Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00820-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00820-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00820-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
21 de abril de 2022
Demandantes: Tirsa Dolores Tamara de Mendoza y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-00820-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00820-01
Demandantes: TIRSA DOLORES TAMARA DE MENDOZA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma el fallo
de primera instancia por falta de carga argumentativa en la
impugnación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 25 de febrero de 2022, por medio de la cual la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional
solicitado, por no cumplirse el requisito de la inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito recibido electrónicamente el 1° de febrero de 2022 en el correo
de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Tirsa Dolores
Tamara de Mendoza, Mónica Patricia, Miladys Gregoria, Maribeth, José
Sebastián y Jorge Luis Mendoza Tamara, actuando a través de apoderado,
ejercieron acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y al principio de seguridad jurídica.
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Demandantes: Tirsa Dolores Tamara de Mendoza y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2022-00820-01
Sostuvieron que tales garantías las vulneró la autoridad judicial demandada con
ocasión de la sentencia del 24 de septiembre de 2020, que confirmó la
providencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del
Cesar el 6 de octubre de 2016, con la que se declaró probada la caducidad del
medio de control de reparación directa, el cual se identificó con el radicado
20001-23-39-003-2012-00205-01 (58.437).
En consecuencia, la parte demandante pretende:
«…dejar sin efectos la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A, consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO del
veinticuatro (24) de septiembre de 2020, que determinó confirmar la sentencia
proferida el 06 de octubre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Cesar, al
declararse probada la caducidad de la acción de reparación directa, y en su
lugar se ordene dictar sentencia de remplazo...»
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvieron que el señor José Trinidad Mendoza Villero (Q.E.P.D.) presentó
una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
del municipio de Becerril, por la ocupación permanente de un inmueble de su
propiedad, con ocasión de la ejecución de varias obras públicas de dicho ente
territorial.
Manifestaron que el Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 6
de octubre de 2016, declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control, al considerar que desde el 26 de septiembre de 2005, el demandante
tuvo conocimiento de la ocupación del inmueble por cuenta de la construcción
de las obras, de manera que a la fecha de presentación de la demanda
ordinaria, esto es, el 30 de noviembre de 2012, se encontraba configurada la
caducidad.
Afirmaron que la anterior decisión fue confirmada por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con fallo del 24 de septiembre de
2020.
Precisaron que durante el trámite del proceso en segunda instancia, el señor
Mendoza Villero falleció; por tanto, con auto del 20 de agosto de 2019, la
Sección Tercera los reconoció como sucesores procesales.
Señalaron que presentaron solicitud de adición de la sentencia, la cual fue
denegada con auto de 9 de abril de 2021.
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3. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que, con la sentencia demandada, se incurrió en lo
siguiente:
3.1. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
Indicó que de manera mecánica y sin observar las particularidades del asunto,
la autoridad judicial demandada puso fin al proceso ordinario pese al daño
producido en las víctimas por el ente territorial, municipio de Becerril en su bien
inmueble.
Consideró que el término de caducidad no operó, ya que se trata de un hecho
continuado y sucesivo, porque si bien se tuvo conocimiento del inicio de las
obras, estas no han concluido.
3.2. Defecto fáctico
Mencionó que en la sentencia acusada no se le dio el valor probatorio que
correspondía a las obrantes en el proceso, de las que se podía concluir que el
término de la caducidad no se podía computar desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la obra.
3.3. Decisión sin motivación
Añadió que la autoridad judicial demandada no aportó mayores argumentos de
fondo en su decisión y pasó por alto que las obras no han finalizado y, a pesar
de ello, confirmó la declaratoria de caducidad.
3.4. Desconocimiento del precedente
Refirió que con la providencia acusada se desconoció el precedente judicial
dispuesto para la ocupación temporal o permanente de bien inmueble por causa
de obra pública de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado1, en
relación con el conteo de la caducidad para dichos casos.
4. Trámite en primera instancia
Mediante providencia del 7 de febrero de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado admitió la solicitud de tutela y, en consecuencia, ordenó la
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de febrero de
2011, MP. Danilo Rojas Betancourth, expediente identificado con el número único de radicación
54001-23-31-000-2008-0031-01 (38.271).
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notificación en calidad de demandados a los magistrados de la Sección Tercera
-Subsección A- del Consejo de Estado.
A su vez, dispuso la vinculación del municipio de Becerril (Cesar) y del Tribunal
Administrativo del Cesar, a través del alcalde y los magistrados que lo integran,
respectivamente.
5. Contestaciones
5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
La autoridad judicial en mención solicitó se declarara improcedente la acción de
tutela ya que la providencia acusada se notificó por estado el 2 de diciembre de
2020 y, además, el auto por medio del cual se denegó la solicitud de adición fue
notificado el 4 de mayo de 2021, por lo que, contabilizando el término desde
esta última fecha hasta la presentación de la solicitud de amparo, se superan
más de 8 meses.
Advirtió que lo pretendido por la parte accionante es reabrir un debate surtido
en sede ordinaria y crear una tercera instancia, en tanto que cuestiona la
decisión que confirmó la declaratoria de caducidad en el proceso ordinario, lo
cual fue objeto de análisis.
Agregó que tampoco debe prosperar lo solicitado, toda vez que la providencia
demandada se adoptó mediante un análisis detallado del asunto, con sujeción a
la ley, la jurisprudencia y al material probatorio dispuesto en el proceso.
5.2. El municipio de Becerril y el Tribunal Administrativo del Cesar, pese a ser
notificados, guardaron silencio.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 25 de febrero de 2022, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional solicitado,
por no cumplirse el requisito de la inmediatez.
Señaló que revisado el Software de Gestión de Consulta de Procesos de la
Rama Judicial y el expediente digital referente al proceso de reparación directa
objeto de tutela, se pudo advertir que la providencia cuestionada, fue notificada
mediante correo electrónico remitido el 4 de mayo de 2021, mientras que la
presente acción de tutela se presentó el 1° de febrero de 2022.
Mencionó que entre un evento y otro transcurrieron 8 meses y 28 días,
superando así los 6 meses que han sido estimados por la jurisprudencia como
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término razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión
judicial, sin que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de
la parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de
amparo.
Adujo que la parte accionante tampoco justificó en forma alguna su inactividad,
ni la tardanza en la presentación de la acción de tutela de la referencia, por lo
que no existe ni siquiera prueba sumaria, que evidencie que se encontrara en
un estado de debilidad manifiesta que le impidiera ejercer la acción de tutela.
Precisó que no se encontraban razones válidas para la inactividad de la parte
demandante o que justifiquen la tardanza en la presentación de la solicitud de
amparo en la existencia de un perjuicio irremediable, pues como quedó visto,
los actores hicieron uso del presente mecanismo constitucional solo hasta el 1°
de febrero de 2022, esto es, 8 meses y 28 días después
Sostuvo que en la acción de tutela no se evidenció que la situación de la parte
actora se enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación por fuera del
término establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado, fijado en seis
meses como tiempo razonable para cuestionar vía tutela providencias
judiciales.
Destacó que en la sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de inmediatez en
la acción de tutela contra providencia judicial, para resolver el caso concreto
exceptuó el término de los seis meses establecido por regla general como
tiempo razonable, dadas las particularidades especiales del asunto que allí se
estudiaban en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud constitucional. Empero, tal situación no se observó
en el presente caso.
7. Impugnación
Mediante escrito oportunamente allegado vía electrónica el 9 de marzo de 2022,
el abogado de la parte accionante presentó impugnación en contra del fallo de
primera instancia, notificado electrónicamente el 8 del mismo mes y año, bajo lo
siguiente:
«WOHINER ENRIQUE ALFARO CABRERA, mayor de edad, vecino de
Valledupar, identificado con la cedula de ciudadanía No. 15.173.515
expedida en Valledupar, abogado con Tarjeta Profesional No. 151.690 del
Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado de la
parte accionante, comedidamente me acerco a su despacho con el fin de
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IMPUGNAR EL FALLO DE TUTELA proferido el día veinticinco (25) de
febrero de dos mil veintidós (2022), notificado al suscrito el día ocho (8) de
marzo de 2022, a través del correo electrónico
cegral@notificacionesrj.gov.co, recurso que sustentare en sede de
segunda instancia.
Sin otro asunto,
Atentamente
…»
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19912, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si el escrito de impugnación cumple con la carga
argumentativa necesaria para cuestionar el fallo de tutela primera instancia y,
de ser así, si se cumple con el presupuesto de procedencia de la inmediatez y
demás requisitos generales, para luego, estudiar de fondo la solicitud de
amparo promovida por la parte actora.
3. Caso concreto
La parte accionante consideró que sus derechos fundamentales invocados, los
vulneró la autoridad judicial demandada con ocasión de la sentencia del 24 de
septiembre de 2020, que confirmó la providencia de primera instancia dictada
por el Tribunal Administrativo del Cesar el 6 de octubre de 2016, con la que se
declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa, el cual
se identificó con el radicado 20001-23-39-003-2012-00205-01 (58.437).
2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela pues no se cumplió con
el presupuesto general de la inmediatez y, tampoco se justificó la tardanza para
promoverla.
El abogado de la parte actora recurrió, bajo la manifestación de «IMPUGNAR
EL FALLO DE TUTELA» mediante escrito remitido electrónicamente el 9 de
marzo de 2022, sin sustentar oportunamente su inconformidad respecto de lo
decidido en la sentencia del a quo, en tanto que señaló que lo haría en sede de
segunda instancia.
A su vez, se observa que la impugnación presentada se concedió mediante
auto del 18 de marzo de 2022, así:
«El apoderado de los actores mediante escrito de 9 de marzo de 2022, impugnó
la sentencia de 25 de febrero del presente año, proferida por esta Sección, que
declaró improcedente el amparo solicitado.
…»
Al respecto, resulta necesario señalar el contenido de los artículos 31 y 32 del
Decreto 2591 de 19913:
«ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes
a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente,
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión.
ARTICULO 32. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al
superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición
de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el
fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio,
el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos
casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda
instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión.»
3
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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De conformidad con el trámite normativo respecto de la impugnación del fallo de
primera instancia, se precisa que no existe una oportunidad posterior para
sustentar el recurso, pues este debe presentarse no solo con la indicación y la
manifestación de impugnar sino con los motivos o razones que lo fundamentan
dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela.
Asimismo, debe advertirse que, en segunda instancia de tutela, el ordenamiento
aplicable no contempla que se deba surtir algún trámite especial tendiente a la
admisión del recurso en cuestión, ni correr traslado de dicho escrito, ya que lo
que procede es revocar la decisión recurrida si carece de fundamento o
confirmar la sentencia si se encuentra ajustada a derecho.
De manera que, la parte impugnante debía señalar en su recurso los
argumentos tendientes a desvirtuar las razones o motivos del a quo para
declarar la improcedencia; sin embargo, no lo hizo, pues simplemente se limitó
a manifestar que impugnaba el fallo y que lo sustentaría en sede de segunda
instancia.
La carga argumentativa resulta necesaria para poder establecer los motivos de
inconformidad de la parte demandante respecto de lo decidido por el juez
constitucional a quo, pues en sede de tutela no es posible efectuar análisis
oficiosos y mucho menos cuando lo que se cuestiona en una providencia
judicial.
En consecuencia, la ausencia de carga argumentativa impide al juez ad quem
realizar un cotejo entre el acervo probatorio con el fallo impugnado, conforme al
marco normativo precedente y, por tanto, se debe confirmar la sentencia de
primera instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase el fallo impugnado del 25 de febrero de 2022, por
medio del cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez,
por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
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providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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