Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00848-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de junio de 2022
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Demandante: Juan Bautista Montero Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00848-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00848-01
Demandante: JUAN BAUTISTA MONTERO BOLAÑOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Condena en costas. Autonomía judicial y desconocimiento del
precedente
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante UGPP) contra el fallo de tutela dictado el 10 de marzo de 2022 por la
Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación. En esta providencia se accedió
al amparo solicitado por la parte actora. En consecuencia, se dejó sin efectos la decisión
establecida por el Tribunal Administrativo Nariño de condenar en costas a la parte
actora en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. N.º 86-001-
33-31-001-2014-00400-00/1 (5032).
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. Con escrito remitido el 2 de febrero de 2022 al buzón electrónico de la Secretaría
General de esta Corporación, el señor Juan Bautista Montero Bolaños, actuando
mediante apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Nariño. Con el escrito de tutela el actor pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
3. En sentir del accionante, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se
presentó con la decisión de condenarlo en costas, adoptada por el Tribunal
Administrativo de Nariño en la sentencia del 27 de enero de 20211.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
1
Proceso Rad. No. 86-001-33-31-001-2014-00400-00/1 (5032).
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Demandante: Juan Bautista Montero Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00848-01
4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El actor se desempeñó como funcionario en varias entidades del Estado. El último
ente en el que prestó sus servicios fue la Secretaría de Educación y Cultura del
departamento de Nariño.
6. La UGPP le reconoció una pensión de vejez por un monto de $ 103.083.13, efectiva
a partir del 1 de octubre de 1996, mediante la Resolución 22045 del 12 de noviembre de
1997. Según el actor, la prestación social fue calculada sin tener en cuenta el promedio
de la totalidad de los factores que devengó durante el último año de servicios.
7. El 16 de diciembre de 1999, le solicitó a la UGPP la reliquidación de su mesada
pensional. Esta petición fue negada a través de la Resolución 24670 del 27 de octubre
de 2000, a su vez, confirmada por las resoluciones 44867 del 24 de septiembre de 2007
y 56396 del 14 de noviembre de 2008.
8. El 12 de marzo de 2014, invocando la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación2, el señor Montero Bolaños
solicitó de nuevo a la UGGP la reliquidación de su mesada pensional. Lo anterior para
que se recalculara el ingreso base de liquidación con todos los factores que percibió
durante el último año de servicios. Esta petición fue negada mediante las resoluciones
RDP 10680 del 31 de marzo de 2014 y RDP 15591 del 19 de mayo de 2014.
9. El 6 de octubre de 2014, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el actor controvirtió los anteriores actos administrativos por considerar que
desconocieron las reglas de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. En
primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto, mediante
sentencia del 11 de julio de 2017, accedió parcialmente a sus pretensiones. Contra la
anterior providencia se interpusieron sendos recursos de apelación, tanto por la parte
demandante como por la entidad demandada.
10. Mediante providencia del 27 de enero de 2021, notificada el 3 de junio de esa
anualidad, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la decisión adoptada por el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto. Lo anterior porque para ese
momento se había producido un cambio jurisprudencial sobre los factores que deben
tenerse en cuenta para reliquidar la mesada pensional. Para fundamentar su decisión la
corporación judicial explicó que aplicó los estándares establecidos en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, que establecen que las pensiones se liquidan con
los factores salariales sobre los cuales se haya cotizado3.
11. Es importante resaltar que el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de
segunda instancia, además de negar las pretensiones del actor, lo condenó en costas.
En este sentido, en la sentencia se dispuso:
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 4 de agosto
de 2010, Rad. No. 250002325000200607509 01 (0112-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.
No. 52001-23-33-000-2012- 00143-01. M.P. César Palomino Cortés.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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Condenar en costas en primera y en segunda instancia a la parte demandante
y en favor de la parte demandada, en un 70% en favor de la UGPP y 30% en
favor del llamado en garantía Departamento de Nariño, conforme a las
previsiones del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 361 y
siguientes del Código General del Proceso. Liquídense por el Juzgado de
Primera Instancia.
12. El 4 de junio de 2021, el señor Montero Bolaños presentó petición al Tribunal
Administrativo de Nariño para que revocara la condena en costas. Fundamentó su
solicitud en que el medio de control promovido por él no fue temerario, dado que se
basaba en las reglas en su momento vigentes de la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
13. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto del 3 de agosto de 2021, decidió
no tramitar la petición del actor mediante la cual pretendía que se revocara la condena
en costas. Lo anterior porque la misma no se adecuaba a las solicitudes de aclaración,
corrección o adición de la sentencia.
1.3. Pretensiones
14. En escrito de tutela el accionante solicitó la protección de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia:
2. Se deje sin efectos el numeral Segundo de la sentencia judicial de segunda
instancia de fecha 27 de enero de 2021, notificada el 3 de junio de 2021, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, magistrado Ponente: Dr.
PAULO LEÓN ESPAÑA PANTOJA, dentro de Proceso 52-001-33-33-006-2014-
00400-02(5032).
3. Que como consecuencia de lo anterior se le notifique a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONES Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP para que en un término
perentorio a la comunicación de esta decisión, se deje sin efectos la condena en
costas y se abstenga de iniciar cualquier proceso de cobro en contra del señor
JUAN BAUTISTA MONTERO BOLAÑOS. (SIC en toda la cita)
1.4. Sustento de la solicitud
15. La parte actora considera que la sentencia censurada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad. Para explicar los motivos de la violación, sostuvo que la decisión del Tribunal
accionado de condenarlo en costas dio lugar a que se incurriera en los defectos de
desconocimiento del precedente judicial, procedimental por exceso ritual manifiesto y
violación directa de la Constitución.
16. Respecto del desconocimiento del precedente judicial, la parte actora sostuvo que
no existía una posición unificada en esta corporación sobre las condenas en costas en
vigencia del CPACA. Por lo tanto, consideró que el Tribunal debió aplicar la tesis más
favorable a sus intereses. En virtud de esta teoría las condenas en costa únicamente
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se decretan cuando se comprueba que la parte vencida actuó de mala fe o de manera
temeraria.
17. La parte actora expresamente invocó como desconocidas las siguientes sentencias:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección “B”. Sentencia del 19 de enero de 2017, Rad. No. 27001-23-33-000-
2014-00040-01 (4693-14), MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección “A”. Sentencia del 12 de agosto de 2019, Rad. No. 25000-23-42 -000-
2013-06564 -01 (2604-2016), M.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección “B”. Sentencia del 26 de julio de 2018, Rad. No. 73001-23-33-000-2013-
00703- 01(0204-15). MP. Carmelo Perdomo Cuéter.
18. Por otra parte, sostuvo que la decisión de condenarlo en costas conllevó a que se
configurara el defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto. Adujo que
el solo hecho de salir vencido en un proceso judicial no puede dar lugar a la imposición
de dicha condena. Lo anterior porque en virtud del principios constitucionales de buena
fe y gratuidad de la justicia se debe evaluar la conducta de la parte vencida en juicio.
Agregó que en este análisis se debe determinar si la demanda o el recurso de apelación
fueron temerarios, abusivos o por el contrario de buena fe y razonables. En su caso
específico, señaló que cuando interpuso la demanda, sus pretensiones eran acordes
con la sentencia de unificación del 8 de agosto de 2010, razón por la que en primera
instancia se accedió a sus pretensiones. Por lo tanto, aduce que el hecho que el
Tribunal Administrativo de Nariño revocara el fallo de primera instancia por el cambio
jurisprudencial de 2018, no debía implicar la condena en costas dado que su demanda
no fue desproporcionada.
19. Finalmente, el accionante alegó que la decisión censurada violó directamente la
Constitución y en particular el derecho fundamental a la igualdad (art. 13). Aduce que
en varios casos similares al suyo, en vigencia del CPACA, el Consejo de Estado ha
evaluado la conducta de las partes y en los casos en que se determinó que la conducta
no era temeraria, no se condenó en costas a la parte vencida.
1.6. Actuaciones procesales relevantes
20. El magistrado ponente de este proceso en primera instancia admitió la acción de
tutela mediante auto del 8 de febrero del 2022. En esta providencia se ordenó notificar
a la parte actora y al Tribunal Administrativo de Nariño, en su calidad de autoridad
demandada. Así mismo, se ordenó vincular como tercero con interés a la UGPP4.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño
21. En el informe rendido por la corporación judicial se solicitó negar el amparo porque
en la providencia censurada se explicó ampliamente las dos posturas que tiene el
4
En su calidad de parte demandada en el proceso Rad. No. 86-001-33-31-001-2014-00400-00/1 (5032).!
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Consejo de Estado sobre la condena en costa en vigencia del CPACA. También se
puso de presente que en la sentencia controvertida mediante esta tutela se aclaró
suficientemente las razones por las que se decidió adoptar la posición que sostiene que
a partir de la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011 en todos los procesos
contenciosos la parte vencida en juicio debe ser condenada en costas.
1.6.2. UGPP
22. El subdirector de la Oficina de Defensa Judicial Pensional de la UGPP rindió informe
en el que solicitó que se declarara improcedente la presente solicitud de amparo.
Sostuvo que la decisión que adoptó el Tribunal Administrativo de Nariño no incurrió en
ningún defecto específico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. A su vez, afirmó que la parte actora no puede pretender usar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia para revisar las decisiones que se tomaron
por el juez competente de la causa, después de que se agotó el procedimiento
establecido en la ley para tal efecto.
1.7. Fallo impugnado
23. La Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, mediante fallo del 10 de
marzo de 2022, amparó los derechos invocados por la parte actora. En consecuencia,
dejó sin efectos el numeral segundo de la sentencia censurada en el que se impuso la
condena en costas.
24. Para fundamentar la decisión, el juez de tutela de primera instancia explicó que con
la entrada en vigor del CPACA existen dos posturas diferentes sobre la condena en
costas. Lo anterior porque el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que “la
sentencia dispondrá sobre la condena en costa, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
25. En el fallo se puso de presente que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
sido clara en sostener que con el CPACA el criterio para la condena en costas varió,
pues mientras que en el Código Contencioso Administrativo se hablaba de un «criterio
subjetivo», en la Ley 1437 de 2011 se estableció un «criterio objetivo-valorativo».
Criterio «objetivo» enmarcado en el hecho de que en toda sentencia se debe disponer
sobre la condena en costas y «valorativo», en cuanto a la obligación de revisar su
comprobación.
26. No obstante lo anterior, también se señaló que respecto del criterio valorativo existe
discrepancia al interior de esta Corporación. En efecto, mientras algunas secciones
sostienen que en la comprobación de la causación de las costas no se debe analizar la
mala fe o temeridad de las partes; en la Sección Segunda se sostiene que debe tenerse
en cuenta la conducta de la parte vencida y establecerse si actuó con temeridad o mala
fe.
27. Una vez explicadas las dos posturas, en el fallo de tutela se pasó a señalar los
argumentos por los que se debía conceder el amparo solicitado por el actor. Para tal fin
se puso de presente que en este asunto se está frente a un caso de una persona
pensionada que solicitó la reliquidación de su mesada invocando como fundamento los
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criterios vigentes de una sentencia de unificación de esta Corporación. Que si bien es
cierto, dicho criterios jurisprudenciales variaron en curso del proceso, no existió un acto
temario de mala fe.
28. Establecido lo anterior, en el fallo de tutela se puso de presente varias providencias
de la Sección Segunda en las que se ha indicado que en aras de garantizar los
principios constitucionales de buena fe, confianza legítima, acceso a la administración
de justicia y gratuidad de la misma, en los casos de pensionados que invocaron en sus
demandas criterios jurisprudenciales vigentes debe prevalecer la tesis en la que se
afirma que se debe estudiar si existió una actuación temeraria o de mala fe.
29. Entonces, comoquiera que en el caso específico no hubo mala fe del señor Montero
Bolaños, se concedió el amparo solicitado, por lo que se dejó sin efectos el numeral de
la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño en el que se impuso la condena en
costas a la parte actora de esta tutela.
1.8. Impugnación
30. La UGPP impugnó el fallo de tutela del 10 de marzo de 2022 dictado por la Sección
Segunda, Subsección “A” de esta Corporación. Para esta entidad la providencia de
primera instancia no tuvo en cuenta que sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, existen dos posturas jurisprudenciales en las diferentes secciones que
conforman el Consejo de Estado. Por lo tanto, en virtud del principio de autonomía
judicial, el Tribunal Administrativo de Nariño podía asumir válidamente, y sin
desconocer el precedente judicial, cualquiera de estas dos posiciones.
1.9. Actuaciones procesales en segunda instancia
31. Este proceso constitucional fue repartido en segunda instancia para su
sustanciación al Despacho del señor consejero Pedro Pablo Vanegas Gil. Una vez
verificadas las actuaciones realizadas en el curso proceso y con el fin de sanear una
posible nulidad, el ponente de esta decisión, mediante auto del 12 de mayo de 2022,
vinculó en calidad de terceros al Departamento de Nariño5 y al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Pasto6. Igualmente, en esa providencia se ordenó
vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7.
1.10. Intervención de la gobernación de Nariño
32. En el informe rendido por el ente territorial se solicitó declarar improcedente la
acción de tutela interpuesta por la parte actora. Para fundamentar la petición se sostuvo
que en el presente caso al accionante no se le ha vulnerado ningún derecho
fundamental, pues la condena en costa fue impuesta por expreso mandato legal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5
Por haber sido una de las entidades demandadas en el proceso Rad. No. 86-001-33-31-001-2014-
00400-00/1 (5032).
6
Autoridad judicial que profirió la sentencia ordinaria de primera instancia en el trámite del proceso Rad.
No. 86-001-33-31-001-2014-00400-00/1 (5032).
7
De conformidad con lo establecido en el artículo 610 del CGP.!
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2.1. Competencia
33. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la UGPP
contra el fallo de primera instancia del 10 de marzo de la presente anualidad, proferido
por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
34. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona
de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o
vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
35. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19918, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii) a través
de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular
de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa.
También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros
municipales9.
36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto10, la Sala advierte que el señor
Juan Bautista Montero Bolaños es el titular de los derechos fundamentales que reclama
porque fue quien promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se tomó la decisión de condenarlo en costas. En consecuencia, el
accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al
cumplirse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.
37. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Nariño, quién
tomó la decisión de condenar en costas al actor, determinación que se controvierte en
esta tutela. Por ende, la referida corporación judicial se encuentra legitimada en la
causa por pasiva.
2.3. Problemas jurídicos
8
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
10
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela
la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-05083-00.
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38. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la providencia
del 10 de marzo de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta
Corporación en la que concedió el amparo solicitado por la parte actora. En
consecuencia, de acuerdo con el examen de la situación fáctica expuesta, del material
probatorio recaudado y de los argumentos expuestos tanto en el escrito de tutela por la
parte accionante y en la impugnación por la UGPP; los problemas jurídicos que deben
resolverse son los siguientes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial?
39. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se deberá resolver los siguientes
interrogantes:
• ¿El Tribunal Administrativo de Nariño vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora e incurrió en los defectos de desconocimiento del
precedente, procedimental absoluto y violación directa de la Constitución al
condenarlo en costas?
40. Para responder el problema jurídico planteado, la Sala deberá tener en cuenta el
argumento puesto de presente por la UGPP en la impugnación. En consecuencia,
también deberá absolver la siguiente cuestión:
• En los casos que existen posturas jurídicas diferentes en las secciones de esta
Corporación, ¿qué estándar deben seguir los jueces y tribunales?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
41. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) generalidades de los defectos alegados y (iv) análisis del caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que
esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo
de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones
y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema12. En la referida
sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si
se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales13.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia15 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial16.
44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los
defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra tutela, ii)
inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más
de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:
i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
16
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen
del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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Demandante: Juan Bautista Montero Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00848-01
46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores
directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial
2.6.1. Tutela contra tutela
47. En el caso objeto de estudio no existe reparo alguno frente al presente requisito de
procedibilidad porque no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza,
pues la providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho reseñado en líneas precedentes.
2.6.2. Relevancia constitucional
48. En el caso sub judice el actor afirma que la decisión del Tribunal Administrativo de
Nariño de condenarlo en costas en segunda instancia, en el trámite de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, dio lugar que se configuraran los defectos
especiales de desconocimiento del precedente, sustantivo y violación directa de la
constitución.
49. Al respecto, la Sala reiterará la postura según la cual los asuntos relacionados con
las condenas en costas judiciales no superan el requisito general de la relevancia
constitucional17. En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia que
concedió el amparo invocado por la parte actora y, en su lugar, la presente acción será
declarada improcedente por no superar con el requisito de la relevancia constitucional.
50. En efecto, en este caso la controversia planteada por el actor no implica la posible
vulneración de un derecho fundamental, sino que es un asunto que gira en torno a una
cuestión de carácter patrimonial que se circunscribe a la interpretación meramente legal
de las normas que regulan la condena en costas judiciales18.
51. Es importante resaltar que esta Sala reconoce relevancia constitucional a toda
pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno
al amparo de un derecho fundamental. No obstante, en el caso en concreto no se
17
En el mismo sentido la Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido, entre otras, las siguientes
decisiones: Sentencia de 16.09.21., M.P Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2021-02180-
00; Sentencia del 26.08.21., M.P, Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2021-01776-01;
Sentencia del 18.03.21., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-00004-00; Sentencia del
25.02.21., M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2021-00248-00; Sentencia del
10.12.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-04560-00; Sentencia del 10.12.20.,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-04598-00; Sentencia del
20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
18
En similar sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 de 2019, estableció que la sanción
moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías carecía de relevancia por ser un asunto económico
que no tiene relación directa con un derecho fundamental.
M.P.; En igual sentido resolvió la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
sentencia del 6 de marzo de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-00529-00. M.P. Ramiro Pazos
Guerrero; Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 18 de marzo de 2021, radicado No.
11001-03-15-000-2021-00004-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Juan Bautista Montero Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00848-01
discute sobre la posible vulneración de una garantía constitucional sino sobre una carga
procesal establecida por el legislador para la parte derrotada en ciertos asuntos de
naturaleza jurisdiccional.
52. En este sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, en relación
con el análisis que el juez de tutela debe hacer para establecer si un asunto cumple con
el requisito de relevancia constitucional, indicó que:
48. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica (sic), deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse
de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so
pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras
jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional,
según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se
desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general19.
(Negrilla y subraya fuera del texto).
53. En este orden, al aplicar las consideraciones expuestas por el Tribunal
Constitucional a la inconformidad planteada por la parte actora en relación con la
condena en costas procesales, resulta claro que la acción de tutela es improcedente.
Lo anterior porque, en realidad, la presunta vulneración a los derechos fundamentales
de la parte accionante, con ocasión de la condena en costas, versa sobre una cuestión
de interpretación meramente legal, que no impacta la garantía de sus derechos
fundamentales.
54. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia del 10 de marzo de 2022 proferida por
la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, en la que se concedió el
amparo solicitado. En su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por Juan Bautista Montero Bolaños por no superarse el requisito de
procedibilidad general de la relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de marzo de 2022 proferida por la Sección
Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, en la que se concedió el amparo
solicitado.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el
requisito de la relevancia constitucional.
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Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-573 del 27.11.19., M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Demandante: Juan Bautista Montero Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00848-01
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
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