaron el tema en materia de IBL, las cuales, dicho
sea de paso, no consagraron su aplicación retroactiva. Luego, tal y como se
expuso en la sentencia de unificación de 2018, no puede afirmarse que la
mencionada decisión judicial que acogió la tesis jurisprudencial anterior contenga
una indebida o equivocada interpretación de las normas y, por ello, se encuadre
en la causal del literal “b” del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En esa medida, la decisión de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado de declarar fundado el recurso extraordinario de revisión que
promovió la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social e infirmar el fallo del 31 de mayo de 2012 proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, en atención a que la
interpretación de la corporación judicial frente al régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 era inadecuada, desconoció el precedente
judicial definido en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. De igual
forma, se repara en que la posición que adoptó la precitada Subsección afectó el
derecho pensional, en el entendido que disminuyó el valor reconocido, como
consecuencia de la reliquidación ordenada desde el año 2012 por el juzgado
mencionado.

Por lo tanto, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social de la señora Elsa Plazas Chaparro. En consecuencia, se dejará
sin efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, y se le ordenará que, dentro de los
veinte días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva
decisión, de conformidad con lo aquí expuesto.

Por último, la Subsección considera que no hay lugar a emitir ningún
pronunciamiento frente a los demás argumentos planteados por la solicitante del
amparo, relacionados con la caducidad del recurso extraordinario de revisión y la
indebida aplicación de la causal analizada, dado que se concederá el amparo
constitucional deprecado y, como consecuencia de ello, se dejará sin efectos esa
decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad
social de la señora Elsa Plazas Chaparro, cuya protección solicitó a través de la
acción de tutela instaurada en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y ordenarle que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia
judicial, dicte una nueva decisión, de conformidad con lo aquí expuesto.

Tercero: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto: Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Sexto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
LYGR

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