Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01051-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-01051-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01051-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
5 de mayo de 2022
Demandante: Alejandro Escobar Betancur
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01051-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01051-01
Demandante: ALEJANDRO ESCOBAR BETANCUR
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Vacaciones individuales de empleados de la Rama Judicial.
Derecho al descanso laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín en contra de la sentencia
proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 10
de marzo de 2022. En este fallo se ampararon los derechos fundamentales de la
parte actora.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Alejandro Escobar Betancur, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia, la Dirección Ejecutiva de la Seccional de
Administración Judicial de Medellín, el Centro de Servicios de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia, y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El actor consideró que las referidas
entidades vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo digno, a la salud, a
la familia y a la igualdad 1.
2. En su sentir, la transgresión de las citadas garantías constitucionales
encontró sustento al no apropiar las partidas presupuestales que permitieran
nombrar a una persona que lo reemplace mientras disfruta de su derecho al
descanso remunerado y, en consecuencia, negarle el reconocimiento de sus
vacaciones.
1 La tutela se envió el 10 de febrero de 2022 al buzón web
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1. Tutelar mis derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la
recreación, a la salud, a la familia y a la igualdad.
2. Se ordene a las entidades y dependencias accionadas, que apropien las partidas
presupuestales que corresponden para el nombramiento de una persona para el
respectivo remplazo en mi condición de ESCRIBIENTE del CENTRO DE
SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA, y de esta forma poder acceder y
disfrutar de mis vacaciones de periodo ya vencido y merecidas, para efectos de
que el amparo de mis derechos no vaya en detrimento de los derechos de mis
compañeros, al tener que ser ellos quienes soporten la carga adicional que pueda
generar mi ausencia.
3. Disponer y ordenar que se emita la respectiva resolución que me conceda el
disfrute de las vacaciones negadas.
4. Se proceda a conminar a las autoridades respectivas para que en el futuro esta
situación no sea repetitiva conmigo u otro empleado y se haga la gestión del nivel
requerido para designar como empleado encargado a otra persona con la
respectiva y justa remuneración que se deriva de la ejecución del trabajo, para que
los empleados de la Rama Judicial podamos disfrutar de nuestras vacaciones sin
dilaciones y sin intervenir en la eficiencia de la Administración de Justicia”.
(Transcripción literal).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. El señor Alejandro Escobar Betancur se encuentra vinculado a la Rama
Judicial como escribiente en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia.
6. Adujo que solicitó por escrito2 el reconocimiento y pago de sus vacaciones
correspondientes al periodo 2020-2021, en su calidad de empleado perteneciente
al régimen de vacaciones individuales, las cuales estaban programadas desde el
22 de marzo de 2022 hasta el 15 de abril de 2022 (ambas fechas inclusive).
7. Indicó que una vez tuvo el visto bueno del juez coordinador de la
Secretaría Administrativa, solicitó al área financiera de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín el certificado de disponibilidad
presupuestal para el disfrute de sus vacaciones y para el reemplazo
correspondiente.
8. La mentada autoridad expidió el Certificado de Disponibilidad
2 Sin precisar la fecha.
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Presupuestal (en adelante CDP) 09222 para el pago de sus vacaciones. Sin
embargo, frente al presupuesto para el reemplazo profirió el oficio DESAJME022-
407 del 2 de febrero de 2022 de inexistencia de recursos para esta destinación.
9. Posteriormente, a través de la Resolución 40 de 7 de febrero de 2022, el
juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia negó sus vacaciones tomando
como fundamento la necesidad del servicio, la alta carga laboral y la ausencia de
presupuesto para su reemplazo.
10. Inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de reposición. Este fue
resuelto de forma desfavorable a través de la Resolución 43 del 9 de febrero de
2022.
1.4. Sustento de la vulneración
11. Indicó que la omisión del CDP para su reemplazo, ha impedido el disfrute
de su derecho al descanso a través de las vacaciones, lo que, además resulta
una clara trasgresión a las garantías constitucionales al trabajo digno, a la salud,
a la familia y a la igualdad.
1.5. Trámite de primera instancia
1.5.1. Admisión
12. En auto del 16 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera,
admitió la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al director Ejecutivo de
Administración Judicial, al presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, al director Ejecutivo de la Seccional de Administración Judicial de
Medellín, al juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia y al ministro
de Hacienda y Crédito Público.
1.5.2. Intervenciones
1.5.2.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
13. Esta entidad solicitó declarar la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva y la improcedencia de la acción de tutela al estar dirigida
intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general y abstracto
como lo es la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011.
14. Manifestó que, no ha violado el derecho de carácter constitucional o legal
citado por la parte actora, porque la competente para resolver el asunto es la
Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Medellín.
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1.5.2.2. Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de
Medellín
15. Resaltó que, pese a lo relatado por el accionante, no vulneró los derechos
fundamentales invocados, toda vez que expidió el CDP. 09222 de 2022, en el
que certificó la disponibilidad presupuestal para pagar las vacaciones y prima de
vacaciones causadas a su favor.
16. Asimismo, adujo que la acción incoada no es procedente porque para
obtener los recursos presupuestales que permitan cubrir el nombramiento de
quien reemplace en su cargo a la parte actora, mientras esta disfruta de sus
vacaciones, existen otros medios de control en la jurisdicción contenciosa.
Mediante estos se puede controvertir la legalidad de la Circular PSAC11-44 de
2011 o exigir la subsanación de los vacíos que en ella hubiere.
17. Por último, solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela
porque considera que no existe legitimación en la causa por pasiva respecto de
esa entidad.
1.5.2.3. Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia
18. Indicó que el CDP que requiere el actor debe ser tramitado y expedido
directamente por el área financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín, al ser la entidad responsable del manejo
presupuestal y del personal de la Rama Judicial en ese Distrito Judicial; ello en
atención a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
Esta disposición establece que el ordenador del gasto para el cumplimiento de
las obligaciones que correspondan es el director Seccional de Administración
Judicial.
19. Pidió ser desvinculada del proceso en cuestión bajo el fundamento de
carecer de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.2.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
20. Mencionó que la eventual vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales invocados se deriva de una actuación puramente administrativa
de la Administración Judicial, la cual debe ser atendida por la dependencia del
presupuesto Rama Judicial, rama pública que cuenta con autonomía e
independencia, siendo la llamada a atender esta clase de situaciones.
21. Solicitó ser desvinculada de la acción de tutela ante la falta de legitimación
en la causa por pasiva de esa institución.
1.5.2.5. El Consejo Superior de la Judicatura y el Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
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Antioquia, a pesar de haber sido notificados del presente trámite tutelar con el fin
de que rindieran el informe correspondiente, guardaron silencio.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
22. En proveído del 10 de marzo de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Primera, accedió a la desvinculación del mecanismo constitucional de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A su juicio,
estas entidades carecían de legitimación en la causa por pasiva, y mantuvo,
como parte demandante, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, pues adujo sí le asistía interés en el presente proceso, toda
vez que, es la autoridad a quien le corresponde expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo del actor.
23. Con este escenario, realizó un análisis de la procedibilidad excepcional de
la acción de tutela contra actos administrativos, así como del marco normativo y
jurisprudencial de los derechos fundamentales invocados por el demandante, y
del régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.
24. Al descender al caso concreto indicó que, con fundamento en las
sentencias dictadas en situaciones similares a la estudiada, las Secciones
Primera, Segunda –Subsección B–, Cuarta y Quinta del Consejo de Estado han
amparado la protección a las garantías constitucionales de la parte actora al
considerar que los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho
al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores, motivo suficiente para acceder a lo pretendido por el señor Escobar
Betancur.
25. Esta decisión fue notificada el 17 de marzo de 2022.
1.6. Impugnación
26. Con escrito enviado el 17 de marzo de 2022, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín solicitó revocar el fallo de
primera instancia por cuanto no es su dependencia la que deba ser señalada
como responsable de la decisión tomada por el nominador de no autorizar el
disfrute vacacional del empleado accionante.
27. Adicional a ello, mencionó que la expedición de CDP para cubrir los gastos
por reemplazo del empleado, reviste una complejidad tal, que no está en manos
de ese ordenador del gasto superarla de manera autónoma, toda vez que los
bienes y recursos que tiene por función administrar, dependen de los fondos que
se sitúen desde la Dirección Ejecutiva del Nivel Central y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
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28. En todo caso señaló que procedería a adelantar las gestiones que
estuvieran a su alcance tanto presupuestal como administrativamente, para suplir
el reemplazo, permitiendo así la materialización del derecho al descanso del
actor.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
29. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín contra la
sentencia de primera instancia proferida el 10 de marzo de 2022 por el Consejo
de Estado, Sección Primera. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
30. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
31. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de
un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados
no esté en condiciones de promover su propia defensa.
32. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
33. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.
34. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
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que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
35. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados,
lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda3.
36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que al
ser el accionante el sujeto al que le denegaron su derecho al descanso como
empleado de la Rama Judicial con un régimen individual de vacaciones, está
legitimado en la causa por activa.
37. Por otro lado, la Sala evidencia que, distinto a lo referido por el a quo, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –en adelante DEAJ–, sí se
encuentra legitimada en la causa por pasiva, al igual que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín y el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Medellín, de conformidad con las funciones que tienen asignadas las dos
primeras instituciones en los artículos 984 y 1015 de Ley 270 de 1996 y a que lo
que motivó al actor a promover esta solicitud de amparo es que no había logrado
el disfrute de su descanso por el periodo laborado en la dependencia judicial
mencionada.
38. En ese orden, la Sala anticipa que revocará la decisión adoptada por la
Sección Primera del Consejo de Estado en cuanto a este aspecto, para en su
lugar, declarar legitimada en la causa por pasiva a la DEAJ puesto que la
mentada autoridad tiene, entre otras, el deber de ejecutar labores administrativas
tales como la provisión de recursos para los reemplazos que se requieran con
ocasión a la solicitud del derecho al descanso de los empleados judiciales que
tengan un régimen individual de vacaciones.
3 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de
2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.
4 ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene
a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las
políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
5 ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LAS SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS
SECCIONALES. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán
las siguientes funciones:
(…)
9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de inversión para el desarrollo
armónico de la infraestructura y adecuada gestión de los despachos judiciales.
(…).
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2.3. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala determinar si procede a confirmar, modificar o
revocar el fallo de tutela de primera instancia del 10 de marzo de 2022, proferido
por la Sección Primera de esta Corporación
40. Para tal efecto, en consideración a la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas y el material probatorio recaudado,
corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿la decisión de
suspender las vacaciones del actor por falta de un CDP vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo digno, a la salud, a la familia y a la igualdad?
41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) naturaleza de la acción de tutela; ii) requisitos de procedencia del
mecanismo constitucional; iii) derecho al descanso del servidor judicial y; iv)
estudio del caso en concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
42. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.
43. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
44. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta.
45. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio
el constituyente.
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2.5. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
2.5.1. Subsidiariedad
46. El señor Alejandro Escobar Betancur presentó por escrito solicitud para
disfrutar de un periodo de vacaciones que iría del 22 de marzo al 15 de abril de
2022, y aun cuando el juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia accedió a ello y la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración
Judicial de Medellín expidió el certificado de disponibilidad presupuestal N°.
09222, a efectos de que al actor le fueran pagados los rubros correspondientes
vacaciones y primas de vacaciones, no se expidió uno similar para su proveer su
reemplazo.
47. Así, dicha dependencia administrativa, mediante Oficio DESAJMEO22-
407, informó al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de
Ejecución de Penas de Medellín y Antioquia que el CDP no era procedente, por
cuanto, según la Circular PSAC11-4 de 23 de noviembre de 2011 expedida por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, esta apropiación
monetaria solo resulta válida para funcionarios (jueces) y, excepcionalmente
cuando se trate de empleados del régimen de vacaciones individuales que
laboren en despachos con planta de personal de 3 o menos cargos.
48. Dando alcance al anterior oficio, el juez coordinador del Centro de
Servicios Administrativos de Ejecución de Penas de Medellín y Antioquia decidió,
mediante Resolución N°. 40 de 7 de febrero de 2022, negar las vacaciones
concedidas al actor. Fundamentó la decisión ante la necesidad del servicio en
atención a las altas cargas de trabajo que se manejan actualmente en el centro
de servicios con ocasión de la pandemia del Covid-19, la implementación de la
virtualidad y las restricciones de ingreso a la sede de trabajo. Esta decisión fue
confirmada a través de la Resolución N°. 43 de 9 de febrero de 2022, en la que
se resolvió un recurso de reposición planteado por el actor.
49. Para esta Magistratura, en principio se podría sostener que la presente
acción de tutela no es procedente porque contra las mentadas resoluciones,
mediante la cual se negó las vacaciones al actor, puede interponerse el medio
de control de nulidad y restablecimiento de derecho establecido en el artículo 138
del CPACA.
50. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la acción de
tutela es el mecanismo más adecuado para proteger los derechos invocados por
la parte actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino su idoneidad en el presente caso, en el que
está plenamente demostrado que el demandante no disfruta de su derecho al
descanso remunerado.
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51. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios
para la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. Esta falta de
idoneidad hace imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de
la primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico
colombiano6.
52. En el presente caso nos encontramos ante un empleado judicial que
manifestó que no había podido disfrutar de su derecho fundamental al descanso
remunerado. La parte actora aduce que la falta de vacaciones ha empezado a
repercutir en su desempeño laboral y en su vida privada. Es importante resaltar
que los empleados y trabajadores tienen derecho a disfrutar de vacaciones por
cada año de servicio. Por ende, exigirle al accionante que acuda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho implica seguir dilatando en el
tiempo el disfrute que tiene derecho por cumplir los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico (un periodo de vacaciones por cada año de servicios
prestados).
53. Por tanto, la Sala considera que el demandante no posee un instrumento
jurídico idóneo y eficaz para el amparo oportuno de su derecho fundamental, que
ya debería haber disfrutado. Lo anterior, resulta suficiente para que este juez
constitucional, de acuerdo con lo hasta aquí explicado, sea competente para
conocer el fondo de esta controversia.
2.5.2. Inmediatez
54. Respecto a este requisito, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
que el estudio de este requisito obedece a la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados sin que se presente
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción7.
55. De esta manera, en el caso en concreto el señor Alejandro Escobar
Betancur interpuso la presente acción de tutela el 10 de febrero de 2022, un día
después de que el juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia resolviera
el recurso de reposición frente a la decisión de haberle negado sus vacaciones.
En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se supera el
requisito de la inmediatez.
6 Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil. Rads. N°s. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-06992-01.
7 Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
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2.6. El derecho al descanso del servidor judicial
56. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana8, como un derecho fundamental derivado especialmente
del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
57. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.
En similar sentido lo indica el artículo 7 del Protocolo de San Salvador9 .
58. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada
línea jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales
del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real
Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”10. En efecto, la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de
los artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia
necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo.
59. En ese contexto, el descanso es considerado como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor
o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo
laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que
luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar
de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador, pueda el
servidor público, como en este caso, disfrutar de un merecido descanso que les
permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse
8 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004
y C-035 de 2005.
9 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el
artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular: (…) h). El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así
como la remuneración de los días feriados nacionales”.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.
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a otras actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para
iniciar con energía sus actividades laborales.
60. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador
es el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el
requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a
reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar
el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.
61. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:
El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.
[…]
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente
(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii)
cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal.
62. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este
derecho.
2.7. Caso concreto
63. En el presente caso, inicialmente al actor se le concedió el disfrute de su
derecho a las vacaciones. No obstante, el juez coordinador del Centro de
Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Medellín y Antioquia negó sus vacaciones tomando como fundamento la
necesidad del servicio, la alta carga laboral, y la ausencia de presupuesto para
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el reemplazo del actor.
64. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
sostiene que los CDP para nombrar reemplazos en el caso de vacaciones solo
son procedentes para los funcionarios judiciales. Toda vez que el actor es
empleado judicial, para esta entidad, lo que corresponde es que su superior
jerárquico tome todas las medidas necesarias para que las vacaciones del
demandante no obstaculicen el debido funcionamiento del juzgado.
65. Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011. En este acto se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos
en provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones
individuales. En dicha circular se establece:
[…] para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello.
66. Esta circular tiene por asunto: “vacaciones de los funcionarios judiciales
del Régimen de Vacaciones Individuales”, lo que significa que no existe
disposición alguna para los empleados de los despachos judiciales que se
encuentran bajo el régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es
importante resaltar de conformidad con lo expresado en el artículo 125 de la Ley
270 de 1996, se entiende como funcionario judicial a los jueces, magistrados y
fiscales, mientras que los demás servidores serán empleados judiciales.
67. Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para garantizar
los recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen
individual de vacaciones. Esta omisión no puede volverse un obstáculo para que
los empleados judiciales puedan disfrutar de su garantía constitucional al
descanso remunerado. Este derecho debe entenderse como uno de los derechos
fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece la
posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física,
para así proteger su salud física y mental y fortalecer su dedicación para el
desarrollo de sus actividades.
68. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de
servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales,
las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
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199611. Esta norma establece que empleados de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad pertenecen al régimen de vacaciones
individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo
con las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada
año de servicios.
69. En consecuencia, es evidente que el actor tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones, pues cumple con los requisitos para acceder a ellas. Esta Sala no
desconoce las necesidades de servicio alegadas por el juez coordinador del
Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y Antioquia. Sin embargo, el deber de garantizar la
adecuada prestación del servicio público de administrar justicia no puede ser
admitida como una excusa válida para no permitirle a un empleado gozar del
referido derecho, máxime si se tiene que la autoridad judicial las había autorizado.
70. Por tanto, las direcciones seccionales de administración judicial deben
tomar todas las medidas necesarias en los casos en que esté demostrado que la
ausencia de un empleado, que se va a disfrutar de sus vacaciones, puede
generar traumatismo que afecten el funcionamiento de la dependencia judicial y,
por ende, el debido servicio de la administración de justicia. En este caso, el juez
coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia ha puesto de presente que, por la
excesiva carga laboral de esa dependencia judicial, el disfrute de las vacaciones
del actor sin un remplazo afectaría el funcionamiento de su departamento. En
consecuencia, también es previsible que se afecte el derecho de acceder a una
adecuada administración de justicia de los ciudadanos que tienen procesos en
esa dependencia judicial. Así las cosas, para la Sala el nombramiento de un
reemplazo en provisionalidad es una alternativa idónea que permite
compatibilizar el derecho del tutelante a disfrutar de sus vacaciones y el derecho
de los ciudadanos de contar con una adecuada y eficiente administración de
justicia.
71. Lo anterior, por cuanto la referida figura permite compatibilizar la tensión
entre el derecho al descanso remunerado y el derecho de los ciudadanos de
contar con una adecuada y eficiente administración de justicia. Huelga decir que
lo aquí resuelto ha sido reiterado por esta Sala en anteriores oportunidades12, así
11 Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los
Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de
servicio”.
12 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-03-
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como por las Secciones Primera13 y Cuarta14 de esta Corporación.
72. En todo caso, y distinto a lo planteado por la Dirección Seccional Ejecutiva
de Medellín, esta sí resulta ser entidad trasgresora de las garantías
constitucionales del actor pues, como se vio, la decisión del juez coordinador del
Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y Antioquia de no conceder las vacaciones del actor
obedeció a la falta del CDP que permitiera designar un reemplazo, pues de no
proveerse el cargo en el periodo de descanso del actor, existiría exceso laboral
en los demás empleados de su dependencia.
73. Así las cosas, la determinación de no otorgar los recursos necesarios para
el reemplazo, sí generan una vulneración a los derechos fundamentales del actor,
pues, como se vio, la decisión de la Dirección Seccional Ejecutiva de Medellín es
un claro obstáculo para que el demandante pueda disfrutar de su descanso
remunerado.
74. Finalmente se resalta que, aun cuando el periodo solicitado por el actor
para el disfrute de sus vacaciones era entre el 22 de marzo y el 15 de abril de
2022, en el eventual suceso que aún no haya disfrutado de estas, se ordenará a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín que, en
un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los
recursos necesarios para que el juez coordinador del Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones al
señor Alejandro Escobar Betancur (en el evento de que esto aún no haya
ocurrido).
75. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director
seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior
de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- otorgue los
recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín, esta última entidad le deberá comunicar al juez coordinador
15-000-2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000-
2020-05144-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 30 de mayo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019-
01633-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 12 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8
de mayo de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627-
00.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12
de diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01051-01
del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Medellín y Antioquia, quien a su vez deberá, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación,
pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del tutelante.
76. Por lo anterior, la Sala ve la necesidad de revocar el ordinal segundo de la
sentencia proferida por el juez de primera instancia15, para en su lugar, declarar
la legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial; y a su vez, modificar la orden impartida por el a quo constitucional pues
no tuvo en cuenta el deber que le asiste a la mentada autoridad de ejecutar
labores administrativas tales como la provisión de recursos para los reemplazos
que se requieran con ocasión a la solicitud del derecho al descanso de los
empleados judiciales que tengan un régimen individual de vacaciones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
3. FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 10 de
marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el entendido que
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sí se encuentra legitimada en la
causa por pasiva.
SEGUNDO: en lo demás, MODIFICAR las ordenes contenidas en providencia de
10 de marzo de 2022 que amparó los derechos fundamentales del señor
Alejandro Escobar Betancur, las cuales quedarán así:
ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir
de la notificación de la presente sentencia, solicite a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que
corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el juez
coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Medellín y Antioquia adopte las medidas que se
requieren para conceder las vacaciones al señor Alejandro Escobar
Betancur (en el evento de que esto aún no haya ocurrido). La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para
proveer los mencionados recursos.
Una vez el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- otorgue los recursos solicitados por la Dirección
15 SEGUNDO: DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (…).
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01051-01
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, esta última
entidad le deberá comunicar al juez coordinador del Centro de Servicios de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín
y Antioquia, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la
concesión del disfrute de las vacaciones del señor Alejandro Escobar
Betancur.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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