Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00872-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00872-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00872-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
28 de abril de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00872-00
Demandante: Guillermo Andrés Buitrago Huertas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00872-00
Demandante: GUILLERMO ANDRÉS BUITRAGO HUERTAS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Mora judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Guillermo Andrés
Buitrago Huertas contra los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativos
de Girardot y el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
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I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El actor interpuso acción de tutela contra los Juzgados Primero, Segundo y
Tercero Administrativo de Girardot y el Consejo Superior de la Judicatura, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de petición. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“Ordenar al representante legal del(la) JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 1, 2 Y 3 DE
GIRARDOT y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o quien haga sus
veces y/o quien corresponda:
1. En un término de 24 horas, se haga el correspondiente reparto y se inicie a tramitar
el recurso de insistencia radicado el pasado 07 de mayo del 2021 por el teniente
coronel ALDEMAR HERNANDEZ SALGUERO, por medio del correo
repartojadmingir@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2. Con fundamento en la sentencia T-463/11 de la Corte Constitucional, que la
respuesta sea de fondo, congruente con lo solicitado y notificada eficazmente al
correo establecido en las NOTIFICACIONES.”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 24 de enero de 2021, el señor Buitrago Huertas presentó derecho de petición
ante la Estación de Policía del municipio de Tocaima (Cundinamarca).
El 3 de marzo de 2021, el comandante de Policía de la Estación de Tocaima
respondió la referida solicitud.
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Demandante: Guillermo Andrés Buitrago Huertas
El 7 de marzo de 2021, el actor presentó una nueva solicitud en la que solicitó que
se respondiera de fondo y de manera completa la primera solicitud.
El 12 de marzo de 2021, “el comandante Distrito Dos de Policía de Girardot”
respondió esa petición, en el sentido de indicar que la información requerida por el
actor era confidencial.
El 7 de mayo de 2021, el actor interpuso recurso de insistencia contra la Estación
de Policía de Tocaima, con el objeto de obtener respuesta a la solicitud realizada
el 24 de enero de 2021, complementada el 7 de marzo de ese mismo año.
El 23 de agosto de 2021, envió correo electrónico a la dirección
repartojadmingir@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que solicitó le fuera informado
el trámite del recurso de insistencia.
El 25 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot
respondió la solicitud, así: “(…) me permito informar que, revisadas las bases de
datos del Despacho, no se encontró que el recurso de insistencia del que solicita
información curse en el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot”.
El 5 de octubre del 2021, ante la presunta omisión de dar trámite al recurso de
insistencia, el actor interpuso queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, que
fue remitido por competencia a la Comisión de Disciplina Judicial de
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Cundinamarca.
3. Argumentos de la acción de tutela
Afirma el actor que han sido vulnerados los derechos deprecados por parte de los
Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativo de Girardot, porque no han
dado trámite al recurso de insistencia radicado el 7 de mayo de 2021.
Así mismo, advierte que el Consejo Superior de la Judicatura no ha dado trámite a
la queja interpuesta el 5 de octubre de 2021.
4. Trámite Previo
Mediante auto de 4 de febrero de 2022, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar al demandante y a los demandados. Así mismo, publicar en la página web
del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros
interesados y notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot rindió informe en el
que señaló que el señor Guillermo Buitrago radicó previamente otra acción de
tutela por los mismos hechos y pretensiones aquí referidos contra los Juzgados
Primero, Segundo y Tercero Administrativo de Girardot y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Cundinamarca.
Al respecto, señaló que le correspondió el conocimiento de dicha acción al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso con radicado No. 2022-00091-
00. Sobre ese asunto, resaltó que, en auto del 2 de febrero, esa corporación
“escindió” la acción de tutela y avocó conocimiento solamente de los supuestos
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fácticos y pretensiones relacionadas con los Juzgados Administrativos de Girardot.
Así mismo remitió, en lo atinente a la vulneración de derechos fundamentales por
parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, al Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca quien avocó conocimiento mediante
auto de 2 de febrero de 2022, radicado No. 2022-00016-00.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, dictó sentencia el 9 de febrero de 2022, que declaró carencia actual
de objeto por hecho superado.
El Consejo Superior de la Judicatura expresó que, en providencia de 5 de
octubre de 2021, determinó que no era la competente para conocer de la queja
disciplinaria interpuesta por el señor Guillermo Andrés Buitrago Huertas, por lo que
dispuso la remisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca, decisión enviada al actor a la dirección aportada en el escrito
andreshuertas555@gmail.com.
En consecuencia, solicitó que se desvincule a esa entidad del trámite tutelar,
porque no es la llamada a responder o cumplir las órdenes que se expidan con el
fin de amparar los derechos fundamentales del actor.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot afirmó que en el
presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho superado,
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porque el 2 de febrero de 2022, ese despacho profirió providencia en la que
resolvió el recurso de insistencia interpuesto por el actor, decisión que fue
notificada al actor en esa misma fecha.
Así mismo, informó que “con ocasión de los mismos hechos y súplicas se
tramitaron se tramitaron equivalentes acciones de tutela por el (i) Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, Magistrado
Alberto Espinosa Bolaños, actuación rotulada con el número de radicación RAD.
25000-23-15-000-2022-00091-00; y (ii) Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, Sala de Decisión Laboral, Magistrada Martha Ruth Ospina Gaitán,
actuación rotulada con el número de radicación RAD. 25000-22-05-000-2022-
00016.”
Además, anotó que el 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, profirió sentencia en el referido
proceso de acción de tutela en el que declaró la carencia de objeto por hecho
superado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
Para resolver la presente solicitud de amparo la Sala abordará la siguiente
temática: i) cosa juzgada y temeridad, ii) análisis de la configuración de la cosa
juzgada y iii) estudio en el caso concreto.
• Cosa juzgada constitucional y temeridad en la acción de tutela
Esta Corporación ha sostenido que el concepto de cosa juzgada “(...) hace
referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido
firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya
juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la
adopción de una nueva providencia”. En consecuencia, es posible “(...) predicar la
existencia del fenómeno de la cosa juzgada, cuando llega al conocimiento de la
jurisdicción un nuevo proceso con identidad jurídica de partes, causa y
objeto”1.
Esta institución jurídica procesal busca otorgar a las sentencias un carácter
definitivo, inmutable y vinculante, lo que impide a los jueces resolver sobre una
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discusión que ya ha sido solucionada en sede judicial. Con lo anterior, se pretende
dotar de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico, así como a las partes
(sentencias inter partes) o a la comunidad en general (fallos con efectos erga
omnes).
Sobre el particular, la Corte Constitucional afirmó que:
“(...) Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos
procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que
igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con
certeza la relación jurídica objeto de litigio.
(...)
La cosa juzgada es una institución jurídica procesal mediante la cual se otorga
a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias,
el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se
conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la
terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad
jurídica2”.
Los principales fundamentos normativos de la cosa juzgada se encuentran en el
303 del Código General del Proceso, los cuales exigen para que se configure la
concurrencia de tres elementos así: i) que los procesos versen sobre el mismo
objeto, ii) que tengan la misma causa y iii) que exista identidad jurídica de partes.
La Corte Constitucional en sentencia C-774 de 2001, indicó:
“Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
1
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2009; Radicación número:
11001-03-24-000-2004-00262-01.
2
Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado
o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de
un derecho que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos
hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el
análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la
nueva causa.
• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada.”
En lo relativo a ello, el artículo 303 del Código General del Proceso establece que
los elementos para la configuración de la cosa juzgada son: la identidad de objeto,
de causa y de partes, lo cual ha sido reiterado en sentencias de la Corte
Constitucional 3. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que cuando se presenten
hechos nuevos se realizará un nuevo análisis del fondo del asunto, pero
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únicamente frente a esos hechos.
Frente a la temeridad en la acción de tutela y la cosa juzgada constitucional, la
Corte Constitucional, en sentencia T-280 de 2017, señaló que:
“La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como un mecanismo
preferente y sumario para brindar protección inmediata a los derechos
fundamentales que se puedan ver afectados por la acción y omisión de cualquier
autoridad pública, y en algunos casos de particulares. Además, el decreto 2591 de
1991, que reglamenta la referida acción, dispone que se trata de un procedimiento
informal, donde el derecho sustancial debe primar sobre el procesal. Sin embargo,
existen algunas reglas cuyo cumplimiento es necesario para obtener un amparo por
esta vía.
Uno de los requisitos que debe acatarse es no haber interpuesto previamente una
acción de tutela contra la misma parte, por los mismos hechos y con las mismas
pretensiones. Por ello, el artículo 37 del mencionado decreto 2591 establece que
quien “interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del
juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y
derechos.” Las consecuencias de la interposición de dos o más acciones de tutela
con esas características han sido estudiadas ampliamente por esta Corte
Constitucional. Así pues, si no existe un motivo expresamente justificado para
presentar la misma acción de tutela más de una vez, esta se considera temeraria,
tal como lo dispone el artículo 384 del mencionado decreto.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el acceso a la justicia es un derecho
fundamental, la Corte ha señalado que sus restricciones deben ser legítimas y
excepcionales5, razón por la cual, para que una acción de tutela sea temeraria debe
3
Ver entre otras sentencias: C-774/01.
4
“Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales,
se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.
5
Sentencia T-266 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5
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Demandante: Guillermo Andrés Buitrago Huertas
existir un actuar doloso y de mala fe del accionante. En este orden de ideas, la
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos 6: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones7. Adicionalmente,
debe verificarse que no exista un motivo expreso que permita justificar la
multiplicidad de acciones, es decir, debe probarse una actuación de mala fe o un
abuso del derecho a la administración de justicia por parte del accionante8. La Sala
resalta que la jurisprudencia constitucional precisó que el juez de amparo es el
encargado de establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad 9.
De otra parte, existen también algunas reglas jurisprudenciales que el operador
judicial debe estudiar para identificar si una actuación es temeraria, esto es: “(i)
resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones10; (ii) denote el propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable11; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y
sin tener razón, de mala fe se instaura la acción12; o finalmente (iv) se pretenda a
través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de
justicia”13.
En contraste, la actuación no es temeraria cuando “… [a] pesar de existir dicha
duplicidad, el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del
accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho 14; o (iii)
por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho.” 15 Si se comprueba alguna de estas
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circunstancias, la acción de tutela no es temeraria pero debe declararse
improcedente, toda vez que al existir un pronunciamiento de fondo por parte de la
jurisdicción constitucional sobre el caso, la decisión hace tránsito a cosa juzgada, y
por ello no es posible reabrir el debate.
La Corte16 ha delimitado también supuestos en los que una persona puede
interponer varias acciones de tutela sin que sean consideradas temerarias, esto
tiene lugar cuando i) ocurre un hecho nuevo y, ii) si no existe un pronunciamiento
de fondo sobre las pretensiones en la jurisdicción constitucional. Cabe señalar que
la interposición de acciones de tutela temerarias atenta contra el principio de cosa
juzgada constitucional.” (Subrayado fuera de texto).
Ahora, de conformidad con lo anterior, se tiene que la presentación de varias
acciones de tutela con fundamento en iguales hechos y pretensiones por parte de
un mismo accionante no implica de facto la configuración de una actuación
6
Sentencia T-568 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-053 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; otras, en las cuales se efectúa un recuento similar son las providencias T-020 de 2006, T-
593 de 2002, T-443 de 1995, T-082 de 1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998, T-263 de 2003 y T-
707 de 2003.
7
Sentencias T-502 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-568 de 2006 M.P Jaime Córdoba Triviño y
T-184 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil
8
Sentencia T-507 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre este punto, ver Sentencias T-
568 de 2006, T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-883 de 2001.
9
Sentencias T-560 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-053 de 2012 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
10
Sentencia T-149 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
11
Sentencia T-308 de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo
12
Sentencia T-443 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero
13
Sentencia T-001 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
14
Sentencia T-721 de 2003 MP. Álvaro Tafur Galvis
15
Sentencia T-266 de 2011 MP. Luis Ernesto Vargas Silva
16
Sentencia T-566 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
6
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temeraria, pues es necesario verificar los motivos por los cuales se radicaron las
solicitudes de amparo y si esa situación está suficientemente justificada.
En efecto, si el juez constitucional al realizar el análisis de las razones que llevaron
al solicitante a interponer dos o más acciones determina que actuó de forma
excesivamente imprudente, que su finalidad era lograr una decisión diversa a la
anterior a sabiendas que no le asiste el derecho y que sobre la misma existe cosa
juzgada, así deberá declararlo en la parte resolutiva. De lo contrario, podrá
solamente declarar la configuración de la cosa juzgada o determinar que ninguno
de los dos fenómenos aconteció, según el caso.
Análisis del caso objeto de estudio:
Para esta Sala, existe temeridad en la presente acción constitucional, por lo
siguiente:
Como se expuso en los antecedentes de la presente acción de tutela, la Sala
encuentra que el señor Buitrago Huertas, previo a la presente solicitud de amparo,
interpuso otra acción de tutela tramitada bajo el radicado 25000-23-15-000-2022-
00091-00, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
Cabe resaltar que en auto proferido el 2 de febrero de 2022 por el Tribunal
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se “escindió”
la acción de tutela y únicamente avocó conocimiento de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales por parte de los Juzgados Administrativos de
Girardot.
Así mismo, remitió por competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, lo atinente a la vulneración de los derechos fundamentales por
parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca. En auto
de 2 de febrero de 2022, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca avocó conocimiento ese asunto, proceso
radicado No. 2022-00016-00.
Entonces, en el presente asunto y en el escrito de tutela del proceso radicado No.
2022-00091-00 alegó la presunta vulneración de los derechos fundamentales por:
los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativo de Girardot por no
tramitar el recurso de insistencia radicado el 7 de mayo de 2021, y; ii) el Consejo
Superior de la Judicatura por no pronunciarse respecto a la queja interpuesta el 5
de octubre de 2021.
La Sala considera que existe identidad: i) de partes, porque el actor interpuso la
acción de tutela contra los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativo
de Girardot y el Consejo Superior de la Judicatura; ii) de supuestos fácticos,
porque en ambos escrito de tutela alega la transgresión de sus derechos
fundamentales por omisión de los demandados de dar trámite del recurso de
insistencia y de la queja, respectivamente; iii) y de causa petendi, porque solicitó
se dé trámite al recurso de insistencia radicado el 7 de mayo de 2021.
Evidencia la Sala que en la presente solicitud de amparo no se advierte la
existencia de razones que justifiquen que el actor haya vuelto a presentar acción
de tutela con el mismo fin lo que demuestra un ánimo ilegítimo de satisfacer un
7
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Demandante: Guillermo Andrés Buitrago Huertas
interés subjetivo a como dé lugar.
Por lo anterior, se previene a la parte actora a que, en adelante, se abstenga de
seguir presentando acciones de tutela con el igual propósito, esto es, pretendiendo
que se dé trámite al recurso de insistencia presentado el 7 de mayo de 2021,
máxime si se tiene en cuenta que el 2 de febrero de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot profirió providencia en la que lo resolvió.
En esa medida, se impone declarar improcedente la presente acción de tutela por
las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció la parte actora contra
los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativo de Girardot y el
Consejo Superior de la Judicatura.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Id Documento: 11001031500020220087200005025220032
11001031500020220087200005025210033
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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