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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00876-00

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00876-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Diana Mailud Vélez Ascanio, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00876-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

7 de abril de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00876-00
Demandante: DIANA MAILUD VÉLEZ ASCANIO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-00876-00
Demandante: DIANA MAILUD VÉLEZ ASCANIO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL ATLÁNTICO

Temas: Acción de tutela contra acto administrativo. Concepto
desfavorable de traslado a empleada en carrera judicial.
Derechos de carrera judicial. Requisitos de especialidad y
afinidad en la expedición del concepto desfavorable

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Diana Mailud Vélez Ascanio, contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico, en la que pide el amparo constitucional de
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la carrera
administrativa, vulnerados, supuestamente, con la emisión de las Resoluciones
No. CSJATR21-2795 de 8 de septiembre de 2021 y No. CJR21-1122 de 21 de
diciembre de 2021, que dieron concepto negativo a la solicitud de traslado del
Juzgado Décimo Penal del Circuito de Barranquilla al Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora manifestó que se inscribió en la Convocatoria No. 003, para el cargo de
Oficial Mayor y/o Sustanciador de Juzgado de Circuito, en la que superó con éxito
todas las etapas, por lo que fue incluida en el registro de elegibles de la Seccional
Atlántico.

Aseguró que el acuerdo por medio del cual se regulaba dicha convocatoria no
indicaba en los requisitos mínimos para optar al cargo de oficial mayor, la
exigencia de capacitación y/o experiencia en área específica, ni tampoco para la
escogencia de sede, por lo que era posible elegir entre cualquiera de las

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Demandante: DIANA MAILUD VÉLEZ ASCANIO

especialidades en las que hubiese una vacante disponible, en palabras de la
actora, “era decisión propia optar a un juzgado, laboral, penal, civil, etc”.

Indicó que ante la poca disponibilidad de vacantes en Juzgados Laborales al
momento de efectuar la escogencia de sede, eligió el Juzgado Décimo Penal del
Circuito de Barranquilla con el fin de no perder la oportunidad de ser nombrada en
propiedad en el cargo para el que había concursado.

Refirió que mediante la Resolución No. 004 de 7 de junio de 2017, fue nombrada
en propiedad en el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Barranquilla y que se
posesionó en el mismo mediante acta del 9 de junio de 2017. Sin embargo, desde
el 9 de agosto de 2019 hasta la fecha se encuentra desempeñando el cargo de
Secretaria en provisionalidad en el Juzgado Once Laboral del Circuito de
Barranquilla en el que obtuvo una calificación de 97 puntos por su desempeño
durante el año 2020.

Aseguró que por escrito de 7 de septiembre de 2021, enviado a la dirección de
correo electrónico psacsjbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, solicitó al Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico que se emitiera concepto favorable de
traslado del Juzgado Décimo Penal del Circuito de Barranquilla al Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Barranquilla, dado que goza de una amplia experiencia en
la especialidad laboral.

Afirmó que mediante Resolución No. CSJATR21-2795, de 8 de septiembre de
2021, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico profirió “CONCEPTO
DESFAVORABLE de traslado, sobre la base de que no cumplo con uno de los
requisitos exigidos por el Acuerdo PCSJA17-10754 de septiembre 18 de 2017, el
cual es, no ser de la misma especialidad el cargo para el cual solicita el traslado;
esto es agregando requisitos que no están contemplados en las normas legales
que regulan las normas del traslado”.

Refirió que presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra
de dicha decisión, en los que indicó que en virtud del derecho fundamental a la
igualdad, debía recibir el mismo trato de otros empleados a quienes se les había
dado concepto favorable de traslado a otras especialidades. No obstante, informó
que a través de la Resolución No. CJR21-1122 de 21 de diciembre de 2021, la
Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura confirmó el concepto desfavorable de traslado.

La decisión tuvo en cuenta que (i) mediante el Acuerdo PCSJA-17-10754 de 2017,
el Consejo Superior de la Judicatura estableció una tabla de afinidades a efectos
de solicitar las solicitudes de traslado; (ii) no es suficiente que los empleos sean de
la misma categoría, tengan los mismos requisitos y devenguen la misma
asignación salarial, sino que deben verificarse otros aspectos tales como la
especialidad y la jurisdicción y, por último, (iii) si bien ambos juzgados se
encontraban en la misma jurisdicción, no se cumplía con el requisito de
especialidad, pues la demandante estaba nombrada en propiedad en el área penal
y pretendía su traslado al área laboral.

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2. Fundamentos de la acción

La actora interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la carrera administrativa, los
cuales considera vulnerados con la emisión de las Resoluciones No. CSJATR21-
2795 de 8 de septiembre de 2021 y No. CJR21-1122 de 21 de diciembre de 2021,
proferidas, en su orden, por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, que dieron concepto negativo a la solicitud de traslado del Juzgado
Décimo Penal del Circuito de Barranquilla al Juzgado Décimo Laboral del Circuito
de Barranquilla.

Aseguró que la acción de tutela resulta procedente para la satisfacción de sus
intereses, pues aun cuando cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de los actos
administrativos demandados, en su caso, no resulta idóneo ni eficaz y de iniciarlo
se ocasionaría un perjuicio irremediable en detrimento de los derechos de los que
es titular como empleada judicial dado que “la oportunidad de pedir traslados tiene
unos términos perentorios para optar por las vacantes que son publicadas y que
debido a las pocas plazas y al actual Registro de Elegibles de la convocatoria No
4, esta latente la pérdida de la oportunidad de obtener el traslado”.

Indicó que solo hay disponible una vacante en el Juzgado Once laboral del
Circuito de Barranquilla, por lo que de no estudiarse de fondo la acción de tutela
se estaría configurando un perjuicio irremediable. Además, señaló que la
imposibilidad de efectuar el traslado le impide mejorar su calidad de vida, pues en
el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Barranquilla con Funciones de
Conocimiento, en donde actualmente, labora la carga laboral es excesiva.

Manifestó su desacuerdo con las Resoluciones No. CSJATR21-2795 de 8 de
septiembre de 2021 y No. CJR21-1122 de 21 de diciembre de 2021, al considerar
que se le está exigiendo el cumplimiento de requisitos que no están contemplados
en la ley, pues al momento de presentar el concurso de méritos no se requería de
una experiencia específica como requisito para acceder a alguna de las plazas
disponibles, sino experiencia relacionada, por lo que no puede se un requisito a
exigir al momento del traslado.

Al respecto, sostuvo que en sentencia de 30 de octubre de 2019, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado1, en un caso de similares contornos fácticos,
consideró que, “(…) el requisito de “especialidad” a que se hacen referencia no
está contemplado en las normas legales que regulan la figura del traslado y que
debe considerarse que la Convocatoria en la que participó la actora fue abierta
para los cargos de Oficial Mayor o Sustanciador de Tribunal, en la que se incluía
las especialidades de penal, laboral y civil–familia, y que fue precisamente esto lo
que le permitió acceder a su cargo en propiedad, pues si el elemento
‘especialidad’ hubiera sido considerado en su momento, la señora (…) no habría
podido acceder al cargo que ocupa en propiedad en la Sala Laboral, ya que su
experiencia laboral aparecía certificada en el área penal”. Por lo anterior, resolvió

1 Exp. No. 11001-03-15- 000-2019-02714-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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amparar los derechos fundamentales de la accionante y ordenar la emisión de un
nuevo concepto.

Refirió que al dar aplicación al Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 18 de septiembre
de 2017, se le están exigiendo requisitos que no fueron contemplados en el
artículo 134 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia,
modificada por la Ley 771 de 2000, pues dicha norma no contempla la necesidad
de que el traslado se solicite a un cargo de la misma especialidad.

Por último, manifestó que en su caso están dados los elementos del juicio
integrado de igualdad previsto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda
vez que “a) Los supuestos de hecho y los sujetos comparados son de la misma
naturaleza: Ocupo en propiedad el cargo de Oficial mayor de un Juzgado que se
encuentra en el mismo nivel jerárquico del jugado donde se pretende el traslado.
b) Definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre
iguales: Efectivamente existe un trato desigual que no tiene fundamento jurídico
pues la norma que rige la administración de justicia estableció de forma clara y
concreta los requisitos para el traslado de los servidores judiciales, sin incluir la
especialidad del cargo al cual se vinculó en propiedad, esa disposición fue
agregada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante un acuerdo que no
puede estar por encima de la ley. c) La diferencia de trato está
constitucionalmente justificada: El Consejo Superior de la Judicatura no cuenta
con una justificación constitucional para establecer tratos discriminatorios a ciertos
rangos de empleados que no fueron previstos en la ley, pues ello constituye una
actuación arbitraria y caprichosa que va en detrimento de los derechos legales que
en virtud del desarrollo del derecho constitucional del acceso a la carrera
administrativa fueron consagrados para los empleados vinculados en propiedad.
La especialidad, la idoneidad y las aptitudes del servidor que pida el traslado son
aspectos que debe evaluar el nominador al revisar la hoja de vida y definir criterios
que considere necesarios para el ejercicio del cargo como la experiencia
específica en cargos afines, los estudios, la calificación, entre otros”.

3. Pretensiones

La accionante plantea las siguientes:

“1. Que se amparen mis derechos fundamentales al derecho al debido proceso,
LA IGUALDAD y de la Carrera Administrativa (Ser beneficiaria de las
prerrogativas consagradas para los servidores judiciales vinculados en
propiedad), que han sido vulnerados por las entidades accionadas.

2. Se tenga en cuenta el precedente jurisprudencial frente al requisito de
especialidad del Consejo de Estado, en la Acción de Tutela, con sentencia de
fecha 01 de agosto de 2019, radicado Nº 2019-02714 00, con ponencia del
Magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

3. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones No CSJATR21-
2795, de fecha 08 de septiembre de 2021 y Resolución CJR21-1122, del 21 de
diciembre de 2021, expedidas por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico y por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura.

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4. Que se ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL
ATLÁNTICO, que en el término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48)
horas, se pronuncie nuevamente frente a mi petición de traslado, teniendo en
cuenta únicamente los requisitos establecidos en la Ley 771 de 2000, esto es,
sin exigencia de la condición dispuesta en el Acuerdo PCSJA 17-10754 del 18
de septiembre de 2017, en cuanto a la especialidad y emita CONCEPTO
FAVORABLE”.

4. Pruebas relevantes

Con la acción de tutela se allegaron los siguientes documentos:

 Solicitud de traslado de fecha 2 de septiembre de 2021, dirigida al Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico.
 Copia de las Resoluciones No. CSJATR21-2795 de 8 de septiembre de
2021 y No. CJR21-1122 de 21 de diciembre de 2021, proferidas por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial.
 Formato de calificación en el cargo de Secretaria que ocupa en
provisionalidad en el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31
de diciembre de 2020, en el que se le otorgó un puntaje total de 97 puntos.

5. Trámite procesal

La acción de tutela fue radicada por la actora el 24 de enero de 2022 y
correspondió inicialmente al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “C”, que
mediante auto de 2 de febrero de 2022 ordenó remitir el asunto al Consejo de
Estado, con el fin de dar cumplimiento a las reglas de reparto señaladas en el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

Por auto de 7 de febrero de 2022, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar a la accionante y a las autoridades
administrativas accionadas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Además, se ordenó la publicación de la providencia en la página web
del Consejo de Estado para el conocimiento de todos los terceros interesados.

En el mismo auto se negó la medida provisional solicitada consistente en “ordenar
al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, se abstenga de publicar la
vacante del cargo de Oficial Mayor / Sustanciador del Juzgado Once Laboral del
Circuito de Barranquilla, hasta que se decida de forma definitiva la presente acción
constitucional”, teniendo en cuenta que de lo manifestado en el escrito de tutela y
el material probatorio allegado con la demanda, no se encontró acreditada la
necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida provisional, ya que
no se observa de manera preliminar un riesgo inminente de afectación a los
derechos fundamentales invocados por la parte demandante que amerite la
intervención urgente del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.

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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
15648 a 15652 de 10 de febrero de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión2.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura

En escrito de 11 de febrero de 2022, la Directora de la Unidad solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela dado que no cumple con el requisito de la
subsidiariedad y porque tampoco se vulneró o puso en amenaza alguno de los
derechos fundamentales invocados por la actora, pues en el trámite y resolución
de la solicitud de traslado siempre se observó la garantía del debido proceso y el
cumplimiento de las normas que orientan el procedimiento de traslados, dado que
el concepto negativo está fundado en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.

Indicó que en el presente caso, la acción de tutela tiene por objeto dejar sin
efectos los conceptos desfavorables de traslado como servidora de carrera
judicial. En este sentido, manifestó que los actos administrativos demandados son
susceptibles de control de legalidad ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, por lo que si la accionante considera que dichas decisiones no se
ajustan a derecho, debe ventilar su inconformidad frente al juez natural del asunto,
en donde puede solicitar, como medida provisional, la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos.

Sostuvo que tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable,
teniendo en cuenta que la señora Diana Mailud Vélez Ascanio actualmente se
encuentra nombrada en propiedad en el cargo de oficial mayor del Juzgado
Décimo Penal del Circuito de Barranquilla, gozando de todas las acreencias
laborales que su cargo le asigna, aunado al hecho de que tiene la posibilidad de
presentar nuevas solicitudes traslado por su calidad de servidora de carrera.

En cualquier caso, mencionó que la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no ha violado ni amenazado
derecho fundamental alguno, en atención a que, contrario a lo afirmado por la
accionante, “no es posible emitir concepto previo favorable de traslado, pues en su caso
no se cumplen con los presupuestos exigidos por el artículo 134 de la Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia y en el Acuerdo PCSJA17-10754. Se arribó a la anterior
conclusión teniendo en cuenta que el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia señala que ‘Se produce traslado cuando se provee un cargo
con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la
misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta
sede territorial”.

2 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas:
dianavelezascanio@hotmail.com; dveleza@cendoj.ramajudicial.gov.co;
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co; cexposiv@cendoj.ramajudicial.gov.co;
dsajbnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; psacsjbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co;
carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Además, adujo que el Consejo Superior de la Judicatura en el inciso final del
artículo décimo séptimo del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, previó que:
“Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá
observarse para la expedición de concepto favorable de traslado, la especialidad y
jurisdicción a la cual se vinculó en propiedad, salvo para escribientes y citadores,
quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones”.

Por lo anterior, sostuvo que el reglamento no contempla la posibilidad de emitir
concepto favorable de traslado del cargo de oficial mayor y/o sustanciador del
Juzgado Décimo Penal del Circuito de Barranquilla, que pertenece a la
especialidad penal, al cargo de oficial mayor y/o sustanciador del Juzgado Once
Laboral del Circuito de Barranquilla.

Aseguró que para el caso de la demandante, otra de las causales sobre las que se
cimentó el concepto desfavorable fue la falta de afinidad entre el cargo en
propiedad en relación con el cargo de aspiración para el traslado.

Por último, concluyó que “la decisión adoptada no desconoce los derechos a la
igualdad o de carrera pues por una parte, de acceder al traslado solicitado se
desconocería la normatividad vigente y se vulneraría el derecho a la igualdad de
los integrantes del registro de elegibles que optaron por el cargo y de los demás
servidores judiciales que soliciten traslado y cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y por otra como servidora
judicial en carrera, tiene derecho a presentar nuevas solicitudes de traslado”.

6.2. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico

En escrito de 14 de febrero de 2022, la Presidenta del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico pidió que se nieguen las pretensiones formuladas en el
escrito de tutela, al considerar que actuó en ejercicio de sus competencias y para
proferir el concepto desfavorable de traslado hizo un análisis correcto de las
normas que regulan ese particular, por lo que existe una debida motivación en el
acto administrativo.

Indicó que la decisión se sustentó en el Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 18 de
septiembre de 2017, que establece el requisito de la especialidad para los cargos
distintos a citador y escribiente, el cual fue proferido por el superior jerárquico y se
presume legal, hasta tanto no haya sido anulado por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, razón por la cual esta Seccional debe sujetarse a lo allí
establecido.

Manifestó que si bien la norma reguladora del concurso de méritos en el que
participó la actora no contemplaba distinción alguna en cuanto a la especialidad, lo
cierto es que el acuerdo que reglamenta lo relacionado con los traslados es
distinto, por lo que si es posible efectuar tal exigencia.

Por último, mencionó que la sentencia de 30 de octubre de 2019, de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, traída a colación en el escrito de tutela, fue
revocada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado en
decisión de 16 de diciembre de 2019, al considerar que la acción de tutela no
cumplió el requisito de la subsidiariedad.
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En este orden de ideas, concluyó que, contrario a lo expuesto por la actora, su
experiencia en la especialidad laboral no es un requisito ni un aspecto que deba
tenerse en cuenta al proferir el concepto de traslado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela resulta procedente para
analizar las decisiones adoptadas frente a la solicitud de traslado de la actora,
concretamente, las Resoluciones No. CSJATR21-2795 de 8 de septiembre de
2021 y No. CJR21-1122 de 21 de diciembre de 2021, proferidas en su orden por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

En caso afirmativo, se debe verificar si el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a la carrera administrativa de la señora Diana Mailud Vélez
Ascanio, al emitir los mencionados actos administrativos, dado que exigen un
requisito para el traslado que no está contemplado en el artículo 134 de la Ley 270
de 1996, consistente en que el juzgado al que solicita ser trasladada sea de la
misma especialidad que aquel en el que está nombrada en propiedad.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos

El artículo 86 de la Constitución Política, establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para
evitar un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

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En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos”3, toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador
estableció diferentes medios de control en la jurisdicción contencioso
administrativa, que se presumen idóneos para restablecer el derecho conculcado .

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

Dentro del marco expuesto, es importante tener en cuenta que la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y
excepcional de la tutela, por lo que, en principio, no constituye el mecanismo
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas. Al respecto, en la
sentencia T-514 de 2003, reiterada por las sentencias T-451 de 2010 y T-956 de
2011, expresó lo siguiente:

“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como
mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como
quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su
defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la
aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que
el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991), mientras se surte el
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2014, consideró que no todo perjuicio
irremediable conduce a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio,
pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no
provenga de una acción legítima de la autoridad contra quien se interpone, que en
términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materia, tanto
de la Corte Constitucional como de esta Corporación, han denominado
presupuestos de procedibilidad.

Precisado lo anterior, se observa que, con la finalidad de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia, el cual se puede ver afectado por la
extensa duración de los procesos ante la jurisdicción Contencioso Administrativa,
a petición del interesado, debidamente sustentada en el respectivo medio de
control, el Juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias
para salvaguardar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.

3 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Demandante: DIANA MAILUD VÉLEZ ASCANIO

Al respecto, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en las
acciones contencioso administrativas como un mecanismo de defensa provisional,
idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio irremediable, razón por
la que es deber del actor agotar dicho medio, en primer término, debido a la
naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según el artículo 230, las
medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando se ordene la adopción de
una decisión administrativa con el fin de evitar un perjuicio irremediable o la
agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez ordena mantener la
situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la
conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se ordene la
adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se ordene
suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

El artículo 231 de la misma normatividad contempla los requisitos que deben
acreditarse para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de
suspensión provisional o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo demandado, ésta procederá por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada,
que surja del análisis y confrontación del acto con las normas superiores
invocadas como vulneradas o del estudio de las pruebas del expediente. Así
mismo, cuando se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios, deberá acreditarse la existencia de aquellos.

De acuerdo con el artículo 234 del CPACA, las medidas cautelares de urgencia
pueden ser adoptadas por el Juez o Magistrado desde la presentación de la
solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie que
por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 ib.

En suma, la acción de tutela no es el medio judicial idóneo para debatir la
legalidad de actos administrativos, pues para el efecto el CPACA establece
diferentes medios de control en los que son procedentes las medidas cautelares
contempladas en dicha normatividad. Solo en casos muy excepcionales, en los
que sea evidente la configuración de un perjuicio irremediable o que el mecanismo
de defensa judicial ordinario no goza de la idoneidad requerida, le corresponde al
juez constitucional restablecer los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Del asunto bajo examen

La accionante manifiesta su desacuerdo con las Resoluciones No. CSJATR21-
2795 de 8 de septiembre de 2021 y No. CJR21-1122 de 21 de diciembre de 2021,
proferidas, en su orden, por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, que dieron concepto negativo a la solicitud de traslado del cargo de
oficial mayor y/o sustanciadora del Juzgado Décimo Penal del Circuito de
Barranquilla al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Barranquilla.

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Demandante: DIANA MAILUD VÉLEZ ASCANIO

4.2. De la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto4

La Sala precisa que si bien es cierto que el derecho al traslado no tiene la
connotación de derecho fundamental al ser de naturaleza legal5, su
desconocimiento puede acarrear, en determinados casos, la vulneración de algún
derecho de naturaleza constitucional, tal como lo plantea la accionante al indicar
que si bien las decisiones que pide dejar sin efectos son susceptibles de control a
través del mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho, la razón jurídica
que tuvieron las autoridades demandadas al emitir el concepto desfavorable frente
a la solicitud de traslado que presentó, pueden desconocer sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la carrera administrativa.

Así mismo, con el propósito de verificar si la presente acción resulta procedente o
no, la Sala considera oportuno referirse a la idoneidad y/o eficacia del medio de
defensa con que cuenta la actora, en consideración a las circunstancias en que se
encuentra.

Esta Sala6, en algunos casos en los que se ha analizado la procedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular, ha señalado
que, en principio, el medio de control que resulta idóneo es el de nulidad y
restablecimiento del derecho en donde se cuenta además con la posibilidad de
hacer uso de la figura de la suspensión provisional de los actos, para evitar un
posible perjuicio irremediable.

Sin embargo, también ha establecido que no basta con la existencia del medio
ordinario de defensa judicial, pues habrá que determinar caso a caso7, (i) si este
es idóneo y eficaz (mecanismo definitivo) y (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable que ponga en riesgo la afectación de los derechos fundamentales de
las personas (mecanismo transitorio).

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido, por regla general, que
no procede la acción de tutela en contra de los actos administrativos de carácter
particular y concreto, pues el debate en torno a su legalidad con ocasión de su
aplicación o interpretación corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo8. No obstante, “tratándose de actos administrativos de carácter
particular y concreto que presuntamente lesionan los derechos de la carrera
judicial, (…) ha aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela como
mecanismo definitivo, a fin de salvaguardar el principio del mérito, toda vez que ‘es
el único criterio que debe regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la
carrera judicial’9”10.

4 En general se reiterarán las razones expuestas por esta Sala en la sentencia de 1 de agosto de

2019, exp. No. 11001-03-15-000-2019-02714-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 Derecho consagrado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1 de la

Ley 771 de 2002.
6 Sección Cuarta, sentencias de 10 de marzo de 2022, exp. No. 11001-03-15-000-2021-07529-00 y

de 24 de marzo de 2022, exp. No. 11001-03-15-000-2022-00296-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
7 Sentencia T-161 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís (E).
8 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Reiteración de

las sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y T-368 de 2008, entre otras.
9 Corte Constitucional, sentencia T- 488 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Corte Constitucional, sentencia T-302 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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En ese orden de ideas, en el caso bajo examen, el concepto desfavorable emitido
por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, confirmado por la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, si
bien podría controvertirse en sede ordinaria de conformidad con las causales de
nulidad que la actora considere pertinentes de conformidad con el previsto en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, para este específico caso del traslado que
está solicitando la actora como servidora de carrera administrativa de la Rama
Judicial y que puede comprometer los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a la carrera administrativa, a juicio de la Sala, no sería un medio
de defensa judicial idóneo y eficaz en los términos propuestos por la parte actora,
por las siguientes razones:

 El trámite que se da a las solicitudes de traslado es breve y perentorio, pues de
conformidad con el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017
(art. 17), el servidor de carrera debe presentar la correspondiente solicitud
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. A su turno, los
Consejos Seccionales o Superior de la Judicatura, de conformidad con las
funciones atribuidas en virtud de la Ley 270 de 1996 y del reglamento interno
de la corporación respectiva, dentro de los tres (3) días siguientes a que las
vacantes de los empleados de Tribunales se producen, deben publicarlas
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.

 En el asunto bajo examen, se trata de una (1) vacante disponible en el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Barranquilla, lo que hace que las
posibilidades sean aún más reducidas y que se pueda perder la opción de
traslado que solicita.

Precisado lo anterior, es claro que en este caso concreto de no estudiarse el
asunto de fondo conforme a los argumentos expuestos por la accionante que,
como empleada de carrera le asisten, como lo es la posibilidad de optar por un
traslado horizontal, podrían estar siendo desconocidos sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la carrera administrativa,
teniendo en cuenta que para la fecha en que se defina en sede ordinaria sobre la
motivación que tuvo la administración para dar su concepto desfavorable de
traslado, muy seguramente el cargo estaría provisto de manera definitiva, o
hubiera sido ofertado para ser ocupado en propiedad.

De esta manera, la acción de tutela se impone como mecanismo de defensa
judicial definitivo para resolver la controversia propuesta por la demandante en la
que pretende el amparo de las referidas garantías constitucionales, por lo que la
Sala efectuará el estudio de fondo propuesto en la solicitud de amparo.

En cualquier caso, el análisis de las inconformidades expuestas por la actora no
implica un estudio de los actos administrativos, en punto de su legalidad, sino la
verificación de la posible vulneración de sus derechos fundamentales, se reitera,
en los términos propuestos en el escrito de tutela, por lo que nada impide que la
demandante pueda cuestionarlos a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a partir de las causales de nulidad consagradas en la
Ley 1437 de 2011.

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4.3. Las autoridades demandadas con la expedición del concepto
desfavorable de traslado de la señora Diana Mailud Vélez Ascanio, no
vulneraron sus derechos fundamentales

4.3.1. De conformidad con el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el
artículo 1 de la Ley 771 de 2002, “Se produce traslado cuando se provee un
cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de
funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos
requisitos, aunque tengan distinta sede territorial (…)”, y procede, entre otras
razones, según el numeral 3 de dicha disposición, cuando lo solicite un servidor
público de carrera para un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva,
evento en el cual deberá resolverse la petición antes de abrir la sede territorial
para la escogencia de los concursantes.

En desarrollo de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017, en el que en relación
con el traslado de servidores de carrera y la evaluación y concepto, dispone lo
siguiente:

“ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. TRASLADOS DE SERVIDORES DE CARRERA.
Los servidores judiciales de carrera, podrán solicitar traslado a un cargo de carrera
que se encuentre vacante en forma definitiva, tenga funciones afines, sea de la
misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos.

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. EVALUACIÓN Y CONCEPTO. Presentada la
solicitud, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, o el Consejo Seccional de
la Judicatura, según sea la competencia, efectuará la evaluación sobre la situación del
solicitante, teniendo en cuenta entre otros criterios la última evaluación de servicios en
firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado”.

El artículo 17 del citado acto administrativo, dentro de las disposiciones comunes,
se refiere al término y a la competencia para la solicitud de traslado, en los
siguientes términos:

“ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. TÉRMINO Y COMPETENCIA PARA LA
SOLICITUD DE TRASLADO: Los servidores judiciales en carrera, deberán presentar
por escrito, las correspondientes solicitudes de traslado como servidor de carrera,
salud y razones del servicio, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada
mes, de conformidad con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial o los Consejos Seccionales, según
corresponda, a través de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co,
salvo lo dispuesto en el artículo vigesimotercero del presente acuerdo que trata sobre
la publicación de las vacantes en el mes de enero.

Las solicitudes de traslados recíprocos y de seguridad, podrán presentarse en
cualquier momento siempre que se alleguen todos los requisitos exigidos.

Las solicitudes de traslado presentadas por magistrados de tribunal, de salas
jurisdiccionales disciplinarias o comisiones seccionales de disciplina judicial y de
consejo seccionales con excepción de las de seguridad, deberán dirigirse y
presentarse ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial para el respectivo
trámite y concepto ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Cuando se trate de servidores judiciales cuyas sedes estén adscritas a un mismo
Consejo Seccional de la Judicatura, la solicitud de traslado como servidor de carrera,

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de salud y recíprocos deberá allegarse en el mismo término referido en los artículos
anteriores, ante el consejo seccional, para el correspondiente concepto.

Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados, deberá
observarse para la expedición de concepto favorable de traslado, la especialidad
y jurisdicción a la cual se vinculó en propiedad, salvo para escribientes y
citadores, quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones”.

Así mismo, es importante destacar que en las disposiciones comunes, aplicables
tanto a empleados como a funcionarios judiciales, el artículo 24 del Acuerdo
también incorpora una tabla de afinidades para decidir sobre las peticiones de
traslado, “a fin de determinar si existe similitud entre el cargo de origen y el cargo
de destino”11.

“ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Tabla de afinidades. Para decidir sobre las
peticiones de traslado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, se deberá observar la siguiente tabla de
afinidades.

Parágrafo. Cuando el servidor judicial haya participado y aprobado una convocatoria
dentro de la cual fue escalafonado en una determinada especialidad y luego solicite
traslado según la tabla de afinidades, con posterioridad a ello también podrá regresar
a la especialidad para la cual concursó y aprobó, como se desprende del artículo 164
de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”.

De conformidad con lo expuesto, la posibilidad de acceder a un traslado
horizontal, en los términos del artículo 134 de la Ley 270 de 1996, hace parte de
los derechos de la carrera judicial y consiste en la facultad del servidor judicial de
ser trasladado del cargo que ocupa en carrera a otro que se encuentre vacante en
forma definitiva, por razones de reciprocidad, seguridad, de salud o de simple
conveniencia del servidor judicial, siempre que dicho cargo tenga funciones afines,
que sea de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos.

Así mismo, debe indicarse que, para este caso concreto, el traslado se rigió por lo
previsto en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo No. PCSJA 17-

11 Corte Constitucional, sentencia T-302 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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10754 de 18 de septiembre de 2017, por lo que la solicitud y adopción debe
ajustarse al procedimiento y a los requisitos objetivos que allí se fijan.

4.3.2. En el asunto bajo examen, la accionante presentó solicitud de traslado y el
trámite adelantado fue el siguiente: (i) emisión de concepto desfavorable por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico; (ii) presentación del recurso de
apelación de la actora contra esa decisión; (iii) expedición del acto administrativo
por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura en el que confirmó la decisión emitida en primera instancia, con el que
culminó la actuación que debía surtirse en relación con este tipo de solicitud.

Ahora bien, la decisión que adoptó la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura se sustentó en que de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 17 y 24 del Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 18 de
septiembre de 2017, para que se dicte concepto favorable de traslado no basta
que los cargos sean de la misma categoría, e incluso que exijan los mismos
requisitos para su desempeño y devenguen la misma asignación salarial, sino que,
adicionalmente, se debe cumplir con dos requisitos más, a saber: (i) que se trate
de la misma especialidad y jurisdicción y (ii) que exista afinidad entre el cargo
en propiedad y el cargo de aspiración para el traslado, este último también
consagrado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996.

Así mismo, indicó que de conformidad con la sentencia C-295 de 2012, al
momento de resolver solicitudes de traslado para una vacante definitiva “deberán
existir elementos objetivos para la selección del servidor que podrá ser
beneficiado con el traslado, basado en las condiciones de ingreso a la carrera
judicial y en los resultados de las evaluaciones en el desempeño de la función de
cada uno de los solicitantes, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la
Ley Estatutaria” (negrillas de la Sala).

Enseguida, en cuanto al requisito de la especialidad y jurisdicción en el caso de
la actora, refirió que no era posible “emitir concepto favorable de traslado del cargo
de oficial mayor y/o sustanciador del Juzgado Décimo Penal del Circuito de
Barranquilla, que pertenece a la especialidad penal al cargo de oficial mayor y/o
sustanciador del Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla que conoce de
la especialidad laboral”, para lo cual se sustentó en el Acuerdo No. PCSJA17-
10754 de 18 de septiembre de 2017, reseñado en precedencia.

Por otro lado, indicó que dicho acuerdo “estableció la tabla de afinidades que
debe ser tenida en cuenta para el estudio de las solicitudes de traslado, siendo
obligatoria su aplicación tal y como está prevista, sin que sea posible considerar el
interés particular de quien solicita el traslado o las interpretaciones no permitidas
en el ordenamiento jurídico”.

En efecto, luego de analizar la tabla de afinidades, aseguró que tampoco existe
similitud entre el cargo ocupado en propiedad y el cargo de aspiración para el
traslado en los términos del artículo 17 del Acuerdo No. PCSJA17-10754 de 18 de
septiembre de 2017, “por cuanto se pretende un traslado desde un despacho que
conoce asuntos en materia penal a uno con conocimiento en laboral; y este tipo de
traslado no se encuentra contemplada en el citado artículo vigésimo cuarto del
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017”.
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Así mismo, precisó que el requisito de la afinidad, para efectos del traslado, se
debe analizar desde el cargo para “el cual fue escalafonado el empleado judicial,
independientemente de si cuenta con las aptitudes para desempeñar otro empleo”,
es decir, lo que determina el cumplimiento del elemento es el cargo en el que el
servidor judicial fue nombrado en propiedad porque así lo establece el artículo 17
del Acuerdo No. PCSJA17–10754 de 18 de septiembre de 2017.

De conformidad con lo anterior, resolvió confirmar el concepto desfavorable de
traslado como servidor de carrera emitido por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico por medio de la Resolución No. CSJATR21-2795 de 8 de
septiembre de 2021, dado que no se cumplieron los requisitos establecidos en el
artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y los artículos 17 y 24 del Acuerdo No.
PCSJA17–10754 de 18 de septiembre de 2017, en concreto, el de especialidad y
jurisdicción, y el de afinidad.

4.3.3. Para la Sala, la decisión de emitir concepto desfavorable para el traslado de
la actora no vulneró los derechos fundamentales invocados, pues se sustentó en
el incumplimiento de los requisitos de especialidad y afinidad fijados en los
artículos 17 y 24 del Acuerdo PCSJA17–10754 de 18 de septiembre de 2017 y
134 de la Ley 270 de 1996, toda vez que el cargo en el que fue nombrada en
propiedad el 7 de junio de 2017 en el Juzgado Décimo Penal del Circuito de
Barranquilla, no tiene la misma especialidad y jurisdicción del solicitado, esto es, el
Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, ni tampoco resulta similar
según la tabla de afinidades expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

Además, cabe resaltar que el análisis efectuado por las autoridades
administrativas demandadas fue acertado, pues la determinación de los elementos
objetivos del traslado se hizo teniendo como parámetro el cargo en el que se
encuentra nombrada la señora Vélez Ascanio al cual se vinculó en propiedad.

Al respecto, valga indicar que el inciso final del artículo 17 del Acuerdo PCSJA17–
10754 de 18 de septiembre de 2017, señala que “[t]ratándose de solicitudes de
traslado para los cargos de empleados, deberá observarse para la
expedición de concepto favorable de traslado, la especialidad y jurisdicción
a la cual se vinculó en propiedad, salvo para escribientes y citadores,
quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones”, requisitos de especialidad y
jurisdicción que fueron justamente los que se tuvieron en cuenta para expedir el
concepto desfavorable de traslado.

Ahora bien, no se puede desconocer que esta Sección en sentencia de 30 de
octubre de 2019, mencionada por la actora en el escrito de tutela, amparó el
derecho fundamental al debido proceso, los derechos de carrera y los principios
de confianza legítima y buena fe, de una servidora en carrera judicial que solicitó
el traslado del cargo de oficial mayor de la Sala Laboral a la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial Manizales, en la que se ordenó que se
emitiera un nuevo concepto con el fin de que se tuviera en cuenta “que las
calidades de la accionante y su experiencia son en el área penal, pues la realidad
es que su vinculación en la Sala Laboral pese a ser el empleo que ocupa en
carrera administrativa ha sido prácticamente por dos dias, y por el contrario, su
amplio conocimiento en el área penal [-de más de 20 años-] es un aspecto que

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debe analizarse al momento de verificar el cumplimiento del requisito de la
"especialidad" para poder optar por el traslado pretendido”12.

Sin embargo, para la Sala en el caso bajo estudio existe una diferencia de tipo
normativo, pues aun cuando la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura se apoyó en el mismo Acuerdo PCSJA17–
10754 de 18 de septiembre de 2017, en aquel entonces solo lo hizo de
conformidad con lo previsto en el artículo 17, sin incluir en el análisis lo relativo a
la tabla de afinidades contenido en el artículo 24 del mismo acto administrativo,
disposiciones a partir de las cuales concluyó, en el caso de la ahora demandante,
que no era procedente emitir un concepto favorable para traslado de un juzgado
con la especialidad penal a uno laboral (especialidad y jurisdicción), a lo que
agregó que tampoco existe similitud entre el cargo ocupado en propiedad y el de
aspiración para el traslado (afinidad), valoración que se torna razonable, en
perspectiva constitucional, y que no compromete los derechos fundamentales
invocados por la parte actora en el escrito de tutela.

Así mismo, la Sala destaca que en otro caso13, en el que se controvirtió un acto
administrativo que rindió concepto negativo para el traslado del cargo de Juez
Promiscuo del Circuito de Abejorral (Antioquia) al de Juez Cuarto de Familia de
Medellín, se accedió al amparo constitucional y se ordenó realizar un nuevo
estudio de la solicitud de traslado, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo
señalado en los artículos 11 y 22 de la Ley 270 de 1996, el juez promiscuo tenía
asignado dentro de sus funciones el trámite y juzgamiento de asuntos
pertenecientes a la especialidad de Derecho de Familia.

Ese caso difiere, igualmente desde el punto de vista normativo del que ahora es
objeto de estudio, en que el fundamento de la decisión administrativa fue la
Circular PSAC11-31 del 28 de junio de 2011, relativa a la afinidad de los cargos,
marco reglamentario que no fue aplicado en el análisis del concepto del traslado
de la ahora demandante, el cual se apoyó, como se indicó en precedencia, en el
Acuerdo PCSJA17–10754 de 18 de septiembre de 2017, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.

De este modo, es claro que el caso de la señora Diana Mailud Vélez Ascanio no
se adecúa a los precedentes mencionados dada la diferencia normativa que se
presenta, por lo que dando aplicación a la técnica de la distinción o distinguish14
12 Exp. No. 11001-03-15- 000-2019-02714-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 2 de octubre de 2019, exp. No. 11001-03-15-

000-2019-03351-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14La técnica de distinguishing resulta aplicable cuando existan razones fundadas para no seguir un

precedente que a priori resulta vinculante y continúa vigente, la distinción no supone un
desconocimiento de la jurisprudencia, sino una diferenciación que puede llevar a la creación de una
nueva línea jurisprudencial, con base en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten
la diferenciación. Esta técnica se distingue del overruling en que no pretende dar un giro o corregir
una línea de decisión, dado que la regla establecida en la sentencia de la que cual se aparta
permanece incólume. En: Lancheros-Gámez, Juan Carlos, El precedente constitucional en
Colombia y su estructura argumentativa, síntesis de las experiencias de un sistema de control
mixto de Constitucionalidad a la luz de la sentencia T-292 de 2006 de la Corte Constitucional, en:
Díkaion, Revista de fundamentación Jurídica, Año 26- Núm. 21 Vol. 1 /1-325, junio de 2012. Ver
también: Corte Constitucional, sentencias T-775 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-292 de
2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y SU- 047 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
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del precedente judicial, es posible arribar a una conclusión diferente en el asunto
objeto de estudio, en el sentido de negar las pretensiones formuladas en la acción
de tutela, teniendo en cuenta que el concepto negativo de traslado se sustentó de
manera razonable en el marco normativo aplicable, en concreto los artículos 134
de la Ley 270 de 1997 y 17 y 24 del Acuerdo PCSJA17–10754 de 18 de
septiembre de 2017, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que
no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora.

Por las razones expuestas, la Sala denegará las pretensiones de la acción de
tutela promovida por la señora Diana Mailud Vélez Ascanio.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora Diana Mailud Vélez Ascanio, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
ACLARA EL VOTO

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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