Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00920-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00920-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00920-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
12 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00920-00
Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00920-00
Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial-proceso responsabilidad
fiscal- defectos sustantivo y fáctico
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, a través del representante legal, por
ALG Ingenieros Ltda. contra el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La demandante ejerció acción de tutela contra la referida autoridad judicial, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“➢ TUTELAR el derecho fundamental al Debido Proceso establecido en el artículo 29
de la Constitución Política de Colombia.
➢ DECLARAR, que la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE
SANTANDER, ha vulnerado el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
➢ ORDENAR, la revisión de la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER a fin de que se garantice el Debido
Proceso y el Acceso a la Justicia.
➢ REVOCAR la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE
SANTANDER para que se reconozca el derecho fundamental al Debido Proceso.”
2. Hechos
De la revisión del expediente se observan como hechos relevantes los siguientes 1:
En el año 2008, el Instituto Colombiano de Petróleos celebró un contrato con ALG
Ingenieros Ltda. con el objeto de producir y transportar el Aditivo ABV plus a las
refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.
La Contraloría General de la República inició proceso de responsabilidad fiscal
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Actuación 27 SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00920-00
Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
contra ALG Ingenieros Ltda. Mediante Auto de 26 de agosto de 2014, se declaró el
archivo definitivo del proceso, por encontrar probado que no existió detrimento
patrimonial alguno.
Se surtió el grado de consulta y la Contraloría resolvió dar continuidad al proceso.
Mediante fallo 012 de 10 de mayo de 2016, la Contraloría Departamental
Colegiada de Santander decidió fallar con responsabilidad fiscal, de manera
solidaria y a título de culpa grave contra el gestor técnico del contrato, el
administrador del contrato y la contratista ALG Ingenieros Ltda., en cuantía de
$52.616.595 porque fueron negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
El daño patrimonial se concretó en el hecho probado de que el ítem “locación”,
incluido en los documentos contractuales, comprendía solo el costo del
arrendamiento del local donde se iba a producir el aditivo AVB plus, pero no el
costo de adecuaciones, teniendo en cuenta que del estudio realizado para
contratar directamente ese servicio se determinó que el inmueble disponía de las
instalaciones adecuadas para tal fin.
La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, y
solicitó la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, la Contraloría Departamental
por auto 005 del 30 de junio de 2016 confirmó.
La Contraloría General de la República conoció en consulta y mediante auto
00881 del 4 de agosto de 2016 y su aclaratorio 0915 de 16 de agosto de 2016,
solo estudió lo relacionado con la vinculación de las pólizas expedidas por las
compañías aseguradoras que ampararon el contrato.
ALG Ingenieros Ltda. promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los mencionados actos administrativos, expedidos por la
Contraloría Departamental Colegiada de Santander y la Contraloría General de la
República, con el fin de que se declarara la nulidad y se le exonerara de toda
responsabilidad fiscal.
El conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga que, en sentencia de 19 de diciembre de 2017,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Contraloría General de la República interpuso recurso de apelación. En
segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo de Santander que, en fallo de
29 de julio de 2021, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Esa providencia se notificó a la demandante el 6 de
agosto de 2021.
3. Argumentos de la acción de tutela
La solicitud de tutela cumple los requisitos generales de procedencia contra
providencia judicial. En relación con los requisitos especiales, el actor advirtió que
en este caso la providencia atacada incurrió en defectos sustantivo y fáctico con lo
que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
La actora sostuvo que el juez de primera instancia accedió a las pretensiones de
la demanda ordinaria porque entendió de manera correcta cómo fue utilizado el
ítem “locación” y la inclusión en este de los términos “instalaciones adecuadas” y
“arrendamiento” en la etapa precontractual y contractual. A diferencia del Tribunal
demandado que en el fallo de 29 de julio de 2021 basó sus consideraciones en el
concepto del término “locación” que ofrece el diccionario de la Real Academia
Española, sin que fueran analizadas las pruebas que demuestran las causas por
las que dicho ítem se utilizó e incluyó en el Análisis de Precios Unitarios para la
ejecución del contrato, cuyo beneficiario sería Ecopetrol S.A. y que no se
constituyó un detrimento patrimonial al Estado por el cobro realizado en el ítem
“locación”.
La utilización de los términos “instalaciones adecuadas” y “arrendamiento”,
incluidos en el ítem “locación”, al suscribir y ejecutar el contrato, no es otra cosa
que la escogencia del sitio apropiado y posteriormente adaptarlo para que se
produzca el aditivo que beneficiaría a Ecopetrol y no a un tercero como lo quiso
demostrar erróneamente la Contraloría a través de los actos administrativos
demandados en el proceso ordinario.
Y aunque al principio asumió los costos de adecuación del inmueble en donde se
haría la producción del aditivo, “es obvio que posteriormente serían con cargo al
valor final del kilogramo de Aditivo AVB PLUS producido, donde el beneficiario
sería Ecopetrol, ya que sin estas adecuaciones sería imposible la producción del
Aditivo, objeto del contrato suscrito”.
En este caso, la Contraloría desconoció lo establecido en los artículos 22 y 23 de
la Ley 610 del 2000, puesto que no existe prueba del daño ni de la responsabilidad
fiscal de ALG Ingenieros Ltda.; por el contrario, son manifiestas las pruebas que
demuestran cómo se usó el término instalaciones adecuadas y, su inclusión en el
ítem locación del APU.
En el mismo error de interpretación incurrió el Tribunal accionado, que en la
sentencia de segunda instancia tampoco aplicó en forma correcta los artículos 22
y 23 de la Ley 610 de 2000 al no analizar las pruebas con las que se demostró
cómo se utilizó el ítem “locación” en el APU.
Al respecto, la actora explicó que el fallador de segunda instancia no indicó la
manera como se debió pagar el ítem “locación” el cual ha sido objeto de confusión,
porque fue necesario adecuar la planta donde se iba a producir el aditivo AVB plus
para dar cumplimiento al objeto del Contrato.
Entre las pruebas que no se tuvieron en cuenta por el Tribunal, están varios
correos electrónicos entre Ecopetrol S.A. y ALG Ingenieros Ltda. de marzo y abril
de 2008; actas de comité interno extraordinario de Ecopetrol S.A. de 7 y 8 de abril
de 2008; formato único de solicitud de contratación o compras- FUC de Ecopetrol
S.A.; respuesta a solicitud de cotización de Ecopetrol S.A. y Análisis de Precios
Unitarios; carta de presentación de la oferta de 25 de abril de 2008 y la versión
libre de un funcionario de Ecopetrol S.A., con la que se demuestra que por
recomendación del contratante los costos por las adecuaciones se incluyeron en el
ítem “locación” del APU.
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
Por lo anterior, el Tribunal demandado debió confirmar la sentencia apelada al
estar viciados de nulidad los actos administrativos demandados.
4. Actuación procesal
En auto del 3 de marzo de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la demandante, al Tribunal y al Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga, a la Contraloría General de la República y a
Ecopetrol S.A., como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo,
ordenó publicar la providencia en la página web del Consejo de Estado y notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 2.
5. Oposiciones e intervenciones
El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio.
El Juez Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga en su intervención
sostuvo que de las actuaciones surtidas en primera instancia en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 68001-33-33-002-2017-00062-01 no se
advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales de la sociedad actora.
Además, ALG Ingenieros Ltda. en el escrito de tutela no endilga trasgresión
alguna por parte de esa autoridad judicial3.
De todas formas, el juez indicó que la acción de tutela contra providencias
judiciales no puede ser utilizada como una tercera instancia en la que se discutan
asuntos ya zanjados en otros estadios procesales surtidos con anterioridad, pues
resulta imperativo evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como la cosa
juzgada, el debido proceso, la seguridad jurídica e independencia judicial que
gobiernan todo proceso jurisdiccional.
Así, este mecanismo constitucional es un medio de protección de carácter residual
y subsidiario que no tiene la virtualidad de resurgir un análisis ya clausurado.
La Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones de tutela y
solicitó su rechazo, por las siguientes razones 4:
En la demanda de tutela no se acreditan las causales genéricas de procedibilidad.
En concreto, advirtió que la demandante no sustenta con suficiencia el requisito de
relevancia constitucional y lo que se busca es que el Consejo de Estado sea la
tercera instancia en el asunto resuelto acertadamente por el Tribunal
Administrativo de Santander.
Tampoco se cumple el requisito de inmediatez porque entre la fecha de
notificación del fallo de segunda instancia (6 de agosto de 2021) y la de radicación
de la acción constitucional (4 de febrero de 2022), transcurrieron 6 meses sin que
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Actuación 22 SAMAI
3
Actuación 27 SAMAI
4
Actuación 28 SAMAI
4
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
la parte actora justifique por qué no debatió la decisión del juez ordinario
oportunamente.
En este caso, no existe ninguna irregularidad procesal que haga viable la acción
constitucional ni que desconozca derechos de la parte actora quien ha promovido
la tutela con base en meros inconformismos con el análisis efectuado por el ad
quem, que revocó la sentencia de primera instancia fundado en argumentos
ampliamente motivados en las pruebas que reposan en el expediente y en la
aplicación del marco legal y los elementos auxiliares de interpretación de la norma.
En cuanto a las causales específicas de procedibilidad, la actora alega un defecto
fáctico porque a su entender el fallo de segunda instancia se edificó sobre la
interpretación del término “locación” definido por la RAE.
Esa es una mera suposición con la que la demandante desecha la postura que la
Contraloría expuso a lo largo del proceso judicial y pretende demostrar una
irregularidad procesal, a pesar de que el fallador al usar ese elemento auxiliar dio
claridad a los términos del contrato, sobre el que el ente de control evidenció el
reconocimiento de sumas no adeudadas a la sociedad contratista, recurrente y
convenientemente contratada por Ecopetrol en varios contratos en el mismo
departamento y en los cuales se encontró detrimento patrimonial.
Lo cierto en este caso, es que la motivación del fallo se edificó en el caudal
probatorio obrante y en el análisis del marco legal y contractual aplicable.
En el proceso de responsabilidad fiscal y en el judicial la Contraloría dejo claro que
al cobrar el contratista los servicios pactados en el contrato debieron cobrar lo
correspondiente al ítem locación, entendiéndose este como el costo del canon de
arrendamiento del inmueble puesto a disposición por el contratista para cumplir
con el objeto del contrato que era la producción y transporte del aditivo AVB-
PLUS. Así que al cobrar un mayor valor a lo pactado contribuyó a la ocurrencia del
daño patrimonial.
En el proceso de responsabilidad fiscal se advirtió que las partes manifestaron en
sus argumentaciones que la empresa contratista asumió los costos de adecuación
y, posteriormente, se cargaron al valor final del kilogramo de aditivo AVB plus
producido; sin embargo, era deber del contratista poner a disposición de la entidad
un inmueble con las instalaciones adecuadas, como requisito para poder prestar el
servicio que estaba ofreciendo, por tanto dichos valores no debieron ser cargados
al contrato.
Frente a lo manifestado por el apoderado de la convocante referente a que ALG
Ingenieros Ltda. hizo una oferta comercial a Ecopetrol S.A. que fue debidamente
evaluada por los comités respectivos de Ecopetrol y finalmente aprobada e
incorporada al contratos, la Contraloría reiteró que en ninguna parte de los
documentos contractuales se señala que el ítem "locación" incluya además del
costo del arrendamiento del local donde se va producir el aditivo, el costo de
adecuaciones con las que debía contar el inmueble para ponerlo a disposición de
la entidad por parte del contratista.
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
ECOPETROL S.A. en su informe advirtió que existe falta de legitimación en la
causa por pasiva e improcedencia de la acción de tutela frente a esta sociedad, en
atención a que los hechos en la que se sustenta se relacionan con la actividad del
Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que adelantó ALG Ingenieros Ltda. contra la Contraloría General de la
República5.
Ecopetrol S.A. no es la llamada a responder en el presente asunto, pues la posible
vulneración de los derechos fundamentales no le es atribuible, menos cuando no
fue parte en el proceso ordinario. En consecuencia, solicitó la desvinculación del
trámite de la presente acción.
Cuestión previa
El magistrado ponente Milton Chaves García manifestó impedimento para conocer
de la presente acción de tutela fundado en la causal del numeral 4º del artículo
130 del CPACA 6.
Sin embargo, la doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello, por auto de ponente, de
4 de marzo de 2022, declaró infundado el impedimento al advertir que la causal
invocada no corresponde a ninguna de las del artículo 56 del CPP, aplicable al
trámite de la acción de tutela. Señaló además que no se compromete la
imparcialidad del magistrado7.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
5
Actuación 30 SAMAI
6
Actuación 11 SAMAI
7
Actuación 16 SAMAI
6
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 8 , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 9 y específicas 10
de procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte actora alega la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia por defectos sustantivo y fáctico en el que, a su juicio, incurrió la sentencia
de 29 de julio de 2021, proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander, que revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por ALG Ingenieros Ltda. contra la Contraloría General de la
República.
La actora considera que no se aplicaron en forma correcta los artículos 22 y 23 de
la Ley 610 de 2000 al no analizarse las pruebas obrantes en el proceso con las
que se acredita que no existió detrimento patrimonial, como lo declaró la
Contraloría General de la República en los actos administrativos dictados en el
proceso de responsabilidad fiscal.
En ese orden, la Sala estudiará si en el presente caso el Tribunal Administrativo
incurrió en defectos sustantivo y fáctico. Previo a tal estudio es necesario indicar
que se cumplen los requisitos generales de procedencia, en particular, el de
inmediatez, puesto que la providencia de 29 de julio de 2021, objeto de reproche
constitucional, se notificó el 6 de agosto de 202111 y la demanda de tutela se
presentó el 4 de febrero de 2022 12, es decir que no habían transcurrido los 6
8 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca).
9 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
10 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
11
Actuación SAMAI 27. Puede consultarse el expediente del proceso ordinario 68001-33-33-33-
002-2017-00062-01.
12
Actuación SAMAI 1
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
meses.
La Sala estudiará los cargos alegados así:
Defecto sustantivo
La jurisprudencia constitucional ha considerado el defecto sustantivo como el que
se configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto, bien sea porque ha sido derogada, porque ella o su
aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar vigente
y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se ha
13
aplicado .
En este sentido, se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la
decisión cuestionada se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso
14
concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso , no se
15
encuentra vigente por haber sido derogada , o ha sido declarada
16
inconstitucional ; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
Política le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que
se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma
desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
17
efectuar una interpretación sistemática ; (iv) cuando la norma pertinente es
inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no
obstante, la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le reconocen
18
efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador .
Defecto fáctico
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha señalado que se produce
cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una
dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez 19.
En esta situación se incurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria,
irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite,
o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente 20.
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que para que se constituya una vía
de hecho por defecto fáctico es necesario que “(…) se hayan dejado de valorar
pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas
13 Ver sentencia T-784 de 2000 de la Corte Constitucional.
14 Ver sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005 de la Corte Constitucional.
15 Ver sentencia T-205 de 2004 de la Corte Constitucional.
16 Ver sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001 de la Corte Constitucional.
17 Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004 de la Corte Constitucional.
18 Sentencia SU-159 de 2002 de la Corte Constitucional.
19
Corte Constitucional ,Sentencia T-015 de 2012, de 20 de enero de 2012
20
Ibídem
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y
alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la
vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de
un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción.”
El defecto fáctico se presenta en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y
lo resuelto. Se configura, entre otros, en los siguientes supuestos: (i) cuando el
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por
completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la
hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 21.
De los defectos sustantivo y fáctico en el caso concreto
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en estos defectos, corresponde al juez
de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos, en lo
que respecta a la aplicación e interpretación de normas y apreciación de las
pruebas.
En el caso propuesto, ALG Ingenieros Ltda. alegó la configuración de estos
defectos porque, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Santander, en la
sentencia dictada en segunda instancia en el proceso ordinario, se separó de lo
dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley 610 de 2000, puesto que solo puede
dictarse fallo con responsabilidad fiscal cuando existe prueba del daño patrimonial
y de la responsabilidad del investigado.
En concreto, la actora relacionó las pruebas que el Tribunal accionado no tuvo en
cuenta, así:
“7.1. Marzo 11 de 2008. Correo electrónico interno de ECOPETROL S.A. – ICP.
En este correo se envió a los funcionarios que participaron en el proceso del AVB
PLUS, el Cronograma de producción del AVB PLUS. En la actividad 5 se puede
resaltar: “Trasladar equipos, adecuar y realizar montaje en instalaciones Bitucol”.
7.2. Abril 1 de 2008. Correo electrónico de ALG INGENIEROS LTDA. enviado a
ECOPETROL S.A. – ICP. Se atendió solicitud de Análisis de costos y cotización
para la maquila del AVB PLUS. En esta primera cotización, se puede ver que
inicialmente el ítem Locación era un arrendamiento con una tarifa/día de
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Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
$300.000,oo, o sea, un valor parcial de $9.000.000.oo, mensuales y el ítem de
Traslado y adecuación de planta, un valor parcial de $9.882.500.oo mensuales
($263 x 1.250 kg x 30 días). (Ver Análisis de costos AVB PLUS y Hoja de cálculo,
Análisis de Precios Unitarios MAQUILA ADITIVO AVB).
7.3. Abril 3 de 2008. Correo electrónico de ECOPETROL S.A. – ICP., enviado a
ALG INGENIEROS LTDA. Aquí se observan unas necesidades de montaje y los
requerimientos de montaje adicionales que contemplaban obras de adecuación
necesarias para el montaje de los equipos trasladados por ECOPETROL S.A.-
ICP., como: malla de encerramiento, muros de encerramiento, diques, entre otros.
(Ver Necesidades de montaje - Requerimientos de montaje adicionales). 7.4. Abril
3 de 2008. Correo electrónico de ALG INGENIEROS LTDA., enviado a
ECOPETROL S.A. – ICP. Correo atendiendo solicitud de cotización para la
maquila del AVB PLUS., teniendo en cuenta los requerimientos de montaje
adicionales, enunciados en el punto anterior. Quiero resaltar en esta segunda
cotización, el ítem Locación seguiría siendo un arrendamiento con una tarifa/día de
$300.000.oo, o sea, un valor parcial de $9.000.000.oo, mensuales y el ítem de
Traslado y adecuación de planta, un valor parcial $20.512.500.oo mensuales
($547 x 1.250 kg x 30 días), incluyendo las nuevas necesidades de adecuación de
la planta requeridas. (Ver Análisis de Precios Unitarios MAQUILA ADITIVO AVB).
7.5. Abril 7 de 2008. Comité interno Extraordinario de ECOPETROL S.A. – ICP.,
consignada en el Acta No. 09. En el punto 3 de este comité, la solicitud de una
cotización formal a ALG INGENIEROS LTDA., para el Servicio de producción y
transporte del aditivo AVB-PLUS para ECOPETROL S.A.
7.6. Abril 8 de 2008. Acta de Comité interno Extraordinario de ECOPETROL S.A. –
ICP., consignada en el Acta No. 10. Quiero resaltar en el punto 2., de este comité
la solicitud de aclarar el sistema de precios unitarios a emplear de acuerdo a la
clase de contrato.
7.7. Abril 8 de 2008. Acta No. 014 de 2008, Reunión de acuerdos y compromisos.
En el punto 2 de esta reunión en la Dirección de ECOPETROL S.A.-ICP., se
encuentra la solicitud de autorización previa para iniciar los trámites del contrato
con el objeto citado y autorización a realizar dichos trámites ante el Funcionario
Autorizado.
7.8. Abril 10 de 2008. Formato único de solicitud de contratación o compras -FUC-.
de ECOPETROL S.A. – ICP. Aquí ECOPETROL S.A. – ICP aclara el sistema de
precios unitarios a cotizar y determina que la clase de contrato será un Servicio y
no una Obra y el objeto ahora era el Servicio de Producción y Transporte del
aditivo AVB-PLUS para Ecopetrol S.A.
7.9. Abril 10 de 2008. Correo electrónico de ECOPETROL S.A. – ICP., enviado a
ALG INGENIEROS LTDA., solicitud de cotización. Aquí ECOPETROL S.A. – ICP.,
requirió considerar precios unitarios siguiendo el contenido del cuadro que se
anexó.
7.10. Abril 11 de 2008. Respuesta a solicitud de cotización de ECOPETROL S.A. –
ICP y nuevo Análisis de Precios Unitarios. En este punto quiero resaltar que el
ítem de Traslado y adecuación de planta, por tratarse de una obra, ya no aparece
en este cuadro anexo de precios unitarios; ECP– ICP., asume los costos del
traslado de equipos de su propiedad y ALG INGENIEROS LTDA., incluye los
costos de las adecuaciones en el ítem de Locación, con la aprobación y
sugerencia de ECP–ICP; y como consecuencia de esta aclaración en los precios
unitarios, por la clase del contrato (servicio) el valor de la tarifa/día de $300.000.oo,
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se incrementa a $500.000.oo (tarifa/día de $300.000.oo, por arrendamiento, más
tarifa/día de $200.000.oo, por las adecuaciones de los espacios físicos (obra) a
ejecutar en el montaje de la planta). (Ver Solicitud de cotización y Análisis de
Precios Unitarios para el Servicio de Producción y Transporte del Aditivo AVB-
PLUS para ECOPETROL S.A.,)
7.11. Abril 24 de 2008. Correo electrónico de ECOPETROL S.A. – ICP- Dirección
de abastecimiento de bienes y servicios., enviado a ALG INGENIEROS LTDA.-
Proceso de Selección Directa 513234. Quiero resaltar en este punto el interés de
ECOPETROL S.A., en recibir la propuesta de ALG para la ejecución de los
servicios cuyo objeto fue el “SERVICIO DE PRODUCCION Y TRANSPORTE DEL
ADITIVO AVB-PLUS PARA ECOPETROL S.A.”.
7.12. Abril 25 de 2008. Carta de presentación de la oferta y análisis de precios
unitarios según el anexo 4. Aquí ALG INGENIEROS LTDA confirmó la cotización
del 11 de abril de 2008 y, presentó una propuesta al proceso de selección directa
N°. 513224, ratificando los precios del Análisis de Precios Unitarios, teniendo en
cuenta todas las decisiones, aclaraciones y aprobaciones de ECOPETROL S.A. –
ICP., tomadas durante la etapa precontractual comprendida entre el 5 de marzo de
2008 y el 25 de abril de 2008. (Ver ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA
OFERTA y ANEXO 4 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS- SERVICIO DE
PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE ADITIVO AVB-PLUS PARA ECOPETROL
S.A.).
7.13. Versión libre de Edgar Francisco Pantoja Agredo el día 29 de marzo de 2012
ante la CGR. En este documento se puede evidenciar que el funcionario de
Ecopetrol, Edgar Francisco Pantoja, en su versión libre ante la Contraloría General
de la República […] aclara como fue utilizado el ítem locación y los costos de
adecuación de la planta que en él se contemplaban.”
La actora advirtió que con las anteriores pruebas puede identificarse cómo se
utilizó el ítem locación en el APU y los rubros que lo contenían, necesarios para
ejecutar el contrato, que son el canon de arrendamiento y los gastos por
adecuaciones. Además, que ese manejo se dio así por recomendación del
contratante, por lo que no existió daño patrimonial ni podía endilgarse
responsabilidad alguna a la contratista.
Expuestos los argumentos de tutela corresponde a la Sala realizar unas
precisiones según se constata del expediente del proceso ordinario 68001-33-33-
33-002-2017-00062-00 que corresponde al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por ALG Ingenieros Ltda. contra la Contraloría General de
la República.
En ejercicio del referido medio de control se pidió la nulidad de los actos
administrativos dictados en el proceso de responsabilidad fiscal SAE 2014-01855-
1830, que son el fallo 012 de 10 de mayo de 2016, confirmado por el auto 005 de
30 de junio de 2016, que falló con responsabilidad fiscal, de manera solidaria y a
título de culpa grave contra el gestor técnico del contrato, al administrador del
contrato y la contratista ALG Ingenieros Ltda., en cuantía de $52.616.595, al
advertir una conducta negligente en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
Del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo Oral
de Bucaramanga que, mediante sentencia de 19 de diciembre de 2017, accedió
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parcialmente a las súplicas de la demanda y declaró la nulidad parcial de los actos
acusados y a título de restablecimiento del derecho ordenó exonerar de
responsabilidad fiscal a ALG Ingenieros Ltda.
La sentencia se apeló y el Tribunal Administrativo de Santander, en providencia
del 29 de julio de 2021, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para efectos de estudiar los defectos sustantivo y fáctico que se le endilga a la
decisión de segunda instancia que puso fin al proceso ordinario promovido por
ALG Ingenieros Ltda., de la lectura de la misma, la Sala encuentra que el Tribunal
en las consideraciones analizó el marco normativo (Ley 610 de 2000) y
jurisprudencial en materia de responsabilidad fiscal, en concreto se refirió a los
elementos necesarios para que se constituya la responsabilidad fiscal y el
concepto de daño patrimonial.
En el fallo también incluyó un capítulo de “2.1.1 Hechos Probados” en el que se
refiere al objeto del contrato celebrado entre Ecopetrol S.A. y ALG Ingenieros
Ltda.; al anexo 4 del Análisis de Precios Unitarios del contrato en el que entre los
ítems resalta el de “Locación”, incluido en “1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE
PLANTA”; a constancias de pago de canon de arrendamiento, entre otras pruebas.
Frente al ítem “locación” incluido en el Análisis de Precios Unitarios del contrato, el
Tribunal advirtió que no se discriminan detalladamente los elementos que lo
integran, por lo que debe acudirse al concepto en su tenor literal, según la Real
Academia de la Lengua (der. Arrendamiento- acción de arrendar). Así que no
puede “bajo ninguna interpretación” considerarse que ese ítem comprende
elementos ajenos al arrendamiento, como las adecuaciones hechas al inmueble
usado para cumplir el objeto del contrato.
En ese entendido, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“(…) la locación corresponde al arriendo de las instalaciones donde el
Contratista montó la planta para ejecutar el contrato, por lo que incluir un
rubro diferente a esto, escapa al objeto contractual y al Análisis de Precios
Unitarios pactados entre la firma ALG INGENIEROS LTDA y ECOPETROL
S.A, configurando así un daño patrimonial al Estado toda vez que el valor
de las adecuaciones hechas al inmueble arrendado por ALG INGENIEROS
LTDA se trasladó a ECOPETROL S.A., quien no estaba en la obligación
legal ni contractual de asumir ese pago.
En virtud de lo expuesto y toda vez que el valor cancelado por
ECOPETROL S.A. a la firma ALG INGENIEROS LTDA fue mayor al que
realmente debió pagarse, se configura así el daño patrimonial al estado-
como elemento estructurador de la responsabilidad fiscal-representado en
los valores que sin estar integrados en el ítem “locación” se pagaron por
este concepto. Lo anterior, impone a esta sala de decisión revocar la
sentencia de primera instancia y en su lugar denegar las pretensiones de la
demanda por no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que cobija
a los actos administrativos demandados”.
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Plasmados los argumentos de la sentencia de segunda instancia, es posible
advertir que el fallador efectuó un análisis adecuado fundado en las normas
aplicables al caso y a la situación fáctica debidamente probada.
En relación con la definición del término locación, es razonable acudir al concepto
general traído por la RAE precisamente porque, como lo advirtió el Tribunal, en
ese ítem debían discriminarse los elementos que lo componían.
En efecto, en este caso, como se trataba de un contrato estatal (negocio jurídico
solemne) frente al que prima el interés general y la protección de recursos
públicos sobre los intereses particulares, era necesario verificar las condiciones
contractuales acordadas por escrito entre las partes.
En ese entendido, resultaba suficiente verificar el contenido del contrato estatal y
la normativa aplicable para resolver el asunto y, por ende, no era necesario
analizar las pruebas alegadas por la actora.
Dichas pruebas son, entre otras, correos electrónicos entre Ecopetrol y ALG, actas
de reuniones, cotizaciones, cartas de presentación de ofertas, las cuales no
demuestran que los gastos por adecuaciones estaban incluidos en el ítem de
locación, pues se insiste en que por tratarse de un contrato estatal, se requería, tal
como lo consideró el Tribunal demandado, que en forma expresa ese elemento
estuviera incluido en el Análisis de Precios Unitarios y no fuera resultado de
recomendaciones informales o condiciones aceptadas por las partes sin que
quedaran debidamente plasmadas en los documentos contractuales. Menos, si al
presentar la propuesta se indicó que el lugar en el que se produciría el aditivo AVB
plus cumplía con las condiciones locativas necesarias para tal fin.
Así que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la autoridad judicial
demandada no desconoció los artículos 22 y 23 de la Ley 610 de 2000, referidos a
la necesidad de la prueba y que esta conduzca a la certeza del daño patrimonial y
de la responsabilidad del investigado, puesto que tuvo en cuenta las pruebas
aportadas, entre ellas, el Análisis de Precios Unitarios del contrato y constancias
de pago de canon de arrendamiento, que fueron las conducentes y pertinentes
para resolver el objeto del litigió y concluir que los actos dictados en el proceso de
responsabilidad fiscal no están viciados de nulidad.
De lo anterior, la Sala observa que la demandante no logró desvirtuar la legalidad
de los actos demandados en los que la Contraloría General de la República
advirtió que las obras de adecuación del lugar en el que se produciría el aditivo
debían asumirse por el contratista, pues al momento de presentar la propuesta
ofreció un lugar adecuado para cumplir el objeto del contrato. Así que, el costo de
las adecuaciones efectuadas por ALG Ingenieros Ltda. no debía incluirse en el
ítem locación. Entonces, tal como lo advirtió la Contraloría y lo reiteró el Tribunal
como en el ítem estaba el valor del canon de arrendamiento y además los gastos
de adecuación se generó un mayor valor pagado por Ecopetrol al contratista, lo
que produjo un detrimento patrimonial.
En conclusión, la tutelante no logró acreditar en este proceso constitucional una
configuración de los defectos sustantivo y fáctico, pues más que alegar una
indebida interpretación de las normas aplicables y una omisión probatoria, lo que
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Demandante: ALG INGENIEROS LTDA
pretendió fue exponer el desacuerdo que surge frente a los argumentos que
fueron presentados por el juez natural en la sentencia de segunda instancia.
Por último, se observa que el debate de carácter legal se desarrolló y culminó en
debida forma mediante providencia que le puso fin al proceso. No se evidencia
que el fallador se haya separado de los hechos debidamente probados ni que las
pruebas analizadas no tengan relación con el asunto debatido en el proceso, por
lo que la conclusión a la que llegó no es arbitraria o caprichosa ni vulneradora de
los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Valga precisar que el análisis normativo y probatorio que realiza el fallador está
respaldado por la autonomía que caracteriza la actividad judicial.
En consecuencia, se niega el amparo de los derechos al debido proceso y acceso
a la administración de justicia invocados por ALG Ingenieros Ltda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por ALG Ingenieros
Ltda.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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