Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00807-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00807-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00807-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
31 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00807-00
Demandante: MARLENI ESTHER KAMMERER TEHERÁN
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00807-00
Demandante: MARLENI ESTHER KAMMERER TEHERÁN
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Circunscripciones
transitorias especiales de paz. Excepción de
inconstitucionalidad. Inaplicación de la póliza de cumplimiento
para la entrega de anticipo a los candidatos a las curules de
paz. Requisito general de la subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Marleni Esther Kammerer Teherán contra la Presidencia
de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la
que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales de la población
desplazada y sujetos de especial protección constitucional, a la igualdad, a elegir y
ser elegidos y a la libre expresión, así como a los principios de proporcionalidad,
razonabilidad y libre competencia económica, que considera vulnerados con la
Resolución No. 5882 de 1 de octubre de 2021, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, “Por la cual se regulan aspectos relativos a los ANTICIPOS de la
Financiación Estatal para las elecciones para las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz de la Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 y
2026-2030”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora relato que mediante el Acto Legislativo No. 02 de 25 de agosto de 2021,
se crearon las circunscripciones transitorias especiales de paz de la Cámara de
Representantes para los periodos 2022-2026 y 2026-2030.
Afirmó que se inscribió como candidata de la Fundación por un Vivir Mejor, y que
se le otorgó el número 501 en el tarjetón. Adicionalmente que abrió una cuenta de
ahorros en el “banco de Colombia”, con el fin de cumplir con los requisitos para
que se realizara el pago de los anticipos correspondientes a la financiación por
parte del Estado.
Señaló que el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución No. 5882 de 1 de
octubre de 2021, “Por la cual se regulan aspectos relativos a los ANTICIPOS de la
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Demandante: MARLENI ESTHER KAMMERER TEHERÁN
Financiación Estatal para las elecciones para las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz de la Cámara de Representantes en los periodos 2022-2026 y
2026-2030”, en la que se dispuso como uno de los requisitos para la entrega del
mencionado anticipo, aportar una póliza de cumplimiento.
Por último, manifestó que las compañías aseguradoras no le han permitido
acceder a una póliza de cumplimiento, lo que la ubica en un estado de indefensión
y desigualdad frente a los otros candidatos a la Cámara de Representantes por las
curules de las circunscripciones transitorias especiales, que si cuentan con los
recursos para invertir en su campaña y que no necesitan del anticipo.
2. Fundamentos de la acción
La accionante interpuso acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales de la población desplazada y sujetos de especial protección
constitucional, a la igualdad, a elegir y ser elegidos y a la libre expresión, así como
a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y libre competencia económica,
supuestamente vulnerados con la expedición de la Resolución No. 5882 de 1 de
otubre de 2021, por el Consejo Nacional Electoral.
Señaló que el artículo 4 de la Resolución No. 5882 de 20211, estableció que las
organizaciones promotoras de listas para las circunscripciones transitorias
especiales de paz debían garantizar el valor del anticipo con póliza o garantía
expedida por una compañía de seguros, corporación financiera, compañía de
financiamiento comercial o establecimiento bancario.
Sostuvo que la anterior disposición vulnera sus derechos fundamentales, además
que no es proporcional exigirle una póliza de cumplimiento cuando lleva más de
14 años de estar adelantando acciones en defensa de los desplazados, dando
ayudas humanitarias, indemnizaciones y subsidios de vivienda, mientras que los
partidos tradicionales pueden hacer coaliciones lo cual no pueden hacer los
representantes de las víctimas.
Finalmente, afirmó que en el presente asunto se debería aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y ordenar que se le exonere de aportar la póliza de
cumplimiento que se le exige o, en su defecto, se cambien las condiciones
requeridas para que las aseguradoras expidan la póliza y así poder acceder al
financiamiento estatal para la campaña.
3. Pretensiones
La accionante formuló las siguientes:
“Primero que el juez constitucional conceda esta ACCION DE TUTELA, como
mecanismo excepcional y definitivo, para que el juez constitucional aplique la
excepción de inconstitucionalidad, y ordene al presidente de Colombia, contra el
consejo nacional electoral contra la registraduría nacional del estado civil a inaplicar la
ley y exoneraron del requisito de aportar la póliza de cumplimiento, y el juez
constitucional tutele mis derechos fundamentales, a la población desplazada, sujeto de
protección constitucional, al derecho a la igualdad, a mi derechos de elegir y ser
elegidos, a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, el derecho a la expresión,
la libre competencia económica para que el juez constitucional ordene el presidente de
Colombia, al consejo nacional electoral registraduría nacional del estado civil, a
inaplicar conforme al artículo cuarto de la Constitución, el requisito de la póliza de
cumplimiento que me exigen o condiciones a una aseguradora para que nos vendan la
póliza, donde la pagaremos con el anticipo que nos otorgue el consejo nacional
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ARTÍCULO CUARTO. PÓLIZA O GARANTÍA. Las Organizaciones Promotoras de Listas garantizarán el valor del anticipo
con póliza o garantía expedida por una compañía de seguros, corporación financiera, compañía de financiamiento comercial
o establecimiento bancario, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, según sea el caso. La póliza o
garantía bancaria, según corresponda, deberá sujetarse a lo dispuesto en la presente resolución para ser aprobadas por la
Oficina Jurídica Registraduría Nacional del Estado Civil, como Entidad ordenadora del gasto.
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electoral para las organizaciones sociales para que no de conformidad con la sentencia
de tutela SU150/21, y el acto legislativo No 2 del 2021, y los ARTICULOS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 13, 20, 23, 29, 83, 84, 85, 86, 93, 94, 95, 277 DE LA CONSTITUCION y el bloque de
constitucionalidad.
SEGUNDO que el magistrado ordene al presidente de Colombia, señores consejo
nacional electoral y la registradora nacional a designar una aseguradora, para que nos
vendan la póliza de cumplimiento, pagándola cuando nos den el anticipo y
garantizarnos nuestros derechos fundamentales.
TERCERO que el juez constitucional conforme al artículo 4 de la constitución
in[a]plique la resolución No 889 del 2021 y articulo 9 de la ley 130 de 1994 aplicando
los artículos 2, 13, 20 y 40 de la Constitución, y los principios de proporcionalidad y
razonabilidad”.
4. Pruebas relevantes
Con el escrito de tutela el actor aportó los siguientes documentos:
• Resolución No. 0889 de 10 de marzo de 2021, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, mediante la cual se fija el valor de las pólizas de
seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de
ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban listas al Congreso de
la República para el periodo 2022-2026.
• Resolución No. 5882 de 1 de octubre de 2021, proferida por el Consejo
Nacional Electoral, “Por la cual se regulan aspectos relativos a los anticipos
de la financiación estatal para las elecciones para las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes en los
periodos 2022-2026 y 2026-2030”.
5. Trámite procesal
Por auto de 7 de febrero de 2022, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a las autoridades demandadas.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 15688 a 15692 de 10
de febrero de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
En escrito de 11 de febrero de 2022, el apoderado solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al considerar que la entidad no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante.
Sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, pues cuenta con el medio de control de simple nulidad consagrado
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en el que puede solicitar la práctica de medidas cautelares.
Afirmó que la accionante no alegó utilizar este mecanismo constitucional de
manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable ni demostró la ocurrencia
2
El actor y las autoridades demandadas fueron notificadas en las siguientes direcciones de correo electrónico:
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, contacto@presidencia.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, notificaciontutelas@registraduria.gov.co,
notificacionjudicial@registraduria.gov.co, notificacionescne@cne.gov.co, cnenotificaciones@cne.gov.co, :
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; contacto@presidencia.gov.co.
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de este, carga que le correspondía a la parte actora, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 167 del Código General del Proceso.
Por último, resaltó que los reproches de la accionante son contra el Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Compañía de
Seguros La Previsora Seguros S.A., no cuestionan alguna actuación del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ni contra el
Presidente de la República, por lo que considera que deben ser desvinculados de
la acción de tutela.
6.2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
En correo electrónico de 11 de febrero de 2020, la directora de Gestión Electoral
solicitó que se desvinculara a la entidad, toda vez que no incurrió en una actuación
que derive en la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
Afirmó que la autorización para la entrega del anticipo a las agrupaciones políticas,
es una facultad que se encuentra en cabeza del Consejo Nacional Electoral,
entidad que expidió los actos administrativos respecto de los cuales la accionante
manifiesta su inconformidad, configurándose la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el entendido que no
tiene injerencia en las decisiones relacionadas con el reconocimiento de los
anticipos de la financiación estatal de las campañas electorales.
Indicó que la dependencia del Consejo Nacional Electoral encargada de
administrar los recursos para la financiación política es el Fondo Nacional de
Financiación Política, mientras que la registraduría es una mera ordenadora del
gasto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Estatutaria 130 de
1994.
Finalmente, manifestó que la Registraduría Nacional del Estado Civil no realizó
actuación alguna que derive la vulneración de los derechos fundamentales que
alega la accionante, de hecho, no fue la entidad que expidió el acto administrativo
relacionado con los anticipos de la financiación estatal.
6.3. El Consejo Nacional Electoral, guardó silencio a pesar de que se notificó en
debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el escrito de
contestación, manifestó que los reproches de la demandante se dirigen contra el
Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Compañía de Seguros La Previsora Seguros S.A., sin exponer alegato alguno
frente a dicha entidad ni el presidente de la República, por lo que considera que
deben ser desvinculados de la acción de tutela.
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Al respecto, se advierte que de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución
Política y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
cualquier autoridad pública e incluso contra particulares. En efecto, la Corte
Constitucional3 ha considerado que, en sede de tutela, la legitimación en la causa
por pasiva se entiende como la aptitud legal que tiene la persona contra la que se
dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
Por lo anterior, la Sala procederá a desvincular al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y a la Presidencia de la República del presente
trámite constitucional, pues el acto administrativo reprochado por la demandante
fue expedido por el Consejo Nacional Electoral de conformidad con lo previsto en
el artículo transitorio 8 del Acto Legislativo 02 de 20214, por consiguiente, no
ostenta legitimación en la causa por pasiva.
3. Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con el escrito de tutela, le corresponde a la Sala establecer si la
acción de tutela es procedente para determinar si el Consejo Nacional Electoral y
la Registraduría Nacional del Estado Civil, vulneraron supuestamente a la parte
actora los derechos fundamentales de la población desplazada y sujetos de
especial protección constitucional, a la igualdad, a elegir y ser elegidos y a la libre
expresión, así como los principios de proporcionalidad, razonabilidad y libre
competencia económica, al exigir una póliza de cumplimiento para acceder a la
financiación estatal de su campaña como candidata a una de las 16 curules
correspondientes a las circunscripciones transitorias especiales de paz de la
Cámara de Representantes, de conformidad con lo previsto en la Resolución No.
5882 de 2021, expedida por el Consejo Nacional Electoral.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
3
Sentencias T-037 de 2018, M.P.: Diana Fajardo Rivera y T-295 de 2018, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
4
Artículo transitorio 8º. Financiación. La financiación de las campañas será preponderantemente estatal, mediante el
sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos, en los términos y topes que determine la autoridad electoral.
La autoridad electoral entregará los anticipos equivalentes al 50% del resultado de multiplicar el valor del voto a reponer por
el número de ciudadanos que integren el censo electoral de la respectiva circunscripción. Esta suma se distribuirá en partes
iguales entre todas las listas inscritas. En ningún caso el anticipo podrá superar el tope de gastos que determine la
autoridad electoral. La financiación se realizará dentro del mes siguiente a la inscripción de la lista. Las sumas de dinero se
entregarán sin dilaciones a las organizaciones promotoras de la lista, y en ningún caso a los candidatos. (Negrillas y
subrayado fuera del texto original).
Los particulares podrán contribuir a la financiación de estas campañas mediante donaciones hechas directamente al Fondo
Nacional de Partidos y Campañas Electorales, las cuales serán distribuidas por la autoridad electoral entre todas las
campañas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, por partes iguales, hasta concurrencia del monto
máximo señalado. Estas donaciones no podrán superar el 10% del monto establecido para la Cámara de Representantes y
recibirán el tratamiento tributario que establece la ley para las donaciones y contribuciones de los partidos y movimientos
políticos.
No se permiten aportes privados directos a campañas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”.
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En desarrollo del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será
improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para
resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.
Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha norma, tampoco se
considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crea, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
directamente con alguna persona o cosa determinada”5.
Debido a que la acción de tutela esta concebida como un mecanismo excepcional
para la protección individual o subjetiva de los derechos fundamentales, en
principio, no constituye el medio apto para impugnar judicialmente actos
administrativos de carácter general o impersonal6, pues el ordenamiento jurídico
establece otros medios de defensa judicial que permiten verificar la
constitucionalidad y la legalidad de esa clase de actuaciones. En particular, (i) la
acción de nulidad por inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 135 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)7 y (ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 ibíd8. Así
como, (iii) las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan ante la Corte
Constitucional (art. 245, numeral 5º de la Constitución Política), contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.
En sentencia T-111 de 2008, la Corte Constitucional advirtió que, cuando la tutela
se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, deben
cumplirse los siguientes supuestos para la procedencia: “(i) Que se está ante una
amenaza cierta, consistente en que de la aplicación de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos
fundamentales de una persona y, (ii) Que, en tal eventualidad, el acudir a las vías
ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
5
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería Ediciones del Profesional
LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
6
Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
7
“Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional,
cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política,
por infracción directa de la Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición
constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En
consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma
constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad
normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.
8
“Artículo 137. Nulidad
Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de
carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social
o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se
tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.
6
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Además, mediante sentencia C-132 de 20189, dicha corporación judicial precisó
los criterios desarrollados a través de una línea de interpretación uniforme10 e
identificó las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra un acto de
carácter general, impersonal y abstracto.
En concreto, señaló que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir este tipo de actos. Sin embargo, también
advirtió que la jurisprudencia constitucional ha admitido dos excepciones a dicha
regla de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter abstracto y general, a saber:
“cuando (i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa
clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo general amenace o
vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además, (…) la acción de tutela
es procedente contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas
causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en
perjuicios irremediables”.
Asimismo, de comprobarse alguna de las dos últimas hipótesis, el juez
constitucional está habilitado para “hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un
carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo
por parte del juez competente”11.
Por último, en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
201512, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
En suma, teniendo en cuenta las características esenciales de la acción de tutela,
dicho mecanismo constitucional, por regla general, es improcedente para
controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto. Su procedibilidad
únicamente se habilita (i) cuando la persona afectada carezca de mecanismos
judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por
no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y, (ii) cuando sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) cuando se
trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Solo en los dos
últimos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del
juez competente.
9
M.P. Alberto Rojas Ríos.
10
Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
11
Corte Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
12
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7
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5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. En el asunto bajo examen, la demandante interpuso acción de tutela contra el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
considerar que vulneraron los derechos fundamentales de la población desplazada
como sujetos de especial protección constitucional, a la igualdad, a elegir y ser
elegidos y a la libre expresión, así como a los principios de proporcionalidad,
razonabilidad y libre competencia económica, con el fin de que no se le exija una
póliza de cumplimiento para acceder a la financiación estatal de su campaña como
candidata a una de las 16 curules correspondientes a las circunscripciones
transitorias especiales de paz de la Cámara de Representantes, de conformidad
con lo previsto en la Resolución No. 5882 de 2021, expedida por el Consejo
Nacional Electoral.
5.2. La Sala anticipa que en el presente asunto no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, razón por la cual declarará la improcedencia, tal como se expone a
continuación:
El 25 de agosto de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 02 de 2021, “Por medio
del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la
cámara de representantes en los períodos 2022-2026 y 2026-2030”, en el marco
de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una paz estable y duradera.
De manera previa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus
funciones constitucionales y legales, expidió la Resolución No. 2098 de 12 de
marzo de 2021, mediante el cual fijó el calendario electoral para las elecciones del
Congreso de la República y en la que dispuso que el 13 de marzo de 2022 se
adelantaría el ejercicio electoral.
Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución No. 5882 de 1
de octubre de 2021, “Por la cual se regulan aspectos relativos a los ANTICIPOS
de la Financiación Estatal para las elecciones para las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes en los periodos
2022-2026 y 2026-2030”, acto administrativo de carácter general frente al cual la
accionante presenta reproches en el escrito de tutela, en concreto la exigencia de
la póliza o garantía expedida por una compañía de seguros, corporación
financiera, compañía de financiamiento comercial o establecimiento bancario para
el giro de los recursos (art. 4).
Al respecto, la Sala estima que la acción de tutela es improcedente teniendo en
cuenta que el debate relacionado con la presunción de legalidad del acto
administrativo de carácter general que reguló lo relativo a los anticipos de la
financiación estatal, se puede proponer a través del medio de control de simple
nulidad, en los términos del artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)13, o en su defecto, si
considera que se debe restablecer automáticamente algún derecho violado por el
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ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad
de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en
que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. También puede pedirse que
se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse
la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se persiga
o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor
del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 3. Cuando los efectos nocivos del
acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. 4. Cuando la ley lo
consagre expresamente. PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático
de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00807-00
Demandante: MARLENI ESTHER KAMMERER TEHERÁN
mencionado acto, podría acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho regulado en el artículo 138 de la mencionada normativa14.
Ahora bien, no se desconoce que de manera excepcional es posible habilitar
transitoriamente la solicitud de amparo a pesar de que el accionante cuente con
otro medio de defensa, para lo cual la Corte Constitucional en sentencia SU-691
de 201715, indicó algunos criterios que debe tener en cuenta el juez de tutela para
comprobar la inminencia de un perjuicio irremediable, tales como: (i) la edad de la
persona; (ii) el estado de salud del solicitante y su familia; y (iii) las condiciones
económicas del peticionario o de las personas obligadas a acudir a su auxilio; para
lo cual, el interesado tiene el deber desplegar cierta actividad procesal
administrativa mínima que demuestre su condición.
Asimismo, en sentencia T-500 de 201916, manifestó que la ocurrencia de un
perjuicio irremediable se configura cuando se está ante un daño “[c]ierto e
inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a
una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista
del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o
interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea
necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un
daño antijurídico en forma irreparable”.
De lo anterior, la Sala considera que la accionante no alegó un perjuicio
irremediable en el escrito de tutela, ni allegó prueba al menos sumaria que
evidencie la configuración del mencionado perjuicio y que amerite la intervención
urgente del juez de tutela.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DESVINCÚLENSE de la presente acción de tutela al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y a la Presidencia de la
República, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Marleni Esther Kammerer Teherán contra el Consejo Nacional Electoral y
la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del
acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
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M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
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M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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Demandante: MARLENI ESTHER KAMMERER TEHERÁN
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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