Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00946-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00946-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00946-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
12 de mayo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00946-01
Demandante: Rafael Antonio Barrera Luis y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00946-01
Demandante: RAFAEL ANTONIO BARRERA LUIS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – privación injusta de la
libertad. Defecto fáctico – confirma.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 10 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto fáctico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Los señores Rafael Antonio Barrera Luis, Diana María Mancera Reinosa, Claudia
Milena Barrera Luis, Hamilton Mateo Santos Barrera, Erick Julián Santos Barrera,
Julia Luis de Barrera, mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y la Sección
Tercera, Subsección C en Descongestión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso vulnerado por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”.
SEGUNDA: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”, la modificación de la
sentencia de segunda instancia de fecha 11 de junio de 2021, dentro del medio de control de
reparación directa radicado con el No. 25000-23-26-000-2010-00814-01 (47.494), y, en
consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia de fecha 18 de enero de 2013,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN “C” DE DESCONGESTIÓN, concediendo las pretensiones de la demanda”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Rafael Antonio Barrera Luis y otros
El 29 de mayo de 2007, integrantes del grupo Gaula adelantaron un operativo en el
que fueron capturados Claudia Milena Barrera Luis y Rafael Antonio Barrera Luis,
con base en la denuncia formulada por Armando Pedraza y Rubiela Caicedo, en la
que afirmaron recibir llamadas extorsivas. Por solicitud de la Fiscalía 248 delegada,
el Juez de Control de Garantías legalizó la captura, imputó cargos por la presunta
comisión del delito de extorsión agravada y les impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva.
El 14 de abril de 2008, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, en la que los
condenó a 192 meses de prisión, sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, en
decisión del 4 de agosto de 2008, la revocó, absolvió a los demandantes y ordenó
la libertad inmediata. La Fiscalía 248 Local de Bogotá formuló recurso
extraordinario de casación, el cual fue inadmitido por la Corte Suprema de Justicia,
en providencia del 29 de julio de 2009.
Los señores Claudia Milena Barrera Luis y Rafael Antonio Barrera Luis, junto con
sus grupos familiares, ejercieron demanda de reparación directa contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, con el fin de obtener la reparación de
los perjuicios sufridos por la privación de su libertad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
Descongestión, mediante sentencia del 18 de enero de 2013, negó las pretensiones
de la demanda, porque, si bien estaba probado que Rafael Antonio Barrera y
Claudia Milena Barrera estuvieron privados de la libertad desde el 31 de mayo de
2007 hasta el 6 de agosto de 2008, no estaba acreditada la antijuridicidad del daño,
debido a que no se allegaron las grabaciones de las audiencias que se adelantaron
en el proceso penal, entre ellas, el disco compacto de la diligencia en la que se
impuso la medida de aseguramiento. Luego, la parte actora no cumplió con la carga
de probar el supuesto de hecho de la norma que perseguía y que, en todo caso, las
víctimas directas fueron absueltas en virtud del principio del beneficio de la duda,
más no por ausencia absoluta de pruebas.
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que insistió que la
privación de la libertad de los demandantes fue arbitraria, porque la sentencia penal
fue absolutoria, indicó que no era cierto que los entonces procesados fueron
absueltos por el beneficio de la duda, sino que ello ocurrió porque la fiscalía no
demostró la teoría del caso. En relación con el incumplimiento de la carga
probatoria, indicó que no se tuvo en cuenta que en la demanda se solicitó oficiar al
Centro de Servicios Judiciales para que allegara copia íntegra del proceso penal,
el cual fue aportado y reposa en el expediente, por lo que, a su juicio, si no fueron
remitidas las grabaciones de las audiencias, el tribunal debió requerirlas al Centro
de Servicios Judiciales.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 11 de junio
de 2021, confirmó la decisión de primera instancia, pero por considerar que se
configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva
de la víctima, porque el reconocimiento realizado por los capturados acerca del
presunto destinatario de esos recursos, la consiguiente imposibilidad de explicar su
origen, así como las circunstancias en que aparentemente Jair Santos desarrollaba
varios negocios con sus compañeros de reclusión -en las sentencias penales se
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compulsaron copias penales en contra de este último-, permitieron construir un
indicio grave de la responsabilidad penal de los entonces procesados, que justificó
la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto fáctico por desconocimiento del material probatorio y al dar alcance
diferente a las pruebas analizadas, para lo cual señaló los argumentos que se
pasan a resumir.
Indicó que el régimen de imputación subjetivo aplicado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
Descongestión no fue el correcto, desde la perspectiva de la jurisprudencia
imperante en ese momento -año 2013-, en el entendido que, la sentencia penal de
segunda instancia que absolvió a los hermanos Barrera Luis, no aplicó el beneficio
de la duda, como lo sustentó el juzgado, sino que, consideró que los procesados
no fueron quienes cometieron la conducta, con fundamento en lo cual aduce que
se configuró el defecto fáctico. Hizo extensa transcripción de la sentencia de
segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, Sala Penal,
para decir que para el año 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió
aplicar el régimen objetivo de responsabilidad.
Igualmente, cuestionó lo relacionado con la sentencia del Tribunal de primera
instancia, en cuanto concluyó que no se cumplió con la carga probatoria en el
sentido de no aportar las audiencias preliminares, especialmente la de imposici ón
de medida de aseguramiento.
En relación con la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, dijo que las afirmaciones, según las cuales, “uno de los indicios
graves de responsabilidad que se tuvo en cuenta durante la actuación fue el reconocimiento
voluntario efectuado por los dos imputados, acerca de que el dinero retirado provenía de Jair Santos,
persona condenada por el delito de extorsión y recluida en la Cárcel La Picota, quien le cobraba a
los otros internos el 10% por realizar ese tipo de transacciones” y “(…) que, las afirmaciones
realizadas por los capturados revelaban una conducta irregular, luego entonces, dicha “confesión”,
sumada a que los entonces procesados nunca explicaron el origen de ese dinero, dieron como
resultado que, el Juez de Control de Garantías concluyera de manera razonable, acerca de la
participación de los hermanos BARRERA LUIS en el delito de extorsión”, son falsas.
Lo anterior, porque, del material probatorio allegado al proceso se evidenciaba que:
(i) los hermanos Barrera Luis nunca “confesaron” que el dinero que Claudia Milena
Barrera retiró del establecimiento comercial Servientrega provenía de un ilícito; (ii)
de los manifestaciones realizadas por los imputados no se deduciía su autoría o
participación en el delito de extorsión, elementos necesarios para imponer medida
de aseguramiento y, (iii) el ente investigador no tenía algún elemento material
probatorio diferente al dinero, la denuncia, la consignación, las llamadas
provenientes de la cárcel Picota, que involucrara a Claudia Milena Barrera y mucho
menos a Rafael Antonio Barrera Luis, de quien se supo probatoriamente que
solamente acudió al lugar para acompañar a su hermana.
Indicó que, del testimonio rendido por el señor Daniel Giovanni Marín Parra, quien
expresó, lo mismo en el informe de policía en caso de captura en flagrancia, no se
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desprende una confesión del ilícito de extorsión, ni siquiera un indicio del mismo,
por lo tanto, señala que la sentencia CSJ SP, 6 del xxx mayo de 2009, radicado
26390, utilizada por el Consejo de Estado no era válida, en la medida que de dichas
afirmaciones solamente era posible afirmar que los hermanos Barrera Luis no
sabían de lo que ocurría con ese dinero, que, simplemente estaban haciendo un
favor a una persona que se encontraba en la cárcel, de quien afirmaron su nombre
completo y podían indicar incluso su identificación.
Insistió en que lo dicho por los señores Claudia Milena y Rafael Antonio Barrera
Luis el día de la captura consistió en que estaban retirando un dinero con destino a
su esposo y cuñado Jair Santos, respectivamente, de quien informaron se
encontraba recluido en la Penitenciaria La Picota y cobraba a los internos un
porcentaje del 10 % de los valores que les consignaban y, afirmó que, si este era
el motivo por el cual el ente acusador pidió la medida de aseguramiento, debió, al
menos, confirmar con la penitenciaría si los capturados estaban o no diciendo la
verdad.
En general, insistió que la afirmación, según la cual, los hermanos Barrera Luis el
día de la captura confesaron haber participado en el punible de extorsión, no es
hecho compatible con lo probado en el proceso penal y, agregó que, el hecho de
retirar un dinero por el cual el esposo de la señora Barrera Luis cobraba un
porcentaje, tampoco comporta conocimiento sobre el delito de extorsión que fue el
delito imputado por la fiscalía y por el cual se le dictó medida de aseguramiento.
Dijo que no fue posible identificar los factores de culpa grave o dolo y, por ende, los
señores Claudia Milena y Rafael Antonio Barrera Luis fueron privados de la libertad
de manera irregular y no debían soportar esta carga pública y, por ello, deben ser
reparados.
En suma, sustentaron el cargo en que no se valoraron de manera integral las
pruebas obrantes en el proceso, especialmente el fallo absolutorio emanado
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal y procedió a fallar
solamente con las manifestaciones realizadas por la fiscalía y el fallo penal de
primera instancia revocado.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 9 de febrero de 2022, admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante, a los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a los magistrados de
la Subsección C en Descongestión de la Sección Tercera de Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y vincular a la Nación – Rama Judicial, Fiscalía General de la
Nación y al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, como terceros interesados en el resultado del proceso.
5. Oposición
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, indicó que la providencia
cuestionada y el expediente de la acción de reparación directa contienen los
argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la
decisión que en derecho corresponda.
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6. Intervención terceros con interés
La Fiscalía General de la Nación señaló que no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno al señor Rafael Antonio Barrera Luis y su grupo familiar y que,
en todo caso, la tutela es improcedente.
Solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas por el apoderado de los
accionantes por cuanto no se cumplen las causales generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, así como tampoco se argumenta
la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, en cuanto la parte actora no sustentó la configuración del
presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar
de que tenía la carga de la prueba, finalmente, afirmó que el fallo es acorde al
precedente judicial en la material.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
en Descongestión, la Nación – Rama Judicial y el Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardaron silencio.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 10 de marzo de 2022,
negó las pretensiones de la acción de tutela porque no encontró configurado el
defecto fáctico invocado, pues, los argumentos de la acción de tutela reflejan el
desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial
demandada, pero no advirtió que la decisión fue arbitraria o irracional.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual insistió en los
argumentos del escrito inicial.
Dijo que la sentencia impugnada cometió el mismo error de la Sección Tercera de
Consejo de Estado, al considerar que la supuesta confesión tenía validez e indicó
que es claro que lo único que los hermanos Barrrera Luis manifestaron en esa
supuesta confesión era la verdad sobre el destino del dinero, lo cual no comporta
un indicio grave de responsabilidad como equivocadamente lo expresó la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, mucho menos, existió
argumento alguno en el que se decante que aquellas conductas estuviesen
revestidas de culpa grave o dolo desde el punto de vista civil.
A su juicio, el a quo “no verificó a fondo el problema jurídico desde la perspectiva de las pruebas
que se decantaban como ilegales y las consecuencias jurídicas de ellas en cualquier jurisdicción,
tampoco observó que las pruebas restantes no llevan a la conclusión que fue objeto de censura” .
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
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actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 3
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional
En el presente caso se cumple con los requisitos generales de procedencia, en
particular, el de relevancia constitucional, en la medida en que la acción de tutela
no es empleada como una instancia adicional al proceso ordinario, si se tiene en
cuenta que el fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa porque no se allegaron los elementos probatorios necesarios, en
particular, la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, por su parte,
el fallo de segunda instancia se negó con fundamento en que se encontró
acreditada la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva
de la víctima.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controve rtida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora insiste en los argumentos expuestos
en el escrito inicial dirigidos a cuestionar las sentencias del 18 de enero de 2013 y
del 11 de junio de 2021, mediante las que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en Descongestión y el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente, negaron las
pretensiones del medio de control de reparación directa.
Al efecto, señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico,
para lo cual, en general, expuso argumentos dirigidos cuestionar la declaratoria de
la causal eximente de responsabilidad.
De acuerdo con lo anterior, la Sala pasa a estudiar si la autoridad judicial
demandada incurrió en el defecto fáctico4 invocado, para lo cual hará referencia a
la motivación de la decisión objeto de cuestionamiento, previo a referirse a una
cuestión previa, relacionada con los cargos contra el fallo de reparación directa de
primera instancia.
Cuestión previa- cargos contra la sentencia del 18 de enero de 2013
En el escrito inicial la parte actora cuestiona la sentencia del 18 de enero de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, en Descongestión, para lo cual indicó que sí se allegaron las pruebas
al proceso ordinario, incluida, la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento y cuestionó la falta de aplicación del régimen objetivo de
responsabilidad.
Sin embargo, esos argumentos no serán objeto de estudio porque, la providencia
que puso fin al proceso de reparación directa, que se cuestiona por está vía, fue la
sentencia de segunda instancia del 11 de junio de 2021, proferida por la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y, es respecto de la que la Sala
procede a realizar el análisis del defecto invocado.
Sentencia cuestionada: de 11 de junio de 2021, del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B
“(…)
En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las
previsiones de la Ley 906 de 2004. Según esta normativa, la captura deberá ser ordenada por un juez
de control de garantías. Lo anterior, con excepción de las capturas ordenadas excepc ionalmente por
la Fiscalía General de la Nación o en situación de flagrancia. En este último caso, el capturado será
puesto a disposición de la fiscalía, de manera inmediata o en el término de la distancia. Una vez
materializada la captura, el aprehendido será presentado ante un juez de control de garantías en el
plazo máximo de 36 horas, para que se realice la respectiva audiencia de legalización.
Adicionalmente, si la fiscalía tiene elementos materiales probatorios, evidencia física o información
legalmente obtenida que permita inferir, de manera razonable, que una persona es el autor o partícipe
4 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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Demandante: Rafael Antonio Barrera Luis y otros
de un delito, le comunicará su calidad de imputado, en audiencia ante el juez de control de garantías 5.
Por último, la fiscalía podrá solicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá
indicar la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta investigada y su
necesidad, con el fin de garantizar los fines de la justicia, la protección de la comunidad y de las
víctimas, así como el adecuado trámite del proceso penal. Si se trata de una medida de detención
preventiva en establecimiento carcelario, procederá respecto de los delitos de competencia de la
justicia especializada o para aquellos que tengan una pena mínima prevista por la ley que sea o
exceda de 4 años6.
Si bien al expediente no fue aportada la grabación de la audiencia de formulación de imputación y de
imposición de medida de aseguramiento, de las sentencias penales de primera -condenatoria- y
segunda instancia -absolutoria- es posible conocer los hechos que motivaron el inicio de dicha
investigación, así como las actuaciones más relevantes del trámite del proceso. Precisamente, el 26
de mayo de 2007, Armando Pedraza comenzó a recibir varias llamadas al teléfono celular de su
esposa, provenientes de un hombre que se identificó como comandante “Mojoso”, integrante del frente
51 de las FARC, en las que exigía el pago de la suma de $6.000.000, dado que, de no hacerlo, “su
hijo pagaría las consecuencias”.
Después de varias conversaciones -sostenidas también por su esposa y el sargento Flórez del grupo
Gaula de Florencia-, se acordó que la víctima entregaría “material de intendencia” -como gasas,
bisturís, toallas higiénicas, jeringas, alcohol, Isodine, peinillas, una planta de energía y botas
ecuatorianas-, así como la consignación de la suma de $2.800.000 en una oficina de Servientrega,
con el fin de que esta última cifra fuera retirada en el barrio Restrepo, de la ciudad de Bogotá, por
parte de Claudia Milena Barrera Luis.
Una vez se formuló la respectiva denuncia penal -que consta en el formato de informe ejecutivo de
noticia criminal-, integrantes del grupo Gaula organizaron un operativo, con el propósito de identificar
a los presuntos responsables. Como resultado de esas actividades, se dispuso la captura de Claudia
Milena y Rafael Antonio Barrera Luis, “momentos en que retiraban la supuesta suma de dinero
producto de la extorsión”7. Así, la primera persona mencionada fue la que se acercó a la oficina de
Servientrega para cobrar el dinero girado y el segundo la estaba esperando en su moto a la salida del
establecimiento de comercio.
En el informe de captura en flagrancia suscrito por el patrullero Daniel Giovanni Marín Parra -
persona que rindió testimonio en el juicio oral- se indicó que los capturados no opusieron resistencia
al procedimiento de captura y que, en ese momento, manifestaron que dicha suma pertenecía al
esposo de Claudia Barrera, Jorge Jair Santos, quien “se encontraba en la cárcel de la Picota, por el
delito de extorsión y quien les cobraba a los internos por hacerle estos retiros el 10%”. En el mismo
sentido declaró en la etapa de juicio Jorge Alonso Durán González, suboficial de la Policía
Nacional e integrante del grupo Gaula. Asimismo, al proceso penal se allegó el acta de incautación
del dinero.
En la sentencia penal condenatoria de primera instancia se indicó que uno de los indicios graves de
responsabilidad que se tuvo en cuenta durante la actuación fue el reconocimiento voluntario efectuado
por los dos imputados, acerca de que el dinero retirado provenía de Jair Santos, persona condenada
por el delito de extorsión y recluida en la Cárcel La Picota, quien le cobraba a los otros internos el 10%
por realizar ese tipo de transacciones.
Como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, las manifestaciones realizadas de manera
voluntaria por el presunto responsable de un delito al momento de su captura y comunicadas
posteriormente por el respectivo funcionario pueden constituir un indicio grave sobre su autoría o
participación en la conducta investigada. Así lo señaló:
“En tercer término, [el recurrente] reprocha a los juzgadores incurrir en falso juicio de legalidad frente al
indicio derivado de la mentira del procesado. Al respecto, estima que las manifestaciones ofrecidas por
el procesado antes de intimársele captura no fueron voluntarias, en tanto al estar amparado por el
derecho a la no autoincriminación, el hecho de haber roto su silencio sólo se explica en “una excesiva
compulsación de la autoridad policiva”.// El yerro aducido es fundamentado por el actor a partir de un
supuesto especulativo, y es el de considerar que cuando las autoridades realizan un operativo orientado
a determinar si se está infringiendo la ley, siempre ejercen constreñimiento o, como sostiene el libelista,
“excesiva compulsación” sobre quien recae el procedimiento policial, de tal modo que todo lo por él dicho
en ese momento no es voluntario sino fruto de presión o violencia.// La tesis expuesta por el libelista
contraviene la jurisprudencia de esta Corporación, cuyos fundamentos se abstiene por completo de
refutar. En efecto, sobre el tema la Sala ha expuesto lo siguiente: ‘… no puede llevarse la regla de que
5
Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004.
6
Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, la fiscalía deberá señalar “la persona, el delito, los elementos
de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio
público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión”.
7
Id.
8
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Demandante: Rafael Antonio Barrera Luis y otros
todo interrogatorio al imputado debe ser en presencia de su defensor al extremo absurdo de exigir la
asistencia profesional en el fragor de los acontecimientos, desde el instante mismo en el que se ponen
las esposas al aprehendido, prohibiendo al tiempo a sus captores cerrar los oídos a todo aquello que
diga o averiguarle por los otros coautores o partícipes de la transgresión. Aunque no se desconoce que
la policía judicial, o el propio instructor, carecen de facultad legal para entrevistar o recibir versión o
indagatoria al imputado sin la concurrencia de abogado, la circunstancia en el actual evento analizada
no corresponde a ninguna de esas hipótesis. Aquí escuetamente pasó que GIL ESPINOSA, una vez
capturado, reveló los nombres de sus socios criminales y los miembros de la policía judicial que lo
escucharon así lo declararon bajo juramento en sus correspondientes testimonios. Consiguientem ente,
se reitera, ninguna ilegalidad cabe derivar ni siquiera si la revelación se originó en la pregunta de uno de
los investigadores…” 8 (CSJ SP, 6 de may. De 2009, rad. 26390)” 9.
Para los funcionarios de conocimiento, las afirmaciones realizadas por los capturados revelaban una
conducta irregular y contraria a la normativa legal, toda vez que el argumento presentado por los
capturados acerca de su desconocimiento sobre el origen de ese dinero -cifra que, además, pertenecía
a una persona recluida en un establecimiento penitenciario y que no tenía ninguna posibilidad de
desarrollar esa clase de actividades comerciales-, no era compatible con la labor de simples
intermediarios o facilitadores de los negocios desplegados por Jair Santos en la cárcel La Picota. Debe
tenerse en cuenta que los entonces procesados nunca explicaron el origen de ese dinero, más allá de
indicar que accedieron a retirarlo de la oficina de Servientrega, razón por la cual, al tratarse de la
misma suma consignada por Armando Pedraza en respuesta a las amenazas que se le formularon, el
juez de control garantías concluyó, de manera razonable -como se desprende de las sentencias
penales-, acerca de la participación de Claudia y Rafael Barrera en el delito de extorsión investigado.
En la sentencia penal absolutoria de segunda instancia se indicó lo siguiente:
“Pueden surgir diferentes hipótesis sobre el recibo de dineros para otros, tales como que el dinero
consignado fuese para algún interno o familiar de un interno que solicitara el servicio, o aún más, que la
finalidad del mismo no fuera otra que ingresarlo al centro penitenciario en contravía de las disposiciones
que prohíben el flujo de dinero al interior de los centros carcelarios del país. O también la hipótesis de
que él era un eslabón de una cadena delictiva. Pero las hipótesis, que bien pueden originars e en
sospechas, conjeturas, presunciones, corazonadas, pálpitos o imaginaciones de los investigadores,
tienen que referirse a la comisión de delitos y deben ser respaldadas con medios de conocimiento
legalmente surtidos para que el fiscal pueda hacer una imputación, acusación y alegato en juicio, y el
juez pueda proclamar la autoría y responsabilidad penal”.
La mayoría de hipótesis resaltadas por el juez de segunda instancia no resultaban conformes a la ley
y así lo destacaron los respectivos funcionarios judiciales. Por tanto, el reconocimiento realizado
por los capturados acerca del presunto destinatario de esos recursos, la consiguiente
imposibilidad de explicar su origen verdadero, así como las circunstancias en que
aparentemente Jair Santos desarrollaba varios negocios con sus compañeros de reclusión -en
las sentencias penales se compulsaron copias penales en contra de este último -, permitieron
construir un indicio grave de la responsabilidad penal de los entonces procesados, que
justificó la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario.
Finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, señaló que “la Fiscalía no
cumplió su rol debido de probar una teoría del caso”, dado que la alegada confesión realizada por los
procesados no tenía ninguna validez, al no haberse realizado en presencia de su defensor. Por tanto,
con independencia de la posterior decisión adoptada por el juzgado de conocimiento, lo cierto es que
la actuación desarrollada por los aquí demandantes durante el procedimiento de captura evidenció la
necesidad de imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra.
De lo anterior, la Sala advierte que la actuación desplegada por los demandantes principales, al
reconocer al momento de su captura que retiraban una suma de dinero por la cual Jair Santos cobraba
el 10 % a los internos del aludido centro de reclusión, incidió de manera determinante en la imposición
de la medida de detención preventiva, dado que dichas afirmaciones permitieron construir la inferencia
razonable de coautoría en la comisión de la conducta típica, razón por la cual la Subsección confirmará
la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, toda vez que encuentra
configurada la causal de exoneración de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la
víctima.
(…)”.
Caso concreto
8
Aun cuando la decisión citada se dictó en el marco del procedimiento regulado por la Ley 600 de 2000, resulta también
perfectamente aplicable a los casos seguidos bajo la égida de la Ley 906 de 2004.
9
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto de 29 de abril de 2015, Exp. No. 45357.
9
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Demandante: Rafael Antonio Barrera Luis y otros
La Sala advierte que le asiste razón al a quo, en cuanto, en el presente caso no se
encuentra configurado el defecto fáctico invocado por la parte actora, por las
razones que se pasan a explicar.
Tal como se observa de la transcripción hecha en precedencia, la autoridad judicial
demandada analizó las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa para
concluir la existencia de indicios, que, para el momento de la imposición de la
medida de aseguramiento justificaron tal decisión.
Lo anterior, porque, la captura no solo fue en flagrancia, sino que, los señores
Claudia Milena Barrera Luis y Rafael Antonio Barrera Luis realizaron
manifestaciones dirigidas a señalar que el dinero que retiraban pertenecía al
esposo de Claudia Barrera, Jorge Jair Santos, quien “se encontraba en la cárcel de la
Picota, por el delito de extorsión y quien les cobraba a los internos por hacerle estos retiros el 10%” .
Incluso, en los términos que lo puso de presente la parte actora en el escrito inicial
“fuera del dinero, la denuncia, la consignación, las llamadas provenientes de la cárcel Picota”.
De la valoración probatoria que llevó a cabo el juez de conocimiento determinó que,
en efecto, las manifestaciones realizadas por los capturados dieron lugar a
considerar que existía un indicio grave de responsabilidad y, de ahí, que el juez de
la reparación encontrara acreditada la causal eximente de responsabilidad
consistente en la culpa exclusiva de la víctima.
Justamente, la configuración de la causal eximente de responsabilidad constituye
el rompimiento del nexo causal entre la actuación de las autoridades demandadas
y el hecho que se invoca como dañoso, lo cual resultó suficiente para concluir que
la actuación de las víctimas contribuyó a la causación del resultado que ahora
invoca como dañino y, es esa razón la que determinó la no prosperidad de las
pretensiones de reparación directa.
De manera que, contrario a lo que aduce la parte actora, la autoridad judicial de
conocimiento valoró en contexto las pruebas allegadas al proceso, con fundamento
en las cuales concluyó que la actuación de las presuntas víctimas contribuyó a
construir el indicio grave de responsabilidad penal que justificó la imposición de la
medida de aseguramiento.
En lo demás, se advierte que, los extensos argumentos de la parte actora en el
escrito de tutela y de impugnación, se dirigen únicamente a señalar que las
afirmaciones realizadas por los señores Claudia Milena Barrera Luis y Rafael
Antonio Barrera Luis no constituyeron una confesión de la autoría del hecho
punible, sin que tal argumentación desvirtúe de modo alguno la causal eximente de
responsabilidad que se encontró configurada y, dado que, no se propusieron
argumentos adicionales, la Sala concluye que no se configuró el defecto fáctico
invocado por la parte actora.
Finalmente, debe precisarse que no le asiste razón a la parte actora cuando aduce
que en el proceso de reparación directa no se tuvo en cuenta la sentencia penal
absolutoria, pues, de la lectura de la providencia de segunda instancia cuestionada
se observa que no solo fue tenida en cuenta, sino que fue determinante a la hora
de establecer la conducta de la víctima en el hecho dañoso alegado, como ya se
indicó.
10
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Distinto es, que la autoridad judicial demandada no le otorgara a la sentencia penal
absolutoria la virtualidad de probar la antijuridicidad del daño alegado, dicho de otro
modo, la parte actora no puede pretender que el valor probatorio de la sentencia
penal absolutoria constituya, casi de manera automática, la responsabilidad
administrativa del estado por la privación de la libertad.
Esta Sala ya había precisado, que, por un lado, una cosa es el daño o transgresión
de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento, calificación que le compete
al juez penal sobre la conducta del investigado, conforme con la normativa propia
de esa área del derecho y, otra, es la valoración que hace el juez contencioso
administrativo en los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por la
presunta privación de la libertad. En efecto, tal como lo ha sostenido la Sección
Tercera del Consejo de Estado10:
El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, ya
que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso de reparación directa que se adelanta
ante esta jurisdicción por cuanto:
“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la
acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello
investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de
reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha
causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos
procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las
cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado
la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato constitucional
ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente
soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal
es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del
agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al
servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha
modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los
regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el
hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa
que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso,
no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la
pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la
responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en
los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen
de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular11.
Adicionalmente, es importante recordar que en los casos en que la tutela se dirige
contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte Constitucional 12
ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que se constate
la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención
del juez constitucional. Es decir, que, no basta con alegar la posible amenaza o
vulneración de un derecho fundamental para que se habilite la acción de tutela
contra una providencia proferida por una Alta Corporación, pues debe además
demostrarse que existió una irregularidad abiertamente contraria a la Constitución
que haga necesaria la intervención del juez constitucional.
10 En expediente con radicado número: 11001031500020190514101 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
citó al “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 11 de julio
de 2013, radicado: 66001-23-31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de
2011, expediente 19123. En similar sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente
16572 y del 24 de marzo de 2011, expediente 17993.
12 Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva y SU 573 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Siendo así, no se encuentra acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, en esa medida, se impone confirmar
la sentencia del 10 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia del 19 de marzo de 2022, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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