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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00851-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00851-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de marzo de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00851-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionantes: REFORESTA LENINGRADO S.A.S. Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado – el asunto de la referencia carece de
relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 24 de marzo de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado y a través de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Lassociedades Reforesta Leningrado S.A.S. y Reforesta S.A., actuando a
través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela con miras a obtener el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la buena fe y a la confianza legítima, cuya
vulneración le atribuyeron a las providencias de 5 de octubre de 2020 y de 26 de
enero de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Treinta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá y por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de
reparación directa con radicación número 11001-33-36-038-2013-00132-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifiestan que presentaron la demanda de reparación directa número 11001-
33-36-038-2018-00216-00, la cual fue asignada por reparto al magistrado Fernando
Iregui Camelo, quien integra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

2.2. Relataron que, mediante auto de 21 de septiembre de 2018, el despacho del
magistrado Fernando Iregui Camelo inadmitió la demanda y concedió el término
de cinco (5) días para que se indicara la «cuantía y su estimación razonada».

2.3. Comentaron que, mediante escrito de 8 de octubre de 2018, subsanaron la
demanda, y expusieron que la autoridad judicial, a través de auto de 7 de junio de
2019 y después de quince meses, declaró la falta de competencia para conocer el
asunto y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito
de Bogotá.

2.4. Indicaron
que el expediente fue enviado a la oficina de reparto, donde le
asignaron el radicado número 11001-33-36-038-2019-00218-00 y remitieron el
expediente al Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá.

2.5. Adujeronque el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de
Bogotá, mediante auto de 2 de diciembre de 2019, inadmitió el proceso y concedió
el término de cinco (5) días para realizar «de nuevo la estimación razonada de la
cuantía».

2.6. Indicaron que subsanaron por segunda ocasión el escrito de demanda, pero, sin
embargo, el juez de conocimiento, mediante auto 5 de octubre de 2020, rechazó la
misma por haber operado la caducidad del medio de control.

2.7. Señalaron que, en contra de la providencia de primera instancia, promovieron
recurso de apelación, el cual fue asignado al mismo magistrado Fernando Iregui
Camelo, quien integra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

2.8. Manifestaron que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 26 de enero de 2022,
confirmó la decisión de primera instancia que rechazó la demanda

2.9. Expusieron que las autoridades judiciales accionadas violaron el derecho
fundamental al debido proceso porque transcurrieron tres años, sin que la demanda
que promovieron fuese admitida. Además, el magistrado ponente del auto de 26 de
enero de 2022 se encontraba impedido. Igualmente, dijeron que la Subsección
accionada no tuvo en cuenta la vacancia judicial y el contenido del artículo 13 de la
Ley 1285 de 2009, que señala la obligación de agotar la conciliación como requisito
de procedibilidad. Al respecto expusieron lo siguiente:

[…] Así entonces, la Ley 1285 de 2009, posterior a la Ley 640 de 2.001, que
con su Artículo 13, modificó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de justicia, que rige la Rama Judicial del Poder Público, impuso con claridad la
obligación a la parte Accionante, de “agotar” el “requisito de procedibilidad”, con
“el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”, entendiendo así,
que un ciudadano que intenta acceder a la administración de justicia en lo
Contencioso Administrativo, lo hace cumpliendo a cabalidad las normas que se
le imponen y en este caso, el agotamiento de la conciliación extrajudicial, que

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

culmina la totalidad de su trámite, con el Acta y la Constancia de Conciliación
Fallida.

DÉCIMO. Con lo anterior, se evidencia que no le está permitido al Despacho,
como lo hizo, imponer una carga adicional a la parte Accionante, en un intento
de desplazar la responsabilidad de la Procuraduría en la parte Accionante,
configurando para la parte Accionante, un desbalance y un desequilibrio en las
cargas públicas, generando un daño antijurídico e irreparable para la parte
Accionante y las personas que representa, porque se le impide el Derecho
Fundamental y Humano de Acceso a la Administración de Justicia, vertido en
cuerpos normativos internacionales firmados y ratificados por Colombia.

UNDÉCIMO. Es además contrario a la verdad, que el despacho afirme a folio
8, literal d. del Auto de Rechazo de la Demanda, que la parte Accionante pidió
contar el término de caducidad, desde que avocó conocimiento la Procuraduría
en Bogotá, el 19 de diciembre de 2.017, en ninguna parte del escrito de
Apelación se dijo tal cosa y solo demuestra la desidia y o descuido con la que
se ha tratado este proceso, en atención a su complejidad, lo que hace más que
evidente en él, la mora judicial y la violación del plazo razonable como regla
constitucional, pues lleva casi 3 años esperando iniciar el proceso con un Auto
que lo admita y fue inadmitido en 3 oportunidades prácticamente por la misma
razón.

DÉCIMO SEGUNDO. El despacho con esta providencia de Rechazo de la
Demanda, está conculcando varios principios, garantías y derechos
fundamentales y humanos, como el DEBIDO PROCESO y sus derechos
subyacentes, dado que, el Magistrado se encontraba impedido y tenía
prohibición legal para conocer la segunda instancia, en virtud del artículo 11,
numeral 2 del CPACA, dado que, había conocido en oportunidad anterior el
proceso, como se mostró con una captura de pantalla en el hecho Tercero
Supra, donde realizó un estudio y revisión de fondo de la demanda, sin hallar
ninguna caducidad y por lo mismo, no evidenció causal de rechazo, y profirió
dos providencias: (i) la inadmisión por razón de la cuantía y (ii) el traslado por
competencia, así las cosas, incumplió su obligación legal de declararse
impedido […].

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Se sirva ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN C, Magistrado Ponente: FERNANDO
IREGUI CAMELO Y EL JUZGADO 38 ADMINISTRATIVO JUDICIAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCIÓN TERCERA ORAL:
PRIMERA. Que ejecuten todas las acciones presentes y futuras necesarias,
para compensar y aminorar el daño antijurídico ya causado en la parte
Accionante, ya que, es un daño actual, cierto, grave e irreparable, causado por
el incumplimiento de obligaciones legales y constitucionales de los Accionados.
SEGUNDA. Que tanto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN C, Magistrado Ponente: FERNANDO
IREGUI CAMELO y el JUZGADO 38 ADMINISTRATIVO JUDICIAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCIÓN TERCERA ORAL, dejen sin efectos el Auto
por el cual se rechazó la Demanda en primera y en segunda instancia el Auto
que lo confirma.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

TERCERA. Que en consecuencia, se profiera el Auto que admite la Demanda
en el proceso referido, por parte del JUZGADO 38 ADMINISTRATIVO DE
CIRCUITO – SECCIÓN TERCERA ORAL DE BOGOTÁ […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Elmagistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 15 de febrero de 2022, admitió la
acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó como terceros
con interés directo en los resultados del proceso a la «Nación – Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, -Fiscalía General de la Nación-, y a
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la
Reparación de Víctimas».

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. La
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través del magistrado ponente de la decisión enjuiciada, rindió
informe en el que se opuso a la prosperidad de la presente acción de amparo. Como
fundamento de lo anterior indicó lo siguiente:

[…] Así las cosas, para el caso, lo que ocurrió primero es que, transcurridos 3
meses desde la solicitud inicial de conciliación ante el Ministerio Público, en
tanto la solicitud de conciliación fue radicada inicialmente el 13 de octubre de
2017 en la Regional Medellín, debió el ahora accionante acudir a partir del 14
de enero de 2018 ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y radicar
la demanda respectiva, cosa que no ocurrió, endilgando su omisión ahora como
una vía de hecho judicial. Desde luego, la caducidad se interrumpió dos (2) días
antes del cumplimiento del término legal de dos (2) años de que legalmente
disponía el interesado para presentar su demanda, es decir, el tiempo que le
restaba se cumplía de forma inexorable del 14 al 15 de enero. Pero solo
procedió a presentar su líbelo hasta el 13 de marzo, casi después de dos meses
de edificada la caducidad […].

5.2. La Fiscalía General de la Nación, a través de la directora de asuntos jurídicos,
rindió informe en el que solicitó la declaratoria de improcedencia de la presente
acción de tutela porque: (i) la parte accionante pretende retrotraer las etapas
precluidas en el proceso contencioso, y (ii) no se sustentó cuál fue la causal
específica de procedibilidad en la que se habría incurrido en la decisión tutelada.

5.3. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, a través de apoderado judicial, solicitó que se declarara improcedente la
presente acción de tutela, con fundamento en las siguientes razones:

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

[…] [N]o existe prueba de que se configure la excepción a la regla de
procedibilidad de acción de tutela. Esto es, la causación de un perjuicio
irremediable, el que se caracteriza según la jurisprudencia de la Honorable
Corte Constitucional por: i) ser inminente, es decir, que se trate de una
amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de
gran intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que se adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad […].

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 24 de marzo de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo solicitado por el accionante,
luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente
a la relevancia constitucional.

7. Como sustento de lo anterior el a quo señaló lo siguiente:

[…] [L]a Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional dado que algunos de los argumentos expuestos en el
escrito de tutela son diferentes a los incluidos en el recurso de apelación contra
el auto de rechazo de la demanda. Significa que los actores pretenden mejorar
o completar las razones por las que no comparten la caducidad encontrada por
los jueces de instancia, para lo cual no está instituido el mecanismo
constitucional de la tutela.

En este caso, los actores tuvieron la oportunidad procesal y las herramientas
necesarias para alegar en el escrito de apelación las normas aplicables para
efectos de la suspensión del término de caducidad mientras se adelanta el
trámite de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público y en qué fechas
operó en su caso dicha suspensión, según su entender.
(…)
De acuerdo con lo anterior, el argumento planteado por los demandantes
en el recurso de apelación contra el auto de 5 de octubre de 2020 y en el
escrito de tutela referido a la tardanza del Ministerio Público fue analizado
por el Tribunal que categóricamente precisó que, en los términos del
artículo 21 de la Ley 640 de 2001, los trámites internos de la Procuraduría
no pueden afectar la suspensión de caducidad, que es improrrogable y
que bastaba con el inicio del trámite de conciliación prejudicial y
demostrar que no se había citado a audiencia para acreditar el
cumplimiento del requisito ante el juez de conocimiento.

En ese entendido, es relevante insistir en que la acción de tutela es un medio
de protección de derechos fundamentales, pero no una instancia adicional de
los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa. Es evidente que en el
escrito de tutela la parte actora está debatiendo argumentos que ya fueron
expuestos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –en el recurso de
apelación -y que fueron resueltos con suficiencia, sin embargo, expone la
inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de conocimiento y
en general, la decisión contraria a sus intereses.

De lo anterior, resulta evidente que algunas de las inconformidades que las
actoras plantean en esta instancia constitucional fueron objeto de

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

pronunciamiento por el juez natural de conocimiento y que en el escrito de tutela
las reitera y pretende completar o mejorar aquellas ya planteadas en el recurso
de apelación, lo cual hace improcedente la solicitud de amparo de referencia
[…].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante, a través de apoderado judicial, impugnó la sentencia de tutela
de primera instancia con sustento en las siguientes razones:

[…] La relevancia constitucional, se cifra como se dijo, que con el rechazo de
la demanda, se están conculcando varios principios, garantías y derechos
fundamentales y humanos, como el DEBIDO PROCESO y sus derechos
subyacentes, dado que, el Magistrado IREGUI CAMELO había conocido en el
proceso, donde realizó un estudio de admisibilidad y revisión de fondo de
la demanda, sin hallar ninguna caducidad y por lo mismo, no evidenció
causal de rechazo, y profirió dos providencias: (i) la inadmisión por razón
de la cuantía y (ii) el traslado por competencia, independientemente a lo que
se afirmó frente a su conducta, donde debió declararse el mismo, impedido
para conocer la apelación del Auto de Rechazo.
(…)
5. Se vulneraron también derechos fundamentales y humanos como la
BUENA FE CONSTITUCIONAL y la CONFIANZA LEGÍTIMA que de ella
surge, que se formó en las personas naturales que integran la parte
Accionante, al pasar más 4 años, desde la presentación de la solicitud de
conciliación como requisito de procedibilidad de la demanda, misma, que
se contabilizó desde el día del secuestro del bien en el año 2015.
(…)
7. Lo descrito en la Tutela, evidencia también, la conducta vulneradora de
garantías y principios constitucionales, como el DEBIDO PROCESO, LA
BUENA FE CONSTITUCIONAL Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA, generada por
la MORA JUDICIAL y a VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE, como regla
constitucional, que sigue generando en la parte Accionante, una
afectación directa, grave e irreparable y un DAÑO ANTIJURÍDICO, debido
a que, dos despachos de la Rama Judicial del Poder Público, le
impusieron una carga, que desbalancea desde todo punto de vista, el
equilibrio de las cargas públicas, con una afectación mucho mayor,
porque le niega además su derecho fundamental y humano de ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

8. Debe el fallador además considerar, la relevancia constitucional que
comporta, que la proscripción del Acceso Efectivo a la Administración de
Justicia, como derecho humano, para aquellas personas, víctimas del conflicto
armado, como lo son quienes conforman la parte accionante, que al interior de
un proceso de justicia transicional, les fue secuestrado su bien y que hoy sigue
en dicha situación, en cabeza de la parte accionante.

9. Negar a la parte Accionante el Acceso Efectivo a la Administración de
Justicia, como derecho humano, es revictimizarlos en su calidad de víctimas
del conflicto armado, y negarles la Garantía al Derecho Humano a la
Reparación Integral, instituido por el IUS COGENS del Derecho Internacional,
como garantía de no impunidad, para que los Estados que reconocen la
Convención Americana de los Derechos Humanos, y de esta manera adecuen
su Derecho Interno, sin contravención a este principio del Derecho
Internacional […].

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si las providencias enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por declarar la
caducidad del medio de control en el sub examine.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

VIII.4. El caso concreto

19. Las sociedades Reforesta Leningrado S.A.S. y Reforesta S.A., actuando a
través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela con miras a obtener el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la buena fe y a la confianza legítima, cuya
vulneración le atribuyeron a las providencias de 5 de octubre de 2020 y de 26 de
enero de 2022, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Treinta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá y por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de
reparación directa con radicación número 11001-33-36-038-2013-00132-01

20. En este punto es preciso indicar que el presente análisis estará centrado en
determinar si el auto de 26 de enero de 2022, dictado por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de reparación número 11001-33-36-038-2013-00132-01, incurrió en los
defectos denunciados, ya que es esta la decisión que puso fin a la litis e hizo tránsito
a cosa juzgada.

VIII.4.1. De la relevancia constitucional

21. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se
acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental9 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces10.

22. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5
agosto de 2014, sostuvo que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
(…)

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que
de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión
será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
9
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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cuestiones carecerían de relevancia constitucional […]11. (negrillas y subrayado
fuera del texto)

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales12.

24. Frente a los presupuestos que deben concurrir para tener por cumplido el requisito
general de procedibilidad de tutela contra providencia judicial atinente a la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-439 del 13 de
julio de 2017, precisó lo siguiente:

[…] 50. Esta Corte básicamente ha señalado que este presupuesto se cumple cuando
se demuestra que el caso involucra algún debate jurídico que gira en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13.

51. Adicionalmente, la Corporación ha precisado que, tratándose de acciones de
tutela promovidas contra actos administrativos, debe tenerse en cuenta que la
relevancia constitucional concurre siempre y cuando la controversia no sea
meramente legal y/o de carácter económico, ya que al juez de tutela no le
corresponde zanjar tales aspectos14.
(…)
60. Al igual que los anteriores presupuestos, la Sala observa que el asunto
examinado también carece de relevancia constitucional, pues, en esencia, la
discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales no son de
competencia del juez de tutela sino del juez ordinario
(…)
71. Todas estas circunstancias conducen a la revocatoria del fallo de tutela proferido
en única instancia, para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia […].”15 (negrillas fuera del texto)

25. En otra oportunidad, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación de 8 de
noviembre de 201816, precisó lo siguiente:

[…] Solo la evidencia prima facie de una afectación o vulneración de facetas
constitucionales de los derechos fundamentales permite superar el requisito de
relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales. Con

11
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
13
Ver SU-617 de 2014, reiterada en el fallo de tutela No. T-291 de 2016.
14
Ver sentencia SU-498 de 2016.
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-439 del 13 de julio de 2017, exp. No. T-4.770.440, M.P. Dr.
Alberto Rojas Ríos.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-115 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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relación a este último aspecto, es importante precisar que todo derecho
fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los
debates acerca de las facetas legales y reglamentarias de los derechos
carecen, por tanto, de la relevancia constitucional necesaria para habilitar
la excepcional intervención del juez de tutela en aras de controlar las
decisiones proferidas en los procesos de las jurisdicciones diferentes de
la constitucional […]. (negrillas fuera del texto)

26. En reciente pronunciamiento de 10 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional
reiteró los presupuestos que se deben cumplir para que un asunto realmente tenga
relevancia constitucional, en los siguientes términos:

[…] La jurisprudencia constitucional ha detallado con suficiencia los tres criterios
de análisis antes referidos para establecer si una tutela contra providencias
judiciales tiene relevancia constitucional. En primer lugar, la controversia debe
versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico, ya
que estas discusiones deben ser resueltas a través de los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite. En segundo lugar, el objeto de la acción
tutela debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional. Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la protección
de derechos fundamentales pero cuya solución se limita a la
interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en
principio, relevancia constitucional. En tercer lugar, la tutela no es una
tercera instancia o recurso adicional para reabrir debates propios del
ámbito legal. Esta exigencia conlleva valorar si la decisión cuestionada se
fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, pues solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de
los jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”
[…]17. (negrillas fuera del texto)

27. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, no basta con que el actor
invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de
uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada, en tanto
dicho atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la
protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos
superiores.

28. De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos fundamentales
con el deber de protección de los principios constitucionales relacionados con
la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, los cuales
podrían comprometerse en el evento en que se generalice la práctica de
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial18.

29. Descendiendo al caso sub judice, la Sala observa que las sociedades accionantes
consideran que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
con sustento en las siguientes razones: (i) porque desde la presentación de la
demanda de reparación directa [13 de marzo de 2018], hasta que se profirió el auto
que declara la caducidad [26 de enero de 2022] transcurrieron tres años y diez

17
Corte Constitucional, sentencia T-447 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).

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meses; (ii) porque el magistrado ponente del auto de 26 de enero de 2022, a través
del cual se resolvió el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda,
se encontraba incurso un una causal de impedimento; (iii) porque en la providencia
enjuiciada, a efectos de llevar el cómputo del término de caducidad, no se tuvo en
cuenta la interrupción de términos por la vacancia judicial entre el 20 de diciembre
de 2017 y el 11 de enero de 2018, y (iv) porque la autoridad judicial le impuso una
carga excesiva a las sociedades accionantes cuando concluyó que la suspensión
del término de caducidad -con ocasión del trámite conciliatorio extrajudicial- era de tres
meses, pese a que el artículo 13 de la Ley 1285 de 2005 establece «la obligación a
la parte Accionante, de “agotar” el “requisito de procedibilidad”, con “el
adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”».

30. Vistoslos argumentos que sustentan la presente acción de amparo, la Sala
considera que el presente asunto carece de relevancia constitucional debido a que
el escrito de tutela no cumple con la carga argumentativa mínima exigible a
quien pretende, a través de esta acción constitucional, ejercer control a una
providencia judicial.

31. Es así como la Sala advierte que la parte actora, no obstante estar representada
por un apoderado judicial, omitió identificar la causal específica de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial que se configuró en el sub examine.

32. En este punto debe aclararse que, si bien las sociedades accionantes expusieron
unos argumentos por los que consideran que fueron vulnerados sus derechos
fundamentales, lo cierto es que dichos planteamientos no fueron esbozados desde
una óptica constitucional que permitiese establecer cuál podría haber sido la causal
o defecto específico en el que incurrió la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir el auto de 26 de enero de
2022.

33. En efecto, si bien es cierto que las sociedades accionantes consideran que la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales por las cuatro
razones que se precisan en el numeral 29 de esta providencia, lo cierto es que el
extremo demandante de esta acción constitucional hizo caso omiso de su deber de
precisar el o los defectos específicos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

34. Con fundamento en las anteriores premisas, cabe traer a colación un reciente
pronunciamiento de esta Sección, contenido en la sentencia de 11 de junio de
202019 y en el que al resolver un caso similar al que nos ocupa, se precisó lo
siguiente:

[…] Para la Sala tales argumentos no satisfacen la carga mínima argumentativa
porque simplemente develan la inconformidad de la accionante con la decisión
adoptada dentro del medio de control objeto de tutela, puesto que se limitó a

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de 2020, radicación
No. 11001-03-15-000-2020-00759-00. Actor: Luz Ángela Andrea Villamizar (C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdez).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
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exponer las razones por las que consideraba que tenía derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de
compañera permanente del hoy occiso Leonel Eduardo Fajardo Fajardo; sin
indicar la causal específica en que presuntamente incurrió el Tribunal
Administrativo de Sucre al proferir la sentencia de 30 de agosto de 2019
y, muchos menos expuso con claridad los motivos por los cuales dicha
providencia resultaba lesivas de sus derechos fundamentales.

Cabe señalar que, a la parte accionante le corresponde identificar y
sustentar la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, las razones por las cuales estima que sus
derechos fundamentales resultaron transgredidos con la decisión, toda
vez que el mecanismo de amparo no está instituido como una instancia
adicional a las previamente establecidas en el ordenamiento jurídico.

Esta falencia argumentativa no puede ser suplida por el juez de tutela, en
tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización
de formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales,
tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible un
mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]. (negrillas fuera del texto)

35. Así las cosas, a juicio de la Sala no es posible estudiar de fondo los argumentos
elevados por las sociedades actoras porque el contenido de estos no devela la
presunta configuración de un defecto en la providencia de 26 de enero de 2022,
sino una simple inconformidad con la decisión tutelada.

36. Debe recordarse que la acción de tutela contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un juicio ordinario una tercera
instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial.
De aquí que su procedencia sea excepcional20, toda vez que lo contrario atentaría
contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio
de cosa juzgada21.

37. Por los anteriores razonamientos, para esta Sección confirmará la decisión de
primera instancia que declaró procedente la presente acción de tutela por carecer
de relevancia constitucional.

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre de 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00851-01
Accionante: Reforesta S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de marzo de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (15)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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