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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00862-01

Fecha
10 de octubre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00862-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo en cuanto al defecto procedimental alegado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-00862-01 ACTORA: OLGA MARÍA LUQUERNA ARIAS impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00862-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00862-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: OLGA MARÍA LUQUERNA ARIAS

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. DECLARA
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RESPECTO DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO ALEGADO, PUES PARA TAL REPARO
LA ACTORA TIENE A SU DISPOSICIÓN EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN EN EL CUAL PUEDE EXPONER SUS
RAZONES, ESTO ES, QUE PRESUNTAMENTE SE PRETERMITIÓ UNA
INSTANCIA Y SE VULNERÓ EL PRINCIPIO DE LA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONFIRMA EN TODO LO DEMÁS, ESTO ES,
QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL
DEFECTO FÁCTICO ALEGADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta

Sala procede a decidir la impugnación presentada por la parte

actora contra la sentencia de 7 de abril de 2022, proferida por la

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ACTORA: OLGA MARÍA LUQUERNA ARIAS

Sección Cuarta del Consejo de Estado1 que denegó el amparo

solicitado.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora OLGA MARÍA LUQUERNA ARIAS, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso

a la administración de justicia y al principio de la non reformatio in

pejus, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 al

proferir la providencia de 26 de julio de 2021, dentro de la acción

de reparación directa identificada con el número único de radicación

25000-23-26-000-2005-02015-01.

I.2.- Hechos

1 En adelante Sección Cuarta.
2 En adelante la Sección Tercera.

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Refirió que el señor ROBERTO SANDOVAL RIVERA, el 25 de

noviembre de 1994, la denunció por haber incurrido,

presuntamente, en el delito de estafa, para lo cual suministró varias

direcciones en las cuales consideraba podía ser localizada.

Adujo que el proceso correspondió a la Fiscalía 137 Seccional de la

Unidad Quinta contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, que

libró las comunicaciones a las direcciones suministradas, siendo la

primera de ésta devuelta por “desconocerse al destinatario”, pese a

que en un testimonio practicado posteriormente se corrigió la

dirección y que en el expediente reposaban sus direcciones

aportadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó que tanto en la etapa de instrucción como en la de

juzgamiento a cargo del Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá,

las comunicaciones fueron enviadas a las dos primeras direcciones

indicadas por el señor SANDOVAL RIVERA, por lo que no pudo

comparecer al proceso, debiendo nombrársele defensor de oficio.

Expresó que el 16 de agosto de 2002, el Juzgado 27 Penal del

Circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria en su contra por

el delito de estafa y le impuso medida privativa de la libertad por el

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término de 24 meses, decisión que fue apelada por el defensor de

oficio, siendo esta confirmada por la Sala Penal del Tribunal

Superior de Bogotá en providencia de 5 de diciembre de 2002.

Relató que el 10 de diciembre de 2003, el Juzgado 27 Penal del

Circuito de Bogotá, al enterarse que laboraba como Fiscal Seccional

de la Calera - Cundinamarca, ordenó informar tal novedad al Fiscal

General de la Nación y al Director del Cuerpo Técnico de

Investigación – CTI, para que se adoptaran las medidas

correspondientes.

Adujo que el 11 de diciembre de 2003, la Fiscalía realizó diligencia

de allanamiento en su residencia y fue el momento en el cual tuvo

conocimiento de las diligencias adelantadas en su contra, por lo que

resolvió retirarse de su trabajo en la Fiscalía Seccional de la Calera.

Manifestó que por lo acaecido en el proceso penal, que le impidió

ejercer su derecho de defensa, promovió acción de tutela la cual

fue conocida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

Justicia que, en sentencia de 28 de enero de 2004, amparó sus

derechos fundamentales y declaró sin validez las actuaciones

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surtidas a partir de la resolución que dispuso la vinculación como

persona ausente.

Indicó que, en virtud de lo anterior, el 10 de febrero de 2004, la

Fiscalía 137 declaró extinguida la acción penal a su favor y dispuso

cancelar las órdenes de captura emitidas en su contra, por lo que

solucionada su situación penal, solicitó ante el Fiscal General de la

Nación su reintegro a la entidad, lo cual fue denegado.

Adujo que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación –

Rama Judicial, a fin de que se le declarara responsable por los

perjuicios morales y materiales de los que fue víctima con ocasión

del error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la

administración de justicia, a la cual le fue asignado el número único

de radicación 2005-02015-00.

Relató que la demanda correspondió a la Sección Tercera -

Subsección “C”- de Descongestión del Tribunal Administrativo de

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Cundinamarca3 que, en sentencia de 19 de julio de 2013, declaró la

caducidad de la acción.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, siendo este resuelto por la Sección Tercera que, en

providencia de 26 de julio de 2021, revocó la decisión del a quo y,

en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda al considerar

que no se probó que efectivamente, podía ser ubicada en las otras

direcciones que se registraban en el proceso, de tal forma que no

se demostró el daño.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la Sección Tercera incurrió en defecto

procedimental absoluto al haberse excedido en su

pronunciamiento, pues únicamente podía resolver las

inconformidades expuestas en cuanto a la caducidad declarada y al

encontrar que no se configuró el mencionado fenómeno, debió

devolver el expediente a fin de que el Tribunal se pronunciara de

fondo sobre las pretensiones de la demanda.

3 En adelante el Tribunal.

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Adujo que la autoridad judicial accionada se desbordó en su

pronunciamiento al resolver el fondo del asunto, cuando la

apelación se fundamentó únicamente en la caducidad declarada,

apartándose de esta forma de la norma procesal prevista en los

artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, haciendo más

desfavorable la situación del apelante único y desconociendo así el

principio de la non reformatio in pejus.

Añadió que la Sección Tercera también incurrió en defecto fáctico,

en la medida que omitió valorar las pruebas obrantes en el

expediente, esto es, el oficio de 4 de diciembre de 2001 expedido

por el Consejo Superior de la Judicatura, en el que se informaba

que estaba inscrita como abogada y registraba como direcciones la

Oficina Fiscalía Seccional de Ubaté y la calle 115 núm. 35-14, así

como la constancia de servicios prestados, donde indicaba como

fecha de ingreso a la Fiscalía General de la Nación desde el 9 de

octubre de 1996 hasta el 19 de diciembre de 2003, lugares a los

cuales pudo ser notificada a fin de comparecer al proceso.

I.4.- Pretensiones

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La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] 1.2.- DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la
Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno
(2021), notificada virtualmente por vía correo electrónico el
doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) y ejecutoriada
el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021),
proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION “B”, Magistrado ponente doctor ALBERTO
MONTAÑA PLATA, con salvamento de voto del Magistrado
ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS y aclaración de voto del
Magistrado MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ, por la cual REVOCA la
sentencia de 19 de julio de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
de Descongestión, que había declarado la CADUCIDAD de la
acción; y a su vez, NIEGA las pretensiones de la demanda; por
haberse violado los derechos fundamentales del debido proceso
y el de defensa establecidos en el artículo 29 de la Constitución
Política, y el derecho de acceso a la administración de Justicia
artículo 229 de la C.P.

1.3.- ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,
SUBSECCION “B”, se envié el expediente a Tribunal de origen
para que se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la
demanda.

1.4.- y/o subsidiariamente se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, SUBSECCION “B”, se acceda y se pronuncie de fondo
sobre las pretensiones de la demanda. […]”.

I.5.- Defensa

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I.5.1.- La Sección Tercera sostuvo que la providencia y el

expediente de la respectiva acción de reparación directa contienen

los argumentos y elementos necesarios para que el juez de la

acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda, por

lo que está presto a atender lo que se disponga en el presente

trámite constitucional.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar

improcedente la solicitud de amparo, toda vez que no se cumple

con el requisito de la subsidiariedad, pues la actora cuenta con los

recursos ordinarios y extraordinarios para exponer allí sus

inconformidades.

Expuso que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto

fáctico alegado, en la medida que realizó una correcta valoración de

las pruebas allegadas al proceso.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta mediante sentencia de 7 de abril de 2022,

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denegó las pretensiones de la acción de tutela al considerar que la

autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos endilgados,

en la medida que, frente al defecto procedimental absoluto destacó

que la Sección Tercera se encontraba habilitada para hacer un

estudio de fondo en cuanto a los elementos de responsabilidad,

pues este debate también fue propuesto en el escrito de apelación,

por lo que no se advirtió un estudio extralimitado del asunto.

Adicionalmente, resaltó que tampoco encontró configurado el

defecto fáctico alegado, pues la autoridad judicial accionada sí

valoró en conjunto el oficio del Consejo Superior de la Judicatura y

las constancias de servicios prestados expedida por la Fiscalía

General de la Nación, con apego de las reglas de la sana crítica, sin

que se observara una conclusión caprichosa e ilegal.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la Sección

Cuarta, en los siguientes términos:

Sostuvo que, contrario a lo advertido por el a quo, la autoridad

judicial accionada sí incurrió en el defecto fáctico endilgado,

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comoquiera que no analizó en debida forma las pruebas obrantes

en el expediente que daban cuenta que en el trascurso del proceso

penal el Consejo Superior de la Judicatura informó las direcciones a

las cuales podía ser notificada, información que conoció la Fiscalía

137 Seccional y que a pesar de ello omitió a fin de que

compareciera al proceso, lo que le ocasionó graves perjuicios tanto

de orden material como moral.

Refirió que, tan evidente era lo anterior, que la Sala de Casación

Penal de la Corte Suprema de Justicia tuteló sus derechos

fundamentales al debido proceso y a la defensa, lo cual se

reforzaba con la constancia de servicios prestados emitida por la

Fiscalía General de la Nación, probando de esta forma el daño

causado al no haberse citado a las direcciones que correspondían.

Así las cosas, destacó que estaba plenamente demostrado que no

fue citada a las direcciones suministradas dentro del proceso penal,

lo que le causó un daño al no haberla enterado del proceso que se

seguía en su contra.

Finalmente, reiteró que la Sección Tercera también incurrió en

defecto procedimental absoluto, pues impidió que el Tribunal se

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pronunciara de fondo respecto del asunto puesto a consideración en

la acción de reparación directa, desbordando de esta forma su

pronunciamiento como juez de segunda instancia, pretermitiendo

etapas del proceso y haciendo más gravosa su situación.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes
a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 26 de julio de 2021,

proferida por la Sección Tercera, por medio de la cual revocó la

decisión del a quo y, en lugar, denegó las pretensiones de la

demanda dentro de la acción de reparación directa identificada con

el número único de radicación 2005-02015-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la

administración de justicia y al principio de la non reformatio in

pejus, habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Cuarta que, mediante sentencia de 7 de abril de 2022,

denegó el amparo solicitado al considerar que no se incurrió en los

defectos endilgados.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la anterior

decisión, insistiendo en que, contrario a lo considerado por el a quo,

en su caso se encuentra demostrado que la autoridad judicial

accionada sí incurrió en los defectos fáctico y procedimental

absoluto.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que

debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal

derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos fundamentales invocados dentro de la acción de

reparación directa identificada con el número único de radicación

2005-02015-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que, en cuanto al defecto fáctico endilgado, se

cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto

la parte actora plantea con suficiente carga argumentativa, las

razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada

vulneró sus derechos fundamentales invocados; frente a tal

inconformidad no proceden recursos y tampoco se estructuran las

causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y

ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,

ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable4 y, por

último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman

lesionados.

Ahora, contrario ocurre respecto al alegado defecto

procedimental absoluto, pues frente a tal inconformidad no se

cumple con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que lo

pretendido por la actora es poner de presente que la Sección

4 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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Tercera pretermitió una instancia al impedir que el Tribunal se

pronunciara de fondo sobre la pretensiones y desconociendo el

principio de la non reformatio in pejus, para lo cual la Sala

encuentra que para discutir dicho argumento la actora tiene a su

disposición el recurso extraordinario de revisión de conformidad con

la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley

1437 de 18 de enero de 20115, esto es, por presuntamente existir

una nulidad en la sentencia acusada.

Lo anterior, porque dicho argumento está encaminado a demostrar

una presunta nulidad originada en la sentencia que puso fin al

proceso, situación que debe ser discutida mediante el ejercicio del

recurso extraordinario de revisión aludido por la causal en mención.

Respecto al recurso extraordinario de revisión y, particularmente,

frente a la causal establecida en el numeral 5 de la aludida norma,

la Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación6

ha señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la

configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un

5
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.”
6
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.

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proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes

términos:

“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación,
pues si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a
ésta, no tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión,
salvo, que se trate de circunstancias que aunque ocurrieron con
anterioridad a esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por
el recurrente que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario,
equivaldría a permitir que el mencionado recurso se convierta en
una oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las
partes incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no
proponer las nulidades del caso de acuerdo con las reglas de
oportunidad previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para
proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 144 ib.

Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los
siguientes:

a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso
por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se
revive un proceso legalmente concluido.

b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos
legalmente.

d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una
sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la
invocada].

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e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción
o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el
compuesto por las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser
advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que
contiene la sentencia.

Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente
[…]” (Resaltado fuera del texto).

Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que

pretermitir una instancia por violación al principio de la non

reformatio in pejus, conllevaría que tal situación sea sujeta a

control judicial mediante el ejercicio del recurso extraordinario de

revisión, en los términos aludidos.

En el caso bajo estudio, la accionante no ha agotado el recurso

extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para

que sea discutida la presunta falla que predica frente a la

providencia de 26 de julio de 2021.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al

análisis de la acción constitucional, la Sala concluye que tal

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inconformidad carece del requisito general de subsidiaridad, razón

por la que se relevará del análisis de tal yerro, dada su

improcedencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad frente

al defecto fáctico, corresponde determinar si la autoridad judicial

accionada incurrió en el yerro endilgado al proferir la sentencia de

26 de julio de 2021, dentro de la acción de reparación directa

identificada con el número único de radicación 2005-02015-01.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20137, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de

7 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en
que el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la
autonomía e independencia judicial, pues se basa en la
aplicación de las reglas de la lógica y la sana crítica. De
hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la
apreciación del material probatorio constitutivo del defecto
fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal
punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria
del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la

actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente

conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.

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Caso en concreto

En el presente caso, la Sala observa que la SECCIÓN TERCERA

mediante sentencia de 26 de julio de 2021, para efectos de

determinar si había lugar a denegar las pretensiones de la

demanda, estableció lo siguiente:

“[…] En el expediente está probado:

Frente a las actuaciones para su vinculación en la etapa
instrucción. En la denuncia formulada por el señor Roberto
Sandoval Rivera, el 25 de noviembre de 1994, respecto de la
residencia de la denunciada, señaló: “Hay otros casos de
personas que también fueron estafadas. Seguramente se
han resignado, o no han querido recurrir a los abogados por
temor. Ella posee un sistema para burlar a sus incautos. En
mi caso, cambió cuatro veces de residencia: [1] carrera 11
No. 113-65, [2] transversal 14 No. 115-80, [3] calle 126 No.
11-84 apt. 304. Para darle confianza como en mi caso nos
proporcionaba números telefónicos donde se suponía
podríamos encontrarla; pero como siempre no se
encontraba, se hacía negar. Tengo los siguientes teléfonos:
2-56-12-12, 2-14-86-28, 2-12-61-42, 2-35-73-45, 2-17-92-
41, 6-12-55-46, 2-49-44-85, 2-55-94-46. Ahora tiene una
residencia en un apartamento ubicado en la carrera 11 con
[4] calle 14 No. 10-45 (…)”8 Resaltado de la sala.

22. Con la denuncia aportó una escritura de
compraventa de 20 de agosto de 1993, a través de la cual,
la señora Luquerna vendió el bien inmueble con Matrícula
No. 050-0576104, ubicado en la Carrera 11 No. 113-65 apto
502 por el valor de $ 35.000.0009. En la denuncia y su
ampliación, el señor Roberto Sandoval agregó que se trató
de una venta simulada para “insolventarse” y evadir el pago
de sus deudas10. Como sustento de ello, explicó y allegó las

8 Folio 310 Cuaderno No. 5
9 Folios 324 a 328 Cuaderno No. 5
10 Folios 306 a 310, 343 y 348 Cuaderno No. 5

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pruebas que daban cuenta que, en un proceso ejecutivo
adelantado por otra “víctima”, esto es, Floresmiro Borda
Borda, específicamente, en el recurso de apelación contra el
auto que embargó ese apartamento11, la señora Luquerna
Arias alegó que: “dicho apartamento [Carrera 11ª No. 113-
65 apto 502] supera los ciento treinta millones de pesos”12,
por lo cual, a su juicio, no resultaba “creíble” la venta por
$35.000.000.

El Fiscal, en la Resolución de apertura de instrucción de 5 de
diciembre de 1994, resolvió vincularla mediante indagatoria
y pidió que fuera citada a las direcciones “calle 14 No. 10-45
o carrera 11 No. 113-65”. De igual forma se pidió la
declaración de la señora Mery Muñoz Molina y de Luis
Fernando Sandoval Santos, hijo del denunciante13, ambas
presuntas víctimas de la señora Luquerna Arias.

El 27 de febrero de 1995, la señora Mery Muñoz Molina
declaró “Olga se puede localizar en la calle 115 No. 10-45
apto 501 teléfono 2148156 y cra 13 No. 63 39 ofic 402
teléfono 2179241”14. Respecto del apartamento ubicado en
la carrera 11 No. 113-65 agregó “Supuestamente lo vendió o
lo traspasó por la suma de 35 millones a la señora MARTA
LILIANA TRUJILLO, y nos decía que, cuando esta señora le
pagara el apartamento nos cancelaba, pero paso el tiempo y
tampoco nos canceló el dinero, por lo que suponemos que
ella no vendió el apartamento sino que lo traspasó (…)”.

El 28 de febrero de 1995, Luis Fernando Sandoval Santos,
frente a la pregunta de si sabía dónde localizar a la señora
Luquerna, declaró “La dirección no la sé, porque ella se
traslada periódicamente de residencia y no se sabe dónde
ubicarla. Sé que ella es Abogada no más, yo la ubicaba
donde tenía una compre venta en la cra 15 con 8615”

Los oficios para citarla a la indagatoria fueron remitidos a las
direcciones: calle 14 No. 10-45 y carrera 11 No. 113-6516.
Únicamente, la comunicación remitida a la calle 14 No. 10-
45 fue devuelta con anotación de “destinatario
desconocido”17. Ante la no comparecencia, el 1 de febrero

11 Decisión de 26 de julio de 1993
12 Folio 350 Cuaderno No. 5
13 Folio 333 Cuaderno No. 5
14 Folio 359 Cuaderno No. 5
15 Folio 363 Cuaderno No. 5
16 Folio 338 Cuaderno No. 5
17 Folio 340 Cuaderno No. 5

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de 1999, el Fiscal 137 la vinculó como persona ausente.18

Frente a las actuaciones para su vinculación en la etapa
Juzgamiento. Efectuado el reparto, el Juzgado 27 Penal del
Circuito de Bogotá, el 21 de marzo de 2001, remitió los
oficios en los que informaba sobre el traslado para la
preparación de la audiencia a las direcciones calle 14 No. 10-
45 o carrera 11 No. 113-6519.

En virtud de una pruebas decretadas por el Juez Penal20, el
Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio de 4 de
diciembre de 2001, señaló que la señora Olga Luquerna se
encontraba inscrita como abogada y registraba como
direcciones: 1. Of. Fiscalía Seccional Ubaté. 2. Calle 115 No.
35-14 Apto 50421. No obstante lo anterior, se persistió en
enviar las comunicaciones en la dirección Carrera 11 No.
113-6522.

El 16 de agosto de 2002, el Juez 27 Penal del Circuito de
Bogotá condenó a Olga Luquerna como responsable del
delito de estafa a 24 meses de prisión23. El Tribunal Superior
de Bogotá, mediante Sentencia de 5 de diciembre de 2002,
confirmó esa decisión, la cual cobró firmeza el 4 de febrero
de 200224.

Finalmente, el 10 de diciembre de 2003, el Juez 27 Penal del
Circuito de Bogotá dirigió un oficio al Fiscal General de la
Nación en el que le indicó “Como quiera que el día de hoy se
ha tenido conocimiento que la mencionada señora se
desempeña como fiscal seccional de la Calera,
Cundinamarca, me permito solicitar se verifique tal aserto y
disponer lo que a su competencia corresponde poniéndola a
disposición de este despacho”25. Finalmente, el día 11 de
diciembre de 2003, después de solicitar la hoja de vida en la
Fiscalía y verificar la dirección que ahí registraba, el CTI hizo
un allanamiento en su residencia ubicada en Bogotá en la
dirección Transversal 34 No. 118-7026.

18 Folio 383 Cuaderno No. 5
19 Folios 468 a 469 Cuaderno No. 5
20 Folio 473 Cuaderno No. 5 (Mediante auto de 5 de junio de 2001)
21 Folio 234 Cuaderno No. 5
22 Folio 488 y 496 Cuaderno No. 5
23 En la sentencia penal de primera instancia se indicó “(…) puede anotarse que surge con diafanidad la responsabilidad

de la acusada, vislumbrándose a la vez el alto grado de dolo con que actuó, porque fueron verdaderas maniobras
engañosas las que utilizó para timar”.
24 Folio 440 Cuaderno No. 5
25 Folio 539 Cuaderno No. 5
26 Folios 3 a 6 Cuaderno No. 2

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Expuesto lo que está probado, en este caso, la
demandante alegó que si las comunicaciones se
hubieran enviado a las direcciones 1) calle 115 No.
10-45 apto 501, 2) Of. Fiscalía Seccional Ubaté o 3)
Calle 115 No. 35-14 Apto 504, las cuales reposaban en
el expediente se hubiera logrado su comparecencia.

[…]” Destacado fuera de texto.

Igualmente, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso la

SECCIÓN TERCERA concluyó que en el caso concreto no había

lugar a acceder a las pretensiones, en la medida que la actora no

aportó elementos de convicción que llevaran a concluir que en una

de las direcciones allegadas al proceso penal pudo ser ubicada y

tras ser ubicada hubiera comparecido, de la siguiente manera:

“[…] En consecuencia, para esta Sala no se probó la
afirmación de la parte demandante según la cual, en una
de esas direcciones, pudo ser ubicada y tras su ubicación
hubiera comparecido, violándose así su derecho al
debido proceso y a la defensa al vincularla como persona
ausente.

Se considera que ella estaba llamada a demostrar el daño y
acreditar que, efectivamente, para ese momento, tenía su
asiento en esos lugares y podía ser ubicada, de tal suerte que
no haberlo hecho, lesionó su debido proceso. Sin embargo, se
limitó a señalar que, en el expediente penal, además de las
direcciones utilizadas por el Fiscal y por el Juez se registraban
otras sin acreditar que, ciertamente, si le hubieran enviado la
citación a una de ellas se hubiera enterado y, adicionalmente,
hubiera comparecido, perdiendo el fundamento la vinculación
como persona ausente.

Respecto de la primera -calle 115 No. 10-45 apto 501-, debe
indicarse que no coincide con las registradas por el Consejo
Superior de la Judicatura y no se reposa prueba que hubiera

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demostrado que, para la fecha del envío de las comunicaciones,
efectivamente pudo ser localizada ahí. Incluso el denunciante
había señalado que la señora Luquerna había cambiado de ese
domicilio.

Frente a las otras dos, si bien el Consejo Superior de la
Judicatura, el 4 de diciembre de 2001, indicó que
registraba esas direcciones, ella debía demostrar que
había suministrado la información necesaria para
actualizar el registro nacional de abogados y, en
consecuencia, estaba vigente para esa fecha. En el
expediente no obra prueba que demuestre que la
demandante trabajó en la fiscalía seccional Ubaté y,
menos aún, que demuestre el periodo en el que trabajó,
para concluir que sí podía ser notificada ahí. Reposa en el
expediente una constancia de servicios prestados,
expedida el 8 de marzo de 2004, por la Oficina de
Personal de la Fiscalía27, según la cual la demandante
laboró desde el 9 de octubre de 1996 hasta el 19 de
diciembre de 2003, que el último cargo desempeñado fue
Fiscal de Jueces del Circuito y en ubicación registró:
“Unidad. Fisc. Deleg. Jueces Circuito” sin que de ahí se
desprenda que, efectivamente, laboró en la Fiscalía de
Ubaté para el 4 de diciembre de 2001. De igual forma
acontece con la dirección Calle 115 No. 35-14 Apto 504.

Además, las pruebas que obran en el expediente dan cuenta de
la existencia de una pluralidad de direcciones que constituyen
un indicativo de que la demandante, desde 1992 –año en el que
ocurrieron los hechos- hasta el 2003 –año en que se intentó
ejecutar la sentencia penal- cambió con regularidad de
residencia lo que, de suyo, dificultaba el acierto en el envío de
las comunicaciones y reduce la probabilidad de que, al enviarle
la comunicación a una de esas direcciones, efectivamente pudo
ser ubicada.

Esa pluralidad queda en evidencia, con la denuncia del señor
Roberto Sandoval Rivera28, con la declaración del señor Luis
Fernando Sandoval Santos29, con la solicitud de cuenta a Banco
de Occidente por parte de la demandante en la que se registró
una dirección diferente a las de la denuncia y del registro
nacional de abogados30, con el oficio del Consejo de Superior de

27 Folio 25 Cuaderno No. 2
28 Folio 509 Cuaderno No. 5
29 Folio 363 Cuaderno No. 5
30 Folio 236 Cuaderno No. 5

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la Judicatura31. Preciso es mostrar que, incluso, para el 11 de
diciembre de 2003, día en que se hizo el allanamiento a su
lugar de residencia, la diligencia se realizó en una nueva
dirección, esto es, transversal 34 No. 118-70 Bogotá, la cual
registraba en su hoja de vida en la Fiscalía General de la
Nación32.

En consecuencia, la Sala concluye que no se demostró el
daño consistente en la lesión a su derecho al debido
proceso y defensa por vincularla al proceso penal como
persona ausente, dado que no se probaron las
afirmaciones de la demandante, esto es, que, en las otras
direcciones que se registraba en el expediente,
efectivamente, podía ser ubicada y, en consecuencia,
podía haber comparecido sin la necesidad de declararla
persona ausente.

Finalmente, respecto del fallo de tutela que amparó su derecho
fundamental al debido proceso33 la Sala debe señalar que no
está atado a la valoración que ahí se expuso para resolver este
proceso. En primer lugar, ese asunto abordó un problema
constitucional de derechos fundamentales y no uno de
responsabilidad extracontractual del Estado. En segundo lugar,
no se conoce las pruebas que soportaron la decisión del juez de
tutela, sin embargo, con las que aquí obran no es posible
configurar el daño antijurídico. En tercer lugar, aunque el juez
de tutela afirmó que existían una serie de direcciones “donde
habría sido efectivamente localizada, más aún cuándo desde el
año 1996 se desempeñaba como Fiscal Seccional y así lo
informó el citado Consejo (…)” la Sala se aparta de esta
conclusión, porque, con las pruebas válidamente pedidas,
decretadas y practicadas en este proceso, no es posible concluir
que, en esas direcciones, efectivamente hubiera podido ser
localizada.

Frente a su vinculación a la Fiscalía, basta recordar que, el
Consejo Superior de la Judicatura no informó que la
demandante se “desempeñaba como Fiscal Seccional desde el
año 1996”. Indicó que estaba inscrita en el registro nacional de

31 Folio 234 Cuaderno No. 5
32 Folio 124 Cuaderno No. 5

En el asunto respecto del cual se formula ahora demanda de amparo, resulta incuestionable que
33 En ese fallo se indicó “

los funcionarios judiciales o desplegaron actividad importante alguna con el propósito de hacerle saber a la imputada
que en su contra se adelantaba un proceso penal, pues a pesar de que el denunciante, una testigo y el Consejo Superior
de la Judicatura, suministraron una serie de direcciones donde habría sido efectivamente localizada, más aún cuando
desde el año 19996 se desempeñaba como Fiscal Seccional y así o informó el citado Consejo, es lo cierto que a ninguna de
ellas se le citó y tampoco ninguna de las mismas fue suministrada para efectos de materializase en su nombre orden de
captura proferida previamente a la declaratoria de persona ausente”(fls. 43 y 44 Cuaderno No. 5)

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abogados y que registraba 2 direcciones, una de ellas: Of.
Fiscalía Seccional Ubaté, pero, se insiste, no hay prueba que
demuestre que la denunciante, para la fecha del oficio, 4 de
diciembre de 2001, podía ser ubicada ahí. Incluso, cuando se
hizo el allanamiento, 11 de diciembre de 2003, era Fiscal de la
Calera Cundinamarca. En todo caso, ese oficio se allegó en
diciembre de 2001, después de casi 3 años de su vinculación
como persona ausente.

En consecuencia, al no acreditarse el daño alegado la Sala
estima que no hay lugar a hacer un estudio de imputación y
procederá a negar las pretensiones.

[…]”. (Destacado fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad

judicial accionada no incurrió en el defecto endilgado por la parte

actora por los siguientes motivos:

De la lectura de la sentencia de 26 de julio de 2021, se advierte que

la SECCIÓN TERCERA al pronunciarse respecto de la acción de

reparación directa en segunda instancia, logró concluir que a la

actora le correspondía probar el daño y acreditar que para el

momento en el cual se llevó a cabo el proceso penal, tenía su asiento

en los lugares que fueron indicados por el Consejo Superior de la

Judicatura, sin embargo, esto no ocurrió, pues la señora LUQUERNA

ARIAS se limitó a indicar que además de las direcciones utilizadas

por la Fiscalía se registraban otras en el expediente, sin probar que

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de haberse enviado a una de ellas se hubiera enterado y que,

además, hubiera comparecido.

Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial accionada tuvo en

cuenta precisamente las pruebas que la parte actora echa de menos,

esto es, el oficio de 4 de diciembre de 2001 expedido por el Consejo

Superior de la Judicatura y la constancia de servicios prestados

expedida el 8 de marzo de 2004 por la Oficina de Personal de la

Fiscalía.

En efecto, frente a lo informado por el Consejo Superior de la

Judicatura, observó que si bien allí se registraban unas direcciones, la

señora OLGA MARÍA debía demostrar que había suministrado la

información necesaria para actualizar el registro nacional de

abogados y que tal información estuviera vigente para el momento

del proceso penal, sumado a ello, en cuanto a la constancia de

servicios prestados, en esta reposaba que la actora laboró desde el 9

de octubre de 1996 al 19 de diciembre de 2004 y que el último cargo

desempeñado fue Fiscal de Jueces del Circuito, registrando en

ubicación “Unidad. Fiscalía Delegada Jueces Circuito”, sin que de ello

pudiera derivarse que, efectivamente, laboró en la Fiscalía de Ubaté

para tal momento.

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La SECCIÓN TERCERA añadió que las pruebas aportadas daban

cuenta de la existencia de múltiples direcciones que constituían

indicio de que la actora desde 1992 a 2003, cambio con regularidad

de residencia, lo cual dificultaba el acierto en el envío de

comunicaciones, además, respecto del fallo de tutela que amparó el

derecho fundamental al debido proceso, sostuvo que no estaba atado

a la valoración allí expuesta, pues en este se abordó un problema

constitucional y no uno de responsabilidad del Estado, no se

aportaron las pruebas que allí tuvieron lugar y, sumado a ello, aun

cuando en ese trámite constitucional se afirmó que existían una serie

de direcciones donde habría sido efectivamente localizada, se

apartaba de dicha conclusión pues de las pruebas obrantes no era

posible derivar tal precisión.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada al estimar que no se

acreditó el daño endilgado, denegó las pretensiones de la demanda

con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, precisamente,

en el oficio de 4 de diciembre de 2001 expedido por el Consejo

Superior de la Judicatura, que la actora echa de menos, así como

en la constancia de servicios prestados.

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Frente a lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a la actora

al asegurar que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

fáctico al dejar de valorar el material probatorio allegado al proceso,

toda vez que en la providencia cuestionada se analizaron las pruebas

arrimadas al plenario, especialmente las que echa de menos, de las

cuales no era dable establecer el daño, por las razones expuestas en

precedencia.

En efecto, la SECCIÓN TERCERA sí tuvo en cuenta el material

probatorio recaudado en el proceso, tan es así que discurrió sobre

cada uno y el valor probatorio dado a estos, de los cuales no se logró

advertir que la señora OLGA MARÍA efectivamente hubiera podido

ser localizada en las direcciones que alegaba, ni que tras su ubicación

hubiera comparecido.

En ese orden de ideas, el análisis ni la decisión contenida en la

providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino

que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica

de la demanda respectiva y a las pruebas aportadas al proceso, por

lo que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el

juez de conocimiento, denegó las pretensiones de la demanda.

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De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte

actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así la

vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo por

el cual, al no haberse acreditado los yerros endilgados, la Sala

modificará la providencia impugnada y, en su lugar, declarará

improcedente la solicitud de amparo en cuanto al defecto

procedimental absoluto y confirmará en todo lo demás la decisión

del a quo, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó el

amparo solicitado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la

solicitud de amparo en cuanto al defecto procedimental alegado,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia

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impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de octubre

de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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