Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00855-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00855-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00855-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00855-00
Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
Accionado: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / FALTA DE CARGA ARGUMENTATIVA - RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Wilberto Lara Sánchez
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 2 de febrero de 2022, el señor Wilberto Lara Sánchez y algunos miembros de
su núcleo familiar2, a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba con el
fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y
reparación para la no repetición, presuntamente vulnerados, al proferir el fallo de 18
de noviembre de 2021 dentro del proceso de reparación directa (rad. ° 23-001-33-
33- 002-2015-00127-01) que promovió con otros contra la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Sthiven Lara Ramos y Liseth Paola Lara Ramos, hijos menores, Ingris Mildreth Ramos Benitez, compañera
permanente, Abel José Lara Ramirez, padre, Breida Yaritza Lara Atencio, Wanderley Lara Atencio, Maira
Alejandra Pernet Sánchez, Elerza Yulieth Pernet Sánchez, hermanos, Ruby Maria Sánchez Montalvo, madre y
Nubia Isabel Montalvo, abuela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00855-00
Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
Accionado: Sala Segunda de Decisión
Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- Según se ilustra en la demanda, la pretensión en ella contenida se contrae a lo
siguiente:
“PRIMERO: se sirva tutelar los derechos fundamentales quebrantados: Debido
Proceso procesal en Aspectos Sustanciales; Debido proceso Probatorio o Reglas
de la Prueba Penal; Derechos de Acceso a la Justicia; Derecho de Igualdad; El
Derecho de las Victimas a la verdad, justicia y reparación para la no repetición;
Otros Derechos Fundamentales Violados y Conexos que resulten afectados o
violados.
SEGUNDO: Que como consecuencia del fallo que resulte de la presente Acción
de Tutela, al igual que la petición anterior, se ordene dejar sin efecto o revocar el
fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo – Sala Segunda de Decisión
de fecha 12 de agosto del año 2021, objeto de la presente acción de tutela; y que
en la misma sentencia donde se tutelen o protegen los derechos fundamentales
se materialice u ordene materializar la correspondiente sentencia de remplazo,
acorde con la protección o reconocimiento de los derechos fundamentales
quebrantados.”
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con
base en el artículo 86 Superior, la parte actora expuso que3:
3.1.- El 31 de agosto de 2009, el señor Héctor Mario Gabazon Salcedo denunció al
señor Wilberto Sánchez Lara por formar parte del grupo delincuencial “Los
Urabeños” dedicado al homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes en el
departamento de Córdoba, específicamente en el municipio de Pueblo Nuevo.
3.2- El 12 de diciembre de 2010, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Montería se legalizó la orden de captura y se
formuló imputación de cargos contra el accionante, por el delito de concierto para
delinquir agravado con fines de homicidio. Además, el juez de control de garantías
resolvió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de
libertad provisional en centro de reclusión contra el ciudadano mencionado.
3.3.- El 16 de noviembre de 2011, con la finalidad de salvaguardar el orden público,
la Corte Suprema de Justicia ordenó remitir el proceso penal a los Juzgados Penales
del Circuito de Cali correspondiendo por reparto al Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado de Cali.
3.4.- El 12 de abril de 2012, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de
Cali resolvió condenar al accionante por el delito de concierto para delinquir
3 Expediente digital, folios 2 y 3 del escrito de demanda.
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Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
Accionado: Sala Segunda de Decisión
Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
agravado. 3.5. Esta decisión fue apelada por la defensa. Posteriormente, el 9 de
abril de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali resolvió absolver al señor
Lara Sánchez.
3.6.- Con ocasión de la privación de la libertad del señor Lara Sánchez y en ejercicio
de la acción de reparación directa, los accionantes presentaron una demanda en
contra de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
3.7.- El 22 de enero de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo oral del Circuito
de Montería declaró administrativamente responsables a la Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación, por el daño antijurídico ocasionado por la privación
injusta de la libertad del señor Lara Sánchez. La Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial presentaron recurso de apelación contra esta decisión.
3.8.- El 12 de agosto de 2021, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba revocó la sentencia proferida en primera instancia por el
Juzgado Segundo Administrativo oral del Circuito de Montería y, en su lugar, decidió
negar las pretensiones de la demanda.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, la parte accionante aduce
que en la sentencia proferida el 12 de agosto de 2021, la Sala Segunda de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en los siguientes defectos:
4.1. Defecto sustantivo: El operador judicial accionado vulneró “el principio de cosa
juzgada penal absolutoria”, al desconocer la sentencia proferida por la Sala Penal
del Honorable Tribunal de Cali. De acuerdo con los accionantes, en el proceso de
reparación directa el juez de segunda instancia reabrió el debate probatorio penal
haciendo una segunda valoración de las pruebas y de los hechos investigados, en
la que considero nuevamente como sospechoso a Wilberto Lara Sánchez, de los
delitos que fueron estudiados en el referido proceso, desconociendo de esta manera
los principios de juez natural, non bis in idem y presunción de inocencia.
4.2. Defecto orgánico: El Tribunal Administrativo de Córdoba carece de competencia
para reabrir el caso fallado con sentencia penal absolutoria en favor de Wilberto Lara
Sánchez.
4.3. Defecto procedimental absoluto: La entidad accionada reabrió el debate
probatorio y la valoración de los hechos que dieron origen a la investigación y al
juzgamiento penal del señor Lara Sánchez, para hacer otro juicio de responsabilidad
y autoría en contra del entonces demandante, con miras a establecer un eximente
de responsabilidad en favor de las entidades demandadas.
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Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
Accionado: Sala Segunda de Decisión
Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.4. Defecto Fáctico: Los accionantes, consideran que la sentencia emitida por la
autoridad judicial accionada carece de sustento probatorio al fundamentarse en el
testimonio de un testigo de referencia.
4.5. Desconocimiento del precedente: La decisión atacada desconoce los
lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-363 de 2021 y por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
sentencia proferida el 15 de noviembre de 2019, bajo el radicado
11001031500020190016901
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- El 8 de febrero de 2022, fue admitida la solicitud de amparo; en esta misma
decisión se ordenó vincular en calidad de terceros interesados a la Fiscalía General
de la Nación y a la Rama Judicial.
(i) Fiscalía General de la Nación
6.- El 8 de enero de 2022, la Fiscalía General de la Nación solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. De acuerdo con esta entidad: (i) no se sustentó́ la
configuración del presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial; (ii)
tampoco justificó, por qué a pesar de contar con otros mecanismos judiciales
idóneos, estos no fueron utilizados para controvertir el fallo. Por último, (iii) señaló
que tampoco se encuentra acreditado un perjuicio irremediable para efectos de hacer
procedente la acción de tutela de manera transitoria.
II. CONSIDERACIONES
C. De la acción de tutela contra providencias judiciales
7.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales4.
7.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior5.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
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Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
7.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes6:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
7.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional7.
En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
7.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, en ese sentido, evitar
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
7 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
8 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
5
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir
el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde
la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales10; e (iii) impedir que la
interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales11.
7.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales12: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
7.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
9 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-
896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-
182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
10 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
11 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
12 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
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Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”13.
D. Análisis del caso concreto
8.- De acuerdo con los hechos expuestos le corresponde a Sala determinar si en
este caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial con el requisito de relevancia
constitucional. Solo de encontrar satisfecho este último requisito, la Sala procederá
a abordar los demás criterios de procedibilidad para establecer si el Tribunal
Administrativo de Córdoba, incurrió en alguno de los defectos señalados por el
accionante y si, en efecto, estos tienen una incidencia directa en la decisión judicial
objeto de estudio.
En caso de superar el análisis propuesto, la Sala establecerá si es necesario adoptar
medidas para garantizar la protección efectiva de los derechos invocados por el
accionante.
9.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de Estado
ha establecido que para determinar si una acción de tutela cumple o no con el
requisito de relevancia constitucional es necesario determinar si el asunto puesto a
consideración del juez constitucional cumple con dos condiciones14:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
13 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
14 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
10.-Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se
formulara el medio de control de reparación directa, las pruebas arrimadas por los
extremos procesales y el contenido en sí mismo considerado de la decisión proferida
en segunda instancia, no encuentra esta Sala que el Tribunal Administrativo de
Córdoba haya transgredido los derechos fundamentales aducidos por la parte actora,
así como tampoco que hubiere incurrido en los defectos que se le atribuye.
11.- Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de
tutela permite advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el
juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de reparación directa.
12. En relación con el defecto fáctico, el demandante plantea que el Tribunal
Administrativo de Córdoba fundó su decisión en las declaraciones rendidas por un
testigo de referencia, por ende, no realizó una valoración adecuada de la medida de
detención preventiva, toda vez que esta no cumplía con los requisitos establecidos
en el artículo 308 y ss. de la Ley 906 de 2004.
13.- Al respecto, la Sala advierte que, contrario al argumento planteado en el escrito
de tutela, para adoptar la decisión dio lugar a la privación de la libertad del señor
Lara Sánchez, la autoridad judicial tuvo en cuenta otros elementos probatorios,
diferentes al mencionado testimonio. En dicha sentencia, el operador judicial
accionado tuvo en cuenta las interceptaciones y seguimientos fotográficos
presentados por la Fiscalía General de la Nación y la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de trasladar el expediente a la ciudad de Cali, como se observa a
continuación:
“De las actuaciones penales se advierte que el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Garantías Ambulantes decretó la medida de aseguramiento de detención preventiva en
contra del señor Wilberto Lara Sánchez con fundamento en los indicios de
responsabilidad que existían en su contra -entrevistas, reconocimiento fotográfico, acta
de inspección extraprocesal y denuncias -, soportado en el material probatorio y las
evidencias legal y oportunamente aportadas en esa etapa procesal, las cuales daban
cuenta de que el sindicado pertenecía a la banda crimina! Denominada " Los Urabeños".
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Por consiguiente, se evidenciaba su posible participación en la comisión del delito
imputado. Tanto así que, a fin de salvaguardar el orden público, la Corte Suprema de
Justicia ordenó en fecha 16 de noviembre de 2011, el cambio de radicación del proceso
con SPOA 23001 - 60- 00000-2011- 00003- 00, seguido contra el hoy demandante,
remitiéndose este a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, proceso
que correspondió por reparto al Juzgado Quinto Penal del Circuito
Especializado esa ciudad.
Para la Sala dicha decisión fue una medida razonable y proporcional por parte de la
jurisdicción penal, que cumplió los requisitos exigidos en la ley procesal vigente, en tanto
se fundó en una inferencia razonable de participación del imputado a partir de indicios
respecto de la posible intervención del actor en la comisión de la conducta delictiva que
se investigaba (…)”.
14.- Además, el Tribunal señaló que: “la privación preventiva de la libertad del hoy
demandante tenía como propósito evitar la continuación de la actividad delictual y la
protección de la comunidad, a partir del mandato del artículo 1 de la Constitución
Política, según la cual, el Estado colombiano se funda en la prevalencia del interés
general”, y el artículo 2 ídem que define como fin esencial del Estado " asegurar la
convivencia pacífica" de la comunidad.”
15.- Si bien la utilización del testigo de referencia por parte de la Fiscalía fue
determinante para que el juez de segunda instancia dictara sentencia absolutoria. Lo
cierto, es que la sentencia que se pretende atacar no hace referencia a dicho
testimonio como fundamento para exonerar a las entonces entidades demandadas.
16.- Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas por
los accionantes, responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el
resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una
causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.
17. En atención a los alegatos presentados por los accionantes en relación al
desconocimiento de la presunción de inocencia del señor Lara Sánchez, la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha establecido que la medida de detención preventiva
no es incompatible con la presunción de inocencia ya que este tipo de medidas
buscan asegurar la comparecencia del sindicado al proceso 15 . Siguiendo el
precedente fijado en la jurisprudencia constitucional 16 , esta Corporación ha
precisado que la presunción de inocencia sólo resulta desvirtuada una vez se agotan
15 Artículo 250 de la Constitución, artículo 355 de la Ley 600 de 2000 y numeral 3 del artículo 308 de la Ley 906
de 2004.
16 Sentencias C-689 de 1996 y C-695 de 2013.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
los trámites propios del proceso penal, mediante la decisión de declaratoria de
responsabilidad penal en firme, pues, de conformidad con el artículo 29 de la
Constitución, “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable”.
18. A partir de estas premisas, es posible hacer una distinción entre las medidas
preventivas y las privativas de la libertad, toda vez que las primeras son de carácter
cautelar y no punitivo pues, según el numeral 3 del artículo 37 del Código Penal, “la
detención preventiva no se reputa como pena”-, de lo que puede asegurarse que no
riñen con la presunción de inocencia, tal como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, dado que tal presunción se mantiene intacta mientras a la persona
investigada “no se le haya declarado judicialmente culpable” (art. 29 C.P.), esto es,
“mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” (Convención Americana
sobre Derechos Humanos) o, lo que es lo mismo, “mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley”17, a pesar de lo cual resulta posible limitar en forma
temporal otros derechos -derecho a la libertad individual-,tal como lo prevén la
Constitución (art. 2818) y la ley (v.gr. artículo 308 del actual Código de Procedimiento
Penal).
Lo anterior ha sido explicado por la Corte Constitucional, que al decidir sobre la
constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 228 de 199519 (C-689-96), sostuvo
lo siguiente:
“La presunción de inocencia, en la cual descansa buena parte de las garantías
mínimas que un Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe,
sin embargo, con la previsión de normas constitucionales y legales que hagan
posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección de la
sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de
aquellas personas en relación con las cuales, según las normas legales
preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso
penal, según elementos probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación
de las autoridades competentes.
“La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona
en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los
requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1 (sic), de la Constitución
Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter
precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida
17 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11.
18 “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni
detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis
horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles” (se subraya).
19 “Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras
disposiciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00855-00
Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
Accionado: Sala Segunda de Decisión
Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado
y menos todavía sobre su condena o absolución.
“La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero
permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen
razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su
libertad mientras se adelante el proceso, siendo claro que precisamente la
circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía
no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal”20.
19. De igual forma, en sentencia C-695 de 2013, en la que decidió acerca de la
constitucionalidad de la expresión “o que no cumplirá la sentencia” contenida en el
numeral 3 del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, dicha Corporación reiteró aquella
posición, en los siguientes términos:
“En síntesis … las medidas de aseguramiento tienen un carácter preventivo,
mientras se determina la responsabilidad del imputado o acusado. No
constituyen por ende una sanción como tal, como quiera que su naturaleza
siempre será la de una actuación cautelar, eminentemente excepcional, cuyo
carácter es meramente instrumental o procesal, más no punitivo, esto es, no
debe estar precedida de la culminación de un proceso, pues tal exigencia …
desnaturalizaría su finalidad, se insiste, preventiva”.
20. Precisado lo anterior, si la terminación de un proceso penal en el que se ha
decretado una medida de aseguramiento se da por preclusión o absolución, la
inocencia de la persona se sigue presumiendo, por lo que no hay cabida a hablar de
un daño, ni mucho menos de una trasgresión o desconocimiento a la presunción de
inocencia.
21.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal21.
22. De otra parte, en relación con el reproche que plantea el accionante sobre la
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Córdoba fundó su decisión en el
precedente judicial vigente, respecto del cual concluyó:
20 Al respecto, también se puede consultar, entre otras, la sentencia C-774 de 2001.
21 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00855-00
Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
Accionado: Sala Segunda de Decisión
Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
“La Corte Constitucional precisó que los criterios de procedencia de la detención
preventiva debían coincidir con los mandatos constitucionales y que, de no ser así,
podrían ser objeto de juicio de constitucionalidad, pues recuerde sé que para la época
de los hechos aquí narrados existía una aguda problemática en nuestro país, en
especial en la zona de Córdoba y Urabá Antioqueño, por la proliferación de bandas
criminales o grupos armados al marguen de la ley, entre ellos Los Paisas, Los Urabeños
y/o Las Águilas Negras, los cuales influían en el orden público ocasionado muerte s ,
crímenes, extorsiones y el desplazamiento a causa de su actividad delictiva.
Cabe recordar que el bien jurídico de la libertad no tiene el carácter de absoluto y que,
por tanto, la imposición de medidas que lo limitan resultan ilegítimas, siempre y cuando
se cumplan todos les presupuestos legales que así lo permitan o lo exijan, como ocurrió
en este asunto. La autoridad penal encontró pruebas que, en su opinión, resultaban
suficientes para vincular al señor Lara Sánchez a un proceso penal y privarlo de la
libertad, por consiguiente, no puede concluirse que desbordaron los criterios de
proporcionalidad ni de razonabilidad estudiados con anterioridad
La reciente jurisprudencia del Consejo de Estado en relación a la responsabilidad en los
casos por privación injusta de la libertad enseña que debe realizarse un análisis sobre
la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la decisión con la que fue adoptada la
medida, a efectos de encontrar o no acreditado el elemento de la antijuridicidad del daño
ocasionado”.
23. La decisión así adoptada comparte los criterios que esta corporación ha fijado
en la materia, por lo que la Sala estima que la decisión acusada estuvo fundada
en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y razonable, propia de la
autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las pruebas de manera
conjunta, la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, sin que pueda
decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte actora.
24. Por último, la Sala considera que, en relación con los defectos orgánico y
procedimental absoluto, la acción de tutela carece de carga argumentativa, toda vez
que la parte accionante se limitó afirmar la configuración de dichos yerros sin explicar
clara ni suficientemente las razones constitucionales y legales por las cuales así lo
consideraba. En otras palabras, la parte promotora del recurso de amparo no cumplió
con el deber de indicar con rigor demostrativo el yerro o vicio que, en su sentir, se
produjo en el fallo que reprocha, pues aun cuando invocó en un sentido general la
existencia de unas deficiencias de tipo orgánico y procedimental, en ninguno de sus
argumentos logró identificar los escenarios genéricos de configuración perfilados por
la Corte Constitucional para habilitar la intervención excepcional del juez de tutela,
limitándose a enunciar la transgresión del debido proceso, haciendo aproximaciones
generales sin sustentar debidamente las razones por las cuales aquella se produce.
25. En ese contexto, no basta con que la accionante enuncie los derechos
presuntamente vulnerados y el defecto en que, a su sentir, incurrió la autoridad
judicial accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00855-00
Accionante: Wilberto Lara Sánchez y otros
Accionado: Sala Segunda de Decisión
Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración, requisito que no cumple
la parte accionante.
26. Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su objeto es
reabrir un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que
desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos
fundamentales. En consecuencia, se declarará improcedente el amparo solicitado.
27.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE22
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
22VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00855-00
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