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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00883-01

Materia: el accionante ya fue incluido en la nómina de pensionados

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00883-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00883-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202200883 01

Accionante: RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

ACCIÓN DE TUTELA – CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN DE
MATERIA – El accionante ya fue incluido en la nómina de pensionados.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionada
contra la sentencia de 18 de febrero de 2022, mediante la cual la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado resolvió:

1o) Ampáranse los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso
administrativo, la vida en condiciones de dignidad humana y en conexidad con
el derecho a la seguridad social del señor Ramón González González.

2o) En consecuencia, suspéndense provisionalmente los efectos jurídicos de la
Resolución no. 001 de 26 de enero de 2022 por medio de la cual en
cumplimiento de la decisión de la Sala Plena de esa Corporación la presidenta
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca retiró del servicio activo al señor
Ramón González González como Juez Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Buga, hasta tanto la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones haga efectiva su inclusión en la nómina de pensionados ordenada
a partir del 1° de marzo de 2022 en la Resolución no. SUB-35470 de 9 de
febrero de 2022 proferida por esa autoridad. En cumplimiento de esta decisión
el actor deberá continuar prestando sus servicios con normalidad hasta la
referida fecha.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Ramón González González instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la magistrada Patricia Feuillet Palomares, por

1

Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital. El tutelante elevó las siguientes pretensiones
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

Respetuosamente solicito al Honorable Consejero que proteja mis derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital, los que se
encuentran evidentemente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, a través de su Presidenta, la Dra. Patricia Feuillet Palomares.

De otra parte, se solicitó, como medida provisional, que se decretara la suspensión
“del retiro del servicio ordenada a este servidor judicial a partir del 10 de febrero de
2022 y solo se produzca hasta cuando la Administradora Colombiana de Pensiones
– COLPENSIONES expida la resolución de ingreso a la nómina de pensionados”.

2. Hechos relevantes

Mediante Resolución SUB-307805 de 19 de noviembre de 2021, la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones le reconoció al señor Ramón González
González, Juez Tercero Administrativo de Buga (Valle del Cauca), su pensión de
vejez.

El 1º de febrero de 2022, el tutelante le presentó a la magistrada Patricia Feuillet
Palomares –presidenta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca– la
correspondiente renuncia para que se hiciera efectiva a partir del 1º de mayo de
2022, en aplicación del artículo 3º del Decreto 2245 de 2012, compilado en el
artículo 2.2.8.6.3 del Decreto 1833 de 2016.

No obstante lo anterior, la presidenta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
le comunicó que, por Resolución 001 de 26 de enero de 2022, se había decidido
retirarlo del servicio, a partir del 10 de febrero de 2022 –día siguiente al cumplimiento
de la edad de retiro forzoso–, “… un hecho que jurídicamente no ha acaecido y sin
hacer mínima referencia a los argumentos presentados en mi renuncia”.

Manifestó el tutelante que, sin estar de acuerdo con la Resolución No. 001 del 26
de enero de 2022, el 2 de febrero de 2022 presentó copia de esa decisión a
Colpensiones para que se le informara el mes en el que sería incorporado en la
nómina de pensionados.

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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Alegó el señor González González que la autoridad accionada vulneró su derecho
al debido proceso, porque no tuvo en cuenta el procedimiento establecido en el
artículo 3º1 del Decreto 2245 de 2012.

Refirió que, si bien es cierto que el artículo 1º de la Ley 1821 de 2016 dispone que
cuando el servidor judicial cumpla la edad de retiro forzoso debe darse su retiro
inmediato, también lo es que no debe entenderse, como lo hizo el tribunal, que “es
el siguiente del día en que cumplo los 70 años, es decir, a partir del 10 de febrero
de 2022”, porque “armonizando la protección de derechos fundamentales y el
procedimiento establecido por la ley para el retiro del servicio por esta causa leal, el
retiro se debe producir el día anterior al mes en que la Administradora de Pensiones
me incluya en nómina de pensionados, para que no se presente solución de
continuidad…” y, además, porque “no puede invocar como causal de retiro un hecho
futuro e incierto, porque el 9 de febrero aún no ha llegado y hoy, mañana o pasado
o cualquier día antes del nueve de febrero de 2022 me puedo morir y la causa del
retiro sería otra…”.

Dijo que con la expedición de la Resolución No. 001 de 26 de enero de 2022, se le
desconoció su derecho a la seguridad social, habida cuenta de que “…me ha
lanzado a un limbo de desprotección social toda vez que con este arbitrario acto
administrativo quedo sin protección social a partir del 10 de febrero de 2022”.

Finalmente, sostuvo que la decisión del tribunal atenta contra su derecho al mínimo

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Artículo 3. Trámite en el Caso de Retiro con Justa Causa. En caso que el empleador haga uso
de la facultad de terminar el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, para garantizar
que no exista solución de continuidad entre la fecha de retiro y la fecha de la inclusión en la nómina
de pensionados, el empleador y la administradora o entidad reconocedora deberán seguir el
siguiente procedimiento:
a) El empleador deberá informar por escrito a la administradora o a la entidad que efectuó el
reconocimiento de la pensión, con una antelación no menor a tres (3) meses, la fecha a partir de
la cual se efectuará la desvinculación laboral, allegando copia del acto administrativo de retiro del
servicio o tratándose de los trabajadores del sector privado, comunicación suscrita por el
empleador en la que se indique tal circunstancia. La fecha en todo caso será la del primer día del
mes siguiente al tercero de antelación.
b) La administradora o la entidad que efectuó el reconocimiento de la pensión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación de que trata el literal anterior, deberá
informar por escrito al empleador y al beneficiario de la pensión la fecha exacta de la inclusión en
nómina general de pensionados, la cual deberá observar lo dispuesto en el literal anterior. El retiro
quedará condicionado a la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados. En todo caso,
tratándose de los servidores públicos, salvo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y
las excepciones legales, no se podrá percibir simultáneamente salario y pensión.
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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

vital, bajo el entendido de que tiene obligaciones económicas que no podrá atender
el mes de febrero de 2022 ni los meses siguientes hasta que Colpensiones lo incluya
en la nómina de pensionados, desconociendo que “… el servidor judicial debe ser
retirado del servicio cuando llegue a la edad de retiro forzoso, pero sin vulnerar,
como lo hace en este caso la presidente del Tribunal Administrativo del Valle, Dra.
Patricia Feuillet Palomares, mis derechos fundamentales de rango superior”.

3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

3.1. Mediante auto de 7 de febrero de 2022, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, decretó la medida provisional
solicitada por el tutelante –suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución No.
001 de 26 de enero de 20222–, ordenó notificar a las entidades accionadas y vinculó,
como terceros con interés, al Director de la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y al Director de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca, los que se pronunciaron en los
siguientes términos:

3.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca informó que para la expedición
del acto de retiro del señor González González se efectuó una valoración razonada
tanto de sus condiciones particulares, como del artículo 1º de la Ley 1821 de 2016
y de algunos pronunciamientos del Consejo de Estado (sentencia 2018-01750 de
2019) y de la Corte Constitucional (T-360 de 2017); que dicho análisis permitió
concluir que (trascripción literal):

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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expidió la Resolución No. 07 de 9 de febrero de 2022,
en la que dispuso:

PRIMERO: En cumplimiento a la orden impartida por el Honorable Consejo de Estado a través
de auto de fecha 07 de febrero de 2022 proferido dentro de la acción de tutela tramitada en el
expediente número 11001-03-15-000-2022-00883-00, SUSPÉNDANSE
PROVISIONALMENTE Y HASTA TANTO SE RESUELVA EN SENTENCIA DICHA ACCIÓN
DE TUTELA, los efectos jurídicos de la Resolución número 0001 del 26 de enero de 2022
«POR MEDIO DE LA CUAL SE RETIRA DEL SERVICIO A UN FUNCIONARIO POR EDAD
DE RETIRO FORZOSO», expedida por la Presidencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y por la cual se ordenó el retiro del servicio del doctor Ramón González González como
juez tercero administrativo de Buga, a partir del día diez (10) de febrero de dos mil veintidós
(2022).
SEGUNDO: COMUNICAR lo aquí dispuesto al Honorable Consejo de Estado, al doctor Ramón
González González, a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca, al Área de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial y a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para
lo de su cargo.
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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

… el doctor Ramón González González quien funge como juez tercero
administrativo de Buga, llegará a la edad de retiro forzoso el 9 de febrero de
2022, causal legal y objetiva de retiro del servicio, verificando que ya se había
expedido la RESOLUCIÓN de Colpensiones NÚMERO RADICADO No.
2021_7868486-307 -805 del 19 de noviembre de 2021, en la que le reconocen
su pensión de vejez, aclarando que el mismo acto administrativo supeditó la
inclusión en nómina a partir de la radicación del acto de retiro. En dichas
condiciones (…) los derechos fundamentales del accionante se encuentran
garantizados ya que como lo contiene la resolución pensional Colpensiones,
estaba a la espera de la comunicación del acto de retiro, actuación que el
Tribunal ya realizó, sin que entre el retiro del servidor y la inclusión en nomina
se afecten sus derechos, logrado garantizar el derecho fundamental al mínimo
vital.

En ese contexto, sostuvo que lo pretendido por el tutelante “es mantenerse en el
servicio a pesar de llegar a la edad de retiro forzoso, a pesar de que su situación
pensional se encuentra definida y garantizada, actuación en la que el tribunal tomó
las decisiones legales, garantizando que las condiciones del accionante en cuanto
a la protección de su mínimo vital estén aseguradas”.

3.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del
Cauca, señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales del tutelante, bajo
el entendido de que “nuestra competencia radica en dar cumplimiento a las
decisiones de carácter administrativas que adopten los nominadores de los
funcionarios judiciales, que frente al subjudice, se suspendió la decisión de retiro,
en cumplimiento de la medida provisional otorgada en el presente trámite”.

3.4. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se le
desvincule de la presente actuación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no tiene competencia administrativa ni funcional para resolver las
solicitudes del tutelante, pues ello corresponde únicamente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Sin perjuicio de lo anterior, indicó que, en atención a la medida cautelar decretada
en el auto admisorio, “… mediante resolución SUB 35470 del 09 de febrero de 2022
dispuso Reliquidar y ordenar el Ingreso una pensión de VEJEZ a favor de el (sic)
señor RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, el disfrute de la presente pensión será a
partir de 1 de marzo de 2022…”.

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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

4. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 18 de febrero de 2022, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido
proceso, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social del señor Ramón
González González y, como consecuencia, suspendió provisionalmente los efectos
de la Resolución No. 001 de 2022 hasta que Colpensiones “haga efectiva su
inclusión en la nómina de pensionados a partir del 1º de marzo de 2022 en la
Resolución No. Sub-35470 de 9 de febrero de 2022” y dispuso que el actor siguiera
“prestando sus servicios con normalidad hasta la referida fecha”.

Como fundamento de lo anterior, expuso (transcripción de forma literal):

… de lo hasta aquí expuesto es claro que la jurisprudencia constitucional ha
sido reiterativa en establecer que la tutela es procedente para proteger la
efectividad de los derechos laborales y asegurar el descanso de quienes
acceden a la pensión de jubilación en condiciones dignas para lo cual es
necesario que el retiro opere a partir del momento en que se hace efectivo tal
derecho, es decir, desde la inclusión efectiva del empleado en la nómina de
pensionados con el fin de que el cambio de estatus no implique la privación de
un ingreso mensual que garantice el mínimo vital y móvil de la persona separada
del servicio.

13) En el presente asunto de conformidad con los medios de prueba aportados
al proceso está demostrado que desde el pasado 9 de febrero de 2022 el señor
Ramón González González cumplió 70 años de edad; asimismo, está
demostrado que en atención a lo dispuesto en el artículo 130 del Decreto 1660
de 1978, en concordancia con la Circular DEAJ 18-56 de 27 de septiembre de
2018, el 1o de febrero de 2022 el actor le informó a su empleador, incluso previo
a que dicha circunstancia ocurriera, del cumplimiento de la edad de retiro
forzoso, escrito en el que además presentó su renuncia con efectos a partir de
mayo de 2021, precisamente con miras a que se cumpliera el término de 3
meses para que se adelantaran las gestiones ante el fondo de pensiones en
aras de garantizar su inclusión en nómina.

14) Como se advirtió con antelación, también es un hecho aceptado por las
partes que este cuenta con una pensión mensual vitalicia de vejez con base en
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, reconocida a
través de la Resolución no. SUB-307805 de 19 de noviembre de 2021 proferida
por Colpensiones.

15) En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley
797 de 2003 el fondo de pensiones ordenó la notificación de ese acto
administrativo al empleador, quien en ningún momento niega haber tenido
conocimiento previo del reconocimiento de la prestación.

16) Según la constancia aportada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca el demandante está vinculado a la
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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Rama Judicial desde el 18 de julio de 2013 por lo que es posible inferir que,
como lo afirmó en la petición de amparo y que no fue controvertido por las
autoridades vinculadas al proceso, su salario es su única fuente de ingresos
económicos. Además, según la respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional
del Valle del Cauca en cumplimiento de la medida cautelar ordenada en auto
del 7 de febrero de 2022 el actor no ha sido retirado del servicio y continúa
desempeñando el cargo de Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Buga sin que haya sido designado ningún funcionario en su reemplazo.

17) El demandante afirmó que con su mesada pensional deberá cubrir su
manutención y ‘unos créditos financieros’, acreditó la existencia de un crédito
por valor inicial de doscientos setenta y dos millones setecientos mil pesos
($272.700.000) desembolsado el mes de septiembre de 2021 con una cuota de
vencimiento mensual de vencimiento por valor de cuatro millones ochocientos
quince mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($4.815.689) y fecha límite de
pago de 10 de enero de 2022.

18) Está igualmente probado que si bien Colpensiones profirió la Resolución
SUB- 35470 de 9 de febrero de 2022 en la que reliquidó y ordenó el ingreso de
la pensión de vejez del señor Ramón González González, la inclusión de esa
erogación en la nómina de pensionados no se surtirá sino hasta el próximo 1o
de marzo de 2022 con pago efectivo hasta el último día hábil del mismo mes,
por lo que es claro que durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero
de 2022 y el 1o de marzo de 2022 el demandante estaría desprovisto de una
remuneración vital que le permita cubrir sus necesidades básicas y afrontar las
vicisitudes propias de la tercera edad.

19) De acuerdo con lo expuesto para la Sala resulta diáfano que al haberse
dado aplicación objetiva a la causal de edad de retiro forzoso sin tener en cuenta
la falta de inclusión en nómina de pensionados del demandante la autoridad
accionada desconoció el derecho fundamental al mínimo vital que le asiste al
señor Ramón González González quien, de concretarse los efectos de esa
decisión, quedaría desprovisto de su salario y del acceso al sistema de salud y
en una situación de indefensión y debilidad si se tiene en cuenta que se trata
de una persona de 70 años de edad.

20) En este punto es preciso destacar que el artículo 3 del Decreto 2245 de
2012 estableció el procedimiento que deben seguir los empleadores y
administradoras de pensiones para garantizar que no exista solución de
continuidad entre la fecha de retiro y la de inclusión en la nómina de
pensionados cuando se adelante un trámite de retiro con justa causa en los
siguientes términos: (…)

21) De conformidad con la norma citada y las pruebas previamente reseñadas
para la Sala es claro que en este caso la autoridad demandada omitió tal
procedimiento pues, procedió a hacer efectiva la decisión de retiro forzoso del
actor sin haber informado con la debida antelación a Colpensiones la fecha a
partir de la cual se efectuaría la desvinculación laboral del señor Ramón
González.

22) Por consiguiente, le asiste razón a la parte actora cuando alega que dicha
autoridad solo tuvo en cuenta para ordenar su desvinculación laboral la fecha
en que cumplió la edad máxima de permanencia en el servicio sin considerar
las circunstancias particulares del caso, sin haber agotado el procedimiento
descrito y sin cerciorarse de que previamente haya sido inscrito en nómina de
pensionados.

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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

23) En otros términos, la parte demandada no definió la situación particular del
demandante en las condiciones determinadas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado pues no estableció si se efectuó su inclusión en nómina de
pensionados conforme a los dictados y principios constitucionales, lo que de
contera pudo ocasionar un perjuicio grave al no prever las consecuencias que
dicha decisión produciría en las condiciones de vida del actor.

24) Aunque la norma referida radica en cabeza del empleador la carga de
informar por escrito al fondo de pensiones con una antelación de mínimo 3
meses para que este a su vez adelante las gestiones para incluir al servidor en
la nómina de pensionados e informe también por escrito a la entidad y al
empleado de la fecha exacta de la inclusión en nómina, lo cierto es que en el
caso concreto dicho procedimiento no se cumplió a cabalidad.

25) Únicamente hasta el 2 de febrero de 2022, según da cuenta el oficio con
número de radicación 2022_1313786 la accionada informó a Colpensiones del
contenido de la Resolución no. 001 de 2022 que ordenó el retiro del servicio
activo del demandante con efectos a partir del 10 de febrero de 2022, es decir,
pese a que la norma fijó un término no menor de 3 meses aquella solo lo hizo
con una antelación de 8 días calendario, lo que de suyo conllevó la vulneración
de los derechos fundamentales invocados por el actor pues ello impidió que el
fondo de pensiones lo incluyera en nómina.

26) En este caso con más veras si se considera que el actor cumplió con su
carga de informar a la accionada del retiro forzoso por lo que no se le podría
enrostrar una omisión o mucho menos una conducta negligente pues como se
anotó previamente cumplió con su deber de informar a su nominador como lo
exige el Decreto 1660 de 1978.

27) Solo ante la medida cautelar decretada en este proceso en auto del 7 de
febrero de 2022 y debido al requerimiento que se hiciera en ese sentido fue que
Colpensiones procedió a adelantar las gestiones pertinentes y ordenó la
inclusión del señor Ramón González González en nómina de pensionados a
partir del 1° de marzo de 2022.

28) En ese orden de ideas, por razón de la amenaza latente sobre los derechos
fundamentales del demandante por los efectos jurídicos derivados del acto
administrativo en el que se dispuso su retiro del servicio desde el 10 de febrero
de 2022 y dado que Colpensiones informó que la inclusión en nómina de
pensionados solo se surtirá hasta el próximo 1o de marzo del presente año, la
Sala encuentra probada la existencia de un riesgo inminente que se produce de
manera cierta y evidente sobre los derechos constitucionales fundamentales del
actor, pues, se acreditaron las circunstancias de urgencia y gravedad que hacen
impostergable la intervención del juez de tutela para el amparo de las garantías
al mínimo vital, debido proceso administrativo y seguridad social del actor, esta
última por motivo de la conexidad de ese derecho con el derecho constitucional
fundamental a la vida en condiciones de dignidad humana, lo mismo que con el
derecho a la protección especial que merecen del Estado las personas de la
tercera edad y de aquellas que se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta según lo preceptuado en el artículo 13 constitucional.

5. La impugnación

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca impugnó la anterior decisión, para lo
que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Insistió en que, para la fecha de retiro del tutelante, ya se encontraban garantizados
sus derechos fundamentales, toda vez que mediante Resolución del 19 de
noviembre de 2021, Colpensiones le reconoció la pensión de vejez y se supeditó la
inclusión a nómina a la radicación del acto de retiro.

Adujo que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… la causal de retiro forzoso se concreta exclusivamente a la llegada a la edad
señalada por la ley, independientemente de que el servidor reúna o no los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez. Otra cosa es que,
la jurisprudencia de las Altas Cortes, en relación con el uso de esta causal de
retiro, conforme a las circunstancias propias de cada asunto, haya manifestado
que la desvinculación de un servidor público por el cumplimiento de la edad
máxima señalada por la ley, no puede hacerse de manera automática,
generalizada ni indiscriminada, sino que debe efectuarse razonablemente, de
acuerdo con las circunstancias particulares relacionadas con el derecho
fundamental al mínimo vital, más en momento alguno significa que, llegada la
edad de retiro forzoso, el servidor público pueda mantenerse indefinidamente
en su cargo y así actuó el tribunal.

Y es tan así, que Colpensiones emitió la Resolución no. SUB-35470 de 9 de
febrero de 2022 en la que incluye en nómina a partir del 1 de marzo de esta año
al accionante, inclusive reconociendo la posibilidad de reconocer retroactivo,
confirmando el escenario previsto por el Tribunal.

Concluyó que el amparo solicitado debió negarse “por no haberse vulnerado los
derechos fundamentales del accionante como al final se demostró con la expedición
de todos los actos en el presente caso entre el tribunal y Colpensiones”.

6. Cumplimiento de la orden judicial

Colpensiones solicitó que se declare el cumplimiento del fallo de tutela, bajo los
siguientes argumentos (trascripción literal):

… habiéndose satisfecho por COLPENSIONES el derecho fundamental
invocado como lesionado por el accionante, mediante la expedición del oficio
de 28 de febrero de 2022, me permito señalar que no queda otro camino que el
archivo de las diligencias, teniendo en cuenta que se ha dado cabal
cumplimiento al fallo proferido.

El soporte fue remitido al accionante por intermedio de la empresa de
mensajería 472 con guía de envío MT696877967CO, el cual se encuentra en
proceso de entrega. En el documento se informa al ciudadano que los dineros
aquí reconocidos fueron girados al banco de Bogotá sucursal Santa Teresita
modalidad pago por ventanilla los cuales estarán disponibles el último día hábil
del mes de marzo en cualquier sucursal del Banco de Bogotá del país.

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Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Lo anterior da cuenta del cumplimiento a lo ordenado, debido a que los valores
reconocidos mediante el acto administrativo del mes de febrero fueron incluidos
en la nómina de marzo de 2022 y serán pagados el último día del mes de marzo,
según la programación de pagos establecida para la entidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.

En ese sentido, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando
no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y,
por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría
ningún efecto, la Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual
de objeto”.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual de
objeto se puede configurar por tres situaciones: i) hecho superado, ii) daño
consumado o iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Frente a estas
figuras se ha sostenido3:

3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o
la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que,
el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la
vulneración o impedir que se materialice el peligro 4. Así, al existir la
imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la
Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es
improcedente cuando se ha consumado la vulneración 5 pues, esta acción fue
concebida como preventiva mas no indemnizatoria.

3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento
de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante 6. Dicha superación se

3
T-038 de 1º de febrero de 2019, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
4
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).
5
Decreto 2591 de 1991, artículo 6: ‘La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea evidente
que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión
violatoria del derecho’”.
6
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
10

Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado7.

3.1.3. Acaecimiento de una situación sobreviniente8. Se presenta en aquellos
casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del
escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y
que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación
hizo innecesario conceder el derecho.

3.2. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional también ha señalado que:

‘(i) si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la
acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto,
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación de
la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre durante
el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en el trámite de
revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias- se
impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el
asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991 9), o por la necesidad de disponer
correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que
requieran de especial protección constitucional; y (ii) no es perentorio en los
casos de hecho superado o acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo
cuando sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido
decidida de una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto, ni
impartir orden alguna), ‘para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia
y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones
pertinentes, si así lo considera’, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto
2591 de 199110’11.

T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado),
entre otras”.
7
Original de la cita: “Decreto 2591 de 1991, artículo 26: ‘[s]i, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes’”.
8
Original de la cita: “La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera
modalidad de carencia actual de objeto cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por
ejemplo las sentencias T-988 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (MP Alberto
Rojas Ríos), entre otras”.
9
Original de la cita: “El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 25, regula la hipótesis excepcional de
procedencia de la indemnización de perjuicios en el trámite de la acción de la tutela”.
10
Original de la cita: “El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: ARTÍCULO 24.
PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere
de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de
este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también
prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición
de la misma acción u omisión”.
11
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-205A de 2018 (MP Antonio José Lizarazo
Ocampo)”.
11

Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

En el caso bajo estudio, el señor Ramón González González interpuso demanda de
tutela con el fin de que se le protegieran sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital y, como consecuencia, se le ordenara
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que le permitiera continuar
desempeñando sus labores como Juez Tercero Administrativo de Buga (Valle del
Cauca), “… hasta cuando la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES expida la resolución de ingreso a la nómina de pensionados”.

Revisado el expediente, la Sala observa que, tal y como lo afirmó Colpensiones en
el escrito por el cual solicitó que se declarara el cumplimiento del fallo de tutela, el
señor González González ya fue incluido en la nómina de pensionados.

Lo anterior, se evidencia con el oficio BZ 2022_2495045 del 28 de febrero de 2022,
mediante el que Colpensiones le informó al ahora tutelante sobre la “inclusión
servidor público en la nómina de pensionados”. Puntualmente, en dicho documento
se lee (trascripción literal con posibles errores incluidos):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES, dando trámite al amparo constitucional y de conformidad con
los supuestos fácticos y normativos citados en el escrito de tutela, esta Dirección
se permite informar que:

Que validado el aplicativo de la Nómina de Pensionados a corte del 28 de
febrero de 2022, se evidencia que la prestación fue incluida para el mes de
marzo del 2022 según lo ordena en resolución SUB 35470 del 9 de febrero del
2022 a través del cual se reconoce pensión de vejez a favor del servidor público
Señor GONZÁLEZ GONZÁLEZ RAMÓN.

De no encontrarse notificado de la Resolución mencionada anteriormente por
favor acercarse realizar la notificación en un punto de atención al ciudadano de
esta administradora.

Los dineros aquí reconocidos fueron girados al banco Bogotá sucursal Bogotá
Santa Teresita modalidad pago por ventanilla los cuales estarán disponibles el
último día hábil del mes de marzo en el cualquier sucursal del Banco Bogotá del
país.

Cupón pago (…)

En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a nuestros
Puntos de Atención Colpensiones (PAC); comunicarse con la línea de servicio
al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 2836090, o con la línea
gratuita nacional al 018000410909, en donde estaremos dispuestos a brindarle
el mejor servicio.

Así las cosas, como el señor Ramón González González ya fue incluido en la

12

Radicación número: 110010315000202200883 01
Accionante: Ramón González González
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

nómina de pensionados de Colpensiones y podía acceder al pago de la prestación
de la cual es beneficiario “el último día hábil del mes de marzo”, la Sala considera
que debe declararse una carencia actual de objeto, por sustracción de materia, la
que, según lo establecido por la Corte Constitucional, se configura, entre otras
cosas, cuando “… se perdió el objeto jurídico respecto del cual el juez debía adoptar
una decisión12”13.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

12
Original de la cita: “Sentencia T-203/13 y T-714/16”.
13
T-349 de 2018.
13

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