Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00987-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00987-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00987-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
21 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00987-00
Accionante: ANGÉLICA MARÍA MOLANO RAMOS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta mora en el reconocimiento de
práctica jurídica para optar al título profesional de
abogado / Derechos fundamentales de petición,
trabajo, acceso a la administración de justicia /
Principio constitucional de eficacia / Carencia actual
de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Angélica María Molano Ramos, actuando en nombre propio, en
contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión a la falta
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ACCIÓN DE TUTELA
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de respuesta a la petición instaurada el 17 de enero de 2022, con la
finalidad de obtener la certificación de su práctica jurídica.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales de petición,
trabajo, acceso a la administración de justicia, y del principio
constitucional de eficacia se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
El 17 de enero de 2022, la parte accionante envió al correo
electrónico habilitado por el Consejo Superior de la Judicatura los
documentos necesarios para obtener la acreditación de la práctica
jurídica para optar por el título profesional de abogada.
Transcurrido el término para contestar la petición, la entidad
accionada no ha emitido ningún tipo de respuesta de fondo a la
solicitud realizada el 17 de enero del 2021, únicamente el 24 de enero
del mismo año mediante correo electrónico se acusa recibido.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«PRIMERO: TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales
fundamentales invocados como amenazados, violados y vulnerados por
parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, como es de su
conocimiento se me está vulnerando el Derecho de Petición (Art 23
Constitución Política de Colombia), el Derecho al Trabajo (Art 25
Constitución Política de Colombia), el Derecho a la Administración de
Justicia (Art 229 Constitución Política de Colombia) y el Principio de
Eficacia (Artículo 3 - numeral 11 de la Ley 1437 del 2011). Al no dar
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respuesta a mi solicitud elevada y NO certificar la aprobación de la
práctica jurídica correspondiente a la judicatura en un tiempo prudente.
SEGUNDO: Ordenar el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
que en el término de 48 horas se sirva expedir la certificación de la
aprobación de mi judicatura».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene la parte accionante que la omisión en la que ha incurrido la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
vulnera sus derechos fundamentales de petición, trabajo y acceso a la
administración de justicia, así como el principio constitucional de
eficacia de la ley.
Indica, además, que se encuentra en la imposibilidad de allegar los
documentos exigidos por la Universidad del Cauca para obtener el
título de abogada como quiera que los grados fueron programados por
la institución para el 25 de marzo del 2022 con la exigencia de
entregar la totalidad de documentos respectivos el 7 de febrero del
2022 como fecha máxima.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 24 de febrero de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
como accionado, para que ejercieran su derecho de defensa.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
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5. INTERVENCIONES
5.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados, a través de su directora, señaló que en el
presente asunto estamos en presencia de un hecho superado, por
cuanto mediante Resolución No. 1915 de 2022 se le reconoció el
cumplimiento de la práctica jurídica a la egresada Angélica María
Molano Ramos, decisión que fue notificada a la misma a través de
Oficio No. 1915 de 2022.
Indicó que debido al aumento desmesurado de solicitudes de
reconocimiento de prácticas jurídicas, expedición de tarjetas
profesionales de abogados y licencias temporales, que sobrepasan en
gran medida la capacidad operativa con los recursos disponibles hasta
el momento, así como en razón de las medidas administrativas
adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la pandemia por el
COVID-19, la Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de
llegada al correo institucional designado para el efecto y en el caso de
las tarjetas profesionales de abogado y licencias temporales, las
mismas son enviadas al domicilio registrado por el solicitante y las
prácticas jurídicas notificadas al correo registrado por el usuario.
5.2. Las demás partes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
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2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, durante el
trámite de la solicitud presentada por la señora Angélica María
Molano Ramos el 17 de enero de 2022, vulneró sus derechos
fundamentales de petición, trabajo y acceso a la administración
de justicia, y el principio constitucional de eficacia de la ley?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la carencia actual de objeto en la acción de tutela y ii) el
estudio del caso concreto.
1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN LA ACCIÓN DE TUTELA
La figura de la carencia actual de objeto opera cuando la orden del
juez de tutela, relacionada con las pretensiones de la demanda, no
generaría ningún efecto en el plano jurídico, ni surtiría ninguna
consecuencia. Generalmente, este fenómeno se produce a partir de
dos eventos: el hecho superado y el daño consumado.
En primer lugar, la carencia actual de objeto por hecho superado tiene
lugar cuando al momento de dictar la sentencia de tutela, los
supuestos fácticos que originaban la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales, ya se han superado.
«La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento
del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía
cuya realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin
justa causa-, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido
se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía
lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna.»2
Cuando se produzca este evento, se debe demostrar que el hecho que
generaba la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
del accionante en un caso concreto ya cesó, es decir, que se pruebe la
satisfacción completa de lo que se pretendía con la acción de tutela,
tal como lo ha establecido la Corte Constitucional:
2
Corte Constitucional. Sentencia T 358 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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«En estos casos, se debe demostrar que en realidad se ha satisfecho
por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto
es, que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en
la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a
prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se
dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su
conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en
caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto
2591 de 1991.»3
En segundo lugar, la carencia actual de objeto por daño consumado
se presenta cuando lo que se pretendía evitar con la interposición de
la acción de tutela ya sucedió, lo cual genera que no sea posible cesar
el perjuicio o impedir que se concrete el peligro, con lo cual la
vulneración o amenaza del derecho fundamental generó el daño y lo
procedente es su resarcimiento.
«(…) en este orden de ideas, en caso de que presente un daño
consumado, cualquier orden judicial resultaría inocua, lo que es lo
mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir que se siga
presentando la violación o que acaezca la amenaza. La única opción
posible es entonces la indemnización del perjuicio producido por causa
de la violación del derecho fundamental, la cual, en principio, no es
posible obtener mediante la mencionada vía procesal.»4
No obstante, la Corte Constitucional advirtió que hay eventos en los
cuales es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la
presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de
alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del
juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no
surta ningún efecto y por lo tanto quede en el vacío. Por ejemplo, en
los casos en los cuales, por una modificación en los hechos que
originaron la acción de tutela, el tutelante pierda el interés en la
3
Ibídem.
4
Ibídem.
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satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar
a cabo.5
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto se resuelve la acción de tutela interpuesta por
la señora Angélica María Molano Ramos, actuando en nombre propio,
en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales de petición, trabajo y
acceso a la administración de justicia, y el principio constitucional de
eficacia de la ley, ocurrida con ocasión a la falta de respuesta a la
petición instaurada el 17 de enero de 2022 con la finalidad de obtener
la certificación de su práctica jurídica.
4.1. En primer lugar, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente, se advierte que:
i. Mediante Resolución No. 1915 de 21 de febrero de 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, resolvió:
«ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como
requisito alternativo para optar al título de Abogado a ANGÉLICA
MARIA MOLANO RAMOS, quién se identifica con cédula de
ciudadanía […], y acredita que egresó de la UNIVERSIDAD DEL
CAUCA.
ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución a la interesada de
conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de
2020.
5
Corte Constitucional. Sentencia T 585 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto
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ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición».
ii. Dicho acto administrativo fue puesto en conocimiento de la parte
accionante mediante Oficio No. 1915 de 21 de febrero de 2022,
notificación acorde con el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo
de 2020.
Así las cosas, si bien existe una tardanza en el plazo para resolver
esta solicitud, estamos en presencia de un evento en el cual la acción
de amparo carece de objeto, por existir una circunstancia que hace
inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela, puesto que los
hechos que originaron la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales de la parte accionante ya cesaron, haciendo imposible
cualquier orden contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
En ese sentido, es importante indicar que un hecho superado puede
presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del
derecho desaparece, frente a lo cual, cualquier decisión emitida
carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica que proferir
una decisión frente a un supuesto que en la actualidad se torna en
inexistente.
Señalado lo anterior, esta Sala de Subsección considera que los
supuestos fácticos que originaban la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales cuya protección solicita la parte accionante,
ya se han superado y se ha satisfecho por completo lo que se
pretendía mediante la demanda de la referencia.
Por ello, se configura una situación en la cual el amparo constitucional
sería inocuo, razón por la que en el presente asunto se declarará la
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carencia actual de objeto en la acción de tutela presentada por la
señora Angélica María Molano Ramos, a nombre propio, en contra del
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.
4.2. En segundo lugar, en el informe rendido por el Consejo Superior
de la Judicatura su directora indica que la entidad «en lo que va
corrido del año» ha tramitado 23.334 solicitudes de reconocimiento de
práctica jurídica, 4.516 tarjetas profesionales de abogado y 741
licencias temporales, lo cual supone un aumento desmesurado de las
peticiones. Esta situación, según señala, sobrepasa la capacidad
operativa de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, por lo que se presentan el incumplimiento de los plazos
reglamentariamente fijados para dichos trámites.
No obstante lo anterior, la administración de justicia viene advirtiendo
que de esa demora en la que incurre la parte accionada se deriva una
vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
quienes ante la mora en el procedimiento regular han interpuesto
múltiples acciones de tutela con el fin de proteger su debido proceso.
Situación que ocasiona que la herramienta constitucional sea utilizada
como un mecanismo de activación del aparato administrativo y no
como la figura de carácter residual y subsidiario para la cual fue
concebida en la Constitución Política de 1991.
Sobre este punto, la Corte Constitucional ha considerado al derecho al
debido proceso como una garantía fundamental que constituye un
contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen
contra los particulares, teniendo este que sujetarse a las reglas
definidas en el ordenamiento jurídico y cumpliendo a plenitud las
formas propias de cada procedimiento.
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En efecto, el máximo tribunal constitucional dijo sobre este tema lo
siguiente:
«El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el
Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no
solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares
para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas
relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites
que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con
el objeto de cumplir una obligación.
El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e
incluye como elemento básico del mismo la observancia "de la
plenitud de las formas propias de cada juicio", lo que en materia
administrativa significa el pleno cumplimiento de lo prescrito en la ley
y en las reglas especiales sobre el asunto en trámite6».
Es por ello que, dentro de un Estado Social de Derecho, se debe evitar
que la administración realice su propia voluntad al momento de seguir
los procedimientos establecidos porque ello implica una violación de
las prerrogativas constitucionales. Más aún cuando los errores y
tardanzas en las actuaciones se convierten en una carga procesal
adicional que debe ser soportada por los administrados, porque tal
evento supone un quebranto del límite material a la acción de las
entidades estatales, las cuales no pueden reclamar para sí ningún
poder general para condicionar o coartar los derechos de los
ciudadanos so pretexto de buscar un fin loable.
Lo descrito previamente cobra mayor relevancia al tratarse de
trámites relacionados con la práctica de la judicatura, puesto que es
una actividad cuya validez constitucional7 radica en la existencia de
una relación inescindible entre el desempeño idóneo del abogado y la
6
Corte Constitucional. Sentencia T-1083 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional. Sentencia C-749 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
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posibilidad de acceder a una experiencia jurídica que sirva de
escenario para la aplicación de los conocimientos adquiridos en las
distintas asignaturas que integran el pensum universitario
correspondiente, a través del ejercicio de cargos o funciones que
impliquen el desarrollo de tareas propias de la disciplina del Derecho y
de su ejercicio profesional.
En este orden de ideas, esta Sala de Subsección considera necesario
exhortar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para que cumpla con
los plazos previstos dentro del ordenamiento jurídico para efectos de
expedir los actos administrativos de reconocimiento de práctica
jurídica, por cuanto el principio de efectividad de los derechos
fundamentales vincula a todas las autoridades y por ende estas no
pueden liberarse de su respeto y protección. Porque de no ser así,
como lo ha establecido la Corte Constitucional8, las relaciones
jurídicas entre el Estado y el administrado en ningún caso podrían
lograr un equilibrio, lo cual resulta contrario a los postulados básicos
de justicia.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO.- PRIMERO.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO en la acción de tutela presentada por la señora Angélica
María Molano Ramos, a nombre propio, en contra del Consejo
8
Corte Constitucional. Sentencia T-1083 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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Superior de la Judicatura – Unidad Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- EXHÓRTASE al Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
para que cumpla con los plazos previstos dentro del ordenamiento
jurídico para efectos de expedir los actos administrativos de
reconocimiento de práctica jurídica, con base en el principio de
efectividad del derecho fundamental al debido proceso.
TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
EN COMISIÓN FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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