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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00946-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00946-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 29 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00 Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00946-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00
Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros1
Demandados: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera de Tribunal Administrativo
de Cundinamarca

Tema: Defecto fáctico/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los actores contra la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Subsección C de Descongestión
de la Sección Tercera de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, el Consejo, al proferir la sentencia de 11 de junio de 2021, y el Tribunal, al
proferir la sentencia de 18 de enero de 2013, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
250002326000201000814-01, vulneraron su derecho fundamental al debido
proceso.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Diana María Mancera Reinosa, Claudia Milena Barrera Luis, Hamilton Mateo Santos Barrera, Erick Julián

Santos Barrera, Julia Luis de Barrera.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00
Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela contra
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Subsección C de
Descongestión de la Sección Tercera de Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, el Consejo, al proferir la sentencia de 11 de junio de 2021, y el
Tribunal, al proferir la sentencia de 18 de enero de 2013, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
250002326000201000814-01, vulneraron su derecho fundamental al debido
proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Adujeron que el 29 de mayo de 2007 se adelantó un operativo en el que fueron
capturados Claudia Milena Barrera Luis y Rafael Antonio Barrera Luis, con base en
la denuncia formulada por Armando Pedraza y Rubiela Caicedo, en la que
afirmaron recibir varias llamadas extorsivas.

4.Expresaron que por solicitud de la Fiscalía 248 delegada ante los Jueces Penales
Municipales de Bogotá, el Juez de Control de Garantías legalizó la captura, imputó
cargos a los imputados por la presunta comisión del delito de extorsión agravada y
les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

5.Afirmaron que el 14 de abril de 2008, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, en
la que los condenó a 192 meses de prisión por la mencionada conducta punible.

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Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

6.Manifestaron que el 4 de agosto de 2008, el Tribunal Superior de Bogotá revocó
la providencia de primera instancia, absolviendo a los demandantes y ordenó su
libertad inmediata.

7. Los actores presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la
Rama Judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de
que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios
ocasionados por la privación injusta de la libertad del que fueran víctimas los
hermanos Claudia Milena Barrera Luis y Rafael Antonio Barrera Luis.

Sentencia proferida el 18 de enero de 2013 por la Subsección C de
Descongestión de la Sección Tercera de Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa identificado con el
número único de radicación 250002326000201000814-01

8. La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera de Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió negar las pretensiones de la demanda.

9. Afirmó que, si bien estaba acreditado en el expediente que Rafael Antonio Barrera
y Claudia Milena Barrera estuvieron privados de la libertad, desde el 31 de mayo de
2007 hasta el 6 de agosto de 2008, no estaba demostrada la antijuridicidad del daño,
debido a que no se allegaron las grabaciones de las audiencias que se adelantaron
en el proceso penal, entre ellas, el CD de la diligencia en la que se impuso la medida
de aseguramiento.

10. Indicó que la parte actora no cumplió con la carga de probar el supuesto de
hecho de la norma que perseguía y que, en todo caso, las víctimas directas fueron
absueltas en virtud del principio del beneficio de la duda, mas no por ausencia
absoluta de pruebas en contra de los entonces procesados, por lo que no era posible
concluir que su privación de la libertad fue injusta.

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Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

Sentencia proferida el 11 de junio de 2021 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 250002326000201000814-01

11. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 18 de enero de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.

12. Consideró que:

“[…] Adicionalmente, si la fiscalía tiene elementos materiales probatorios, evidencia
física o información legalmente obtenida que permita inferir, de manera razonable,
que una persona es el autor o partícipe de un delito, le comunicará su calidad de
imputado, en audiencia ante el juez de control de garantías2. Por último, la fiscalía
podrá solicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá
indicar la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta
investigada y su necesidad, con el fin de garantizar los fines de la justicia, la
protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado trámite del
proceso penal. Si se trata de una medida de detención preventiva en establecimiento
carcelario, procederá respecto de los delitos de competencia de la justicia
especializada o para aquellos que tengan una pena mínima prevista por la ley que
sea o exceda de 4 años3.

Si bien al expediente no fue aportada la grabación de la audiencia de formulación
de imputación y de imposición de medida de aseguramiento, de las sentencias
penales de primera -condenatoria- y segunda instancia -absolutoria- es posible
conocer los hechos que motivaron el inicio de dicha investigación, así como las
actuaciones más relevantes del trámite del proceso. Precisamente, el 26 de mayo
de 2007, Armando Pedraza comenzó a recibir varias llamadas al teléfono celular de
su esposa, provenientes de un hombre que se identificó como comandante
“Mojoso”, integrante del frente 51 de las FARC, en las que exigía el pago de la suma
de $6.000.000, dado que, de no hacerlo, “su hijo pagaría las consecuencias”4.

Después de varias conversaciones -sostenidas también por su esposa y el sargento
Flórez del grupo Gaula de Florencia-, se acordó que la víctima entregaría “material
de intendencia”5 -como gasas, bisturís, toallas higiénicas, jeringas, alcohol, Isodine,
peinillas, una planta de energía y botas ecuatorianas-, así como la consignación de
la suma de $2.800.000 en una oficina de Servientrega, con el fin de que esta última
cifra fuera retirada en el barrio Restrepo, de la ciudad de Bogotá, por parte de

2 Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004.
3 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, la fiscalía deberá señalar “la persona, el delito,

los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los
argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión”.
4 Página 1 de la sentencia penal de primera instancia.
5 Página 2 de la sentencia penal de primera instancia.

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Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

Claudia Milena Barrera Luis.

Una vez se formuló la respectiva denuncia penal -que consta en el formato de
informe ejecutivo de noticia criminal-, integrantes del grupo Gaula organizaron un
operativo, con el propósito de identificar a los presuntos responsables. Como
resultado de esas actividades, se dispuso la captura de Claudia Milena y Rafael
Antonio Barrera Luis, “momentos en que retiraban la supuesta suma de dinero
producto de la extorsión”6. Así, la primera persona mencionada fue la que se acercó
a la oficina de Servientrega para cobrar el dinero girado y el segundo la estaba
esperando en su moto a la salida del establecimiento de comercio.

En el informe de captura en flagrancia suscrito por el patrullero Daniel Giovanni
Marín Parra -persona que rindió testimonio en el juicio oral- se indicó que los
capturados no opusieron resistencia al procedimiento de captura y que, en ese
momento, manifestaron que dicha suma pertenecía al esposo de Claudia Barrera,
Jorge Jair Santos, quien “se encontraba en la cárcel de la Picota, por el delito de
extorsión y quien les cobraba a los internos por hacerle estos retiros el 10%”7. En el
mismo sentido declaró en la etapa de juicio Jorge Alonso Durán González, suboficial
de la Policía Nacional e integrante del grupo Gaula. Asimismo, al proceso penal se
allegó el acta de incautación del dinero.

En la sentencia penal condenatoria de primera instancia se indicó que uno de los
indicios graves de responsabilidad que se tuvo en cuenta durante la actuación fue
el reconocimiento voluntario efectuado por los dos imputados, acerca de que el
dinero retirado provenía de Jair Santos, persona condenada por el delito de
extorsión y recluida en la Cárcel La Picota, quien le cobraba a los otros internos el
10% por realizar ese tipo de transacciones.

Como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, las manifestaciones realizadas
de manera voluntaria por el presunto responsable de un delito al momento de su
captura y comunicadas posteriormente por el respectivo funcionario pueden constituir
un indicio grave sobre su autoría o participación en la conducta investigada. Así lo
señaló:

“En tercer término, [el recurrente] reprocha a los juzgadores incurrir en falso juicio de
legalidad frente al indicio derivado de la mentira del procesado. Al respecto, estima
que las manifestaciones ofrecidas por el procesado antes de intimársele captura no
fueron voluntarias, en tanto al estar amparado por el derecho a la no
autoincriminación, el hecho de haber roto su silencio sólo se explica en “una excesiva
compulsación de la autoridad policiva”.// El yerro aducido es fundamentado por el
actor a partir de un supuesto especulativo, y es el de considerar que cuando las
autoridades realizan un operativo orientado a determinar si se está infringiendo la ley,
siempre ejercen constreñimiento o, como sostiene el libelista, “excesiva
compulsación” sobre quien recae el procedimiento policial, de tal modo que todo lo
por él dicho en ese momento no es voluntario sino fruto de presión o violencia.// La
tesis expuesta por el libelista contraviene la jurisprudencia de esta Corporación, cuyos
fundamentos se abstiene por completo de refutar. En efecto, sobre el tema la Sala ha
expuesto lo siguiente: ‘… no puede llevarse la regla de que todo interrogatorio al
imputado debe ser en presencia de su defensor al extremo absurdo de exigir la
asistencia profesional en el fragor de los acontecimientos, desde el instante mismo
en el que se ponen las esposas al aprehendido, prohibiendo al tiempo a sus captores

6 Id.
7 Página 5 de la sentencia penal de primera instancia.

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cerrar los oídos a todo aquello que diga o averiguarle por los otros coautores o
partícipes de la transgresión. Aunque no se desconoce que la policía judicial, o el
propio instructor, carecen de facultad legal para entrevistar o recibir versión o
indagatoria al imputado sin la concurrencia de abogado, la circunstancia en el actual
evento analizada no corresponde a ninguna de esas hipótesis. Aquí escuetamente
pasó que GIL ESPINOSA, una vez capturado, reveló los nombres de sus socios
criminales y los miembros de la policía judicial que lo escucharon así lo declararon
bajo juramento en sus correspondientes testimonios. Consiguientemente, se reitera,
ninguna ilegalidad cabe derivar ni siquiera si la revelación se originó en la pregunta
de uno de los investigadores…”8 (CSJ SP, 6 de may. De 2009, rad. 26390)”9.

Para los funcionarios de conocimiento, las afirmaciones realizadas por los capturados
revelaban una conducta irregular y contraria a la normativa legal, toda vez que el
argumento presentado por los capturados acerca de su desconocimiento sobre el
origen de ese dinero -cifra que, además, pertenecía a una persona recluida en un
establecimiento penitenciario y que no tenía ninguna posibilidad de desarrollar esa
clase de actividades comerciales-, no era compatible con la labor de simples
intermediarios o facilitadores de los negocios desplegados por Jair Santos en la cárcel
La Picota. Debe tenerse en cuenta que los entonces procesados nunca explicaron el
origen de ese dinero, más allá de indicar que accedieron a retirarlo de la oficina de
Servientrega, razón por la cual, al tratarse de la misma suma consignada por Armando
Pedraza en respuesta a las amenazas que se le formularon, el juez de control
garantías concluyó, de manera razonable -como se desprende de las sentencias
penales-, acerca de la participación de Claudia y Rafael Barrera en el delito de
extorsión investigado.

En la sentencia penal absolutoria de segunda instancia se indicó lo siguiente:

“Pueden surgir diferentes hipótesis sobre el recibo de dineros para otros, tales como
que el dinero consignado fuese para algún interno o familiar de un interno que
solicitara el servicio, o aún más, que la finalidad del mismo no fuera otra que ingresarlo
al centro penitenciario en contravía de las disposiciones que prohíben el flujo de
dinero al interior de los centros carcelarios del país. O también la hipótesis de que él
era un eslabón de una cadena delictiva. Pero las hipótesis, que bien pueden
originarse en sospechas, conjeturas, presunciones, corazonadas, pálpitos o
imaginaciones de los investigadores, tienen que referirse a la comisión de delitos y
deben ser respaldadas con medios de conocimiento legalmente surtidos para que el
fiscal pueda hacer una imputación, acusación y alegato en juicio, y el juez pueda
proclamar la autoría y responsabilidad penal”.

La mayoría de hipótesis resaltadas por el juez de segunda instancia no resultaban
conformes a la ley y así lo destacaron los respectivos funcionarios judiciales. Por
tanto, el reconocimiento realizado por los capturados acerca del presunto destinatario
de esos recursos, la consiguiente imposibilidad de explicar su origen verdadero, así
como las circunstancias en que aparentemente Jair Santos desarrollaba varios
negocios con sus compañeros de reclusión -en las sentencias penales se
compulsaron copias penales en contra de este último-, permitieron construir un indicio
grave de la responsabilidad penal de los entonces procesados, que justificó la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en

8 Aun cuando la decisión citada se dictó en el marco del procedimiento regulado por la Ley 600 de 2000, resulta

también perfectamente aplicable a los casos seguidos bajo la égida de la Ley 906 de 2004.
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 29 de abril de 2015, Exp. No. 45357.

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establecimiento carcelario.

Finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, señaló
que “la Fiscalía no cumplió su rol debido de probar una teoría del caso”, dado que la
alegada confesión realizada por los procesados no tenía ninguna validez, al no
haberse realizado en presencia de su defensor. Por tanto, con independencia de la
posterior decisión adoptada por el juzgado de conocimiento, lo cierto es que la
actuación desarrollada por los aquí demandantes durante el procedimiento de captura
evidenció la necesidad de imponer la medida de aseguramiento de detención
preventiva en su contra.

De lo anterior, la Sala advierte que la actuación desplegada por los demandantes
principales, al reconocer al momento de su captura que retiraban una suma de dinero
por la cual Jair Santos cobraba el 10% a los internos del aludido centro de reclusión,
incidió de manera determinante en la imposición de la medida de detención
preventiva, dado que dichas afirmaciones permitieron construir la inferencia razonable
de coautoría en la comisión de la conducta típica, razón por la cual la Subsección
confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que encuentra configurada la causal de exoneración de
responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

13. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso vulnerado por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
“C”.

SEGUNDA: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”, la modificación de
la sentencia de segunda instancia de fecha 11 de junio de 2021, dentro del medio de
control de reparación directa radicado con el No. 25000-23-26-000-2010-00814-01
(47.494), y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia de fecha 18
de enero de 2013, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “C” DE
DESCONGESTIÓN, concediendo las pretensiones de la demanda […]”.

14. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico.

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Actuación

15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de febrero de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar los magistrados de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y a los magistrados de la Subsección C de
Descongestión de la Sección Tercera de Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y iii) vinculó a la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad
de terceros con interés legítimo., concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

16. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró
que:

“[…] Se considera que la providencia y el expediente de la respectiva acción de
reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En
consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto de
esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la
acción constitucional […]”.

17. La Fiscalía General de la Nación señaló que:

“[…] Sirvan los argumentos hasta aquí expuestos, para demostrar a su Despacho
que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor Rafael Antonio Barrera
Luis y su grupo familiar, y que, en todo caso, la tutela impetrada es a todas luces
improcedente, razón por la cual se solicita respetuosamente se despachen
desfavorablemente las pretensiones invocadas por el apoderado de los accionantes
por cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, así como tampoco se argumenta la
configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales ya que la parte actora no sustentó la configuración del
presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar
de que tenía la carga de la prueba; y por último, el fallo es acorde al precedente
jurisprudencial […]”.

18. La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera de Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Nación – Rama Judicial y el Consejo Superior

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de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardaron silencio
en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 202110
y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 201811 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

21. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la

10 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia
de 11 de junio de 2021 dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 250002326000201000814-01,
incurrió en defecto fáctico, lo que trajo como consecuencia que no declarara la
responsabilidad del Estado, por la privación injusta de la libertad, del que fueran
víctimas los hermanos Claudia Milena Barrera Luis y Rafael Antonio Barrera Luis.

22. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi)
análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello12, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

24. Esta Sección13 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

26. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”14.

27. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
14Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos
parámetros.

29. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

30. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

31. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.

32. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad, así:

15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

32.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental de los
actores al debido proceso.

32.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del
derecho fundamental citado supra, y además, ii) los actores cumplieron con la carga
argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico.

32.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales17, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

32.1. Cumplió con el principio de inmediatez18.

32.2. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección del derecho invocado.

32.3. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

17 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
18 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la sentencia de 11 de

junio de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00
Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

32.4. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y

32.5. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

33. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad por defecto fáctico:
19

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia20 ha determinado que
se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria
o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las
que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y,
c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas
resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que
las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la
autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”21 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”22[…]“. 23

34. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios

19 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera

arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de
aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
20 Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre

el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
21 Corte Constitucional.
22 Ibídem.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de

2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00
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debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

35. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a
las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede
lesionar derechos fundamentales […]”24

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
25

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del

24 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso en concreto

38. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

39. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

40. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:

40.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 11 de junio de 2021.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00
Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

41. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 11 de junio de 2021,
incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, expresaron lo siguiente:

“[…] Claro es que, el fallo de segunda instancia vino de conocerse en data del año
2021 y a expensas de un riguroso cambio de la jurisprudencia en torno a los
regímenes de aplicación en los casos de privación injusta de la libertad, según dio
cuenta la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena, de fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciocho
(2018), proceso 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947), MP. CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO BARRERA; en la que, palabras más, palabras menos, se expresó que,
el régimen es uno solo y se debe estudiar, en cualquiera de los casos, si el actuar
del procesado fue el causante de la medida de aseguramiento o detención
preventiva, desde esta perspectiva, falló el Ad-Quem atribuyendo culpa de las
víctimas en la causación del daño.

Dicha afirmación, en cabeza del Honorable Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, padece de Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio, en la medida que, se le dio
un alcance diferente a lo que emergía de las pruebas, separándose por completo de
los hechos debidamente probados. Veamos. En el aparte 29, el ad Quem expresó
lo siguiente:

“29. En la sentencia penal condenatoria de primera instancia se indicó que uno de
los indicios graves de responsabilidad que se tuvo en cuenta durante la actuación
fue el reconocimiento voluntario efectuado por los dos imputados, acerca de que el
dinero retirado provenía de Jair Santos, persona condenada por el delito de
extorsión y recluida en la Cárcel La Picota, quien le cobraba a los otros internos el
10% por realizar ese tipo de transacciones”.

Y más delante, con fundamento en sentencia CSJ SP, 6 de may. De 2009, rad.
26390, manifestó que, las afirmaciones realizadas por los capturados revelaban una
conducta irregular, luego entonces, dicha “confesión”, sumada a que los entonces
procesados nunca explicaron el origen de ese dinero, dieron como resultado que, el
Juez de Control de Garantías concluyera de manera razonable, acerca de la
participación de los hermanos BARRERA LUIS en el delito de extorsión.

El anterior argumento resulta apócrifo al material probatorio desde tres perspectivas,
por un lado, porque nunca los hermanos BARRRERA LUIS “confesaron” que el
dinero que CLAUDIA MILENA BARRERA retiró del establecimiento comercial
SERIVIENTREGA provenía de un ilícito, por otro, porque de lo manifestado por ellos
no se deducía su autoría o participación en el delito de extorsión, elementos
fundamentales para estructurar el nivel de conocimiento necesario para imponer
medida de aseguramiento y, por último, pues el ente investigador no tenía ningún
elemento material probatorio diferente al dinero, la denuncia, la consignación, las

18

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00
Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

llamadas provenientes de la cárcel Picota, que involucrara a CLAUDIA MILENA y
mucho menos a RAFAEL ANTONIO BARRERA LUIS, este último de quien se supo
probatoriamente, solamente acudió al lugar para acompañar a su hermana en un
acto de solidaridad y buena fe.

El día 29 de mayo de 2007 CLAUDIA MILENA y RAFAEL ANTONIO BARRERA
LUIS fueron capturados por parte de funcionarios del GAULA, específicamente por
el señor DANIEL GIOVANNI MARIN PARRA, quien, respecto a la supuesta
confesión a la que hace alusión el Ad Quem de lo contencioso administrativo, indicó
en el juicio, lo siguiente:

“…Por lo que dispusieron como a las 9:00 de la mañana el operativo con el sargento
Duvan en la oficina de servientrega, lográndose la captura de la señora BARRERA
LUIS, cuando había retirado el dinero y se disponía a subirse a una moto que estaba
parqueada fuera del establecimiento de comercio, en donde la estaba esperando el
señor RAFAEL ANTONIO BARRERA LUIS, sujetos que no opusieron resistencia a
la aprehensión, manifestando que desconocían de quien era el dinero, ya que era
para su esposo JAIR, que se encontraba en la cárdel la Picota, por el delito de
extorsión, y quien les cobraba a los internos por hacerle estos retiros el 10%”4 .

Como podemos apreciar del testimonio rendido por parte de MARIN PARRA, quien
expresó lo mismo en el Informe de Policía en Caso de Captura en Flagrancia, no se
desprende una confesión del ilícito de extorsión, ni siquiera un indicio del mismo,
por lo tanto, la sentencia (CSJ SP, 6 de may. De 2009, rad. 26390) utilizada por el
Ad Quem no es válida, en la medida que, de dichas afirmaciones solamente se
puede aseverar con certeza que, los hermanos BARRERA LUIS no sabían de lo que
ocurría con ese dinero, simplemente estaban haciendo un favor a una persona que
se encontraba en la cárcel, de quien afirmaron su nombre completo y podían indicar
hasta su identificación, para que así el ente acusador lo confirmara con la cárcel la
Picota, a fin de verificar si lo dicho por los capturados era cierto o no y con ello
confirmar o desvirtuar el indicio de autoría o participación, que no se vislumbraba en
ese momento.

Y así lo decantó la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
en su sentencia de fecha 04 de agosto de 2008, mediante la cual absolvió de
responsabilidad a los hermanos BARRERA LUIS, al manifestar lo siguiente:

“La pretendida confesión que invocaron tanto la Fiscalía como la motivación de la
sentencia impugnada como sustento y base primordial para la edificación del juicio
de reproche en contra de los aquí acusados, no lo es.

Para comenzar, el derecho de guardar silencio que les asiste a todos y cada uno de
los procesados en el actual sistema penal es pilar esencial del mismo dentro del
régimen que se estructuró como un proceso de igualdad de armas y adversarial,
razón por la cual resignar éste derecho no puede ser entendido con la simple
informalidad de usar lo dicho por los procesados al momento de su captura, aun si
se les ha puesto de presente sus derechos de capturado, toda vez que dichas
manifestaciones en primer lugar no se hicieron en presencia de un abogado
defensor. En consecuencia, claro es que lo relatado por los hermanos BARRERA
LUIS al momento de su captura no tendría ninguna validez y no debe, siquiera,
tomarse como existente dentro del proceso, de lo que se colige que la estructuración
de responsabilidad endilgada a los procesados con base en la “confesión” es
contraria a los postulados dogmáticos del sistema penal vigente.

19

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00946-00
Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

Empero, la valoración del dicho de los acusados al momento de su captura, según
el informe ejecutivo y la declaración de los agentes oficiales en juicio, tampoco
puede llevar a la conclusión de su participación en el punible puesto en conocimiento
de esta colegiatura, ya que jamás “confesaron” haber participado en extorsión
alguna: manifestaron estar retirando un dinero con destino a su esposo y cuñado,
respectivamente, JAIR SANTOS, de quien informaron se encuentra recluido en la
Penitenciaria La Picota por extorsión y cobra a los internos un porcentaje del 10%
de los valores que les consignen. De ahí no se puede hacer una inferencia lógica,
válida, coherente y convincente de que los capturados eran conocedores de que los
dineros consignados provenían de una actividad ilícita. La sentencia repite varias
veces este mismo aspecto con la misma presentación e interpretación, pero no por
repetirlo se vuelve más acertado o verídico. Hay que limitarse al contenido exacto
de las palabras que utilizaron en su testimonio los agentes de la policía que
intervinieron, y de allí sólo se encuentra que los capturados sabían que su familiar
estaba preso por extorsión, que recibía por intermedio de CLAUDIA MILENA dineros
para otros presos, y que por ello cobraba un porcentaje. No es comprensible cómo
infiere la Fiscalía, y lo acepta el a quo, que necesariamente sabían y coadyuvaban
en la extorsión de JAIR SANTOS, o de OMAR OSORIO, o de otra persona, a
ARMANDO PÉREZ. (se ha subrayado y negreado).

Argumentos que fueron desvalorados por la sentencia hoy enjuiciada pese a ser la
prueba de lo antijurídico de la medida de aseguramiento, pues si bien es cierto tal
afirmación se sostuvo en la sentencia de segunda instancia, no es menos cierto que,
en el momento de las audiencias concentradas, tampoco existía la inferencia
razonada de autoría o participación, en vista que, fue el mismo informe de Policía
en Caso de captura en Flagrancia el Elemento Material Probatorio para inferirla por
la supuesta confesión que realizaren los capturados, confesión que, como lo dijo el
Honorable Tribunal, por una lado no debe tenerse en cuenta por ilegal y, por el otro,
no decía nada respecto a la autoría o participación de los hermanos BARREA LUIS
[…]”.

[…]

“[…] Así las cosas, es dable manifestar que, la sentencia proferida por el Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
al considerar que existió culpa de las víctimas, se encuentra alejado del material
probatorio, específicamente de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, anteriormente transcrita, pues consideró que los
hermanos BARRERA LUIS, el día de su captura, confesaron haber participado en
el punible de extorsión, hecho que no es compatible con lo probado en el proceso
penal, así mismo, el hecho de retirar un dinero del cual sabía la señora BARRERA
LUIS su esposo cobraba un porcentaje, tampoco comporta conocimiento sobre el
delito de extorsión que fue el delito imputado por la fiscalía y por el cual se le dictó
medida de aseguramiento.

Ahora bien, el ad-Quem, en su párrafo 31 expresó que:

“31. Para los funcionarios de conocimiento, las afirmaciones realizadas por los
capturados revelaban una conducta irregular y contraria a la normativa legal, toda
vez que el argumento presentado por los capturados acerca de su desconocimiento
sobre el origen de ese dinero -cifra que, además, pertenecía a una persona recluida
en un establecimiento penitenciario y que no tenía ninguna posibilidad de desarrollar
esa clase de actividades comerciales-, no era compatible con la labor de simples
intermediarios o facilitadores de los negocios desplegados por Jair Santos en la

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cárcel La Picota. Debe tenerse en cuenta que los entonces procesados nunca
explicaron el origen de ese dinero, más allá de indicar que accedieron a retirarlo de
la oficina de Servientrega, razón por la cual, al tratarse de la misma suma
consignada por Armando Pedraza en respuesta a las amenazas que se le
formularon, el juez de control garantías concluyó, de manera razonable -como se
desprende de las sentencias penales-, acerca de la participación de Claudia y Rafael
Barrera en el delito de extorsión investigado”. De este párrafo encontramos dos
situaciones particulares las cuales fueron subrayadas, la primera, que las
afirmaciones de los capturados revelaban una conducta irregular, hecho que es
totalmente falso, en la medida que, por un lado, el Fallador Penal de Segunda
Instancia despachó como ilícita la supuesta confesión de los hermanos BARRERA
LUIS y, por el otro, en el momento de la captura los procesados fueron contundentes
sobre su conocimiento acerca del dinero, indicando que no conocían su procedencia
y que era para un interno de la cárcel la Picota que se trataba de su esposo y cuñado,
JAIR SANTOS.

Así mismo, se infirió que los procesados nunca explicaron el origen de ese dinero,
aspecto que, como se sabe de las pruebas aportadas al expediente, siempre
informaron los motivos por los cuales retiraban este dinero y para quien iba dirigido,
indicando que, se trataba de un favor que realizaría a su esposo, en el caso de la
señora DIANA MILENA.

Así mismo, el despacho se refirió en los siguientes términos a párrafo 33:

33. La mayoría de hipótesis resaltadas por el juez de segunda instancia no
resultaban conformes a la ley y así lo destacaron los respectivos funcionarios
judiciales. Por tanto, el reconocimiento realizado por los capturados acerca del
presunto destinatario de esos recursos, la consiguiente imposibilidad de explicar su
origen verdadero, así como las circunstancias en que aparentemente Jair Santos
desarrollaba varios negocios con sus compañeros de reclusión -en las sentencias
penales se compulsaron copias penales en contra de este último-, permitieron
construir un indicio grave de la responsabilidad penal de los entonces procesados,
que justificó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva
en establecimiento carcelario.

En el mismo sentido, se indica que, en efecto los capturados reconocieron los
motivos por los cuales retiraban ese dinero, sin embargo, tales aspectos informados
no llevaban a la conclusión de su conocimiento sobre la conducta punible que con
ellos se desarrollaba, aparte de ello, más allá de ser un favor para un familiar, no es
posible construir una actuación dolosa o gravemente culposa desde el punto de vista
civil.

En el mismo sentido, a párrafo 34 encontramos lo siguiente:

34. Finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal,
señaló que “la Fiscalía no cumplió su rol debido de probar una teoría del caso”, dado
que la alegada confesión realizada por los procesados no tenía ninguna validez, al
no haberse realizado en presencia de su defensor. Por tanto, con independencia de
la posterior decisión adoptada por el juzgado de conocimiento, lo cierto es que la
actuación desarrollada por los aquí demandantes durante el procedimiento de
captura evidenció la necesidad de imponer la medida de aseguramiento de
detención preventiva en su contra.

Recuerdo en este paso que, lo único que realizaron los hermanos BARRERA LUIS

21

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al momento de su captura, fue informar a los investigadores la verdad, tal como
quedó probado en el proceso penal.

Por último, a párrafo 35 se dijo:

35. De lo anterior, la Sala advierte que la actuación desplegada por los demandantes
principales, al reconocer al momento de su captura que retiraban una suma de
dinero por la cual Jair Santos cobraba el 10% a los internos del aludido centro de
reclusión, incidió de manera determinante en la imposición de la medida de
detención preventiva, dado que dichas afirmaciones permitieron construir la
inferencia razonable de coautoría en la comisión de la conducta típica, razón por la
cual la Subsección confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, toda vez que encuentra configurada la causal de
exoneración de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

Con todo respeto, reconocer la verdad con relación del destino del dinero no justifica
un indicio grave de responsabilidad, como lamentablemente lo indica el Ad-Quem,
pues con la simpleza de realizar una verificación en la cárcel la picota respecto a la
estadía o no de JAIR SANTOS en ese lugar, sería suficiente para verificar la verdad
o mentira del dicho de los capturados. Con todo, es claro que, no se probó en la
sentencia acusada que los demandantes hubieran realizado conductas dentro del
proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la medida de
aseguramiento y que, además, aquellas conductas estuviesen revestidas de culpa
grave o dolo desde el punto de vista civil, como es la necesaria conclusión a la que
se debe llegar desde el estudio de las pruebas como se expresa en la sentencia de
unificación del Honorable consejo de Estado de fecha (15) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), MP. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, luego
entonces, si no fue posible identificar los factores de culpa grave o dolo, como ocurre
en este caso, la inferencia lógica es que, CLAUDIA MILENA y RAFAEL ANTONIO
BARRERA LUIS fueron privados de la libertad de manera irregular, no debían
soportar esta carga pública y, por ello, deben ser reparados. Para soportar este
argumento, es necesario indicar a su despacho, cual fue la posición respecto a los
elementos de culpabilidad que se debe abordar en el estudio de lo Contencioso
Administrativo, según la sentencia antes referida […]”.

42. Por su parte, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia de 11 de junio de 2021, consideró lo siguiente:

“[…] Adicionalmente, si la fiscalía tiene elementos materiales probatorios, evidencia
física o información legalmente obtenida que permita inferir, de manera razonable,
que una persona es el autor o partícipe de un delito, le comunicará su calidad de
imputado, en audiencia ante el juez de control de garantías26. Por último, la fiscalía
podrá solicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá
indicar la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la
conducta investigada y su necesidad, con el fin de garantizar los fines de la
justicia, la protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado
trámite del proceso penal. Si se trata de una medida de detención preventiva
en establecimiento carcelario, procederá respecto de los delitos de
competencia de la justicia especializada o para aquellos que tengan una pena

26 Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004.

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mínima prevista por la ley que sea o exceda de 4 años27.

Si bien al expediente no fue aportada la grabación de la audiencia de
formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento, de
las sentencias penales de primera -condenatoria- y segunda instancia -
absolutoria- es posible conocer los hechos que motivaron el inicio de dicha
investigación, así como las actuaciones más relevantes del trámite del
proceso. Precisamente, el 26 de mayo de 2007, Armando Pedraza comenzó a
recibir varias llamadas al teléfono celular de su esposa, provenientes de un hombre
que se identificó como comandante “Mojoso”, integrante del frente 51 de las FARC,
en las que exigía el pago de la suma de $6.000.000, dado que, de no hacerlo, “su
hijo pagaría las consecuencias”28.

Después de varias conversaciones -sostenidas también por su esposa y el sargento
Flórez del grupo Gaula de Florencia-, se acordó que la víctima entregaría “material
de intendencia”29 -como gasas, bisturís, toallas higiénicas, jeringas, alcohol, Isodine,
peinillas, una planta de energía y botas ecuatorianas-, así como la consignación de
la suma de $2.800.000 en una oficina de Servientrega, con el fin de que esta última
cifra fuera retirada en el barrio Restrepo, de la ciudad de Bogotá, por parte de
Claudia Milena Barrera Luis.

Una vez se formuló la respectiva denuncia penal -que consta en el formato de
informe ejecutivo de noticia criminal-, integrantes del grupo Gaula organizaron un
operativo, con el propósito de identificar a los presuntos responsables. Como
resultado de esas actividades, se dispuso la captura de Claudia Milena y Rafael
Antonio Barrera Luis, “momentos en que retiraban la supuesta suma de dinero
producto de la extorsión”30. Así, la primera persona mencionada fue la que se acercó
a la oficina de Servientrega para cobrar el dinero girado y el segundo la estaba
esperando en su moto a la salida del establecimiento de comercio.

En el informe de captura en flagrancia suscrito por el patrullero Daniel Giovanni
Marín Parra -persona que rindió testimonio en el juicio oral- se indicó que los
capturados no opusieron resistencia al procedimiento de captura y que, en ese
momento, manifestaron que dicha suma pertenecía al esposo de Claudia Barrera,
Jorge Jair Santos, quien “se encontraba en la cárcel de la Picota, por el delito de
extorsión y quien les cobraba a los internos por hacerle estos retiros el 10%”31. En
el mismo sentido declaró en la etapa de juicio Jorge Alonso Durán González,
suboficial de la Policía Nacional e integrante del grupo Gaula. Asimismo, al proceso
penal se allegó el acta de incautación del dinero.

En la sentencia penal condenatoria de primera instancia se indicó que uno de
los indicios graves de responsabilidad que se tuvo en cuenta durante la
actuación fue el reconocimiento voluntario efectuado por los dos imputados,
acerca de que el dinero retirado provenía de Jair Santos, persona condenada
por el delito de extorsión y recluida en la Cárcel La Picota, quien le cobraba a
los otros internos el 10% por realizar ese tipo de transacciones.

27 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, la fiscalía deberá señalar “la persona, el delito,

los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los
argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión”.
28 Página 1 de la sentencia penal de primera instancia.
29 Página 2 de la sentencia penal de primera instancia.
30 Id.
31 Página 5 de la sentencia penal de primera instancia.

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Actores: Rafael Antonio Barrera Luis y otros

Como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, las manifestaciones
realizadas de manera voluntaria por el presunto responsable de un delito al
momento de su captura y comunicadas posteriormente por el respectivo
funcionario pueden constituir un indicio grave sobre su autoría o participación
en la conducta investigada. Así lo señaló:

“En tercer término, [el recurrente] reprocha a los juzgadores incurrir en falso
juicio de legalidad frente al indicio derivado de la mentira del procesado. Al
respecto, estima que las manifestaciones ofrecidas por el procesado antes de
intimársele captura no fueron voluntarias, en tanto al estar amparado por el
derecho a la no autoincriminación, el hecho de haber roto su silencio sólo se
explica en “una excesiva compulsación de la autoridad policiva”.// El yerro
aducido es fundamentado por el actor a partir de un supuesto especulativo, y
es el de considerar que cuando las autoridades realizan un operativo orientado
a determinar si se está infringiendo la ley, siempre ejercen constreñimiento o,
como sostiene el libelista, “excesiva compulsación” sobre quien recae el
procedimiento policial, de tal modo que todo lo por él dicho en ese momento no
es voluntario sino fruto de presión o violencia.// La tesis expuesta por el libelista
contraviene la jurisprudencia de esta Corporación, cuyos fundamentos se
abstiene por completo de refutar. En efecto, sobre el tema la Sala ha expuesto
lo siguiente: ‘… no puede llevarse la regla de que todo interrogatorio al
imputado debe ser en presencia de su defensor al extremo absurdo de exigir la
asistencia profesional en el fragor de los acontecimientos, desde el instante
mismo en el que se ponen las esposas al aprehendido, prohibiendo al tiempo a
sus captores cerrar los oídos a todo aquello que diga o averiguarle por los otros
coautores o partícipes de la transgresión. Aunque no se desconoce que la
policía judicial, o el propio instructor, carecen de facultad legal para entrevistar
o recibir versión o indagatoria al imputado sin la concurrencia de abogado, la
circunstancia en el actual evento analizada no corresponde a ninguna de esas
hipótesis. Aquí escuetamente pasó que GIL ESPINOSA, una vez capturado,
reveló los nombres de sus socios criminales y los miembros de la policía
judicial que lo escucharon así lo declararon bajo juramento en sus
correspondientes testimonios. Consiguientemente, se reitera, ninguna
ilegalidad cabe derivar ni siquiera si la revelación se originó en la pregunta de
uno de los investigadores…”32 (CSJ SP, 6 de may. De 2009, rad. 26390)”33.

Para los funcionarios de conocimiento, las afirmaciones realizadas por los
capturados revelaban una conducta irregular y contraria a la normativa legal,
toda vez que el argumento presentado por los capturados acerca de su
desconocimiento sobre el origen de ese dinero -cifra que, además, pertenecía a
una persona recluida en un establecimiento penitenciario y que no tenía
ninguna posibilidad de desarrollar esa clase de actividades comerciales-, no era
compatible con la labor de simples intermediarios o facilitadores de los
negocios desplegados por Jair Santos en la cárcel La Picota. Debe tenerse en
cuenta que los entonces procesados nunca explicaron el origen de ese dinero,
más allá de indicar que accedieron a retirarlo de la oficina de Servientrega,
razón por la cual, al tratarse de la misma suma consignada por Armando
Pedraza en respuesta a las amenazas que se le formularon, el juez de control
garantías concluyó, de manera razonable -como se desprende de las sentencias
penales-, acerca de la participación de Claudia y Rafael Barrera en el delito de

32 Aun cuando la decisión citada se dictó en el marco del procedimiento regulado por la Ley 600 de 2000, resulta

también perfectamente aplicable a los casos seguidos bajo la égida de la Ley 906 de 2004.
33 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 29 de abril de 2015, Exp. No. 45357.

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extorsión investigado […]”. (Resaltado por la Sala).

43. La Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial,
valoró de manera razonable e integral las diferentes pruebas obrantes en el
expediente, entre ellas, la respectiva sentencia proferida en segunda instancia por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

44. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al analizar y
valorar la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, le permitió evidenciar lo siguiente:

“[…] En la sentencia penal absolutoria de segunda instancia se indicó lo
siguiente:

“Pueden surgir diferentes hipótesis sobre el recibo de dineros para otros, tales como
que el dinero consignado fuese para algún interno o familiar de un interno que
solicitara el servicio, o aún más, que la finalidad del mismo no fuera otra que ingresarlo
al centro penitenciario en contravía de las disposiciones que prohíben el flujo de
dinero al interior de los centros carcelarios del país. O también la hipótesis de que él
era un eslabón de una cadena delictiva. Pero las hipótesis, que bien pueden
originarse en sospechas, conjeturas, presunciones, corazonadas, pálpitos o
imaginaciones de los investigadores, tienen que referirse a la comisión de delitos y
deben ser respaldadas con medios de conocimiento legalmente surtidos para que el
fiscal pueda hacer una imputación, acusación y alegato en juicio, y el juez pueda
proclamar la autoría y responsabilidad penal”.

La mayoría de hipótesis resaltadas por el juez de segunda instancia no
resultaban conformes a la ley y así lo destacaron los respectivos funcionarios
judiciales. Por tanto, el reconocimiento realizado por los capturados acerca del
presunto destinatario de esos recursos, la consiguiente imposibilidad de
explicar su origen verdadero, así como las circunstancias en que
aparentemente Jair Santos desarrollaba varios negocios con sus compañeros
de reclusión -en las sentencias penales se compulsaron copias penales en
contra de este último-, permitieron construir un indicio grave de la
responsabilidad penal de los entonces procesados, que justificó la imposición
de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario.

Finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal,
señaló que “la Fiscalía no cumplió su rol debido de probar una teoría del caso”,
dado que la alegada confesión realizada por los procesados no tenía ninguna
validez, al no haberse realizado en presencia de su defensor. Por tanto, con
independencia de la posterior decisión adoptada por el juzgado de
conocimiento, lo cierto es que la actuación desarrollada por los aquí
demandantes durante el procedimiento de captura evidenció la necesidad de

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imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra.

De lo anterior, la Sala advierte que la actuación desplegada por los
demandantes principales, al reconocer al momento de su captura que retiraban
una suma de dinero por la cual Jair Santos cobraba el 10% a los internos del
aludido centro de reclusión, incidió de manera determinante en la imposición
de la medida de detención preventiva, dado que dichas afirmaciones
permitieron construir la inferencia razonable de coautoría en la comisión de la
conducta típica, razón por la cual la Subsección confirmará la Sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, toda vez que
encuentra configurada la causal de exoneración de responsabilidad consistente
en la culpa exclusiva de la víctima […]”. (Resaltado por la Sala).

45. De lo anterior se colige que para la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, luego de analizar el acervo probatorio al interior del proceso
penal, se evidenció la existencia de indicios que permitían concluir que los actores
eran posibles autores de los delitos que se les había imputado por parte de la
Fiscalía, por lo que en el caso concreto la imposición de la medida de aseguramiento
en contra de los actores se fundamentó en los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, necesidad y legalidad de la medida y no de la posterior
absolución, puesto que las medidas preventivas de privación de la libertad se
adoptan por la autoridad judicial conforme a unos criterios jurídicos y elementos de
juicio distintos que se valoran al momento de emitir una sentencia y de condenar a
un procesado por la comisión de una conducta punible.

46. En ese orden de ideas, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, luego de analizar y valorar la sentencia de segunda instancia proferida por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, evidenció que la actuación
desplegada por los actores durante el procedimiento de captura, justificó la
necesidad de imponerles la respectiva medida de aseguramiento de detención
preventiva en su contra, en donde además, la Subsección B hizo énfasis en que la
actuación desplegada por los actores, “[…] al reconocer al momento de su captura
que retiraban una suma de dinero por la cual Jair Santos cobraba el 10% a los
internos del aludido centro de reclusión, incidió de manera determinante en la
imposición de la medida de detención preventiva, dado que dichas afirmaciones
permitieron construir la inferencia razonable de coautoría en la comisión de la
conducta típica […]”, lo que le permitió concluir que se configurada la causal de
exoneración de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

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47.En ese orden de ideas, es posible que un ciudadano sea privado
preventivamente de la libertad y que posteriormente sea absuelto, sin que ello
signifique, prima facie, que estemos en presencia de una privación injusta de la
libertad, en tanto que la función del juez de lo contencioso administrativo está
orientada a estudiar si la privación de la libertad ordenada por el funcionario judicial
fue desproporcionada, irrazonable, innecesaria y, por ende, arbitraria.

48.Esta Sección, debe resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad no se puede limitar a realizar un análisis liminar y
causalístico, consistente en constatar que el procesado haya sido privado de la
libertad y luego absuelto, para concluir que existió una privación injusta de la
libertad, porque en ese caso se incurría en una condena automática en contra del
Estado, desconociendo con ello el sentir de la sentencia de constitucionalidad C–
037 de 1996, la cual condicionó la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270
de 1996, y de la sentencia SU-072 de 2018.

49. En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió
en defecto fáctico toda vez que de manera razonable valoró la respectiva sentencia
de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
como las demás pruebas obrantes en el expediente, lo que le permitió concluir que
en el caso sub examine, se había configurado la causal de exoneración de
responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.

50. Además, esta Sección en un pronunciamiento reciente, indicó lo siguiente34:

“[…] En ese sentido, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora cuando
señala que la autoridad judicial desconoció el precedente jurisprudencial establecido
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el régimen de imputabilidad
en los casos que se estudian presuntas privaciones injustas de la libertad.

Lo anterior, en atención a que en la providencia de 11 de noviembre de 2020,
se consideró el caso de la privación de la libertad que padeció el señor
NONATO DE LA CRUZ VARGAS SÁNCHEZ teniendo en cuenta lo previsto en

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de

2022, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-10600-00.

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el artículo 68 de la Ley 270 y los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado según los cuales en los casos en que
la persona es absuelta en aplicación del principio in dubio pro reo debe
estudiarse la razonabilidad y proporcionalidad de la medida por medio de la
cual se priva de la libertad, con miras a determinar la existencia de un daño
antijurídico.

Por ello, se advierte que no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que
en su caso debía aplicarse de manera preferente el régimen de imputación
objetivo, pues, como ya se dijo, en los casos en que se estudia la
responsabilidad del Estado por una privación de la libertad cuando una
persona es absuelta en aplicación del principio in dubio pro reo, debe
estudiarse si la medida por medio de la cual se restringió preventivamente la
libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, conforme
con lo sostenido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado […]”.

51. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por
irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador
judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha
irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial,
es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera
adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en
el presente caso.

52. En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó
la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con
la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se
advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad
intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y
apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los
jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional
pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si
se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio
valorativo del juez del proceso.

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Conclusiones de la Sala

53. En suma, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y
ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera
o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de los actores.

54. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo frente al defecto
fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto fáctico, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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