Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00904-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00904-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00904-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
10 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00904-00
Demandante: Paula Andrea Tirado Caraballo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00904-00
Demandante: PAULA ANDREA TIRADO CARABALLO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS
Temas: Derecho fundamental de petición. Expedición de certificado práctica
jurídica.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por Paula Andrea Tirado Caraballo contra
el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 4 de febrero de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, Paula Andrea Tirado
Caraballo pidió la protección del derecho fundamental de petición, que estimó vulnerado
por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados. En
concreto, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR mi derecho fundamental al derecho de petición.
SEGUNDO: Y consecuente con lo anterior ORDENAR a la entidad accionada dar trámite
y respuesta de fondo a la solicitud de día 19 del mes de enero del año 2022 mediante la
emisión del respectivo acto administrativo y con la finalidad de evitar el rechazo en el
proceso de grado en curso.
2. Hechos y argumentos de la tutela
Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El 19 de enero de 2022, Paula Andrea Tirado Caraballo envió al Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados, la documentación requerida
para que se expidiera la resolución que certificara la realización de la judicatura, requisito
necesario para optar por el título de abogado.
2.2. La demandante señaló que, a la fecha de radicación de la presente acción de tutela,
la Unidad de Registro Nacional de Abogados no ha resuelto su solicitud del 19 de enero
de 2022, y explicó que: “(…) a día de hoy no he recibido respuesta de fondo a mi solicitud,
habiendo transcurrido once (11) días hábiles desde la fecha de su envío pese a que el
artículo 15 del acuerdo PSAA10-7543 de 2010 del CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA contempla el término de respuesta específico de diez (10) días hábiles
para la emisión del respectivo acto administrativo”.
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3. Trámite procesal
3.1. Mediante auto del 9 de febrero de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la
demanda de tutela. En consecuencia, entre otras cosas, ordenó que se notificara a la
presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
3.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la Corporación
practicó la correspondiente notificación, mediante correo electrónico enviado el 16 de
febrero de 20221.
4. Intervención de la autoridad judicial demandada
4.1. La directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura alegó que no se vulneró el derecho
fundamental invocado, pues, mediante Resolución No. 1705 de 2022, se reconoció el
cumplimiento de la práctica jurídica de Paula Andrea Tirado Caraballo, decisión que fue
notificada al correo electrónico señalado por la actora. Que, por lo tanto, debía negarse
el amparo por hecho superado.
4.2. Adicionalmente, puso de presente que, en el último tiempo, se incrementó el número
de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y expedición de tarjetas
profesionales de abogados, incremento que sobrepasa en gran medida la capacidad
operativa de esa Unidad. Que, además, debido a las medidas administrativas para
mitigar los efectos nocivos de la pandemia por COVID-19, se gestionaba el trámite de
las solicitudes en orden de llegada al correo institucional designado y por ese mismo
medio se notificaban las decisiones adoptadas.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la Sala estima
necesario determinar si, en este caso, se presentó una carencia de objeto por hecho
superado.
1 Índice 9 de Samai.
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2.2. Como se sabe, el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza
principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se
torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de
fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
2.2.1. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado y el daño consumado 2. En particular, el hecho superado se
configura cuando se pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:
3.4 Pues bien, a partir de allí, la Corte ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de objeto
se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño
consumado. Así las cosas, la primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que
“carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la
expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir,
dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”. Es decir, el hecho superado significa
la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente
transgresor. En otros términos, la omisión o acción reprochada por el tutelante, ya fue superada por
parte del accionado. También se ha señalado que se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado, entre otras circunstancias, por ausencia de interés jurídico o sustracción de
materia.
2.3. En el caso concreto, mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022, Paula
Andrea Tirado Caraballo solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados, la expedición de la resolución que certificara la realización de la
judicatura.
2.4. Frente a la anterior petición, la directora de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de Justicia del Consejo Superior de la Judicatura expidió la
Resolución No. 1705 del 16 de febrero de 2022, que resolvió:
ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al
título de Abogado a PAULA ANDREA TIRADO CARABALLO, quién se identifica (…), y acredita que
egresó de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.
ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución al(a) interesado(a) de conformidad con el Decreto
Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020. (…)
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
2.5. Luego de comparar lo solicitado por la demandante con la respuesta que otorgó la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura (expedición de la Resolución No. 1705 de 2022), se puede evidenciar
que sí hubo respuesta clara, de fondo, congruente y consecuente con lo solicitado. En
efecto, la entidad demandada emitió resolución que certificó la realización de la judicatura
de la demandante.
2.6. Además, la Sala encuentra que el 16 de febrero de 2022 la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
notificó la respuesta a la dirección de correo electrónico3 señalada por la actora en el
escrito de petición. Así consta:
2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
3 Paulandreatirado06@gmail.com
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2.7. Como se corrigió la conducta que se reprochaba de la autoridad demandada, carece
de objeto cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, en los términos
del artículo 26 del Decreto 2591 de 19914. La solicitud de amparo perdió cualquier motivo
que la justifique.
2.8. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
2.9. En todo caso, teniendo en cuenta el alto número de tutelas presentadas contra la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura5, la Sala estima pertinente instar a esa entidad para que, en lo
sucesivo, resuelva las peticiones de reconocimiento de práctica jurídica en el plazo de
10 días hábiles, tal y como lo dispone el artículo 15 6 del Acuerdo No. PSAA10-7543 de
2010.
4 Decreto 2591 de 1991. ARTÍCULO 26. CESACIÓN DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA. Si, estando en curso la tutela,
se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará
fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el
interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha
resultado incumplida o tardía.
5 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: sentencia del 8 de abril de 2021. Proceso Nro. 11001-
03-15-000-2021-00977-00 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de 4 de febrero de 2021. Proceso
Nro. 1100103500020200493200 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia del 18 de febrero de 2021.
Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04824-00(AC). C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 26 de
noviembre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04562-00(AC). M.P. Milton Chaves García; sentencia del 29
de abril de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01149-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 13 de
mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01793-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 25 de
marzo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00635-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, y sentencia del 25 de
febrero de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00255-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6 ARTÍCULO 15.- De la resolución de la Solicitud: La solicitud para el reconocimiento de la judicatura será resuelta
mediante acto administrativo debidamente motivado por parte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, en desarrollo de las funciones asignadas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 003 de
1.996, Acuerdo No.235 de 1.996 y en el Acuerdo No. PSAA-10-7017 de julio de 2010, y los que los aclaran, modifiquen
o deroguen, proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura. El término para proferir el acto
administrativo será de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean allegados a la solicitud la
totalidad de los documentos requeridos en el presente Acuerdo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00904-00
Demandante: Paula Andrea Tirado Caraballo
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas
en esta providencia.
2. Instar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura para que, en lo sucesivo, resuelva las peticiones
de reconocimiento de práctica jurídica en el plazo de 10 días hábiles, como lo
dispone el artículo 15 del Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010.
3. Notificar a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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