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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01048-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01048-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01048-01 Actor: JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01048-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01048-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. ES
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE CARECE
DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL POR TRATARSE
DE UN ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA
POR EL PAGO TARDÍO DE CESANTÍAS. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra el fallo de 17 de marzo de 2022, mediante el cual la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró improcedente el

amparo solicitado.

1 En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01048-01
Actor: JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA

I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA, actuando por

intermedio de apoderado judicial, instauró acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales

consideró vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR2

y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR3, al haber

proferido, respectivamente, las providencias de 18 de diciembre de

2020 y 26 de agosto de 2021, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 20001-33-33-007-2019-00340-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que labora como docente oficial al servicio del

2
En adelante el JUZGADO
3 En adelante el TRIBUNAL.

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Actor: JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA

Departamento del Cesar y que el día 19 de mayo de 2015, solicitó el

reconocimiento y pago de las cesantías parciales ante la Secretaría

de Educación Departamental.

Indicó que dicho emolumento le fue reconocido mediante la

Resolución núm. 04781 de 18 de septiembre de 2015 y el pago de

las cesantías se efectuó de manera extemporánea hasta el 30 de

diciembre de 2015.

Indicó que el 19 de noviembre de 2018, solicitó el reconocimiento y

pago de la sanción moratoria debido a la tardanza en la consignación

de sus cesantías, petición frente a la cual la administración guardó

silencio, por lo cual se configuró un acto administrativo negativo ficto.

Señaló que inconforme con lo anterior, el 7 de octubre de 2019,

interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra

el acto administrativo ficto que negó la solicitud de reconocimiento y

pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

Sostuvo que dicho medio de control fue identificado con el número

único de radicación 20001–33–33–007–2019–00340–01 y le fue

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Actor: JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA

asignado por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 18 de

diciembre de 2020, denegó las pretensiones de la demanda, toda vez

que encontró probada la prescripción trienal de la sanción moratoria.

Adujo que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual

fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 26 de

agosto de 2021, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que las providencias cuestionadas vulneraron sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, toda vez que incurrieron en defecto fáctico, sustantivo y

desconocimiento del precedente judicial.

Adujo que las autoridades judiciales accionadas efectuaron una

interpretación errónea de los supuestos fácticos y jurídicos del caso,

por cuanto realizaron una indebida valoración de las pruebas y

desconocieron que el artículo 5° de la Ley 1071 de 31 de julio de

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20064, establece que la entidad pública pagadora tiene un plazo

máximo de 45 días hábiles, contado a partir del momento en que

quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de

las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para

cancelar esta prestación social.

Igualmente, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas

desconocieron la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del

Consejo de Estado referente a la prescripción de la sanción moratoria

por el pago tardío de cesantías para los trabajadores del Magisterio

Nacional.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos

fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido

proceso y, además:

“[…] Segunda: En consecuencia, de lo anterior Sírvanse
Honorables Magistrados revocar la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Valledupar, de fecha 18 de diciembre de 2020 y la

4
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las
cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan
términos para su cancelación”.

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sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar de fecha 26 de agosto de 2021,
respectivamente, mediante (sic) el cual declara la prescripción
extintiva del derecho en contra de José́ Apolinar Jiménez Acuña.

Tercera: Sírvanse Honorables Magistrados ordenar al Tribunal
Administrativo del Cesar, realizar una nueva sentencia en el
término que usted disponga en donde se adopten los criterios
establecidos por su despacho de acuerdo a lo establecido en la
Ley 1071 de 2006 y no en la Ley 50 de 1996, tal como fue
enunciado en la presente acción.

Cuarta: Sírvanse Honorables Magistrados conminar al despacho
demandado para que en futuras ocasiones de aplicación a las
disposiciones legales vigentes y al precedente judicial que regule
las situaciones jurídicas de su conocimiento […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal solicitó denegar la petición de amparo de la

referencia, habida cuenta que las providencias cuestionadas se

ajustan a derecho y a los criterios jurisprudenciales de unificación

establecidos para el efecto por la Sección Segunda del Consejo de

Estado.

Manifestó que aplicó el precedente jurisprudencial del Consejo de

Estado en lo relacionado con la prescripción de la sanción moratoria

de las cesantías anualizadas, el cual se encuentra contenido en la

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providencia de 15 de febrero de 20185, que fue ratificada en la

sentencia de unificación CE-SUJ -SII-022-2020 de 6 de agosto de

20206 y de 24 de junio de 20217.

Afirmó que el 19 de noviembre de 2018, el señor JIMÉNEZ ACUÑA

formuló petición tendiente a obtener el reconocimiento de la sanción

moratoria, la cual se causó a partir del 3 de septiembre de 2015,

toda vez que el término prescriptivo transcurrió entre el 3 de

septiembre de 2015 y el 3 de septiembre de 2018, sin que el

demandante hubiese ejercido ese derecho, lo cual dio lugar a que se

configurara la excepción prescriptiva, tal y como lo consideró el juez

de primer grado, por lo cual la sentencia apelada fue confirmada.

Indicó que, aplicó el precedente de unificación jurisprudencial del

Consejo de Estado citado en precedencia, que establece que la

sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 sí puede

concederse a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de

5 Sección Segunda, Consejo de Estado, providencia de fecha 15 de febrero de 2018,
radicado: 27001-23-33-000-2013-00188-01(0810-14), M.P William Hernández Gómez

6Sección Segunda, Consejo de Estado, expediente núm.: 0800-23-33-000-2013-00666-
01(0833-2016)

7 r Sección Segunda, Consejo de Estado, expediente núm.: 52001 2333 000 2013 00218
01 (4327-2014), M.P GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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Prestaciones Sociales del Magisterio, en caso de demostrarse que se

incurrió en mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas.

Señaló que de conformidad con el material probatorio allegado,

encontró probado que se había incurrido en un retraso tanto para la

expedición de la resolución de reconocimiento de las cesantías

parciales del actor, así como del pago de las mismas, como quiera

que la petición fue radicada ante la Secretaría de Educación

Departamental del Cesar el 19 de mayo de 2015 y los 15 días hábiles

con que contaba para la expedición de la correspondiente resolución

vencieron el 10 de junio de 2015 y fue sólo hasta el 18 de septiembre

de 2015, que fue proferido dicho acto administrativo.

Sostuvo que pese a que en el asunto estaba demostrado el derecho

del demandante al reconocimiento de la sanción moratoria, no era

posible acceder al mismo, como quiera que se encontró acreditada

de manera oficiosa la excepción de prescripción extintiva, toda vez

que tenía un plazo de tres años para solicitarla y dicho término había

transcurrido entre el 3 de septiembre de 2015 y el 3 de septiembre

de 2018, sin que el demandante hubiese ejercido este derecho, lo

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que efectivamente dio lugar a que se configurara la excepción

prescriptiva.

I.5.2.- El Juzgado solicitó denegar las pretensiones de la acción de

tutela de la referencia, toda vez que las providencias censuradas se

encuentran ajustadas a derecho, de conformidad con los criterios de

unificación establecidos por la Sección Segunda del Consejo de

Estado para contabilizar el término de la prescripción de la sanción

moratoria por el pago tardío de las cesantías de docentes oficiales.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Fiduprevisora S.A., por intermedio de la Coordinadora

de tutelas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la

referencia y ser desvinculada de la misma por falta de legitimación

en la causa por pasiva, por cuanto las actuaciones que la parte actora

aduce que le vulneraron sus derechos fundamentales no fueron

realizadas por esa entidad.

I.6.2.- El Ministerio de Educación, por intermedio del jefe de la

oficina jurídica, explicó que el Fondo Nacional de Prestaciones

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Sociales del Magisterio -FOMAG- es administrado bajo la figura de

patrimonio autónomo por la Fiduprevisora S.A., que tiene la vocería

y la representación judicial y extrajudicial de ese fondo, razón por la

que solicitó su desvinculación de la presente acción constitucional,

por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que los

cuestionamientos se dirigen a controvertir una sanción por el

reconocimiento y pago de una prestación social que se encuentra en

cabeza del FOMAG y la Fiduprevisora S.A.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 17 de marzo de 2022, la SECCIÓN QUINTA

declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que el

asunto carece de relevancia constitucional.

Sostuvo que los argumentos expuestos por el actor no cumplían con

el requisito de relevancia constitucional, habida cuenta que la

controversia guarda relación con un asunto económico, esto es, el

pago de una sanción establecida por el pago extemporáneo de una

prestación social.

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Indicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019,

estableció que los asuntos en que se controvierten providencias

judiciales para cuestionar el no reconocimiento de la sanción

moratoria por el pago tardío de las cesantías no superan el requisito

de la relevancia constitucional

Sostuvo que en la sentencia en mención, el máximo Tribunal

Constitucional señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías

está relacionado con su naturaleza de prestación social, cuya

finalidad es el auxilio de la persona que se queda temporalmente en

situación de desempleo y, por tanto, solo en la medida en que lo

reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente en

caso de que se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración

del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador, lo

cual, no ocurría en el presente caso.

Manifestó que, de acuerdo con el precedente establecido por la Corte

Constitucional, el reconocimiento y pago de las cesantías constituye

un derecho de carácter irrenunciable para el trabajador y su falta de

pago se traduce en la transgresión de garantías constitucionales de

rango fundamental, como bien podrían ser los derechos al mínimo

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vital y a la seguridad social. No obstante, aclaró que no ocurre lo

mismo con la penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador

no consigna en tiempo tales cesantías, dado que dicho emolumento

tiene naturaleza sancionatoria y es eminentemente legal, lo cual no

da lugar a la intervención del juez constitucional.

Igualmente, denegó la solicitud de desvinculación del Ministerio de

Educación y la Fiduprevisora S.A., de la presente acción de tutela,

por cuanto dichas entidades fueron vinculadas como terceros

interesados, más no como demandadas.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se

revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el

escrito introductorio.

Señaló que la solicitud de tutela cumplía con el requisito de relevancia

constitucional y, a su juicio, lo relevante no eran las pretensiones

incoadas sino la transgresión del derecho al debido proceso con el

desconocimiento del precedente jurisprudencial y la reiterada

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aplicación de normas que no regulan los casos demandados.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció que lo que

realmente se pretendía controvertir no era el pago de las cesantías

sino de la sanción por haberlas cancelado de forma extemporánea.

Indicó que el juez de primer grado no cumplió con la carga de

argumentar las razones por las cuales consideraba que el presente

asunto no entrañaba una verdadera relevancia constitucional, pues

únicamente se limitó a señalar que no se evidenciaba la vulneración

de derechos fundamentales.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

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2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

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proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efectos

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las providencias de 18 de diciembre de 2020 y 26 de agosto

de 2021, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el

TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 20001-33-33-007-2019-00340-01.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al

debido proceso, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y

desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Los disensos del actor radican en que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y

desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sección

Segunda del Consejo de Estado, referente a la prescripción de la

sanción moratoria por el pago tardío de cesantías para los

trabajadores del Magisterio Nacional.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, declaró improcedente el amparo solicitado,

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por considerar que el asunto carece de relevancia constitucional, toda

vez que la controversia guarda relación con un asunto económico,

esto es, el pago de una sanción establecida por el pago

extemporáneo de una prestación social.

La impugnación del actor está estructurada sobre una reiteración de

los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica

inicial, conforme a la cual la autoridad judicial accionada desconoció

que lo que realmente se pretendía controvertir no era el pago de las

cesantías sino de la sanción por haberlas cancelado de forma

extemporánea, lo cual resultaba vulnerador de derechos

fundamentales y, en consecuencia, revestía un asunto de relevancia

constitucional.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si

el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de

la acción de tutela y, de ser así, establecer si las autoridades

judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al

acceso a la administración de justicia y al debido proceso deprecados

e incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento

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del precedente jurisprudencial, al haber proferido las providencias

de 18 de diciembre de 2020 y 26 de agosto de 2021.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la

9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción

[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Ahora bien, la Sala advierte que la finalidad del actor con la solicitud

de amparo de la referencia es que se acceda a la sanción moratoria

solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho.

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del

requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se

discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la

procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna

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de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de

27 de noviembre de 201918, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de

Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
18

7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías no vulneran derechos fundamentales, sino que

corresponden a inconformidades de mera legalidad, que versan sobre

un reconocimiento patrimonial que no amerita la intervención del

juez de tutela.

Dicha posición fue reiterada por esta Sala mediante sentencias de 15

de julio de 202119 y 7 de abril de 202220, en las cuales se declaró la

improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01593-00. Actor: CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ
MENDOZA. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón

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de la relevancia constitucional, en asuntos en los que se pretendía

dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron el

reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de

unas cesantías.

Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente

acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia

constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales a la administración de justicia y al acceso a

la administración de justicia invocados por el actor.

En efecto, se advierte que lo pretendido por el accionante con la

presente solicitud es controvertir las decisiones judiciales por medio

de las cuales se denegó el reconocimiento y pago de la sanción

moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo

cual conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional

y reiterado por esta Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el

requisito de relevancia constitucional por tratarse de un asunto

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meramente económico, sobre el cual versan inconformidades de

mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de tutela.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela

de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera

instancia, en el sentido de declarar la improcedencia del amparo

deprecado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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Actor: JOSÉ APOLINAR JIMÉNEZ ACUÑA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de mayo de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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