RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-00964-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00964-00

Fecha
7 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00964-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la educación y libertad de escoger profesión y oficio invocados por el señor Henry Andrés Barrios Londoño, conforme a la parte motiva. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00964-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-00964-001
Actor : Henry Andrés Barrios Londoño
Demandada : Directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura
Tema : Derechos constitucionales fundamentales a la educación y
libertad de escoger profesión y oficio

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Henry Andrés
Barrios Londoño contra la señora directora de la unidad de registro nacional
de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura,
por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a
la educación y libertad de escoger profesión y oficio.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Henry Andrés Barrios Londoño, quien
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le
protejan las garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente
quebrantadas por la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene a la autoridad accionada
certificar la judicatura ad-honorem que realizó en la Federación Nacional de
Comerciantes (Fenalco), seccional Santander, lo cual solicitó desde el 28 de
noviembre de 2021.

1.2 Hechos. Relata el accionante que el 28 de noviembre de 2021 envió al
correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co la documentación
pertinente para obtener de la demandada la expedición de la resolución
mediante la cual se apruebe la judicatura que realizó en la Federación
Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Santander, como requisito
1
Resulta oportuno señalar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

para optar por el título de abogado.

Que el 20 de enero de 2022 la autoridad accionada «[l]e remitió […] el
Requerimiento No 478, por medio del cual [le] solicit[ó] […] aporta[r] una
copia de contrato laboral o de prestación de servicios de carácter
remunerado con FENALCO SANTANDER, así como también un documento
que acreditar[a] el tiempo de un año en el desempeño de funciones de
contenido jurídico suscritas por [su] Representante Legal», frente a lo cual el
25 siguiente indicó que, como «[…] [su] judicatura fue […] ad honorem por
el término de 9 meses […]», no podía atender lo pedido.

Dice que ese mismo día (25 de enero de 2022) la autoridad demandada le
informó que, «[…] conforme a la Ley 1086 del 2006[,] que modific[ó] el
[D]ecreto 3200 de 1979[,] art[ículo] 23[,] numeral 1[,] literal h), las
pr[á]cticas jurídicas en entidad[es] privadas que se encuentren bajo la
inspección o vigilancia de una de las superintendencias del País debían ser
de carácter remunerado por el término de [un] año […]», por ende, resultaba
indispensable que colmara su requerimiento para poder continuar con el
trámite de la respectiva certificación, lo que quebranta sus garantías
superiores, toda vez que «[…] la jurisprudencia de la Corte Constitucional
permit[e] la realización de la judicatura ad honorem en una entidad privada
debidamente vigilada por una de las Superintendencias del País […]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 11 de febrero de 2022, admitió la presente acción y ordenó
notificar a la señora directora de la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción. La señora directora de la unidad de registro
nacional de abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la
Judicatura aduce que el tutelante deprecó de «[…] es[a] Unidad vía correo
electrónico el reconocimiento de la Práctica Jurídica […]» (sic), sin
embargo, «[…] se estableció que […] no cumplió la totalidad de los
requisitos exigidos[,] por lo cual se le hizo el Requerimiento Nro. 478 de
2022[,] donde se le solicitó “Copia de contrato laboral o de prestación de
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

servicios de carácter remunerado con la Federación Nacional de
Comerciantes sede Santander – FENALCO y acreditar el tiempo de un año
en el desempeño de funciones de contenido jurídico suscritas por [su]
Representante Legal”, lo anterior, por cuanto la judicatura en entidades de
carácter privado debidamente vigiladas por una de las [s]uperintendencias
del País, se podrán tener en cuenta siempre y cuando sean de carácter
remunerado por el término de un año, de conformidad con el Decreto 3200
de 1979[,] articulo 23[,] numeral 1°[,] literal h) [,] modificad[o] por la Ley
1086 de 2006».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el demandante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales a la educación y libertad de escoger profesión y oficio.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si la autoridad demandada ha
vulnerado los derechos constitucionales fundamentales a la educación y
libertad de escoger profesión y oficio del tutelante, al condicionar la
aprobación de la judicatura que realizó de manera ad-honorem durante 9
meses en la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional
Santander, a la presentación de un contrato laboral o de prestación de
servicios de carácter remunerado por el término de un año celebrado con ese
organismo.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

3.4 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario, en lo
pertinente, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se
refiere la presente acción de tutela. En tal virtud, se destaca:

a) Petición formulada, a través de correo electrónico, el 28 de noviembre de
2021 por el actor, ante la señora directora de la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura,
orientada a que se le expida la resolución que reconozca la judicatura que
realizó en Fenalco, seccional Santander.

b) Certificación expedida por el señor jefe jurídico y de personal de Fenalco,
seccional Santander, que da cuenta de que el demandante «[…] realizó [en
esa entidad] su práctica jurídica (judicatura) desde el 1 de febrero […] hasta
el 1 de noviembre de 2021, en el cargo de ASESOR JUR[Í]DICO AD-
HONOREM […]».

c) Certificado emitido por el señor gerente general de la empresa de
Vigilancia de Fenalco (Vifenalco) Ltda., en la que se consigna que «[…] se
encuentra bajo la supervisión, vigilancia y control de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada».

d) Requerimiento 478 de 19 de enero de 2022, mediante el cual la autoridad
demandada deprecó del accionante (i) «[…] [c]opia de contrato laboral o de
prestación de servicios de carácter remunerado con la Federación Nacional
de Comerciantes sede Santander – FENALCO», y (ii) «[…] [a]creditar el
tiempo de un año en el desempeño de funciones de contenido jurídico
suscritas por el Representante Legal» del aludido ente, notificado el día
siguiente a su correo electrónico (barrioshenry1996@gmail.com).

e) Escrito de 25 de enero de 2022, por cuyo conducto el tutelante le indicó a
la autoridad accionada que «[…] no es procedente la solicitud de los
documentos hecha en el Requerimiento 478, toda vez que [su] judicatura fue
[…] ad honorem por el término de 9 meses»; y «[…] si bien el Decreto 3200
de 1979 sólo incluye la judicatura en entidades de carácter privado
debidamente vigiladas por una de las Superintendencias del País en su
modalidad remunerada por 12 meses, esto no excluye que este mismo tipo de
práctica jurídica se pueda ejercer […] ad honorem por el término de 9
meses», pues la Corte Constitucional, en sentencia T-932 de 20122, accedió al

2
M. P. María Victoria Calle Correa.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

amparo deprecado en un asunto similar al suyo, en el que a las accionantes se
les negó el reconocimiento de su práctica jurídica por realizarla de manera ad-
honorem, al considerar que «[…] existen diversas disposiciones que permiten
ejercer la práctica jurídica sin remuneración alguna […]».

f) Oficio emitido por la demandada el 25 de enero de la presente anualidad,
con el que le precisó al actor que de no cumplir su requerimiento no era
factible continuar con el trámite de reconocimiento de su judicatura, porque
no satisface la condición referente a que en el caso de las prácticas jurídicas
realizadas en «[…] las entidades privadas que se encuentren sujetas a la
inspección vigilancia o control por parte de una Superintendencia del País,
los egresados deben tener un vínculo laboral remunerado en el cargo de
abogado o asesor jurídico por el término de un año posterior a la
terminación y aprobación de materias que integran el plan de estudios, en el
desempeño de funciones de contenido jurídico o en el cargo de Abogado o
asesor jurídico, conforme [a]l Decreto 3200 de 1979[,] artículo 23[,] numeral
1[,] Literal h) […]».

3.5 Caso concreto. En el sub lite el actor sostiene que no es dable que la
autoridad accionada le niegue la aprobación de la judicatura que realizó de
manera ad-honorem por el término de 9 meses en una entidad privada
vigilada por una superintendencia, puesto que la Corte Constitucional, en
providencia T-932 de 20123, señaló que «[…] existen diversas disposiciones
que permiten ejercer la práctica jurídica sin remuneración alguna, esto es,
ad-honorem […]», como es su caso.

Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, se advierte que el artículo 2º de la Ley 552 de 19994 estipula que
«[e]l estudiante que haya terminado las materias del pénsum académico,
elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la
realización de la judicatura», con el objetivo de optar por el título profesional
de abogado, para cuyo propósito debe satisfacer también los requisitos
enunciados en el artículo 215 del Decreto 1221 de 19906.

3
M. P. María Victoria Calle Correa.
4
«Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998».
5
«Para obtener el título profesional de abogado deberán cumplirse los siguientes requisitos concurrentes:
1. Haber cursado y aprobado la totalidad de las materias que integren el plan de estudios.
2. Haber presentado y aprobado los exámenes preparatorios.
3. Haber elaborado monografía que sea aprobada, igual que el examen de sustentación de la misma o haber
desempeñado, con posterioridad a la terminación de los estudios, durante un (1) año continuo o discontinuo
uno de los cargos previstos en las disposiciones pertinentes o haber prestado el servicio jurídico voluntario
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

En el evento de elegir la segunda opción (judicatura), se precisa que, de
acuerdo con la letra h del numeral 1 del artículo 237 del Decreto 3200 de
19798, modificado por el artículo 2 de la Ley 1086 de 2006, los estudiantes
que desempeñen el cargo de «[a]bogado o asesor jurídico de entidad
sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las
Superintendencias establecidas en el país», deberán realizar la práctica o
servicio profesional por el término de un año continuo o discontinuo.

Por otro lado, al Consejo Superior de la Judicatura9 le compete la aprobación
de la práctica jurídica para optar por el título de abogado, que, con el fin de
ejercer dicha función, expidió el Acuerdo PSAA 10-7543 de 14 de diciembre
de 201010, modificado por el Acuerdo PSAA12-9338 de 27 de marzo de 2012,
en el que consignó los cargos que se pueden desempeñar para realizar la
judicatura de manera remunerada o ad-honorem.

En el artículo 5º del mencionado Acuerdo se dispuso que «[l]a judicatura
remunerada de conformidad con las disposiciones vigentes, se podrá prestar
[…]», entre otros empleos, en el de «Abogado o Asesor Jurídico de entidad
sometida a vigilancia o control de cualquiera de las Superintendencias
establecidas en el país».

Del anterior recuento normativo se colige que la judicatura es uno de los
requisitos exigidos a los estudiantes de derecho para obtener el título de
abogado, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto diversas opciones
para desarrollarla tanto de manera remunerada como ad-honorem; y en lo
relativo a la primera, se determinaron los cargos y las instituciones en los que

regulado por el Decreto 1862 de 1989; o haber ejercido durante dos (2) años la profesión en las condiciones
señaladas en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971».
6
«Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 60 del 24 de mayo de 1990, emanado de la Junta Directiva del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, por el cual se determinan los
requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de los programas de derecho».
7
«[…] Los estudiantes que hayan iniciado el Programa de Derecho con anterioridad al 31 de diciembre de
1979, y aquellos a que hace referencia el inciso segundo del artículo precedente, estarán sujetos para
obtener el título de abogado al lleno de los requisitos previstos en el artículo 20, pero podrán compensar los
exámenes preparatorios o el trabajo de investigación dirigida, cumpliendo con posterioridad a la
terminación del plan de estudios uno cualquiera de los siguientes requisitos:
1.- Hacer un año continuo o discontinuo de práctica o de servicio profesional, en uno de los cargos que se
enumeran a continuación:
[…]
h). Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las
Superintendencias establecidas en el país».
8
«Por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del Derecho».
9
De conformidad con el artículo 92 del Decreto Ley 2150 de 1995, «Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública».
10
«Por medio de la cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar el título de
abogado».
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

se puede realizar por el término de un año continuo o discontinuo, entre los
que está el empleo de «Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a
inspección, vigilancia y control de cualquiera de las Superintendencias
establecidas en el país».

Ahora bien, en la sentencia T-932 de 201211, a la que alude el actor, la Corte
Constitucional sostuvo:

4.3. El derecho a recibir un título hace parte entonces del contenido
protegido del derecho fundamental a la educación12. Sin embargo, ese
derecho sólo es exigible si el estudiante acredita el cumplimiento de
todos los requisitos académicos para su obtención, dado el carácter
de derecho y deber que ostenta la educación. En ese escenario, la
Corporación ha abordado en un amplio conjunto de pronunciamientos,
un análisis sobre la constitucionalidad de determinadas exigencias para
alcanzar un título de idoneidad […].

Así, en primer término, la Corporación ha señalado que el Legislador
cuenta con la potestad de determinar las carreras en las que resulta
exigible la presentación de un título de idoneidad para el ejercicio
profesional. Esa decisión obedece a un análisis sobre las implicaciones
sociales y constitucionales que conlleva el desempeño de determinadas
actividades. En ese sentido, la exigencia del título constituye, frente a
determinadas profesiones, una restricción constitucionalmente legítima o
permitida al ejercicio del derecho a escoger profesión u oficio, siempre
que el Legislador identifique razonablemente, y en discusión
democrática, las carreras en las cuales esa condición resulta necesaria.

[…]

4.4 En desarrollo de esos elementos normativos, tanto el Legislador
como las instituciones de educación superior han decidido condicionar el
acceso al título de abogado y el ulterior ejercicio de la abogacía al
cumplimiento de especiales requisitos de grado, asociados a la prestación
de un servicio social mediante la consulta jurídica orientada a la
población más vulnerable (consultorio jurídico), el desarrollo de
prácticas jurídicas en determinadas instituciones públicas (judicatura), y
la presentación de exámenes con pretensión de evaluar integralmente los
conocimientos adquiridos en la carrera (exámenes preparatorios).

11
M. P. María Victoria Calle Correa.
12
En la sentencia T-237 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se dijo: “Es del núcleo esencial de
este derecho el que se le otorguen los títulos al estudiante que conforme a los reglamentos del centro docente
adelante su labor educativa, y no pueden servir para desconocer la obligatoriedad de la expedición de ese
título, conductas de los directivos, que desconozcan los propios reglamentos de la institución, o
contradictorias en sus interpretaciones, o vagas y dilatorias o reflejos de conflictos entre directivos o
docentes”.
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

4.4. En relación con la Judicatura, el artículo 2o de la Ley 552 de 1999,13
“Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de
1998”, estipula que los estudiantes que hayan terminado las materias del
pensum académico pueden elegir entre la elaboración de una monografía
o la realización de la práctica jurídica, conocida como judicatura, para
obtener el título de abogado.

[…]

El ordenamiento jurídico prevé varias alternativas para realizar la
práctica jurídica, ya sea de forma remunerada o ad-honorem. El artículo
23 del Decreto 3200 de 1979 establece los cargos para realizar la práctica
remunerada en distintas instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del
sector privado sometidas a la inspección y vigilancia de las
Superintendencias, o como monitor de los consultorios jurídicos de las
universidades. A su turno, el artículo 31 del Decreto 196 de 1971
autoriza el litigio de los estudiantes de derecho durante dos años para
acreditar la práctica jurídica [destaca la Sala].

Cabe precisar que el accionante citó la aludida sentencia, comoquiera que
accedió al amparo deprecado y, en consecuencia, ordenó expedir el acto
administrativo a través del cual se reconozca la judicatura a las allí tutelantes,
sin embargo, de su análisis se observa que ellas la realizaron de manera ad-
honorem en personerías municipales y les fue negada con el pretexto de que
dichos entes no estaban autorizados expresamente por una ley para que se
desarrollara la práctica jurídica en esa modalidad, frente a lo cual la Corte
Constitucional adujo que no se tomó en cuenta que, aunque las personerías no
hacen parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación,
ejercen funciones del Ministerio Público bajo la dirección del Procurador
General de la Nación, razón por la que se les debía aprobar, lo que no se
aviene a la situación fáctica del demandante en el asunto sub examine.

Por otra parte, en fallo T-383 de 201814, el alto tribunal constitucional indicó:

5.2.2. Al revisar las normas que reglamentan la judicatura como requisito
para optar al título de abogado, se encuentra que el artículo 2 de la Ley
552 de 1999,15 “Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de
la Ley 446 de 1998”, estipula que los estudiantes que hayan terminado
las materias del pénsum académico del programa de derecho pueden

13
Ley 552 de 1999. Artículo 2. “El estudiante que haya terminado las materias del pensum académico elegirá
entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura”.
14
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Ley 552 de 1999. Artículo 2. “El estudiante que haya terminado las materias del pensum académico elegirá
entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura”.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

elegir entre la elaboración de una monografía o la realización de la
práctica jurídica, conocida como judicatura, para obtener el título de
abogado.

El ordenamiento jurídico prevé varias alternativas para realizar la
práctica jurídica, ya sea de forma remunerada o ad-honorem. El artículo
5 del Acuerdo PSAA 10-7543 de 2010 […] señala que la judicatura se
puede hacer de forma remunerada, en un variado grupo de cargos, tanto
de la administración de justicia, como de diferentes entidades de las
ramas del poder público, e incluso en los órganos de control y vigilancia
–superintendencias– o en las propias universidades, a través de la
actividad de consultorio jurídico […]. A su turno, el artículo 31 del
Decreto 196 de 1971 autoriza el litigio de los estudiantes de derecho
durante dos años para acreditar la práctica jurídica.

De lo citado en precedencia, se evidencia que, como lo había aducido la Corte
Constitucional en providencia T-932 de 2012, para acceder al título de
abogado se deben cumplir una serie de requisitos, tal como la realización de
la judicatura (en caso de no optar por la monografía), para cuyo efecto el
ordenamiento jurídico ha enunciado los cargos que se puede desempeñar de
manera ad-honorem o remunerada; en esta última modalidad en cargos en los
empleos de las superintendencias o en entidades vigiladas por aquellas, entre
otros.

El análisis normativo y jurisprudencial desarrollado en precedencia, permite
concluir que, en caso de optar por la práctica jurídica en forma ad-honorem,
se deben tener en cuenta los cargos e instituciones preceptuados en el artículo
4°16 del Acuerdo PSAA10-7543 de 201017, modificado por el Acuerdo

16
«[…] De La judicatura Ad-Honorem: La judicatura en calidad Ad – Honorem de conformidad con las
disposiciones pertinentes, se podrá prestar en los siguientes cargos:
a. Auxiliar Judicial de Despachos Judiciales: (Decreto Ley 1862 de 1.989, artículos 2 al 5).
b. Auxiliar de Defensor de Familia: (Ley 23 de 1.991, artículos 55 al 58).
c. Defensor Público en la Defensoría del Pueblo: (Ley 24 de 1.992, artículo 22 numeral 4.)
d. Auxiliar Jurídico en el Congreso de la República y en la Procuraduría General de la Nación: (Ley 878 de
2.004).
e. Asistente Jurídico de Director de Centros de Reclusión: (Decreto Ley 2636 de 2.004, artículo 11).
f. Labores jurídico administrativas en la Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública y en las
Defensorías del Pueblo Regionales y Seccionales: (Ley 941 de 2.005, Capitulo II, artículo 33). Hoja No. 3
Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010 “Por medio de la cual se reglamenta la judicatura como requisito
alternativo para optar el título de abogado”.
g. Asesor Jurídico de las Ligas y Asociaciones de Consumidores:(Ley 1086 de 2.006, artículos 1 y 2).
h. Defensoría Técnica en la Fuerza Pública: (Ley 1224 de 2.008, artículo 9).
i. Auxiliar Judicial Ad-Honorem en los órganos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
territorial y sus representaciones en el exterior: (Ley 1322 de 2009 artículo 1).
j. En casas de justicia como delegados de las entidades que se encuentren presentes: (Ley 1395 de 2010,
artículo 50).
k. En los centros de conciliación públicos como funcionarios y como asesores de los conciliadores en
equidad: (Ley 1395 de 2010, artículo 50).
l. En los demás cargos que por disposiciones legales y reglamentarias así se establezcan.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

PSAA12-9338 de 27 de marzo de 2012, entre los cuales no se halla el empleo
de abogado o asesor jurídico en entes privadas vigiladas por alguna
superintendencia, cargo que, por el contrario, sí fue estipulado para la
modalidad de práctica jurídica remunerada y por el término de un año
continuo o discontinuo, en la letra h del artículo 5°.

En ese orden de ideas, comoquiera que de las pruebas aportadas al expediente
se tiene que el accionante realizó su práctica jurídica en Fenalco, seccional
Santander, entidad que, según certificado emitido por el señor gerente general
de la empresa privada de Vigilancia de Fenalco (Vifenalco) Ltda., es
supervisada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, debe
acreditar una duración de un año y una remuneración, tal como le fue
requerido por la autoridad accionada, por lo que al no colmar dichas
exigencias, puesto que prestó sus servicios desde el 1º de febrero hasta el 1º
de noviembre de 2021 (9 meses) y de manera ad honorem, no es dable que a
través de la tutela se le tengan por satisfechas.

A partir de los anteriores prolegómenos y toda vez que no se configura
quebranto de los derechos constitucionales fundamentales del actor, se
impone negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la
educación y libertad de escoger profesión y oficio invocados por el señor
Henry Andrés Barrios Londoño, conforme a la parte motiva.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

Parágrafo: La judicatura en calidad Ad-Honorem, deberá prestarse por un término continúo o discontinúo
no inferior a nueve (9) meses; salvo lo dispuesto en los literales e), j) y k) anterior, en cuyo caso el término
de la judicatura será de seis (6) meses conforme a lo establecido en el Decreto Ley 2636 de 2004, y siete (7)
meses conforme a lo establecido en Ley 1395 de 2010, artículo 50, respectivamente».
17
«Por medio de la cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar el título de
abogado».
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00964-00
Actor: Henry Andrés Barrios Londoño

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.