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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00820-00

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00820-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00820-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00820-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: TIRSA DOLORES TAMARA DE MENDOZA Y OTROS

TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. NO
SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Los señores TIRSA DOLORES TAMARA DE MENDOZA, MÓNICA

PATRICIA, MILADYS GREGORIA, MARIBETH, JOSÉ

1 En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00820-00
Actores: TIRSA DOLORES TAMARA DE MENDOZA Y OTROS.

SEBASTIÁN y JORGE LUIS MENDOZA TAMARA, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al principio de

seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por

la Sección Tercera al proferir la providencia de 24 de septiembre de

2020, dentro del medio de control de reparación directa identificado

con el número único de radicación 20001-23-39-003-2012-00205-

01.

I.2. Hechos

Indicaron que el señor JOSÉ TRINIDAD MENDOZA VILLERO

Q.E.P.D. promovió demanda en ejercicio del medio de control de

reparación directa contra el Municipio de Becerril, por la ocupación

permanente de un inmueble de su propiedad, en el cual se

ejecutaron varias obras públicas a cargo de ese ente territorial.

Refirieron que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2012-00205-00 y le correspondió por reparto al Tribunal

Administrativo del Cesar que, en sentencia de 6 de octubre de

2016, declaró probada la excepción de caducidad del medio de

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control al estimar que desde el 26 de septiembre de 2005, el allí

demandante tuvo conocimiento de la ocupación del inmueble por

cuenta de la construcción de las obras, de tal forma que al 30 de

noviembre de 2012, momento en el cual se promovió la demanda,

ya se encontraba configurada la caducidad.

Relataron que encontrándose el expediente para proferir sentencia

de segunda instancia, falleció el señor JOSÉ TRINIDAD

MENDOZA VILLERO Q.E.P.D., por lo que mediante proveído de 20

de agosto de 2019, la Sección Tercera los reconoció como

sucesores procesales.

Adujeron que el recurso de apelación fue desatado por la Sección

Tercera, a través de providencia de 24 de septiembre de 2020, por

medio de la cual confirmó la decisión del a quo, que declaró la

caducidad del medio de control de reparación directa.

Finalmente, manifestaron que presentaron solicitud de adición de la

sentencia, la cual fue denegada por la Sección Tercera en auto de 9

de abril de 2021.

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I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió

en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que

el fallador de manera mecánica y sin observar las particularidades

del asunto, puso fin al proceso ordinario que buscaba la

materialización de los derechos de las víctimas por el daño

provocado por el Municipio de Becerril.

Resaltó que el término de caducidad no ha operado, pues se trata

de un hecho continuado y sucesivo, de tal forma que si bien el

hecho fue conocido por el señor JOSÉ TRINIDAD MENDOZA

VILLERO Q.E.P.D. con anterioridad, las obras realizadas por el

ente territorial no han concluido.

Adujo que la Sección Tercera también incurrió en defecto fáctico al

no darle el valor probatorio que correspondía a las pruebas

obrantes en el proceso, de las que era dable concluir que el término

de caducidad no podía computarse desde el momento en que el

señor JOSÉ TRINIDAD MENDOZA VILLERO Q.E.P.D. tuvo

conocimiento de los hechos.

Añadió que se incurrió en decisión sin motivación, comoquiera que

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sin mayores argumentos del fondo del asunto y pasando por alto

que no han finalizado las obras públicas, declaró probada la

excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

Finalmente, destacó que la autoridad judicial accionada desconoció

el precedente judicial dispuesto para la ocupación temporal o

permanente de bien inmueble a causa de obra pública por la

Sección Tercera del Consejo de Estado2 y su criterio en relación con

la forma en la que debe contabilizarse el término de caducidad,

postura que ha sido reiterada en varias oportunidades.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos

fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] dejar sin efectos la sentencia proferida por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, consejera ponente: MARTA
NUBIA VELÁSQUEZ RICO del veinticuatro (24) de septiembre de
2020, que determinó confirmar la sentencia proferida el 06 de
octubre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Cesar, al
declararse probada la caducidad de la acción de reparación
directa, y en su lugar se ordene dictar sentencia de remplazo
[…]”.

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de febrero de 2011,
C.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente identificado con el número único de radicación 54001-23-
31-000-2008-0031-01 (38.271).

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I.5. Defensa

I.5.1.- La Sección Tercera solicitó declarar improcedente la acción

de tutela de la referencia, toda vez que la providencia acusada se

notificó por estado el 2 de diciembre de 2020; además, el auto por

medio del cual se denegó la solicitud de adición fue notificado el 4

de mayo de 2021, por lo que incluso contabilizando el término

desde esta última fecha hasta la presentación de la solicitud de

amparo, ya habrían transcurrido más de 8 meses.

Sumado a lo anterior, resaltó que de la revisión del escrito de tutela

era dable inferir que lo pretendido por la parte actora era reabrir un

debate ya surtido en sede ordinaria y crear una tercera instancia,

pues las inconformidades se centran en controvertir las razones que

llevaron a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró

la caducidad del medio de control de reparación directa, aspecto

suficientemente analizado por el juez natural del asunto.

Así las cosas, adujo que la solicitud de amparo no está llamada a

prosperar, comoquiera que la sentencia cuestionada se adoptó

mediante un análisis profundo del caso, con sujeción a la ley, la

jurisprudencia y el material probatorio dispuesto en el proceso.

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- El Municipio de Becerril y el Tribunal Administrativo

del Cesar, pese a ser notificados del presente trámite

constitucional, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

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Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior

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del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del

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contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 24 de septiembre de

2020, proferida por la Sección Tercera, por medio de la cual

confirmó la decisión del a quo, de declarar probada la excepción de

caducidad propuesta dentro del medio de control de reparación

directa identificado con el número único de radicación 2012-00205-

01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, habida

cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos: i) fáctico, al dejar de darle el

valor probatorio que correspondía a las pruebas obrantes en el

proceso; ii) procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez

que el fallador de manera mecánica y sin observar las

particularidades del asunto, puso fin al proceso; iii) decisión sin

motivación, pues no emitió mayores argumentos y; iv)

desconocimiento del precedente judicial fijado por la Sección

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Tercera del Consejo de Estado3.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección

Tercera incurrió en los defectos endilgados.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial el requisito de la

inmediatez.

La Sala resalta que revisado el Software de Gestión de Consulta de

Procesos de la Rama Judicial4 y el expediente digital referente al

proceso de reparación directa objeto de tutela5, se advierte que la

providencia de 9 de abril de 2021, proferida por la Sección

Tercera, por medio de la cual se denegó la solicitud de adición de la

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de febrero de 2011,
C.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente identificado con el número único de radicación 54001-23-
31-000-2008-0031-01 (38.271).
4https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=KhYg

do5tzoO0cEZhdrLhhr2nKUE%3d

5 Visible a índice 11 del expediente digital.

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sentencia de 24 de septiembre de 2020, aquí cuestionada, fue

notificada mediante correo electrónico remitido el 4 de mayo de

2021, mientras que la presente acción de tutela se presentó el

1o. de febrero de 20226, esto es, transcurridos 8 meses y 28

días, superando así los 6 meses que han sido estimados por la

jurisprudencia como término razonable para impugnar por vía de

tutela el contenido de una decisión judicial, sin que se hubiesen

presentado razones válidas para la inactividad de la parte actora o

que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de

amparo.

En efecto, la parte actora no justificó en forma alguna su

inactividad, ni la tardanza en la presentación de la acción de tutela

de la referencia, por lo que no existe ni siquiera prueba sumaria,

que evidencie que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta que le impidiera ejercer la solicitud de amparo.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está

instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección

inmediata de los derechos fundamentales que se consideran

vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de

6https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110

010315000202200820001100103

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caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal

protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…]

de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la

urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende,

no cabría la procedencia del mecanismo […]”7.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada

caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido

entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los

derechos y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se

ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un

examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa

juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de

terceros, cuya situación podría verse injustamente afectada por el

otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,

la Corte Constitucional ha señalado que8:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad

7 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo.
8 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto

Antonio Sierra Porto.

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que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que el
amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de
los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, sostuvo9:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial,

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2014, op. cit.

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requisito que garantiza la realización del principio de
seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al
asegurar que la decisión judicial alcance el grado de
certeza material, que la hace definitiva e inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras10;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y

la vulneración de los derechos fundamentales del interesado11;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión12;

10 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas

Hernández.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
12 Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González

Cuervo.

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(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales13;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta14.

Así pues, no se encuentran razones válidas para la inactividad de la

parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la

solicitud de amparo en la existencia de un perjuicio irremediable,

pues como quedó visto, los actores hicieron uso del presente

mecanismo constitucional solo hasta el 1o. de febrero de 2022, esto

es, 8 meses y 28 días después.

Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el

amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la

ocurrencia de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las

medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no

basta cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que

equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o

moral en el haber jurídico de la persona; y la urgencia y la

gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,

13 Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
14 Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente:

doctor Humberto Antonio Sierra Porto.

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debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden

social justo en toda su integridad.

Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que en la presente

acción de tutela no se evidenció que la situación de la parte actora

se enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la

jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación

por fuera del término establecido por la Sala Plena del Consejo de

Estado, se concluye que la solicitud de amparo constitucional se

presentó por fuera de la pauta jurisprudencial de los seis meses que

fijó la Sala Plena del Consejo de Estado como término razonable

para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Finalmente, se destaca que en la sentencia SU-354 de 25 de mayo

de 201715, la Corte Constitucional, además de reiterar la

importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela

contra providencia judicial, para resolver el caso concreto exceptuó

el término de los seis meses establecido por regla general como

tiempo razonable, dadas las particularidades especiales del asunto

que allí se estudiaba en el que existió un hecho relevante que

justificaba la tardanza en la interposición de la solicitud de amparo.

Empero, tal situación, como quedó visto, no se observa en el

presente caso.

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Corte Constitucional, M.P. doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la parte actora por no cumplirse el requisito

de la inmediatez, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo,

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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