Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00816-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00816-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00816-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
25 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-00816-001
Actor : Luis Carlos Valverde Méndez
Demandados : Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y director
ejecutivo seccional de administración judicial y Juez Tercero
(3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán
Tema : Derechos constitucionales fundamentales al trabajo, salud,
dignidad humana e igualdad
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Luis Carlos
Valverde Méndez contra los señores presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y director ejecutivo seccional de administración judicial y Juez
Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, por la
presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo,
salud, dignidad humana e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Luis Carlos Valverde Méndez, quien
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores presidente del Consejo Superior de
la Judicatura y director ejecutivo seccional de administración judicial y Juez
Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura y a la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de
Popayán, «[…] de acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en
el término de 48 horas contados a partir de la notificación de[l fallo que se
dicte en esta acción], adelanten las gestiones administrativas y presupuestales
que correspondan, para que el Juez 3° de Ejecución de Penas y Medidas de
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
Seguridad de Popayán, Cauca, nombre [su] reemplazo, para que materialice el
derecho al disfrute del descanso remunerado».
1.2 Hechos2. Relata el actor que se «[…] encuentr[a] vinculado en propiedad
en el cargo de [o]ficial [m]ayor en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Popayán […]» y, comoquiera que tiene pendiente
un período de vacaciones causado entre el 9 de diciembre de 2020 y el 9 de
diciembre de 2021, solicitó de su nominador su disfrute a partir del 22 de marzo
de 2022, lo que le fue concedido, a través de Resolución 1 de 11 de enero del
presente año.
Que en el mencionado acto administrativo se ordenó requerir de la dirección
ejecutiva seccional de administración judicial de Popayán «[…] la respectiva
disponibilidad presupuestal para [su] reemplazo», lo que se efectuó el pasado
18 de enero de 2022 3 , con el propósito de no «[…] compromet[er] la
administración de justicia teniendo en cuenta la alta carga laboral que se lleva
en es[e] despacho», no obstante, el 19 de los mismos mes y año dicho pedimento
fue atendido de manera desfavorable, con oficio DESAJPO022-83, con
fundamento en que «[…] la figura de reemplazo por vacaciones contenida en
la Circular 44 de 2011 [del Consejo Superior de la Judicatura], solo es aplicable
a [f]uncionarios [j]udiciales […], [por ende], no es posible tramitar Certificado
de Disponibilidad Presupuestal para […]» designar un reemplazo para el
empleo de oficial mayor.
Dice que, por lo expuesto, el señor Juez Tercero (3º) de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán, con Resolución 2 de 27 de enero de 2022,
decidió suspender «[…] el disfrute de las vacaciones concedidas POR
NECESIDAD DEL SERVICIO Y EN SALVAGUARDA DE LA SALUD, teniendo
en cuenta la alta carga laboral que soporta el Despacho, puesto que [si no es
posible nombrar un empleado que asuma sus labores, se] generaría
represamiento laboral y caos en [su] normal funcionamiento […], con la
funesta consecuencia que tales funciones las deben asumir l[a]s demás
[personas que allí laboran], […] lo que redundaría en un deficiente servicio de
justicia, máxime cuando el Juez y la Asistente Administrativa […] tienen
diagnóstico de ENFERMEDAD LABORAL por estrés […] desde hace varios
años».
2
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para contextualizar
el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de informalidad, prevalencia
del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos tanto en la petición de tutela,
como en los documentos allegados al expediente.
3
Mediante oficio 168.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
Que el señor director ejecutivo seccional de administración judicial de Popayán
realiza «[…] una indebida interpretación [...] [de la mencionada] Circular
PSAC11-44 […], [pues] está encaminada a establecer el orden de disfrute de
las vacaciones de los jueces y magistrados, pero no niega o da instrucciones de
rechazar derechos a los empleados de la Rama Judicial, además no se tuvieron
en cuenta las circunstancias actuales causadas por la pandemia», situación que
quebranta las garantías superiores invocadas, habida cuenta de que no es justo
que los empleados que laboran en los despachos judiciales, con régimen de
vacaciones individuales, deban soportar ese tipo de barreras administrativas que
les impiden materializar su derecho al descanso, tal como se ha reconocido en
varios pronunciamientos por parte del Consejo de Estado4.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 4 de febrero de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar a
los señores presidente del Consejo Superior de la Judicatura y director ejecutivo
seccional de administración judicial y Juez Tercero (3) de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Popayán.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor director ejecutivo seccional de administración judicial de
Popayán, por conducto de apoderada, pide se le desvincule de la presente
acción, porque «[…] solamente está da[n]do aplicación a lo establecido […]
[por el] Consejo Superior de la Judicatura, […] en la Circular PSAC11- 44 del
23 de noviembre de 2011, […] respecto a que las designaciones en encargo
son procedentes cuando las necesidades del servicio lo exijan», y, además,
«[…] la figura del reemplazo por vacaciones [allí] contenida […] solo es
aplicable a [f]uncionarios [j]udiciales en los términos allí contemplados», en
esa medida, «[…] no es posible tramitar Certificado de Disponibilidad
Presupuestal hasta tanto la Dirección Ejecutiva en Bogotá autorice».
Asimismo, señala que «[…] las Direcciones Ejecutivas Seccionales so[n]
órganos técnicos y administrativos que t[ienen] a [su] cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
4
Sobre el particular, cita la sentencia de tutela de 3 de junio de 2021, dictada por la consejera de Estado Stella
Jeannette Carvajal Basto, expediente 11001-03-15-000-2021-01869-00.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
2.1.2 El señor Juez Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán aduce que no es posible autorizar el descanso solicitado por el
tutelante sin que medie la posibilidad de nombrarle un reemplazo, en atención
a que aquel le fueron asignadas «[…] funciones que requieren experiencia
relacionada, lo que redundaría en un deficiente servicio de justicia, máxime
cuando [él] y la asistente administrativa […] [tienen diagnosticado] síndrome
de ansiedad y depresión catalogada como ENFERMEDAD PROFESIONAL
LABORAL […]».
Además, la «[…] carga laboral que soporta e[se] Juzgado […] es demasiada;
en la estadística del segundo semestre de 2021 tramit[ó] 39 tutelas; t[iene]
vigentes más de 2.300 procesos, c[uenta] con más de 700 internos y evacu[ó]
954 solicitudes entre libertades condicionales, prisiones domiciliarias [y]
redenciones de pena […]», entre otros pedimentos. De igual modo, indica que
ese despacho únicamente está integrado por un asistente jurídico y un oficial
mayor para atender todos los procesos, sin embargo, este año no se autorizó
descongestión ni «[…] tampoco se ha creado otro Juzgado de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad […] [requerido] en varias oportunidades».
2.1.3 El señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio
en la oportunidad procesal prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de
2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por el
demandante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al trabajo, salud, dignidad humana e igualdad.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382
de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y
sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados
o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción
de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la negativa del señor director ejecutivo
seccional de administración judicial de Popayán de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal, con el fin de que se nombre el correspondiente
remplazo laboral, para que el actor pueda disfrutar de su período de vacaciones,
sin que se afecte el normal funcionamiento del Juzgado Tercero (3º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán; y en caso afirmativo,
si se han vulnerado las garantías superiores al trabajo, salud, dignidad humana
e igualdad invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 Sobre la prerrogativa al descanso remunerado de los trabajadores.
Resulta necesario recordar que la Carta Política, en su artículo 25, incluyó el
derecho al trabajo dentro del listado de los fundamentales, así:
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Con el propósito de materializar dicha garantía superior a los trabajadores, el
artículo 53 de la Constitución Política autorizó al Congreso de la República
para expedir el estatuto del trabajo, para lo cual debía tener en cuenta los
siguientes principios mínimos: «Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad»
(destaca la Sala).
Ahora bien, según el título VII del Código Sustantivo del Trabajo (CST), los
descansos obligatorios a que tienen derecho los trabajadores son: «descanso
dominical remunerado» (artículo 172 ibidem), «descanso remunerado en otros
días de fiesta» (artículo 177 ibidem), «trabajo dominical y festivo» (artículo
179 idem) y «vacaciones anuales remuneradas» (artículo 186 ibidem). Sobre
estos últimos, el citado estatuto prevé:
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
Duración. 1. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios
durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de
vacaciones remuneradas.
Conforme a lo anterior, se tiene que las vacaciones son un derecho laboral de
carácter fundamental e irrenunciable al que tienen derecho los trabajadores, cuya
finalidad es «permitir el descanso […], cuando éstos han laborado por un lapso
considerable […], con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdidas por el
desgaste biológico que sufre el organismo por las continuas labores y, además,
asegurar con dicho descanso, una prestación eficiente de los servicios, en aras
de procurar el mejoramiento de las condiciones de productividad»5.
Sobre el particular, la Corte Constitucional6 sostuvo:
3. Salvo excepciones legales favorables, todo empleado público o
trabajador oficial tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de
vacaciones, por cada año de servicios prestados en cualquiera de las
entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de
1978). En efecto, el derecho al descanso ha sido reconocido
universalmente como una garantía laboral que “ofrece a los trabajadores
una posibilidad de descansar, distraerse y desarrollar sus facultades”7.
Por lo anterior, es de la esencia del derecho al descanso su carácter
remunerado, ya que el trabajador interrumpe la prestación de los
servicios pero mantiene el derecho al pago de su salario, pues “sin el
descanso remunerado el trabajador no podría recuperar las condiciones
físicas y mentales indispensables para trabajar”8. Así, el artículo 18 del
Decreto 1045 de 1978 establece que “el valor correspondiente a las
vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo
menos cinco (5) días (sic) de antelación a la fecha señalada para iniciar
el goce del descanso remunerado”.
Así pues, el descanso periódico retribuido es un derecho irrenunciable
del trabajador, por lo que “se considerará nulo todo acuerdo que
implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la
renuncia a las mismas”9, de ahí que cuando se adquiere el derecho a las
vacaciones, estas deberán ser concedidas por el jefe del organismo de
oficio o a petición del interesado10. No obstante, ello no significa que el
empleado debe disfrutar de las vacaciones inmediatamente adquiera el
derecho, pues el período de descanso podrá interrumpirse (art. 15
Decreto 1045 de 1978), aplazarse (art. 9 del Decreto 3135 de 1968) o,
excepcionalmente cuando exista causa legalmente autorizada,
5
Fallo C-35 de 25 de enero de 2015, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
6
Sentencia T-76 de 2001, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
Considerandos de la Recomendación 47 “sobre las vacaciones anuales pagadas” de la OIT.
8
Sentencia T-09 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
9
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de junio de
1963.
10
Artículos 12 del Decreto 1045 de 1978 y 45 del Decreto 1848 de 1969.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
compensarse en dinero. Con relación a esta última opción, la Corte dijo
que “es igualmente razonable que, en casos especiales, como el
perjuicio para la economía nacional o la industria, el patrono deba
solicitar la autorización para compensar las vacaciones, pero sólo en
una proporción que no exceda la mitad de éstas. Es decir, el trabajador
siempre debe gozar efectivamente de un período en el que pueda
descansar”11
4. Como se observa en la breve descripción en precedencia, el derecho
al goce de vacaciones está ampliamente regulado en la normatividad
legal y no tiene una disposición constitucional que expresamente lo
garantice, por lo que aquí surge un interrogante obvio: ¿el descanso es
un derecho de rango legal o puede adquirir el carácter de fundamental?.
En efecto, si el descanso no es un derecho fundamental, como lo
afirman los jueces de instancia, la acción de tutela no podría prosperar,
pero en caso contrario, podría estudiarse la posibilidad de que esta
acción constitucional sea un mecanismo judicial idóneo para exigir su
protección.
El anterior interrogante ya fue resuelto por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, quien afirmó que “uno de los derechos fundamentales
del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario
de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”12. En
efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática13 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en
tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación
laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del
trabajo.
De manera que, al ser el descanso un derecho constitucional fundamental del
trabajador, es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela cuando
se evidencie su quebranto.
Por otra parte, para los servidores judiciales, la legislación ha previsto dos
regímenes de vacaciones: las colectivas y las individuales, que se encuentran
reguladas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199614, que prevé:
Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el
11
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
12
Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
13
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-
024 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.
14
«Estatutaria de la administración de justicia».
7
Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo
Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los
demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año
de servicio.
Por lo tanto, según la especialidad en la que presten sus servicios los
funcionarios y empleados judiciales, tienen derecho a gozar de vacaciones
remuneradas colectivas o individuales, las cuales son concedidas, en el caso de
las últimas, por el respectivo nominador.
3.5 Caso concreto. En el sub lite se tiene que el señor Juez Tercero (3º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, con el fin de garantizar
la ejecución de las vacaciones que le autorizó al actor por haber laborado de
manera ininterrumpida entre el 9 de diciembre de 2020 y el 9 de diciembre de
2021 (en virtud de una solicitud que aquel formuló para tal efecto, en su
condición de oficial mayor de ese despacho), pidió de la dirección ejecutiva
seccional de administración judicial de esa ciudad realizar las gestiones
presupuestales tendientes a nombrar un reemplazo que ejecute las funciones del
mencionado empleo durante el lapso en el cual aquel inicie su disfrute, esto es,
a partir del 22 de marzo de 2022.
Para dilucidar este asunto, del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) Resolución 1 de 11 de enero de 2022, por cuyo conducto el señor Juez
Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
concede al accionante vacaciones «[…] por el término de 25 días […], que se
contarán a partir del veintidós (22) de marzo del año en curso al quince (15)
de abril […]» siguiente, por haber laborado de manera ininterrumpida «[…]
durante el periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2020 y el 09 de
diciembre de 2021».
b) Oficio 168 de 18 de enero de 2022, mediante el cual la autoridad mencionada
en letra precedente depreca del señor director ejecutivo seccional de
administración judicial de Popayán el «[…] certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar [el] reemplazo de vacaciones del […]» tutelante, en
atención a la «[…] alta carga laboral que se lleva en es[e] despacho».
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
c) Oficio DESAJPO022-83 de 19 de enero de 2022, a través del que el señor
director ejecutivo seccional de administración judicial de Popayán niega la
solicitud relacionada en letra precedente, con fundamento en que los
lineamientos contenidos en la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011
del Consejo Superior de la Judicatura, no le permiten asignar recursos para
«[…] reemplazo por vacaciones», únicamente para funcionarios, mas no para
empleados judiciales.
d) Resolución 2 de 27 de enero de 2022, con la cual el señor Juez Tercero (3º)
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán «[…] suspende el
disfrute de [las] vacaciones» del accionante, al considerar que concederlas «[…]
sin contar con [los recursos para designar el] reemplazo correspondiente […]
generaría represamiento laboral y caos en el normal funcionamiento del
despacho».
De acuerdo con la relación probatoria realizada, se evidencia que el señor Juez
Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán
concedió el período de vacaciones reclamado por el actor (por haber laborado
ininterrumpidamente entre el 9 de diciembre de 2020 y el 9 de diciembre de
2021), a través de Resolución 1 de 11 de enero de 2022, por lo que el 18
siguiente requirió de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial
de esa ciudad la asignación de los recursos necesarios para designar un
reemplazo que cumpla las funciones de oficial mayor en el despacho a su cargo,
lo que se despachó de manera desfavorable el 19 de los mismos mes y año,
habida cuenta de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011,
emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, no habilita que se destine
presupuesto en este tipo de situaciones, sino solo para los funcionarios de la
Rama Judicial, es decir, no para suplir vacantes de empleados, tal como lo
pretende el solicitante.
Por lo anterior, la mencionada autoridad judicial, que en principio había
autorizado el lapso de vacaciones deprecado por el actor, decidió suspenderlas
(a través de Resolución 2 de 2022), en consideración a la escasez de personal
con que cuenta ese Juzgado para el cumplimiento de la carga laboral que le
corresponde y a que la aludida dirección ejecutiva seccional no autorizó los
recursos indispensables para un reemplazo que asuma las tareas del actor
durante el interregno en que él tiene programado disfrutar de su descanso, por
lo que se vería seriamente afectada la prestación del servicio de administración
de justicia.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
Así las cosas, en el asunto sub judice se observa que no se le va a permitir al
accionante gozar de las vacaciones a las que tiene derecho a partir del 22 de
marzo del presente año, bajo el pretexto de la dirección ejecutiva seccional de
administración judicial de Popayán de que carece de reglamentación que
soporte la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para
designar su reemplazo, puesto que la citada Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 2011 contempla esta figura únicamente para los funcionarios, mas
no para los empleados judiciales (condición en la que se encuentra vinculado el
actor a la Rama Judicial), lo que acredita que la Administración pretende
imponerle una barrera presupuestal para acceder al ejercicio del aludido derecho
fundamental.
Además, se advierte que, en razón a la escasa planta de personal con que cuenta
el Juzgado Tercero (3º) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán (solo dos cargos de empleados) y a la ausencia de un reemplazo que
supla las labores que debe cumplir el oficial mayor durante la ausencia del actor,
en efecto, se afectaría la prestación del servicio, como lo sostiene el titular de
ese despacho en la Resolución 2 de 2022.
En un caso de similares contornos la sección quinta de esta Corporación
precisó15:
[…] esta Sala considera que, el argumento de la necesidad del servicio y
la omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar
provisionalmente a quien reemplazará en su ausencia a la actora, no
pueden usarse para desconocer el derecho al disfrute de las vacaciones a
las cuales tiene derecho, teniendo en cuenta que el carácter fundamental
de dicha garantía ha sido reconocido por la Corte Constitucional, sin que
sea válido oponer trabas administrativas que afecten el núcleo
fundamental de este derecho.
En efecto, esta Sección no desconoce la necesidad del servicio que
apremia al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá, ante la gran carga laboral que tienen bajo su responsabilidad,
por lo que resulta necesario que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá provea las medidas necesarias para que
dicho despacho pueda cumplir con sus funciones, sin que ello implique
que sus servidores no puedan disfrutar del derecho a las vacaciones, una
vez cumplan con los requisitos legales para acceder a las mismas.
15
Sentencia de 11 de febrero de 2021, acción de tutela 11001-03-15-000-2020-05144-01, C. P. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
En otras palabras, la autoridad no puede alegar impedimentos de tipo
administrativo a la accionante que le impida ejercer sus derechos
fundamentales, máxime cuando escapa del resorte de la señora Fajardo
Prieto el encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional
para proveer el cargo en su ausencia temporal.
Así las cosas, negarle el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta
de limitaciones de carácter administrativo, no es una carga que deba
soportar un servidor judicial, si se tiene en cuenta que en la misma circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se exige solamente
al interesado reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente
programación de vacaciones, para que sea incluido en los turnos.
En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al
disfrute del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la
programación de las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo
presupuestal o administrativo, para poder acceder al descanso remunerado.
Es decir, la administración no puede trasladar en ellos, su propia función.
En ese orden de ideas, se evidencia el quebranto de las garantías superiores
objeto de la acción de tutela, toda vez que los vacíos en cuanto a la normativa
interna y al presupuesto que supuestamente genera la Circular PSAC11-44 de
23 de noviembre de 2011, así como cualquier otra restricción de índole
administrativa, no pueden ni deben ser soportados por el trabajador ni deben ser
interpretados en desmedro de sus prerrogativas, máxime cuando para el disfrute
de las vacaciones el único requisito que debe colmarse es que hayan sido
causadas, lo cual se encuentra acreditado por el tutelante en estas diligencias.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala amparará los derechos
constitucionales fundamentales al trabajo, salud, dignidad humana e igualdad
del actor y, en consecuencia, ordenará a los señores Juez Tercero (3º) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y director ejecutivo
seccional de administración judicial de Popayán que, en el término de quince
(15) días siguientes a la notificación de esta decisión, realicen, en el ámbito de
sus competencias, las gestiones administrativas y presupuestales a que haya
lugar, encaminadas a destinar recursos para que se nombre un reemplazo en el
cargo de oficial mayor en ese despacho judicial que ocupa el tutelante, con el
fin de que este pueda disfrutar de las vacaciones a que tiene derecho por haber
laborado de manera ininterrumpida del 9 de diciembre de 2020 al 9 de diciembre
de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00816-00
Demandante: Luis Carlos Valverde Méndez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al trabajo, salud,
dignidad humana e igualdad del señor Luis Carlos Valverde Méndez, conforme
a la motivación.
2º En consecuencia, ordénase a los señores Juez Tercero (3º) de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Popayán y director ejecutivo seccional de
administración judicial de Popayán que, en el término de quince (15) días
siguientes a la notificación de esta decisión, realicen, en el ámbito de sus
competencias, las gestiones administrativas y presupuestales a que haya lugar,
encaminadas a destinar recursos para que se nombre un reemplazo en el cargo
de oficial mayor en ese despacho judicial que ocupa el tutelante, con el fin de
que este pueda disfrutar de las vacaciones a que tiene derecho por haber
laborado de manera ininterrumpida del 9 de diciembre de 2020 al 9 de diciembre
de 2021.
3°. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo
30 del Decreto ley 2591 de 1991.
4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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