Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00814-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00814-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00814-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de marzo de 2022
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Demandante: Julián Andrés Zapata Agudelo
Demandado: Presidencia de la República
Rad: 11001-03-15-000-2022-00814-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación Nº: 11001-03-15-2022-00814-00
Demandantes: JULIÁN ANDRÉS ZAPATA AGUDELO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Tema: Tutela de fondo. Declara improcedente por invocarse protección
de derecho colectivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo constitucional presentada por el
señor Julián Andrés Zapata Agudelo, contra la Presidencia de la República,
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 1 de febrero del 2022 por correo electrónico1, el señor
Julián Andrés Zapata Agudelo presentó petición de amparo contra la Presidencia
de la República. Con la presentación de la acción de tutela pretende la protección
de los derechos fundamentales a la vida digna, a la tranquilidad, a la paz, a elegir y
a ser elegido, y a un ambiente sano, de su esfera individual y de todas las personas
que habitan el municipio de Santiago de Cali.
2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales, encontró sustento en las omisiones en que, en su
concepto, ha incurrido el presidente de la República para hacer frente a la situación
de orden público que se presenta en el departamento del Valle del Cauca con
ocasión de distintos ataques terroristas perpetrados por grupos al margen de la ley.
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La tutela fue remitida al correo tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
PRIMERA. Solicito a su Señoría que ordene tutelar los derechos fundamentales a
la vida digna, la tranquilidad, la paz, el medio ambiente sano, y a elegir y ser elegido;
y los demás que se llegaren a considerar vulnerados.
SEGUNDA. En consecuencia, ordene al presidente de la República, Iván Duque
Márquez formular e implementar un plan estratégico de seguridad para Santiago de
Cali y el Valle del Cauca, que contenga como mínimo los siguientes puntos:
a) Una perspectiva regional a nivel suroccidente de la situación de orden
público del departamento y la ciudad; donde se considere a Santiago de Cali
como el epicentro de las múltiples expresiones criminales que obran como
actores armados del conflicto armado interno, e incurren en minería ilegal,
narcotráfico.
b) Ejecute la Ley de seguridad ciudadana recientemente sancionada, y en
consecuencia proceda a robustecer la infraestructura de seguridad con los
bienes inmuebles que actualmente se encuentran en extinción de dominio.
c) Fortalezca las divisiones y fuerzas especiales a fin de combatir las
estructuras de los GAO, GDO, y demás organizaciones armadas al margen
de la Ley que tienen presencia en Cali y el Valle del Cauca.
d) Cree una fuerza transitoria que garantice el derecho a elegir y ser elegido
para las elecciones legislativas del 13 de marzo del 2022, y las
presidenciales previstas para el 29 de mayo de 2022. Esto con el propósito
de mantener el orden público y con ello la tranquilidad de electores y
votantes.
e) Financiar y por ende fortalecer la operación artemisa en el Valle del
Cauca, esto con el fin de garantizar el medio ambiente sano de las personas
que habitamos este departamento.
f) Se fortalezca el plan de recompensas, para que a través de estos
estímulos se puedan desmantelar las estructuras armadas que perpetran
actos terroristas en el Valle del Cauca.
g) Se robustezca el pie de fuerza en el departamento, esto con el propósito
de poder mejorar la percepción de seguridad de los habitantes del Valle del
Cauca.
TERCERO. Se ordene al presidente de la República, Iván Duque Márquez, que se
convoque al Congreso de la República a fin de que la Comisión Segunda
Constitucional pueda verificar la formulación e implementación del plan estratégico
de seguridad pública para el Valle del Cauca.
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CUARTO. Se orden al presidente de la República que la formulación e
implementación del plan estratégico de seguridad pública para el Valle del Cauca,
debe hacerse atemperándose a los principios constitucionales de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad, que rigen las relaciones de la Nación con las
Entidades Territoriales.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El actor mencionó que han ocurrido varios atentados a las estaciones de la
fuerza pública en el departamento del Valle del Cauca (Jamundí, Dagua, Santiago
de Cali) y que según afirma, han sido perpetrados por el ELN, las disidencias de las
FARC y otros grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las Águilas Negras
y los Carteles de Jalisco.
5. Además, pone de presente que en el departamento y en el municipio de
Santiago de Cali se está llevando a cabo minería ilegal, lo cual está afectando el
derecho a un ambiente sano.
1.4. Fundamentos de la solicitud
6. El accionante consideró que los atentados y la minería ilegal que se está
presentado en el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de
Cali, configuran una vulneración a los derechos a la vida digna y al ambiente sano,
pues las entidades territoriales no han sido capaces de responder ante estas
situaciones.
7. Por lo tanto, adujo que en virtud de los principios de coordinación,
subsidiariedad y concurrencia, el presidente de la República, como máxima
autoridad de la fuerza pública, debe responder ante estos hechos y fijar un plan de
acción que permita la protección de los derechos alegados.
1.5. Trámite de la acción de tutela
8. Mediante auto del 7 de febrero del 2021, el magistrado ponente admitió la
tutela. Ordenó notificar a la Presidencia de la República y vincular en su calidad de
terceros con interés, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Gobernación del Valle
del Cauca, a la Alcaldía de Santiago de Cali, a la Policía Nacional, al Escuadrón
Móvil Anti Disturbios – ESMAD y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
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9. Adicional a ello, ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado, para
que publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela y de los anexos
que la acompañan y de aquella providencia, con el fin de que cualquier persona que
tuviera interés conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el
trámite constitucional de la referencia.
1.6. Intervenciones
10. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Presidencia de la República
11. Por conducto de apoderado, solicitó que se declare la improcedencia de la
presente acción de tutela, pues el actor bien ha podido acudir ante las autoridades
en ejercicio del derecho de petición o ha podido presentar una demanda de
reparación directa. En subsidio de lo anterior, pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad, pues consideró que no ha
vulnerado los derechos alegados.
1.6.2. Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD.
12. Por conducto de su representante, la entidad consideró que el actor no se
encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar la protección de los
derechos invocados, toda vez que lo hace a nombre propio y de todo el
departamento del Valle del Cauca, sin actuar como agente oficioso o alguna otra
figura similar. Por lo tanto, pidió que se declare improcedente la tutela.
1.6.3. Departamento del Valle del Cauca
13. A través de apoderado, la entidad consideró que debe declararse la falta de
legitimación por pasiva respecto de este ente territorial, toda vez que el llamado a
responder en este caso es el presidente, como autoridad máxima de la fuerza
pública. Agregó en todo caso, que la Gobernación no ha vulnerado los derechos
invocados.
1.6.4. Ministerio de Defensa Nacional
14. El apoderado de la entidad afirmó que el actor no se encuentra legitimado en
la causa por activa para solicitar la protección de los derechos que invoca, pues no
lo hace como agente oficioso de la población del departamento o del municipio,
motivo por el cual se debe declarar la improcedencia de la presente tutela.
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1.6.5. Policía Nacional – Comando de la Policía de Santiago de Cali
15. El comandante de la Policía Metropolitana del municipio, indicó que la
presente tutela debe declararse improcedente, pues el accionante no acreditó que
sus derechos fundamentales se hayan vulnerado. Si bien alega una situación de
inseguridad en el municipio, no acreditó que esto le estuviera generando un agravio
injustificado.
16. Además, indicó que la Policía Metropolitana se encuentra desplegando un
plan de acción para mitigar la situación de violencia descrita en los hechos de la
tutela.
1.6.6. Policía Nacional – Comando de la Policía del departamento del Valle del
Cauca
17. El comandante de la Policía del Valle del Cauca expuso las estrategias que
están realizando para hacerle frente a la situación de orden público que se presenta
en el departamento. Por lo tanto, consideró que no ha vulnerado ninguno de los
derechos alegados por el actor.
1.6.7. Alcaldía de Santiago de Cali
18. El secretario del Despacho de la Alcaldía mencionó que el alcalde ha
desarrollado diferentes actuaciones para restablecer el orden público en la ciudad.
Agregó que en el escrito de tutela no se advierte cuáles son las omisiones en las
que ha incurrido la entidad, motivo por el cual solicitó la desvinculación del presente
trámite.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Julián Andrés Zapata Agudelo contra la Presidencia de la República, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
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2.2. Legitimación en la causa
20. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
21. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19912, en los artículos 1°, 10º, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) de apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales3.
22. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Julián Andrés Zapata Agudelo, como habitante del municipio de Santiago de
Cali, está legitimado en la causa por activa para formular la presente acción de
tutela, en la cual solicitó la protección de su derecho a la vida con ocasión de la
situación de violencia que se ha presentado en dicho municipio y en el departamento
del Valle del Cauca.
23. Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por pasiva, la Sala
considera necesario realizar las siguientes precisiones.
24. En el escrito de tutela el accionante adujo que la situación de orden público
que se ha vivido en la ciudad de Santiago de Cali y en el departamento del Valle del
Cauca ha afectado las condiciones de vida de él, y en general, de los habitantes de
dichas circunscripciones territoriales. Además, alegó que las autoridades
territoriales no han hecho las actuaciones pertinentes que les corresponden para
solucionar este problema, motivo por el cual solicitó al presidente de la República
que actúe, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.
25. En efecto, la tutela se presentó inicialmente únicamente respecto del
presidente de la República, quien por mandato expreso del artículo 189
constitucional, numerales 3 y 4, es el encargado de dirigir la fuerza pública y
conservar el orden público en todo el territorio y reestablecerlo donde fuere turbado.
26. Se resalta que en la presente tutela el presidente fue demandado, pues se
reitera que a juicio del accionante, las autoridades territoriales no han dado
2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
3
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 2007.
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respuesta efectiva a la situación de orden público, y por lo tanto solicitó su actuación
en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, tal como
lo establece el artículo 288 de la Constitución. En esa medida, se observa que el
presidente está legitimado en esta acción, pues el actor dio razones precisas y
razonadas por las cuales consideró que debe intervenir. Además, por mandato del
artículo 296 constitucional, en materia de orden público, las órdenes del presidente
prevalecen y se aplicarán de manera preferente sobre las de los gobernadores y los
alcaldes.
27. Ahora bien, a pesar de la legitimación del presidente, debe tenerse en cuenta
que en virtud del artículo 315.2 de la Constitución, es al alcalde al que en un primer
momento le compete conservar el orden público, pues es la primera autoridad de
policía. Sin embargo, esto lo debe hacer de conformidad con las órdenes que reciba
del presidente y del respectivo gobernador, de lo cual se desprende un entramado
de coordinación entre las distintas esferas territoriales para conjurar la convivencia
pacífica en el territorio.
28. En ese orden de ideas, fue por lo anteriormente expuesto que en el auto
admisorio se dispuso la vinculación de la Alcaldía del municipio de Santiago de Cali
y de la Gobernación del departamento del Valle del Cauca, así como de las
autoridades de Policía de esas circunscripciones, y el Ministerio de Defensa, ya que
son las entidades llamadas a responder por las situaciones desplegadas en cuanto
al mantenimiento del orden público, también junto con el ESMAD como cuerpo
especializado que como es de público conocimiento, ha intervenido en la situación
de violencia en el municipio y departamento mencionado. Por tal motivo, se
considera que esas entidades también están legitimadas en la causa por pasiva.
2.3. Problema jurídico
29. Frente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del
material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de
tutela invocadas y de los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
presente acción de tutela?
30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) requisito de subsidiaridad de la tutela cuando se invoca la protección de
derechos colectivos y; ii) análisis del caso en concreto.
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2.4. Requisito de subsidiariedad cuando se invoca la protección de
derechos colectivos
31. El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como
un mecanismo constitucional, cuyo objeto es obtener la protección inmediata de
derechos fundamentales, vulnerados por acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en los casos previstos por el Decreto 2591 de 1991,
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política''.
32. El ejercicio de dicha acción está supeditado a la inexistencia de otros
mecanismos de defensa judicial, salvo que se acredite un perjuicio irremediable,
exigencia que se mantuvo ampliamente en el artículo 6º del decreto antes señalado,
bajo los siguientes términos:
“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
1.Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2.Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
3.Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta,
para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate
de impedir un perjuicio irremediable
4.Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado,
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5.Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”.
33. De conformidad con el numeral 3º de la norma en cita, la acción de tutela se
torna improcedente cuando se busque la protección de derechos colectivos, pues
para el efecto la Ley 472 de 1998 estableció la acción popular, denominada ahora
como“medio de control de protección de derechos e intereses colectivos” con la
expedición de la Ley 1437 de 2011. Este medio de control es preferente, expedito y
permite la adopción, de oficio o a petición de parte, de medidas cautelares para
evitar un perjuicio irremediable, factor que satisface la exigencia de la parte final del
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citado numeral que supedita la procedencia de esta acción a la existencia del
mencionado perjuicio y con el fin de evitarlo. En efecto, así están reguladas las
medidas cautelares en el artículo 25 de la Ley 1437 del 2011:
ARTICULO 25. MEDIDAS CAUTELARES. Antes de ser notificada la demanda
y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte,
decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes
para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere
causado. En particular, podrá decretar las siguientes:
a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar
el daño,que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;
b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta
potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del
demandado;
c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el
cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas;
d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del
daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo.
PARAGRAFO 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá
el curso del proceso.
PARAGRAFO 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión
atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el
cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual
otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que
el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a
costa del demandado.
34. De igual forma, la Ley 1437 de 2011, en su artículo 144 consagró el
medio de control al que se ha hecho mención, de la siguiente forma:
ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS. Cualquier persona puede demandar la protección de los
derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las
medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las
cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
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Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la
actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive
cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin
que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin
perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer
cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses
colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en
ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de
protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la
autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días
siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse
ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando
exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los
derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la
demanda.
35. Finalmente, se precisa que Ley 472 de 1998 definió en su artículo 4 los
derechos colectivos cuya protección se obtiene a través de la acción popular, dentro
de los cuales se encuentra el de la seguridad pública como se puede apreciar:
ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e
intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
(…)
g) La seguridad y salubridad públicas;
36. Así las cosas, resulta claro que tanto la Constitución Política como la Ley
consagraron el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos como una acción constitucional preferente, específica y cuyo trámite
permite la adopción de medidas cautelares para evitar un perjuicio irremediable
frente a las acciones u omisiones que lesionan derechos colectivos, como lo es la
seguridad pública.
2.5. Caso concreto
37. La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela,
por los motivos que pasarán a explicarse.
38. Aunque el accionante considera que se han vulnerado sus derechos
fundamentales a la vida digna, a elegir y ser elegido, a la tranquilidad y a la paz, lo
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cierto es que de las pretensiones de la tutela, se advierte que pretende la protección
del derecho colectivo a la seguridad pública, pues se observa que solicita al
presidente de la República que diseñe y aplique un plan estratégico de seguridad,
con perspectiva regional, lo cual a todas luces escapa a la competencia del juez de
tutela.
39. En efecto, como se indicó en precedencia, el derecho colectivo a la seguridad
pública se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Ley 472 de 19984 según lo
ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, “pretende garantizar que la sociedad
no esté expuesta a padecer posibles o inminentes alteraciones de las condiciones
normales de vida o daños graves causados por fenómenos naturales y efectos
catastróficos de la acción accidental del hombre, que demanden acciones
preventivas, restablecedoras, de carácter humanitario o social, constituyéndose en
un derecho de naturaleza eminentemente preventiva"5.
40. Precisamente, eso es lo que pretende el actor, ya que busca que con la
acción de tutela se efectúen planes y programas de tipo general para que las
condiciones de vida en el departamento del Valle del Cauca y en especial, en el
municipio de Santiago de Cali, se restablezcan a condiciones de normalidad,
aspecto para el cual bien puede hacer uso del medio de control de protección e
intereses colectivos y solicitar medidas cautelares.
41. En ese mismo sentido la Sección Tercera de esta Corporación, en el estudio
de un caso similar al presente, consideró que la acción de tutela debía declararse
improcedente, por lo siguiente:
Así pues, en los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
la improcedencia de la acción por las siguientes razones:
1) Se advierte que efectivamente el interés de la parte actora es que se
garantice la seguridad en el departamento del Valle del Cauca y en especial en la
ciudad de Santiago de Cali y el cese de la violación de derechos humanos,
pretensiones que, además de generales, están directamente relacionadas con los
derechos colectivos a la seguridad pública6, cuya invocación escapa de la esfera
individual de protección, como lo ha señalado esta misma Sala de Decisión en
oportunidades anteriores7.
4
“Artículo 4 de la Ley 472 de 1998. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e
intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (…) g) La seguridad y salubridad públicas”
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia del 8 de
junio del 2011. Rad. No. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP). MP. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
6
“Artículo 4 de la Ley 472 de 1998. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e
intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (…) g) La seguridad y salubridad públicas”
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, Radicación
11001-03-15-000-2021-02501-00 (AC). CP Martín Bermúdez Muñoz y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2021, Radicación 11001-03-15-000-2021-02228-
00 (AC). CP Alberto Montaña Plata.
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2) Sobre el particular, cabe destacar que la acción de tutela procede
únicamente de manera excepcional para proteger derechos colectivos cuando se
demuestre de manera fehaciente la existencia de un perjuicio irremediable8,
presupuesto que en el caso no se demostró y ni siquiera se alegó.
3) En consecuencia, frente a dichas pretensiones la Sala advierte que se
incumplió el requisito de subsidiariedad pues existe un medio de defensa judicial
idóneo para invocar el amparo de derechos e intereses colectivos como lo es el
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos9 regulado por la
Ley 472 de 1998, de ahí que la tutela de la referencia resulte improcedente pues el
accionante no demostró que acreditó dicho mecanismo y tampoco probó su falta de
idoneidad.
42. Según lo expuesto, la Sala comparte el criterio acogido por la Sección
Tercera de esta Corporación en el mencionado caso, pues se cumple precisamente
con lo establecido en el numeral 3 del Decreto 2591 de 1991 que indica que la tutela
es improcedente cuando se pretenda la protección de derechos colectivos, situación
que ocurre en este asunto, pues como se indicó, lo pretendido por el accionante es
que se ampare el derecho a la seguridad pública, que ha sido catalogado como una
garantía de tipo colectivo, según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
43. Por último, para la Sala es importante resaltar que la acción de tutela puede
utilizarse de manera transitoria cuando se advierta la configuración de un perjuicio
irremediable. Sin embargo, en el presente asunto el actor no probó esta situación y
ni siquiera la alegó, motivo por el cual se refuerza la improcedencia de esta petición
de amparo en la cual, se reitera, se pretende la protección de derechos colectivos,
para lo cual el ordenamiento ha establecido otros mecanismos idóneos como ya se
indicó.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
8
Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-18 de 1993, al revisar la constitucionalidad del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispuso (se trascribe) “(…) los derechos colectivos en general
y la paz en particular no se encuentran desprotegidos por el ordenamiento jurídico, sino que la
posibilidad de recurrir a la tutela para proteger tales derechos se encuentra limitada para los eventos
en los que a juicio del juez de tutela exista razonablemente un "perjuicio irremediable.”
9
El numeral 3 del artículo 6 del decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente
“Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en
el artículo 88 de la Constitución Política”.!
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Demandante: Julián Andrés Zapata Agudelo
Demandado: Presidencia de la República
Rad: 11001-03-15-000-2022-00814-00
3. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación en la presente tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Presidencia de la
República, el Departamento del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Julián Andrés Zapata Agudelo, en consideración a lo expuesto en la parte
motiva.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, dentro de los tres días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de la ejecutoria, conforme lo fija el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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