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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00829-00

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-00829-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Mónica Romero Parra, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00829-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

5 de mayo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00829-00
Demandante: Mónica Romero Parra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00829-00
Demandante: MÓNICA ROMERO PARRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en medio de control de
nulidad electoral. Inhabilidad para ejercer cargo público prevista en
el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. No se configura
la violación de la Constitución ni el desconocimiento del
precedente. Tampoco se incurrió en defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Mónica Romero Parra
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial, la señora Mónica
Romero Parra pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a
elegir y ser elegido, a ejercer cargos y funciones públicas y al mínimo vital, así como
del principio de congruencia, que estimó vulnerados por las providencias del 9 de
septiembre de 2021 y 9 de noviembre del mismo año, dictadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

1.2. En concreto, la demandante formuló la siguiente pretensión: “que se deje sin
efecto la sentencia de 9 de septiembre de 2021, que anuló su elección como alcaldesa
municipal de Gachetá, período 2020-2023; y el auto del 9 de noviembre del mismo
año, que negó́ la solicitud de aclaración y adición de dicho fallo, ambas providencias
proferidas por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. La señora Mónica Romero Parra se inscribió como candidata a la Alcaldía
Municipal de Gachetá (Cundinamarca), para el periodo 2020-2023, con aval del partido
de la U.

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Demandante: Mónica Romero Parra

2.2. El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones de autoridades
territoriales y, mediante acto de elección E-26 ALC del 30 de octubre siguiente, se
declaró a la señora Romero Parra como alcaldesa electa del municipio de Gachetá.

2.3. El señor Oswaldo Bernal Leal interpuso demanda de nulidad electoral contra el
acto de elección de la señora Mónica Romero Parra, con fundamento en el numeral 5º
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, esto es, por encontrarse incursa en la causal
de inhabilidad del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, esto es, “(…) haber
sido sancionados disciplinalmente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por
faltas graves o leves dolosas o por ambas (…)”. Que, para el caso concreto, la
Procuraduría General de la Nación impuso tres sanciones consistentes en suspensión,
por faltas graves dolosas o gravísimas culposas a la señora Mónica Romero Parra,
cuando ejerció como alcaldesa para el periodo 2012 a 2015.

2.4. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, que, por sentencia del 9 de septiembre de 2021, declaró la
nulidad del acto a través del que se declaró a la señora Mónica Romero Parra como
alcaldesa del municipio de Gacheta para el periodo 2020-2023, contenido en el
formulario E-26 ALC de 30 de octubre de 2019 y, en consecuencia, canceló la
credencial que la acreditaba como alcaldesa.

2.4.1. El tribunal encontró probado que existieron tres sanciones disciplinarias
impuestas a Mónica Romero Parra, en un periodo de cinco años y antes de su elección
como alcaldesa municipal. Que, en efecto, dos de las sanciones fueron tipificadas
como “faltas gravísimas a título de culpa grave” consideradas como faltas graves1 y
otra calificada como “falta grave a título de dolo”. Que, por lo tanto, incurrió en la
inhabilidad de 3 años, consagrada en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, a partir de la ejecutoria del último acto disciplinario sancionatorio, esto es, desde
el 25 de septiembre de 2018.

2.4.2. Que, siendo así, entre el 26 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de
2021, la señora Romera Parra se encontraba inhabilitada para ocupar cargos públicos
y, por tanto, cuando se expidió el acto de elección, contenido en el formulario E-26
ALC de 30 de octubre de 2019, estaba vigente la inhabilidad y, en consecuencia, se
configuró la causal de nulidad electoral que establece que los actos de elección son
nulos cuando se elijan candidatos o se nombren personas “(…) que se hallen incursas
en causales de inhabilidad”.

2.5. La señora Romero Parra presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia,
porque, a su juicio, los argumentos de defensa sobre la idoneidad del certificado de
antecedentes disciplinarios se resolvieron de manera incompleta y confusa y porque
era necesario que se precisara en qué medida la decisión era compatible con la
Convención Americana de Derechos Humanos y con las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

2.6. Por auto del 9 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, denegó las solicitudes de aclaración y adición, porque
la solicitud de la señora Romero Parra en realidad no buscaba una aclaración o
adición, sino discutir la decisión adoptada en única instancia.

1 De conformidad con el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002.

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3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. De manera preliminar, la señora Mónica Romero Parra manifestó que la solicitud
de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las
providencias del 9 de septiembre y del 9 de noviembre, ambas de 2021, dictadas por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
incurrieron en los siguientes defectos:

3.1.1. Violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial. La actora inició por señalar que, de conformidad con el artículo
93 de la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por
el Congreso de la República, que reconocen derechos humanos y prohíben su
limitación en estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

3.1.1.1. Que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta el artículo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce los derechos de los
ciudadanos, en una dimensión individual y colectiva, a participar como candidatos y
como electores. Dijo que, en cuanto al alcance del artículo 23.2 de la citada
Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 ha concluido que “dicho
instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción
que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o
destitución) para el ejercicio de derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede
serlo por actor jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente
proceso penal”.

3.1.1.2. Que también desconoció la sentencia del 15 de noviembre de 20173, dictada
por la Sala Plena del Consejo de Estado, que, como juez de convencionalidad,
examinó la competencia de la Procuraduría General de la Nación a la luz de las
referidas normas convencionales y concluyó que esa entidad carecía de competencia
para imponer una sanción que implicó la destitución y la inhabilidad general del señor
Gustavo Petro debido a que sus acciones u omisiones, si bien podrían ser contrarias
a derecho, no constituyeron actos de corrupción.

3.1.1.3. Que el tribunal demandado, con desconocimiento de los precedentes
jurisprudenciales, no analizó que las sanciones impuestas que dieron lugar a la
restricción de derechos políticos de la señora Romero Parra: (i) se expidieron por un
órgano que no era un juez competente, no hubo condena, ni se aplicaron como
resultado de un proceso penal, y (ii) no fueron producto de una investigación
disciplinaria cuyo origen se tratase de conductas constitutivas de actos de corrupción.

3.1.2. Defecto fáctico. A juicio de la actora, el tribunal demandado no valoró los
certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de
la Nación, especialmente el No. 135561730 del 22 de octubre de 2019, en el que
expresamente se registró que no tenía ninguna inhabilidad para ejercer el cargo de
alcaldesa municipal. Que esa prueba era idónea, útil y legal. Que, de hecho, a partir
de esa certificación obtuvo el aval del partido y la inscripción ante la Registraduría del
Estado Civil, actuaciones que fueron corroboradas y ratificadas por el Consejo
Nacional Electoral cuando denegó una solicitud de revocatoria de la inscripción de la

2 Citó los casos López Mendoza Vs. Venezuela y Gustavo Petro Vs Colombia.
3 Proceso No. 11001032500020140036000. M.P. César Palomino Cortés

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Demandante: Mónica Romero Parra

señora Romero Parra.

3.1.2.1. De acuerdo con lo anterior, sostuvo que amparada en el principio de confianza
legítima y basada en la firme convicción que generó la Procuraduría General de la
Nación y el Consejo Nacional Electoral, decidió continuar con la candidatura, que
culminó con su elección como alcaldesa municipal de Gachetá.

3.1.2.2. Que, aunque en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión
insistió en el anterior alegato, el tribunal optó por valorar únicamente el oficio del 21 de
abril de 2021, que aportó la Procuraduría General de la Nación, sin tener en cuenta el
principio de unidad de la prueba que rige en esa clase de procesos. En ese sentido,
dijo que los reproches que formuló al interior del proceso se despacharon de manera
incompleta y confusa “pues el juez de instancia partió de la equívoca premisa de que
no era relevante que el certificado de antecedentes fuese claro y enfático en señalar
que la señora Mónica Romero Parra no estaba inhabilitada”.

3.1.3. Finalmente, la actora sostuvo que la nulidad de su elección afecta directamente
la consecución de recursos para solventar todas las necesidades de su familia,
teniendo en cuenta que es madre cabeza de hogar y que el salario era su única fuente
de ingreso. Que, además, la falta de pago genera una situación crítica a nivel
económico como psicológico.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 4 de febrero de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela, denegó la medida cautelar solicitada y, entre otras cosas, ordenó notificar,
en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Adicionalmente, vinculó como tercero
con interés, al señor Manuel Oswaldo Bernal Leal, demandante en el proceso de
nulidad electoral.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 11 y 21 de
febrero de 20224.

5. Intervenciones

5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, solicitó que se denegara el amparo solicitado, pues las decisiones
acusadas fueron respetuosas de la normatividad que regula la materia y de los
derechos de las partes. Que, además, tampoco se desconocieron los derechos
fundamentales de la demandante.

5.1.1. Con todo, adujo que las razones se encuentran ampliamente consignadas en
las decisiones objeto de tutela, las que además se ajustaron a derecho, estuvieron
suficientemente motivadas en sus aspectos fáctico, jurídico y probatorio.

5.2. A pesar de haber sido notificado, el señor Manuel Oswaldo Bernal Leal no rindió
informe sobre los hechos que motivaron la presente demanda.

4 Índice Nos. 8 y 12 de Samai.

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Demandante: Mónica Romero Parra

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20125, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, se
precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias
judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala estima que la demanda de tutela cumple los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En consecuencia,
se resolverá el asunto de fondo.

2.2. Conviene precisar que, si bien la actora cuestiona las providencias del 9 de
septiembre de 2021 y 9 de noviembre de 2021, proferidas por la autoridad judicial
demandada, lo cierto es que los cuestionamientos se dirigen específicamente contra
la sentencia que declaró la nulidad del acto de elección. En consecuencia, se
estudiarán los defectos alegados únicamente respecto de esa decisión.

2.3. En los términos de la demanda, corresponde a la Sala determinar si la sentencia
del 9 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, incurrió en violación directa de la Constitución Política,
en desconocimiento del precedente judicial o en defecto fáctico.

5 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
6 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Demandante: Mónica Romero Parra

3. Solución al problema jurídico planteado

3.1. Para determinar si la sentencia del 9 de septiembre de 2021, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, incurrió en
los defectos endilgados por la actora, corresponde traer, en lo pertinente, las
consideraciones de la citada decisión.

De la providencia objeto de tutela

3.1.1. En la providencia acusada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, inició por relacionar el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734
de 2002, que establece:

Artículo 38. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades para desempeñar
cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
(…)
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por
faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años
contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.

3.1.2. Frente al contenido y alcance de la anterior inhabilidad, el tribunal demandado
relacionó la sentencia del 15 de marzo de 2018, dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, a partir de la cual llegó a las siguientes conclusiones:

a) El numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 expone con claridad una distinción entre
faltas graves y faltas leves dolosas y que la inhabilidad para el ejercicio de la función pública
se configura cuando se imponen tres sanciones por faltas disciplinarias calificadas bajo
cualquiera de estas dos modalidades, o por ambas.
b) La inhabilidad de que se trata puede configurarse por tres faltas graves, o tres faltas leves
dolosas, o bien cualquier combinación de ambas, bien sea dos faltas graves y una leve dolosa,
o dos de estas y una grave.
c) La Ley 734 de 2002, clasifica las faltas en: i) gravísimas (art. 48), ii) graves y, iii) leves (art. 43),
todas ellas se pueden cometer a título de dolo, culpa gravísima o culpa grave y, dependiendo
de ello, corresponde el tipo de sanción (art. 44), la norma en cita es clara en establecer que las
faltas graves pueden cometerse a título de dolo, culpa gravísima o culpa grave, mientras que
las leves deben ser con dolo, para que opere la inhabilidad allí́ establecida.
d) El numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 en manera alguna, prevé́ que la falta grave
deba ser calificada bajo algún título particular, bien sea dolo, culpa gravísima o culpa grave,
para que la sanción por su comisión de lugar a la inhabilidad, por lo que basta con que la falta
sea grave a cualquier título.
e) En cambio, respecto de la falta leve, la norma trae consigo la exigencia de que esta sea
calificada a título de dolo, aspecto que la distingue, notoriamente, de la falta grave.
f) La Corte Constitucional en la sentencia T-504 de 2009 estudió el alcance del numeral 2 del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 advirtiendo lo siguiente: “Tal como lo señaló́ esta Corporación
en la sentencia C- 544 de 2005, el eje axiomático de la inhabilidad gira en torno a los intereses
de la Administración Pública, y que a través de ella se impide que ingresen o continúen en el
servicio público personas sin las cualidades y condiciones de idoneidad, probidad y moralidad,
acordes con la función pública. Por lo tanto, sería contrario a este fin, el que quien ha sido
sancionado tres veces o más por faltas graves –no importa si son culposas o dolosas- pueda
continuar en él. Y es que, de hecho, en algunos casos una falta grave culposa puede resultar
incluso más lesiva para el interés público que una falta leve dolosa, razón por la cual parecería
por lo menos irrazonable que la inhabilidad en comento operara frente a quien incurra en tres
o más faltas leves dolosas, pero no frente a quien incurra en tres o más faltas graves culposas.”

3.1.3. El tribunal explicó que, por su parte, el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011 establece que los actos de elección son nulos cuando se elijan candidatos o
se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o
legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.
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3.1.4. Luego relacionó el documento del 21 de abril de 2021, aportado al proceso por
la Procuraduría General de la Nación, en el que, entre otras cosas, se relacionó la
siguiente información:

3.1.5. La autoridad judicial demandada indicó que el numeral 2 del artículo 38 de la
Ley 734 de 2002, preceptúa que constituyen inhabilidades para desempeñar cargos
públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, entre otras, “haber sido sancionado
disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o
leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados
a partir de la ejecutoria de la última sanción”.

3.1.6. Estimó que era relevante anotar que, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9 de la Ley 734 de 2002, “la realización típica de una falta objetivamente
gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”.

3.1.7. Al examinar el caso concreto, el tribunal demandado encontró que la señora
Mónica Romero Parra fue sancionada disciplinariamente 3 veces en los últimos 5 años
antes de su elección como alcaldesa municipal el 30 de octubre de 2019. Que las dos
primeras sanciones disciplinarias identificadas como Siri no. 100130512, proceso no.
2014-284959, ejecutoriada el 23 de enero de 2017, y Siri no. 100143973, proceso no.
IUC-D2017-952462, ejecutoriada el 17 de agosto de 2018, fueron calificadas o
tipificadas como “faltas gravísimas a título de culpa grave” y, la última sanción
disciplinaria identificada como Siri no. 100145061, proceso no. D2017-952498,
ejecutoriada el 25 de septiembre de 2018, fue tipificada como “falta grave a título de
dolo”. Que si bien se registró una cuarta sanción disciplinaria, lo cierto era que no se
tendría en cuenta, por cuanto quedó ejecutoriada el 31 de enero de 2020, esto es, con
posterioridad a la elección de la señora Romero Parra.

3.1.8. A partir de lo anterior, el tribunal concluyó que la señora Mónica Romero Parra
incurrió en la inhabilidad de tres años prevista en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley
734 de 2002, a partir de la ejecutoria del último acto disciplinario (25 de septiembre de
2018), de modo que, entre el 26 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2021,
se encontraba inhabilitada para ocupar cargos públicos. Que para el momento en que
se expidió el acto de elección del 30 de octubre de 2019 estaba vigente la citada

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Demandante: Mónica Romero Parra

inhabilidad y, por lo tanto, se configuró la causal de nulidad electoral prevista en el
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. En lo pertinente, la providencia
dice:

8) Los citados hechos ponen en evidencia que existen tres sanciones disciplinarias en un periodo
de cinco años que fueron impuestas a la demandada Mónica Romero Parra antes de su elección
como alcaldesa municipal el 30 de octubre de 2019, dos tipificadas como faltas gravísimas a título
de culpa grave, las que de conformidad con el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 son
consideradas como faltas graves y, una calificada como falta grave a título de dolo, razón por la
cual sí resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 que
preceptúa que constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria
del fallo, “Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco
(5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas” resaltándose que de conformidad con lo
dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado la citada norma en manera alguna, prevé́
que la falta grave deba ser calificada bajo algún título particular, bien sea dolo, culpa gravísima o
culpa grave, para que la sanción por su comisión de lugar a la inhabilidad.

9) En atención a que la demandada fue sancionada disciplinariamente tres veces por faltas
tipificadas dos como faltas gravísimas a título de culpa grave, las que de conformidad con el
numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 son consideradas como faltas graves y, una
calificada como falta grave a título de dolo, es claro que incurrió́ en la inhabilidad de tres años,
consagrada en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, a partir de la ejecutoria del
último acto disciplinario sancionatorio, esto es desde el 25 de septiembre de 2018, ello en atención
a la citada disposición que establece que “(...). Esta inhabilidad tendrá́ una duración de tres años
contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.”

10) Lo expuesto quiere decir que la señora Mónica Romero Parra entre el 26 de septiembre de
2018 y el 26 de septiembre de 2021 se encontraba inhabilitada para ocupar cargos públicos, es
decir, que cuando se expidió́ el acto de elección contenido en el formulario E-26 ALC de 30 de
octubre de 2019 mediante el cual se la declaró como alcalde electa del municipio de Gachetá
Cundinamarca para el periodo constitucional 2020 – 2023, estaba vigente la inhabilidad de que
trata el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, por tanto se configura la causal de nulidad
electoral prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 que consagra que los
actos de elección son nulos, cuando se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan
las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en
causales de inhabilidad.

3.1.9. Por otro lado, el tribunal señaló que no eran de recibo los alegatos de la señora
Romero Parra relativos a la aplicación del control de convencionalidad y observancia
de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la
interpretación el artículo 23.2 convencional, por las siguientes razones:

• Que la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley
734 de 2002 fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante
sentencia C-544 de 2005, por lo que de conformidad con el numeral 1° del
artículo 48 de la Ley 270 de 1996, los efectos de esa sentencia son erga omnes
y de obligatorio cumplimiento.

• Que la sentencia C-544 de 2005, puso de presente que:

i) La inhabilidad que ocurre como consecuencia de haberse interpuesto la tercera sanción
disciplinaria en cinco años establecida en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002
surge no como una nueva sanción, sino como una medida de protección de la administración
que pretende evitar el acceso a sus cargos de personas que han demostrado una manifiesta
incompetencia en el manejo de los negocios que se les encomiendan.
ii) El numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no establece nuevas sanciones como
consecuencia de haberse impuesto la tercera sanción disciplinaria sino que elimina la
posibilidad de acceder a cargos públicos en un plazo de tres años, pero dicha prohibición, como

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se vio, no puede considerarse una cuarta sanción, sino la medida legítima que utiliza la
administración para proteger sus intereses y los de la comunidad.

3.1.10. Finalmente, el tribunal demandado indicó que los efectos de la decisión serían
hacia el futuro – ex nunc.

Análisis de la Sala

3.2. Con claridad frente al sustento de la sentencia objeto de tutela, la Sala entra a
analizar si se configuraron los defectos que la señora Mónica Romero Parra endilgó a
esa decisión.

3.2.1. La actora alegó que la decisión acusada incurrió en violación directa de la
Constitución Política, por cuanto desconoció la interpretación que frente al artículo
23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha efectuado la Corte IDH,
esto es, que un órgano administrativo no puede imponer una sanción que implique
restricción de los derechos políticos. Que también incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, por cuanto no tuvo en cuenta la sentencia del 15 de diciembre
de 2017, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado, que estableció que la
Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para aplicar sanciones de
destitución e inhabilidad.

3.2.2. Al respecto, la Sala encuentra que el artículo 23 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, relativo a los derechos políticos, preceptúa lo siguiente:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

3.2.3. Específicamente frente al alcance del artículo 23.2, como bien señala la actora,
la Corte IDH ha precisado que una autoridad administrativa no tiene competencia para
restringir derechos políticos. Esa fue justamente la tesis que aplicó en los casos López
Mendoza vs. Venezuela y Petro Urrego vs. Colombia, mediante fallos del 1º de
septiembre de 2011 y del 8 de julio de 20207, respectivamente.

3.2.3.1. En el caso Petro Urrego vs. Colombia, en lo pertinente, la Corte IDH señaló:

La Corte advierte que la Comisión y las partes sostienen interpretaciones divergentes respecto al
alcance del artículo 23.2 de la Convención, en particular sobre si dicho artículo admite restricciones
a los derechos políticos de autoridades democráticamente electas como resultado de sanciones
impuestas por autoridades distintas a un “juez competente, en proceso penal”, y las condiciones

7 También sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Resolución de Medidas Cautelares

5/2014, en la que ordenó al Gobierno Colombiano la suspensión provisional de la decisión del 9 de diciembre de
2013, expedida por la Sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (consistente en la destitución e
inhabilidad Gustavo Petro).
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en que dichas restricciones podrían ser válidas. Al respecto, el Tribunal recuerda que en el caso
López Mendoza Vs. Venezuela se pronunció sobre el alcance de las restricciones que impone el
artículo 23.2 respecto de la inhabilitación del señor Leopoldo López Mendoza por parte del
Contralor General de la República, mediante la cual le fue prohibida su participación en las
elecciones regionales del año 2008 en Venezuela. En aquel precedente, la Corte señaló lo
siguiente: (…)

96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que
dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que
implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una
persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el
ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional
(sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal. El Tribunal considera que la
interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución
como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios
públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores

3.2.4. Ahora, la sentencia del 15 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Plena del
Consejo de Estado, se profirió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió el señor Gustavo Petro Urrego contra la Procuraduría General de la
Nación, con ocasión de la sanción de destitución e inhabilidad que le fue impuesta por
esa entidad. En esa oportunidad, la Sala Plena del Consejo de Estado ejerció el control
de convencionalidad y determinó que los actos demandados estaban viciados de
nulidad por: (i) falta de competencia del ente que impuso la sanción y (ii) violación al
principio de tipicidad de la falta disciplinaria que guarda relación estricta con el principio
de legalidad de la sanción. Esa decisión, a juicio de la actora, también fue desconocida
por el tribunal en el presente asunto.

3.2.5. De entrada, la Sala encuentra que la autoridad judicial demandada no incurrió
en violación directa de la Constitución ni en desconocimiento del precedente
judicial, porque las decisiones de la Corte IDH y la sentencia del Consejo de Estado,
que invoca la parte actora como desconocidas, en realidad, no constituyen precedente
para el caso objeto de estudio.

3.2.5.1. En efecto, mientras el caso que conoció la Corte IDH se relacionó con
presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de un proceso
disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación del señor Gustavo
Francisco Petro Urrego, y, por su parte, la sentencia del Consejo de Estado se dictó
en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra actos que
impusieron sanciones disciplinarias al señor Petro Urrego, en el caso objeto de estudio
la sentencia cuestionada se dictó en un proceso de nulidad electoral, cuyo fin no era
cuestionar la legalidad de sanciones disciplinarias, sino determinar si era nula la
elección por haberse configurado la causal de inhabilidad para el ejercicio de un cargo
público.

3.2.5.2. Es decir, se trata de procesos judiciales diferentes, que iniciaron por causas y
con objetos diferentes. En este punto conviene precisar que la propia Corte
Constitucional ha señalado que cuando se usen precedentes de derecho internacional
como criterio hermenéutico “se deben analizar las circunstancias de cada caso
particular para establecer su aplicabilidad”8. Igualmente, el precedente judicial como
causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve

8 Sentencias C-327 de 2016 y C-659 de 2016.

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como referente para que se decidan otros conflictos que necesariamente deben ser
semejantes.

3.2.5.3. Sin embargo, como se vio, las decisiones de la Corte IDH y de la Sala Plena
del Consejo de Estado no guardan similitud fáctica ni jurídica con el asunto que dio
lugar a la sentencia que aquí cuestiona y, por lo tanto, no constituían precedente
aplicable.

3.2.6. En todo caso, la Sala encuentra razonable la postura del tribunal demandado,
en cuanto recalcó que la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley
734 de 2002 (haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos
cinco años por faltas graves o leves dolosas) no se trata de una nueva sanción, sino
de una imposibilidad de acceder a cargos públicos. En palabras de la propia Corte
Constitucional9, se trata de una medida que tiene como objetivo “lograr la moralización,
idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar a cargos del Estado”.

3.2.7. La Sala no puede pasar por alto que, en el fondo, la inconformidad de la señora
Romero Parra radica en las sanciones que fueron impuestas por la Procuraduría
General de la Nación y que dieron lugar a que se configurara la inhabilidad para que
ejerciera el cargo de alcaldesa municipal. No obstante, esas decisiones no fueron la
materia de estudio en el caso concreto, pues, como se vio, el objeto de la acción de
nulidad electoral era determinar si el acto de elección era o no nulo –siendo ese, y no
otro, el marco de análisis para el tribunal demandado–. Si la actora estimaba que las
sanciones disciplinarias carecen de legalidad, lo propio era que ejerciera el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para proponer los respectivos cargos
de nulidad y reproches que ahora pone de presente.

3.2.8. Por lo tanto, la Sala considera que no se configuró el defecto de violación directa
de la Constitución Política y desconocimiento de precedente judicial.

3.3. Ahora, en cuanto al defecto fáctico que alega la demandante, relativo a la falta
de valoración del certificado de antecedentes disciplinarios especial No. 135561730
del 22 de octubre de 2019, expedido por la Procuraduría General de la Nación, la Sala
precisa lo siguiente:

3.3.1. En el proceso de nulidad electoral, las partes aportaron certificados de
antecedentes disciplinarios (ordinarios y especiales) expedidos por la Procuraduría
General de la Nación, en los que se registran las sanciones disciplinarias que impuso
esa entidad a la señora Mónica Romero Parra. Uno de esos certificados, es el que
relaciona la aquí demandante, en el que, además, se registra la observación “no
presenta inhabilidades especiales aplicadas al cargo”.

3.3.2. En la audiencia inicial del 19 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, decretó la siguiente prueba de oficio:
“ofíciese a la Procuraduría General de la Nación para que en el término de diez (10)
días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación certifique si la
señora Mónica Romero Parra (…) ha sido sancionada disciplinariamente y, en caso
afirmativo, indicar en cuántas oportunidades ha sido sancionada, con especificación
de las faltas objeto de sanción y las sanciones impuestas, el términos de estas, la
calificación de la falta y la fecha de ejecutoria de las sanciones (…)”.

9Sentencia C-101 de 2018

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3.3.3. En atención a ese requerimiento, la Procuraduría General de la Nación aportó
el documento del 21 de abril de 2021, en el que enlistó las sanciones disciplinarias que
registraba la señora Romero Parra y la naturaleza de las faltas.

3.3.4. A partir de ese elemento de convicción el tribunal demandado determinó que se
configuró la inhabilidad y, de contera, la nulidad del acto electoral.

3.3.5. La Sala advierte que si bien el tribunal no valoró el certificado especial de
antecedentes disciplinarios No. 135561730 del 22 de octubre de 2019, lo cierto es que
esa prueba no era determinante en el sentido de la decisión, en la medida en que no
desvirtúa las faltas en que incurrió la actora y que dieron lugar a la inhabilidad para el
ejercicio del cargo. El certificado del 22 de octubre de 2019 relacionaba las sanciones
disciplinarias de la actora, pero no la naturaleza de las faltas, como sí lo hizo el
documento del 21 de abril de 2021. Por lo tanto, ese último certificado era la prueba
conducente para determinar la configuración de la inhabilidad del numeral 2º del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002.

3.3.6. Además, aunque el certificado del 22 de octubre de 2019 registre que “no
presenta inhabilidades especiales aplicadas al cargo”, esa afirmación, per se, no
desvirtúa los hechos relacionados con que la actora fue objeto de sanciones
disciplinarias por “faltas gravísimas a título de culpa grave” y “falta grave a título de
dolo”, los cuales, además, no son objeto de contradicción por la demandante.

3.3.7. Ahora, la actora también alega que se trasgredió el principio de confianza
legítima, dado que el certificado especial de antecedentes disciplinarios No.
135561730 del 22 de octubre de 2019 registró que no tenía inhabilidad y, por ende,
permitió que continuara con el proceso de inscripción como candidata y, luego, con la
elección como alcaldesa.

3.3.8. Al respecto, se precisa que el régimen de inhabilidades está fijado en la Ley 734
del 2002, que establece como causal de inhabilidad “haber sido sancionado
disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco años por faltas graves o leves
dolosas”. Por su parte, las sanciones disciplinarias impuestas a la actora, quedaron
ejecutoriadas el 23 de enero de 201710, el 17 de agosto de 201811 y el 25 de
septiembre de 201812.

3.3.9. Luego, para el momento en que la actora inscribió su candidatura como
alcaldesa conocía tanto las sanciones impuestas como las inhabilidades previstas
legalmente. De manera que no es de recibo que invoque una violación del principio de
confianza legítima por una anotación en un certificado que, se reitera, no es óbice para
variar el sentido literal de la inhabilidad contenida en la Ley 734 del 2002.

3.3.10. En este contexto, se concluye que tampoco se configuró el defecto fáctico.

3.4. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico planteado: la sentencia del 9 de
septiembre de 2021, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, no incurrió en violación directa de la Constitución Política, en
desconocimiento del precedente judicial y en defecto fáctico. En consecuencia, la Sala

10 Siri no. 100130512, proceso no. 2014-284959
11 Siri no. 100143973, proceso no. IUC-D2017-952462
12 Siri no. 100143973, proceso no. IUC-D2017-952462

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Demandante: Mónica Romero Parra

denegará las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Mónica
Romero Parra.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Mónica
Romero Parra, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
ARGÜELLO

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