Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00852-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00852-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00852-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
9 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00852-01 y acumulados
Demandante: María Griselda Gómez Zea y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00852-01 Y ACUMULADOS
Demandante: MARÍA GRISELDA GÓMEZ ZEA, MARTHA PATRICIA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ Y OLGA BEATRÍZ CASTRO VIVAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO DE
BOGOTÁ
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que denegaron las pretensiones
tendientes al reconocimiento de la prima de medio año. Falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 7 de abril de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que denegó
las pretensiones de la acción de tutela.
ANTECEDENTES
De manera preliminar, la Sala debe indicar que, mediante auto del 8 de marzo de 2022,
el magistrado sustanciador de primera instancia decretó la acumulación de los procesos:
11001-03-15-000-2022-00842-00 y 11001-03-15-000-2022-00844-00, al proceso 11001-
03-15-000-2022-00852-00.
Como consecuencia de la acumulación, también le corresponde a la Sala dictar
sentencia de segunda instancia en esos procesos.
1. Pretensiones
1.1. De la revisión de los procesos acumulados, se advierte que las demandas
presentadas por las señoras María Griselda Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y
Martha Patricia Rodríguez Rodríguez son idénticas y piden la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social que estimaron vulnerados
por las providencias del 27 de octubre de 2020 y 19 de agosto de 2021, dictadas, en su
orden, por el Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En concreto, formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la
acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN -A- de fecha 19 de agosto de 2021, mediante la cual REVOCO la sentencia
emitida por el JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ el 27
de octubre de 2020.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo
de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a Reconocer y pagar la prima de medio año
establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 (…)”. (Énfasis del texto y sic para toda la
cita)
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Demandante: María Griselda Gómez Zea y otros
2. Hechos
De los expedientes, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Que el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconoció la pensión de jubilación a las demandantes así: a María Griselda
Gómez Zea, mediante Resolución 5613 del 1 de agosto de 2017; a Olga Beatriz Castro
Vivas, por Resolución 2709 del 29 de mayo de 2012; y a Martha Patricia Rodríguez
Rodríguez, a través de Resolución 1660 del 26 de abril de 2010.
2.2. Que las demandantes solicitaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
a través de la Secretaría de Educación de Bogotá y a la Fiduprevisora S.A., el reajuste
de las pensiones de jubilación reconocidas, en el sentido de: (i) incluir el pago de la
prima de medio año establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y (ii) la
suspensión y reintegro de los descuentos ejecutados por concepto de salud, en las
mesadas adicionales de cada anualidad.
2.3. Que, mediante Oficios S-2019-117893 de 20 de junio de 2019, 2019109176151 de
5 de agosto de 2019; S-2019-119936 de 21 de junio de 2019, 20191091620121 de 15
de julio de 2015; S- 2019126310 de 4 de julio de 2019 y 20191091796741, se les negó
la solicitud de la suspensión y reintegro de las sumas descontadas por concepto de salud
y a su vez se “(…) guardó silencio respecto a la solicitud del reconocimiento de la prima
de medio año”.
2.4. Que, con ocasión de lo anterior, las demandantes ejercieron el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que se identificó con el radicado 11001-
33-35-022-2019-00462-01, el cual fue decidido en primera instancia por el Juzgado 22
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá que, con sentencia de 27 de octubre
de 2020 concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, en el sentido de
acceder únicamente a la suspensión y reintegro de los mencionados descuentos.
2.5. Las señoras María Griselda Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia
Rodríguez Rodríguez presentaron demanda conjunta de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A., para obtener la nulidad de
los actos administrativos señalados en precedencia, así como el silencio administrativo
negativo ante la falta de respuesta a la petición del reconocimiento de la prima de medio
año. Como restablecimiento del derecho, pidieron el reconocimiento de la mesada
adicional o prima de junio y la suspensión de los descuentos de salud de las mesadas
adicionales, así como la devolución de las sumas descontadas por este aspecto.
2.6. La demanda correspondió al Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá, que, por
sentencia del 27 de octubre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, respecto de la suspensión y reintegro de los mencionados descuentos y
denegó lo concerniente al reconocimiento de la prima de junio o mesada adicional.
2.6.1. En concreto, expuso que el Acto Legislativo 1 de 2005, impuso un límite temporal
para su reconocimiento, esto es, hasta el 25 de julio de 2005, y que solo se reconocería
de manera excepcional a quienes adquirieran el estatus de pensionado antes del 31 de
julio de 2011, y no tuvieran una mesada pensional superior a 3 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Que dichas excepciones no aplicaban a ninguna de las
demandantes, por lo que no tenían derecho al reconocimiento de la mesada adicional
de junio o mesada 14.
2.7. Inconformes con la anterior decisión, tanto las actoras como el Ministerio de
Educación Nacional interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 22 de abril de 2021,
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revocó parcialmente la decisión de primera instancia, en el sentido de negar las
pretensiones relativas a el reintegro y suspensión de los descuentos para salud sobre
las mesadas adicionales y, confirmó, lo relativo a la negativa del reconocimiento de la
mesada adicional de junio o prima de junio.
3. Argumentos de las acciones de tutela
3.1. Las señoras María Griselda Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia
Rodríguez Rodríguez manifestaron que la tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia contra providencia judicial.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, alegaron que las sentencias cuestionadas vulneraron
sus derechos fundamentales, al incurrir en defecto sustantivo por la indebida aplicación
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, al confundir la prima de junio con la mesada
adicional, lo cual conllevó que se denegara el reconocimiento a las demandantes.
3.3. De igual manera, citaron algunas providencias de esta Corporación en las que
según indican, se explicó que las normas pensionales aplicables a los docentes
vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003 corresponde a la Ley 91 de 1989. (i)
sentencia de tutela de 21 de junio de 2008, proferida por la Sección Quinta; (ii) sentencia
de 28 de agosto de 2018, dictada por la Sala Plena de esta Corporación y (iii) sentencias
de tutela de 24 y 31 de octubre de 2018, expedidas por la Sección Cuarta.
4. Intervenciones
4.1. El Coordinador de Tutelas de la Fiduprevisora S. A., solicitó la desvinculación del
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto lo pretendido escapa
de su esfera funcional.
4.1.1. Además, señaló que la acción de tutela es improcedente, en razón a que no se
cumplen con las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción
constitucional. Que lo pretendido por las demandantes es reabrir una discusión que fue
debatida y resuelta en el proceso ordinario.
4.1.2. Explicó que no se vulneraron los derechos fundamentales de las demandantes,
toda vez que las autoridades judiciales cuestionadas aplicaron la normativa pertinente al
caso y el precedente judicial existente sobre el tema.
4.2. El Juez Veintidós Administrativo de Bogotá, luego de realizar un recuento del
proceso, resaltó que todas las actuaciones procesales y decisiones adoptadas, se
efectuaron conforme a derecho y sin trasgredir los derechos fundamentales de la parte
actora.
4.3. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional
solicitó la desvinculación de la entidad, ya que el reclamo de la parte accionante está
dirigido a cuestionar las decisiones judiciales proferidas en el medio de control ordinario,
razón por la cual carece de legitimación en la causa por pasiva.
4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció pese a que fue
debidamente notificado.
5. Sentencia impugnada
5.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, por sentencia del 7 de abril de 2022, denegó
las pretensiones de la acción de tutela.
5.2. Señaló que, “contrario a lo señalado por la parte tutelante, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, efectuó un análisis normativo
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razonable de la prima de medio año, para concluir que, conforme al limitante introducido
por el Acto Legislativo 001 de 2005, se restringió de manera general la posibilidad de
devengar a medio año una mesada adicional, para quienes se pensionen con
posterioridad al 25 de julio de 2005, o que, a 31 de julio de 2011 devengaran una pensión
superior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, situaciones que
acontecieron en el caso concreto”.
6. Impugnación
6.1. Las demandantes impugnaron la sentencia del 7 de abril de 2022. Básicamente,
reiteraron los argumentos expuestos en los escritos de tutela, en cuanto a que la prima
de junio y la mesada adicional son diferentes y, por razón a ello, son beneficiarias de su
reconocimiento teniendo en cuenta que se vincularon como docentes antes de la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que les es aplicable la Ley 91 de 1989.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20142, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»3.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, en principio, correspondería a la Sala decidir si
el a quo acertó al denegar las pretensiones de la acción de tutela. No obstante, aunque
1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
3 SU-573 de 2017.
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el juez de primera instancia tuvo por superados los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala estima
necesario verificar si se cumple el requisito de relevancia constitucional.
2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
2.2.1. En ese sentido, la Corte Constitucional4 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
2.2.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar
o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
4 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505
de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03
15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
6 Ibidem.
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Demandante: María Griselda Gómez Zea y otros
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
2.3. En el caso concreto, la Sala advierte que, en las demandas de tutela, las señoras
María Griselda Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez
Rodríguez reiteran los argumentos que propusieron en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovieron contra el Ministerio de Educación - Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora S. A. Si bien las demandantes
alegan que las providencias objeto de tutela vulneraron derechos fundamentales e
incurrieron en defecto sustantivo, lo cierto es que, en últimas, lo que pretenden es que
se reabra el debate sobre si tienen o no derecho al reconocimiento de la mesada
adicional de junio. Veamos.
2.3.1. En el recurso de apelación que presentaron las demandantes contra la decisión
de primera instancia del proceso ordinario, resumido en la sentencia del 22 de abril de
2021, adujo:
(…)
La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia (fols. 504-505), señalando que la prima de medio año dispuesta por el artículo
15 de la Ley 91 de 1989 no es lo mismo que una mesada adicional, que como quiera que el
legislador la definió como una prima tiene dicha naturaleza, además que en sentencia de
unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019 se indicó que los
docentes que no tuvieran derecho a pensión gracia tienen derecho a la prima de medio año
reclamada, de tal modo que, por la especialidad del régimen prestacional de los docentes no les
es aplicable el Acto Legislativo 01 de 2005.
2.3.2. A su turno, en el escrito de tutela, las demandantes sustentaron los defectos (se
resumen apartes relevantes), así:
(…)
Ahora bien, tal y como se señaló anteriormente la prima de medio año se estableció únicamente
PARA LOS DOCENTES con el único requisito de que su vinculación se haya efectuado a partir
del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir
del 1 de enero de 1990, en ningún momento se menciona una fecha límite a para adquirir dicha
prima.
Mientras que la mesada 14 se estableció en la ley 100 de 1993 en su Artículo 142 la cual es
totalmente diferente máxime si partimos del hecho de que no aplica únicamente para docentes
(…)
Así las cosas, es evidente que la señora (…), al ser vinculado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la ley 812 de 2003, junto con no ser acreedor de la pensión gracia y tener
reconocida la pensión de jubilación, Es acreedor de la Prima de medio año establecida en la
Ley 91 de 1989 la cual es completamente diferente a la mesada 14 prevista en el artículo 142
de la ley 100 de 1993 (la cual exceptúa al régimen docente) y por tanto no está cobijada bajo
las limitaciones del acto legislativo 01 de 2005.
(…)
Defecto material o sustantivo: para el caso en cuestión existe una clara vulneración frente al
defecto material o sustantivo puesto que se puede evidenciar que los honorables jueces y
magistrados realizaron una indebida aplicación para el presente caso puesto que como se dijo
anteriormente tomaron de aplicación la mesada 14 prevista en el artículo 142 de la ley 100 de
1993 cuando la mesada que se estaba solicitando era la prima de medio año establecida en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 las cuales tal y como se demostró anteriormente son
completamente diferentes, defecto que se cometió al proferirse las sentencias en cuestión.
2.3.3. Como se ve, las demandantes formularon inconformidades que coinciden con las
que expusieron en el recurso de apelación que presentaron contra la sentencia de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovieron contra el Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, respecto del reconocimiento
y pago de la prima de junio o mesada adicional. Evidentemente la tutela busca revivir la
discusión jurídica respecto de si la aludida prima y la mesada adicional de junio son
diferentes y, por tanto, si las demandantes tenían derecho al reconocimiento y pago de
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Demandante: María Griselda Gómez Zea y otros
la prima de junio, asunto que ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 19 de agosto de 2021,
que en lo que interesa, consideró:
(…)
3.2. De otro lado, La Sala encuentra que el régimen de los docentes, y en especial, con
respecto a prestaciones como las que se reclaman, fueron objeto de reglamentación por parte
del Congreso en función de su labor constituyente al expedir el Acto Legislativo 01 de 2005, el
cual necesariamente debe repercutir en la validez o no de su reconocimiento. De conformidad
con lo expuesto en el fundamento normativo de esta providencia, en virtud del Acto Legislativo
01 de 2005; (i) los docentes que causen el derecho a la pensión de jubilación a partir del 25 de
julio de 2005 no tienen derecho a la mesada pensional adicional del mes de junio y (ii) se
exceptúan solo aquellos que causaron el derecho a la pensión antes del 31 de julio de 2011 si
su mesada pensional es igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por lo anterior, como quiera que la docente Martha Patricia Rodríguez Rodríguez adquirió su
status pensional el 22 de octubre de 2009, en principio, tendría derecho a la prestación
reclamada por vía de excepción, no obstante, como quiera que el Acto Legislativo 01 de 2005
en el parágrafo transitorio 6º del artículo 1º, determinó que la excepción consagrada estaba
condicionada a que la pensión recibida fuera igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, no aplica para el caso sub examine, por cuanto esta demandante devenga
una pensión equivalente a más de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha
de adquisición del status pensional.
En el caso de la docente María Griselda Gómez Zea se tiene que adquirió estatus jurídico de
pensionada el 21 de noviembre de 2016, de tal modo que, tampoco es plausible que se
reconozca en su favor la mesada adicional de julio dado que ello sucedió con posterioridad a
la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y no se cumple con la excepción prevista en la
norma.
Finalmente, en el caso de la docente Olga Beatriz Castro Vivas se llega a idéntica conclusión
pues en principio adquirió estatus jurídico de pensionada el 14 de junio de 2011, pero el valor
de su mesada pensional supera los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época.
Ahora bien, en el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandante,
se indica que la prestación que se reclama es una prima de medio año que equivale a una
mesada adicional y no es una mesada adicional de la pensión. Efectivamente el literal B del
numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se refiere a “una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional”. Pero de la misma manera, el Acto Legislativo 01 de
2005 es contundente en indicar la prohibición de recibir más de trece (13) mesadas
pensionales al año para las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de su
vigencia. Es decir, que no es factible jurídicamente eludir la prohibición de dicha disposición
de rango constitucional con el argumento de señalar que lo pretendido no es una mesada
pensional adicional sino una prima de medio año que equivale a una mesada pensional, ya
que de aceptarlo, el resultado sería reconocer a la parte demandante una mesada pensional
adicional a mitad de año, es decir, más de trece (13) mesadas pensionales al año, las que
están prohibidas para los docentes que causen el derecho a la pensión después del 25 de julio
de 2005 o antes del 31 de julio del 2011, si su mesada pensional es superior a tres salarios
mínimos legales vigentes, situación en la que se encuentran las demandantes.
En consecuencia, no se acredita que los actos acusados violen el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, pues como se ha explicado, el Acto Legislativo 01 de 2005 reglamentó el derecho a
recibir la mesada pensional adicional del mes de junio.
Recapitulando, a las demandantes no les asiste derecho a que la entidad demandada les
reconozca y pague suma alguna de dinero, por concepto de la prima de medio año equivalente
a una mesada pensional, ya que esta prestación en su caso, no se encuentra reconocida según
lo reglamentado por el acto reformatorio de la Constitución Política.
(…)
2.4. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que aunque las demandantes alegan la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad
social, lo cierto es que terminan promoviendo indebidamente la tutela para obtener un
pronunciamiento que acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovieron contra el Ministerio de Educación
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00852-01 y acumulados
Demandante: María Griselda Gómez Zea y otros
2.5. Siendo así, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud de
amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada que denegó las pretensiones de la demanda. En su
lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por las señoras María Griselda
Gómez Zea, Olga Beatriz Castro Vivas y Martha Patricia Rodríguez Rodríguez, por las
razones expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente Ausente con permiso
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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