Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00953-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00953-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
4 de agosto de 2022
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 0 95 3- 0 1
Ac c i o na nt e : Ma r i be l M ar tí nez B al l é n
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
F.T: 196
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00953-01
Accionante: MARIBEL MARTÍNEZ BALLÉN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, Y OTRO
Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, mediante las cuales,
primero, se rechazó, por caducidad, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, y, segundo, se modificó parcialmente esa decisión. Incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y ausencia de un perjuicio irremediable.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida el 26 de mayo de 2022 por la Sección Primera de esta corporación.
.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El 13 de enero de 2020 la señora Maribel Martínez Ballén instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y del municipio de Facatativá, con el fin de obtener la nulidad de los
siguientes actos administrativos, en relación con el empleo de profesional
universitario, código 219, grado 1, del municipio de Facatativá, registro OPEC núm.
2541, que ocupaba la accionante: 1. Oferta Pública de Empleos de Carrera, en
adelante OPEC, 2. Convocatoria conjunta sin número ni fecha, correspondiente al
proceso de selección núm. 526 de 2017 – Cundinamarca, 3. Acuerdo núm.
20182210000376 del 12 de enero de 2018, 4. Resolución núm. 20192210017518
del 6 de junio de 2019, proferida por la CNSC para el municipio de Facatativá,
Cundinamarca, 5. Decreto 401 del 3 de diciembre de 2015 «Por el cual se ajusta el
Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los
diferentes empleos y niveles jerárquicos de las Plantas de Empleos de la
Administración Municipal y se dictan otras disposiciones», 6. Decreto 402 del 12 de
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diciembre de 2016 «Por medio del cual se introducen algunas modificaciones a la
planta de personal globalizada para el desempeño de empleos del municipio de
Facatativá Cundinamarca y se dictan otras disposiciones», 7. Decreto 081 del 30 de
marzo de 2017, «Por el cual se modifica la Estructura Administrativa, la Planta de
Empleos del Municipio de Facatativá Cundinamarca, se actualiza y modifica El
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad», 8.
Decreto 082 de 2017, «Por el cual se establece la Planta de Personal de la Alcaldía
del Nivel Central de la Administración Municipal de Facatativá», y 9. Decreto 0320
del 8 de julio de 2019, artículos 3, 4 y 5, «Por el cual se hace un nombramiento en
periodo de prueba para desempeñar un empleo del sistema de carrera
administrativa y se da por terminado un nombramiento en provisionalidad».
Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, peticionó ordenar a las
entidades demandadas a reintegrarla al cargo que ocupaba al momento de ser
retirada del servicio o a uno de igual o superior categoría y remuneración, y sin
solución de continuidad, y a pagar solidariamente la totalidad de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, con los ajustes e incrementos salariales,
incluyendo la prima de navidad, la prima de vacaciones, la prima de servicios, la
bonificación por servicios prestados, la bonificación especial por recreación, el
sueldo de vacaciones, la indemnización por no disfrute de vacaciones si fuese el
caso, las cesantías, el subsidio familiar, el pago de la seguridad social, entre otros
aspectos.
El 13 de noviembre de 2020 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Facatativá rechazó la demanda, por haber operado el fenómeno de la caducidad.
El 20 del mismo mes y año la parte demandante interpuso recurso de apelación en
contra de esta decisión. El 20 de enero de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó parcialmente la
providencia de primera instancia y, en ese sentido, dispuso rechazar las
pretensiones de nulidad (i) de la oferta pública de empleos de carrera y la
convocatoria conjunta, por tratarse de actos de trámite no susceptibles de control
judicial; y (ii) del Acuerdo núm. 20182210000376 del 12 de enero de 2018 y los
decretos 401 de 2015, 402 de 2016 y 081, 082 y 083 de 2017, por haberse
configurado el fenómeno mencionado; adicionalmente, ordenó continuar el estudio
de admisibilidad sobre las pretensiones encaminadas a anular la Resolución núm.
20192210017518 de 2019 y el Decreto 0320 del 8 de julio de 2019.
b) Inconformidad
La accionante consideró que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Facatativá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, al expedir las providencias del 13 de noviembre de 2020 y 20 de
enero de 2022, respectivamente, vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia y, junto con ellos, los artículos 1.°,
2.°, 13, 25 y 53 de la Constitución Política, en concordancia, con la Declaración
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Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Ley 734 de 2002 y sus modificatorias.
Para el efecto, afirmó que las autoridades accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, al actuar completamente al margen de la
postura fijada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en el Auto Interlocutorio O-277 del 18 de marzo de 2019 proferido en el proceso de
simple nulidad con número de radicado 2018-01551-00 (5060-2018), mediante el
cual, luego de inadmitir una demanda contra actos de diferentes autoridades, una
del orden nacional y otra del orden territorial, y después de evaluar la relación de
conexidad entre ambas, la admitió.
En ese sentido, precisó que, en su caso, no puede señalarse que no existe
conexidad entre los decretos municipales de Facatativá y el acuerdo de la Comisión
Nacional del Servicio Civil que fijó las reglas para la convocatoria del concurso
público de méritos de ese municipio y la resolución mediante la cual se estableció
la lista de legibles fruto de aquel, de cuyo cumplimiento se desprende el decreto
mediante el cual se le desvincula del servicio.
De otro lado, resaltó que nadie está obligado a lo imposible, pues las accionadas
pretenden, conforme al análisis realizado en las providencias censuradas, que todo
ciudadano deba saber al momento de expedirse un acto administrativo de carácter
general, que aquel contiene disposiciones abstractas que le pueden afectar a futuro
y que, con base en este presagio, aquel, además, debería investigar si el acto
eventualmente incurrió en causales de nulidad, para que a partir de esas
suposiciones, proceda a estudiar su legalidad formal y material, y, de encontrar un
riesgo probable, dentro de los 4 meses posteriores a su expedición, lo demande a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió ordenar al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que, en las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emitan una nueva
decisión, mediante la cual, a partir del precedente judicial señalado, adopten una
nueva postura sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicado 2020-00007-00/01, en cuanto a los aspectos por
los que fue rechazada en el auto del 20 de enero de 2022.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
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La magistrada Alba Lucía Becerra Avella afirmó que, una vez revisada la
providencia cuestionada, no observó la configuración de ninguno de los defectos
invocados, comoquiera que fue proferida (i) por los funcionarios competentes, (ii) en
cumplimiento del procedimiento previsto para esa clase de actuaciones, (iii) con
base en el supuesto legal aplicable, conforme al acervo probatorio allegado al
expediente, (iv) sin que se presente contradicción entre los fundamentos de la
decisión y su parte resolutiva, (v) sin error inducido, (vi) bajo una motivación amplia
de hecho y de derecho y (vii) sin desconocimiento del precedente judicial.
De otra parte, aseveró que la acción de tutela es del todo improcedente, puesto que
la accionante ejerció todos y cada uno de los mecanismos judiciales que tenía a su
disposición, los argumentos que plantea son los ya resueltos por la Sala de Decisión
y, dado el carácter residual de este mecanismo, no puede utilizarse como una
tercera instancia. Por tanto, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia
o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas.
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá
La jueza Paola Andrea Bejarano Erazo, luego de realizar un recuento de las
actuaciones adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicado 2020-00007, manifestó su desacuerdo frente a los
argumentos planteados por la parte accionante, puesto que, a pesar de que la
peticionaria afirma que ese despacho judicial actuó al margen del procedimiento
previsto y que con ello existió una violación directa a la Constitución Política, por
vulnerar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, no
concreta en qué consistió dicho defecto.
Asimismo, esclareció que el hecho de que, preliminarmente, no se haya acogido lo
expuesto por la demandante no implica que se incurrió en una vía de hecho, como
tampoco, en un defecto sustantivo o procedimental, pues las disposiciones de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y de los actos administrativos emitidos por el
municipio demandado, de ningún modo, salvo la Resolución 20192210017518 de
2019 y el Decreto 0320 del 8 de julio de 2019 del municipio, pueden considerarse
actos de carácter complejo.
En ese sentido, sostuvo que, al revisar la fecha de notificación, publicación o
comunicación de los demás actos administrativos, según el caso, frente a la
radicación de la solicitud de conciliación, encontró configurada la caducidad frente
a cada uno, por cuanto no se trataban de actos administrativos de carácter complejo
ni versaban sobre prestaciones periódicas y, aunque eran decisiones de carácter
general, la declaratoria de nulidad generaría un restablecimiento automático, por lo
que la demandante debió observar el término de caducidad.
Adicional a ello, adujo que los actos administrativos proferidos por el municipio son
susceptibles del control judicial a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, dado que se refieren a aspectos de la planta de
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personal del municipio, no requerían de la expedición de la convocatoria o concurso
para modificar los cargos del municipio demandado, sus requisitos ni condiciones,
de tal suerte que no constituyen un acto administrativo complejo con los emitidos
por la CNSC. En ese orden de ideas, consideró que el proceso se adelantó conforme
a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso y, por consiguiente, requirió negar
las pretensiones de la presente acción de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 26 de mayo de 2022 la Sección Primera del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado por la señora Maribel Martínez Ballén, al considerar que las autoridades
accionadas no incurrieron en desconocimiento del precedente judicial. Al respecto, al
estudiar el Auto Interlocutorio O-277 del 18 de marzo de 2019 emitido en el proceso
de simple nulidad radicado bajo el número 2018-01551-00, evidenció que este no
guardaba similitud fáctica ni jurídica con el presente asunto, toda vez que la admisión
giró en torno al medio de control de simple nulidad, los demandantes cuestionaron
los actos administrativos mediante los cuales se ajustó y adicionó el manual
específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de
personal de la Alcaldía de Tocancipá, y la autoridad judicial a cargo de dicho asunto
advirtió que el medio de control elegido por los demandantes era procedente, en
atención a que los actos eran de carácter general y abstracto y de las pretensiones
de nulidad deprecadas no se observaba el restablecimiento de derecho subjetivo
alguno.
IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual alegó que el
juez de primer grado no evaluó el argumento consistente en que nadie está obligado
a lo imposible. Asimismo, manifestó que no comparte la valoración que se hace
sobre el alcance del precedente del Consejo de Estado, fijado en el Auto
interlocutorio O-277-2019, pues luego de evaluar la relación de conexidad entre
aquel caso y el presente, aquel decidió negar la protección constitucional.
Adicionalmente, resaltó que en la jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda del
Consejo de Estado habría sido imposible declarar la nulidad de los actos
administrativos individuales de despido en muchos casos, cuando aquellos se han
basado en la nulidad de un acto de carácter general expedido más de cuatro meses
antes del individual que le da cumplimiento y teniendo como fundamento la nulidad
de los antecesores como parte de un acto complejo. Como fundamento de lo
anterior, refirió la sentencia dictada por la Sala Plena de la corporación precitada el
15 de octubre de 1964.
CONSIDERACIONES
Competencia
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La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.
1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009
de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
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Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial
ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:
1. ¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyas
providencias se discuten, se encuentra en trámite?
2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) improcedencia de la acción de tutela
cuando el proceso se encuentra en trámite, (III) análisis de procedencia en el caso
bajo estudio, (IV) perjuicio irremediable y (V) inexistencia de ese perjuicio. Veamos:
• Primer problema jurídico
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyas providencias
se discuten, se encuentra en trámite?
I. Exigencia general de subsidiariedad
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.
Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
II. Improcedencia de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra en
trámite
En caso de que mediante la acción de tutela pretenda cuestionarse una decisión
dictada dentro de un proceso judicial que está en trámite y en el cual existan
mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales,
esta se torna en improcedente, puesto que es al juez natural a quien corresponde
subsanar los yerros en que pueda incurrir. Aunado a ello, la Corte Constitucional 6
ha reiterado que el interior del proceso es el primer escenario donde debe
efectuarse la protección de los derechos fundamentales y de las garantías propias
de aquel, para lo cual en el ordenamiento jurídico se han creado los medios y
recursos necesarios con el fin de que las partes puedan utilizarlos para alegar las
irregularidades que puedan presentarse y el juez se pronuncie sobre el particular.
En efecto, la acción de tutela no es un mecanismo complementario a los procesos
ordinarios, debido a que lo deseado no es reemplazar al juez natural, sino proteger
derechos fundamentales que puedan verse transgredidos con la actuación u
omisión de una autoridad judicial o administrativa o de un particular, en los casos
señalados en la ley. Por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la tutela y,
por ende, no es posible conocer el fondo, cuando la decisión controvertida haya sido
dictada dentro de un proceso que está en curso y en el cual existen los mecanismos
5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este
orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
6
Ver entre otras la sentencia T-211 de 2013.
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judiciales para proteger los derechos fundamentales de las partes.
III. Análisis de procedencia en el caso bajo estudio
La señora Maribel Martínez Ballén solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales
estimó vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Facatativá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, al expedir las providencias del 13 de noviembre de 2020 y 20 de
enero de 2022, respectivamente, comoquiera que, a su juicio, desatendieron el
principio de que nadie está obligado a lo imposible y desconocieron el precedente
judicial fijado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
el Auto Interlocutorio O-277 del 18 de marzo de 2019 proferido en el proceso de
simple nulidad con número de radicado 2018-01551-00 (5060-2018), mediante el
cual luego de inadmitir una demanda contra actos de diferentes autoridades, una
del orden nacional y otra del orden territorial, y luego de evaluar la relación de
conexidad entre ambas, aquella fue admitida.
En sentencia de primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado negó el
amparo, al considerar que las autoridades judiciales accionadas no habían incurrido
en desconocimiento de precedente judicial, puesto que el auto precitado no guardaba
similitud fáctica ni jurídica con el caso puesto a su consideración. Por su parte, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual, en primer lugar,
alegó que el fallador de primer grado no se había pronunciado sobre el principio
invocado consistente en que nadie está obligado a lo imposible; en segundo lugar,
afirmó que no comparte la valoración que se hace sobre el alcance del precedente
del Consejo de Estado, fijado en el Auto interlocutorio O-277-2019, pues luego de
evaluar la relación de conexidad entre ese caso y el presente, aquel decidió negar
la protección constitucional; y, en tercer lugar, indicó que, conforme a la
jurisprudencia pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, es imposible
declarar la nulidad de los actos administrativos individuales de despido, cuando
aquellos se han basado en la nulidad de un acto de carácter general expedido más
de cuatro meses antes del individual que le da cumplimiento y que tiene como
fundamento la nulidad de los antecesores como parte de un acto complejo.
Pues bien, para determinar si es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre
las anteriores inconformidades y, en esa medida, definir si hay lugar a confirmar la
sentencia de primera instancia, la Subsección considera necesario estudiar si en el
presente asunto se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad. Así, del
recuento realizado en la parte inicial de esta providencia, se advierte que el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 2020-
00007-00, cuyos proveídos se controvierten en esta sede, actualmente se encuentra
en trámite, pues la última actuación que se observa es la providencia del 20 de
enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, mediante la cual confirmó parcialmente el auto dictado el 13 de
noviembre de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
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Facatativá.
En ese orden de ideas, es necesario enfatizar en que la solicitud de amparo no es
un mecanismo alterno o complementario a los procesos judiciales ni uno a través
del cual puedan revisarse cada una de las actuaciones allí adelantadas, menos aun
cuando la autoridad judicial está a cargo de la dirección de este y es a quien le
corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de las
partes y terceros intervinientes en el asunto. Por consiguiente, no es factible que,
ante la inconformidad con las decisiones adoptadas, se acuda paralelamente a este
medio subsidiario de protección de derechos fundamentales, para que sea en esta
sede donde se resuelvan las discusiones que deben efectuarse al interior del
proceso.
En ese entendido, mal podría el juez constitucional invadir la órbita de la autoridad
judicial que tiene a cargo el conocimiento del proceso y revisar las providencias
emitidas en ese trámite judicial, pues ello conllevaría desconocer las competencias
que le son propias al juez natural y desnaturalizaría el carácter subsidiario de la
acción de tutela.
Por tanto, se concluye que en el presente asunto no se cumple el requisito de
subsidiariedad, pues, se itera, que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, cuyas providencias discute la accionante, se encuentra en trámite. Sin
embargo, se verificará, en los siguientes acápites, si se evidencia la existencia de
un perjuicio irremediable que flexibilice este requisito general y amerite estudiar de
fondo el presente asunto.
• Segundo problema jurídico
¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?
IV. El perjuicio irremediable
El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional7, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.
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De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.
V. Inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio
En el escrito de tutela, la accionante manifestó que las autoridades judiciales
accionadas, al no darle trámite al proceso ordinario, le causan una afectación, por
cuanto la privan definitivamente del medio judicial instituido para reparar el daño
antijurídico cometido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de
Facatativá en los actos administrativos demandados, sin que tenga otra manera
para obtener el resarcimiento.
Pues bien, analizado el anterior argumento, debe precisarse que la peticionaria del
amparo parte de una hipótesis, pues hasta ahora el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se encuentra en su etapa inicial, por lo que no es
posible afirmar que la exclusión de esos actos administrativos la deja sin la
posibilidad de acceder al derecho reclamado, ya que ello únicamente será definido
cuando finalice dicho proceso. Aunado a ello, se advierte que, de las pruebas
obrantes dentro del expediente, no es posible determinar una circunstancia de
vulnerabilidad que haga necesaria la intervención del juez constitucional, máxime si
se tiene en cuenta que el proceso ordinario se encuentra en trámite
En consecuencia, la Subsección, al no cumplirse la exigencia de subsidiariedad y
no haberse acreditado la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable, revocará la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en la que negó el amparo solicitado por la señora
Maribel Martínez Ballén, a través de la acción de tutela instaurada en contra del
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y, en su lugar,
la rechazará por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en la que negó el amparo solicitado por la señora
Maribel Martínez Ballén, a través de la acción de tutela instaurada en contra del
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y, en su lugar,
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rechazarla por improcedente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con aclaración de voto
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Con aclaración de voto
Firma electrónica
ARF
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