Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00862-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00862-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00862-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de abril de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00862-00
Actor: OLGA MARÍA LUQUERNA ARIAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00862-00
Demandantes: OLGA MARÍA LUQUERNA ARIAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de reparación directa
por error judicial y defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Defectos procedimental absoluto y
fáctico
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Olga María Luquerna Arias, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, así como
el principio de la non reformatio in pejus, supuestamente vulnerados con la
sentencia de 26 de julio de 2021, por medio de la cual se revocó el fallo de primera
instancia que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa
para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda tendientes a obtener el
resarcimiento de los perjuicios causados por la Fiscalía General de la Nación y la
Rama judicial, como consecuencia de un proceso penal que se adelantó en su
contra como persona ausente.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que la Fiscalía 137 Seccional de la Unidad Quinta contra
la Fe Pública y el Patrimonio Económico adelantó una investigación en su contra
por haber incurrido, supuestamente, en estafa, la cual culminó con resolución de
acusación.
Relató que el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá mediante fallo de
16 de agosto de 2002, declaró la responsabilidad penal de la accionante por el
delito de estafa y la condenó a 24 meses de prisión y multa de $50.000 pesos,
decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal, en sentencia de 5 de diciembre de 2002.
Afirmó que el proceso penal se adelantó en su contra como persona ausente,
pues las citaciones enviadas para que se presentara al proceso penal fueron
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remitidas a una dirección diferente y que solo se enteró de la decisión cuando se
practicó una diligencia de allanamiento en su domicilio.
Sostuvo que promovió acción de tutela con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso, al considerar que en el curso del proceso penal
no se le notificó en debida forma las diferentes actuaciones que se adelantaron en
el trámite.
Indicó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia de 28 de enero de 2004, accedió al amparo de sus derechos
fundamentales y dejó sin efectos las actuaciones que se adelantaron en el curso
del proceso penal a partir de la resolución que dispuso la vinculación como
persona ausente, en tanto no se realizaron las gestiones tendientes a poner en
conocimiento las diferentes providencias que se dictaron.
Afirmó que el 10 de febrero de 2004, la Fiscalía 137 Seccional de la Unidad
Quinta contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico declaró la extinción de la
acción penal en favor de la señora Olga María Luquerna Arias por el presunto
delito de estafa y dispuso cancelar las órdenes de capturas emitidas en su contra.
Señaló que, en consecuencia, presentó demanda de reparación directa1 contra la
Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en la que solicitó que se
declarara patrimonialmente responsable al Estado por los perjuicios causados por
el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en
el que incurrieron las entidades demandadas al adelantar un proceso penal en su
contra sin que hicieran las gestiones necesarias para la notificación de las
diferentes actuaciones que se adelantaron a pesar de que, en su calidad de
abogada, sus datos aparecían en las bases de datos del Consejo Superior de la
Judicatura, entre esas, la dirección de su domicilio.
Relató que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C” de Descongestión, en fallo de 19 de julio de 2013, declaró la
caducidad de la acción, al considerar que la decisión de 5 de diciembre de 2002,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal,
quedó ejecutoriada el 4 de febrero de 2003, por lo que la parte demandante
contaba hasta el 5 de febrero de 2005 para presentar la demanda, sin embargo,
esto ocurrió el 30 de agosto de 2005.
Por último, señaló que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación
que fue decidido por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
en sentencia de 26 de julio de 2021, en el sentido de revocar la decisión del a quo
que declaró la caducidad de la acción y, en su defecto, negó las pretensiones de
la demanda, bajo el argumento de que se evidenció que la demandante no
demostró el daño consistente en la lesión a sus derechos al debido proceso y a la
defensa por vincularla al proceso penal como persona ausente, dado que no se
probaron sus afirmaciones, esto es, que las direcciones que se registraron en el
expediente efectivamente podían ser ubicadas y, en consecuencia, podía
comparecer sin necesidad de declararla persona ausente.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de la non reformatio in pejus, los
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La demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984.
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cuales consideró vulnerados con la decisión adoptada en la sentencia de 26 de
julio de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado, por medio de la cual se revocó la decisión que declaró la caducidad de la
acción y se negaron las pretensiones de la acción de reparación directa en la que
se pretendía el resarcimiento de los perjuicios que supuestamente se ocasionaron
con la vinculación al proceso penal que se adelantó en su contra como persona
ausente, pasando por alto que contaban con la información para ubicarla y
vincularla formalmente al proceso penal.
En primer lugar, la accionante hizo referencia al cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
el sentido de indicar que cada uno de los presupuestos que ha precisado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional se encuentran cumplidos.
De otra parte, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto, toda vez que el recurso de apelación que radicó contra el
fallo de primera instancia se limitó a reprochar el conteo de la caducidad que se
hizo por el a quo, razón por la cual no le era dado al ad quem pronunciarse sobre
asuntos adicionales.
Sostuvo que “la Corporación solo tenía que pronunciarse sobre la caducidad que
se había decidido en primera instancia; y devolver el expediente al Tribunal de
origen para que se pronunciara de fondo de las pretensiones de la demanda de
reparación directa”.
Indicó que la decisión objeto de reproche constitucional al resolver el recurso de
apelación y negar las pretensiones de la demanda violó el principio de la non
reformatio in pejus, al desmejorar la situación del apelante único, a lo que agregó
que se pretermitieron las etapas del proceso, lo que vulnera el derecho
fundamental al debido proceso.
En tercer término, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, toda vez que omitió valorar el oficio de 4 de diciembre de 2001, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, en el que se indica que la accionante se
encuentra inscrita como abogada y que la dirección registrada era la calle 115 No.
35-14 apto 504, así como las constancias de servicios prestados por la Fiscalía
General de la Nación, Seccional Cundinamarca.
Finalmente, manifestó que en la sentencia objetada se realizaron valoraciones de
las pruebas que no corresponde, al determinar que la demandante no había
probado que efectivamente podían localizarla en las direcciones que se
suministraron y que no se hizo la citación, lo que considera contrario y violatorio
del principio de la carga de la prueba, pues a la actora no le correspondía probar
este hecho, tenía que hacerlo la entidad demandada, para que se hubiera liberado
de la imputación del daño.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“1.1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales de: del derecho al Debido
Proceso, el de defensa y el de acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia.
1.2.- DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la Sentencia de fecha veintiséis
(26) de julio de dos mil veintiuno (2021), notificada virtualmente por vía correo
electrónico el doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) y ejecutoriada el
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dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021), proferida por el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCION TERCERA, SUBSECCION “B”, Magistrado ponente doctor
ALBERTO MONTAÑA PLATA, con salvamento de voto del Magistrado
ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS y aclaración de voto del Magistrado MARTIN
BERMUDEZ MUÑOZ, por la cual REVOCA la sentencia de 19 de julio de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión, que había declarado la CADUCIDAD de la
acción; y a su vez, NIEGA las pretensiones de la demanda; por haberse
violado los derechos fundamentales del debido proceso y el de defensa
establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política, y el derecho de
acceso a la administración de Justicia artículo 229 de la C.P.
1.3.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION “B”, se envié el
expediente a Tribunal de origen para que se pronuncie de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.
1.4.- Y/o subsidiariamente se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION “B”, se acceda y se pronuncie de fondo sobre las pretensiones
de la demanda”.
4. Pruebas relevantes
El 16 de febrero de 2022, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca remitió copia digital del expediente N° 25000-23-26-000-2005-
02015-01, correspondiente al proceso de reparación directa que adelantó la
señora Olga María Luquerna Arias contra la Nación, Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación.
5. Trámite procesal
Por auto de 7 de febrero de 2022, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C” de Descongestión, a la Nación, Rama Judicial, a la Fiscalía
General de la Nación, al señor Jorge Enrique Vega Luquerna y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 15864 a 15969 de 10
de febrero de 2022, así como los oficios 15877 de 10 de febrero de 2022 y 18463
de 15 de febrero de 2022, con el fin de notificar a las partes2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”
En escrito de 14 de febrero de 2022, el magistrado del despacho ponente de la
decisión objeto de tutela manifestó que la sentencia objeto de tutela contiene los
2
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: ces3secr@consejodeestado.gov.co, notifemontana@consejodeestado.gov.co;
despacho004s3@consejodeestado.gov.co; notifmbermudez@consejodeestado.gov.co; suruetar@consejodeestado.gov.co;
lsierrae@consejodeestado.gov.co; agarciag@consejodeestado.gov.co; notiffibarra@consejodeestado.gov.co;
ssalinasc@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
rmemorialessec03sctadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, olluar@hotmail.com; gonzalosalcedoforero@gmail.com y
jorgeenrique0@hotmail.com.
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argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome la decisión
que en derecho corresponda, por lo que estará presto en atender lo que disponga.
6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
En escrito de 14 de febrero de 2022, la profesional especializada de la Dirección
de Asuntos Jurídicos solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, bajo el argumento de que no se cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, sin referirse en
específico a alguno de ellos.
Afirmó que la autoridad judicial accionada contó con los elementos de juicio
suficientes para emitir el fallo objetado y realizó una valoración adecuada de los
mismos, a lo que agregó que la parte actora no acreditó la ocurrencia de un
defecto fáctico.
Sostuvo que en el presente asunto no se acreditó la configuración del defecto
sustantivo, al no haber establecido que el juez hubiera efectuado una
interpretación irregular de la ley, ni de la Constitución, toda vez que se verificó que
la medida privativa de la libertad fue legal, razonada y proporcional.
Por último, manifestó que la acción no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, toda vez que la accionante debió agotar todos los recursos
ordinarios y extraordinarios antes de radicar la solicitud de amparo.
6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C” de Descongestión, la Rama Judicial y el señor Jorge Enrique
Vega Luquerna, guardaron silencio a pesar de que fueron debidamente
notificados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por la Sección
Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado el 26 de julio de 2021, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de la non reformatio in pejus, y si
incurrió en los defectos i) procedimental, toda vez que en la autoridad judicial
accionada no se limitó a los alegatos expuestos en el recurso presentado por el
apelante único y además desmejoró su situación y ii) fáctico, porque omitió
valorar dos pruebas documentales e invirtió la carga de prueba frente a un hecho
que le correspondía probar a la parte demandada.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
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tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
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Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, lo que desvirtúa el alegato de la Fiscalía General de la
Nación, por cuanto (i) se debe determinar si la autoridad judicial accionada al
dictar la sentencia objetada se excedió en su competencia al resolver el recurso
de apelación presentado por la accionante en su calidad de apelante único y si
omitió valorar alguna prueba determinante en el asunto o si invirtió erradamente la
carga de la prueba, lo que supuestamente vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, así como
el principio del non reformatio in pejus. En otras palabras, la pretensión de la
accionante no es acudir a este mecanismo con el fin de reabrir el debate de
naturaleza legal relativo a la responsabilidad del Estado, sino que su propósito es
que se dilucide, en perspectiva constitucional, si los derechos fundamentales
invocados se vulneraron por la autoridad judicial accionada.
Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación y los cargos alegados no se enmarcan dentro de las causales de
procedencia del recurso extraordinario de revisión u otro mecanismo de defensa
que sea procedente, por lo que la accionante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial, contrario a lo sostenido por la Fiscalía General de la Nación; (iii)
la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses siguientes a su
notificación, pues el fallo de 26 de julio de 2021 se notificó mediante edicto
electrónico desfijado el 18 de agosto de 2021, mientras que la acción de tutela se
instauró el 2 de febrero de 2022, por lo que se cumple con el plazo razonable
precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional17; (iv) los hechos y las
pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un
fallo de la misma naturaleza.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.
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4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos
procedimental absoluto y fáctico
4.2.1. La demandante afirmó que la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo
de Estado en la sentencia de 26 de julio de 2021, incurrió en los defectos
procedimental absoluto, en tanto no se limitó al cargo planteado en el recurso de
apelación, y fáctico, pues omitió valorar el oficio de 4 de diciembre de 2001,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en el que se informa que la
accionante se encuentra inscrita como abogada y que la dirección registrada era la
calle 115 No. 35-14 apto 504, así como las constancias de servicios prestados
emanadas de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cundinamarca, a lo que
agregó que se invirtió la carga de la prueba, pues se le impuso la carga de
demostrar que era posible ubicarla en las direcciones que se suministraron y que,
a pesar de esto, no se hicieron las respectivas citaciones para que se presentara
al proceso.
Ahora bien, la autoridad judicial accionada en el fallo objetado revocó la decisión
del a quo que declaró la caducidad de la acción, lo que le permitió efectuar el
estudio de responsabilidad del Estado por el presunto error judicial y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia alegado por la demandante en la
acción de reparación directa, respecto del cual concluyó que no se demostró el
daño alegado en la demanda de reparación directa, con sustento en lo siguiente:
“22. Se considera que ella estaba llamada a demostrar el daño y acreditar que,
efectivamente, para ese momento, tenía su asiento en esos lugares y podía ser ubicada, de
tal suerte que no haberlo hecho, lesionó su debido proceso. Sin embargo, se limitó a
señalar que, en el expediente penal, además de las direcciones utilizadas por el Fiscal y por
el Juez se registraban otras sin acreditar que, ciertamente, si le hubieran enviado la citación
a una de ellas se hubiera enterado y, adicionalmente, hubiera comparecido, perdiendo el
fundamento la vinculación como persona ausente.
23. Respecto de la primera -115 No. 35-14 apto 504-, debe indicarse que no coincide con
las registradas por el Consejo Superior de la Judicatura y no se reposa prueba que hubiera
demostrado que, para la fecha del envío de las comunicaciones, efectivamente pudo ser
localizada ahí. Incluso el denunciante había señalado que la señora Luquerna había
cambiado de ese domicilio.
24. Frente a las otras dos, si bien el Consejo Superior de la Judicatura, el 4 de
diciembre de 2001, indicó que registraba esas direcciones, ella debía demostrar que había
suministrado la información necesaria para actualizar el registro nacional de abogados y, en
consecuencia, estaba vigente para esa fecha. En el expediente no obra prueba que
demuestre que la demandante trabajó en la fiscalía seccional Ubaté y, menos aún, que
demuestre el periodo en el que trabajó, para concluir que sí podía ser notificada ahí.
Reposa en el expediente una constancia de servicios prestados, expedida el 8 de marzo de
2004, por la Oficina de Personal de la Fiscalía, según la cual la demandante laboró desde el
9 de octubre de 1996 hasta el 19 de diciembre de 2003, que el último cargo desempeñado
fue Fiscal de Jueces del Circuito y en ubicación registró: “Unidad. Fisc. Deleg. Jueces
Circuito” sin que de ahí se desprenda que, efectivamente, laboró en la Fiscalía de Ubaté
para el 4 de diciembre de 2001. De igual forma acontece con la dirección Calle 115 No. 35-
14 apto 504.
25. Además, las pruebas que obran en el expediente dan cuenta de la existencia de una
pluralidad de direcciones que constituyen un indicativo de que la demandante, desde 1992 –
año en el que ocurrieron los hechos- hasta el 2003 –año en que se intentó ejecutar la
sentencia penal- cambió con regularidad de residencia lo que, de suyo, dificultaba el acierto
en el envío de las comunicaciones y reduce la probabilidad de que, al enviarle la
comunicación a una de esas direcciones, efectivamente pudo ser ubicada.
26. Esa pluralidad queda en evidencia, con la denuncia del señor Roberto Sandoval Rivera,
con la declaración del señor Luis Fernando Sandoval Santos, con la solicitud de cuenta a
Banco de Occidente por parte de la demandante en la que se registró una dirección
diferente a las de la denuncia y del registro nacional de abogados, con el oficio del Consejo
de Superior de la Judicatura. Preciso es mostrar que, incluso, para el 11 de diciembre de
2003, día en que se hizo el allanamiento a su lugar de residencia, la diligencia se realizó en
una nueva dirección, esto es, transversal 34 No. 118-70 Bogotá, la cual registraba en su
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hoja de vida en la Fiscalía General de la Nación.
27. En consecuencia, la Sala concluye que no se demostró el daño consistente en la lesión
a su derecho al debido proceso y defensa por vincularla al proceso penal como persona
ausente, dado que no se probaron las afirmaciones de la demandante, esto es, que, en las
otras direcciones que se registraba en el expediente, efectivamente, podía ser ubicada y, en
consecuencia, podía haber comparecido sin la necesidad de declararla persona ausente”.
De lo anterior, se observa que en la sentencia objetada concluyó que desde el año
1992 hasta el 2003, la accionante cambió en diferentes ocasiones su domicilio,
razón por la cual era ella quien debió demostrar que al momento en que se inició
la etapa de instrucción y, posteriormente, la de juzgamiento, podía ser ubicada en
las direcciones que se registraba en el expediente y, en consecuencia, podía
haber comparecido sin necesidad de declararla persona ausente, lo que hubiese
evidenciado la configuración de un daño antijuridico que no estaba en la obligación
de soportar.
4.2.2. La Corte Constitucional18 ha precisado que el defecto procedimental tiene
lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de
manera evidente de las normas procesales aplicables. Al desconocer
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina
produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se
ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a
un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula la
efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.
El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un
trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del
asunto ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. También
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye
razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una
denegación de justicia.
4.2.3. La Sala observa que el reproche de la accionante relacionado con el defecto
procedimental absoluto gravita en que en el recurso de apelación que interpuso
contra la decisión de primera instancia sus alegatos estaban encaminados a
cuestionar la caducidad de la acción, por consiguiente, el ad quem debió limitar su
estudio frente a dicha figura jurídica, sin embargo, en su sentir, la autoridad judicial
accionada estudió y desmejoró su situación, lo que vulneró el principio de la non
reformatio in pejus.
Al respecto, la Sala advierte que las afirmaciones realizadas por la demandante no
se ajustan a la realidad procesal, pues si bien en el recurso de apelación propuso
un cargo relacionado con la caducidad, lo cierto es que también dedicó un acápite
a la responsabilidad del Estado, en el que abordó los temas del daño antijurídico,
su imputación y la relación de causalidad.
En efecto, se refirió al daño moral, para lo cual manifestó que este se configuró al
momento en que “era buscada por el C.T.I. para capturarla sin saber las causas, el
operativo realizado tanto en su lugar de trabajo como en su residencia con gran
despliegue, la angustia de pensar que la iban a privar de la libertad, el verse en la
necesidad de dejar el cargo que ocupaba intempestivamente, quedando sin
ningún ingreso económico para atender las obligaciones del hogar, obligaciones
18
Sentencia SU-061 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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crediticias, la atención de su hijo menor, con mayor razón por ser madre cabeza
de familia, lo que afectó enormemente en su salud y su estado emocional (…)”.
Igualmente, mencionó el perjuicio material, el que consideró que se causó por el
hecho de tener que contratar un abogado, el deterioro de su patrimonio como
consecuencia de la sentencia penal y de los sobrecostos que debió pagar a una
cooperativa con la cual tenía un crédito.
Asimismo, se refirió a las pruebas que aportó al proceso de reparación directa y
que demostraban que a las entidades demandadas se les había informado sobre
las direcciones de trabajo y residencia donde la podía localizar y que,
supuestamente, la Fiscalía General de la Nación y el juez penal enviaron las
citaciones a otras direcciones con las que la actora no estaba relacionada y que,
por consiguiente, el daño era imputable al ente acusador y a la Rama Judicial.
Por lo anterior, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado se
encontraba habilitada para hacer un estudio de fondo frente a los elementos de la
responsabilidad como de las pruebas allegadas al proceso, pues este debate,
contrario a lo manifestado por la accionante, sí fue planteado en el recurso de
apelación, razón por la cual al momento en que se concluyó que la acción de
reparación directa si se había promovido en término, se procedió a desarrollar el
estudio de fondo a partir de los cargos planteados en el recurso de apelación.
En efecto, se debe recordar que la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho,
es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando
verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada
acción judicial. De hecho, esta ha sido entendida como la extinción de la
posibilidad de formular una pretensión por el transcurso del tiempo previamente
fijado por la ley en forma objetiva.
Por otra parte, el hecho de que se revocara la decisión de primera instancia que
declaró la caducidad de la acción, para luego negar las pretensiones elevadas por
la parte actora, no desmejora la situación de la demandante, todo lo contrario,
pues en el fallo de 26 de julio de 2021 la autoridad judicial accionada estudió de
fondo los alegatos propuestos en la demanda y la apelación, cuestión diferente es
que la accionante no demostrara el daño antijurídico y, en consecuencia, no se
accediera al resarcimiento solicitado.
En ese orden de ideas, la Sala considera que la demandante no demostró que la
autoridad judicial accionada incurriera en el defecto procedimental o que se
desconociera el principio de la non reformatio in pejus, razón por la cual se negará
el cargo bajo estudio.
4.2.4. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
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valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución19, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión20.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
4.2.5. La Sala tampoco encuentra configurado el defecto fáctico alegado, con
sustento en lo siguiente:
La accionante manifestó que la autoridad judicial accionada omitió la valoración de
un oficio del Consejo Superior de la Judicatura en el que se evidenciaba la
dirección donde podía se ubicada, así como una constancia de servicios prestados
expedida por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, en la sentencia objeto
de tutela se observa que la autoridad judicial accionada valoró dichos documentos
de manera razonable, lo que descarta la supuesta anomalía en la decisión
reprochada.
En efecto, indicó que “de unas pruebas decretadas por el Juez Penal, el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante oficio de 4 de diciembre de 2001, señaló que
la señora Olga Luquerna se encontraba inscrita como abogada y registraba como
direcciones: 1. Of. Fiscalía Seccional Ubaté. 2. Calle 115 No. 35-14 Apto 504”.
Adicionalmente, indicó que, si bien el oficio de 4 de diciembre de 2001 señaló que
se registraba esa dirección, a la demandante le correspondía demostrar que había
suministrado la información necesaria para actualizar el registro nacional de
abogados y, en consecuencia, que estaba vigente para la fecha en la que el juez
penal la citó para que se hiciera presente al proceso. Igualmente, sostuvo que no
se demostró que la demandante hubiera trabajado en la Fiscalía Seccional de
Ubaté, y menos aún que hubiera demostrado el periodo en el que laboró en dicha
entidad correspondía con la dirección por el Consejo Superior de la Judicatura,
para concluir que sí podía ser notificada y ubicada.
Aunado a lo anterior, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
se refirió a la constancia de servicios prestados expedida el 8 de marzo de 2004,
por la Oficina de Personal de la Fiscalía General de la Nación, según la cual se
evidenció que la demandante laboró desde el 9 de octubre de 1996 hasta el 19 de
diciembre de 2003, que el último cargo desempeñado fue Fiscal de Jueces del
Circuito y en ubicación registró “Unidad. Fisc. Deleg. Jueces Circuito”, sin que de
ahí se pudiera desprender que efectivamente laboró en la Fiscalía Seccional de
Ubaté para el 4 de diciembre de 2001.
Es decir, que a juicio de la autoridad judicial demandada, la demandante no
cumplió con la carga de generar la certeza en el juez penal de que al momento en
19
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
20
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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el que se expidieron las citaciones, la accionante se encontraba ubicada en la
dirección otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, más aún cuando la
autoridad judicial accionada al analizar el expediente evidenció que cambió en
varias ocasiones de residencia, y de hecho, la diligencia de allanamiento se llevó a
cabo en un dirección diferente, la cual la demandante reconoció como su último
lugar de residencia.
Por consiguiente, contrario a lo afirmado por la accionante, la autoridad judicial
accionada sí valoró el oficio del Consejo Superior de la Judicatura y las
constancias de servicios prestados expedida por la Fiscalía General de la Nación,
las cuales fueron estudiadas en conjunto con las demás elementos probatorios y
con apego de la reglas de la sana critica, sin que se observe un análisis y
conclusión caprichosa o ilegal.
Por último, frente al alegato relacionado con la carga de la prueba que se le
impuso, se advierte que en los procesos de responsabilidad del Estado le compete
a la parte demandante demostrar los elementos de la responsabilidad, entre esos,
el daño. Por consiguiente, el hecho de que no probara que en las direcciones que
se registraba en el expediente, efectivamente podía ser ubicada y, en
consecuencia, comparecer al proceso penal sin la necesidad de declararla
persona ausente, corresponde a una carga que ostentaba la demandante, toda
vez que esto constituye el daño antijurídico que alegó en la demanda y el recurso
de apelación y en ese orden de ideas, era su deber probarlo.
En efecto, de acuerdo al marco procesal vigente con el que se adelantó el proceso
de reparación directa, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le
corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por consiguiente si la
demandante quería probar que el daño se configuró porque no se le citó a las
direcciones brindadas por el Consejo Superior de la Judicatura, entonces debió
demostrar los supuestos de hecho y no pretender que con las meras afirmaciones
era suficiente para darlos por probados, y que las entidades demandadas tuvieran
que desvirtuarlos, razón suficiente para desestimar el defecto fáctico alegado.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela,
en tanto la decisión objeto de reproche constitucional no incurrió en defecto
alguno.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora Olga María Luquerna Arias, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las
razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00862-00
Actor: OLGA MARÍA LUQUERNA ARIAS
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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