Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00969-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00969-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00969-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00969-01
Accionante: LUIS ALBERTO QUINTERO LÓPEZ
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / queja
disciplinaria / defecto fáctico
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por el accionante contra la
sentencia del 1.º de abril de 2022 mediante la cual la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor Luis Alberto Quintero, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia y
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de obtener la
protección del derecho fundamental al debido proceso, con fundamento
en los siguientes:
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1. Hechos
1.1. Por informe que presentara el procurador 342 Judicial I Penal de
Apartadó el 8 de marzo de 2013 relacionado con la presunta mora del
juez segundo penal del Circuito de Turbo en proferir sentencia en 16
procesos de Ley 600 de 2000, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia abrió investigación disciplinaria contra el titular de ese
despacho, el hoy accionante, la cual terminó con sentencia
sancionatoria del 28 de agosto de 2019 mediante la cual lo suspendió
del cargo e inhabilitó por el término de un mes, al encontrarlo
responsable de incurrir en la prohibición prevista en el artículo 154,
numeral 3.º de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 410
de la Ley 600 de 2000.
1.2. Apelada la decisión, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la
confirmó, a través de providencia del 3 de noviembre de 2021.
2. Fundamentos de la acción
El accionante manifestó que las autoridades disciplinarias incurrieron
en defecto fáctico, toda vez que aplicaron los datos estadísticos de la
Rama Judicial del 2010 – 2013 para el periodo comprendido entre 2010
y 2014, lo que, en su entender, es ilógico e irrazonable, toda vez que
dichos datos no pueden aplicarse a este último año sin incluir las
estadísticas respectivas para dicha anualidad, en la cual se fallaron 6
asuntos tramitados bajo la Ley 600 de 2000.
Por tanto, sostuvo que sin la estadística del 2014, era imposible deducir
las variables requeridas para establecer la justificación de la mora
judicial, como lo son el número de días hábiles laborados, las
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providencias de sustanciación y de fondo, las tutelas, el índice promedio
de producción laboral y la carga laboral entre 2010 y 2014.
Señaló, también, que incurrieron en una “nulidad de pleno derecho por
ilicitud de la inspección judicial única prueba que fundamentó las
sentencias sancionatorias”, puesto que la inspección judicial ordenada
sobre 13 procesos tramitados en el juzgado no fue practicada con
garantía del debido proceso, en tanto no se le puso en conocimiento el
oficio que ordenó la remisión de dichos expedientes, con lo que no pudo
ejercer su derecho de contradicción y defensa respecto de ese medio
de convicción, además que dicha práctica ocurrió un año y diez meses
después de vencido el término de la investigación disciplinaria, es decir,
de manera abiertamente extemporánea.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Acorde con las razones expuestas, por presentarse una insuficiencia probatoria que impide
conocer con certeza la justificación de la mora judicial, en las sentencias sancionatorias de
primera y segunda instancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Antioquia y de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tuteladas; se produce una duda razonable,
insalvable, respecto de la responsabilidad en la mora judicial endilgada al suscrito en las
sentencias mencionadas, por lo que respetuosamente solicito a la Honorable Magistratura
anule las sentencias y dicte sentencia absolutoria.
Por ser la inspección judicial, prueba ilícita nula de pleno derecho y ser única prueba que
fundamentó las sentencias de 1ª y 2ª instancias de la Judicatura disciplinaria, no podía ser
valorada en el proceso disciplinario, por lo que solicito se excluya del proceso, y en
consecuencia se anule el proceso disciplinario» (sic para toda la cita).
4. Intervenciones
Mediante auto del 10 de febrero de 2022, la Sección Tercera,
Subsección A de esta corporación admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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como accionados y al Procurador 342 (e) Judicial I de Apartadó como
tercero interesado en las resultas del proceso.
4.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de
la magistrada ponente de la decisión sancionatoria de segunda
instancia, señaló que aun cuando el demandante echa de menos la
información estadística correspondiente al 2014, dicha comisión
resolvió la apelación con fundamento en las pruebas legalmente
recaudadas en el proceso, sin que el encartado hubiere sugerido en su
recurso una solicitud probatoria en ese sentido, si es que en realidad
consideraba insuficientes las estadísticas de los años 2010 a 2013, así
como tampoco hizo ninguna solicitud una vez cerrada la investigación
mediante auto de 24 de septiembre de 2018, proveído que pese a ser
pasible de reposición en los términos del artículo 53 de la Ley 1474 de
2011 (que adicionó a la Ley 734 de 2002 el precepto 160 A), no fue
objeto del referido recurso.
No obstante lo anterior, precisó que aunque se hubiera allegado el
informe estadístico del 2014, ello no habría incidido en la decisión que
finalmente se adoptó, pues el resultado de 1.33 providencias diarias de
fondo (no 1.8 como erróneamente lo sostiene el actor), se obtuvo de
dividir las 1.228 providencias de fondo que dictó el implicado entre los
917 días hábiles de enero de 2010 a diciembre de 2013, ambos
componentes únicamente de los años 2010 a 2013, sin que tuviera
incidencia entonces la ambicionada producción del año 2014, pues
precisamente la producción de los 3 años (de 2010 a 2013) se dividió
solo en ese lapso, es decir, sin tocar el año 2014, por cuanto no se
contaba con la cantidad de providencias de este último año.
Señaló, además, que el factor de producción no fue el único analizado
al momento de determinar si se justificó o no la mora, pues el
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accionante guarda silencio en torno al análisis de complejidad que hizo
la corporación de los asuntos, sin desconocer que la actuación
disciplinaria sí contó con los datos relacionados con la cantidad de
asuntos evacuados entre los años 2010 y 2014, para un total de 1.708
audiencias (850 con detenido y 825 sin aprehendido), con un promedio
de 1.7 diligencias diarias, resultado explicable por la corta duración de
las mismas (1.205: menos de una hora; 193: una hora o más), y por
la baja carga laboral (68.6 expedientes activos de Ley 600 de 2000
entre los años 2010 y 2013), de suerte que contrario a lo señalado por
el accionante, las pruebas recaudadas fueron “apreciadas en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, conforme a lo previsto en
el artículo 176 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 21
del CDU.
De otro lado, en relación con la supuesta irregularidad en la práctica de
la inspección judicial, sostuvo que a folio 83 del expediente reposa el
oficio 317 del 21 de marzo de 2018 mediante el cual el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Turbo remitió dichos asuntos, lo que
descarta la irregularidad alegada.
Además, enfatizó en que al señor Quintero López se le notificó el auto
de apertura de investigación del 16 de noviembre de 2016 y también
el proveído de impulso probatorio del 1.º de junio de 2018 a través de
estado, en los términos de los artículos 100 y 103 del CDU.
En ese sentido, aclaró que el disciplinado, a pesar de haberse notificado
del auto de cierre de la investigación, no manifestó inconformidad
alguna al respecto por vía del recurso de reposición, con lo que avaló
el trámite impartido, habiendo ocurrido lo mismo ante el vencimiento
del plazo previsto en la etapa de indagación preliminar y la apertura de
la investigación disciplinaria.
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4.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, aduciendo que la
providencia del 28 de agosto de 2019 contiene un análisis probatorio
suficiente y razonable, del que se concluyó que aunque el disciplinado
tuvo una producción promedio diaria de 1,8 decisiones por día hábil,
superior a la establecida por la jurisprudencia de la extinta Sala
Jurisdiccional Disciplinaria Superior en decisión del 6 de noviembre de
2014, radicado 110011102000201107191. M.P. José Ovidio Claros
Polanco, en la que se había establecido como índice aceptable una (1)
decisión diaria (interlocutoria), ese solo elemento no desvirtuaba la
responsabilidad del funcionario, habida cuenta que este tenía un
promedio de carga respecto de procesos en Ley 600 de 2000 de 68.6
expedientes activos; además, la mora analizada era colosal y
exorbitante, afectando el pronunciamiento de la Judicatura frente a
temas sensibles como eran las conductas contra la administración
pública y libertad sexual de los menores de edad.
Por ello, estimó que lo pretendido por el accionante es reducir el análisis
probatorio de manera aislada y concreta a las estadísticas, olvidando
que la valoración de los elementos suasorios debe ser contextual y
sistemática con las demás pruebas, al punto que en el escrito
introductorio habla de ese solo aspecto, dejando de lado situaciones
tales como: el grupo de trabajo que tenía para el momento de los
hechos, el tipo de conductas frente a las cuales se presentó la mora, la
prelación en que debe resolver los negocios según lo previsto en la ley,
el tiempo que permanecieron los asuntos a su cargo a la espera de
decisión de fondo y la complejidad del asunto, pues tenía procesos
sencillos que no ameritaban caladas interpretaciones para pronunciarse
de fondo pero, aun así, fueron afectados por la inactividad el hoy
accionante.
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5. La providencia impugnada
La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado mediante
sentencia del 1.º de abril de 2022 declaró improcedente el amparo
constitucional deprecado, argumentando que no se acreditó el requisito
de relevancia constitucional, en tanto con la presente demanda se
pretende reabrir un debate jurídico legalmente clausurado por los
jueces disciplinarios.
Al efecto, sostuvo que de las circunstancias fácticas que dieron
paso a la decisión sometida a estudio y de los fundamentos
jurídicos que expuso la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una
indebida aplicación legal o en una falta de motivación, ni mucho
menos que se haya abstenido de efectuar un examen de los
medios de prueba o desconocido precedente judicial. Por el
contrario, la decisión cuestionada encuentra claro sustento en el
principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una
actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de
una interpretación razonable del material probatorio aportado al
proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo
delimitan y que resultaban aplicables al caso.
6. Impugnación
El accionante recurrió el fallo de primera instancia, argumentando que,
en este asunto, sí reviste relevancia constitucional, toda vez que
identificaron, en las providencias cuestionadas, los defectos fáctico en
su dimensión negativa y la violación del debido proceso en la práctica
de las pruebas.
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Al respecto, insistió en que los falladores incurrieron en una omisión
probatoria determinante, en tanto a partir de la estadística
comprendida entre 2010 y 2013 concluyeron que, entre 2010 y 2014
se profirieron 1,8 providencias a partir de la división de 1708
audiencias interlocutorias y sentencias entre 917 días hábiles del
periodo 2010 al 2013, sin que se conozca la fuente que arrojó el número
total mencionado (1708), si se tiene en cuenta que no se aportó nunca
la estadística correspondiente al 2014.
Por tanto, reiteró que “las variables que se tuvieron en cuenta por la
judicatura disciplinaria para establecer la diligencia judicial y la
justificación de la mora del periodo 2010 al 2014, que es objeto de
investigación, son clara y ostensiblemente erróneos y caprichosos, pues
se calculó con las estadísticas del periodo 2010 al 2013 y se omitió en
dicho cálculo la estadística del año 2014”.
En ese sentido, señaló que si “se est[á] investigando por mora judicial
del año 2010 al 2014, lo lógico y correcto, es que se saquen los
porcentajes y variables, de ese mismo periodo 2010 al 2014 y no que
se apliquen porcentajes y variables del periodo 2010 al 2013, para
establecer la diligencia judicial y la justificación de la mora del periodo
2010 al 2014, lo que es un absurdo probatorio” y agregó que “la
sentencia condenatoria que trata de moras judiciales del 2010 al 2014
(en un 70% como lo sustento en la acción de tutela), está
fundamentada en porcentajes y variables, del periodo 2010 al 2013, lo
que conduce a que las variables del periodo 2010 al 2014 sean falsas,
deviniendo la valoración de mi gestión laboral del periodo 2010 al 2014,
en equivocada y errónea, contrariando ostensiblemente el principio de
la apreciación racional de la prueba, que exige que la prueba debe ser
apreciada lógicamente”.
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Por otro lado, insistió en que en el proceso ocurrieron serias
irregularidades en la inspección judicial realizada sobre trece procesos
tramitados en el juzgado, puesto que estos no fueron allegados
legalmente al proceso mediante auto o constancia, por lo que nunca
conoció lo que se remitió, aclarando que como estuvo vinculado a la
Rama Judicial hasta el 12 de enero de 2015, no fue quien envió los
procesos objeto de la prueba, que fue practicada el 1.º de junio de
2018.
Además, esto ocurrió un año y diez meses después de vencido el
término de la investigación disciplinaria (16 de agosto de 2016), de lo
que se desprende claramente su extemporaneidad e inoportunidad.
Explicó que fue debido a ello que solicitó la nulidad del proceso por la
dilación excesiva e injustificada de los términos de la indagación
preliminar y la investigación con soporte en las sentencias SU901 de
2005 proferida por la Corte Constitucional y 039 del 13 de febrero de
2014 del Consejo de Estado según las cuales si se practican pruebas
por fuera de los términos de la investigación disciplinaria el proceso es
nulo.
Sostuvo, entonces, que “al realizarse de una manera oculta la
inspección judicial, sin haberse notificado previamente su decreto;
fijando lugar, fecha y hora para que el suscrito estuviera presente en
la inspección, se obtuvo inconstitucionalmente la prueba, al vulnerarse
las garantías procesales del art.29 de la C.P. como son el derecho a la
defensa y de contradicción e incumpliendo lo ordenado por la sentencia
C 595 de 1998, configurándose una nulidad de la prueba de pleno
derecho por obtención vulnerando el debido proceso”.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir la
providencia del 3 de noviembre de 2021 mediante la cual
confirmó la sanción disciplinaria impuesta al accionante, incurrió
en los defectos fáctico y procedimental1?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual
de los defectos fáctico y procedimental; y iv) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
1
La Sala limitará su análisis a la providencia de segunda instancia, por haber puesto fin al proceso
disciplinario.
2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
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corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
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2.1.2. Así mismo se observa que la providencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
2.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de expedición de la providencia cuestionada (3 de
noviembre de 2021) hasta la radicación de la acción de tutela (7 de
febrero de 2022).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos fáctico
y procedimental en que presuntamente incurrió la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.
2.2. Del defecto procedimental
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido4. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto,
y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es)
de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea
4
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
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porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente
–desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa
y contradicción de una de las partes del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”7 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera
que sus actuaciones generan una denegación de la justicia8. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho
sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando:
i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir
requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse
de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto
oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar9.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
6
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
9
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289
de 2005 y T-053 de 2012.
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requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda
corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de
todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales10.
2.3. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional11 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa 12, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva13, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
10
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
11
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»14.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Luis Alberto Quintero López reprocha la
providencia del 3 de noviembre de 2021 mediante la cual la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción disciplinaria de un
mes de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad por el mismo
término.
La Sección Tercera, Subsección A de esta corporación, mediante
sentencia del 1.º de abril de 2022, declaró la improcedencia de la acción
de tutela, al considerar que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional, puesto que los reproches expuestos se encaminaron a
plantear una discrepancia con la decisión adoptada por los jueces
disciplinarios en relación con la valoración probatoria.
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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Al respecto, en el escrito de impugnación, el accionante insistió en que
en el proceso disciplinario se incurrió en una irregularidad al practicarse
la inspección judicial a varios procesos penales tramitados en el
juzgado, puesto que nunca se le puso en conocimiento el acta que los
remitió, con lo que no pudo ejercer su derecho de contradicción y
defensa.
Asimismo, reiteró que el proceso disciplinario adolece de defecto
fáctico, toda vez que la Comisión, a partir del análisis de la estadística
reportada entre 2010 y 2013, estableció que en el periodo comprendido
entre el 2010 y el 2014, este había proferido aproximadamente 1,8
providencias diarias, número que no corresponde a la realidad, en
tanto, no se consideró el dato estadístico reportado para este último
año (2014), por lo que la conclusión a la que se arribó carece de
sustento.
De conformidad con los reproches expuestos en la impugnación, la Sala
advierte que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al abordar el
asunto bajo examen, inicialmente desató la solicitud de nulidad
formulada por el disciplinado, respecto de lo cual consideró que a este
se le notificó, en cada una de las etapas procesales, las decisiones
adoptadas, y fue él quien omitió hacer presencia en la práctica de dicha
prueba, situación que a la postre quedó convalidada, puesto que ni
siquiera recurrió el proveído del 24 de septiembre de 2018 mediante el
cual se dispuso el cierre de la investigación disciplinaria. Así lo señaló
la Comisión:
[…] De la nulidad…
De igual manera, consideró configurarse una nulidad frente a la inspección judicial
realizada a los procesos que originaron la presente investigación disciplinaria, por
cuanto la prueba fue decretada como consecuencia del cuestionado informe del
procurador respecto de las actuaciones realizadas por el juzgado a su cargo, remitiendo
copia de las piezas procesales correspondientes; empero, como el juzgado 2º penal del
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circuito de turbo envió los expedientes en original, al no tener escáner para dar
cumplimiento al requerimiento realizado por el operador disciplinado, de ahí que se
desconoce lo previsto en el artículo 124 del Código General del Proceso; en
consecuencia, los expedientes no fueron allegados en debida forma al proceso de la
referencia y menos la inspección judicial fue decretada dentro del término de la
investigación disciplinaria y comunicada para que pudiera ejercer el derecho de
contradicción, en el sentido de adicionarla en virtud de lo establecido en los artículos
244, 245 (inciso 2º) y 260 de la ley 600 de 2000…
El segundo y tercer motivos de invalidez, los hizo consistir el disciplinable en que
debían excluirse en este asunto, de un lado, las copias extraídas de las causas penales
(ilícitas), y de otro, la inspección judicial por ser prueba derivada y directa de los
asuntos.
Sin embargo, el inculpado no repara en que buena parte de las causas penales no se
encontraban en trámite, al punto que su respuesta a la primera instancia, consistió en
haberlos ya decidido y en la imposibilidad de haber encontrado unos expedientes
respecto de los cuales se pidió la información respectiva.
En todo caso, si el inculpado solo remitido el expediente original No 200900079 00, no
podía esperar que el a quo se contentara con su informe incompleto para abstenerse de
asegurar las restantes probanzas, dificultad que imposibilito, entonces, el acopio de las
demás causas penales para su inspección judicial, en los términos de los articulo 233 y
245 de la ley 600 del 2000…
Aunado a lo anterior, pese a que la inspección que se practique en la investigación previa
no requiere providencia que la ordena (inciso 2º del artículo 245 de la ley 600 del 2000),
lo cierto es que la inspección judicial ordenada por auto del 1º de junio de 2018 pudo
advertirla el disciplinable por estar enterado de esta actuación casi 4 años atrás (28 de
junio de 2014), sin que hubiere precisado las razones que lo llevaron a dejar de hacer
presencia en la práctica ese medio de prueba, ni menos aun explicó la razón que lo llevó
a abstenerse de recurrir el proveído de 24 de septiembre de 2018 con el que se cerró la
investigación, pese a haberse notificado de manera personal desde el 4 de julio de 2017,
proceder con el que terminó por convalidar igualmente la práctica de ese medio de
prueba.
Pero es más, si los expedientes penales, después de inspeccionados y antes del cierre de
la investigación, fueron devueltos al juzgado de origen, cuyos asuntos y estadios
procesales fueron de conocimiento del propio disciplinable, no se explica cuál es la
molestia de su acopio, si finalmente contienen la misma información que el
disciplinable rindió acá en su respuesta a través del oficio No. 1169 del 12 de mayo de
2014.
Aduce el inculpado que, de un lado, distaron 3 años y 5 meses entre el auto de
indagación preliminar (17 de junio de 2013) y el auto de apertura de investigación
disciplinaria (16 de noviembre de 2016), y de otro, que el termino de investigación
disciplinaria se venció en este asunto, pues entre el auto de apertura y su cierre (24 de
septiembre de 2018) han transcurrido mas de los 6 meses regulados por el artículo 21
de la ley 1952 de 2019, de suerte que la inspección judicial de 1º de junio debía excluirse
por extemporánea.
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Al punto se dirá, que si bien es cierto la primera instancia excedió el termino de 6 meses
consagrado en el artículo 156 de la ley 734 de 2002 (norma aplicable al asunto), esa
circunstancia objetiva, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, no limita el
ejercicio de la potestad disciplinaria…
De manera que si bien el plazo no fue cumplido por la primera instancia -circunstancia
atribuible, en parte, a la imposibilidad del recaudo probatorio del que incluso dio cuenta
el disciplinable en el mencionado oficio No 1169 del 12 de mayo de 2014-, ello no
conduce a la terminación de la investigación, por no ser una consecuencia diseñada por
el legislador (…).
Aclarado lo anterior, determinó la responsabilidad disciplinaria del
demandante, de la siguiente forma:
[…]El recurrente señaló que la primera instancia erró en la valoración probatoria, pues
de haberse acertado su conclusión habría sido que la mora judicial que le fuera
enrostrada se encontraba justificada, bajo el eximente culpabilidad de la fuerza mayor
o el caso fortuito.
(…)
Pues bien, a decir verdad, se tiene que en el proceso … el asunto paso al despacho del
disciplinado el 6 de abril de 2010, siendo fallado el 1 de noviembre de 2013, el radicado
… paso al despacho el 2 de septiembre de 2010, siendo decidido el 18 de octubre de
2013, el … paso al despacho el 30 enero de 2013 y decidido el 15 de octubre siguiente,
el … paso al despacho el 2 de junio de 2011y resuelto el 4 de febrero de 2014, el …
paso al despacho el 20 de agosto de 2010 y fallado el 15 de enero de 2014, el … paso
al despacho el 12 de abril de 2010 y fallado el 2 de mayo de 2013, el … paso al despacho
el 25 de agosto de 2011 y resuelto el 27 de agosto de 2013, el … paso al despacho el 25
de agosto de 2011 y resuelto de 5 de abril de 2013, el… paso al despacho el 22 de junio
de 2011 y decidido el 5 de diciembre de 2014, el… paso al despacho el 30 de mayo de
2012 y fallado con condena el mismo día, el… paso al despacho el 29 de junio de 2012
fallado el 8 de septiembre de 2014.
Con otras palabras, la mora superior a un año calendario tuvo presencia en diez (10)
causas penales, vicisitud que condujo a la primera instancia a tener la prohibición
descrita en el artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996, como falta gravísima, al tenor de lo
previsto en el parágrafo 2º del artículo 48 del CDU, debiendo resaltarse que el asunto
que más tardó en fallarse, tuvo inactividad de 3 años, 6 meses y 24 días, es decir, 1.305
días calendario.
Entre los periodos de inacción por parte del funcionario disciplinado, y al que se contrae
la mora imputada como desconocimiento del deber funcional (1º de enero de 2010 a 31
de diciembre de 2013), tuvo una producción diaria de providencias cercanas a las 1.33
decisiones por día, a razón de:
1.331 providencias de fondo entre autos interlocutorios y sentencias, 1228
providencias de fondo / 917 hábiles=1.33 providencias de fondo por día hábil.
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(…)
Para los años 2010 a 2011, el doctor Quintero López, en su condición de Juez 2º Penal
del Circuito de Turbo, estuvo ausente del despacho a su cargo, por causa justificada 118
hábiles, de los cuales no se tendrán en cuenta los 44 días de permiso concedidos al
funcionario en el periodo de mora, porque estos no generan vacante transitoria ni
definitiva del empleo del cual es titular el respectivo beneficiario y se consagra el
derecho a los mismos en favor del servidor, siempre que no afecten la prestación del
servicio de justicia.
(…)
Lo anterior, suma un total de 74 días hábiles, que deben descontarse del número total
de días hábiles laborales.
Por lo tanto, descontando de los 917 días hábiles entre enero de 2010 y diciembre de
2013, los 74 días del encartado reportó una vacancia transitoria en el cargo, se tiene,
entonces, que su producción diaria de providencias de fondo era cercana a las 1.45 por
día.
Bajo el anterior panorama procede la comisión a resolver cada una de las
manifestaciones realizadas por el funcionario investigado en el recurso de apelación.
Afirma el censor que no se valoró en debida forma la estadística reportada a efectos de
determinar su nivel de producción en el periodo comprendido entre enero de 2010 y
diciembre de 2013, sin que de las mismas se advierta que hubieren dejado de incluirse
las decisiones interlocutorias y fallos proferidos en audiencia (c.a.8), como tampoco el
recurrente cuestionó el promedio de decisiones diarias de fondo al que arriba la primera
instancia (1.33).
(…)
El recuadro transcrito, recoge los resultados de las decisiones de trámite y de fondo
proferidas por el disciplinable, así como la carga laboral de casa trimestre, sin que de
ellas se advierta que difieran de lo consignado en los libros de radicación de Ley 600
de 2000 (1º y 2º instancia) y Ley 906 de 2004 (1º y 2º instancia), entre los años 2010 y
2013 allegados a esta actuación, ni menos aún una u otra documental devela ingresos
desproporcionados que condujeran a la congestión laboral para relegar las causas
penales por espacio superior a los 3 años, pues el primer trimestre de 2011, al despacho
presidido por el disciplinable, por ejemplo, le fue repartido lo siguiente: a) entre primera
y /o única instancia de Ley 600: 17, b) registro de control penal:0, c) segunda instancia
penal Ley 600: 5, d) primea instancia conocimiento ley 906: 15,y e) segunda instancia
Ley 906 control de garantías y conocimiento: 7; en asuntos constitucionales le
ingresaron 6 tutelas por reparto, lo que descarta la existencia de las (100) sentencias de
tutelas que se arrogó el disciplinable haber fallado mensualmente, pues ni de ese año
2011, ni hasta el 2013, se advierte cantidad semejante.
Si bien el disciplinable evacuó entre los años 2010 y 2014 un total de 1708 audiencias
(850 con detenido y 825 si aprehendido), para un promedio de 1.7 diarias, ello se explica
por la duración de las audiencias (1205: menos de una hora, 193: una hora o más) y
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por la baja carga laboral que hacía manejable esos actos procesales, así como la
definición de las causas penales en estudio.
El inculpado ha resaltado la importancia de precisar la cantidad de asuntos que
ingresaron a su despacho desde el año 2010, con miras a ponderar la existencia o no de
la congestión laboral, a lo que en efecto se accederá, como pasa a desglosarse:
(…)
Es decir, entre el 1º de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, le fueron repartidos
al disciplinable 1071 asuntos penales y constitucionales, que, divididos en 36 meses,
arroja un promedio mensual de 29.7, porcentaje de ingresos que se aviene normal al
involucrar asuntos constitucionales, otros asuntos como comisiones y disciplinarios y
Leyes 600 de 200 y 906 de 2004.
Ahora bien, aduce el apelante que “la congestión laboral probada que aumenta desde
el año 2009, que heredé de mi antecesor, configura la fuerza mayor o caso fortuito…”,
pero pasa por alto que tal asidero, fue descartado para ese año por la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, cuando sostuvo, con miramiento
en sus bases de datos, que la carga del inculpado para cuando se posesionó (1º de octubre
de 2009), no superaba siquiera el 30% comparado con sus homólogos.
(…)
(…) en este evento no tiene lugar el eximente de responsabilidad alegado por el
recurrente, pues la mora endilgada al omitir su deber legal de pronunciarse
oportunamente y de fondo al interior de los juicios penales en estudio, no tienen
justificación alguna con una carga laboral manejable y en situaciones que el impidieran
resolver tales actuaciones, dado que, se reitera, no afrontaba una congestión judicial
(…)
En efecto, como se anticipó, se advierte del informe rendido por el implicado y las
pruebas obrantes en los expedientes … que el funcionario judicial tardó en una
actuación penal empleando un término absolutamente desproporcionado, no razonable,
para desatar el asunto hoy en valoración de reproche, porque utilizó más de 3 años;
resulta entonces ostensible que con su conducta incurrió en el verbo rector de la falta
descrita en el artículo 154 numeral 3 de la Ley 270 de 1996, referente a retardar de
manera injustificada el despacho de los asuntos a su cargo, al desplegar un
comportamiento omisivo, indiferente y negligente, que muy seguramente atenta contra
los principios de celeridad, eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia[…].
De lo anterior, la Sala advierte, en primer término, que no es cierto,
como lo afirma el recurrente, que la Comisión tuviera en cuenta los
datos estadísticos reportados entre 2010 y 2013 para establecer cifras
de producción hasta 2014, puesto que, como quedó visto, la
información considerada correspondió a dicho período y arrojó como
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resultado un promedio de 1.3 providencias de fondo proferidas
diariamente y no 1.8 como erróneamente se señala.
Asimismo, la Comisión consideró que pese a ser ese un número
aceptable de producción, no existía razón que justificara la prolongación
por más de 3 años, de los procesos penales de Ley 600 de 2000 en la
etapa de fallo, teniendo en cuenta las cargas asignadas a dicho
despacho judicial.
Igualmente, descartó el eximente de responsabilidad de fuerza mayor
o caso fortuito planteado por el hoy accionante relacionado con la
congestión laboral “heredada de su antecesor” en el juzgado, teniendo
en cuenta que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia había descartado dicho argumento cuando
sostuvo, a partir de las bases de datos de la corporación, que la carga
del señor Quintero López para cuando se posesionó (el 1.º de octubre
de 2009), no superaba siquiera el 30 % comparado con sus homólogos.
En suma, la Sala observa que la decisión sancionatoria obedeció a un
análisis crítico del material probatorio en su integridad recaudado en el
proceso disciplinario, a partir del cual estableció que el encartado había
incurrido en la prohibición prevista en el artículo 154, numeral 3.º de
la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 410 de la Ley 600
de 2000.
Por tanto, al advertirse un análisis íntegro del material probatorio en
punto de los argumentos de reproche planteados en el recurso de
apelación formulado por el sancionado, no es dable señalar que la
Comisión hubiera incurrido en el defecto fáctico alegado, en tanto para
que ello ocurra es necesario que se demuestre que el juez de instancia
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se separara por completo de los hechos probados, situación que no se
muestra evidente en este asunto.
Por el contrario, lo que se evidencia en el asunto bajo examen es un
estudio lógico y plausible conforme a criterios jurisprudenciales
vigentes, a partir de lo que resultó debidamente probado en el proceso,
por lo que la divergencia de criterios en cuanto a la aplicación e
interpretación de la ley y la resolución al caso concreto no puede
considerarse como violatoria de derechos fundamentales, pues dicha
manifestación corresponde únicamente al ejercicio de la función
prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del contenido
normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.
De esta manera, se concluye que la posición jurídica asumida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se sustentó en un análisis
probatorio completo y razonable, de acuerdo a las reglas de la sana
crítica y ajustado a las reglas jurisprudenciales y a las normas aplicables
al caso concreto.
Por lo anterior, la Sala revocará el fallo de primera instancia que declaró
la improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, negar el
amparo constitucional deprecado, en tanto, como se señaló en
precedencia, no se encuentra configurado el defecto fático alegado por
el demandante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 09 6 9- 0 1
A c ci o na n t e: L ui s A l ber t o Q ui n t er o L óp ez
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1.º de abril de 2022 mediante
la cual la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado declaró improcedente la presente acción de
tutela. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por el señor Luis
Alberto Quintero López, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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