Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00948-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00948-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00948-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00948-00
Accionante: YIMER ALBEIRO GUAMANGA GUAMANGA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta mora en el reconocimiento de
práctica jurídica para optar por el título profesional
de abogado / derecho fundamental de petición /
carencia actual de objeto por hecho superado
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Yimer Albeiro Guamanga Guamanga en contra de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior
de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
El accionante, actuando en nombre propio y en ejercicio del artículo 86
de la Constitución, interpone acción de tutela en contra de la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
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Superior de la Judicatura, por la presunta violación del derecho
fundamental de petición, con fundamento en los siguientes:
1. Hechos
El 17 de diciembre de 2021, el señor Yimer Albeiro Guamanga
Guamanga radicó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia la documentación necesaria para la acreditación
de su práctica jurídica con el fin de optar por el título de abogado, sin
que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, haya recibido
respuesta alguna.
2. Pretensiones
El accionante solicita:
«PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición vulnerado por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA, al no resolver la petición del 17 de diciembre
de 2021, formulada por el suscrito accionante.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA, emitir la respectiva resolución que dé respuesta al trámite iniciado ante la
entidad y que no ha sido resuelto de manera oportuna hasta el momento, y se remita al correo
yimerg@unicauca.edu.co .
3. Informes
Mediante auto del 10 de febrero de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia como accionado.
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La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia aportó copia de la Resolución N.º 1394 del 11 de febrero de
2022, por medio de la cual le reconoció al accionante el cumplimiento
de la práctica jurídica, el cual fue comunicado mediante oficio de igual
número y fecha a través del correo electrónico suministrado en la
solicitud, de conformidad con el Decreto Legislativo N.º 491 del 28 de
marzo de 2020.
Adicional a esto, argumentó que debido al aumento desmesurado de
solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas, que sobrepasan en
gran medida la capacidad operativa de la Unidad con los recursos
disponibles hasta el momento, dicha unidad está dando trámite a las
solicitudes en estricto orden de llegada al correo institucional designado
para tal efecto, por lo cual considera que no existe vulneración a ningún
derecho fundamental en la actuación realizada, por lo que pidió negar
el amparo solicitado, al tratarse de un hecho superado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar:
• ¿La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho
fundamental al debido proceso administrativo del accionante, al
no resolver la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica?
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2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Del debido proceso administrativo
La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso
administrativo es un derecho fundamental que se traduce en una
garantía para todas las personas, de que la administración estará
sometida a los límites que este supone, de tal suerte que comprende
los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad e
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incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito
administrativo, de ceñirse a los principios que rigen la función pública.
Al respecto, ha explicado:
“4.1.1. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene
por fin limitar en forma previa los poderes estatales así “que ninguna de las actuaciones de las
autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los
procedimientos señalados en la ley”1. Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es
más que una derivación del principio de legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida
por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las
funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada
decisión” (artículos 4º y 122 C. N.)2. De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el
marco establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean
eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para controvertir
las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que deben presentar sus
alegaciones y ante cuál autoridad.
Ha subrayado la Corte Constitucional3 que la garantía del debido proceso en asuntos
administrativos supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en el ordenamiento jurídico
y ello no sólo cuando se trata de adelantar trámites a partir de los cuales sea factible deducir
responsabilidades de orden disciplinario o los atinentes al control y vigilancia. Esta garantía
debe hacerse efectiva del mismo modo en los trámites que las personas inician con el objeto
de ejercer sus derechos ante la administración o con el fin de cumplir con una obligación y
abarca el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. El propósito
consiste, pues, en evitar que la suerte de las personas quede al albur de una decisión
arbitraria o de una ausencia de decisión por dilación injustificada.”4 (negrillas fuera del
texto).
1
Corte Constitucional. Sentencia T-917 de 2008. En aquella ocasión le correspondió a la sala de Revisión
determinar si en el caso sub judice la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, al
abstenerse de levantar las medidas cautelares que recaían sobre bienes y derechos sucesorales del
peticionario “pese a existir proceso contencioso administrativo atacando el mandamiento de pago y la
decisión negativa a las excepciones” había desconocido los derechos constitucionales fundamentales del
actor y se procedía conferir la tutela como mecanismo transitorio para resolver un perjuicio irremediable.
La Corte efectuó un conjunto de consideraciones muy importantes respecto de la importancia de respetar el
debido proceso en las actuaciones administrativas y resolvió conceder el amparo invocado.
2
Ibíd. Consultar asimismo Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
3
Corte Constitucional. Sentencia T-1308 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En aquella ocasión el
correspondió a la sala de Revisión determinar si el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca,
al haberse abstenido de proclamar el resultado de las votaciones efectuadas para designar al rector, había
desconocido los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación
ciudadana, a elegir y ser elegido, al trabajo y a ejercer profesión u oficio de la persona que obtuvo las
mayorías requeridas para ser elegida rector de la Universidad accionada. Llegó a la conclusión la Corte que
en el caso bajo análisis se había acreditado de manera plena la mayoría exigida en las normas reglamentarias
de la Universidad “para proceder a la designación del rector de dicho centro educativo, y que, por ello, al
negarse el Consejo Superior a declarar el resultado electoral a favor del accionante vulneró su derecho
fundamental al debido proceso administrativo, en cuanto a la obligación de acatar las formas propias de
cada juicio.
4
T-909 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo.
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4. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante alega la vulneración de su derecho
fundamental de petición, toda vez que desde el 17 de diciembre de
2021 solicitó el reconocimiento de la práctica jurídica, sin que, a la fecha
de presentación de la acción de tutela haya recibido respuesta alguna,
lo que le ha impedido optar por el título profesional de abogado.
Ahora bien, sobre la acreditación de la judicatura como requisito para
optar al título de abogado, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura expidió el Acuerdo número PSAA10-7543 del 14 de
diciembre de 2010 «Por medio de la cual se reglamenta la judicatura
como requisito alternativo para optar el título de abogado», en el que
determinó las modalidades bajo las cuales puede realizarse: i) En
calidad de ad honorem en las entidades previamente autorizadas por la
ley; ii) en el desempeño de un cargo remunerado, ya sea en entidades
del Estado o personas jurídicas del sector privado, conforme a las
normas legales vigentes; y iii) en el ejercicio de la profesión con licencia
temporal con buena reputación moral y buen crédito. Igualmente, para
el desarrollo de cada modalidad de judicatura fijó un término en
específico.
Por otra parte, sobre el reconocimiento de dicha práctica jurídica,
estableció que el interesado debe allegar: i) el formulario único para
múltiples trámites, debidamente diligenciado; ii) fotocopia del
documento de identidad; iii) el certificado de terminación y aprobación
de materias; iv) el certificado del tiempo de servicios y funciones
detalladas expedido por el jefe inmediato, jefe de personal o quien haga
sus veces; y v) la consignación bancaria por el valor que corresponde
a este trámite, entre otros.
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De igual forma, determinó que la solicitud debe radicarse ante la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura o los directores
Seccionales de Administración Judicial en cuyo territorio se cumplieron
las labores que se pretenden acreditar, o, bien, ante la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, y que debe
ser resuelta por el director de la Unidad, mediante acto administrativo
debidamente motivado, en el término de 10 días hábiles contados a
partir de la fecha de recibo de la solicitud con la totalidad de los
documentos requeridos.
Igualmente, fijó que contra el acto administrativo que niega el
reconocimiento de la práctica jurídica procede el recurso de reposición,
que deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de esa decisión y será resuelto de acuerdo con los términos
legales. Además, para su comunicación, se remitirá el acto al Consejo
Seccional de la Judicatura de origen, con el fin de que se lo notifique al
interesado, sin perjuicio de que la Unidad lo haga directamente.
Descendiendo al caso concreto se observa, de conformidad con los
elementos probatorios que reposan en el expediente, que el 17 de
diciembre de 2021, el demandante solicitó el reconocimiento de la
práctica jurídica, sin que, a la fecha de radicación de la tutela, hubiese
sido resuelta.
Lo anterior fue corroborado por la misma Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de Justicia que, en su informe, aportó copia
de la Resolución N.º 1394 del 11 de febrero de 2022, por medio de la
cual le reconoció el cumplimiento de la práctica jurídica al accionante,
decisión que fue notificada el 11 de febrero de 2022 al correo
electrónico aportado en la petición.
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Así las cosas, la Subsección colige que la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia ya resolvió de fondo la solicitud
formulada por el accionante, puesto que expidió la Resolución N.º 1394
del 11 de febrero de 2022, notificada al accionante en la misma fecha,
lo que denota que la causa que dio origen a la vulneración del derecho
fundamental alegada por el demandante ha sido superada.
De importancia resulta indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta
la conculcación del derecho desaparece, situación frente a la cual,
cualquier medida que adopte el juez de tutela carece de efecto, pues
nada contrariaría más la lógica, que proferir una orden frente a una
circunstancia que en la actualidad se torna en inexistente, o contravenir
la decisión que al respecto se haya proferido en instancias diferentes a
la del juez constitucional.
En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política,
en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección
inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente
consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que
el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las
órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los
mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese
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adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria
al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»5.
Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los cuales las
pruebas aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia
el hecho generador de la acción ha sido superado, pero en el fondo este
se encuentra aún vulnerado o no totalmente agotado, a la luz de las
garantías constitucionales, de acuerdo a la interpretación que en
derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto y su
«posible superación».
Teniendo en cuenta, entonces, que se ha demostrado la expedición de
la resolución de reconocimiento de la práctica jurídica y su debida
notificación al interesado, cualquier decisión que esta Sala dicte
resultaría inane, toda vez que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia tramitó y notificó respuesta a la
solicitud objeto de la petición, lo que impone declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección A de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO dentro de la solicitud de tutela
5
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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formulada por el señor Yimer Albeiro Guamanga
Guamanga, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: REGÍSTRESE la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
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