Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00857-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2022-00857-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: LORENZA DEL CARMEN GALEANO MARTÍNEZ Y OTROS.
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE
CONFIGURARON LOS DEFECTOS ALEGADOS. LA VALORACIÓN
PROBATORIA EFECTUADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA ES RAZONABLE. NO SE INCURRIÓ EN VULNERACIÓN
DEL PRECEDENTE HORIZONTAL, PUES LA DECISIÓN INVOCADA
COMO DESCONOCIDA FUE APROBADA POR MAGISTRADOS DE UNA
SALA QUE NO PARTICIPARON EN SU MAYORÍA EN LA APROBACIÓN
DE LA SENTENCIA CUESTIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD Y A LA
REPARACIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO del MAGDALENA1.
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 110010315000 2022 00857 00
Actores: LORENZA DEL CARMEN GALEANO Y OTROS.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores LORENZA DEL CARMEN GALEANO MARTÍNEZ,
CARLOS MANUEL ESPINOSA JULIO, MARGARITA
ENCARNACIÓN ESPINOSA GALEANO, CRISTÓBAL MANUEL
CANTILLO DE LA ROSA, DAMARIS ESTHER, ARLES DE JESÚS,
GARINES, JOHANA MARGARITA y CRISTINA ISABEL
CANTILLO ESPINOSA, EISIDORA VIDES DE MEJÍA,
FRANCISCO ANTONIO, JOSÉ MANUEL, GABRIEL SEGUNDO,
RUBÉN DARÍO, MIGUEL FELICIANO, OSWALDO ENRIQUE,
GREGORIO RAFAEL, CARLOS JULIO, ROSALBA MARÍA, AIDA
LUZ, JOSEFA MARÍA y MARÍA ENCARNACIÓN MEJÍA VIDES,
MIRIAM SOFÍA MATTOS DE VARGAS, EMERSON IVÁN
VÁSQUEZ VARGAS, OSCAR ENRIQUE, ROSANA MARÍA y
LILIANA PATRICIA VARGAS MATTOS, GABRIEL VÁSQUEZ
GUERRA, DILIA TEJEDA DE VÁSQUEZ, JOSÉ GABRIEL
VÁSQUEZ SOLANO, CARLOS ALBERTO, ALEXANDER DE JESÚS,
DILIA ESTHER y GABRIEL LORENZO VÁSQUEZ TEJEDA, LINO
ALBERTO SOTO TORRES, MARTHA ISABEL, LINA ESTHER,
LINO ALBERTO, ROSIRIS MARÍA, ELKIN MIGUEL y LACIDES
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Número único de radicación: 110010315000 2022 00857 00
Actores: LORENZA DEL CARMEN GALEANO Y OTROS.
ALBERTO SOTO CASTRO, ELVINA ESTHER, MERLINDA ESTHER
y LIONET SOTO ALMARALES, MIGUEL ÁNGEL e IVÁN EDUARDO
BELTRÁN CASTRO, JOHAN ALFONSO y MARLON DAVID NUÑEZ
SOTO, GRIMALDO ALFONSO NUÑEZ ECHEVARRÍA y EMERSON
IVÁN VÁSQUEZ TEJEDA, estos últimos quienes actúan
respectivamente en nombre propio y en representación de sus hijos
menores de edad K.D.N.S. y A.M.V.S.2, actuando a través de
apoderado, instauraron acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación, los
cuales consideran vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido
en segunda instancia la sentencia de 1o. de septiembre de 2021,
dentro de la acción de reparación directa identificada con el número
único de radicación 470013331001 2008 0016 00.
I.2.- Hechos
Manifestaron que el 5 de abril de 2007, un bus de servicio público
que cubría la ruta Santa Marta- Dibulla, Guajira se vio implicado en
un siniestro que ocasionó la muerte de más de 30 pasajeros y el
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La Sala se reserva los nombres por protección a los menores de edad.
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conductor.
Precisaron que en dicho accidente perdieron la vida varios de sus
familiares, lo que dio lugar a que promovieran dos demandas de
reparación directa, por cada grupo familiar, contra el MINISTERIO
DE DEFENSA -POLICÍA NACIONAL, el MINISTERIO DE
TRANSPORTE y la sociedad CONCESIÓN SANTA MARTA
PARAGUACHÓN S.A.
Explicaron que las demandas estuvieron sustentadas en que, pese a
que presuntamente el accidente tuvo origen en el exceso de
velocidad y el estallido de una llanta, lo cierto es que el vehículo
implicado estaba circulando sin el cumplimiento de los requisitos
previstos para tal efecto, por una vía que contaba con 4 puestos de
control de la policía de carreteras, esta última que al omitir el
ejercicio de sus funciones contribuyó a la producción del daño.
Expusieron que las demandas fueron acumuladas y tramitadas en el
expediente identificado con el número único de radicación
470013331001 2008 0016 00, atribuido para su conocimiento en
primera instancia al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE
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SANTA MARTA3 que, mediante sentencia de 5 de diciembre de
2018, declaró administrativamente responsable por el daño causado
al MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL y accedió de
forma parcial a las pretensiones económicas.
Agregaron que, al igual que la entidad condenada, interpusieron el
recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, a través de
sentencia de 4 de octubre de 2021, revocó la decisión recurrida y, en
su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
Comentaron que la decisión del TRIBUNAL se fundamentó en que,
a juicio de este, de las pruebas no era posible establecer de manera
puntual y categórica la existencia de una falla en el servicio con
relación a los entes oficiales demandados, en razón a que no existía
una relación de causalidad con el hecho generador del daño, esto es,
la imprudencia del conductor al transitar con el rodante a una
velocidad excesiva.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentaron que la providencia cuestionada incurrió en defecto
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En adelante el JUZGADO.
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fáctico porque, el TRIBUNAL restó valor probatorio a las
declaraciones rendidas en las diligencias penales originadas de los
hechos, así como al testimonio que se recibió dentro del proceso de
reparación, conforme con los cuales estaba probado que, previo al
accidente, el bus fue detenido en un puesto de control “[…] donde
los agentes de policía observaron el sobre cupo del mismo, y aun así
le permitieron seguir su marcha […]”.
Arguyeron que si bien los declarantes mencionaron las posibles
causas del accidente, esto no era suficiente para considerar que sus
relatos eran contradictorios, porque en todo caso, sí fueron unánimes
en señalar que el vehículo iba con un exceso de pasajeros y que este
había sido detenido por las autoridades de tránsito.
Agregaron que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial contenido en la
sentencia de 13 de abril de 2016, proferida por el mismo TRIBUNAL
dentro del expediente 470013331 002 2009 00293 01/ 00318 01 en
la que, en un caso originado en los mismos hechos, dicha autoridad
condenó al MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL por
la omisión de sus funciones.
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Anotaron que de igual forma el Consejo de Estado ha condenado a
entidades estatales por los mismos hechos del accidente de tránsito
origen de la controversia, sin embargo, no se identificó la providencia
respectiva.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:
“[…] Con fundamento en las circunstancias fácticas
inmediatamente expresadas, solicito al Juez de tutela que para
la eficacia de la protección pedida para los derechos
fundamentales violados a los accionantes en el proceso de
reparación directa relacionado en los hechos de este escrito,
ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena dejar sin efecto
la sentencia de segunda instancia calendada 1 de septiembre de
2021 que dictó en dicho litigio, notificada al suscrito a través de
edicto desfijado el día 04 de octubre 2021, y que en su defecto
proceda a dictar uno nuevo (sic), que reconozca las situaciones
fácticas probadas en la causa, el precedente jurisprudencial y
que acoja sin reservas los preceptos del Art. 90 de la C.N […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de los actores carece de
sustento, en razón a que la providencia cuestionada se fundó en el
análisis concienzudo y riguroso de todos los elementos fácticos
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y probatorios del proceso, en cotejo con las normas y
lineamientos jurisprudenciales imperantes en la materia.
Destacó que dentro del proceso identificado con el número único de
radicación 470013331002 2012 00338 01 “[…] resolvió un
asunto de idénticos supuestos fácticos, vale decir relacionados
con el lamentable y trágico accidente de tránsito ocurrido en la
calenda del 05 de abril de 2007, disponiéndose también
denegar las súplicas de la demanda; sentencia que fue objeto
de acción de tutela, denegada en primera instancia y
confirmada previo trámite de impugnación ante el máximo
órgano de esta jurisdicción […]”.
Agregó que, si bien existen diversas decisiones judiciales
correspondientes a los mismos hechos, la valoración probatoria
efectuada en cada proceso debe fundamentarse en los elementos de
prueba que hayan sido oportunamente allegados, sin que resulte
vinculante o imperativa la valoración probatoria realizada en otras
providencias judiciales proferidas en torno a los mismos
presupuestos fácticos.
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Comentó que no se logró establecer de manera puntual y categórica
la existencia de una falla en el servicio con relación a los entes
oficiales, en razón a que no se acreditó una relación de causalidad
con el hecho generador del daño.
Apuntó que la inobservancia al deber legal que se le incriminaba
a los entes oficiales demandados al no haber detenido el bus no
es la génesis del hecho que deparó en el accidente, toda vez
que este se originó en la imprudencia del conductor al transitar
a una velocidad excesiva.
Concluyó que la acción de tutela está encaminada a reabrir el
debate de un asunto ya decidido en sede ordinaria, razón por la
cual la solicitud de amparo es improcedente.
I.5.2.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera con
interés directo en las resultas del proceso, manifestó que en el
proceso ordinario fue probado que la causa del accidente fue la
imprudencia del conductor, situación que llevó a eximir de
responsabilidad al Estado.
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Precisó que la acción de tutela resulta improcedente, en la medida
que el asunto ya fue dirimido por los jueces ordinarios, además
porque no se advierte un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez de tutela en el asunto.
I.5.3.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE, vinculado en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que la
decisión cuestionada es aceptable y se encuentra acorde con el
análisis jurídico y probatorio, sin que la acción de tutela sea una
tercera instancia de la sede ordinaria.
Agregó que, en todo caso, debe tenerse en cuenta que en el proceso
ordinario fue declarada su falta de legitimación en la causa por
pasiva, por lo que en el evento que se ordene emitir una nueva
decisión, el estudio debe hacerse a partir de la sentencia proferida
por el JUZGADO, en la que no se le impuso condena alguna.
Anotó que la acción de tutela está dirigida contra el TRIBUNAL, por
lo cual no está llamada a responder por la presunta vulneración a los
derechos deprecados.
Expuso que, en ese orden de ideas, la solicitud de amparo debe
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declararse improcedente o, en su lugar, desvinculársele del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.5.4- La CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A. y el
JUZGADO, vinculados en calidad de terceros con interés directo en
las resultas del proceso, no rindieron informe pese a haber sido
notificados en debida forma.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión previa
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La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el MINISTERIO DE TRANSPORTE solicitó que
se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a
que no es el llamado a responder por las pretensiones de la solicitud
de amparo.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de la
solicitud de amparo, comoquiera que el MINISTERIO DE
TRASPORTE fue parte en el proceso que dio lugar a la acción de
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tutela de la referencia, es claro que debía ser notificado de la
existencia del presente trámite, en razón al interés directo que le
asiste en las resultas de este y, en consecuencia, se denegará su
desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Caso concreto
En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto
la sentencia de 1o. de septiembre de 2021, proferida por el
TRIBUNAL, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, dentro de la
acción de reparación directa identificada con el número único de
radicación 470013331001 2008 0016 00.
A la citada providencia los accionantes atribuyen la vulneración de
los derechos fundamentales deprecados en razón a que, la autoridad
judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, al haber restado
valor probatorio a las declaraciones obrantes en el proceso, conforme
con las cuales, en su criterio, era posible atribuirle responsabilidad al
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Estado en el accidente de tránsito en el que fallecieron sus familiares.
Además, los actores sostuvieron que el TRIBUNAL desconoció el
precedente judicial de otros procesos con la misma situación fáctica,
en los que fueron concedidas pretensiones de reparación similares a
las que solicitaron en el litigio origen de la controversia.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente judicial, al proferir la sentencia de 1o. de septiembre
de 2021 aludida.
En ese orden de ideas, se entrará a examinar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto los actores plantean con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se
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configuran los defectos aludidos; contra la decisión cuestionada no
proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable4, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la
Sala entrará a estudiar si se incurrió en los defectos alegados.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20135, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
5
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
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tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Ahora bien, en el presente asunto los actores aducen que el
TRIBUNAL desconoció que, con base en las declaraciones allegadas
y recibidas en el proceso ordinario, podía atribuirse responsabilidad
al Estado en el accidente origen de la controversia, porque las
autoridades de tránsito permitieron la circulación del vehículo, pese
a que no cumplía con los requisitos para tal efecto.
Por su parte, en la providencia cuestionada, el TRIBUNAL exoneró
de responsabilidad a las autoridades administrativas demandadas,
luego de efectuar el siguiente análisis:
“[…]
14. En folio 206 del expediente reposa el oficio No. S-2015 -
011454 / COMAN - ASJUR 29 de calenda 20 de julio de 2015,
signado por el Comandante de Policía del Departamento de
Magdalena a través del cual remite al Juzgado Administrativo de
Descongestión de Santa Marta la copia informe de tránsito No.C
• 0251312; oficio No.293 DITRA - DEMAG de fecha 09 de abril
de 2007 signado por el Agente Ochoa Quintero Manuel Eduardo,
placa 44864 y visible a folios 209 a 211 del cual se extracta ad
pedem litterae lo siguiente:
“Por medio del presente me permito dejar a su disposición
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informe de accidente de tránsito No.0251312 de fecha 05 abril
del presente año en la vía Santa Marta-Palomino, kilómetro
26+580 metros en el cual resultó comprometido el vehículo:
Clase BUS Marca DODGE D600, Modelo 1979 de color Verde
Amarillo Azul, de placas UZJ-002 de servicio PUBLICO de
carrocería TIPO MIXTO con capacidad transportadora de 30
PAS/6.00 TON, de propiedad del señor ALEJANDRO ANTONIO
VILLAR ALMAZO identificado con CC No.12’549.189 de Santa
Marta residenciado en la AV CRISANTO LUQUE DIAG. 22 No 38-
53 Cartagena Bolívar. HECHOS En día 05 de abril del presente
año, siendo las 12:10 aproximadamente en vía Santa Marta-
Palomino altura del KM 26+580 metros tuvo ocurrencia
Accidente de Tránsito del vehículo anteriormente relacionado al
sufrir fallas mecánicas consistente en el daño (estallido) de la
llanta delantera ocasionando que el vehículo saliera de la vía
dejando una huella de arrastre con trayectoria sobre el asfalto
de 40,60 Metros en dirección a la zona verde donde
posteriormente rueda sobre ella 25,20 Metros en sentido de la
vía chocando el vértice anterior derecho del vehículo con la parte
superior de la estructura de la alcantarilla (Muro de 2,40 metros
de largo, con altura de 60 CMS y un ancho de 30 CMS)
produciendo desprendimiento de la misma. Cayendo el vehículo
a la parte baja de la alcantarilla de una altura de 3,80 Metros
como consecuencia de la velocidad, peso y el desplazamiento de
las victimas hacia la parte delantera producto del impacto,
ocasionando la caída y daños en el costado lateral derecho del
vehículo y el posterior derrame del combustible (gasolina) que
produjo un incendio en el automotor que se conflagró
rápidamente y como consecuencia de la conflagración perdieran
la vida en ese hecho veintisiete (27) personas que a continuación
relaciono de la siguiente forma: (.........)
[…]
Con fundamento en las probanzas anteriores puede concluir la
Sala que para la calenda del 05 de abril de 2007, ocurrió un
accidente automovilístico en razón de la imprudencia del
conductor al ir con exceso de velocidad estallándose una llanta
dando el rodante numerosas vueltas y culminado en una
lamentable conflagración que conllevó la pérdida de varias
personas entre las que se hallaban los familiares de los aquí
reclamantes. De guisa, pues, que se encuentra acreditado el
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daño y la legitimación en causa por activa de los demandantes.
Ahora bien, el libelista aduce que el daño predicho tuvo su
génesis en la omisión de la Nación - Ministerio de Transporte y
la Policía de Carreteras fundamentalmente: i) por cuanto la ruta
que cubría desde hace varios años el bus siniestrado entre el
Distrito de Santa Marta y el Municipio de Dibulla no se
encontraba autorizada por el Ministerio de Transporte; ¡i) el
rodante muy a pesar de portar logotipos de la sociedad
Transportes Bastidas, Bolaño, Castillo, Cuello S.C.A., domiciliada
en Santa Marta no se hallaba afiliada ni a esa Empresa ni a
ninguna otra transportadora de carga o pasajeros; iii) la tarjeta
de operaciones del automotor era falsa puesto que los últimos
dígitos de la misma no correspondían a los de la barra de
seguridad y la rúbrica que aparecía en ella no coincide con la del
funcionario que la expidió supuestamente según lo certifica el
Instituto de Transporte y Tránsito del Municipio de Hatonuevo
(Guajira), aseveración ésta que funda el libelista en informes de
prensa; iv) el bus mixto accidentado de placas blanca UZJ002
tenía más de veinte años de uso al momento de la ocurrencia de
la colisión plurimencionada, término máximo de vida útil toda
vez que al tenor de lo normado en el canon 6°., de la Ley 105
de 1993, se le obliga al Ministerio de Transporte exigirle a las
empresas transportadoras la reposición del parque automotor
obsoleto que se ha de sustituir por vehículos nuevos, y; v) el bus
mixto - en criterio del actor- contaba con enormes cisternas para
el transporte ¡legal de gasolina de contrabando lo cual lo
convertía en una bomba rodante.
RÉGIMEN DE IMPUTACIÓN
Efectuada la precedente relación probatoria, se hace necesario
establecer el título de imputación o régimen de responsabilidad
que habrá de aplicarse en el caso concreto. En efecto, resulta
pertinente mencionar que en el artículo 90 de la Constitución
Nacional se consagra la responsabilidad patrimonial del Estado,
con base en el daño antijurídico consistente en aquél “causado
por el comportamiento irregular de la administración
(irregularidad o falla que puede ser por acción o por omisión)
por ciertas conductas que, aunque pueden calificarse como
regulares, producen un daño que el afectado no está obligado a
sufrirlo”. En efecto, la norma ibídem prevé la responsabilidad de
la administración, producto de sus acciones u omisiones, en los
siguientes términos.
[…]
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La Sala se permite anotar que al plenario no se allegó probanza
de carácter técnico que permitiera evidenciar que algún
desperfecto mecánico hubiere podido ser la causa del lamentable
accidente que deparó en la muerte de los familiares de los
actores. En efecto, se recaudaron dos testimonios al
instructivo criminal y uno a este asunto contencioso que
ponen de manifiesto profundas contradicciones entre los
mismos, de tal suerte que se requiere un examen
sopesado y riguroso de tales dichos para de una u otra
forma establecer de manera clara y contundente la causa
real del accidente. En efecto, en la declaración rendida por el
señor CESAR RAFAEL PADILLA PEREZ
(Rad.47001333100420080012600) señala que él venía al
interior del vehículo accidentado siendo el rodante retenido en
un retén de la Policía; sin embargo, fue dejado pasar el vehículo
y sólo días después del insuceso en entera que “el carro tenía
las llantas muy lisas y que venía cargado de mucha gasolina y
que por eso fue el accidente”. Empero, contrastada esta
declaración con las otras dos declaraciones rendidas bajo la
gravedad del juramento por los señores WILSON ABRAHAM
VILLALBA MACHADO (fls. 198-201) y LUIS CARLOS
HERNÁNDEZ DE CASTRO (fls.202-205) ante la Fiscalía General
de la Nación, los que son contestes en aseverar que, en efecto,
el rodante había transitado por dos peajes de Policía, el primero
ubicado en Neguanje y uno segundo en Calabazo perteneciente
a Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) además al interior del
vehículo habían unas pimpinas vacías -al parecer de gasolina por
el olor que expelían- pero que la causa probable del accidente -
según su dicho- fue la alta velocidad con que se desplazaba el
vehículo y el estallido de una llanta.
Así las cosas, a juicio de la colegiatura y de conformidad
con las pruebas obrantes en el plenario, no es posible
establecer de manera puntual y categórica la existencia
de una falla en el servicio con relación a los entes oficiales
encausados, estos son, Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional y Mintransporte, habida cuenta de que no
existe una relación de causalidad con el hecho generador
del daño: falla mecánica, presunta falsedad documental,
no transitar por una ruta o vía autorizada, transportar
elemento potencialmente peligroso (gasolina)
imprudencia e impericia del conductor e incluso el haber
superado la vida útil del rodante. Pues bien, la
inobservancia al deber legal que se le incrimina al ente
oficial en razón de no haber detenido el bus que circulaba
por la vía nacional no es la génesis del hecho lamentable
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que deparó en el plurimencionado accidente del
automotor toda vez que -se itera- que el mismo lo originó
la imprudencia del conductor al transitar con el rodante a
una velocidad excesiva como lo señalan los propios
declarantes que rindieron su testimonio ante la Fiscalía
General de la Nación, situación ésta que no es
configurativa de responsabilidad alguna de la
administración.
Sumado a lo anterior, no aparece acreditada probatoriamente el
que se hubiere falsificado la tarjeta de operaciones del
automotor bajo el entendido de que los últimos dígitos no
correspondían a los de la barra de seguridad y la rúbrica que
aparecía en ella no coincide con la del funcionario que la expidió
supuestamente según lo certifica el Instituto de Transporte y
Tránsito del Municipio de Hatonuevo (Guajira), ello por la
potísima razón de que en la actuación procesal no aflora la
referida certificación de la predicha entidad oficial haciendo
constar la presunta o real falsedad sino que además es el propio
accionante el que aduce que tal aserto corresponde a un informe
de prensa y al cual la Juez de instancia le dio plena credibilidad.
[…]
En virtud de lo expuesto, debe iterar la Sala que las funciones
de las autoridades de tránsito en las vías y carreteras son de
carácter preventivo, de tal suerte que dada la relatividad del
deber de control y vigilancia sobre los rodantes torna en verdad
imposible que esta función se ejerza puntualmente sobre todos
y cada uno de los automotores que por miles transitan
diariamente por las carreteras y vías intermunicipales del país.
Sobre el particular discurrió así el Honorable Consejo de Estado
• Subsección “C” en reciente pronunciamiento de calenda nueve
(9) de julio de dos mil dieciocho. Rad No.
76001233100020010400501. Actor: Carlos Agustín España
Mosquera y otros:
[…]
Por otra parte, la autoridad de tránsito en momento alguno se
encuentra en la obligación de efectuar revisión mecánica de los
rodantes que transitan por las carreteras, pues, en término del
canon 50 pre- tránsito del CNTT esa obligación de mantener el
automotor en condiciones óptimas para circular le compete a su
dueño y eventualmente al conductor, quienes por su misma
calidad y encargados del manejo del vehículo conocen su estado
es por ello carece de toda lógica que se traslade esa carga a la
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autoridad pública.
En último orden, debe anotarse por la Sala que la parte
demandante tampoco demostró que la autoridad vial respectiva
actuó de manera displicente y con manifiesto descuido al haber
permitido el tránsito de un automotor con una antigüedad mayor
a veinte años o con evidentes fallas mecánicas o malas
condiciones de desplazamiento sin que hubiere adoptado las
medidas pertinentes tendiente a enervar la situación en mención
puesto que los testimonios recaudados y, en particular, de los
que viajaban al interior del rodante al declarar sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaeció el
lamentable suceso, convalidaron que la causa del accidente lo
fue ni más ni menos que la actuar imprudente del conductor al
transitar con excesiva velocidad a más del estallido de la llanta
que conllevó el volcamiento y posterior conflagración del
vehículo.
[…]
Colofón de lo anterior, tiénese que el acaecimiento del accidente
de tránsito en el que fallecieron los familiares de los aquí
accionantes no fue fruto de la inobservancia de algún contenido
obligacional por parte de la autoridad policiva de tránsito y por
ello no le es imputable puesto que el mismo es fruto de una
situación ajena a su actuar al provenir del hecho de un tercero,
eximente éste que se configura siempre y cuando se demuestre
que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio
, amén de que no se encuentra vinculado en manera alguna con
la actuación de aquél, de manera que se produce la ruptura del
nexo causal; siendo además, imprevisible e irresistible. De tal
suerte que como conducta ajena a la de la entidad pública
constituyó la causa exclusiva del daño aquí reclamado y por ello
la inferencia que se impone es la de revocar la decisión de
instancia y en su lugar se proveerá en el sentido de denegar las
súplicas del libelo como en efecto así se hará constar en la parte
resolutiva de esta decisión […] (sic)”. (Destacado fuera texto)
Conforme con la transcripción en cita, la Sala observa que, en la
providencia cuestionada, el TRIBUNAL sí valoró las declaraciones
recibidas tanto en las diligencias penales originadas con ocasión al
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accidente, como la recaudada en el proceso contencioso
administrativo.
No obstante, con base en dichas declaraciones y las demás pruebas
obrantes en el plenario, en particular, del informe rendido por el
comandante de policía del Departamento del Magdalena, el
TRIBUNAL encontró que el accidente automovilístico ocurrió por la
imprudencia del conductor del bus al ir con exceso de velocidad y
estallarse una llanta.
En relación con las autoridades de tránsito demandadas el
TRIBUNAL estimó que no era posible establecer su responsabilidad
por falla en el servicio, porque no existía una relación de causalidad
con el hecho generador, porque la inobservancia del deber legal que
se les incriminaba al no haber detenido el bus no había sido la génesis
del accidente.
Precisado lo anterior, la Sala no advierte que la valoración que la
autoridad judicial accionada hizo de las pruebas desborde el marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica razonable y, por ende,
que esté configurado el defecto fáctico alegado porque, en efecto,
no fue probado de forma indiscutible que el actuar de las autoridades
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de tránsito demandadas haya sido la causa eficiente del accidente
automovilístico, máxime si se tiene en cuenta que en el proceso
ordinario fue establecido que este ocurrió por el actuar imprudente
del conductor del vehículo.
Cabe precisar que la acción de tutela no es una instancia para
perseguir la imposición de conclusiones fácticas en detrimento de la
actividad de evaluación probatoria de la autoridad judicial que
ordinariamente conoce de un asunto, pues la intervención del juez
constitucional está dada para eventos en que resulta evidente que
hubo una actuación arbitraria.
Del desconocimiento del precedente judicial y el derecho a la
igualdad
En relación con el trato igualitario que deben recibir los administrados
por parte de las autoridades judiciales, la Corte Constitucional en
sentencia T-267 de 8 de mayo de 20136, puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
6
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente7 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Carta, que impone la igualdad de
trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su
autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial8. Dicha
obligación, según la Corte, tiene fundamento en las siguientes
razones:
“[…] i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las
autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que
supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera
7
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
8
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii)
el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las
decisiones jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad de la
interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la
decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la
naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la
interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; iv) Los principios de buena
fe y confianza legítima imponen a la Administración un grado
de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen
expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es
necesario un mínimo de coherencia a su interior […].”9
No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior
jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las
razones de su posición (principio de razón suficiente)10.
Ahora bien, en el presente caso, los actores adujeron que el
TRIBUNAL desconoció su propio precedente contenido en la
sentencia de 13 de abril de 2016, proferida dentro del expediente
acumulado 470013331 002 2009 00293 01/ 00318 01.
De igual forma, afirmaron que la autoridad judicial desconoció el
9
Ídem.
10
Ver sentencia T-292 de 2006.
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precedente judicial del Consejo de Estado, en donde esta Corporación
ha accedido a pretensiones de otros demandantes en relación con los
mismos hechos.
En ese orden de ideas, la Sala señala que, en relación con el presunto
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, los actores
no identificaron la providencia respectiva de forma que fuera posible
su individualización y consulta, por lo que no hay lugar a efectuar
estudio al respecto.
Por otro lado, en la sentencia de 13 de abril de 2016, proferida dentro
del expediente acumulado 470013331 002 2009 00293 01 /00318-
01, el TRIBUNAL señaló lo siguiente:
“[…] SÍNTESIS DE LOS CASOS
El 5 de abril de 2007, 27 de los 39 pasajeros que se desplazaban
de la ciudad de Santa Marta a Palomino, en el vehículo de placas
UZJ002, murieron incineradas a causa de un accidente vial.
Los demandantes, dentro de los procesos referenciados,
endilgan responsabilidad, por un lado, al Ministerio de
Transporte, Concesión Santa Marta - Paraguachón y a la Policía
Nacional, y por el otro, sólo a esto última institución.
Dentro del proceso radicado con el número 47001-3331-002-
2009- 00293-01, el apoderado judicial de los señores Rubén
Darío Noriega Roa - Keiner Noriega Mojica - Joyce Paola Mojica
Miranda - Gonzalo Mojica Miranda - Catalina Mojica Miranda -
Martha Omega Suarez Mojica - Catalina Ceballos - Wilson
Telesforo Mojica, demanda a la Nación - Ministerio de Defensa -
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Policía Nacional por la falla en el servicio con ocasión de lo
muerte de la señora Rosa Mojica Miranda por la omisión de sus
agentes en dejar circular a un vehículo obsoleto, sin
documentos, sin el lleno de los requisitos para la prestación del
servicio público de transporte y con sobrecupo de pasajeros,
pese a haber ejercido control sobre el mismo.
Por otra parte dentro del proceso radicado con el número 47001-
3331-002-2009-00318-01, el apoderado judicial de los señores
Olga Caray Guerra - Carios Villar Caray - Robinson Villar Caray
• Laura Villar Caray - Carmen Villar Caray - Silvia Ana Arregocés
Pardo - Enisa Villar Arregocés, sostiene que el Ministerio de
Transporte - Concesión Santa marta - Paraguachón y el
Ministerio de Defensa - Policía Nacional- son responsables de la
muerte del señor Robinson Rafael Villar Almazo por incumplir
sus deberes de ejercer la vigilancia y control de todos los
vehículos que .circulan por el territorio nacional.
[…]
XV. Caso Concreto
En este punto procede el Tribunal, de acuerdo a las probanzas
del proceso, a contrastar la normatividad relacionada en
precedencia con la presunta omisión al cumplimiento de ese
deber legal que el ordenamiento jurídico le impone a cada una
de las demandadas Ministerio de Transporte. Instituto Nacional
de Concesiones ahora Agencia Nacional de Infraestructura
(Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011) y Concesión Santa
Marta - Paraguachón.
[…]
En el sub examine, tal como se desprende del caudal probatorio,
tales como el informe rendido por el patrullero Manuel Ochoa
quien se hizo presente en el lugar del siniestro, el informe
técnico parcial No. 006 DITRA - ASEVI, el informe técnico final
N° 004-DITRA- ASEVI y la Inspección Judicial llevada a cabo por
el Juez Segundo Administrativo de Santo Marta, señalaron que
el accidente de tránsito ocurrió en la vía Santa Marta - Palomino
KM 26+580, vereda la revuelta, es decir, dentro del tramo que
hace parte de la carretera concesionada.
[…]
Previo a dar respuesta a este interrogante, se permite la Sala
echar mano al Informe Final Técnico N° 004-DITRA - ASEVI
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efectuado por la Dirección de Tránsito y Transporte del área de
seguridad vial de la Policía Nacional, en rozón al accidente de
tránsito sucedido el día 5 de abril de 2007 y de algunos
testimonios practicados dentro del proceso disciplinario seguido
por lo Inspección General Delegado Región Ocho de lo Policía
Nacional del Magdalena.
Informe Final Técnico N° 004-DITRA - ASEVI: Causas del
accidente se señalaron:
Factor mecánico: (Causa principal)
-Falla tecno-mecánica representada en el estallido del
neumático delantero derecho, debido a que la llanta en su
superficie presentaba regrabación.
• En la severidad del accidente influyó de manera determinante
los injertos en el tanque de combustibles que al momento de
impacto provocó la chispa y explosión con sus nefastas
consecuencias.
Factor humano: (Causas contribuyentes)
-Exceso de velocidad, dificultando la maniobra del vehículo.
-Sobrecupo, excediendo la capacidad autorizada. -Ausencia de
elementos de seguridad pasiva en el vehículo (cinturones)
[…]
En este sentido, la Sala considera que no hay razones para
endosar responsabilidad al Ministerio de Transporte - Concesión
Santa MartaParaguachón, llamada en garantía, toda vez que,
además de haberse determinado en la Inspección Judicial,
llevada a cabo por el Juez Segundo Administrativo del Circuito
de Santa Marta, que la carretera estaba en buen estado y
señalizada, la causa de la muerte de Rosa Elena Mojica Miranda,
no se debió a una falla vial sino a una falla mecánica.
[…]
En este sentido, de acuerdo al exceso de cupo, la Sala entrará a
establecer si la Policía Nacional, como organismo de control y
supervisión del Estado, no cumplió con su deber legal de
protección y cuidado de los usuarios del transporte público en la
vía que tenía bajo vigilancia, esta Sala se permite citar algunos
testimonios recaudados en el proceso disciplinario que obra en
el cuaderno 3 de prueba. Además, echará mano del Informe
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Técnico Final No. 004, los documentos del vehículo que fueron
allegados por el la secretaria de Transporte de la Guajira y
demás elementos de convicción allegados al plenario y valorados
en esta instancia.
De los documentos se tiene que el bus de placas UZJ002, en I
principio tenía una capacidad de 30 personas, luego de su
modificación con carrocería, a bus mixto, solo quedó con una
cabida de 8 asientos paro 3 personas en cada uno, no obstante,
el 5 de abril de 2007, este transportaba a 39 personas.
[…]
Ahora bien, en este punto conviene determinar si el sobrecupo
del automotor fue advertido por los uniformados, en virtud de lo
anterior el informe técnico final No. 004 DITRA ASEVI de fecha
17 de abril de 2007, con relación a la presencia policial en la
carretera que conduce al de Santa Marta a Palomino dijo
[…]
De lo anterior, fuerza concluir que efectivamente existían, al día
de los hechos, los dispositivos de control vial dispuestos por la
Policía Nacional en Neguanje- Calabazo, que el rodante de placas
UJZ-002, el día 5 de abril de 2007 fue sometido a inspección por
los policiales que prestaban sus servicios en los referidos puestos
de control, que el aludido rodante transitaba con exceso de
pasajeros y que a pesar de ello, no fue inmovilizado por la Policía
vial.
[…]
Así las cosas, de haberse adoptado las medidas de inmovilización
vehicular, la demandada hubiera podido contener, conjurare
eludir las consecuencias fatales que hoy se demandan.
En este sentido, se tiene que el apoderado de la Policía Nacional,
con los argumentos expuestos, no logró acreditar la existencia
de una causa extraña a efectos de evitar la imputación a su
prohijada -Policía Nacional […]”.
De acuerdo con lo expuesto en cita, en efecto, en la providencia
invocada por los actores el TRIBUNAL resolvió dos demandas de
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reparación directa acumuladas, en relación con el accidente de
tránsito ocurrido el 5 de abril de 2007, en el que murieron la mayoría
de los pasajeros que se movilizaban en el bus de placas UZJ002 que
cubría la ruta Santa Marta- la Guajira, esto es, un litigio que versaba
sobre el mismo suceso implicado en la sentencia cuestionada en la
acción de la referencia.
En el referido caso, de igual forma al asunto origen de la
controversia, los demandantes endilgaban responsabilidad al
MINISTERIO DE TRANSPORTE, a la CONCESIÓN SANTA MARTA
PARAGUACHÓN y al MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA
NACIONAL, esta última, en particular por la omisión de sus
funciones, al haber permitido la circulación del vehículo implicado,
pese a que no cumplía con los requisitos para tal efecto.
Ahora bien, contrario a lo decidido en la sentencia cuestionada, en la
providencia que los actores invocan como precedente, el TRIBUNAL
estimó que el MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL sí
era responsable por el daño causado, en razón a que si bien este
también había ocurrido por la imprudencia del conductor, el día de
los hechos, previo al accidente, agentes de tránsito habían
inspeccionado el vehículo permitiendo su circulación, pese a que no
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cumplía con los requisitos para la prestación del servicio por el
sobrecupo de pasajeros.
La diferencia sustancial de las decisiones radica en el hecho de que,
en la providencia cuestionada, el TRIBUNAL estimó que en la
medida que la causa del accidente había sido la imprudencia del
conductor, la responsabilidad del MINISTERIO DE DEFENSA-
POLICÍA NACIONAL quedaba descartada porque la génesis del
daño no radicaba en que no se hubiese inmovilizado el vehículo
implicado.
Es claro entonces que la disparidad en las conclusiones de los
procesos devino en la diferencia de posición con la que fue analizado
el asunto en ambas eventualidades, respecto de la causa eficiente
del accidente de tránsito y la responsabilidad de los actores a los que
se les atribuyó el incidente.
Ahora bien, para que se configure el desconocimiento del precedente
horizontal, esta Sala ha sostenido que las decisiones que se
comparan deben ser proferidas por los mismos magistrados que
integran el TRIBUNAL o, en todo caso, por los mismos miembros
que integran la mayoría decisoria.
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En relación con el desarrollo que ha tenido la posición aludida en esta
Sala, en sentencia de 15 de febrero de 201811, se señaló:
[…] 3.2. Sobre el desconocimiento del precedente horizontal, la
Sala ha precisado que las decisiones que se comparan deben ser
expedidas por los mismos magistrados que integran el Tribunal.
La sentencia del 26 de junio de 2015, radicado 2015 00580 01,
con Ponencia de la Magistrada María Elizabeth García González,
que prohijó la postura decantada por la Sección Quinta de esta
Corporación en el fallo del 23 de abril de 2015, emitido en el
proceso identificado con el número 11001 0315 000 2014 02344
01 con Ponencia de la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, fue clara al determinar que:
No obstante, encuentra la Sala que, así como lo indicó la
autoridad tutelada con la demanda, tal derecho del tutelante
no fue vulnerado porque las decisiones que refirió fueron
dictadas por otras Salas del mismo Tribunal de las cuales
no hacen parte la totalidad de los Magistrados que dictaron la
decisión censurada. Esta sola precisión rompe con la
identidad fáctica y jurídica que alega el actor, pues, a
diferencia de como ocurrió en otro caso en el que esta Sección
amparó los derechos del allí tutelante, lo cierto es que es posible
que diferentes Salas de la misma Corporación adopten uno u
otro criterio frente a un mismo punto, mientras que todos sean
jurídicamente válidos. A lo que debe agregarse que, como lo
estableció está Sección en sentencia de 19 de febrero de 2015,
‘…los juzgados y tribunales tienen el deber de aplicar la regla
creada por el órgano de cierre, pero sus fallos, al carecer del
carácter vinculante que antes fue explicitado, no obligan a sus
pares o a quienes se encuentran en un nivel jerárquico
inferior’…”. (Resaltado de la Sala).”
Más adelante, en sentencia del 17 de noviembre de 2016, la
Sección Primera ratificó la citada postura en el sentido de indicar
que la coincidencia de no ser total en cuanto a los Magistrados
que expidiesen la providencia, sí puede ser en cuanto a que
concurran en la decisión la mayoría de la Sala que profirió la
providencia respecto de la cual se invoca la vulneración del
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
febrero de 2018, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-
02082-01.
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derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente.
Veamos:
“De lo expuesto encuentra la Sala que los fundamentos fácticos
y jurídicos de las demandas promovidas por la señora Carolina
Parra Buendía y por la hoy actora son iguales; sin embargo, el
Tribunal Administrativo del Huila profirió dos fallos diferentes,
uno, el de 21 de julio de 2016, denegando las pretensiones de
la demanda, y otro, el del 20 de agosto de 2014, accediendo a
lo reclamado por la accionante.
Ahora bien, cabe resaltar que las providencias fueron dictadas
por diferentes Salas de Decisión del Tribunal Administrativo del
Huila, en tanto la sentencia del 20 de agosto de 2014 fue
proferida por la Sala Sexta de Decisión Escritural, conformada
por los Magistrados Carmen Emilia Montiel Ortiz, José Miller
Lugo Barrero y Gerardo Iván Muñoz Hermida, mientras que
el fallo del 21 de julio de 2016, lo fue por la Sala Segunda de
Decisión Escritural del mencionado Tribunal, conformada por los
Magistrados José Miller Barrero, Gerardo Iván Muñoz
Hermida y Roberto Mario Chavarro Colpas.
A pesar de ello, resulta relevante poner de presente que, en
relación con el precedente horizontal, la Sala es del criterio
según el cual, no resulta necesario que las Salas de un mismo
Tribunal tengan una conformación idéntica para que se pueda
predicar desconocimiento de precedente; por cuanto basta con
que la mayoría esté constituida por los mismos magistrados,
para que éstos se vean obligados a seguir el derrotero
establecido en los pronunciamientos anteriores de las Salas de
las que hagan parte.
En ese contexto, y teniendo en consideración que la sentencia
del 20 de agosto de 2014 puede considerarse como precedente
horizontal del fallo del 21 de julio de 2016, corresponde a la Sala
establecer sí, en este último, el Tribunal Administrativo del Huila
hizo alusión al mismo y expresó con suficiencia las razones para
apartarse de él.
En sentencia más reciente, del 16 de febrero de 2017 expedida
dentro del proceso con radicación número 11001-03-15-000-
2016-03353-00, cuya ponencia correspondió al Consejero
Roberto Augusto Serrato Valdés (E), se reafirmó el criterio
mencionado:
“Bajo el anterior contexto, se observa que no existe
desconocimiento de un precedente horizontal, comoquiera que
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el proceso con radicación número 05001 33 33 016 2012 00125
01 se tramitó en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad (Magistrados Doctores Yolanda Obando
Montes, Jairo Jiménez Aristizabal y Martha Cecilia Madrid
Roldán) y el proceso con radicación número 05001 33 33 022
2012 00227 00 se tramitó en el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Decisión Oral (Magistrados Doctores Rafael
Darío Restrepo Quijano, Gonzalo Zambrano Velandia y Pilar
Estrada Gómez)” […]”
Corolario a lo anterior, la Sala encuentra que, pese a que las dos
providencias comparadas fueron proferidas por el mismo
TRIBUNAL, en las dos oportunidades las Salas respectivas
estuvieron conformadas de forma diferente y, en particular, las
mayorías que las aprobaron no coincidieron en ambas oportunidades,
así:
Sentencia de 1o. de septiembre Sentencia de 13 de abril de 2016
de 2021, aquí cuestionada: invocada como precedente:
• Dr. Adonay Ferrari Padilla, Dr. Dexter Emilio Cuello
magistrado ponente Villarreal, magistrado ponente
• Dra. Martha Lucia Mogollón - Dra. Martha Lucia Mogollón
Sáker Sáker
• Dra. Maribel Mendoza Jiménez - Dr. Adonay Ferrari Padilla,
con salvamento de voto
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Como se observa la sentencia que los actores invocan como
precedente fue aprobada por 2 de los 3 miembros de la Sala
respectiva, mientras que el Dr. Adonay Ferrari Padilla salvó voto,
esto es, no estuvo de acuerdo con la tesis del fallo.
Lo anterior implicaba que, de manera consecuente, en la oportunidad
que el Dr. Adonay Ferrari Padilla tuviera a su cargo la ponencia de
un litigio igual, debía presentar el proyecto respectivo acorde con la
posición jurídica manifestada en el salvamento de voto presentado,
como en efecto sucedió con la providencia cuestionada.
Ahora bien, en la providencia acusada, la tesis del Dr. Adonay
Ferrari Padilla fue apoyada por la Dra. Maribel Mendoza Jiménez,
nueva integrante de la Sala, lo que de entrada era suficiente para
que se constituyera la mayoría requerida12 para la adopción de la
decisión.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente identificado
con el número único de radicación 2015-03381-00, M.P. María Elizabeth García González, sostuvo: “[…]
Según los artículos 8º y 9º y 12º del Acuerdo núm. 209 de 10 de diciembre de 1997, transcritos, las
Salas Decisorias de los Tribunales Administrativos están conformadas por tres (3) magistrados; el
quorum decisorio es la mitad más uno de sus miembros y el magistrado que se aparte de la decisión
mayoritaria puede salvar su voto […]”.
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De manera que, si bien existe un criterio de interpretación y decisión
diferentes entre las sentencias comparadas, lo cierto es que ese solo
hecho no es suficiente para endilgarle a la autoridad judicial
demandada el cargo relacionado con el desconocimiento del
precedente horizontal, pues, en virtud de la autonomía judicial, la
Sala que aprobó la sentencia cuestionada podía tener criterios
diferentes a la anterior, porque no estaba conformada por la misma
mayoría que había aprobado la decisión antecedente.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que los actores no compartan la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió
el asunto sometido a su consideración.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de los
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accionantes con las razones de la providencia judicial acusada, no así
la configuración de las falencias que alegan, por lo que el amparo
solicitado será denegado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO
DE TRANSPORTE, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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