Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00901-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00901-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00901-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00901-00
Accionante: JULIÁN DAVID SIERRA MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
TEMA: Tutela por presunta mora en el reconocimiento de
práctica jurídica para optar por el título profesional de
abogado / carencia actual de objeto por hecho superado
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Julián David Sierra Martínez, en contra de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
El señor Julián David Sierra, actuando en nombre propio y en ejercicio
del artículo 86 de la Constitución, interpone acción de tutela en contra
de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
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Justicia del Consejo Superior de la Judicatura por la presunta violación
del derecho fundamental de petición.
1. Hechos
El 17 de enero de 2022, radicó solicitud de reconocimiento de la
práctica jurídica – judicatura – que realizó Fiscalía General de la Nación
durante entre enero y octubre del 2021, sin que a la fecha de
presentación de la presente acción de tutela haya recibido respuesta
alguna, lo que excede el término previsto establecido para tal efecto.
2. Pretensiones
Con base en lo anterior, solicita:
«Se disponga la protección inmediata del derecho fundamental de petición, ordenándole al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS se resuelva dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de la decisión,
la expedición del Acto Administrativo que certifique la Práctica Jurídica realizada en la
Fiscalía General de la Nación».
3. Intervenciones
Mediante auto del 9 de febrero de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia como accionado.
La Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia
informó que mediante Resolución N.º 1250 de 2022 le reconoció al
accionante el cumplimiento de la práctica jurídica o judicatura como
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requisito para optar al título de abogado, decisión que fue comunicada
mediante oficio de igual número del 9 de febrero de 2022 a través del
correo electrónico suministrado en la solicitud, de conformidad con el
Decreto Legislativo N.º 491 del 28 de marzo de 2020, por lo que pidió
que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.
Adicionalmente, manifestó que el incremento desmesurado de
solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica y expedición de
tarjeta profesional, entre otros, supera la capacidad administrativa de
la entidad, por lo que dicha dependencia ha procedido a resolverlas en
estricto orden de llegada.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
El problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si:
• ¿La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho
fundamental al debido proceso administrativo del demandante, al
no resolver la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica
formulada el 17 de enero de 2022?
2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
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momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Del debido proceso administrativo
La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso
administrativo es un derecho fundamental que se traduce en una
garantía para todas las personas de que la administración estará
sometida a los límites que este supone, de tal suerte que comprende
los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad e
incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito
administrativo, de ceñirse a los principios que rigen la función pública.
Al respecto, ha explicado:
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“4.1.1. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que
tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales así “que ninguna de las
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley” 1. Desde la
perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación del principio de
legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida por las autoridades públicas
debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les
corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión”
(artículos 4º y 122 C. N.)2. De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el marco
establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean
eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para
controvertir las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que
deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad.
Ha subrayado la Corte Constitucional3 que la garantía del debido proceso en asuntos
administrativos supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en el ordenamiento
jurídico y ello no sólo cuando se trata de adelantar trámites a partir de los cuales sea
factible deducir responsabilidades de orden disciplinario o los atinentes al control y
vigilancia. Esta garantía debe hacerse efectiva del mismo modo en los trámites que
las personas inician con el objeto de ejercer sus derechos ante la administración o
con el fin de cumplir con una obligación y abarca el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias. El propósito consiste, pues, en evitar que la
suerte de las personas quede al albur de una decisión arbitraria o de una ausencia
de decisión por dilación injustificada.”4 (negrillas fuera del texto).
1
Corte Constitucional. Sentencia T-917 de 2008. En aquella ocasión le correspondió a la sala de Revisión
determinar si en el caso sub judice la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, al
abstenerse de levantar las medidas cautelares que recaían sobre bienes y derechos sucesorales del
peticionario “pese a existir proceso contencioso administrativo atacando el mandamiento de pago y la
decisión negativa a las excepciones” había desconocido los derechos constitucionales fundamentales del
actor y se procedía conferir la tutela como mecanismo transitorio para resolver un perjuicio irremediable.
La Corte efectuó un conjunto de consideraciones muy importantes respecto de la importancia de respetar el
debido proceso en las actuaciones administrativas y resolvió conceder el amparo invocado.
2
Ibíd. Consultar asimismo Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
3
Corte Constitucional. Sentencia T-1308 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En aquella ocasión el
correspondió a la sala de Revisión determinar si el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca,
al haberse abstenido de proclamar el resultado de las votaciones efectuadas para designar al rector, había
desconocido los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación
ciudadana, a elegir y ser elegido, al trabajo y a ejercer profesión u oficio de la persona que obtuvo las
mayorías requeridas para ser elegida rector de la Universidad accionada. Llegó a la conclusión la Corte que
en el caso bajo análisis se había acreditado de manera plena la mayoría exigida en las normas reglamentarias
de la Universidad “para proceder a la designación del rector de dicho centro educativo, y que, por ello, al
negarse el Consejo Superior a declarar el resultado electoral a favor del accionante vulneró su derecho
fundamental al debido proceso administrativo, en cuanto a la obligación de acatar las formas propias de
cada juicio.
4
T-909 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo.
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4. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante alega la vulneración de sus
derechos fundamentales, toda vez que desde el 17 de enero de 2022
solicitó el reconocimiento de la práctica jurídica, sin que a la fecha de
presentación de la acción de tutela haya recibido respuesta alguna, lo
que le ha impedido optar al título profesional dentro de las fechas
establecidas por la universidad en la que cursó sus estudios.
Ahora bien, sobre la acreditación de la judicatura como requisito para
optar al título de abogado, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura expidió el Acuerdo número PSAA10-7543 del 14 de
diciembre de 2010 «Por medio de la cual se reglamenta la judicatura
como requisito alternativo para optar el título de abogado», en el que
determinó las modalidades bajo las cuales puede realizarse: i) En
calidad de ad honorem en las entidades previamente autorizadas por la
Ley; ii) en el desempeño de un cargo remunerado, ya sea en entidades
del Estado o personas jurídicas del sector privado, conforme a las
normas legales vigentes; y iii) en el ejercicio de la profesión con licencia
temporal con buena reputación moral y buen crédito. Igualmente, para
el desarrollo de cada modalidad de judicatura fijó un término en
específico.
Por otra parte, sobre el reconocimiento de dicha práctica jurídica,
estableció que el interesado debe allegar: i) el formulario único para
múltiples trámites, debidamente diligenciado; ii) fotocopia del
documento de identidad; iii) el certificado de terminación y aprobación
de materias; iv) el certificado del tiempo de servicios y funciones
detalladas expedido por el jefe inmediato, jefe de personal o quien haga
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sus veces; y v) la consignación bancaria por el valor que corresponde
a este trámite, entre otros.
De igual forma, determinó que la solicitud debe radicarse ante la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura o los directores
Seccionales de Administración Judicial en cuyo territorio se cumplieron
las labores que se pretenden acreditar, o, bien, ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, y que debe
ser resuelta por el director de la Unidad, mediante acto administrativo
debidamente motivado, en el término de 10 días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la solicitud con la totalidad de los
documentos requeridos.
Igualmente, precisó que contra el acto administrativo que niega el
reconocimiento de la práctica jurídica procede el recurso de reposición,
que deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de esa decisión y será resuelto de acuerdo con los términos
legales. Además, para su comunicación, se remitirá el acto al Consejo
Seccional de la Judicatura de origen, con el fin de que se lo notifique al
interesado, sin perjuicio de que la Unidad lo haga directamente.
Descendiendo al caso concreto, se observa que el 17 de enero de 2022,
el accionante formuló solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica
o judicatura ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, y que, a la fecha de presentación de la acción
de tutela, no había obtenido respuesta alguna.
Lo anterior fue corroborado por la misma Unidad de Registro de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, que, en su informe, aportó copia
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de la Resolución N.º 1250 de 2022, por medio de la cual le reconoció
el cumplimiento de la práctica jurídica al accionante, decisión que fue
notificada el 9 de febrero de 2022 al correo electrónico aportado por el
peticionario.
Así las cosas, la Subsección colige que la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia a la fecha ya resolvió de fondo
la solicitud formulada por el accionante, puesto que expidió la
Resolución N.º 1250 de 2022 y la notificó al interesado el 9 de febrero
del mismo año, lo que denota que la causa que dio origen a la
vulneración de los derechos fundamentales alegada por la demandante
ha sido superada.
De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta
la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la cual,
cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues
nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una
circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o contravenir
la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes a
la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución
Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe
a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
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Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado
artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso
concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al
particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y
procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón
de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que
la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces
inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta
acción»5.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales aunque
las pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en
apariencia el hecho generador de la acción ha sido superado, en el
fondo este se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la
luz de las garantías constitucionales, de acuerdo a la interpretación que
en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la expedición de
la resolución de reconocimiento de la práctica jurídica y su debida
notificación al interesado, cualquier decisión que esta Sala de Decisión
dicte resultaría inane, toda vez que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, tramitó y notificó respuesta a la
solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
5
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela
presentada por el señor Julián David Sierra Martínez, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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