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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01023-00

Carácter general: se declara improcedente – la parte

Fecha
25 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01023-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e). 12 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01023-00 Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01023-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01023-00
Accionante: VÍCTOR ALFONSO LÓPEZ GAVIRIA
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
CARÁCTER GENERAL – se declara improcedente – la parte
accionante dispone de otro medio de defensa judicial para la
salvaguarda de los derechos fundamentales que aduce
transgredidos con la expedición del acto administrativo acusado y
no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite
la intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Víctor Alfonso
López Gaviria, en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 años
I.L.E., en contra del Presidente de la República1 y de los ministerios del
Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Víctor Alfonso López Gaviria, en nombre propio y en
representación de su hija menor de 18 años I.L.E., solicitó la protección de sus
derechos fundamentales «[…] a la Educación, recreación y deporte, trabajo,
libertad de opinión, ambiente sano, integridad personal, libre desarrollo de la
personalidad, igualdad y discriminación […]», los cuales fueron presuntamente
transgredidos por las autoridades accionadas como consecuencia de la expedición
y aplicación del Decreto 1615 de 2021.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, a través del Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021,
se dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad coronavirus Covid-19, para eventos presenciales que impliquen
asistencia masiva y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01023-00
Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias
[…]».

2.2. Afirmó que, con la expedición del decreto enjuiciado, «[…] el Gobierno Nacional
está omitiendo su obligación constitucional consagrada en el artículo 2º de la
Constitución Política de garantizar la vida y honra de todos los habitantes, sino
que, por el contrario, nos está estigmatizando y discriminando gravemente a
quienes no deseamos vacunarnos por razones médicas o hemos tomado la
decisión voluntaria de no hacerlo en ejercicio pleno de nuestras libertades
individuales y derechos fundamentales […]».

2.3. Comentó que, en el año 2020, estuvo hospitalizado como consecuencia de haber
resultado positivo para Covid-19, por lo que «[…] para quienes padecieron la
enfermedad directamente como los afectados de forma indirecta, es bastante
complejo en pensar someterse a una vacunación para no COMBATIR sino
MITIGAR los síntomas de COVID 19 que no es más que la inserción de dicho
virus en el cuerpo, en una dosis que para quienes padecieron ya esta enfermedad
es suficiente para tener sintomatología asociada a dicho virus, que no se conoce
la reacción del mismo en el organismo y que por razones obvias ya expuestas no
se desea experimentar […]».

2.4. Expuso que: «[…] más allá de las especulaciones relacionadas a la vacuna, la
negación de nuestro grupo familiar a recibirla, es porque si bien hay una
prevención según la OMS también es evidente que no se ha especificado bien los
daños colaterales que dicha vacuna pueda generar en personas que padecen
problemas de asma, obesidad y presión que son sintomatologías que padecen en
general nuestro grupo familiar […]».

2.5. Señaló que desde se expidió el Decreto 1615 de 2021, ni él ni su núcleo familiar
han «[…] podido asistir almuerzos de negocios porque nos han impedido el ingreso
a restaurantes, así mismo nuestras hijas han tenido impedido el ingreso a parques
de recreación en centros comerciales, zoológicos y ni que hablar del inicio escolar
donde ya se exige contar con la vacuna para acceder a dichas instituciones […]».

2.6. Refirió
que tanto él como su núcleo familiar han acatado todas las
recomendaciones, restricciones y medidas impartidas para mitigar la propagación del
virus Covid-19; sin embargo, no comparte el «[…] hecho que nos sea obligatorio
vacunarnos, no por creencias de chips y demás, sino porque ya conocemos de
primera mano lo que dicho virus ocasiona en el cuerpo y así mismo hemos leído
varios estudios que le han hecho al impacto de la vacuna, su eficacia, reacciones
a futuro […]».

2.7. Indicó que: «[…] la vacunación forzada mediante el Acoso y la Discriminación en
el lugar de estudio y/o de trabajo, es una violación flagrante de los derechos
humanos y tiene implicaciones ya que puede ser considerado delito de lesa
humanidad […]».

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Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

2.8. Citó varios artículos científicos, a partir del cual, a su juicio, se evidencia que las
vacunas contra el Covid-19 actualmente no son seguras y que ponen en riesgo la
salud del vacunado.

III. PRETENSIONES

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA: Solicito que de la medida restrictiva de acceso por carnet
con esquema de dosis completa del covid 19 a cualquier lugar del territorio
nacional se desvincule a mi grupo familiar, permitiéndonos así el acceso
abierto a cualquier lugar sin vulnerar nuestros derechos por no aceptar la
vacunación voluntaria.

SEGUNDO: Solicito amablemente que las entidades gubernamentales,
asociaciones y demás que representen cada uno de los gremios que limita
el acceso a sus instalaciones por orden del GOBIERNO NACIONAL a
personas con esquema de vacunación COVID 19 completo; se les haga
llegar un comunicado donde dicha medida restrictiva NO ABARQUE a mi
grupo familiar a hoy ni a futuro.

TERCERO: Solicito que mi grupo familiar sea eximido de cualquier decreto
o decisión del GOBIERNO NACIONAL a futuro, adicional al decreto ya
enlistado en la presente tutela que conlleve a la limitación de acceso o
vulneración de los derechos de mi grupo familiar por discriminación u otro
derecho al no definir la vacunación voluntaria contra el COVID 19 y sus
variaciones […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado que inicialmente
tuvo a su cargo la sustanciación de este proceso, mediante auto de 17 de febrero
de 20222, remitió el expediente de la referencia con el propósito de que se
resolviera de su acumulación al proceso con radicado número 11001-03-15-000-
2021-10157-00 (Actora: Yuli Yulieth Giraldo Giraldo).

5. El presente expediente fue remitido e ingresó al Despacho del magistrado que
actúa como ponente en esta providencia el 18 de febrero de 20223.

6. Posteriormente, mediante auto de 21 de febrero de 20224, el Despacho a cargo
de la sustaciación del proceso resolvió: (i) negar la acumulación de la presente
acción de tutela al expediente número 111001-03-15-000-2021-10157-00 (Actora:
Yuli Yulieth Giraldo Giraldo); e (ii) inadmitó el mecanismo de amparo al advertir
que adolecía de defectos formales.

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Índice 4 del aplicativo Samai.
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Índice 9 del aplicativo Samai.
4
Índice 10 del aplicativo Samai.

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Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

7. Mediante auto de 7 marzo de 20225, se resolvió, en primer lugar, rechazar la
acción de tutela promovida por el accionante en contra del Ministerio de
Educación Nacional, del Ministerio de Cultura, de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil -Aeronáutica Civil-, de la Federación Nacional
de Comerciantes – Fenalco-, de la Asociación Colombiana de Atracciones y
Parques de Diversiones -Acolap-, de la Caja de Compensación Familiar de
Antioquia Comfama-, de la Caja de Compensación Familiar -Comfenalco-, de
la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuario -Acopazo-, de la
Corporación Nacional de Terminales de Transporte -Conalter-, de la
Corporación Terminales de Transporte -Coterco-, de la Asociación
Colombiana de la Industria Gastronómica -Acodres-, de la Asociación de
Bares de Colombia-Asobares-, de la Asociación Hotelera y Turística de
Colombia -Cotelco-, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia -Asobancaria-, de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes
y Turismo-Anato-, de la Asociación Colombiana de Fabricantes de
Autopartes -Acolfa-, de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -
Andi-, de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -
Confecamaras, del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica -
Proimagenes- y de las «demás que representen cada uno de los gremios que
limita el acceso a sus instalaciones por orden del GOBIERNO NACIONAL a
personas con esquema de vacunación COVID 19 completo».

8. En la misma providencia se dispuso admitir la acción de tutela promovida por el
ciudadano Víctor Alfonso López Gaviria, en nombre propio y en representación de
su hija menor de 18 años I.L.E., en contra de la Presidencia de la República, de
los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo. Igualmente, se vinculó al Departamento Administrativo de
la Función Pública.

V. INTERVENCIONES

9. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y vinculadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:

9.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la transmisión del virus y
entornos de mayor riesgo; iv) la efectividad y seguridad de las vacunas; v) la
inmunidad de rebaño; vi) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas
coberturas de vacunación para evitar nuevos picos; vii) Seguridad de las vacunas;
viii) el certificado de vacunación, y ix) el aumento de casos de Covid-19 en niños
(as) y adolescentes.

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Índice 16 del aplicativo Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01023-00
Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

9.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:

[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1615
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.

2. Con la expedición del Decreto 1615 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en
Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.

3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1615 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares
[…].

9.3. En sustento de lo anterior, puso de presente que la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia de 14 de febrero de 2022, resolvió declarar
improcedente las acciones de tutela que pretendían dejar sin efectos el Decreto
1615 de 2021, por lo que en aras de «[…] garantizar el respeto al precedente
judicial, la acción de tutela presentada por la parte actora debe ser resuelta en el
mismo sentido en el que ya se pronunció el Consejo de Estado sobre este asunto
[…]».

9.4. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:

[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1615 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.

[…]

4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1615 de 2021 y ahora el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021.

[…]

6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de
los derechos deprecados.

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Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

7. La presidencia de la república no ha vulnerado derecho fundamental alguno
al actor, por el contrario, las medidas adoptadas en el Decreto 1615 de 2021
procuran por el cuidado de la salud y la vida en comunidad.

8. De los Hechos expuestos y soportes presentados con la acción no se
concluye la vulneración al derecho al trabajo y vida digna del actor […].

9.5. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:

[…] Con fundamento en lo expuesto, comedidamente solicito a su Despacho
NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por ausencia del requisito
de subsidiariedad, en tanto la parte actora cuentan con otras vías de acción
para cuestionar la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1615 de 2021,
norma de carácter general, impersonal y abstracto que cumple las condiciones
del numeral 5º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

En su defecto, negar el amparo solicitado por cuanto no es cierto que se
hayan vulnerado los derechos fundamentales que se invocan en la acción, por
cuanto: (i) Las medidas restrictivas para las personas que no quieren
vacunarse están justificadas constitucionalmente, atienden al principio de
solidaridad y razonabilidad para preservar la vida en sociedad y la dignidad
humana, necesarios para garantizar el goce de los derechos humanos; (ii) la
vacunación contra la Covid-19 no obliga a ningún ciudadano colombiano y
están encaminadas a permitir la vida en sociedad y económica en medio de la
pandemia, protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los
colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación
al derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad
que sustenta la prestación de servicios de salud -artículos 48, 49 Y 95 de la
Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena
justificación en el hecho de que no se interviene en la decisión de no
vacunarse, pero acude a la restricción como único mecanismo para evitar que
la población no vacunada facilite la circulación del virus y el riesgo de
mutación, lo que gravemente sí afecta o al menos pone en riesgo la vida de
todos los colombianos y residentes en el país […].

9.6. Losministerios del Interior, de Salud y Protección Social, de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y a través de
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia o que, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.

9.7. Eldirector del Departamento Administrativo de la Función Pública rindió
informe en el que solicitó que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia, en tanto que, de conformidad «[…] con lo establecido en el
numeral 5 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, según el cual “la acción de
tutela no procederá cuando se controviertan actos de carácter general, impersonal
y abstracto”, como lo es el Decreto 1615 de 2021 […]».

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Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

9.8. Pusode presente que la actora no acredita la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención del juez de tutela, ya que no allegó ni
siquiera prueba sumaria de la supuesta afectación de sus derechos
fundamentales.

9.9. Porlo anterior, concluyó que: «[…] Las reclamaciones de la accionante, en
razón a su naturaleza deben ser resueltas en ejercicio de las acciones o medios
ordinarios de defensa, con solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del
Decreto 1615 de 2021 […]».

9.10. Porúltimo, aseguró que: «[…] la finalidad del Decreto 1615 de 2021 se
constituye en actuar legitimo del Gobierno Nacional, de cara a la prevención del
COVID-19, mediante la adición a la implementación de protocolos de
bioseguridad, en los términos establecidos en el art. 2 del referido Decreto. De
manera tal que cuestionar estas actuaciones es un poco desacertado en la medida
que solo son apreciaciones subjetivas del accionante, por ende, no se cuenta con
presupuestos facticos y jurídicos que arriben a tal apreciación, máxime cuando lo
que se pretende es contar con esquemas de vacunación completos y evitar de
esta manera la propagación del COVID-19 […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

10. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de
tutela presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la
República y de los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de
Comercio, Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19
de noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
general.

6
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
7
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

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Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora como consecuencia de la expedición y
aplicación del Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, para posteriormente proceder a ii) resolver el
caso concreto.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter general

13. Sobre el particular, la Sala advierte que, por regla general, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos de carácter general, por expresa
disposición del numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, cuyo
tenor literal dice lo siguiente:

[…] ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:

(…)

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]

14. A partir de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 ha sido
reiterativa en sostener lo siguiente:

[…] en relación con la acción de tutela frente a actos dotados de carácter
general, impersonal y abstracto, ha sido abundante la jurisprudencia
constitucional que ha señalado la improcedencia de la misma para controvertir
tal modalidad de actos, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, e independientemente del contenido de los
mismos. Lo anterior, obedece justamente a la necesidad de que el
mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales mantenga su
naturaleza como un medio de defensa judicial subsidiario y residual, y
que se conserve el orden regular de asignación de competencias a las
jurisdicciones, en aras de asegurar la plena vigencia del principio de
seguridad jurídica […]9. (Se destaca)

misma jurisprudencia de la Corte Constitucional10 ha reconocido que, en
15. La
algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, siempre y cuando «[…] se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible
establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y
abstracto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una

8
Ver, entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
9
Sentencia SU 037 de 2009, proferida por la Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10
Ibidem.

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Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

persona determinada o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer
uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para
el caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce
la decisión de fondo por parte del juez competente […]»11. (Negrillas originales del
texto citado)

16. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

17. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…].12

18. Así las cosas, resulta dable concluir que, en principio, la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos de carácter
general, a menos de que se esté en presencia de una flagrante vulneración de
derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.

VI.4. Caso concreto

19. El ciudadano Víctor Alfonso López Gaviria, en nombre propio y en
representación de su hija menor de 18 años I.L.E., solicitó la protección de sus
derechos fundamentales «[…] a la Educación, recreación y deporte, trabajo,
libertad de opinión, ambiente sano, integridad personal, libre desarrollo de la
personalidad, igualdad y discriminación […]», los cuales fueron presuntamente
transgredidos por las autoridades accionadas como consecuencia de la expedición
y aplicación del Decreto 1615 de 2021.

20. En este punto es preciso indicar que la presente acción de tutela tiene como
objeto que el juez de tutela ordene la inaplicación de los efectos del Decreto 1615
de 2021, por cuanto el actor considera que dicho acto administrativo resulta lesivo
de sus derechos fundamentales.

11
Sentencia C-132 de 2018, proferida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
12
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01023-00
Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

VI.4.1. La improcedencia de la acción de tutela en el caso sub examine.

21. Sobre el particular, es de recordar que, tal como se señaló en el acápite VI.3. de
esta providencia, tanto la jurisprudencia de esta Corporación como la de la Corte
Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acción de tutela resulta
improcedente cuando se pretende controvertir la legalidad de actos administrativos
de carácter general debido a que los asociados cuentan con distintos medios de
defensa, como lo son: el medio de control de nulidad e incluso el de nulidad por
inconstitucionalidad, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que, según se afirma,
lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto, afectan derechos
fundamentales.

22. Partiendo de la anterior premisa y comoquiera que la parte actora le atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al Decreto número 1615 de
2021, la Sala advierte que dicho acto administrativo es pasible de control judicial, a
través del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011, por lo que es innegable que el accionante dispone de otro medio de
defensa para solicitar la protección de los derechos fundamentales que aduce
como transgredidos.

23. Tan cierto es lo anterior que, actualmente, en esta Sección cursan 15
demandas que buscan dejar sin efectos el Decreto número 1615 de 2021, siendo
la primera en ser admitida la promovida por el señor José Ignacio Morales
Arriaga, con radicación 11001-03-24-000-2021-00884-0013, proceso en el que el
demandante solicitó medida provisional, la cual fue negada mediante auto de 23
de febrero de 2022; providencia que en su parte resolutiva es del siguiente tenor:

[…] DENEGAR la suspensión provisional de los provisional de los efectos
jurídicos de los artículos: 2° -parágrafos del 1 al 3- y 3° del Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021, acto administrativo suscrito por el Presidente de
la República, el Ministro del Interior, el Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios encargado de las funciones del despacho del
Ministro de Salud y Protección Social, la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo y el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública […].

24. En ese contexto, la Sala de Decisión advierte que, tal como se consideró en
reciente pronunciamiento de 14 de febrero de 202214 -cuyo objeto era que se dejara sin
efectos del Decreto 1615 de 2021-, la presente solicitud de amparo deviene
improcedente porque el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial,
como lo es el medio de control de nulidad, oportunidad en la que, se reitera, podrá
solicitar el decreto de medidas cautelares.

13
Fue admitida mediante auto de 15 de diciembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.
14
Expediente 11001-03-15-000-2021-10157-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01023-00
Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

25. Sumado a ello, debe resaltarse que, tal como lo expuso la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación en pronunciamiento de 16 de julio de 2021,
«la acción de amparo no es procedente por el simple hecho de que su resultado
pueda ser más ágil y rápido, pues aceptar dicha tesis implicaría desnaturalizar su
sentido y alcance, de ahí que si el juez evidencia que existen otros mecanismos
de defensa judiciales y que su fin no es evitar un perjuicio irremediable, está
llamado a declarar la improcedencia de la tutela»15.

26. En conclusión, la Sala advierte que en el sub examine no se demostró que el
perjuicio irremediable alegado no podía ser protegido en forma oportuna a través
del medio de defensa judicial ordinario, motivo por el cual el juez constitucional no
puede reemplazar al juez natural de la causa y, en ese sentido, no puede
adentrarse en el fondo del presente asunto.

27. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala de Decisión declarará
la improcedencia del mecanismo de amparo de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnado REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto
Ley No. 2591 de 1991.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 16 de julio de
2021, expediente 11001-03-15-000-2021-03200-00, C.P. Alexander Jojoa Bolaños (e).

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01023-00
Accionante: Víctor Alfonso López Gaviria

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

P:(18)

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