Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00872-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00872-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00872-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
9 de junio de 2022
Demandante: Guillermo Andrés Buitrago Huertas
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00872-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00872-01
Demandante: GUILLERMO ANDRÉS BUITRAGO HUERTAS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Tutela de fondo – Mora judicial – Figura jurídica de la
temeridad exigencia de mala fe en el actor.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 28 de abril de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que
declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 1º de febrero de 2022, el señor Guillermo Andrés Buitrago Huertas, en
nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura
y los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativos del Circuito Judicial de
Girardot, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Tales prerrogativas las consideró vulneradas con ocasión de la omisión en
que incurrieron las autoridades accionadas en darle trámite al recurso de
insistencia que presentó el 31 de marzo de 2021, ante la negativa de la Policía
Nacional de Tocaima de darle respuesta a la petición que radicó el 7 de marzo de
2021, que le fue negada con fundamento en el carácter confidencial de la
información solicitada.
1.2. Pretensiones
3. El accionante solicitó:
“Ordenar al representante legal del(la) JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 1, 2
Y 3 DE GIRARDOT y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o
quien haga sus veces y/o quien corresponda:
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Demandante: Guillermo Andrés Buitrago Huertas
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1. En un término de 24 horas, se haga el correspondiente reparto y se inicie
a tramitar el recurso de insistencia radicado el pasado 07 de mayo del 2021
por el teniente coronel ALDEMAR HERNANDEZ SALGUERO, por medio del
correo repartojadmingir@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2. Con fundamento en la sentencia T-463/11 de la Corte Constitucional, que
la respuesta sea de fondo, congruente con lo solicitado y notificada
eficazmente al correo establecido en las NOTIFICACIONES.” (Sic para lo
transcrito)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 7 de marzo de 2021 el señor Guillermo Andrés Buitrago Huertas le pidió
a la Policía de Tocaima que le informara “el recorrido que ha hecho la policía en zona
rural del municipio de Tocaima, indicando la fecha, las veredas del respectivo recorrido de
los últimos tres meses y los nombres de los policías que lo hicieron” (sic).
5. La institución, por intermedio del Comando Dos de Policía de Girardot,
contestó la petición manifestando que tal información es confidencial1, motivo por
el cual no puede ser suministrada, negativa con sustento en la cual el actor
presentó recurso de insistencia el 31 de marzo de 2021, que fue remitido el 6 de
mayo siguiente a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos del
Circuito de Girardot según Oficio GS-2021-056278-DECUN signado por el
Comandante de la referida dependencia.
6. Al no haber recibido notificación alguna sobre la resolución del recurso de
insistencia, mediante solicitud radicada el 23 de agosto de 2021 el accionante le
solicitó a los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Girardot que le informaran sobre el trámite de la actuación y le
notificaran la decisión.
7. El 25 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot
respondió la solicitud, así: “(…) me permito informar que, revisadas las bases de datos
del Despacho, no se encontró que el recurso de insistencia del que solicita información
curse en el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot”.
8. El 5 de octubre de 2021, el señor Buitrago Huertas le solicitó al Consejo
Superior de la Judicatura que le informara el trámite del recurso en cuestión y,
adicionalmente, manifestó que formulaba queja disciplinaria por la mora advertida
en la resolución del asunto.
1 El accionante no indicó el número del oficio ni la fecha de la respuesta, tampoco aparece el mismo en los
documentos que allegó, pues se limitó a decir que la respuesta se le comunicó “en oficio notificado el 17 de
marzo de 2021”, única información que igualmente obra en la remisión de la solicitud de insistencia que se
radicó en los Juzgados Administrativos de Girardot.
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1.4. Sustento de la vulneración
9. La parte actora consideró que se vulneraron sus derechos por no haberse
tramitado oportunamente el recurso de insistencia que se presentó con el fin de
obtener la información previamente solicitada a la Policía Nacional y por cuanto el
Consejo Superior de la Judicatura no se pronunció sobre la queja que formuló en
contra los despachos judiciales que omitieron cumplir con diligencia el
procedimiento correspondiente.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio
10. Por auto del 4 de febrero de 2022 se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte actora y a las autoridades demandadas. Así mismo, se dispuso
vincular al trámite al Comando Dos de Policía de Girardot y comunicar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esto último, en los términos y
para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso. Así mismo, se
decidió que se publicara el expediente en la página web del Consejo de Estado,
para el conocimiento de todos los interesados.
1.5.2. Intervenciones de las autoridades accionadas
1.5.2.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Girardot
11. El titular del despacho señaló que el tutelante radicó previamente otra
acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones aquí referidos contra los
Juzgados Primero, Segundo y Tercero Administrativos de Girardot y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.
12. Al respecto, señaló que le correspondió el conocimiento de dicha acción al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que lo tramitó bajo el radicado
N.o 2022-00091- 00.
13. Informó que, en auto del 2 de febrero de la presente anualidad el citado
tribunal “escindió” la acción de tutela y avocó conocimiento solamente de los
supuestos fácticos y pretensiones relacionadas con los Juzgados Administrativos
de Girardot, al tiempo que remitió, en lo atinente a la vulneración de derechos
fundamentales por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca, al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca quien
avocó conocimiento mediante auto de la misma fecha, radicado N.o 2022-00016-
00.
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14. Agregó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, dictó sentencia el 9 de febrero de 2022, en la que declaró carencia
actual de objeto por hecho superado.
1.5.2.2. Consejo Superior de la Judicatura
15. Por intermedio de un profesional universitario expresó que, en providencia
del 5 de octubre de 2021, la Corporación determinó que no era la competente para
conocer de la queja disciplinaria interpuesta por el señor Guillermo Andrés
Buitrago Huertas, por lo que dispuso la remisión a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Cundinamarca, decisión enviada al actor a la dirección
aportada en el escrito andreshuertas555@gmail.com.
16. En consecuencia, solicitó que se desvincule a esa entidad del trámite
tutelar, porque no es la llamada a responder o cumplir las órdenes que se expidan
con el fin de amparar los derechos fundamentales del actor.
1.5.2.3. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot
17. El titular del despacho judicial afirmó que en el presente asunto se configura
la carencia actual de objeto por hecho superado, porque el 2 de febrero de 2022,
ese juzgado resolvió el recurso de insistencia interpuesto por el actor, decisión que
fue notificada en esa misma fecha.
18. Así mismo, informó que “con ocasión de los mismos hechos y súplicas se
tramitaron equivalentes acciones de tutela por el (i) Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, Magistrado Alberto Espinosa Bolaños,
actuación rotulada con el número de radicación RAD. 25000-23-15-000-2022-00091-00; y
(ii) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala de Decisión Laboral,
Magistrada Martha Ruth Ospina Gaitán, actuación rotulada con el número de radicación
RAD. 25000-22-05-000-2022- 00016.”
19. Precisó que el 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dictó sentencia en la que declaró
la carencia de objeto por hecho superado.
1.5.2.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot y el
Comando Dos de Policía de Girardot guardaron silencio pese a que estaban
debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
20. El Consejo de Estado, Sección Cuarta dictó sentencia el 28 de abril de
2022, en la que declaró improcedente la acción de tutela por considerar que el
actor incurrió en temeridad, por cuanto este formuló una acción previa que se
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tramitó por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, bajo el radicado 25000-23-15-000-2022-00091-00.
21. El a quo constitucional consideró que “existe identidad: i) de partes, porque el
actor interpuso la acción de tutela contra los Juzgados Primero, Segundo y Tercero
Administrativo de Girardot y el Consejo Superior de la Judicatura; ii) de supuestos
fácticos, porque en ambos escrito de tutela alega la transgresión de sus derechos
fundamentales por omisión de los demandados de dar trámite del recurso de insistencia y
de la queja, respectivamente; iii) y de causa petendi, porque solicitó se dé trámite al
recurso de insistencia radicado el 7 de mayo de 2021.” (Sic para toda la cita)
22. Agregó que en la presente solicitud de amparo no se advertían razones que
justificaran la interposición de una nueva acción de tutela por parte del accionante,
con la misma finalidad, demostrando con ello un ánimo ilegítimo de satisfacer un
interés subjetivo.
23. Con fundamento en lo expuesto previno a la parte actora para que, en
adelante, se abstenga de continuar presentando acciones de tutela pretendiendo
que se le dé trámite a un recurso de insistencia que fue resuelto desde el 2 de
febrero de 2022, según pruebas que allegó el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Girardot.
24. El fallo de tutela fue notificado a las partes el 5 de mayo de 2022, según
constancia obrante en el aplicativo SAMAI.
1.5.4. Impugnación
25. Mediante escrito remitido por correo electrónico el 9 de mayo de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, la parte accionante impugnó el fallo de
primera instancia, con el fin de que se revocara y se accediera a la petición de
amparo.
26. Afirmó que “interpuso acción de tutela el 31 de enero de 2021 (sic) al correo
‘rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co’ desde el cual se le contestó que:
‘Nos permitimos indicarle que este correo no recibe tutelas para reparto por primera vez,
le invitamos a dirigir su solicitud a través del correo electrónico
tutelastacun@cendoj.ramajudicial.gov.co”. (Sic para lo transcrito)
27. Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, el 1º de febrero de 2022
radicó la misma demanda en el correo tutelastacun@cendoj.ramajudicial.gov.co,
indicando en forma pormenorizada el trámite que se le impartió en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y en la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca.
28. Manifestó que no presentó una acción de tutela diferente ante el Consejo de
Estado por lo que considera que la explicación más plausible consiste en que por
error se remitió la petición a esta Corporación.
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29. Argumentó que al haber actuado de buena fe no puede considerarse que
existió temeridad, pretendiendo que se revoque la decisión y, en su lugar, se
precise que se trató de un error en la remisión de su demanda que pretendió
radicar una sola vez.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
30. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora en contra de la sentencia del 28 de abril de 2022 dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.3. Problemas jurídicos
31. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar
la providencia del 28 de abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada por la parte
accionante para solicitar la protección de sus derechos de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
32. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por el accionante, en la valoración del material probatorio recaudado, y
en los argumentos expuestos en la impugnación, el problema jurídico que subyace
al caso concreto consiste en determinar si se configuran los elementos de la
temeridad en la interposición de la acción de tutela, en especial si se encuentra
acreditado que el accionante obró con mala fe.
33. Lo anterior, teniendo en cuenta que no es objeto de discusión en el sub
examine la existencia de la triple identidad (partes, causa petendi y supuestos
fácticos), en la medida en que el impugnante aceptó que se trata de idéntica
acción de tutela, esto es, del mismo escrito que –en su sentir– fue asignado a dos
autoridades judiciales diferentes.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Exigencia de mala fe para la configuración de la temeridad
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34. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de
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1991 , cuando una persona promueve la misma acción de tutela ante diferentes
operadores judiciales, bien sea simultánea o sucesivamente, se puede configurar
la temeridad, conducta que, según la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional, involucra “un elemento volitivo negativo por parte del accionante”3.
35. La Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela no
genera per se que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada
como temeraria, porque esta situación puede estar fundada, a título de ejemplo,
en la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho, correspondiéndole al juez
constitucional la tarea de verificar la situación en el caso concreto.
2.4.2. Configuración de la temeridad en el caso concreto
36. El accionante argumentó que no presentó dos acciones de tutela
simultáneas ni sucesivas y que tampoco pretendió obtener dos pronunciamientos
sobre el mismo tema, sino que, al serle devuelto el primer escrito, por no ser el
correo destinado a ello, la volvió a presentar.
37. Al respecto precisó que “interpuso acción de tutela el 31 de enero de 20214 (Sic)
al correo “rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co” desde el cual se le
contestó: “Nos permitimos indicarle que este correo no recibe tutelas para reparto por
primera vez, le invitamos a dirigir su solicitud a través del correo electrónico
tutelastacun@cendoj.ramajudicial.gov.co”, por lo que la presentó en el canal
electrónico que se le informó.
38. Afirmó que no radicó la demanda en el Consejo de Estado, razón por la cual
corresponde realizar la trazabilidad del mensaje, encontrando que efectivamente
fue remitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como consta en la
siguiente imagen:
2 “ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
3 Corte Constitucional, Sentencia T-272 del 20.07.2019, M.P. Alberto Rojas Ríos
4 Si bien el accionante hizo referencia al año 2021, se trata de lapsus calami, pues es claro que la tutela se
ejerció en el año 2022.
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39. El escrito de tutela objeto de la remisión corresponde al presentado por el
accionante en la dirección de correo que indicó:
40. En consecuencia, esta Sala no advierte la mala fe o el elemento volitivo
exigido para que se configure la temeridad, contrario a ello, se evidencia que al
accionante le indicaron, como el efectivamente lo manifiesta, que ese no era el
mecanismo para radicar su petición y le señalaron el correo electrónico al cual
debía enviarlo.
41. En ese orden de ideas, si bien es cierto la acción de tutela es improcedente,
como lo concluyó el juez constitucional de primera instancia, no lo es por razón de
que se haya configurado la temeridad, pues –se reitera– no se acreditó mala fe en
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el actuar del accionante, requisito sine qua non para que opere la citada figura
jurídica.
42. En efecto, en este caso no se desvirtuó la presunción de buena fe que
acompaña las actuaciones de los ciudadanos, toda vez que se tramitó dos veces
la misma solicitud por una duplicidad en la remisión de la demanda de tutela que
no le es imputable al usuario de la administración de justicia.
43. La Sala aclara que no es posible aplicar en el sub lite la figura jurídica de la
cosa juzgada constitucional, por cuanto las sentencias dictadas sobre el mismo
asunto no han sido remitidas para eventual revisión a la Corte Constitucional y, por
ello, esa Corporación no ha tenido la oportunidad de decidir sobre su selección
para tal fin.
2.5. Conclusión
44. Las anteriores razones son suficientes para concluir que no concurren los
requisitos exigidos para que se configure la temeridad en el caso concreto, motivo
por el cual la declaratoria de improcedencia de la acción se confirma, pero por
haberse duplicado el trámite de la misma acción constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de abril de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la acción de tutela
deprecada por la parte actora, pero por las consideraciones expuestas la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclaración de voto
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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